Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00269-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00269-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2016-00269-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 15001 23 33 000 2016 00269 02 (0860-2025)
Demandante: Francisco Javier Saraza Naranjo y otro
Demandado: Nación - Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
Decisión: Se confirma, se adiciona para condicionar el reconocimiento y estarse
a lo dispuesto en las sentencias de nulidad de los decretos salariales
anuales de 2008 a 2018.
La Sala1 decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia expedida el 7 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.
I. ANTECEDENTES.
Demanda2
1. Los accionantes instauraron demandas en ejercicio del medio de control de la
referencia con el objeto de que se declare la nulidad de los oficios DESTJ15-2387 del 16
de septiembre de 2015 y DESTJ16-88 del 21 de enero de 2016, así como de los actos
fictos configurados por la omisión de respuesta a los recursos de apelación. Además,
solicitaron la inaplicación de los artículos de los decretos salariales que establecieron la
prima especial como parte de la asignación básica.
2. A título de restablecimiento del derecho reclamaron el reconocimiento y pago de
la diferencia salarial y prestacional derivada del porcentaje que se redujo de su
remuneración básica para tenerlo como prima especial, así como la incidencia salarial
del emolumento mencionado durante los periodos en los que han ocupado el cargo de
1 Si bien es cierto que el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves se manifestaba impedido para este tipo de asuntos
al tener vigente un proceso cuyas pretensiones estaban encaminadas al reconocimiento de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, también lo es, que por medio de la sentencia del 16 de septiembre
de 2025 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, fue resuelta dicha controversia; adicionalmente, en
autos del 9 de abril de 2026, expedientes con números internos: 1148-2025, 1401-2025, 3223-2025, 3266-2025,
entre otros, se negó el impedimento que manifestó pues no se configuró el pleito pendiente invocado, razones
por las cuales integra la Sala que resuelve la presente controversia.
2 Mediante auto del 3 de mayo de 2018 expedido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, se ordenó la
acumulación de los procesos de los señores Francisco Javier Saraza Naranjo y Marcela Patricia Arizmendy
Correa.
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Radicación: 15001 23 33 000 2016 00269 02 (0860-2025)
Demandante: Francisco Javier Saraza Naranjo y otro
juez de la Republica. Por último, pidieron que se reconozca la sanción moratoria prevista
en la Ley 244 de 1995, se ordene la indexación, se imponga condena en costas a la
demandada y se dé aplicación a lo dispuesto en el artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.
3. Adujeron que han laborado en la Rama Judicial en diversos periodos, así: a)
Francisco Javier Saraza Naranjo desde el 1 de octubre de 1977 y b) Marcela Patricia
Arizmendy Correa desde el 1 de septiembre de 2007 y actualmente fungen como jueces
de la República. Los días 14 de septiembre de 2015 y «16 de diciembre del 2016»4
presentaron reclamaciones ante la entidad demandada con el fin de lograr el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales adeudadas, que
fueron resueltas desfavorablemente mediante los actos acusados, los cuales se deben
declarar nulos pues a su juicio desconocen los principios constitucionales del derecho
laboral, así como el carácter adicional del emolumento mencionado de conformidad con
el precedente del Consejo de Estado.
Contestación de la demanda5.
4. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones alegando que la prima especial no
tiene carácter salarial salvo para efectos pensionales de conformidad con lo decidido en
la sentencia C 279 de 19966. Agregó que la potestad de expedir los decretos salariales
le corresponde al Gobierno nacional y que esa entidad no está facultada para interpretar
o inaplicar legislación vigente. Por último, formuló las excepciones de cobro de lo no
debido y la innominada.
Sentencia apelada7.
5. El Tribunal Administrativo de Boyacá anuló los actos acusados y declaró probada
parcialmente la excepción de prescripción de los derechos causados con antelación al
14 de septiembre de 2012 respecto de Francisco Javier Saraza Naranjo y del 16 de
diciembre de 2012 en el caso de Marcela Patricia Arizmendy Correa, teniendo en cuenta
que la reclamación administrativa se presentó en las mismas fechas del año 2015, al
tenor de lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; con todo, se abstuvo
de aplicar dicho fenómeno respecto de diferencias de los aportes pensionales8.
Consideró que la prima especial es un emolumento retributivo adicional a la asignación
básica que no tiene carácter salarial salvo para efectos del cálculo de los aportes
3 En adelante CPACA.
4 Así se mencionó en el hecho 15 de la demanda formulada por Marcela Patricia Arizmendy Correa; sin
embargo, más adelante se hará precisión sobre la fecha correcta.
5 Folios 84 a 92 de los expedientes digitalizados, índice 63 de SAMAI de Tribunales.
6 Corte Constitucional, Sentencia C- 279 de 1996 conjuez ponente, Hugo Palacios Mejía.
7 Índice 93 de SAMAI de Tribunal.
8
Si bien en los numerales primero y segundo de la parte resolutiva en los cuales declaró la prescripción,
no excluyó expresamente tales aportes de la configuración de dicho fenómeno, en el numeral quinto, sub
numeral III ordenó el reconocimiento de estas desde el momento en que cada uno de los demandantes
laboró en el cargo de juez y «hasta cuando haya durado o dure su vinculación [...] en el cargo de juez».
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Demandante: Francisco Javier Saraza Naranjo y otro
pensionales, según el precedente del Consejo de Estado9. Respecto a la sanción
moratoria, precisó que no se cumplen los presupuestos para imponerla.
6. En virtud de lo anterior, ordenó el pago de las diferencias salariales y
prestacionales derivadas del porcentaje de la remuneración mensual que fue mermado
para tenerlo a título de prima especial desde la fecha de declaratoria de prescripción
hasta el momento en que los demandantes ocupen el cargo de juez; así como las
diferencias de los aportes pensionales durante los periodos en que se les ha reconocido
la prima especial del 30% y facultó a la entidad a descontarles los valores por tal concepto
y se abstuvo de condenar en costas.
Recurso de apelación.
7. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación10
en el cual adujo que el reconocimiento ordenado desconoce el régimen salarial vigente y
el tope salarial previsto para el cargo ocupado por los demandantes. Adicionalmente, se
refirió a la incongruencia que contiene la sentencia apelada respecto al reconocimiento
del ajuste en los aportes pensionales, pues dicho aspecto no fue solicitado en las
demandas; además se omitió emitir pronunciamiento sobre el valor que deben asumir los
demandantes por tales aportes.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
8. Mediante auto del 14 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación11, en el
término de ejecutoria no hubo pronunciamiento de las partes ni del Ministerio Público12.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
9. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
10. En concordancia con los reparos concretos formulados en el recurso de
apelación, esta Sala debe determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá omitió
considerar el régimen salarial vigente, el tope de remuneración previsto para el cargo de
juez de la República; así como examinar si incurrió en incongruencia al ordenar el reajuste
de los aportes pensionales, toda vez que ello no fue solicitado en las demandas, y si se
9 Puntualmente lo resuelto en las sentencias del del 29 de abril de 2014, radicación 11001 03 23 000 2007
00087 00 (1686-07) conjuez ponente, María Carolina Rodríguez, y 2 de septiembre de 2019, radicación
41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-18) conjuez ponente, Carmen Anaya de Castellanos.
10 Índice 98 de SAMAI de Tribunal.
11 Índice 4 de SAMAI.
12 Índice 10 de SAMAI.
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Demandante: Francisco Javier Saraza Naranjo y otro
abstuvo de pronunciarse sobre el descuento del valor que le corresponde a los
demandantes respecto de estos.
Análisis del problema jurídico
11. La Sala anuncia que, si bien confirmará el fallo de primera instancia, se adicionará
para condicionar el reconocimiento al tope salarial impuesto por Gobierno nacional y
ordenar estarse a lo resuelto en las sentencias de simple nulidad de los decretos
salariales que rigen a la entidad, expedidos entre 1993 y 2018.
12. En el sub lite se encuentra acreditada la vinculación laboral de los demandantes
y la presentación de las reclamaciones administrativas, así:
• Francisco Javier Saraza Naranjo ha laborado en la Rama Judicial en el cargo de
juez de la Republica13 desde el 1 de febrero de 2012 y para el 1 de noviembre de
2018 continuaba en ese cargo14. Además, radicó reclamación administrativa el 14 de
septiembre de 201515, dirigida a obtener el reconocimiento de las diferencias por
concepto del 30% de salario que fue descontado para tenerlo a título de prima
especial.
• Marcela Patricia Arizmendy Correa ha laborado en la Rama Judicial en el cargo de
juez de la Republica16 desde el 19 de septiembre de 2005 y para el 1 de noviembre
de 2018 continuaba en ese cargo17. Además, radicó su reclamación administrativa el
16 de diciembre de 201518.
13. El primer problema jurídico se centra en exponer que el reconocimiento ordenado
contraviene el régimen salarial de los demandantes. Sobre ello, se debe indicar que los
decretos salariales anuales que aplicó la entidad para liquidar la remuneración de los
demandantes establecieron la prima especial como una reducción del 30% de la
asignación básica, en lugar de reconocer dicho porcentaje como una retribución
adicional. Por esa causa, en las sentencias del 29 de abril de 201419 y 9 de abril de 202420
de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos expedidos entre 1993 y 2018, pues tal regulación implicó el
desconocimiento de los derechos de los beneficiarios de dicha prima y en ese contexto
fue acertada la decisión del Tribunal al ordenarla como un emolumento retributivo
adicional a la asignación básica.
13 Se precisa que en la certificación laboral también se refiere el servicio prestado en otros empleos, en la
Rama Judicial, desde el 1 de octubre de 1977.
14 De conformidad con la certificación laboral con fecha de expedición del 1 de noviembre de 2018, folio
140 del expediente digitalizado índice 63 de SAMAI de Tribunales.
15 Folios 19 a 23 del expediente digitalizado, ibidem.
16 En la certificación se refiere que con antelación a esa fecha laboró en otro empleo en la Rama Judicial
desde el 1 de octubre de 2004.
17 De conformidad con la certificación laboral con fecha de expedición del 1 de noviembre de 2018, folio
168 del expediente digitalizado, ibidem.
18 La cual tenía el mismo propósito que la formulada por el demandante mencionado previamente. Folios 19 a
22 del expediente digitalizado, ibidem.
19 Radicado 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07).
20 Radicado 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019).
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Demandante: Francisco Javier Saraza Naranjo y otro
14. En consecuencia, se adicionará la sentencia de primera instancia para estarse a
lo resuelto en las providencias mencionadas, en tanto que retiraron del ordenamiento
jurídico algunas de las disposiciones que sirvieron de base para la incorrecta liquidación
y pago del emolumento que se discutió en este proceso. La anterior interpretación se
extiende respecto de los decretos salariales posteriores, en la medida en que constituyan
una reproducción de lo dicho en los anulados.
15. El segundo planteamiento del recurso consiste en cuestionar que el a quo no
hubiera sujetado el reconocimiento al tope salarial establecido por el Gobierno nacional
según el cargo ocupado por los demandantes. En efecto, al revisar la sentencia apelada
se observa que se omitió imponer dicho límite, por consiguiente, resulta necesario
adicionarla con el fin de condicionar el reconocimiento al tope remuneratorio, según los
cargos ocupados por los demandantes21, al tenor de lo establecido en el Decreto 1251
de 2009.
16. En el tercer problema jurídico se expone la presunta incongruencia en que habría
incurrido el Tribunal al ordenar los aportes con destino al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones a pesar de que no fueron solicitados. Al respecto, se debe precisar que los
aportes pensionales constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable22 a favor
del trabajador y por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 son
obligatorios, por lo tanto, no resulta errada la orden emitida por el a quo al haber decidido
favorablemente sobre ellos.
17. Adicionalmente, la Sala considera que tanto en las reclamaciones
administrativas23 como en las pretensiones cuarta y quinta de las demandas se solicitó
«reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales y cesantías del actor»24, en ese
orden de ideas, se entiende que dentro del concepto de «prestaciones sociales» están
inmersos los aportes pensionales, pues son el insumo para el reconocimiento de la
pensión y ello justifica el pronunciamiento judicial en esa materia. En consecuencia, no
prospera el reparo planteado por la demandada.
18. Finalmente, la entidad controvirtió la falta de pronunciamiento sobre los valores
que los demandantes deben asumir frente a las diferencias de los aportes pensionales,
aspecto sobre el cual hubo pronunciamiento expreso en los numerales cuarto y quinto de
21
Para el cargo de juez de la República el tope remuneratorio, está dado por el Decreto 1251 de 2009 y
demás normas complementarias.
22 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles
del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
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En los numerales 2 y 3 se solicitó «reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales».
24 Se refiere en singular porque las demandas fueron radicadas separadamente por cada uno de ellos. Folios
60 y 61 de los expedientes digitalizados, índice 63 de SAMAI de Tribunales.
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la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, sub numerales III25, y en ese
sentido resulta incongruente ese reparo.
Condena en costas.
19. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
20. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
21. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
22. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas pues el
recurso de apelación prosperó parcialmente, por manera que no puede predicarse que
alguna de las partes haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá
de la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia expedida el 7 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, así:
Estarse a lo resuelto en las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9 de abril de 2024, de
la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitidas en los procesos 11001 03 25 000
2007 00087 00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019),
respectivamente, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones.
25
En los cuales se ordenó «descontar a las condenas el aporte pensional correspondiente al demandante».
Índice 67 de SAMAI de Tribunales.
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Radicación: 15001 23 33 000 2016 00269 02 (0860-2025)
Demandante: Francisco Javier Saraza Naranjo y otro
Los reconocimientos que se ordenan están sujetos a que en ningún caso se podrá superar
el tope salarial impuesto por el Gobierno nacional.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DVM
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