Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00893-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00893-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00893-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Treinta (30) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00893-01 (6291-2024)1
Demandante: José Miguel Bula Bula
Demandante Ad
excludendum: Maximiliano Reyes Bohórquez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Parafiscales de la Protección Social
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sustitución pensional
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación, interpuesto por las partes
demandantes, contra la sentencia del Diez (10) de septiembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F2, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1 Pretensiones.
1. El señor José Miguel Bula Bula, por conducto de apoderado judicial,
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el propósito de obtener la
nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución RDP 026965 del
Diez (10) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018), mediante la cual se revocó la
sustitución pensional previamente reconocida al demandante; (ii) Resolución
1
Expediente hibrido.
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Sala conformada por los Magistrados Beatriz Helena Escobar Rojas, Patricia Salamanca Gallo y Luis Alfredo Zamora
Acosta.
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Folio No. 1 a 8 del cuaderno principal.
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Número Interno: 6291-2025
Demandante: José Miguel Bula Bula
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
RDP 026018 del Cuatro (4) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018), que negó el
reconocimiento de la prestación al señor Maximiliano Reyes Bohórquez; (iii)
Resolución RDP 034851 del Veintisiete (27) de agosto de Dos Mil Dieciocho
(2018) y (iv) Resolución RDP 037675 del Diecisiete (17) de septiembre de Dos
Mil Dieciocho (2018), mediante las cuales se confirmaron las decisiones
anteriores; (v) Resolución RDP 041482 del Dieciocho (18) de octubre de Dos
Mil Dieciocho (2018), que dispuso el reintegro de sumas; y (vi) la resolución
de fecha Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), que
confirmó dicha determinación en sede administrativa.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se declare la existencia
de convivencia con su cónyuge hasta la fecha de su fallecimiento, así como,
la inexistencia de unión marital de hecho, entre la causante y un tercero, y, en
consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago del 100% de la sustitución
pensional a su favor, junto con el retroactivo correspondiente desde la fecha
en que fue revocada.
3. Así mismo, pidió que, se condene a la entidad demandada, al pago de las
mesadas dejadas de percibir, debidamente indexadas, así como al
reconocimiento de intereses moratorios sobre las sumas adeudadas.
4. Finalmente, solicitó que, se ordene el cumplimiento de la sentencia en los
términos legales y se condene en costas a la entidad demandada.
1.2 Hechos
5. El demandante indicó que, contrajo matrimonio con la señora Dolores Lucía
Herazo de Bula, el Veintinueve (29) de abril de Mil Novecientos Sesenta y Dos
(1962), con quien mantuvo vínculo matrimonial, hasta la fecha de su
fallecimiento, pese a que, por razones laborales residieron en ciudades
distintas durante algunos periodos.
6. Señaló que, durante la relación, mantuvieron contacto permanente y
convivencia material, y, posteriormente retomaron la vida en común en la
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Número Interno: 6291-2025
Demandante: José Miguel Bula Bula
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
ciudad de Sahagún, Córdoba, donde permanecieron hasta el deceso de la
causante.
7. Manifestó que, aunque la causante sostuvo una relación ocasional con un
tercero, de la cual nació una hija, no existió entre ellos una unión marital de
hecho ni convivencia estable, por lo que, dicha situación no afectó el vínculo
matrimonial.
8. Indicó que, la señora Dolores Lucía Herazo de Bula, era titular de una
pensión, la cual constituía el sustento económico del hogar, y que, tras su
fallecimiento, el Veinte (20) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), quedó en
condición de vulnerabilidad, al depender exclusivamente de dicho ingreso.
9. Señaló que, el Catorce (14) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), solicitó el
reconocimiento de la sustitución pensional, la cual, le fue inicialmente
concedida, mediante resolución de septiembre de Dos mil Diecies (2016), pero
posteriormente revocada por la entidad demandada, en el año Dos Mil
Dieciocho (2018).
10. Finalmente, manifestó que, la administración confirmó dicha revocatoria a
través de varios actos administrativos, negó la sustitución pensional a un
tercero, con fundamento en pruebas testimoniales que, a su juicio, desconocen
la vigencia del vínculo matrimonial y la convivencia efectiva.
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
11. La parte demandante, invocó como normas vulneradas, el preámbulo y los
artículos 1, 2, 13, 25, 29, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; disposiciones
del régimen pensional contenidas en las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 113
de 1985, 71 de 1988, 100 de 1993 y sus modificaciones (Leyes 797 de 2003 y
860 de 2003), así como, normas del Código Sustantivo del Trabajo y
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, en
materia de sustitución pensional.
12. Como concepto de violación, sostuvo que, la entidad demandada
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Demandante: José Miguel Bula Bula
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desconoció los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital
y a la dignidad humana, al revocar de manera injustificada la sustitución
pensional previamente reconocida, pese a que, el actor acreditaba su calidad
de cónyuge supérstite y miembro del grupo familiar de la causante.
13. Señaló que, la administración incurrió en una indebida valoración
probatoria, al dar prevalencia a testimonios que desvirtúan la convivencia, sin
considerar la vigencia del vínculo matrimonial, ni las reglas legales y
jurisprudenciales sobre la sustitución pensional.
14. Indicó que, los actos demandados desconocieron el precedente
constitucional y judicial aplicable, particularmente, en lo relacionado con la
protección del cónyuge supérstite, la flexibilización del requisito de convivencia
y la finalidad de la pensión de sobrevivientes, como mecanismo de protección
del núcleo familiar.
15. Finalmente afirmó que, la entidad demandada ejerció de manera arbitraria
su facultad administrativa, al apartarse de los principios de legalidad, buena fe
y favorabilidad, lo que condujo a la negación indebida del derecho a la
sustitución pensional reclamado.
2 Contestación de la demanda.
2.1 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP4.
16. La entidad demandada, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la
totalidad de las pretensiones de la demanda y solicitó su rechazo, al considerar
que, carecen de fundamento fáctico y jurídico, en la medida en que, el actor
no acredita los requisitos para acceder a la sustitución pensional.
17. Sostuvo que, la revocatoria del reconocimiento pensional se efectuó con
base en el informe investigativo No. 15659 de 2017, así como, en
declaraciones y documentos obrantes en el expediente administrativo, de los
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 18.
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Demandante: José Miguel Bula Bula
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Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
cuales, se concluye que el demandante no convivió con la causante durante
los cinco (5) años anteriores a su fallecimiento, requisito indispensable para el
reconocimiento de la prestación.
18. Indicó que, la administración actuó en ejercicio de sus competencias
legales, particularmente, en lo relacionado con la verificación de requisitos y la
revocatoria directa de actos administrativos reconocidos irregularmente, con
fundamento en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y en los artículos 93 y 95
del CPACA.
19. Propuso como excepciones, entre otras, la legalidad de los actos
administrativos demandados, la inexistencia del derecho reclamado, la
controversia entre posibles beneficiarios, el cobro de lo no debido, la buena fe
de la administración, la prescripción de eventuales mesadas y la
improcedencia de intereses moratorios.
20. Finalmente, afirmó que, no es posible acceder a las pretensiones de la
demanda, ni reconocer suma alguna a favor del actor, toda vez que, no se
acreditó el derecho a la sustitución pensional, e incluso se determinó la
obligación de reintegrar valores percibidos indebidamente con ocasión del
reconocimiento inicialmente efectuado.
2.2 Maximiliano Reyes Bohórquez5.
21. El litisconsorte necesario6, se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda y solicitó su rechazo, al considerar que, los hechos expuestos
por la parte actora, carecen de sustento fáctico y jurídico, particularmente en
lo relativo a la supuesta convivencia con la causante hasta su fallecimiento.
22. Señaló que, el demandante no cumple con los requisitos para ser
beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en la medida en que, no acreditó
convivencia efectiva con la causante, durante los cinco años anteriores a su
5
A través del auto del Cinco (05) de agosto de Dos Mil Veintidós (2022) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “F”, negó la nulidad por indebida notificación y ordenó integrar el contradictorio
mediante la vinculación de litisconsorte necesario del señor Maximiliano Reyes Bohórquez.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 31.
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Demandante: José Miguel Bula Bula
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
muerte, requisito exigido por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
modificados por la Ley 797 de 2003.
23. Sostuvo que, entre el demandante y la causante, existió una separación
de hecho desde el año Mil Novecientos Setenta y Tres (1973), formalizada
mediante sentencia judicial de Mil Novecientos Setenta y Seis (1976), que
disolvió y liquidó la sociedad conyugal, por lo que, no subsistía vínculo con
efectos pensionales al momento del deceso.
24. Indicó que, quien sí ostenta la calidad de beneficiario, es el señor
Maximiliano Reyes Bohórquez, en su condición de compañero permanente, al
haber convivido de manera continua e ininterrumpida con la causante, desde
aproximadamente Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975) hasta su
fallecimiento en Dos Mil Dieciséis (2016), circunstancia que —afirma— fue
acreditada en sede administrativa.
25. Expuso que, la revocatoria del reconocimiento pensional al demandante,
se sustentó en el informe investigativo practicado por la entidad, el cual,
desvirtuó la convivencia alegada y evidenció relaciones posteriores
independientes, por lo que, no es posible derivar derecho alguno a partir de
información inexacta.
26. Propuso como excepciones, la inexistencia del derecho reclamado, la
inexistencia de las obligaciones demandadas, el cobro de lo no debido, la mala
fe del demandante y la genérica, al estimar que, no se configuraron los
presupuestos legales para el reconocimiento de la prestación.
27. Finalmente, solicitó negar las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
declarar el derecho del litisconsorte necesario al reconocimiento de la
sustitución pensional, con el pago de las mesadas causadas y demás
emolumentos legales correspondientes.
3. La sentencia de primera instancia7.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 113.
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Demandante: José Miguel Bula Bula
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Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
28. La Subsección F, de la Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del Diez (10) de septiembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), negó las pretensiones tanto de la demanda principal,
como de la demanda Ad excludendum y dispuso no condenar en costas, al
considerar que, ninguno de los reclamantes acreditó el cumplimiento de los
requisitos legales para el reconocimiento de la sustitución pensional.
29. El Tribunal consideró que, si bien se acreditó la existencia del vínculo
matrimonial entre el señor José Miguel Bula Bula y la causante, así como una
relación de convivencia previa hasta el año Mil Novecientos Setenta y Tres
(1973), lo cierto es que, no se demostró la convivencia efectiva durante los 5
años anteriores al fallecimiento, requisito indispensable conforme a la Ley 797
de 2003, por lo que, el actor no ostenta la calidad de beneficiario.
30. Asimismo, precisó que, aunque el señor Maximiliano Reyes Bohórquez,
alegó su condición de compañero permanente, tampoco acreditó una
convivencia continua e ininterrumpida con la causante en el periodo exigido
por la ley, pues, el material probatorio evidenció interrupciones y falta de
convivencia en los años previos al deceso, lo que impide reconocerle el
derecho pensional reclamado.
31. En ese sentido, concluyó que, los actos administrativos demandados se
ajustan a derecho, en tanto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó
el reconocimiento pensional, con fundamento en la ausencia del requisito
esencial de convivencia, sin que se lograra desvirtuar su presunción de
legalidad, razón por la cual, consideró que, no había lugar al reconocimiento
de la sustitución pensional, a favor de ninguno de los pretendidos beneficiarios.
4. Los recursos de apelación.
4.1 De la parte demandante8
32. La parte demandante, por intermedio de su apoderado judicial, interpuso
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 122.
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Demandante: José Miguel Bula Bula
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recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al considerar
que, la decisión de negar las pretensiones, desconoció la correcta valoración
probatoria y el precedente jurisprudencial aplicable en materia de sustitución
pensional.
33. Sostuvo que, el Tribunal erró al concluir que, no se acreditó el requisito de
convivencia, pues, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia y la Corte Constitucional, dicho requisito puede cumplirse en cualquier
tiempo y no necesariamente en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento,
además de admitir interrupciones justificadas en la cohabitación.
34. Indicó que, la sentencia incurrió en un defecto fáctico, al no valorar
integralmente las pruebas allegadas —especialmente declaraciones
extraprocesales, testimonios y la declaración de parte—, las cuales, a su juicio,
acreditan la existencia de convivencia, apoyo mutuo y vida en común entre el
demandante y la causante.
35. Afirmó que, el análisis del Tribunal desconoció el alcance del concepto de
convivencia, que, según el precedente constitucional, no se limita a la
cohabitación física, sino que comprende elementos como el acompañamiento
espiritual, la solidaridad y el auxilio mutuo; señaló además que, tampoco se
tuvo en cuenta el desarrollo jurisprudencial, sobre la dependencia e
interdependencia económica, según el cual, no se exige una dependencia
absoluta, sino una relación real de apoyo económico dentro del núcleo familiar,
lo que refuerza la condición de beneficiario del demandante.
36. Sostuvo que, la decisión de primera instancia desconoció los principios de
favorabilidad, condición más beneficiosa y aplicación del precedente judicial
obligatorio, lo que condujo a una indebida negación del derecho pensional
reclamado.
37. Finalmente, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda; adicionalmente, pidió que, no se
condene en costas en segunda instancia, conforme a lo previsto en el artículo
188 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021.
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Número Interno: 6291-2025
Demandante: José Miguel Bula Bula
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
4.2 Del demandante Ad excludendum9
38. La parte demandante ad excludendum, por intermedio de apoderado
judicial, interpuso recurso de apelación, contra la sentencia del Diez (10) de
septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), al considerar que, la decisión de
negar las pretensiones desconoció las circunstancias fácticas y jurídicas del
caso, en particular, la correcta interpretación del requisito de convivencia para
acceder a la sustitución pensional.
39. Sostuvo que, el Tribunal erró al concluir que, no se acreditó la convivencia
exigida por la ley, pese a que, a su juicio, el acervo probatorio —declaraciones
extrajuicio, testimonios e interrogatorio de parte— demuestra que el señor
Maximiliano Reyes Bohórquez, mantuvo una relación de compañero
permanente con la causante, por más de 40 años, hasta la fecha de su
fallecimiento.
40. Indicó que, la sentencia desconoció el alcance jurisprudencial del concepto
de convivencia, el cual, no se limita a la cohabitación bajo un mismo techo,
sino que, comprende la existencia de una comunidad de vida basada en lazos
de afecto, apoyo mutuo, solidaridad y acompañamiento espiritual, aun cuando
existan circunstancias que impidan la convivencia física permanente.
41. Afirmó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de Estado, la separación física por razones de trabajo o salud,
no desvirtúa la convivencia, siempre que, se mantengan los elementos
esenciales de la vida en pareja, lo cual, en el caso concreto, se encuentra
acreditado mediante las pruebas allegadas al proceso.
42. Señaló que, el Tribunal realizó una valoración errónea del material
probatorio, al restar credibilidad a los testimonios y a las declaraciones
extraprocesales, que evidencian la existencia de una relación estable,
permanente y con vocación de familia entre el demandante Ad excludendum y
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 121.
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Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
la causante.
43. En ese sentido, sostuvo que, el señor Maximiliano Reyes Bohórquez,
cumple con los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de
1993, modificados por la Ley 797 de 2003, para ser beneficiario de la
sustitución pensional, por lo que, la negativa de la administración y su aval en
la sentencia de primera instancia, resultan contrarios a derecho.
44. Finalmente, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones del demandante ad excludendum, declarando la
nulidad de los actos administrativos acusados, y ordenando el reconocimiento
y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor; adicionalmente, pidió la
ratificación de los testimonios rendidos como medio probatorio.
5. Trámite de segunda instancia
45. Con auto del Seis (06) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026) 10, el
consejero sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por la
parte demandante y el vinculado Ad excludendum, y en virtud del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley
1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones y ordenó que, una vez
ejecutoriada la providencia, el expediente regresara al despacho para proferir
la decisión correspondiente.
6. Concepto del Ministerio Público.
46. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
47. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto, de conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
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Índice 00005 expediente digital – Samai.
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Número Interno: 6291-2025
Demandante: José Miguel Bula Bula
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11.
2.2 Problema jurídico
48. Corresponde a la Sala establecer:
¿Debe revocarse la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las pretensiones de
la demanda? Con tal fin, se debe verificar:
i) ¿Resulta jurídicamente procedente, declarar la nulidad, de los actos
administrativos demandados y reconocer la sustitución pensional, con
ocasión del fallecimiento de la señora Dolores Lucía Herazo de Bula?
ii) ¿Se acredita el requisito de convivencia exigido por la ley, para alguno
de los demandantes?
49. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1 Régimen normativo aplicable a la sustitución pensional.
50. Como lo ha dicho esta Sala12, la muerte constituye una contingencia
protegida por el sistema de seguridad social, pues la muerte del afiliado o
pensionado que atendía el sostenimiento de un determinado grupo familiar,
sus integrantes pueden quedar desamparados e inmersos en un estado de
cosas que comporta serias dificultades para su subsistencia y en peligro para
poder subsistir.
11
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
51. Por ello, se concibió la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes,
con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de vida
de los beneficiarios de esta prestación, la primera de ellas, concedida con
ocasión del fallecimiento de un pensionado o de una persona que ya había
adquirido legalmente ese estatus, pero que no se le había reconocido
formalmente, y la segunda, otorgada en virtud de la muerte de un afiliado no
pensionado, cuyo deceso se presenta antes de cumplir las condiciones para
acceder a la pensión.
52. En cuanto a la ley aplicable para la sustitución pensional, esta Subsección
en diferentes oportunidades ha considerado que las disposiciones aplicables
son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.
53. En ese sentido, los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de 1968 13 y, los
artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 196914, establecían el derecho temporal
de los empleados públicos o trabajadores oficiales a transmitir la pensión a
favor de sus beneficiarios, únicamente en dos eventos: (a) cuando el empleado
fallecía gozando de una pensión; o (b) cuando sin estar disfrutando el derecho
pensional, el servidor público tenía derecho a ello.
54. Más adelante el artículo 1º de la Ley 33 de 197315 consagró la posibilidad
13
Artículo 36. Fallecido un empleado público o trabajador oficial jubilado o con derecho a pensión de jubilación, su
cónyuge y sus hijos menores de 23 años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o invalidez y que
dependieren i económicamente del causante, tendrán derecho a percibir entre todos, según las reglas del artículo 275
del Código Sustantivo del Trabajo, la respectiva pensión durante los cinco (5) años subsiguientes. Cuando faltaren el
cónyuge o los hijos, la sustitución pensional corresponderá a los padres o hermanos inválidos y a las hermanas
solteras del empleado fallecido que dependieren económicamente del causante. […] Artículo 39. Fallecido un
empleado público o trabajador oficial con derecho o en goce de pensión de invalidez o retiro por vejez, su cónyuge y
sus hijos menores de 18 años o incapacitados para trabajar por causa de sus estudios o por invalidez, que 1
dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a percibir entre todos, según las reglas del artículo 275
del Código Sustantivo del Trabajo, la pensión respectiva durante los cinco (5) años subsiguientes. Cuando faltaren el
cónyuge o los hijos, la sustitución pensión al corresponderá a los padres o hermanos inválidos y a las hermanas
solteras del causante que dependieran económicamente del extinto.
14
Artículo 80º.- Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca un empleado oficial que hubiere
causado en su favor el derecho a pensión de jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva
en vida, ese derecho se transmite a las personas señaladas en el artículo 92 de este Decreto, para el solo efecto de
recibir de la entidad obligada el pago de la pensión que le hubiere correspondido al causante, durante los dos años a
que se refiere la citada norma legal. […]Artículo 92º.- Transmisión de la pensión. Cuando fallezca el pensionado por
invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de diez y ocho (18) años o incapacitados para
trabajar por razón de estudios o por invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al fallecimiento del pensionado.
15
Artículo 1º. Fallecido un trabajador particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez,
o un empleado o trabajador del sector público, sea éste oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá
reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia. Parágrafo 1o. Los hijos menores del causante incapacitados para
trabajar por razón de sus estudios o por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a recibir
en concurrencia con la cónyuge supérstite, la respectiva pensión hasta cumplir la mayoría de edad, o al terminar sus
estudios, o al cesar la invalidez. En este último caso se aplicarán las reglas contempladas en el artículo 275 del Código
Sustantivo del Trabajo y en las disposiciones que lo modificaron y aclararon. Si concurrieren cónyuges e hijos la
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Demandante: José Miguel Bula Bula
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de que se reclamara la sustitución de la pensión en forma vitalicia y no
temporal, como lo tenían previsto los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
aunado, el artículo 1º de la Ley 12 de 197516, exigió que el trabajador o
empleado hubiera completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía
antes de cumplir la edad cronológica para tener derecho a la pensión de
jubilación, había lugar a la sustitución pensional.
55. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 en su artículo 3, determinó que, se
extendían las previsiones de la sustitución pensional en forma vitalicia al
cónyuge o a la compañera (o) permanente que dependiera económicamente
del pensionado17.
56. Con relación a la convivencia efectiva, [criterio material y no formal], esto
es, el apoyo mutuo y la vida en común con el causante. Esta Subsección ha
señalado que; «[…] cuando se presenta conflicto entre los posibles titulares del derecho a
la sustitución pensional, factores como: el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la
comprensión y la vida en común al momento de la muerte son los que legitiman el derecho
reclamado. Frente al supuesto descrito se ha dicho que, la convivencia efectiva al momento
de la muerte del titular de la pensión, constituye el hecho que legitima la sustitución pensional
y, por lo tanto, es el criterio rector material o real que debe ser satisfecho, tanto por la cónyuge
como por la compañera permanente del titular de la prestación social, ante la entidad de
seguridad social, para lograr que sobrevenida la muerte del pensionado, la sustituta obtenga
la pensión y de esta forma el otro miembro de la pareja cuente con los recursos económicos
básicos e indispensables para subvenir o satisfacer las necesidades básicas» 18.
mesada pensional se pagará, el 50% al cónyuge y el resto para los hijos por partes iguales. La cuota parte de la
pensión que devenguen los beneficiarios acrecerá a la que perciben los demás cuando falte alguno de ellos o cuando
el cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga vida marital. Parágrafo 2o. A las viudas que se encuentren en la
actualidad disfrutando, o tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les
queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.
16
Artículo 1º. El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador particular o de un empleado o
trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro
cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el
tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas.
17
Artículo 3º. Extiéndense las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de
la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite o compañero o compañera
permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependen económicamente del
pensionado, en las condiciones que a continuación se establecen:
1. El Cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente, tendrá derecho a recibir en concurrencia con
los hijos menores o inválidos por mitades la sustitución de la respectiva pensión con derecho a acrecer cuando uno
de los dos órdenes tenga extinguido su derecho. De igual manera respecto de los hijos entre sí.
2. Si no hubiere cónyuge o compañero o compañera permanente, la sustitución de la pensión corresponderá
íntegramente a los hijos menores o inválidos por partes iguales.
3. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, la sustitución
de la pensión corresponderá a los padres.
4. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, ni padres, la
sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante.
18
Sentencia de abril 22 de 2010, Radicación número: 27001-23-31-000-2002-00221-01(1955-07), Consejero Ponente
Gerardo Arenas Monsalve.
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57. De otra parte, la Corte Constitucional ha expuesto que «[e]l vínculo constitutivo
de la familia -matrimonio o unión de hecho- es indiferente para efectos del reconocimiento de
este derecho. El factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la
sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o
compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua
existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes» 19.
58. De igual modo, esa alta Corporación ha precisado que «[…] para efectos de
demostrar la existencia de la unión marital de hecho, opera un sistema de libertad probatoria
en virtud del cual, dicho vínculo puede acreditarse a través de cualquiera de los medios
ordinarios de prueba previstos en el CGP. Por consiguiente, al no existir tarifa legal en esta
materia, resultan válidos la declaración extrajuicio, el interrogatorio de parte, el juramento, el
testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios
y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez»20.
59. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia (sala de casación laboral)21 se ha
referido al concepto de convivencia en los siguientes términos:
[…] es aquella «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la
ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y
el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de
vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y
afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del
pensionado» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad.
31605).
Así, la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable,
permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida,
apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye
los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que,
a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una
comunidad de vida.
60. En ese sentido, en caso de convivencia simultánea entre cónyuge y
compañero permanente la convivencia efectiva, al momento de la muerte de
la pensionada, es el hecho que legitima la sustitución pensional, y constituye
el criterio material, que deben acreditar tanto el cónyuge, como el compañero
permanente.
2.3.2 Del requisito de convivencia y su alcance en la sustitución
pensional: precisiones jurisprudenciales.
19
Sentencia T-190 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
20
Sentencia T-247 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21
Sentencia SL 1399-2018 de 25 de abril de 2018, M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, expediente: 45779.
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61. En relación con el requisito de convivencia exigido por los artículos 46 y 47
de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003, la Corte
Constitucional ha precisado que, la pensión de sobrevivientes tiene como
finalidad «la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad»22, de
manera que, quienes dependían económica y afectivamente del causante
puedan mantener condiciones mínimas de subsistencia tras su fallecimiento.
62. En ese contexto, el legislador estableció la exigencia de convivencia
durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento, como un mecanismo
dirigido a evitar «convivencias de última hora», con fines exclusivamente
prestacionales, así como, a proteger a los demás posibles beneficiarios del
sistema pensional.
63. No obstante, la misma Corte, ha diferenciado los supuestos, en los cuales,
dicho requisito debe aplicarse de manera estricta, particularmente, cuando se
trata de relaciones entre cónyuge y compañero permanente, precisando que,
no se trata de situaciones equiparables, en razón a las diferencias
estructurales entre el matrimonio y la unión marital de hecho.
64. Así, en eventos en los que, existe cónyuge con sociedad conyugal vigente,
pero separado de hecho, la jurisprudencia constitucional ha considerado que,
la exigencia de convivencia, no puede interpretarse de manera rígida, pues
subsisten efectos jurídicos y patrimoniales derivados del vínculo matrimonial,
que justifican un tratamiento diferenciado frente al compañero permanente.
65. Posteriormente, la Corte Constitucional reiteró23, esta posición al indicar
que, el cónyuge separado de hecho, con sociedad conyugal vigente se
encuentra en una situación jurídica distinta, a aquel cuya sociedad conyugal
ha sido disuelta, pues en este último evento, desaparecen los vínculos
económicos y patrimoniales que podrían justificar el acceso a la sustitución
pensional.
22 Corte Constitucional, sentencia C-1094 de 2003.
23 Corte Constitucional, sentencia C-515 de 2019.
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66. En efecto, dicha Corporación precisó que, « el cónyuge separado de hecho con
sociedad conyugal disuelta […] no se encuentra en el mismo plano jurídico y fáctico que el
cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente »24, en la medida en que, la
disolución extingue los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, incluidos
aquellos relacionados con derechos pensionales.
67. De lo anterior se desprende que, si bien la convivencia constituye el criterio
material determinante para acceder a la sustitución pensional, su exigencia
debe analizarse de manera diferenciada según la situación jurídica del vínculo,
especialmente, en aquellos casos, en los que subsiste o no la sociedad
conyugal.
68. Ahora bien, en relación con la interpretación del requisito de convivencia,
esta Sala ha advertido que, no existe una uniformidad absoluta entre las
distintas jurisdicciones, particularmente entre la Corte Suprema de Justicia y
el Consejo de Estado, en lo que respecta al alcance de la convivencia, en
escenarios de separación de hecho o disolución de la sociedad conyugal, lo
cual, ha sido objeto de análisis en pronunciamientos recientes de esta
Corporación.
69. En tal sentido, el Consejo de Estado, ha sostenido que 25, la existencia de
una sociedad conyugal disuelta, constituye un elemento relevante para efectos
de excluir el reconocimiento de la sustitución pensional al cónyuge, cuando no
se acredita convivencia efectiva en los términos exigidos por la ley, sin que
resulte suficiente la sola existencia histórica del vínculo matrimonial.
70. De manera concordante, esta Sala ha reiterado que, la finalidad de la
pensión de sobrevivientes, es la protección del núcleo familiar real y efectivo,
por lo que, la valoración de la convivencia debe atender a criterios materiales
—esto es, apoyo mutuo, solidaridad y comunidad de vida— y no meramente
formales; en consecuencia, el análisis del requisito de convivencia, exige una
valoración integral del contexto fáctico y jurídico de cada caso, en el que deben
ponderarse tanto la existencia del vínculo jurídico como la realidad de la
24 Ibidem.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, Radicado: 13001-23-
33-000-2014-00028-01(0791-18), consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
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relación, evitando interpretaciones automáticas o abstractas que desconozcan
la finalidad protectora del sistema pensional.
2.4 Hechos probados y valoración del material probatorio.
71. Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente,
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos, relevantes para resolver el caso
concreto:
72. En relación con la causante, la señora Dolores Lucía Herazo de Bula, fue
beneficiaria de una pensión de jubilación reconocida mediante Resolución No.
006073 del Veintiuno (21) de junio de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996)26,
y falleció el Veinte (20) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016) 27, conforme al
registro civil de defunción obrante en el expediente.
73. Los señores José Miguel Bula Bula y Dolores Lucía Herazo de Bula,
contrajeron matrimonio el Veintinueve (29) de abril de Mil Novecientos Sesenta
y Dos (1962)28, según registro civil de matrimonio; igualmente, se encuentra
acreditado que mediante sentencia del Veinte (20) de abril de Mil Novecientos
Setenta y Seis (1976)29, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Sahagún, se decretó la separación de bienes y la liquidación de la
sociedad conyugal.
74. En relación con la solicitud pensional, se acreditó que, el señor José Miguel
Bula Bula, solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional, el Veintinueve
(29) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016)30, la cual, le fue reconocida mediante
Resolución RDP 036877 del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Dieciséis
(2016)31, y posteriormente revocada mediante Resolución RDP 026965 del
Diez (10) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018)32, decisión confirmada en sede
administrativa, a través de la Resolución RDP 047827 del Diecinueve (19) de
26
Folio 11 a 12 del cuaderno principal.
27
Folio 81 CD – archivo PDF 2020-00893 – folio 96.
28
Folio 292 a 295 del cuaderno principal.
29
Ibidem.
30
Folio 81 CD – archivo PDF 2020-00893 – folio 629 a 635.
31
Folio 11 a 12 del cuaderno principal.
32
Folio 17 a 19 del cuaderno principal.
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diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018)33.
75. Asimismo, se encuentra acreditado que, la revocatoria del reconocimiento
pensional se fundamentó, entre otros elementos, en el informe investigativo
No. 15659 del Veinticuatro (24) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017) 34, en
el cual, se consignaron entrevistas y verificaciones que dan cuenta de la
relación de la causante, sus lugares de residencia y las personas con quienes
convivió a lo largo de su vida.
76. En dicho informe investigativo se consignó, entre otros aspectos, que: (i)
la convivencia entre la causante y el señor José Miguel Bula Bula se desarrolló
entre 1962 y 1973; (ii) con posterioridad, la causante inició una relación con el
señor Maximiliano Reyes Bohórquez aproximadamente desde 1976; (iii) dicha
relación se extendió por varios años, con nacimiento de una hija en común; y
(iv) en etapas posteriores de su vida, la causante residió en Montería y,
finalmente, en Sahagún, donde permaneció hasta su fallecimiento,
circunstancias que fueron descritas por los declarantes con base en su
conocimiento directo de los hechos y que arrojaron los siguientes resultados y
observaciones:
33
Folio 27 a 29 del cuaderno principal.
34
Folio 81 CD – archivo PDF 2020-00893 – folio 146 a 157.
19
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77. Respecto del señor Maximiliano Reyes Bohórquez, se encuentra
acreditado que, solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional en
calidad de compañero permanente35, petición que, fue negada mediante
Resolución RDP 026018 del Cuatro (4) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018)36,
confirmada posteriormente por la Resolución RDP 034851 del Veintisiete (27)
de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)37 y la Resolución RDP 037675 del
Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018)38.
78. En relación con la alegada convivencia entre la causante y el señor
Maximiliano Reyes Bohórquez, obran en el expediente declaraciones
extrajuicio rendidas por los señores Gustavo Gaitán Ortegón, Lola Lucía Reyes
Bohórquez, Harold Dionisio Bula Herazo, Dolly Lucila Bula Herazo, Carolina
Reyes Herazo y Pedro Idelfonso Bula Herazo, en las que, se afirma la
existencia de una relación de pareja, el nacimiento de una hija en común y la
prolongación del vínculo a lo largo del tiempo. En dichas declaraciones
también se hace referencia a que, en etapas posteriores de la relación, la
causante residía en ciudades distintas —particularmente en Montería y luego
en Sahagún—, mientras el señor Reyes Bohórquez permanecía en Bogotá,
manteniéndose entre ellos formas de contacto y relación no necesariamente
asociadas a una cohabitación permanente.
79. De igual forma, obra la declaración de parte del señor Maximiliano Reyes
Bohórquez, en la que manifestó que convivió con la causante durante varios
años y que, en etapas posteriores, mantuvieron contacto, comunicación y
visitas frecuentes, aun cuando no residieran de manera permanente bajo el
mismo techo. Tales elementos dan cuenta de la forma en que fue expuesta la
relación por el interesado y por los referidos declarantes, lo cual será objeto
de valoración conjunta con los demás medios de convicción en el acápite
correspondiente.
80. Durante la audiencia de pruebas celebrada el Treinta y uno (31) de mayo
35
Folio 81 CD – archivo PDF 2020-00893 – folio 410 a 412.
36
Folio 20 a 21 del cuaderno principal.
37
Folio 22 a 23 del cuaderno principal.
38
Folio 24 a 26 del cuaderno principal.
20
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de Dos Mil Veinticuatro (2024)39, se recibieron los siguientes testimonios:
Pedro Idelfonso Bula Herazo
Manifestó que, es hijo de la señora Dolores Lucía Herazo de Bula; indicó que, sus padres —
la causante y el señor José Miguel Bula Bula—, se separaron aproximadamente en el año
Mil Novecientos Setenta y Tres (1973), sin que volvieran a convivir como pareja.
Señaló que, con posterioridad, su madre sostuvo una relación con el señor Maximiliano
Reyes Bohórquez, quien convivió con ella durante varios años y participó en la dinámica
familiar, brindando apoyo económico y afectivo.
Igualmente, refirió que, dicha relación se desarrolló principalmente en la ciudad de Bogotá y
que, en etapas posteriores, la causante residió en otros lugares, lo cual incidió en la forma
de relacionamiento entre ellos.
Lola Lucía Reyes Bohórquez
Indicó que, es hermana del señor Maximiliano Reyes Bohórquez; señaló que, tuvo
conocimiento directo de la relación entre este y la causante, la cual —según afirmó— se
extendió por varios años y se caracterizó por la existencia de vínculos afectivos, apoyo mutuo
y trato de pareja.
Manifestó que, aunque en determinados periodos, no residían de manera permanente bajo
el mismo techo, mantenían contacto frecuente, se visitaban y conservaban la relación,
incluso en los años previos al fallecimiento de la causante.
81. De igual forma, se recibieron las declaraciones de parte, de los señores
José Miguel Bula Bula y Maximiliano Reyes Bohórquez, en las que se expuso:
José Miguel Bula Bula
Manifestó que, contrajo matrimonio con la señora Dolores Lucía Herazo de Bula, en el año
Mil Novecientos Sesenta y Dos (1962), con quien convivió inicialmente en el municipio de
Sahagún, donde conformaron un núcleo familiar y procrearon varios hijos.
Indicó que, aunque se presentó una separación física entre ellos hacia el año Mil Novecientos
Setenta y Tres (1973), dicha circunstancia obedeció a razones personales y laborales, sin
que —a su juicio— implicara la ruptura definitiva del vínculo afectivo.
Señaló que, con posterioridad, mantuvieron comunicación y contacto, y que, en
determinados periodos retomaron la relación y compartieron espacios familiares. Asimismo,
afirmó que, la causante no conformó una unión marital de hecho estable con otra persona
que desvirtuara su condición de cónyuge, y que, en todo caso, continuó existiendo entre ellos
un vínculo de apoyo y cercanía hasta el fallecimiento de aquella.
Maximiliano Reyes Bohórquez
Manifestó que, sostuvo una relación con la señora Dolores Lucía Herazo de Bula, desde
aproximadamente el año Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975), con quien convivió en la
ciudad de Bogotá durante varios años, conformando un núcleo familiar y procreando una hija
en común.
Indicó que, durante dicha relación existió convivencia, apoyo mutuo y una dinámica propia
de pareja, incluyendo la adquisición de bienes y el sostenimiento del hogar.
Señaló que, aunque en etapas posteriores —particularmente desde el traslado de la
causante a la ciudad de Montería por motivos laborales— no convivieron de manera
39
Folio 266 CD el cuaderno principal.
21
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Maximiliano Reyes Bohórquez
permanente bajo el mismo techo, continuaron manteniendo contacto, comunicación y visitas
frecuentes, conservando el vínculo afectivo.
Finalmente, afirmó que, dicha relación se extendió, bajo esas condiciones, hasta el momento
del fallecimiento de la causante.
2.5. Caso concreto.
82. Para resolver los reparos formulados en los recursos de apelación, la Sala
abordará el análisis en relación con: (i) el alcance del requisito de convivencia;
(ii) la valoración del material probatorio; y (iii) la solicitud de ratificación de
declaraciones extraproceso.
2.5.1 Sobre el requisito de convivencia y su alcance.
83. Como se expuso en el marco normativo, el criterio determinante para
acceder a la sustitución pensional, cuando existe conflicto entre posibles
beneficiarios, es la convivencia efectiva al momento del fallecimiento del
causante, entendida como una comunidad de vida real, con apoyo mutuo,
acompañamiento y vocación de permanencia.
84. Si bien la jurisprudencia de esta Corporación40, ha admitido que, la
convivencia no se reduce a la cohabitación física y puede flexibilizarse frente a
circunstancias particulares —como razones laborales o de salud—, lo cierto es
que, dicha flexibilización no elimina el deber de acreditar la existencia de una
relación estable, continua y vigente en los años previos al fallecimiento, pues
es este el elemento que legitima el derecho pensional.
85. En ese sentido, si bien la Sala ha señalado que, en eventos de convivencia
simultánea, el análisis debe centrarse en la convivencia efectiva al momento
del fallecimiento del causante, también es cierto que, conforme a la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional41, de la Corte Suprema de
Justicia y de esta Corporación, tratándose del cónyuge con vínculo matrimonial
vigente «aun en escenarios de separación de hecho o de disolución y liquidación de la
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de enero de 2022, rad. 88001-23-33-000-
2018-00052-01 (5322-2019)
41 entre otras, en las sentencias SU-453 de Dos Mil Diecinueve (2019), T-228 de Dos Mil Veintitrés (2023) y SU-
169 de Dos Mil Veinticuatro (2024)
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sociedad conyugal», el requisito de convivencia puede acreditarse en cualquier
tiempo, siempre que se demuestre la existencia de una comunidad de vida
real y efectiva.
86. En efecto, la Corte Constitucional ha precisado que la exigencia de
convivencia no se restringe a los años inmediatamente anteriores al
fallecimiento, sino que, puede cumplirse en cualquier etapa de la relación,
siempre que, refleje una verdadera comunidad de vida, fundada en el apoyo
mutuo, la solidaridad y el acompañamiento propio de la vida en pareja 42.
87. Asimismo, la jurisprudencia constitucional, ha advertido que, la disolución y
liquidación de la sociedad conyugal, no tiene la virtualidad de extinguir el vínculo
matrimonial ni de excluir, por sí sola, el derecho a la sustitución pensional, en
tanto, se trata de una institución, con efectos eminentemente patrimoniales; en
esa medida, «la liquidación de la sociedad conyugal tiene efectos exclusivamente
económicos y no comporta, per se, la ausencia de convivencia»43.
88. Así las cosas, si bien esta Sala, ha admitido que, tratándose del cónyuge
con vínculo matrimonial vigente, la convivencia puede acreditarse en cualquier
tiempo, dicha regla no resulta trasladable de manera automática a los eventos
en los que se ha producido la disolución y liquidación de la sociedad conyugal,
pues, en estos casos, el análisis debe centrarse en la existencia de una
comunidad de vida real y efectiva que subsista o se haya reconfigurado con
posterioridad a dicha ruptura44.
89. No obstante, en el caso concreto, aun bajo dicho entendimiento flexible, no
se encuentra acreditado que, con posterioridad a la ruptura de la convivencia
ocurrida hacia el año Mil Novecientos Setenta y Tres (1973), y a la liquidación
de la sociedad conyugal en Mil Novecientos Setenta y Seis (1976), se hubiera
reanudado una relación con vocación de permanencia, apoyo mutuo y vida en
común, en los términos exigidos por la jurisprudencia para efectos del
reconocimiento de la sustitución pensional.
42 SU-169 de 2024.
43 Corte Constitucional, Sentencia T-401 de 2021.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, Radicado: 13001-23-
33-000-2014-00028-01(0791-18), consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
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90. Por el contrario, la referida liquidación de la sociedad conyugal, si bien, no
resulta determinante por sí misma, sí constituye un indicio relevante de la
ruptura de la comunidad de vida, el cual, valorado conjuntamente con el acervo
probatorio, refuerza la conclusión según la cual, no se estructuró una
convivencia real y efectiva en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico
para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional.
2.5.2 Sobre la valoración del material probatorio.
91. La parte demandante, cuestiona la valoración probatoria efectuada por el
Tribunal, al considerar que, no se tuvieron en cuenta las pruebas que acreditan
la convivencia con la causante; sin embargo, del análisis integral del
expediente, la Sala advierte que, dicha censura no está llamada a prosperar;
pues, en efecto, el material probatorio, permite establecer que:
92. (i) La convivencia entre el señor José Miguel Bula Bula y la causante, se
desarrolló hasta aproximadamente el año Mil Novecientos Setenta y Tres
(1973), sin que, exista prueba suficiente de su reanudación en condiciones de
estabilidad y permanencia en los años previos al fallecimiento, (ii) Si bien el
actor afirmó la existencia de contacto, comunicación y cercanía posterior, tales
elementos no permiten acreditar una comunidad de vida en los términos
exigidos por la normativa y la jurisprudencia.
93. En este punto, para la Sala, resulta particularmente significativo que,
mediante sentencia, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito
de Sahagún, del año Mil Novecientos Setenta y Seis (1976), se dispuso la
separación de bienes y la liquidación de la sociedad conyugal, lo cual,
constituye un indicio objetivo de la ruptura de la comunidad de vida entre los
cónyuges, que debe ser valorado en conjunto con los demás elementos
probatorios obrantes en el expediente.
94. Ahora bien, la Sala estima que, en relación con el señor Maximiliano Reyes
Bohórquez, si bien obran pruebas que dan cuenta de una relación prolongada
en el tiempo, lo cierto es que, tampoco se acreditó de manera suficiente una
convivencia efectiva, continua e ininterrumpida en los años inmediatamente
anteriores al fallecimiento de la causante; en particular, la propia declaración de
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parte del referido interesado resulta relevante, en tanto reconoce que, en la
etapa final de la relación, la causante residía en ciudades distintas —primero
en Montería y posteriormente en Sahagún—, mientras él permanecía en
Bogotá, circunstancia que, excluye la existencia de una cohabitación
permanente. En ese contexto, las afirmaciones relativas a visitas, comunicación
y contacto frecuente no permiten, por sí solas, estructurar una comunidad de
vida en los términos exigidos por la jurisprudencia para efectos del
reconocimiento de la sustitución pensional.
95. En efecto, de los testimonios y de la declaración de parte del propio señor
Maximiliano Reyes Bohórquez se desprende que, en etapas relevantes —
particularmente en los años previos al fallecimiento—, la relación se desarrolló
bajo condiciones de separación geográfica, con residencia en distintas
ciudades, sin que se acrediten elementos objetivos que permitan inferir la
existencia de una unidad doméstica, apoyo mutuo permanente o
interdependencia económica propia de una comunidad de vida. Por el contrario,
la admisión de que no existía convivencia bajo un mismo techo y que la relación
se sostenía mediante contactos y visitas, evidencia una dinámica intermitente,
insuficiente para satisfacer el criterio material de convivencia efectiva que
legitima el acceso a la sustitución pensional.
96. Así las cosas, la Sala considera que, aunque se acreditan relaciones
afectivas relevantes, tanto respecto del señor José Miguel Bula Bula, como del
señor Maximiliano Reyes Bohórquez, lo cierto es que, ninguno de los dos
reclamantes, logró demostrar el elemento central de la convivencia efectiva en
el periodo determinante, razón por la cual, no es posible predicar la
configuración del derecho pensional reclamado.
97. En relación con el primero, la propia declaración de su hijo, Pedro Idelfonso
Bula Herazo, resulta particularmente significativa, en tanto afirmó, de manera
expresa que, la convivencia entre sus padres cesó aproximadamente en el año
Mil Novecientos Setenta y Tres (1973), sin que se evidencie su reanudación en
condiciones de estabilidad y permanencia.
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98. Por su parte, frente al señor Maximiliano Reyes Bohórquez, si bien se
acreditó una relación prolongada en el tiempo, e incluso, la existencia de una
hija en común, los testimonios allegados dan cuenta de una relación
intermitente en sus etapas finales; a lo cual, se suma lo manifestado por el
propio interesado, quien indicó que, a partir del traslado de la causante a la
ciudad de Montería por motivos laborales, no convivieron de manera
permanente bajo el mismo techo, manteniendo únicamente contacto,
comunicación y visitas frecuentes, circunstancia que evidencia que, pese a la
persistencia de un vínculo afectivo, no se acreditó la existencia de una
comunidad de vida vigente, continua y efectiva en los años inmediatamente
anteriores al fallecimiento.
99. En ese contexto, no se advierte el defecto fáctico alegado por los
recurrentes, pues el Tribunal valoró el material probatorio conforme a las reglas
de la sana crítica, sin desconocer pruebas relevantes ni apartarse del
precedente aplicable.
2.5.3 Sobre las declaraciones extraproceso y su ratificación.
100. En el caso concreto, la Sala advierte que, en la audiencia inicial llevada
cabo el Quince (15) de marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024), se decretó la
ratificación de las declaraciones extraproceso rendidas por los señores María
Concepción Galvis, María Marleny Ruiz Pacheco, Nelson Emiro Ordosgoitia
Lozano y Humberto de la Cruz Bula; sin embargo, durante el trámite probatorio
se evidenció la imposibilidad material de llevar a cabo dichas ratificaciones.
101. En efecto, respecto de la señora María Concepción Galvis, se dejó
constancia en la audiencia inicial que había fallecido; posteriormente, en la
audiencia de pruebas, se indicó que uno de los declarantes adicionales
también había fallecido, mientras que, en relación con los otros dos, no fue
posible practicar el testimonio, en razón a que uno de ellos se encontraba en
paradero desconocido y el otro presentaba condiciones físicas derivadas de
su avanzada edad, que impedían su comparecencia.
102. En ese contexto, la Sala precisa que, si bien el artículo 188 del Código
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General del Proceso establece que, los testimonios rendidos sin citación de la
contraparte carecen de eficacia si no son ratificados, dicha consecuencia no
puede ser aplicada de manera automática y descontextualizada, sino que debe
interpretarse en armonía con los principios de libertad probatoria y de
valoración integral de la prueba.
103. En esa línea, la Sala reitera que, cuando se pretende acreditar el
cumplimiento de requisitos pensionales a partir de medios de prueba
indirectos, como declaraciones extraproceso o testimonios, estos deben ser
valorados de manera integral y en conjunto con los demás elementos de
convicción, atendiendo a su coherencia, persistencia y correspondencia con
los hechos acreditados.
104. En efecto, esta Sala ha señalado que, no basta con la simple afirmación
de la convivencia, sino que, resulta necesario verificar que las pruebas den
cuenta de una realidad material consistente, continua y jurídicamente
relevante. Así, en sentencia del Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026), radicado 08001-23-33-000-2020-00440-01 (6387-2024)45,
se reiteró que, el análisis probatorio debe orientarse a establecer si las
condiciones en que se desarrolló la relación permiten desvirtuar las formas
jurídicas aparentes y evidenciar la realidad subyacente, a partir de la
valoración conjunta y razonada del acervo probatorio.
105. En ese sentido, la Sala considera que, cuando la falta de ratificación
obedece a circunstancias objetivas de imposibilidad material —como el
fallecimiento del declarante, su inubicabilidad o condiciones de salud que
impiden su comparecencia— y no a la inactividad o negligencia de la parte
interesada, no resulta jurídicamente admisible excluir de plano tales
declaraciones del acervo probatorio.
106. En consecuencia, dichas declaraciones extraproceso, sí pueden ser
apreciadas de manera conjunta con los demás medios de prueba obrantes en
el expediente y conforme a las reglas de la sana crítica.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Veintiséis
(2026), Consejero Ponente. Dr. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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107. Así las cosas, la Sala advierte que, como ya se estableció desde el trámite
surtido en primera instancia, si bien, en la audiencia inicial se decretó la
ratificación de las declaraciones extraproceso rendidas por los señores María
Concepción Galvis, María Marleny Ruiz Pacheco, Nelson Emiro Ordosgoitia
Lozano y Humberto de la Cruz Bula, lo cierto es que, dichas ratificaciones no
pudieron practicarse, debido a la imposibilidad material de su recaudo, en tanto
se acreditó el fallecimiento de algunos declarantes, la imposibilidad de
ubicación de otros y las condiciones físicas que impedían la comparecencia de
uno de ellos.
108. En ese orden, la Sala concluye que, en el presente asunto, ninguno de
los reclamantes logró acreditar el requisito de convivencia en los términos
exigidos por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por la
Ley 797 de 2003, pues, de un lado, se estableció que la convivencia entre la
causante y el señor José Miguel Bula Bula cesó desde el año Mil Novecientos
Setenta y Tres (1973), circunstancia que se ve corroborada por la posterior
liquidación de la sociedad conyugal en Mil Novecientos Setenta y Seis (1976),
sin evidencia de reanudación bajo condiciones de estabilidad y permanencia,
y, sin que los elementos de contacto o cercanía alegados, permitan configurar
una verdadera comunidad de vida; de otro lado, que la relación sostenida con
el señor Maximiliano Reyes Bohórquez, aunque prolongada en el tiempo, se
desarrolló sin cohabitación continua en su etapa final, limitándose a contactos
y visitas ocasionales, lo que impide estructurar una comunidad de vida estable,
permanente y efectiva en los cinco (5) años anteriores al fallecimiento.
109. En efecto, la Sala concluye que, el material probatorio presenta
inconsistencias, vacíos y contradicciones, que impiden tener por acreditada la
convivencia efectiva, razón por la cual, no es posible desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos administrativos demandados, ni concluir que, la
decisión adoptada por la administración resulte contraria a derecho.
110. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó
las pretensiones de la demanda.
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2.6 Condena en costas
111. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
112. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala
no condenará en costas a la parte vencida.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, la sentencia proferida el Diez (10) de
septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las pretensiones
de la demanda, promovida por el señor José Miguel Bula Bula y del
demandante Ad excludendum Maximiliano Reyes Bohórquez, contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, encaminadas al reconocimiento y pago de la
sustitución pensional, con ocasión del fallecimiento de la señora Dolores Lucía
Herazo de Bula, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
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