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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00354-02

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00354-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias expedidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo radicados 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07) del 29 de abril de 2014 y 110010325000201900609 00 (4735-2019) del 9 de abril de 2024, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia impugnada, el cual quedará así: www.consejodeestado.gov.co 13 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 68001-23-33-000-2016-00354-02 (1323-2025) Demandante: Reynaldo Rueda Gómez «TERCERO. COMO RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se ordena a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a: i) reconocer, reliquidar y pagar las diferencias correspondientes a los ingresos mensuales sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales al actor, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios es adicional a la remuneración básica y no tiene carácter salarial; iii) lo anterior será reconocido del 8 de julio de 2012 y de ahí en adelante hasta que desempeñe el cargo de juez y/o equivalente. CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 28 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. QUINTO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander. SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2016-00354-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de junio de 2026

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00354-02 (1323-2025)
Demandante: Reynaldo Rueda Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00354-02 (1323-2025)
Demandante: Reynaldo Rueda Gómez
Demandado: Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: E starse a lo resuelto, modifica numeral tercero frente al
restablecimiento, y confirma en lo demás. Con condena en
costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 28 de
marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución No. 3935 del 9 de julio
de 2015,2 mediante la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga negó el reconocimiento y pago del reajuste de la prima
especial de servicios a la parte actora, y el acto ficto o presunto derivado de la
falta de respuesta al recurso de apelación. Igualmente, solicitó la inaplicación de
los decretos salariales que regulan la prima especial de servicios de 2012 a 2015.

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso. Cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves manifestaba
impedimento para conocer de asuntos relacionados con la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de
1992, por tener un proceso en trámite en el que se debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante
sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada, por lo que a la fecha no
existe pleito pendiente entre las partes o interés actual sobre la controversia. Por otra parte, se advierte que
el ponente en casos anteriores había manifestado impedimento por pleito pendiente; sin embargo, este fue
resuelto por la Sala mediate auto del 9 de abril de 2026, declarándolo infundado.
2 Índice 55 expediente digital, 002Demanda págs. 43-48, gestión en otros despachos de Samai.

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Demandante: Reynaldo Rueda Gómez

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó:3 «TERCERA). […]
reconozcan y paguen al señor Juez Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Bucaramanga Dr. Reynaldo Rueda Gómez, los valores que por
conceptos de prestaciones sociales como primas, cesantías vacaciones, intereses a Ias
cesantías, bonificación de servicio y bonificación por actividad judicial y demás
emolumentos que la entidad demandada le adeude desde el año de 1.993 hasta la fecha
y los años que se sigan causando durante el trámite de la presente demanda hasta
cuando se produzca el pago de las prestaciones económicas que ordene la sentencia,
mediante la cual ponga fin al proceso, sumas que resultan de aplicar el 30% de prima
especial como salario […].

[…] QUINTA. RELIQUIDE, RECONOZCA Y PAGUE a mi poderdante desde el 1° de
enero de 1.993 hasta la fecha de la presentación de este medio de control y en adelante,
todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, como prima de navidad, prima
de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, bonificación por servicios
prestados y bonificación por actividad judicial y demás prestaciones y emolumentos
laborales que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y causen,
teniendo como base para la liquidación, el 100% de su remuneración básica mensual
legal […] incluyendo por tanto, con carácter salarial el 30% de su sueldo básico, que la
administración judicial ha tomado de este para denominarlo prima especial sin carácter
salarial, creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por lo que hasta ahora le ha
liquidado sus prestaciones con el 70% de sueldo básica mensual».

Hechos que fundamentan la demanda

4. El actor presta sus servicios a la Rama Judicial como juez promiscuo municipal
y juez penal municipal para adolescentes con funciones de garantías, desde el
18 de febrero de 1985.

5. Elevó petición ante la entidad demandada4, solicitando el reajuste de la prima
especial de servicios. La anterior solicitud fue resuelta de manera negativa
mediante los actos acusados.

Fundamentos de derecho

6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 150 y 215 de la Constitución Política; 12 del Decreto
717 de 1978; 14 del Código Sustantivo del Trabajo; 2, 4, 10 y 14 de la Ley 4 de
1992; y 152 de la Ley 270 de 1996; y las Leyes 482 de 1998 y 1437 de 2011.

7. Al desarrollar el concepto de violación, el actor señaló que la prima especial
de servicio, prevista en el artículo 14 de Ley 4 de 1992, corresponde al 30% de
la remuneración mensual, debe tener carácter salarial y efectos en la liquidación
de todas las prestaciones sociales, en tanto estas se hacen por el 70% tomado
como salario básico.

3 Se hace transcripción textual de las pretensiones de la demanda de los numerales 3 y 5.
4
En los hechos de la demanda no se relaciona la fecha de la petición.

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Demandante: Reynaldo Rueda Gómez

Contestación de la demanda

8. La Rama judicial contestó la demanda5 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por considerar que la prima especial no tiene carácter salarial, lo
que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para la
liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de
cesantía y bonificación por servicios prestados, ya que fue objeto de análisis y
decisión de fondo por la Corte Constitucional.

9. Además, presentó las excepciones de «caducidad», «falta de legitimación en
la causa por pasiva», y «prescripción».

Sentencia de primera instancia

10. Mediante sentencia del 28 de marzo de 2025,6 el Tribunal Administrativo de
Santander accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Para arribar a esa
decisión, el a quo concluyó que una cosa es que la prima especial de servicios
equivalente al 30% del salario no tenga carácter salarial como base para liquidar
las prestaciones sociales, excepto la pensión, y otra distinta es, como lo ha hecho
el Gobierno nacional en los decretos anuales expedidos a partir de 1993, englobar
dentro del concepto de asignación básica también el de prima, para quitarle los
efectos salariales a ese porcentaje (30%).

11. Por otro lado, señaló que «es preciso advertir que la fijación del litigio realizada
en la mencionada audiencia incluyó, de manera errónea, como problema jurídico,
una pretensión que no fue objeto de la demanda, cual es el reconocimiento de la
prima especial del 30% como un pago adicional (plus) al salario básico mensual.
Esta situación no constituye obstáculo para que la Sala corrija dicha equivocación,
en virtud del principio de congruencia y el deber de resolver el litigio conforme a
los términos precisos en que fue planteado el debate por el demandante».

12. Frente a la prescripción determinó que solo procede el pago de las diferencias
causadas a partir del 8 de julio de 2012, pues el actor presentó la reclamación
administrativa el 8 de julio de 2015.

13. En consecuencia, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción,
la nulidad de los actos administrativos demandados, y a título de restablecimiento
del derecho dispuso:

«TERCERO: CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha
hecho, a reliquidar y pagar las prestaciones sociales devengadas por REYNALDO
RUEDA GÓMEZ, causadas desde el 08 de julio de 2012 —en virtud del fenómeno
prescriptivo— y hacia adelante hasta cuando por razón del cargo tenga derecho,
sobre el 100% de su asignación básica mensual, es decir, teniendo en cuenta para

5 Índice 55 expediente digital, 034EscritoContestacion, gestión en otros despachos de Samai..
6 Índice 70, gestión en otros despachos de Samai.

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Demandante: Reynaldo Rueda Gómez

el efecto el 30% que en su momento se había descontado erróneamente del salario
básico a título de prima especial de servicios».

14. Finalmente, el Tribunal no condenó en costas.

Recurso de apelación

• La parte demandante

15. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió
en apelación7.

16. En su intervención, señaló que el Tribunal modificó la fijación de litigio, pues
solo se pronunció sobre «si el demandante tiene derecho a que se le ordene la
reliquidación de sus prestaciones sociales, considerando como factor salarial de
liquidación el 100% de su asignación básica mensual, en los términos previstos
en el artículo 14 de la ley 4 de 1.992 y la jurisprudencia aplicable» y dejó de
pronunciarse frente al «pago de la prima especial del 30% sobre el valor del 100%
de su salario como plus», ya que consideró que dicha pretensión no había sido
solicitada en la demanda.

17. En consecuencia, afirmó que la sentencia incurrió en una incongruencia al
desconocer la prima especial del 30% sobre el valor del 100% de su salario como
un plus, conforme se determinó en la fijación del litigio.

• La parte demandada

18. La apoderada de la parte demandada recurrió en apelación 8 la sentencia de
primera instancia.

19. Adujo que acceder a las pretensiones de la demanda implicaría modificar un
régimen salarial claramente definido y establecido en normas superiores, facultad
que no le compete a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ni a sus
Seccionales, sino al ejecutivo, por expresa disposición legal. Asimismo, resaltó
que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial.

20. Además, invocó la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues consideró
que cualquier decisión que se tome afectaría el Presupuesto General de la Nación,
por lo que deben ser convocados al presente proceso como litisconsortes
necesarios el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo
de la Función Pública, ya que la Rama Judicial solo ejecuta las disposiciones
expedidas por el Gobierno nacional.

21. También señaló que el demandante debió solicitar la nulidad de los decretos

7 Índice 72, gestión en otros despachos de Samai.
8 Índice 73, gestión en otros despachos de Samai.

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Demandante: Reynaldo Rueda Gómez

«383 y 384 del 2013,10 de 1993 y los Decretos números 053 y 057 de 1993; 106
de 1994; 043 y 049 de 1995; 36 y 108 de 1996; 054 y 076 de 1997; 050 y 64 de
1998; 038 y 044 de 1999; 2740 y 2743 de 2000; 1480, 2720 y 2777 de 2001; 673
y 685 de 2002; 3569 de 2003; 4172, art. 7° de 2004, 969, art. 7° de 2005; 389, art.
7° de 2006; 618, art. 7° de 2007; 658, art. 7° de 2008 y 723, art. 7° de 2009; 1388
de 2010; 1039 de 2011; 0874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014 y siguientes»,
dentro del término contemplado en el artículo 138 del CPACA, por lo que
consideró que operó el término de la caducidad para aquellas pretensiones de
inaplicabilidad.

22. Agregó que, conforme al Decreto 272 de 2021, desde el mes de abril de 2021
ha venido pagando la prima especial del 30%, como valor adicional a la asignación
básica, y que frente a los años anteriores no cuenta con la apropiación
presupuestal para cubrir dichas acreencias laborales.

23. Finalmente, solicitó que no fuera condenado en costas.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

24. Porauto del 21 de noviembre de 20259, se admitieron los recursos de
apelación, y se ordenó correr traslado a las partes y al agente del Ministerio
Público para que presentaran sus alegatos de conclusión.

25. La parte demandada10 presentó escrito de alegatos pronunciándose frente al
recurso interpuesto por el actor, y señaló que no había lugar a pronunciarse por
parte de la primera instancia sobre el reconocimiento de «la prima especial del
30%” sobre el valor del 100% de su salario como un plus», pues ello no fue
solicitado previamente ante la entidad.

26. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

27. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverán las apelaciones, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

28. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los

9 índice 4 de Samai.
10 Índice 10 de Samai.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

29. Le corresponde a la Sala establecer si el actor tiene derecho a que se reliquiden
las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación o si, por el
contrario, esta se encuentra conformada por el 70% del sueldo y el 30% de la
prima especial que no tiene carácter salarial; si los decretos expedidos por el
Gobierno nacional que regulan dicho emolumento gozan de presunción de
legalidad. Asimismo, se deberá determinar si la sentencia impugnada vulneró el
principio de congruencia por no haberse pronunciado frente al reconocimiento de
la prima especial de servicios como un plus al salario.

30. Igualmente, si la Rama Judicial carece de legitimación en la causa, si operó la
caducidad de la acción frente a los preceptos respecto de los cuales se solicitó su
inaplicación, si la demandada ha cancelado la mencionada prima conforme al
Decreto 272 de 2021, y si existe una imposibilidad presupuestal por parte de la
demandada para efectuar el pago de lo pretendido.

31. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; 2. Hechos probados; y 3. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

32. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial12 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que
trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional
del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y
Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

33. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin

12 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».

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embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201413 bajo el argumento de que «de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de
la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los
salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».

34. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201914, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.

35. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias 11 de

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen

Anaya De Castellanos (Conjuez)

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Demandante: Reynaldo Rueda Gómez

julio de 202315, 5 de septiembre de 202316, 5 de diciembre de 202317, 6 de agosto
de 202418 y 18 de diciembre de 202419.

36. Posteriormente, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de 202420,
declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos
entre los años 2008 y 2018, pues bajo idéntico criterio se insistió en que el 30%
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».

Hechos probados

37. En el expediente está acreditado que el actor ha prestado sus servicios a la
Rama Judicial, sin interrupción, como juez promiscuo municipal21 desde 6 de
octubre de 1986, sin que a la fecha de expedición de la certificación laboral se
reporte retiro del servicio.22

38. Que ha percibido desde un principio la remuneración mensual y las
prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene derecho, ya que la
Administración ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, lo
que arroja un 70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el salario
como las prestaciones sociales23.

39. Que el 8 de julio de 2015,24 el actor le solicitó a la demandada el reajuste de la
prima especial de servicios, pero esta petición fue negada mediante los actos
demandados.

Caso concreto

40. La Sala advierte que la entidad demandada ha restado la prima especial de
servicios del 100% del salario, en aplicación de una interpretación equivocada de
los decretos expedidos por el Gobierno nacional, a través de los cuales se
desarrolló el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por lo que el salario y las
prestaciones devengados por el demandante se liquidaron sobre un 70% de
aquel.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.

Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.

Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
21 El demandante acredita vinculación como juez en periodos anteriores con interrupción del 18/02/1985-

30/08/1985, del 18/09/1985 al 6/11/1985, el 6/12/1985 al 30/12/1985, del 02/05/1986 al 23/05/1986, del
1/07/1986 al 22/07/1986.
22 Ver índice 55 expediente digital, 002Demanda, pág. 63, gestión en otros despachos de Samai. Fecha de

certificación 3 de noviembre de 2015.
23 Ver índice 55 expediente digital, 002Demanda, págs. 64-71 41 gestión en otros despachos de Samai.
24 Índice 55 expediente digital, 002Demanda, págs. 34-41 gestión en otros despachos de Samai.

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00354-02 (1323-2025)
Demandante: Reynaldo Rueda Gómez

41. En consecuencia, el señor Reynaldo Rueda Gómez tenía derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, y de sus
prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin
restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión. Distinto es que el 30% que fue
erradamente descontado de su remuneración mensual para tenerlo a título de
prima especial, sí tiene carácter salarial e incidencia prestacional, ya que
constituye un porcentaje de la asignación básica que fue descontado por una
exégesis errada por parte de la entidad demandada, por lo que no le asiste razón
a la entidad apelante en cuanto se esté modificando el régimen salarial del
demandante.

42. Asimismo, aunque la Rama Judicial sostuvo que actuó conforme a los decretos
salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional y que gozan de presunción
de legalidad, lo cierto es que, mediante sentencia del 29 de abril de 201425 se
declaró la nulidad de los apartes de los decretos salariales emitidos entre 1993 a
2007, que establecieron la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 como una reducción del salario y no como un pago adicional equivalente
al 30% de aquel. Igualmente, mediante fallo del 9 de abril de 2024, esta
Corporación declaró la nulidad de los decretos emitidos entre el 2008 y 2018 que,
«establecieron la prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del
salario», e indicó que «la nulidad que se declara no implica que la prima especial
sin carácter salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores
públicos beneficiarios, desaparece del mundo jurídico, sino que, tal como se
desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la
norma legal, artículo 14 de la Ley 4ª de1992». En consecuencia, se dispondrá
estarse a lo resuelto en las sentencias expedidas por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo radicados 11001 03 25 000 2007
00087 00 (1686-07) del 29 de abril de 2014 y 110010325000201900609 00 (4735-
2019) del 9 de abril de 2024.

43. Frente a lo señalado por la entidad demandada de que deben ser convocados
al presente proceso como litisconsortes necesarios el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
y el Departamento Administrativo de la Función Pública, revisado el expediente se
advierte que en la contestación de la demanda la entidad alegó la excepción de
«falta de legitimación en la causa por pasiva», bajo los mismos argumentos que
expone en el recurso alzada, la cual fue negada por el Tribunal de instancia en la
audiencia inicial26, sin que la parte interesada la hubiere recurrido, por lo que dicha
decisión quedó en firme.

25 Proceso 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07).
26 Índice 55 expediente digital, 042ActaAudienciaInicial, gestión en otros despachos de Samai.

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Demandante: Reynaldo Rueda Gómez

44. Por otro lado, frente a la caducidad alegada por la entidad demandada se
advierte que sus argumentos van dirigidos a señalar que la parte actora pudo
haber demandado los decretos salariales relacionados con la «bonificación
judicial»27, dentro del término contemplado en el artículo 138 del CPACA. Al
respecto, se encuentra que el presente proceso se refiere al reajuste del salario y
las prestaciones sociales, ya que la remuneración mensual del actor fue
disminuida en un 30%, para tomarla como prima especial de servicios, y no frente
a la bonificación judicial, sumado a que el a quo no dispuso ninguna orden en el
fallo impugnado frente a dicho emolumento o inaplicación de tales decretos, y en
ese sentido resulta incongruente ese reparo28.

45. Respecto del argumento de la entidad de que a partir del Decreto 272 de 2021
ha pagado la prima especial en un porcentaje del 30% adicional a la asignación
básica mensual. Revisado el expediente, tal afirmación no fue acompañada de
ninguna prueba que pueda dar por acreditado ello.

46. Y frente al argumento de que está en imposibilidad presupuestal para reconocer
el reajuste ordenado, es del caso señalar que el derecho que le asiste al actor no
puede estar condicionado al trámite administrativo que la accionada deberá
adelantar ante el organismo correspondiente para que se asigne el rubro
destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de desconocer el
núcleo esencial del debido proceso y el Estado Social de Derecho.

47. De otro lado, la parte actora sostuvo que la sentencia de primera instancia
vulneró el principio de congruencia, pues modificó la fijación de litigio y no se
pronunció sobre «el pago de la prima especial del 30% sobre el valor del 100% de
su salario como plus».

48. Al respecto, se tiene que los supuestos que dan lugar a la incongruencia de la
sentencia se verifican cuando al demandado se le condena por cantidad superior
a la pedida (“ultra petita”), o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente a la invocada en la misma (“extra petita”), o cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones (“minus petita”)29.

49. Ahora bien, una de las garantías del debido proceso consiste en el límite que
tiene la judicatura de no introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de

27
Menciona los decretos «383 y 384 del 2013,10 de 1993 y los Decretos números 053 y 057 de 1993; 106
de 1994; 043 y 049 de 1995; 36 y 108 de 1996; 054 y 076 de 1997; 050 y 64 de 1998; 038 y 044 de 1999;
2740 y 2743 de 2000; 1480, 2720 y 2777 de 2001; 673 y 685 de 2002; 3569 de 2003; 4172, art. 7° de 2004,
969, art. 7° de 2005; 389, art. 7° de 2006; 618, art. 7° de 2007; 658, art. 7° de 2008 y 723, art. 7° de 2009;
1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014 y siguientes».
28
Como ya lo ha señalado esta Subsección. Ver sentencia del siete (7) de mayo de dos
mil veintiséis (2026). Radicación: 15001 23 33 000 2016 00269 02 (0860-2025). Magistrado ponente:
Juan Camilo Morales Trujillo.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 22,

sentencia del 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes
Barreiro.

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Demandante: Reynaldo Rueda Gómez

hecho, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna
defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las
personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de
principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio
procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez de manera que
lo resuelto guarde identidad jurídica con las peticiones y excepciones propuestas
por las partes en el marco del litigio, salvo que la ley otorgue facultades oficiosas
al juez30. Cuando se supera este marco de operatividad se produce el
quebrantamiento del principio de congruencia.

50. Revisado el expediente, la Sala encuentra que en las pretensiones de la
demanda se solicitó condenar a la accionada a que: «[…] RELIQUIDE,
RECONOZCA Y PAGUE a mi poderdante desde el 1° de enero de 1.993 hasta la
fecha de la presentación de este medio de control y en adelante, todas sus
prestaciones sociales, salariales y laborales, […] teniendo como base para la
liquidación, el 100% de su remuneración básica mensual legal conforme lo
señalado por el Honorable Consejo de Estado - Sección Segunda en la sencida
(sic) de abril 29 de 2014, dentro del proceso No. 2007- 00087-00, incluyendo por
tanto, con carácter salarial el 30% de su sueldo básico, que la administración
judicial ha tomado de este para denominarlo prima especial sin carácter salarial,
creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por lo que hasta ahora le ha liquidado
sus prestaciones con el 70% de sueldo básico mensual».

51. Asimismo, se advierte en el acápite de hechos y en el concepto de violación el
actor indicó que «como funcionario judicial tiene derecho además de la
remuneración mensual a una Prima Especial de Servicios, que asciende al 30%
del salario devengado».

52. A su vez, ante la entidad demandada el interesado peticionó «reconocer y
ordenar a la División de Recursos Humanos de la Dirección de Administración
Judicial de Bucaramanga o a quien corresponda, la reliquidación y reajuste de los
salarios adicionando la Prima Especial de Servicios prevista en el Art. 14 de ley 4
de 1992, como Remuneración Mensual ordenada por el Gobierno Nacional, en el
equivalente al 30% […]»31.

53. Ahora bien, la Sala advierte que la fijación de litigio32 obedece a un análisis
integral del escrito de demanda y su contestación. Igualmente, debe recordarse

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2013-01223-00(3095-13), C.P. César Palomino
Cortés; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-26-
000-2019-00001-00 (63.104), C.P. María Adriana Marín.
31
Subrayado fuera de texto.
32
ARTÍCULO 180. AUDIENCIA INICIAL. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de
reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a
las siguientes reglas:
[…]
7. Fijación del litigio. Una vez resueltos todos los puntos relativos a las excepciones, el juez indagará a las
partes sobre los hechos en los que están de acuerdo, y los demás extremos de la demanda o de su reforma,
de la contestación o de la de reconvención, si a ello hubiere lugar, y con fundamento en la respuesta
procederá a la fijación de litigio.

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que el artículo 281 del Código General del Proceso establece que la sentencia
debe guardar consonancia con «los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la
ley». Lo anterior, reafirma la postura de que la fijación del litigio realizada en la
audiencia inicial tiene un carácter provisional, razón por la que, en la sentencia se
debe estructurar el problema jurídico que tenga en cuenta las pruebas legal y
oportunamente recaudadas, los argumentos expuestos por las partes y la línea
jurisprudencial aplicable al caso concreto, cumpliendo así con el principio de
consonancia que debe existir entre la sentencia y el libelo introductorio.

54. Así las cosas, esta Corporación ya ha señalado que la fijación del litigio no
constituye una camisa de fuerza para el operador judicial, pues en aras de hacer
efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia, el juez se encuentra
facultado para determinar si la decisión debe limitarse al problema jurídico
planteado en la audiencia inicial o si este debe ser variado33, por lo que el Tribunal
al haber modificado la fijación de litigio no vulneró el principio de congruencia.

55. No obstante lo anterior, la Sala advierte que hubo una imprecisión por parte del
Tribunal en afirmar que el actor no solicitó el reconocimiento de la prima como un
adición al salario, y a su vez ordenar en la sentencia impugnada «reliquidar y
pagar las prestaciones sociales devengadas […], sobre el 100% de su asignación
básica mensual, es decir, teniendo en cuenta para el efecto el 30% que en su
momento se había descontado erróneamente del salario básico a título de prima
especial de servicios». Lo anterior, evidencia que el a quo, en la parte resolutiva
del fallo, reconoció implícitamente que dicha prima es adicional a la asignación
básica, y que no debe ser descontada de ésta última.

56. Por lo tanto, si bien no hay lugar a reconocer diferencia alguna por concepto de
la mencionada prima, ya que en el presente caso lo que se dejó de reconocer al
actor fue su asignación básica de manera completa, pues fue disminuida en un
30%, con fin de dar claridad al restablecimiento deprecado se modificará el
numeral tercero para precisar que procede: i) reconocer, reliquidar y pagar las
diferencias correspondientes a los ingresos mensuales sobre la base del salario
básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios
contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; y ii) reconocer, reliquidar y pagar
las prestaciones sociales al actor, liquidadas sobre la base de todo el salario
básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de
servicios es adicional a la remuneración básica y no tiene carácter salarial.

57. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) estarse a lo resuelto en las
sentencias expedidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, bajo radicados 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07) del 29 de
abril de 2014 y 110010325000201900609 00 (4735-2019) del 9 de abril de 2024;

33 Consejo de Estado- Sección Tercera- Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2020, referencia No.

18001-23-33-000-2013-00151-02.

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ii) modificar el numeral tercero frente al restablecimiento del derecho; y iii) se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.

Condena en costas

58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

61. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Respecto a la parte demandante no
se condenará ya que su recurso prosperó parcialmente. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.

62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias expedidas por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo radicados 11001 03 25
000 2007 00087 00 (1686-07) del 29 de abril de 2014 y 110010325000201900609
00 (4735-2019) del 9 de abril de 2024, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia impugnada, el cual
quedará así:

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Demandante: Reynaldo Rueda Gómez

«TERCERO. COMO RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se ordena a LA
NACIÓN - RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, a: i) reconocer, reliquidar y pagar las diferencias correspondientes a los
ingresos mensuales sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que
corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales al actor,
liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste
el 30%, ya que la prima especial de servicios es adicional a la remuneración
básica y no tiene carácter salarial; iii) lo anterior será reconocido del 8 de julio
de 2012 y de ahí en adelante hasta que desempeñe el cargo de juez y/o
equivalente.

CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 28 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones y con las
precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada. Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.

SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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