Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00860-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2020-00860-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00860-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00860-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Tema: Reconocimiento indemnización sustitutiva pensión de vejez al
personal civil de la Policía Nacional, vinculado antes de la Ley
100 de 1993.
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 10 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Álvaro Hurtado Estupiñán presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de los oficios i) S-2018-036980 / ARGEN – GRICO 1.10 del
28 de Junio de 2018; ii) S-2018-053172 / ARGEN-GRICO 1.10 de 19 de septiembre
de 2018; y iii) S-2018-056989 / ARPRE – GUBOC 1.10 de 9 de octubre de 2018, a
través de los cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago del
bono pensional «y/o»de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
solicitó i) la emisión y pago del bono pensional a su favor por el periodo laborado en
la Policía Nacional entre el 13 de octubre de 1981 y el 14 de junio de 1994 o, de
manera subsidiaria, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; ii) la
indexación de los valores que resultaren de lo que llegare a resolverse; iii) el pago
de los intereses a los que haya lugar; iv) el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; v) la condena en costas a la parte
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. Álvaro Hurtado Estupiñán nació el 27 de junio de 1954 y laboró al servicio de la
Policía Nacional como adjunto especial entre el 13 de octubre de 1981 y el 14 de
junio de 1994, esto es, 12 años, 8 meses y 2 días, los que equivalen a 655.71
semanas. Sin embargo, no logró reunir el tiempo de servicio ni las semanas
cotizadas exigidas para adquirir su pensión de vejez y tampoco podía seguir
cotizando al Sistema General de Pensiones.
3.2. En el mes de junio de 2018 un contador público y abogado efectuó la liquidación
del bono pensional y de la indemnización sustitutiva, la cual dio como resultado las
sumas de $49.436.407,62; y $10.704.390,59, respectivamente.
3.3. El 20 de junio de 2018 solicitó al Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, el reconocimiento y pago del bono pensional «y/o» de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, por el tiempo de servicio en la entidad y en
aplicación del régimen general de pensiones; no obstante, fue negado a través de
los oficios acusados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 13, 48 y 53 de la Constitución Política;
37, 66 y 67 de la Ley 100 de 1993; 44 y 53 del Decreto 1748 de 1995, modificados
respectivamente por los artículos 13 y 22 del Decreto 1474 de 1997.
5. En cuanto al concepto de violación, se expuso lo siguiente2:
5.1. La entidad demandada desconoció sus derechos a la seguridad social, a la
dignidad humana y la igualdad, pues al no habérsele reconocido el pago de bono
pensional o, de manera subsidiaria, la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez se le negó la posibilidad de recibir una contraprestación para su sustento
2 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_250002342000202000860011EXPEDIENTEDIGIEXPDIG20230628125901 (1)», archivo
«01Demanda.pdf», folios 6 a 9.
3
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
económico, como se otorgaba tanto en el régimen de prima media con prestación
definida como en el de ahorro individual para cubrir la contingencia de la vejez.
5.2. Si bien era cierto que no alcanzó a cumplir con los requisitos que le exigía la ley
para ser beneficiario de una pensión de vejez o una asignación de retiro, también lo
era que el Estado, en cabeza de sus administradoras de fondos de pensiones o las
entidades que se encargaban del reconocimiento de las prestaciones, tenían el
deber legal de reconocer una prestación al afiliado por los esfuerzos de toda su vida
laboral, cubrir la contingencia de la vejez, aún más, cuando se carecía de algún
sustento económico.
5.3. En su caso resultaba más beneficioso el reconocimiento del bono pensional, toda
vez que su liquidación arrojó en valor de $49.463.407,62, mientras que la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez ascendía a $10.704.390,59.
1.2. Contestación de la demanda
6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos3:
6.1. La Policía Nacional ha contado con un régimen salarial y prestacional especial,
motivo por el cual se ha encontrado exceptuada de la aplicación del régimen
general.
6.2. La indemnización sustitutiva era una figura propia del régimen común y no hacía
parte de las disposiciones legales especiales de la Fuerza Pública. Esto se debía a
que, en tal régimen, no se descontaban aportes del salario de sus miembros para
cotizar en ninguna administradora de pensiones, en virtud de los beneficios
previstos en las normas especiales que regulaban tanto la relación laboral como las
prestaciones de los integrantes de la institución.
6.3. En el caso del demandante, no obraba registro de semanas cotizadas, toda vez
que nunca se le efectuaron aportes con tal finalidad. En consecuencia, al no existir
cotización alguna y no estar prevista la indemnización sustitutiva dentro de las
normas que han regulado el régimen especial de la Policía Nacional, no resultaba
jurídicamente procedente acceder a la prestación solicitada.
6.4. Conforme con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos
pensionales se emitían únicamente para financiar pensiones dentro del régimen de
prima media con prestación definida o de ahorro individual con solidaridad. En
consecuencia, si el demandante cumplía los requisitos, debía acudir ante su
3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_250002342000202000860011EXPEDIENTEDIGIEXPDIG20230628125901 (1)», archivo
«20ContestaciónDemanda.pdf».
4
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
administradora de pensiones, la cual era la entidad competente para adelantar el
trámite de reconocimiento del bono o de la cuota parte pensional, por tratarse de un
procedimiento interadministrativo.
6.5. Así, en caso de existir derecho a la pensión y de ser informada tal situación a la
Policía Nacional, esta solo evaluaba la expedición del bono con destino a la
administradora de pensiones encargada de financiar la prestación, y no a favor del
afiliado como persona natural, tal como lo pretendía el demandante.
6.6. En otras palabras, el reconocimiento de un bono pensional por el tiempo de
servicios prestados en la Policía Nacional exigía que el solicitante se encontrara
afiliado a uno de los dos regímenes del sistema general de pensiones y que hubiera
cumplido con los requisitos para obtener la pensión de vejez, pues la finalidad
exclusiva de este instrumento era contribuir a la conformación del capital necesario
para financiar la respectiva prestación.
6.7. Se configuraron las excepciones de: i) ineptitud de la demanda por falta de los
requisitos de procedibilidad4; y ii) acto administrativo acorde con la constitución y la
ley.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en
sentencia proferida el 10 de agosto de 2022 negó las pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida5.
8. Luegode realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto,
fundamentó su decisión en lo siguiente:
8.1. No había lugar al reconocimiento del bono pensional, pues no existía norma
alguna que regulara que la entidad demandada podía reconocerlo directamente a
favor del actor, más cuando este ha tenido como objeto únicamente financiar las
pensiones del sistema general de pensiones, al cual aquel no ha pertenecido, toda
vez que su régimen salarial y prestacional era el especial de los empleados civiles
de la Policía Nacional, previsto en los decretos 2701 de 1988 y 1214 de 1990.
8.2. El actor por su condición de empleado civil de la Policía Nacional se encontraba
4 Esta excepción fue declarada como no probada a través del auto del 8 de abril de 2021, proferido
por el Tribunal Administrativo de Pasto. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «ED_52001233300020180001(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_520012333000201800015011EXPEDIENTEDIGI20221021104551», subcarpeta
«52001233300020180001500», archivo «02. Auto resuelve excepciones previas.pdf».
5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_250002342000202000860011EXPEDIENTEDIGIEXPDIG20230628125901 (1)», archivo
«30)D-2020-00860-00-ALVARO HURTADO VS POLICÍA NAL bono pensional, indemnización
sustitutiva.pdf».
5
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
en un régimen salarial y pensional especial, exceptuado de la Ley 100 de 1993, en
el que legislador no estableció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
8.3. Como aquel no demostró haberse afiliado a una entidad administradora de
pensiones del sistema general, a la cual se le hubiere trasladado su bono pensional,
era improcedente ordenar que se le reconociera y pagara una indemnización
sustitutiva de pensión.
8.4. Tampoco por el principio de favorabilidad se le podía ordenar a la entidad
demandada que reconociera y pagara la indemnización sustitutiva de pensión de
vejez, toda vez que esta figura en el Ministerio de Defensa Nacional se torna
improcedente en la medida que tales empleados civiles para el tiempo en que prestó
servicios el actor no efectuaban cotizaciones para pensión. Adicionalmente, no se
podía hacer una comparación entre el régimen general y el especial, pues, en este
último, el concepto no se encontraba regulado.
8.5. Acorde con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General
del Proceso6, había lugar a condenar en costas a la parte demandada, toda vez que
no se demostró su causación y la conducta de la parte vencida no fue temeraria, ni
se encontró teñida de mala fe.
1.4. El recurso de apelación
9. El demandante interpuso recurso de apelación bajo los siguientes argumentos7:
9.1. Se encontraba probado que: i) nació el 27 de junio de 1954, por tanto, cumplió
la edad de 62 años ese día y mes de 2016; ii) laboró al servicio de la Policía Nacional
como adjunto especial durante el periodo comprendido entre el 13 de octubre de
1981 y el 14 de junio de 1994; y iii) no logró reunir los requisitos para obtener una
pensión de vejez.
9.2. Así entonces, sí cumplía con las exigencias señaladas en el artículo 37 de la ley
100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1730 de 2001, para que fuera
reconocida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
9.3. Esta prestación, establecida en el Sistema General de Pensiones, se concibió
para las personas que alcanzaron la edad mínima exigida para pensionarse, pero
no completaron el número de semanas requeridas, de manera que recibieran en su
lugar una indemnización sustitutiva. Aunque este concepto no estaba previsto en el
régimen que le resultaba aplicable, debía reconocerse por resultar más favorable.
6 En lo que sigue CGP.
7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_250002342000202000860011EXPEDIENTEDIGIEXPDIG20230628125901 (1)», archivo
«33ApelaciónSentenciaDemandante.pdf».
6
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
10. En el asunto, era procedente la aplicación del Sistema de Seguridad Social
contenido en la Ley 100 de 1993, pues para la fecha en que entró a regir, esto es,
el 1 de abril de 1994, el vínculo entre las partes se encontraba vigente.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. Concepto del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
13. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».
2.2. El problema jurídico
14. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si el demandante, exintegrante del
personal civil de la Policía Nacional, tiene derecho al reconocimiento de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez prevista en el artículo 37 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001, pese a que su régimen especial no la
preveía, toda vez que cumplió la edad mínima para adquirir el derecho pensional,
no completó las semanas exigidas y, al entrar en vigencia el Sistema General de
Pensiones, mantenía vínculo laboral con la institución?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
8 Tal y como se indicó en el auto del 27 de octubre de 2023. Samai, índice 4, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx)
NroActua 4».
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
7
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
2.3.1. Régimen pensional del personal civil que prestó sus servicios en el
Ministerio de Defensa Nacional antes de la Ley 100 de 1993
15. En lo relevante al particular, para efectos de determinar las cotizaciones o aportes
con destino a pensión efectuado por el personal civil de la Policía Nacional, se
observa que el Decreto 417 de 195510 dispuso que eran afiliados forzosos a la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional11 «[…] todo el personal uniformado y civil
que, con carácter permanente, preste sus servicios a las fuerzas de policía» [artículo 4].
Dicha caja recibiría los aportes de los uniformados en la misma proporción
establecida «para los miembros de las Fuerzas Armadas respecto de la Caja de Sueldos
de Retiro del Ejército Nacional». En relación con el personal civil de la Policía Nacional,
el citado Decreto 417 de 1955 dispuso:
«ARTÍCULO 22. El personal civil al servicio de la Policía y el personal civil al
servicio de la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas de Policía, que figure
como afiliado a dicha Caja, tendrá el mismo periodo de 20 años para la
Jubilación, las mismas obligaciones y los mismos derechos que el Estado
reconoce a los afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social» (se destaca).
16. Sin embargo, más adelante, el personal civil de la Policía Nacional dejó de ser
afiliado forzoso a CASUR y su régimen prestacional fue regulado en normas
distintas. En efecto, el Decreto 2343 de 1971, modificado por el Decreto 2003 de
1984, en el artículo 4, solamente tuvo como afiliados a dicha caja a los oficiales,
suboficiales y agentes de la Policía Nacional, así como a los empleados y
trabajadores a su servicio. En el mismo sentido lo señaló el Decreto 1774 de 1985 12.
17. En línea con lo anterior, el Decreto 610 de 1977 modificó el estatuto del personal
civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. En relación con el derecho
a la pensión de este grupo de servidores, reguló la garantía de acceder a la
prestación periódica bajo determinados presupuestos que, de forma general, eran
los siguientes:
• Pensión de jubilación tiempo continuo (artículo 82): exigía 20 años de tiempo
continuo de servicios al Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, sin
requisito de edad, para una pensión liquidada en el 75% de las partidas
computables.
• Pensión de jubilación por tiempo discontinuo (artículo 83): imponía 20 años
de servicio discontinuos al Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional o a
otras entidades oficiales, la edad de 55 años (varones) o 50 (mujeres),
determinada en la misma cuantía de la anterior.
10 «Por el cual se declara la liquidación y disolución de la Caja de Protección Social de las Fuerzas
de Policía, se crea la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas de Policía, y se dictan otras
disposiciones»
11 En adelante CASUR.
12 «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 011 de 1985 30 de mayo de la Junta Directiva de la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional»
8
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
• Pensión por muerte antes de cumplir la edad establecida para percibirla
(artículo 84): se reconocía a los beneficiarios del empleado en servicio o
retirado, que «hubiere servido entre veinte (20) a los discontinuos al Ministerio de
Defensa o a la Policía Nacional sin que hubiere inválidos absolutos que le
dependieren económicamente» [sic]. Esta norma se acompasaba con la
regulación contenida en la Ley 12 de 1975.
• Pensión de retiro por vejez (artículo 86): podrían acceder a esta prestación
los empleados públicos que hubieran sido retirados por cumplir la edad de
65 años, sin haber reunido los requisitos para acceder a una pensión de
invalidez o de jubilación, en cuantía del 20% de los haberes devengados más
2% por cada año de servicios, siempre que carecieran de recursos para la
«congrua subsistencia».
18. En este punto es importante precisar que las señaladas pensiones estaban a
cargo del «Tesoro Público» y la pagaría la «respectiva entidad» en la que laborara
[artículo 122], las cuales podían repetir en contra de las otras «entidades de Previsión
interesadas» por la cuota parte que les correspondiera por el valor de la pensión,
según el tiempo de servicio prestado por el trabajador [artículo 92]. Igualmente, el
Decreto 610 de 1977 señaló expresamente las partidas computables para el
reconocimiento pensional en el artículo 85, estas eran: sueldo básico, prima de
servicio, prima de alimentación, prima de actividad, subsidio familiar, auxilio de
transporte y doceava parte de la prima de navidad.
19. En cuanto a las cotizaciones que este grupo de servidores debía asumir, el
Decreto 610 de 1977 solamente reguló el deber de contribuir con un 5% del sueldo
básico mensual con destino a sanidad. Esta obligación se impuso tanto para el
personal en servicio activo [artículo 67] como para el retirado con pensión [artículo
95].
20. Las anteriores condiciones fueron reiteradas por el Decreto 2247 de 1984 13. Así
se puede constatar en los artículos 95, 96, 97 y 99, que previeron las mismas
modalidades de reconocimiento, 98, respecto de las partidas computables, y 80 y
108 sobre cotizaciones con destino a sanidad. Igualmente, se mantuvo el
reconocimiento por parte del Ministerio de Defensa o la Policía Nacional [artículo
135] con cargo al «Tesoro Público».
21. Luego, el Decreto 1214 de 1990 incluyó, en adición a las antes mencionadas,
para los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional la
posibilidad acceder a una pensión por aportes, de conformidad con la Ley 71 de
1988, en los siguientes términos:
13 «Por el cual se modifica el Estatuto de Personal Civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional»
9
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
«ARTÍCULO 100. PENSION POR APORTES. A partir de la vigencia del
presente Decreto, conforme al artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, los empleados
públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que acrediten veinte
(20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o
varias de las Entidades de Previsión Social o de las hagan sus veces, del orden
nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación
siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta
y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas.
PARAGRAFO. Para el reconocimiento de la pensión de que trata este artículo,
a las personas que a la fecha de vigencia del presente Decreto, tengan diez (10)
o más años de afiliación en una o varias de las entidades y cincuenta (50) años
o más de edad si es varón o cuarenta y cinco (45) años o más si es mujer,
continuarán aplicándose las normas de los regímenes actuales vigentes» [sic].
22. Sobre el punto, conviene precisar que, en todo caso, el reconocimiento de las
pensiones para este personal lo efectuaba el Ministerio de Defensa o la Policía
Nacional, al tenor del artículo 100 del Decreto 1214 de 1990, y a cargo del « Tesoro
Público». Con todo, el decreto en cita no se refirió a cotizaciones con destino a
pensión.
23. Luego, la Ley 100 de 1993 señaló en el artículo 279 que sus disposiciones no se
aplicarían al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990 « con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley». En consecuencia, estos
servidores quedaron sometidos a las condiciones de cotizaciones a pensión
previstas en el régimen general de seguridad social.
2.3.2. Indemnización sustitutiva de la Ley 100 de 1993
24. Una de las contingencias que se aseguran a través del Sistema General de
Pensiones es la vejez, con la finalidad de proteger al trabajador que una vez llega a
una edad en la que no puede seguir laborando pueda percibir un ingreso que le
garantice un mínimo vital y una congrua subsistencia.
25. La Corte Constitucional en sentencia C-177 de 1998 se refirió a la pensión de
vejez como una compensación a la actividad desarrollada por un tiempo
considerable y que genera la disminución de la fuerza laboral. Por su parte, en la
sentencia C-230 de ese año señaló que no se trataba de un derecho gratuito, sino
que surgía por la acumulación de cotizaciones y de tiempos de servicio efectuados
por el trabajador.
26. Ahora bien, el reconocimiento de la pensión de vejez depende del cumplimiento
de los requisitos establecidos en la ley, ya sea del sistema general de pensiones o
de alguno de los regímenes anteriores a su entrada en vigor. No obstante, en
10
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
ocasiones, las personas no logran reunir los requisitos dispuestos para acceder a
esa prestación, por lo que en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 se dispuso una
herramienta compensatoria denominada indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, que también procede cuando no se cumple con los requisitos para obtener
las pensiones por invalidez (art. 45) y sobrevivencia (art. 49).
27. Al respecto el mencionado artículo 37 estableció lo siguiente:
«Artículo 37. indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que
habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el
mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un
salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de
semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado
de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado».
28. La disposición transcrita fue reglamentada a través del Decreto 1730 del 27 de
agosto de 200114 y en su artículo 1 dispuso que el reconocimiento de la indemnización
en el régimen de prima media con prestación definida podía originarse cuando «con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones» se presentaran las
siguientes situaciones:
«a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas
cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo
39 de la Ley 100 de 1993;
c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios par (sic)
que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme
al artículo 46 de la Ley 100 de 1993;
d) Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera,
con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 1295 de 199415, como consecuencia
de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o
sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo
previsto en el artículo 53 del Decreto-Ley 1295 de 1994».
29. Por su parte, el artículo 2 del Decreto 1730 de 2001 estableció lo siguiente:
«Artículo 2.- Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada
Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la que
haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado.
14 «Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la
indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida».
15 El texto subrayado fue declaro nulo por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 24 de julio de 2017, radicado: 11001-03-25-000-2010-00279-00 (2292-10).
11
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
En caso de que la Administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones
haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva
corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de
reconocer las obligaciones pensionales.
En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar
las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep, será
ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento continuará a
cargo de la caja o fondo que reconozca las pensiones.
Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la
totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993».
30. De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento de la indemnización en el régimen
de prima media con prestación definida puede originarse en 3 circunstancias: i)
como sustitutiva de la pensión de vejez; o ii) de la pensión de invalidez; o iii) de la
pensión de sobrevivientes, de la Ley 100 de 1993.
31. No obstante, la exigencia «con posterioridad a la vigencia del sistema general de
pensiones», fue declarada nula por esta Corporación a través de sentencia de 14 de
abril de 200516, por las siguientes razones:
«En efecto, el hecho de que haya limitado la norma reglamentaria la
indemnización sustitutiva de la pensión por vejez sólo al hecho de que con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se cumplan la totalidad de los
requisitos enlistados en el precitado literal (edad, retiro del servicio y
manifestación de la imposibilidad de seguir cotizando al sistema) no permitiría que
tal prestación se reconozca a los afiliados al sistema de prima media con
prestación definida afiliados a una administradora de este régimen, que habiendo
cumplido la edad bajo el régimen anterior se retiren del servicio bajo su vigencia,
sin el número de semanas exigidas para tener derecho a la prestación y declaren
su imposibilidad de seguir cotizando al sistema.
[…]
Es cierto que la opción de la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez en
la legislación anterior a la Ley 100 de 1993 sólo existía para los afiliados al ISS;
sin embargo la nueva figura creada en la ley 100 cobija tanto a dichos afiliados
como a los de una administradora diferente al ISS, pues no sería razonable y
violaría el derecho a la igualdad que los afiliados a una administradora del régimen
de prima media con prestación definida, diferentes a éste, por el hecho de serlo,
no les sea permitido, si se dan las condiciones que la misma Ley establece en su
artículo 37, acceder a la prestación, pretextando la falta de tal beneficio en el
régimen anterior que los gobernaba.
[…]
Es un principio de derecho incuestionable que las leyes rigen hacia el futuro, por
lo que una lectura ligera y desprevenida de la frase acusada de la norma
reglamentaria daría como resultado una conformidad con las previsiones de la ley
reglamentada, sin embargo, haciendo un estudio a fondo de la especificidad de
categorías de afiliados y su derecho a escoger la norma más favorable, lleva a la
Sala a ser cuidadosa en su examen, por lo que la limitación en cuanto al
cumplimiento de la edad que trae la norma acusada, dejaría por fuera a algunos
afiliados que no obstante pertenecer al sistema, pues a la entrada de la vigencia
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 14 de abril de 2005, radicado:
11001032500020030011201 (0477-2003).
12
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
de la ley ingresaron a éste como afiliados forzosos, es decir cotizaron a dicho
régimen bajo las previsiones de la ley y se dieron los supuestos que ellas
contemplan, retiro del servicio e imposibilidad de seguir cotizando, quedarían
privados de ese beneficio, cuando ello no fue el querer del legislador […]».
32. En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional17 al precisar lo
siguiente:
«[…] en relación con la aplicación de las normas contenidas en la Ley 100 de
1993, a fin de hacer efectiva la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
en aquellos casos en que los aportes al sistema se dieron con anterioridad a la
entrada en vigencia de dicha Ley, la Corte Constitucional ha reiterado que esta
normatividad es aplicable a todos los habitantes del territorio nacional y a
todas aquellas situaciones que al momento de su expedición no se hubieren
consolidado. Así lo sostuvo en sentencia T-850 de 2008, al indicar:
‹El derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se
encuentra en cabeza de aquellas personas que, independientemente de haber
estado afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento de entrada
en vigencia la Ley 100 de 1993 pero que habiendo cumplido con la edad para
reclamar la pensión, no cuenten con el número de semanas cotizadas para
acceder a dicha prestación. Además las entidades de previsión social a las que
en algún momento cotizó el accionante, deben reconocer y pagar la
indemnización so pena de que se incurra en un enriquecimiento sin causa›.
Así pues, es inválida cualquier interpretación restrictiva en la cual se
establezca como requisito adicional para acceder a la indemnización
sustitutiva que el afiliado haya cotizado al sistema a partir de la vigencia de
la Ley 100 de 1993 o que al momento de la desvinculación del trabajador
éste haya cumplido con la edad exigida para acceder a la pensión de vejez,
pues ello (i) contradice de manera directa los artículos 48, 49 y 366 de la
Constitución Política, (ii) propicia un enriquecimiento sin causa de la entidad a la
cual se efectuaron los aportes y (iii) vulnera el principio constitucional de
favorabilidad en materia laboral, expresamente previsto en el artículo 53 superior
[…]». [Se resalta].
33. El artículo 1 del Decreto 1730 de 2001 fue modificado por el artículo 1 del Decreto
4640 de 200518, en el sentido de indicar que habrá lugar al reconocimiento de la citada
indemnización, para «afiliados al Sistema General de Pensiones» en las siguientes
situaciones:
«a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas
cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo
39 de la Ley 100 de 1993;
17 Corte Constitucional, sentencia T-849 A de 2009.
18 «Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001»
13
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para que
su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al
artículo 46 de la Ley 100 de 1993;
d) Que el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera,
con posterioridad a la vigencia del Decreto-ley 1295 de 1994, como consecuencia
de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o
sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo
previsto en el artículo 53 del Decreto-ley 1295 de 1994».
34. Esta exigencia fue declarada nula en sentencia del 11 de marzo de 201019, con
fundamento en lo siguiente:
«[…] la Sala considera que si el Sistema General de Pensiones contenido en la Ley
100 de 1993, se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, rige a partir de
su publicación y salvaguardó los derechos adquiridos en vigencia de las
disposiciones derogadas; la exigencia de ser afiliado al mismo para ser beneficiario
de la indemnización sustitutiva, riñe con los principios orientadores del Sistema de
Seguridad Social Integral y con el objetivo del Sistema General de Pensiones […].
De manera que son válidas las acusaciones hechas por el demandante y el
Ministerio Público contra el Decreto reglamentario en comento, cuando afirman
que con tal exigencia -ser afiliado al Sistema General de Pensiones- se excluye
de tal beneficio a las personas que para la fecha de entrada en vigencia no se
encontraban vinculadas ya fuera mediante contrato de trabajo, como servidores
públicos, como trabajadores oficiales, como empleados públicos, como
trabajadores independientes o prestando sus servicios bajo la modalidad de
prestación de servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado.
En otras palabras, retiradas del servicio activo.
Prohijar tal exigencia, vulneraría a todas luces el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 superior, se desconocería el principio de la
irrenunciabilidad de los derechos ciertos e indiscutibles y de los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales, así como la situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, la garantía a la seguridad social y la asistencia a las
personas de la tercera edad.
No hay que olvidar además, que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 establece
como característica del Sistema, que para reconocer las pensiones y prestaciones
que consagra dicha normativa se tendrán en cuenta la suma de las semanas
cotizadas con anterioridad a la vigencia de la citada ley, al Instituto de Seguros
Sociales o cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo
de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas
cotizadas o el tiempo de servicio.
Siendo ello así, como irrebatiblemente lo es, dicho beneficio no puede estar
consagrado exclusivamente para los afiliados, entendido como aquellos
vinculados al servicio a la entrada en vigencia de dicha Ley, sino para toda la
población, a la que el mismo sistema ampara de las contingencias derivadas de
la vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que él consagra, siendo una de ellas la indemnización sustitutiva».
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de marzo de 2017, radicado 11001-03-
24-000-2006-00322-00(0984-07).
14
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
35. Por su parte, la Corte Constitucional al conocer de varias acciones de tutela20
relacionadas con el reconocimiento de esta prestación ha señalado, que21:
«(i) Su desconocimiento contraviene el principio de favorabilidad en materia laboral
consagrado en el artículo 53 de la Constitución, en concordancia con el artículo 21
del Código Sustantivo de Trabajo.
(ii) Las entidades a las que se le realizaron los aportes incurren en un
enriquecimiento sin causa al retener los recursos que constituyen un ahorro del
trabajador y es a este a quien le correspondería, en primer lugar, disfrutarlos.
(iii) La indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 no
dispuso un límite temporal para su aplicación, luego también son beneficiarias las
personas que cotizaron o prestaron sus servicios con anterioridad. Además, no se
condicionó su reconocimiento a cotizaciones posteriores a su expedición.
(iv) El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones reconoce, en el literal f)
del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que se puede tener en cuenta los tiempos de
servicio o semanas cotizadas con anterioridad a su creación y bajo disposiciones
precedentes con independencia de si fueron cotizados al Instituto de Seguro Social,
caja, fondo o entidad del sector público o privado.
(v) Se trata de un derecho irrenunciable del trabajador que a su vez es
imprescriptible.
(vi) Si bien el trabajador no tiene que renunciar a la expectativa de cumplir las
semanas exigidas en la ley o el capital requerido, según el régimen pensional que
haya elegido, lo cierto es que tampoco existe la obligación de continuar efectuando
aportes hasta completar las exigencias legales para que le reconozcan la pensión,
por lo que resulta válido que una vez haya alcanzado la edad mínima para acceder
a la prestación periódica pueda proceder a solicitar la indemnización».
36. En este punto conviene destacar la procedencia del reconocimiento de la
indemnización sustitutiva a quienes prestaron servicios con anterioridad a su creación.
De conformidad con el literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, para el efecto se
tendrán en cuenta el número de semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de
esta ley, al ISS o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el
tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas
cotizadas o el tiempo de servicio.
37. Así las cosas, se concluye que la indemnización sustitutiva procede en favor de
quienes alcanzan la edad para obtener la pensión de vejez sin cumplir con el mínimo
de semanas exigidas para acceder a ella, antes o después de la entrada en vigor del
Sistema General de Pensiones, y manifiestan su imposibilidad de seguir cotizando.
Asimismo, el artículo 2 del Decreto 1730 de 2001 previó que, en caso de aportes a
distintas administradoras de pensiones, cada una de aquellas debía efectuar el
20 Sentencias T-850 de 2008, T-849A de 2009, T-1075 de 2012, T-083 de 211, T-062 de 2012, T-
865 de 2013 y T-122 de 2016.
21 Sentencia T-125 de 2018 de la Corte Constitucional.
15
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
reconocimiento, esto es, de manera individual, pero teniendo en cuenta el tiempo
cotizado en cada administradora.
38. Ahora, aunque la citada disposición se refiere a las administradoras de pensiones,
debe recordarse que el régimen de seguridad social funciona como un sistema de
aseguramiento, en donde estas se subrogan en el reconocimiento y pago de las
prestaciones económicas de la seguridad social, siempre que el empleador ya sea
público o privado, que es el obligado primigenio y natural, afilie al trabajador y cumpla
con el pago de los aportes o cotizaciones.
2.4. Caso en concreto
39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
39.1. Álvaro Hurtado Estupiñán nació el 27 de junio de 1954, según su documento de
identidad22.
39.2. De conformidad con el formato de expedición de información laboral del 21 de
mayo de 201823, laboró en el cargo de adjunto especial al servicio de la Policía
Nacional entre el 13 de octubre de 1981 y el 14 de junio de 1994.
39.3. El 18 de junio de 2018, solicitó al Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, el reconocimiento y pago del bono pensional o de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, en consideración al tiempo en el que laboró como
adjunto especial24.
39.4. A través del Oficio S – 2018 - 036980 / ARGEN – GRICO – 1.10 del 28 de junio
de 201825, el jefe del Grupo de Información y Consulta del Ministerio de Defensa
Nacional le negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez y, frente a la petición del bono pensional, le informó el procedimiento para su
emisión, con destino a la entidad administradora de pensiones que fuera a
reconocer la pensión.
22 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_250002342000202000860011EXPEDIENTEDIGIEXPDIG20230628125901 (1)», archivo
«01Demanda.pdf», folio 15.
23 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_250002342000202000860011EXPEDIENTEDIGIEXPDIG20230628125901 (1)», archivo
«01Demanda.pdf», folio 17.
24 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_250002342000202000860011EXPEDIENTEDIGIEXPDIG20230628125901 (1)», archivo
«01Demanda.pdf», folios 35 y 36.
25 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_250002342000202000860011EXPEDIENTEDIGIEXPDIG20230628125901 (1)», archivo
«20ContestaciónDemanda.pdf», folios 24 y 25.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
39.5. El 19 de julio de 2018, presentó recurso de reposición contra el anterior acto
administrativo; sin embargo, fue declarado improcedente por el jefe del Grupo de
Información y Consulta del Ministerio de Defensa Nacional a través del Oficio S-
2018-053172 de 19 de septiembre de 201826.
39.6. Por medio del Oficio S-2018-056988/ARPRE – GUBOC 1- 10 del 9 de octubre
de 201827, suscrito por el jefe del Área de Prestaciones Sociales del Ministerio de
Defensa Nacional, en consideración a una nueva petición del demandante del 21
de septiembre de 2018, se negó la indemnización sustitutiva de pensión de vejez y
se informó el procedimiento para la emisión del bono pensional.
39.7. De conformidad con las certificaciones de lo devengado y deducido por el actor
durante el tiempo que prestó sus servicios como adjunto especial a la Policía
Nacional, allegadas al expediente en virtud de los requerimientos realizados en esta
instancia a través de autos del 30 de septiembre de 202428 y 31 de marzo de 202529,
se tiene que aquel devengó lo siguiente30:
• Diciembre 1981
Sueldo básico 0048 9.680.00
P. Actividad 20 1.936.00
P. Alimnetacio 960.00
Ley 4 1.966 001 12.60
Sersaciviles 050 484.00
7/100 Vivmil 003 677.60
Aux. Mutuo 010 33.00
Peluquería 012 5.00
Totales 12.576.00
1.212.20
Total a pagar 11.363.80
• Mayo 1990
Sueldo básico 030 42.650.00
Sub. Familiar 35 14.927.50
Prima A. 20 8.530.00
26 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_250002342000202000860011EXPEDIENTEDIGIEXPDIG20230628125901 (1)», archivo
«20ContestaciónDemanda.pdf», folios 26 y 27.
27 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_250002342000202000860011EXPEDIENTEDIGIEXPDIG20230628125901 (1)», archivo
«01Demanda.pdf», folios 42 y 43.
28 Samai, índice 9, actuación «OFICIO PRUEBAS», documento
«9OFICIOPRUEBAS_34452023Decretaprueb(.pdf) NroActua 9».
29 Samai, índice 20, actuación «Auto que requiere a las partes o apoderados», documento
«27Autoquerequie_34452023Requierenuev(.pdf) NroActua 20».
30 Samai, índices 15, 22 y 38, actuaciones «RECIBE MEMORIALES ONLINE» «RECIBE
MEMORIALES ONLINE AL DESPACHO», documentos «14_MemorialWeb_ConstanciasdePago-
ALVAROHURTADOESTUPIÑAN(.pdf) NroActua 15», «28_MemorialWeb_Respuesta-
RptFormato(.pdf) NroActua 22» y «47_MemorialWeb_Respuesta-ALVAROHURTADOESTUP(.pdf)
NroActua 38», respectivamente.
17
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
Subsidio. Alim 4.100.00
Aux. Transpor 3.797.50
Casurponall4 001 351.50
Sersaciviles 050 2.132.50
7/100 Vivmil 003 2.985.50
Pagadbiesoau 010 318.00
Depeluquería 012 48.40
Revistapolic 023 100.00
Aspencipol 812 03 84 999 426.50
Comsegprevi 036 06 87 999 250.00
Banpopsagust 293 09 89 003 9.847.00
Aspencipolpr 814 05 90 005 11.700.00
Aspencipolva 213 05 90 000 16.690.00
Totales 74.005.00
44.849.40
Total a pagar 29.155.60
• Abril 1994
Sueldo básico 030 111.620.00
A. Prim. Actividad 30 33.486.00
Subsi. Familiar. 39 43.531.80
Subsidio. Alim 9.680.00
Seguro Vida 1.936.00
Servisanidad 050 5.581.00
7/100 Vivmil 003 7.813.40
Consegprevi 037 1.936.00
Pagadbiesoau 010 780.00
Todocomercial 797 04 94 000 31.255.00
Aspencipolac 818 03 44 000 16.200.00
Aspencipolpr 814 09 93 002 36.000.00
Creelecforpo 437 08 93 015 16.705.00
Aspencipol 812 03 84 999 1.100.00
Comsegprevi 036 02 91 999 425.00
Aadminisdetra 130 04 94 000 600.00
Totales 209.228.80
118.395.40
Total a pagar 90.833.40
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
40. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, mediante sentencia del 10 de agosto de 2022, negó el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Lo anterior,
al concluir que el actor estaba amparado por un régimen especial excluido de la Ley
100 de 1993, en el cual no se estableció dicha prestación, además de que no efectuó
cotizaciones al sistema pensional ni acreditó afiliación al Sistema General de
Pensiones.
41. En el recurso de apelación, la parte demandante sostuvo que estaba demostrado
que el actor cumplió la edad mínima de 62 años en 2016, que prestó sus servicios
a la Policía Nacional como personal civil entre 1981 y 1994 y que, si bien no alcanzó
18
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
a completar el número de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, sí
reunía los requisitos previstos en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto
1730 de 2001 para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva.
42. En consecuencia, esta prestación, que fue instituida para quienes alcanzaran la
edad sin acreditar las semanas necesarias, debía aplicarse bajo el principio de
favorabilidad, máxime cuando, al entrar en vigor la Ley 100 de 1993, su vínculo
laboral aún permanecía vigente. En este sentido destacó que, si el régimen que le
era aplicable tenía el carácter de especial «debería ser más garantista que el general
lo que en este caso no sucede».
43. En el presente asunto, se tiene que Álvaro Hurtado Estupiñán nació el 27 de junio
de 1954, por lo tanto, a la fecha en la que solicitó el reconocimiento de la sustitución
de la pensión de vejez (18 de junio de 2018), tenía la edad de 63 años, y para el 9
de octubre de 2020, fecha de presentación de la demanda, había cumplido 66.
44. Igualmente, está acreditado en el expediente que aquel prestó labores a la Policía
Nacional como adjunto especial entre el 13 de octubre de 1981 y el 14 de junio de
1994, para un total de servicios de 12 años, 8 meses y 1 día.
45. Adicionalmente, el demandante declaró la imposibilidad de continuar cotizando
el número de semanas que le faltan para obtener el reconocimiento de la pensión
de vejez.
46. Al respecto, es importante tener en cuenta que la vinculación del demandante
con la Policía Nacional fue en condición de personal civil. De acuerdo con el marco
normativo previamente señalado, el régimen pensional que lo cobijó le permitía
acceder a una pensión a cargo del «Tesoro Público» reconocida por el Ministerio de
Defensa, Policía Nacional. De ahí que, según las pruebas allegadas, en particular,
de los desprendibles de nómina, no es posible identificar que se le hubiera
efectuado deducción para efectos pensionales.
47. Ciertamente, la certificación de salarios allegada con la demanda permite deducir
que no había una entidad que recibiera aportes, al señalar:
Al Caja, fondo o entidad a Entidad que responde
Periodos de vinculación laboral
empleado la cual se realizaron los por el periodo
Periodo a
Desde Hasta se le aportes
cargo de la
descontó
entidad que
para Nit o
Dia Mes Año Día Mes Año Nombre NIT certifica
seguridad código
social
POLICÍA
1 13 10 1981 14 6 1994 NO XX XX […] SI
NACIONAL
2 … … … … … … … … … … … …
3 … … … … … … … … … … … …
4 … … … … … … … … … … … …
48. Asimismo, de los recibos de nómina no es posible deducir que se hubiera
efectuado deducción alguna para fines pensionales, como sí se puede identificar la
deducción para el servicio de sanidad equivalente al 5% de la asignación básica, en
19
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
los términos de los artículos 80 del Decreto 1214 de 1990 y 67 del Decreto 610 de
1977.
49. Ahora, no se pasa por alto que también se registraron unos descuentos por
concepto de «CASURLEY-33» y «CASURPONALL4» equivalentes a menos del 1%
del sueldo básico. Sin embargo, se advierte que tales porcentajes no corresponden
a las cotizaciones reguladas por la Ley 4 de 1966, artículo 2, y la Ley 33 de 1985,
para los afiliados a Cajanal del 5% del salario correspondiente a cada mes, sino al
impuesto previsto por el artículo 131 de la Ley 4 de 1966, modificado por el artículo
532 de la Ley 33 de 1985.
50. Es cierto que la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la posibilidad
de acudir a las normas del sistema general de seguridad social a quienes se
gobernaban por regímenes anteriores a su expedición, en atención al principio de
favorabilidad. Por ejemplo, con fundamento en el artículo 28833 de la Ley 100 de
1993, se extendieron las prestaciones contenidas en aquella ley al personal de la
Fuerza Pública que de acuerdo con su artículo 279 se encuentra exceptuado. Así
se puede constatar en las sentencias de unificación CE-SUJ-SII-009-2018 del 1 de
marzo de 2018; CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018 y SUJ-016-CE-S2-
2019 del 30 de mayo de 2019.
51. No obstante, en esta oportunidad se advierte que los supuestos fácticos del
asunto bajo estudio son incompatibles con la posibilidad de conceder la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al demandante. Ciertamente, el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993 parte del hecho de la existencia de cotizaciones
para calcular el valor a pagar al beneficiario. Esta situación se reitera en el Decreto
1730 de 2021 que establece la fórmula para determinar la cuantía de la prestación
así:
«ARTICULO 3º-Cuantía de la indemnización. Para determinar el valor de la
indemnización se aplicará la siguiente formula:
I = SBC x SC x PPC
Donde:
SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado
de acuerdo con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los
31 «Toda cuenta o nómina que paguen por cualquier concepto la Nación, Departamentos,
Intendencias, Comisarías, Distrito Especial de Bogotá, Municipios, Corregimientos, Inspecciones de
Policía e Instituciones Descentralizadas causará un impuesto de diez centavos ($0,10) moneda
corriente, por cada cien pesos o fracción con destino a las Cajas de Previsión respectivas, o en su
defecto, para la entidad pagadora».
32 «El valor del impuesto de que trata el artículo 1 de la Ley 4 de 1966, será del cinco por mil si se
trata de nóminas de personal, y del diez por mil en los demás casos, con las excepciones allí
establecidas».
33 «[…] todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público
tiene derecho a que, durante la vigencia de la presente Ley, le sea aplicable cualquier norma en ella
contenida que estime favorable frente a lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia,
siempre que se someta a la totalidad de sus disposiciones […]»
20
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
cuales cotizó el afiliado a la administradora que va a efectuar el reconocimiento,
actualizado anualmente con base en la variación del IPC según certificación del
DANE.
SC: Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar
el reconocimiento.
PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado
el afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por riesgo común, a la
administradora que va a efectuar el reconocimiento.
En el evento de que, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la
administradora que va a efectuar el reconocimiento no manejara separadamente
las cotizaciones de los riesgos de vejez, invalidez o muerte por riesgo común de
las correspondientes al riesgo de salud, se aplicará la misma proporción
existente entre las cotizaciones para el riesgo de vejez de que trata el inciso
primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10%) y las cotizaciones para el
riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la misma ley (12%), es decir se
tomarán como cotizaciones para el riesgo de vejez el equivalente al 45.45% de
total de la cotización efectuada y sobre este resultado se calculará la
indemnización sustitutiva.
A partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tomará en cuenta el porcentaje
de cotización establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de
1993».
52. Nótese que la disposición también regló las situaciones anteriores a la Ley 100
de 1993 en las que la administradora no manejaba separadamente los porcentajes
de cotización a salud y pensión, pero siempre se tiene como referente el valor
deducido al trabajador por este último concepto.
53. En este asunto, se constata que el régimen pensional que cobijó al demandante
mientras fue servidor civil de la Policía Nacional tenía un componente más favorable
al señalado en la Ley 100 de 1993. Era así por cuanto podía acceder a una pensión
sin haber efectuado aportes por tal concepto, puesto que la prestación estaba a
cargo del «Tesoro Público», aspecto que se diferencia de las pensiones que regula
la Ley 100 que sí están sustentadas en aportes. En esas condiciones, no resulta
admisible el argumento según el cual su régimen especial resulta menos favorable
que el general cuya aplicación reclama.
54. Tampoco se desconoce que, en anteriores oportunidades la sala ha ordenado
reconocer la indemnización sustitutiva del artículo 37 de la Ley 100 de 1993 al
personal de la Fuerza Pública. En la sentencia del 3 de julio de 202534 se extendió
la disposición a un miembro del Ejército nacional que así lo solicitó. No obstante, se
debe resaltar que los uniformados de aquella institución en servicio activo
contribuyen en la forma prevista en el artículo 242 del Decreto 1211 de 1990 a la
Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares para el pago de sus obligaciones,
dentro de las cuales está el reconocimiento de las asignaciones de retiro y
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de julio de 2025, radicado:
66001-23-33-000-2021-00024-01 (3400-2024).
21
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
pensiones del personal afiliado35.
55. La anterior situación difiere de la señalada para el personal civil regulada por la
normativa antes expuesta que, en servicio activo no contribuía a la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, para la época en la que el demandante desempeñó
sus funciones en esta última institución.
56. Con todo, lo anterior no implica que el demandante deba quedar desprotegido en
la contingencia de la vejez, en atención a su manifestación de imposibilidad de
seguir cotizando al sistema general de seguridad social. Ciertamente, el
ordenamiento jurídico ha dispuesto varias alternativas que le permitirían acceder a
una prestación para su subsistencia en esta etapa de la vida.
57. Por ejemplo, Colpensiones administra los beneficios económicos periódicos,
regulados por los artículos 1 del Acto Legislativo 01 de 200536; 87 de la Ley 1328
de 2009; 212 de la Ley 1753 de 2015; 2.2.13.1.1. del Decreto 1833 de 2016; 193 de
la Ley 1955 de 2019; y el Decreto 0604 de 2013, a los cuales el demandante puede
acceder, previa verificación de los requisitos exigidos. En este evento podrá agotar
el procedimiento descrito por la entidad en el Oficio S-2018-056988/ARPRE –
GUBOC 1- 10 del 9 de octubre de 2018, para la emisión del bono pensional con
destino a la entidad de previsión social que corresponda.
2.6. Costas
58. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
59. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
35 El Decreto 1211 de 1990 dispone «ARTÍCULO 246. Destino de los aportes. Los aportes de que
tratan los Artículos 242, 243 y 245 con excepción del uno por ciento (1%) previsto para el pago de
servicios médico-asistenciales se destinarán para capitalización y obligaciones de la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares, de acuerdo con las determinaciones que tome su Junta Directiva».
36 El inciso séptimo del Acto Legislativo 01 de 2005, dispone: «[…] Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin
embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos
periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las
condiciones requeridas para tener derecho a una pensión […]».
22
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
60. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma37.
61. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
40. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
62. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el demandante no tiene
derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001. Lo
anterior por cuanto se trata de una prestación que se calcula con base en
cotizaciones. Sin embargo, el actor, en su condición de servidor civil de la Policía
Nacional fue beneficiario del régimen prestacional regulado por los Decretos 610 de
1977 y 1214 de 1990, que determinaron el derecho pensional a cargo del «Tesoro
Público», sin la deducción de aportes por tal concepto ni contribuciones a una
entidad de previsión social responsable del reconocimiento de la prestación.
63. No obstante, previa verificación de los requisitos exigidos, el demandante puede
acceder a los beneficios económicos periódicos regulados en los artículos 1 del Acto
Legislativo 01 de 200538; 87 de la Ley 1328 de 2009; 212 de la Ley 1753 de 2015;
2.2.13.1.1. del Decreto 1833 de 2016; 193 de la Ley 1955 de 2019; y el Decreto
0604 de 2013, con el fin de lograr una protección económica en su vejez, para lo
cual puede acudir a las entidades administradoras de pensiones como
Colpensiones. En este caso, puede adelantar el procedimiento ante el Ministerio de
Defensa, Policía Nacional para la emisión del bono pensional que corresponda.
37 En igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
38 El inciso séptimo del Acto Legislativo 01 de 2005, dispone: «[…] Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin
embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos
periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las
condiciones requeridas para tener derecho a una pensión […]».
23
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00860-01 (3445-2023)
Demandante: Álvaro Hurtado Estupiñán
64. En esas condiciones, se impone confirmar la sentencia que negó las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 10 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto Cfr. AV Rad. 05001-23-33-
000-2020-00472-01 (1251-2024)
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.