Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00894-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00894-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00894-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00894-02 (3110-2025)
Demandante: Sandra Janeth Bernal Ortíz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00894-02 (3110-2025)
Demandante: Sandra Janeth Bernal Ortíz
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca numeral primero para estarse a lo resuelto, modifica
numerales cuarto y quinto respecto del restablecimiento y
confirma en lo demás. Sin condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 27 de
junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. 2025920000981 del 31
de enero de 20202 y de la Resolución No. 2-0481del 26 de marzo de 20203,
mediante los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago del
reajuste solicitado.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] 1.6..- [...] reliquidar y
reajustar, mes a mes, el salario básico de […], teniendo en cuenta un básico mensual al
100% para liquidar la Prima Especial del 30% de que trata la Ley 4ª de 1992 como
agregado o adición a su asignación básica, y, en consecuencia, pagarle las diferencias
adeudadas por estos conceptos -retroactivo- y las que se causen en adelante, con su
correspondiente indexación, intereses y sanciones.
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso.
2 Índice 3 expediente digital, 4ED_EXPEDIENTEDIGITAL_03DEMANDAPRIMAESPECIAL(.PDF) págs. 39-
56, Gestión en otros despachos de Samai.
3 Índice 2 expediente digital, 4ED_EXPEDIENTEDIGITAL_03DEMANDAPRIMAESPECIAL(.PDF), págs. 61-
65, Gestión en otros despachos de Samai.
.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00894-02 (3110-2025)
Demandante: Sandra Janeth Bernal Ortíz
1.7. CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACION-, a: reliquidar y
reajustar, mes a mes, los demás factores SALARIALES, PRESTACIONALES
SOCIALES (BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, PRIMA DE SERVICIOS,
PRIMA DE VACACIONES, VACACIONES, PRIMA DE NAVIDAD, CESANTÍAS,
INTERESES A CESANTÍAS) devengados SANDRA JANETH BERNAL ORTIZ en
condición de Fiscal Delegado, adicionando a la base salarial un 30 % por concepto de la
Prima Especial mensual de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y, en
consecuencia pagarle las diferencias adeudadas por estos conceptos y los que se
causen en adelante […].
[…]
1.9. CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACION-, al
reconocimiento y pago de la incidencia sobre la base de cotización al sistema general
de pensiones que conlleva las reliquidaciones, reajustes y pagos peticionados a favor de
{…], por el tiempo que ha ocupado el cargo de Fiscal Delegado, en adelante y hasta
tanto que desempeñe el mismo o cargo enlistado en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
en la FISCALIA GENERAL DE LA NACION.»4.
Hechos que fundamentan la demanda
4. La parte actora ha prestado sus servicios a la Fiscalía General de la Nación,
y en la actualidad ejerce el cargo de fiscal delegado ante jueces penales
municipales5.
5. Elevó petición el 29 de enero de 2020 ante la entidad demandada en la que
solicitó se le reconociera y reliquidara la prima especial de servicios, y el reajuste
de salarios. La cual fue resuelta de manera negativa mediante los actos
demandados.
Fundamentos de derecho
6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron el
preámbulo y los artículos 2, 4, 13, 25, 26, 29, 53, 83, 136, 150 y 209 de la
Constitución Política; 127, 128 y 143 del CST;6 2 y 14 de la Ley 4 de 1992; 152
de la Ley 270 de 1996; 3, 10 y 138 del CPACA; Decretos 2729 de 2001, 685 de
2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665
de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013,
19 de 2014, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016, 989 de 2017, 343 de 2018
y 996 de 2019.
7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que la sustracción de la prima
especial de los derechos salariales y prestacionales de la actora, según los
decretos expedidos por el Gobierno a partir del año 2004 para reglamentar los
ingresos salariales y prestacionales de los funcionarios de la Fiscalía General de
la Nación, se tradujo en un retroceso en el reconocimiento de sus derechos y
desmejoró su condición como trabajadora, con lo cual se trasgredió el principio
constitucional de progresividad, pues, de esa forma se disminuyeron sus ingresos
mensuales.
4 Transcripción literal del acápite de pretensiones.
5 En los hechos no se relacionan los tiempos de servicio.
6 Código Sustantivo del Trabajo.
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Demandante: Sandra Janeth Bernal Ortíz
Contestación de la demanda
8. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda7 y se opuso a las
pretensiones en razón a que desde el año 2003 los salarios y prestaciones
sociales se han liquidado en el caso concreto con base en el 100% del salario,
pues el legislador no previó la prima especial para los fiscales ni demás
funcionarios de la entidad demandada.
9. Finalmente, propuso la excepción de «prescripción».
Sentencia de primera instancia
10.Mediante sentencia proferida el 27 de junio de 20258, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda.
11. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que conforme al artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992, la prima del 30% debe presentarse como un incremento
remuneratorio y no una disminución, esto es, debe tener derecho al
reconocimiento del 30% sobre el salario básico que debe representar un
incremento y no una disminución al momento de tomarla como parte de éste.
12. Determinó que en el presente caso operó la prescripción trienal sobre las
diferencias causadas con anterioridad al 29 de enero de 2017, toda vez que la
petición de reconocimiento se hizo el 29 de enero de 2020.
13. En consecuencia, se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 15 de diciembre
de 20209, declaró probada la excepción de prescripción de las sumas reclamadas
antes del 29 de enero de 2017, anuló los actos administrativos demandados, y a
título de restablecimiento del derecho dispuso:
CUARTO.- Condénese […] a reconocer y pagar a la demandante […]
retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario
básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en
idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima
de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por
servicios prestados, etc., causados desde el 29 de enero de 2017, como Fiscal
Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos y en adelante hasta cuando por
razón del cargo tenga derecho, por habérsele deducido durante los extremos
temporales laborados, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a
la asignación básica mensual devengada correspondiente para los cargos ejercidos
en ese tiempo, luego del pago de la prima consagrada en la citada norma, ya
cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión
de jubilación durante toda la relación laboral […], así como aportes a seguridad
social en salud.
7 Índice 21 Gestión en otros despachos de Samai.
8 Índice 31, Gestión en otros despachos de Samai.
9 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
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QUINTO. - En consecuencia, se le debe reconocer y pagar a la demandante en los
extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los
correspondientes reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.
Recursos de apelación
• Recurso de la demandante:
14. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió
en apelación parcialmente10 respecto de dos aspectos:
15. El primero, frente a que la demandante tiene derecho a la prima especial de
servicios como un incremento o adición a la asignación básica, porque no se le
calculó ni se le canceló, y en consecuencia pagarle las diferencias por dicho
concepto.
16. Y segundo, sostuvo que la primera instancia no tuvo en cuenta que cuando se
presenta incumplimiento de las obligaciones del empleador respecto al sistema
de seguridad social en salud y pensión, es éste, no el trabajador, quien asume la
responsabilidad por las omisiones en el pago de las cotizaciones y de ninguna
manera se le puede imputar responsabilidad alguna al trabajador.
17. En consecuencia, solicitó modificar la sentencia en el sentido de quien debe
asumir dichas cotizaciones en un 100% es la entidad demandada, ya que esta
fue la que realizó una indebida interpretación de los decretos salariales.
• Recurso de la demandada:
18.Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte demandada la recurrió
en apelación.11
19. En su intervención, la entidad demandada sostuvo que a partir del año 2003
la entidad hizo la correspondiente liquidación a la demandante de las
prestaciones sociales, evidenciándose que no se descontó el 30% de la
asignación básica, sino que se realizó en un 100% del salario, por lo que no debe
ningún concepto de prestaciones.
20. Por otro lado, señaló que operó la prescripción frente a los aportes a pensión.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
21. Por auto del 16 de enero de 2026,12 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por las partes.
10 Índice 44, Gestión en otros despachos de Samai.
11 Índice 43, Gestión en otros despachos de Samai.
12 Índice 0004 de Samai.
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22. Las partes guardaron silencio.
23. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverán las apelaciones, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
25. Le corresponde a la Sala establecer si la actora tiene derecho a que se
reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación como
lo determinó el Tribunal de instancia, o si por el contrario la entidad no adeuda
ningún valor por concepto de salario y prestaciones sociales. Asimismo, se
deberá determinar si tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de
servicios.
26. Igualmente, si operó la prescripción trienal frente a los aportes a pensión y si
las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social los debe asumir la entidad
demandada en el 100%.
27. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
28. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial14 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
13 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
14 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
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Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
29. Porsu parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción15 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.
30. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199616 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.
31. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».
32. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
15 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General
de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
16 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos
se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».
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mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202017, respecto de la prima
especial de servicios concluyó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.
33. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,18 10 de septiembre de 202419 y 5 de noviembre 2024.20
34. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202221 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Hechos probados
35. Dentro del proceso se encuentra probado que la actora presta sus servicios
a la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegado ante jueces penales
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:
05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.
Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.
Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
21 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
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Demandante: Sandra Janeth Bernal Ortíz
municipales y de circuito, así22:
-Del 19 de diciembre de 2011 al 12 de enero de 2012, en encargo de funciones23.
-Del 11 de abril de 2012 al 28 de abril de 2012, en encargo del empleo.
-Del 7 de mayo de 2012 al 4 de julio de 2012, en encargo del empleo.
-Del 23 de julio de 2012 al 16 de agosto de 2012, en encargo de funciones24.
-Del 15 de enero de 2013 al 18 de febrero de 2013, en encargo del empleo.
-Del 1 de marzo de 2013 al 22 de julio de 2014, en encargo del empleo.
-Del 8 de marzo de 2016 al 15 de junio de 2016, en encargo del empleo.
-Del 4 de agosto de 2016 ininterrumpidamente25, sin que a la fecha de expedición
de la certificación laboral se reporte retiro del servicio.26
36. Está demostrado que la demandante durante los periodos en que se
desempeñó en encargo del empleo y en provisionalidad percibió el 100% del
sueldo correspondiente al cargo de fiscal y que no reporta ningún emolumento
por concepto de la prima mencionada.27
37. Que el 29 de enero de 202028 la parte actora realizó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.
Caso concreto
38. La Sala advierte, conforme lo señalado en la jurisprudencia,29 que desde el
año 2003 los decretos salariales que rigen a la Fiscalía General de la Nación no
previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí era
procedente como una adición a la asignación básica, según lo dispuesto en la
Ley 476 de 199830, por lo que a partir de dicho año reconoció el 100% de la
asignación básica, y en consecuencia liquidó las prestaciones sociales teniendo
en cuenta dicho emolumento de forma completa. No obstante, se evidencia que
no reconoció ningún concepto por prima especial de servicios del 30%.
22 Índice 3 expediente digital, 4ED_EXPEDIENTEDIGITAL_03DEMANDAPRIMAESPECIAL(.PDF) págs. 67-
68, 71-73 Gestión en otros despachos de Samai.
23 Este periodo lo desempeñó en encargo de funciones y de la certificación laboral se desprende que no
devengó la remuneración para el cargo de fiscal.
24 Este periodo lo desempeñó en encargo de funciones y de la certificación laboral se desprende que no
devengó la remuneración para el cargo de fiscal.
25 Fue posesionada como fiscal delegado ante los jueces penales municipales.
26 Índice 3 expediente digital, 4ED_EXPEDIENTEDIGITAL_03DEMANDAPRIMAESPECIAL(.PDF) págs. 67-
68, 71-73 Gestión en otros despachos de Samai.
27 Índice 3 expediente digital, 4ED_EXPEDIENTEDIGITAL_03DEMANDAPRIMAESPECIAL(.PDF) págs. 69
y 73 Gestión en otros despachos de Samai.
28 Índice 3 expediente digital, 4ED_EXPEDIENTEDIGITAL_03DEMANDAPRIMAESPECIAL(.PDF) págs. 35-
37 Gestión en otros despachos de Samai.
29 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018) conjuez
ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
30 Artículo 1o. Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí
consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial
de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan
o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.
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Demandante: Sandra Janeth Bernal Ortíz
39. Ahora bien, en los preceptos salariales que rigen a la entidad demandada,
expedidos entre 1993 y 2002, sí se estableció la prima especial, consistente en
el 30% de la asignación básica31, lo cual generó que se disminuyeran los ingresos
mensuales de los beneficiarios de esta; por lo que durante ese periodo se restó
la prima especial de servicios del 100% del salario, y por lo tanto el salario y las
prestaciones se liquidaron sobre un 70% de aquel.
40. Así las cosas, la interpretación del Tribunal de instancia resulta equivocada,
en cuanto ordenó la reliquidación y pago de las diferencias de salarios y
prestaciones sociales a partir del 2017, ya que desde el 2003 el salario fue
reconocido en el 100%, sin descontar ninguna suma respecto de la asignación
básica. En consecuencia, lo que procede es el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico, la cual no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión. Lo anterior, se traduce sólo en el pago
del 30% que la demandante no recibió a título de prima especial, por lo que al no
presentarse el indebido descuento del 30% del salario el restablecimiento no
comprende una reliquidación de las prestaciones canceladas.
41. Conforme a lo anterior, se advierte que le asiste razón parcialmente a los
apelantes, por lo que se modificarán los numerales cuarto y quinto de la sentencia
de primera instancia con el fin de reconocer y ordenar el pago de la prima especial
sin carácter salarial a la actora y eliminar el reconocimiento de diferencias
salariales y prestacionales en un periodo en que no había derecho a ello.
42. En cuanto a la prescripción de la cotización a pensión, se advierte que está
íntimamente relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al
ordenar el reconocimiento de dicho emolumento, es deber de la entidad realizar
el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones, de conformidad con la
ley, por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible, no solo por la naturaleza
parafiscal de los mismos sino por la sostenibilidad del sistema32, por lo que le
asiste razón al a quo al haber ordenado el numeral cuarto de la providencia el
reajuste de dichos aportes por todo el tiempo de la vinculación de la demandante,
y en consecuencia el cargo alegado por la entidad demandada no tiene vocación
de prosperidad.
43. Así las cosas, aunque a partir del 2003 los decretos salariales no previeron
la mencionada prima, el reconocimiento de esta sí era procedente como una
31 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima
especial del 30% tienen derecho a ella a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en
el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.
32 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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adición a la asignación básica, en los términos ordenados por el a quo33, por lo
que a partir de dicho año los aportes pensionales deben liquidarse respecto de
la prima especial del 30 %, bajo el entendido de que, en su momento, se hicieron
los aportes de ley sobre el 100% de la asignación básica.
44. Con base en lo expuesto, se ordenará realizar el pago de los aportes con
destino al Sistema de Seguridad Social en Pensiones del 11 de abril de 2012 al
28 de abril de 2012, del 7 de mayo de 2012 al 4 de julio de 2012, del 15 de enero
de 2013 al 18 de febrero de 2013, del 1 de marzo de 2013 al 22 de julio de 2014,
del 8 de marzo de 2016 al 15 de junio de 2016, del 4 de agosto de 2016 y en
adelante, respecto de la prima especial del 30% hasta que desempeñe el cargo
de fiscal delegado ante los jueces municipales, y/o equivalente.34
45. Ahora, frente al argumento de la parte actora de que la entidad asuma el
100% de los descuentos de aportes en salud y pensión, ya que fue quien realizó
una interpretación errada de los decretos salariales, y que de ninguna manera se
le puede imputar responsabilidad alguna al trabajador, se encuentra que el a quo
no dispuso como se debían realizar dichos aportes ni impuso ninguna carga al
demandante frente a dicho aspecto, contrario a lo señalado por el recurrente, y
en ese sentido resulta incongruente ese reparo35.
46. Por otro lado, se dispondrá revocar el numeral primero del fallo impugnado
que se estuvo a lo dispuesto en la providencia del 15 de diciembre de 2020, para
estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 202236 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Además, se declaró la nulidad de la siguiente previsión «ninguna autoridad podrá
establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas
del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos».
47.De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral primero,
y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018); ii) modificar los
numerales cuarto y quinto frente al restablecimiento del derecho; y iii) se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.
33 En el numeral cuarto dispuso «[…] con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión
de jubilación por aportes durante toda la relación laboral».
34 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda-
Subsección A- Sentencia del 22 de enero de 2026, radicado 25000 23 42 000 2022 00698 01 (4891-2024),
magistrado ponente Juan Camilo Morales Trujillo.
35 Como ya lo ha señalado esta Subsección. Ver sentencia del siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Radicación: 15001 23 33 000 2016 00269 02 (0860-2025). Magistrado ponente: Juan Camilo Morales
Trujillo.
36 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
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Condena en costas
48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que los recursos de apelación están siendo concedidos de manera parcial,
por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida
en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
52.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo
resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03
25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia
impugnada, los cuales quedarán en un solo numeral, así:
A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad
demandada a: i) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en
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el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración
mensual, desde el día 29 de enero de 2017 y de ahí en adelante hasta
que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces
municipales, y/o equivalente. La mencionada prima solo constituye factor
salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación. ii) Reconocer y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones y Salud a partir 11 de abril de 2012 al 28 de abril de 2012, del
7 de mayo de 2012 al 4 de julio de 2012, del 15 de enero de 2013 al 18 de
febrero de 2013, del 1 de marzo de 2013 al 22 de julio de 2014, del 8 de
marzo de 2016 al 15 de junio de 2016, del 4 de agosto de 2016 y en adelante
respecto de la prima especial del 30% hasta que desempeñe el cargo de
fiscal delegado ante los jueces municipales, y/o equivalente, conforme a lo
establecido en la Ley.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de la sentencia del 27 de junio
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las
razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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