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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00913-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00913-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR parciamente la sentencia del Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme a lo explicado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR Y ADICIONAR la letra a) del numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de precisar que, la base salarial para la liquidación de las prestaciones sociales legales reconocidas será el salario devengado por un profesional especializado grado 27 de la planta de personal de la SED, oficina de nóminas y se reconoce la diferencia salarial entre lo percibido por la actora y la remuneración de dicho empleo. TERCERO: Sin costas en esta instancia. 28 Folios 174 a 178 expediente físico Número interno: 0778-2025 Demandante: Julia Zoraida Romero Chaparro Demandado: Distrito Capital de Bogotá-secretaría de educación- CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00913-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Siete (7) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 25000-23-42-000-2020-00913-02 (0778-2025)1
Demandante : Julia Zoraida Romero Chaparro
Demandado : Distrito Capital de Bogotá-secretaría de educación-SED
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Relaciones laborales encubiertas
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia
del Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F” que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

1.2 Pretensiones2

1. La señora Julia Zoraida Romero Chaparro, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en el
oficio No. S-2019-124335 del 2 de junio de 2019, mediante el cual se negó el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral que,
en su sentir, existió entre las partes.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que: i) luego de la declaratoria de una
relación legal y reglamentaria entre las partes, desde 1 de agosto de 2013 al 30 de
diciembre de 2017, ii) se condene a la secretaría de educación del Distrito de Bogotá, al

1
Expediente híbrido
2
Expediente físico del Tribunal de origen, págs. 1 a 16.

Número interno: 0778-2025
Demandante: Julia Zoraida Romero Chaparro
Demandado: Distrito Capital de Bogotá-secretaría de educación-

pago de todos los derechos salariales, prestaciones sociales, seguridad social y demás
emolumentos dentro del periodo ya referido, entre ellos, liquidar y pagar el auxilio de
cesantías así como los intereses a las cesantías, prima de vacaciones, bonificación por
recreación, prima semestral de servicios, prima de navidad, entre otros; correspondientes
al tiempo laborado así como su indemnización moratoria; iii) que se condene a la
demandada al pago de indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo
sin justa causa; iv) que se condene al pago de costas.

1.2 Hechos y omisiones

3. Señaló que, entre el 21 de agosto de 2013 y el 30 de diciembre de 2017 fue vinculada
a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá mediante contratos sucesivos de
prestación de servicios, en virtud de los cuales desarrolló la labor misional de la entidad,
con objeto de “prestar apoyo en la Dirección de talento humano con el fin de garantizar
el pago oportuno de la nómina de los docentes, directivos docentes, y administrativos de
los establecimientos educativos de la SED; el cual llevó a cabo dentro de la Oficina de
Nómina”.

4. Que el tiempo total del servicio ascendió a cuatro (4) años, cinco (5) meses, sin que
operara solución de continuidad; tiempo durante el cual, recibió remuneración por su
servicio el cual discrimina por valor de contrato en meses y días.

5. Durante el periodo referido, no se le pagó ningún tipo de prestación social y tampoco
indemnización por terminación del contrato.

6. Durante toda esa relación cumplió sus labores de forma personal y directa, en las
instalaciones de la SED, cumpliendo un horario de trabajo, con uso de elementos
suministrados por la entidad, y bajo continua y diaria subordinación, en su calidad de
empleada pública nivel profesional del grado 27.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Invocó los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, artículo 19 de la ley 760 de
2002, artículo 27 y 48 de la ley 734 de 2002, Decreto 3135 de 1968, Decreto 3148 de
1968, Decreto Reglamentario 1848 de 1969, Decreto 1042 de 1978 y 1045 de 1978,
Decreto 797 de 1949, que modificó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, Ley
50 de 1990, Decreto 451 de 1984, Ley 995 de 2005, Decreto 404 de 2006, y Decreto

Número interno: 0778-2025
Demandante: Julia Zoraida Romero Chaparro
Demandado: Distrito Capital de Bogotá-secretaría de educación-

1374 de 2010; al considerar que: i) el acto demandado violó el principio de primacía de
la realidad sobre las formalidades, ii) incurrió en falsa motivación, al negar la existencia
de vínculo laboral, iii) existe desviación de poder, dada la actuación arbitraria de la entidad
al vincular con sucesivos contratos de prestación de servicios a la demandante ocultando
su calidad de empleada pública, pues reunía los requisitos del contrato de trabajo.

1.4 Contestación de la demanda3

8. La Secretaría de Educación de Bogotá, se opuso a todas las pretensiones. Argumentó
que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de la decisión que se cuestiona.
Advirtió que no existió una relación laboral entre la demandante y la SED.

9. Señaló, además, que la demandante suscribió de manera libre y voluntaria los
contratos de prestación de servicios, por lo que no resulta procedente afirmar que prestó
sus servicios sin solución de continuidad, y tampoco existió obligación de reconocer
prestaciones sociales ya que no existió relación laboral.

10. Hizo alusión a jurisprudencia de la Sección Segunda donde se resalta la importancia
de demostrar la subordinación para efectos de desvirtuar la presunción iuris tantum que
contiene el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en relación a la inexistencia de relación
laboral en los contratos de prestación de servicios; lo que, a su juicio, no se demuestra
en este caso.

11. Propuso como excepciones las que denominó: “Ausencia de presupuestos
necesarios para la prosperidad de la acción”, “legalidad de los actos acusados” y
“prescripción”.

1.5 La sentencia de primera instancia4

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”,
mediante sentencia del 6 de noviembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones
y no condenó en costas, en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de “Prescripción”, “Ausencia de
los presupuestos necesarios para la prosperidad de la acción”,” Legalidad de los actos
acusados”, “Prescripción”, y “genérica “propuestas por la ALCALDÍA DE BOGOTÁ –

3
Folio 49 a 57 expediente físico.
4
Expediente digital del Tribunal de origen, índice 46.

Número interno: 0778-2025
Demandante: Julia Zoraida Romero Chaparro
Demandado: Distrito Capital de Bogotá-secretaría de educación-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio S-2019-124335, proferido por la ALCALDÍA
DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, en cuanto negó a la señora
JULIA ZORAIDA ROMERO CHAPARRO la existencia de la relación laboral y el
consecuente pago de los derechos prestacionales derivados de la misma.
TERCERO: DECLARAR que existió un vínculo laboral entre la ALCALDÍA DE BOGOTÁ –
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ y la señora JULIA ZORAIDA ROMERO
CHAPARRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.308.060, por el período
comprendido entre el 1° de agosto de 2013 y el 30 de diciembre de 2017, con las
interrupciones entre uno y otro contrato, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la ALCALDÍA DE
BOGOTÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, a:

a) Reconocer y pagar a favor de la señora JULIA ZORAIDA ROMERO CHAPARRO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.308.060, las prestaciones laborales y
emolumentos ordinarios o de carácter legal, excluyendo los derechos extralegales y
convencionales, percibidos por un funcionario par de planta o equivalente de la entidad,
liquidados con base en los honorarios contractuales, por el periodo comprendido entre el
1° de agosto de 2013 y el 30 de diciembre de 2017, según la duración de los contratos
suscritos por la demandante, acorde con lo probado y expuesto, a saber; cesantías,
intereses a las cesantías, prima de vacaciones y de navidad, bonificación por recreación,
bonificación por servicios prestados y prima de servicios.

Las sumas que resulten en favor de la parte actora, se ajustarán en su valor, dando
aplicación a la fórmula citada en la parte considerativa de la presente providencia.

b. Realizar los aportes a Seguridad Social en Pensiones al fondo que corresponda, por el
periodo comprendido entre el 1° de agosto de 2013 y el 30 de diciembre de 2017, salvo
las interrupciones acreditadas, con base en los honorarios pactados, mes a mes, por todos
los períodos contractuales suscritos, en razón a que este derecho es imprescriptible.

Para el efecto, la ALCALDÍA DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
deberá tomar el ingreso base de cotización (el valor mensual de los honorarios pactados),
mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes ya realizados por la señora JULIA
ZORAIDA ROMERO CHAPARRO y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante solo en el porcentaje que le correspondía
como empleador, según la regla jurisprudencial fijada por el H. Consejo de Estado, siendo
necesario que la parte actora acredite las cotizaciones efectuadas, y en caso que exista
diferencia o no se hubieran efectuado, esta última deberá asumir el porcentaje a que haya
lugar.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo señalado
en la parte motiva de la presente providencia.”

1.6 Los recursos de apelación

1.6.1 Demandante5

5
Folio 158 a 164 cuaderno principal.

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Demandante: Julia Zoraida Romero Chaparro
Demandado: Distrito Capital de Bogotá-secretaría de educación-

13. Solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, concretamente, en su
numeral 4º, toda vez que, se ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones
laborales y emolumentos ordinarios con base en los honorarios pactados
contractualmente, y no con el salario nivelado de un funcionario par de la planta o
equivalente de la entidad, correspondiente al grado 27.

14. Recalcó que las funciones que desarrolló fueron ejecutadas por ella de forma personal
y directa, bajo subordinación y con funciones misionales del departamento de nómina de
la SED, lo cual se corrobora con el manual de funciones de la entidad; de modo que
resulta procedente que las prestaciones y emolumentos laborales se liquidaran sobre el
salario real correspondiente al nivel profesional grado 27 y se accediera a la nivelación
salarial.

1.6.2 Secretaría de Educación Distrital6

15. Expresó su inconformidad argumentando que la contratación de la parte actora fue
una necesidad para la entidad, debido a la falta de personal.

16. Aseveró que la sentencia apelada consideró suficiente los testigos y la declaración
de la demandante que afirmaron que las obligaciones desempeñadas por ella equivalían
a labores idénticas a las asignadas a funcionarios de planta, sin embargo, no se realizó
un análisis profundo, ni tampoco se comparó con qué funcionario de planta se realizaban
las mismas funciones.

17. Los contratos que se suscribieron con la actora fueron para prestar y/o brindar apoyo
a la Secretaría de Educación Distrital, lo cual, es entendido por la jurisprudencia de la
corporación como contratos de prestación de servicios, por lo que no se encubrió una
verdadera relación de trabajo.

18. Consideró que en este caso no se encuentran acreditados los elementos del “contrato
de trabajo” contenidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, principalmente

6
Folios 165 a 168 cuaderno principal.

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el elemento subordinación, del cual explicó, no se demuestra simplemente con el
cumplimiento de un horario de trabajo, ya que éste último es resultado de la relación de
coordinación de actividades entre contratante y contratista, además porque la
demandante tenía a su cargo manejo de información sensible relativa al del talento
humano.

19. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la
demanda ante la inexistencia de una relación laboral.

1.7 Trámite de segunda instancia

20. Mediante auto del 18 de abril de 20267, el consejero ponente admitió los recursos de
apelación de ambas partes, de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Al no existir solicitudes probatorias, el
expediente ingresó al despacho para fallo.

21. El agente del Ministerio Público rindió concepto8 en el que solicitó la confirmación de
la sentencia de primera instancia, en primer lugar, porque se encuentran acreditados los
tres elementos de la relación laboral, en tanto la prestación del servicio y la remuneración
se encuentran demostradas, y la subordinación se evidencia a partir de la imposición de
horarios, órdenes, protocolos administrativos y la inserción de la demandante en la
estructura organizacional de la entidad; en segundo lugar, porque, frente al recurso
interpuesto por la parte demandante, la sentencia de primera instancia ya reconoció dicha
equivalencia funcional y ordenó el pago de las prestaciones laborales correspondientes
a un funcionario de planta equivalente, liquidadas con base en los honorarios
contractuales.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

7 Índice 4 del aplicativo Samai.

8 Índice 9 aplicativo samai.

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22. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.

2.2 Problema jurídico

23. Conforme a los reparos exhibidos en los recursos de apelación, corresponde a la Sala
dilucidar dos cuestiones.

23.1 La primera: ¿si entre la señora Julia Zoraida Romero Chaparro y la Secretaría de
Educación Distrital SED, concurrieron los elementos propios de una relación laboral
durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2013 y el 30 de diciembre de
2017? y si, en consecuencia, ¿le asiste el derecho al reconocimiento de los emolumentos
salariales y prestacionales dejados de percibir?

23.2 La segunda, que es el reproche de la parte actora en su recurso, consiste en verificar
si resulta procedente revocar parcialmente el numeral 4º de la sentencia, en el sentido de
ordenar que, el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales y emolumentos
ordinarios o de carácter legal percibidos por un funcionario par de planta, sean liquidados
con el salario recibidos por ellos y no con base a los honorarios contractuales pactados.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

24. Configuración de relaciones de trabajo subordinadas con el Estado suscitadas
en el marco de la ejecución de contratos administrativos de prestación de servicios
• Principio de primacía de realidad sobre las formalidades: efectos y prerrogativas

25. La situación particular que ocupa la atención de la Sala, se deriva de la interpretación
y aplicación de las condiciones legales previstas en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993,
a la luz de lo consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y la jurisprudencia
aplicable a casos en los cuales se suplica la existencia de una relación laboral encubierta,
conforme al principio de la realidad sobre las formas.

26. La tipología de contratación estatal de prestación de servicios personales se
encuentra regulada por el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, forma jurídica de vinculación
de personas naturales con la administración que está dirigida a «[…] desarrollar

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actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y se
caracterizan porque «[…] sólo podrán celebrarse […] cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados»,
«no generan relación laboral ni prestaciones sociales», y porque «[…] se celebrarán por
el término estrictamente indispensable».

27. La norma en cita fue examinada por la Corte Constitucional en sentencia C-154 de
1997, oportunidad en la que determinó, entre otros aspectos, las características del
contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo. En esa
oportunidad sostuvo que «[…] sus elementos son bien diferentes, de manera que cada
uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto
para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos»; y concluyó
que «el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del
contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la
norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se
acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud
por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio
con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al
pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de
prestación de servicios independiente».

28. Posteriormente, ese alto Tribunal9 determinó los criterios que permiten establecer o
diferenciar lo que constituye una actividad permanente, al precisar que «[…] la
administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar
funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear
los cargos requeridos en la respectiva planta de personal», momento en el que, a
propósito del esclarecimiento del criterio de permanencia, indicó que «la jurisprudencia
constitucional ha precisado los criterios para determinarla, los cuales se refieren [i] al
criterio funcional, que hace alusión a “la ejecución de funciones que se refieren al
ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad

9 Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente No. D-8666, Sentencia C-171 del 7 de marzo de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto
Vargas Silva.

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pública” [artículo 121 de la Constitución]; [ii] al criterio de igualdad, esto es, cuando “las
labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en
planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación
laboral”; [iii] al criterio temporal o de habitualidad, si “las funciones contratadas se
asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de
trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual”;
[iv] al criterio de excepcionalidad, si “la tarea acordada corresponde a “actividades
nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren
conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria, resulte
necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta”; y [v] al
criterio de continuidad, si “la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de
prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la
administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de carácter permanente,
la verdadera relación existente es de tipo laboral».

29. Esta Corporación ha proferido sendas sentencias de unificación jurisprudencial, como
la CE-SUJ2-005-1610 en la cual coligió que «[…] el contrato de prestación de servicios se
desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de
las personas preceptuados en normas respecto de la materia».

30. En el mismo sentido, esta Sección profirió la sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-025-CE-S2-202111, en la que identificó algunos criterios para desentrañar la
subordinación en el ámbito de las contrataciones estatales, tales como lugar de trabajo,
horario de labores, dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar y la
comprobada identidad funcional con empleados de la planta de personal, y señaló que
«el ordenamiento jurídico nacional proscribe la simulación del contrato estatal de
prestación de servicios para evadir el pago de prestaciones sociales y otras garantías

10 Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016; expediente 23001-23-33-
000-2013-00260-01[0088-15]; C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

11 Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2016; expediente
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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propias de la relación laboral ocultada, en tanto dicha práctica no solo es contraria a la
Constitución y a la ley, sino que conduce, irremediablemente, a la precarización de las
condiciones socioeconómicas mínimas para la supervivencia digna de los trabajadores».

31. Asimismo, en dicha providencia, esta Colegiatura introdujo el criterio de necesidad
temporal, con el fin de evaluar el encubrimiento de relaciones de trabajo subordinadas a
través de contratos de prestación de servicios, tema para el cual estableció que, conforme
lo preceptúa el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estos últimos deben ser
celebrados por el «término estrictamente indispensable», concepto que alude al lapso
«señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el
principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del
servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia».

32. De lo anterior resulta claro que si bien el ordenamiento legal permite celebrar
contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de las entidades
públicas, esta modalidad de contratación no fue instituida para encubrir relaciones
laborales subordinadas, pues de ser así, surgen en forma inmediata los derechos para el
contratista de acceder al reconocimiento y pago de los derechos y prerrogativas propios
de una relación laboral, especialmente en aquellos casos en los cuales se trata de
atender actividades consustanciales al giro ordinario u objeto misional del ente
contratante, esto es: para suplir necesidades administrativas permanentes, necesarias e
indispensables para la consecución de sus fines.

33. Luego entonces, para la prosperidad de una pretensión de existencia de la relación
laboral subordinada entre dos sujetos, se requiere que la parte interesada demuestre los
elementos esenciales de la misma, esto es, que la actividad haya sido prestada de
manera personal, es decir, por sí mismo; que por dicho oficio haya recibido una
remuneración o pago; y, además, que en la relación con el empleador exista continua
subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al
prestador del servicio el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse
por todo el tiempo de duración del vínculo. De estos tres elementos, el de subordinación
resulta ser el de mayor relevancia, toda vez que marca la diferencia entre el contrato de
prestación de servicios y una relación laboral.

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2.4 Medios de prueba

34. En el expediente obran los siguientes medios de prueba:

35. La demandante, durante su vinculación con la SED desarrolló obligaciones como
profesional especializado en la Oficina de Nóminas.

36. Celebró los contratos Nos. 2837, 3272 de 2013, 2150 de 201412, de los cuales se
destacan las siguientes obligaciones específicas:

“1. Brindar soporte y asesoría técnica a los funcionarios responsables de las nóminas sobre
las diferentes situaciones presentadas en las liquidaciones mensuales, dando respuesta a las
solicitudes de servicio. 2. Realizar la parametrización mensual de la liquidación de la nómina
para el personal docente y administrativo, de acuerdo con la normatividad vigente, y brindar
soporte normativo y del aplicativo a los usuarios de la Oficina de Nómina y de la Entidad en
general, en los casos en que sea requerido. 3. Dar solución y documentar las diferentes
situaciones que afecten la liquidación de la nómina frente a la concurrencia de novedades del
personal docente y administrativo. 4. Realizar la interfaz con el área financiera en la apertura
y cierre de las vigencias fiscales. 5. Actualizar mensualmente la planta de personal docente y
administrativo de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Talento
Humano. 6. Hacer seguimiento a las situaciones que se generan en el aplicativo de validación
de novedades de nómina, según lo reportado por la Oficina de Personal. 7. Actualizar la
matrícula oficial y realizar la respectiva parametrización en el aplicativo para la liquidación y
pago de los conceptos asociados a ésta. 8. Realizar el cargue masivo de ingresos de
personal, ascensos, reubicaciones y las demás que sean definidas por el Jefe de la Oficina
de Nómina. 9. Coordinar con el área de REDP los servicios de soporte y mantenimiento del
aplicativo de nómina. 10. Las demás que le sean asignadas para el correcto cumplimiento del
objeto contractual. 11. El Contratista será el único responsable del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 12. Responder por la calidad de los
trabajos asignados, preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con
la oportunidad y periodicidad requerida. 13. Atender las sugerencias y condiciones
establecidas por el supervisor del contrato. 14. Responder por el estado y conservación de
los elementos entregados para el efectivo cumplimiento y adoptar los mecanismos para su
conservación. 15. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el presente Contrato,
las cuales solamente podrán ser modificadas previo, cumplimiento del trámite dispuesto para
tal según el procedimiento establecido. 16. Devolver una vez finalizado el contrato y con tres
días de anticipación, en perfecto estado, salvo deterioro normal por el uso, todos los
elementos que sean suministrados por esta entidad para la ejecución del objeto del contrato.
17. Las demás que le sean asignadas para el correcto cumplimiento del objeto contractual.

37. También celebró los contratos Nos. 1183 de 2015, 1539 y 2773 de 2016 y 721
de 201713, en los que se establecieron las siguientes obligaciones específicas:

“1. Parametrización mensual de la liquidación de la nómina para el personal docente y
administrativo. 2. Validación y priorización de las novedades para su liquidación. 3. Solución
de casos de excepción en la concurrencia de novedades del personal docente y administrativo
originadas por la oportunidad en su inclusión al sistema de nómina. 4. Preparar la información

12 Folio 3 a 5 del cuaderno de pruebas.

13 Folio 6 a 9 cuaderno de pruebas.

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insumo para la actualización y mantenimiento de la normatividad salarial, prestacional y de
seguridad social. 5. Soporte del aplicativo para los usuarios de la Oficina de Nómina en
particular y de la entidad en general. 6. Actualización de equivalencia
nómina/contabilidad/presupuesto (interfaz con el área financiera). 7. Actualización mensual
de planta de personal docente y administrativo para aplicar en la nómina del mes en ejecución
con retroalimentación a la Dirección de Talento Humano. 8. Actualización de la matrícula
oficial y parametrización en el aplicativo para la liquidación y pago de sobresueldos de
rectores con su retroactividad. 9. Cargue masivo de ingresos de personal docente y
administrativo, ascensos, reubicaciones y las demás que defina la Oficina de Nómina de la
SED, con retroalimentación de la Oficina de Personal, realizando las validaciones que sean
necesarias para su cargue. 10. Coordinación con el área de Redp de los servicios de soporte
y mantenimiento del Sistema de Nómina. 11. Desarrollar el contrato acorde con lo establecido
en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan la materia.”

38. Se expidieron certificaciones por parte de la jefe de nómina de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, donde se certificó que la señora Julia Zoraida Romero Chaparro, cumplió a
satisfacción, mes a mes, con lo establecido en el objeto y alcance de cada uno de los
contratos de prestación de servicios, desde el 1 de agosto de 2013, hasta el 30 de
octubre de 2017.14

39. La accionante pagó los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y
riesgos profesionales, durante el tiempo que estuvo vinculada a la entidad accionada, tal
y como se advierte de las planillas aportadas.15

40. La alcaldía de Bogotá realizó los respectivos descuentos por concepto de retención
en la fuente de la demandante.16

41. La SED realizó entrega de inventario a la demandante el 14 de octubre de 2015 y el
8 de noviembre de 2017.17

14 Folio 10 a 48 del cuaderno de pruebas.

15 Folio 49 a 88 del cuaderno de pruebas.

16 Folio 128 a 132 cuaderno de pruebas.

17 Folio 133 y 134 cuaderno de pruebas.

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42. Se aportaron planillas que dan cuenta que la jornada laboral de la señora Julia
Zoraida Romero Chaparro finalizaba a las 19:00 horas.18

43. Se recibieron testimonios de Gloria Menjura Peña y Nanci Castañeda Mendoza.

2.5 Caso concreto

44. La demandante pretende obtener la declaratoria de existencia de una relación laboral
encubierta con contratos sucesivos de prestación de servicios que prestó a la SED entre
el 1 de agosto de 2013 y el 30 de diciembre de 2017. Como consecuencia de lo anterior,
persigue el reconocimiento de prestaciones sociales ordinarias y especiales a que tienen
derecho los empleados de esa entidad.

45. Por su parte, la SED aseguró que la modalidad contractual utilizada se encuentra
conforme a derecho y nunca se generó el vínculo laboral que alega la parte actora, ya
que no se logró demostrar la subordinación.

46. Planteado el objeto y alcance del litigio, a partir de las pruebas recaudadas se
efectuará el análisis correspondiente, para lo cual se sienta de una vez que no existe
controversia alguna en cuanto a la prestación personal del servicio por parte de la señora
Julia Zoraida Romero Chaparro y la contraprestación o remuneración que recibía por esa
actividad denominada honorarios, por lo que la Sala se detendrá a estudiar si se presentó
la subordinación como elemento esencial por antonomasia de las relaciones laborales
encubiertas.

47. La Secretaría de Educación del Distrito (SED) fue creada mediante el Acuerdo 26 del
23 de mayo de 1955, del Concejo de Bogotá. Hace parte del sector central de la
Administración Distrital, en cabeza de la Alcaldía Mayor.

48. Se aportó Resolución No. 3950 de 2008 “Por el cual se modifica el Manual Especifico de
Funciones y de Competencias laborales para los empleos que conforman la planta de personal
administrativo de la Secretaría de Educación Distrital”19 del cual se distinguen las funciones

18 Folio 162 a 169 cuaderno de pruebas.
19 Folio 135 a 139 del cuaderno de pruebas.

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del cargo de Profesional Especializado, Código 222, grado 27 perteneciente a la Oficina
de Nómina, así:

1. Realizar el diseño y desarrollo de sistemas de información bajo las metodologías
establecidas por el área técnica de Sistemas.
2. Diseñar, elaborar y ejecutar los requerimientos y pruebas técnicas de software relacionado
con el proceso de nómina, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
3. Organizar procesos de autoliquidación de aportes, liquidación de sentencias laborales,
liquidaciones retroactivas de cesantías y otros ajustes a que haya lugar.
4. Colaborar en la atención a los entes de control y en general a otras entidades que tengan
relación con la Oficina de Nóminas.
5. Revisar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal
generadas en la Oficina de Nómina.
6. Asesorar y apoyar a la Oficina de Nómina en el trámite de correspondencia, conceptuando
acerca de aspectos técnicos y normativos de la nómina de la SED y orientar a los funcionarios
en las respuestas que ellos den.
7. Elaborar, con la participación de los funcionarios del área, el Manual de Procesos y
procedimientos de Nómina.
8. Establecer el cronograma para recepción mensual de novedades.
9. Revisar la pre - nómina y la nómina, aplicando los criterios de validación de los factores y
valores incluidos, elaborar el reporte de cumplimiento de estándares o de no conformidades
para la generación de la nómina definitiva,
10. Elaborar y presentar los informes solicitados por entes internos o externos, de acuerdo
con instrucciones del jefe inmediato.

49. Los testimonios recibidos en el asunto sub examine, dan cuenta de lo siguiente:

50. La señora Gloria Mejura Peña, en su calidad de empleada de planta y de la oficina
de nómina de la SED, relató que, desde el año 2000 que ingresó a laborar a la entidad,
conoce a la demandante, quien se desempeñaba en la parte administrativa en la oficina
de nóminas encargada de liquidarlas.

51. Que Los jefes inmediatos de la accionante eran el doctor Raúl Calderón, director de
la oficina de nóminas y la señora Luz Marina Sánchez, Coordinadora de Área.

52. Resaltó que, la señora Romero Chaparro cumplía con un horario de trabajo que
iniciaba a las 7 am y podía extenderse hasta las 7 o 9 pm y era el mismo acatado por
todos los empleados de la oficina de nómina. Además, siempre trabajó en la oficina.

53. Que, en la dependencia de nómina de la entidad, existía personal de planta que
desempeñaba las mismas funciones de la demandante; y, al igual que todos los
trabajadores de la oficina, requería de permiso previo para poder ausentarse por parte
del jefe quien era el que controlaba el horario de trabajo directamente.

54. Por su parte, la señora Nanci Castañeda Mendoza en su calidad de empleada
provisional de la entidad, confirmó que, la demandante fue parte del grupo de

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liquidaciones de nómina, cumplía un horario que iniciaba a las 7 am y dentro de la oficina,
al igual que a todos, le fue asignado puesto de trabajo y computador bajo su
responsabilidad.

55. Relato que la demandante un tiempo fue vinculada como provisional, pero luego pasó
a ser contratista. Su labor dentro de la oficina era la liquidación de las nóminas de los
docentes, para ello, debía usar un aplicativo contenido en el equipo de la oficina, por lo
que necesariamente debía realizar sus labores en la oficina de nómina de la SED.

56. Ahora bien, esta Corporación ha resaltado la libertad probatoria del juez a efectos de
determinar la existencia de una relación laboral encubierta en los casos de vinculación a
través de contratos de prestación de servicios. En específico, sobre la subordinación ha
exigido que obren «elementos de convicción, acerca de las actividades ejecutadas»20
pues, aunque se haya señalado que éstas hacen parte de las funciones propias de la
entidad, «tal situación no evidencia una relación de sujeción directa frente a la prestación
del servicio», puesto que puede coincidir con el estricto cumplimiento del objeto
contractual. De esta manera, ha privilegiado un análisis del material probatorio «bajo las
reglas de la sana crítica»21, a fin de establecer la configuración o no del elemento de la
subordinación continuada.

57. En ese sentido, de las funciones asignadas a la señora Julia Zoraida Romero
Chaparro, esto es, realizar las liquidaciones de nómina de los docentes y resolver las
consultas frente a la nómina y, además, revisar las liquidaciones realizadas por una de
sus compañeras de planta para aprobar su pago, puede deducirse una subordinación
entre ésta y la entidad demandada, pues contiene directrices de la forma precisa como
debía ejecutarlas. En efecto, las tareas a ella encomendadas permiten entrever que no
contaba con autonomía técnica, ya que sus labores responden a la necesidad de efectuar
la liquidación y pago de la nómina de los integrantes de la Secretaría de Educación
Distrital, actividades que, como es natural, constituían el marco restringido de acción de
su desempeño, sin que tuviera opción de ejercerlas de manera libre en uso de su arbitrio,
sino con sujeción a la normatividad y directrices de la entidad demandada.

20 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado 18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.

21 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez.

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58. También se pudo acreditar con los testimonios recibidos, que la demandante
realizaba las mismas labores que sus compañeros de planta dentro de la oficina de
nómina de la SED, cumpliendo horario y debiendo asistir a las capacitaciones como todos
los demás. Por sus labores, recibía una remuneración mensual, pero debía aportar
documentos para su pago, tal como como la planilla de cumplimiento con los valores de
la seguridad social y un informe en el que constaba el cumplimiento de las obligaciones.

59. Este cuadro de sujeción al poder directivo y organizativo del contratante supera la
coordinación propia de un contrato de prestación de servicios. La vinculación se extendió
por más de cuatro años sin que la SED hubiera podido justificar la necesidad temporal y
especializada de cada contrato sucesivo, lo que por sí solo constituye un indicio claro de
que bajo la figura contractual se encubrió una verdadera relación laboral.

60. Todo lo anterior permite colegir que las conclusiones a las que arribó el tribunal de
primera instancia para declarar la existencia de una relación laboral encubierta entre las
partes son acordes a la realidad procesal, pues resalta con contundencia que las labores
ejercidas por la señora Romero Chaparro, son iguales o similares a las desempeñadas
por los profesionales especializados grado 27 de la oficina de nómina de la SED.

61. En cuanto al carácter temporal o excepcional de la labor contratada, debe precisarse
que este requisito también se encuentra desvirtuado, toda vez que en el presente caso
las labores desempeñadas por la demandante se presentaron durante un largo período
comprendido entre los años 2013 a 2017, con algunas interrupciones, las cuales se
especificarán más adelante para efectos de la prescripción, pero fue vinculada para el
apoyo profesional especializado de la oficina de nómina.

62. Por consiguiente, desvirtuadas tanto la autonomía e independencia en la prestación
del servicio, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de esta naturaleza y
probados los elementos de la relación laboral en el asunto sub examine, esto es, la
prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración y la
subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala que el ente
demandado utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real
de la labor desempeñada, por lo que en este caso subyace una relación laboral
encubierta, en aplicación de los principios constitucionales consagrados en los artículos
13 y 53 superiores, puesto que la demandante atendió funciones inherentes a la misión

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de la oficina de nómina de la SED, en iguales condiciones a las de otros profesionales
especializados de planta.

63. Frente al reproche de la parte actora referente a que la base para efectuar la
liquidación, sea el salario recibido por un funcionario par de planta o equivalente de la
entidad que le corresponde el grado 27 en la oficina de nómina; se advierte que, según
sentencia del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (2016) proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado: “los honorarios pactados son el criterio imperante cuando el
cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal”; en este caso, se
demostró similitud en muchas de las actividades desempeñadas por la demandante, con
las funciones de los profesionales especializados grado 27 dentro de la planta de
personal de la oficina de nómina de la SED, por lo que se precisará que la liquidación
deben efectuarse con esa base salarial.

64. Por otro lado, en lo que tiene que ver con las diferencias salariales suplicadas en el
recurso de apelación de la demandante, esta Subsección se ha pronunciado bajo el
postulado de “a trabajo igual, salario igual”, entre otras en las sentencias del 26 de febrero
de 2026 (radicado interno 2566-2025)22, del 12 de marzo de 2026 (radicado interno 5061-
2024)23 y 12 de febrero de 2026 (radicado interno 1073-2021)24, por lo que es lógico y
coherente que si se va a disponer que la liquidación de sus prestaciones sociales se
efectúe con la base salarial de un funcionario afin de la planta, también hay lugar a la
diferencia entre lo que devengó como honorarios y lo que percibió el profesional
especializado grado 27 de la planta de personal de la SED, oficina de nóminas, toda vez
que las funciones eran similares, tal como antes se analizó.

65. Bajo este hilo conductor, se confirmará parcialmente la sentencia apelada ya que, se
itera, en el sub-lite se probaron los tres elementos configurativos de la relación laboral,
quedando demostrado que la SED evadió las obligaciones laborales respecto de la
demandante, toda vez que ejerció atribuciones propias de un empleador a través de
órdenes dirigidas al desempeño de funciones ínsitas de la entidad que, además, no
fueron temporales.

22 C. P. Dr. Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 C. P. Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar

24 C. P. Dra. Elizabeth Becerra Cornejo

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66. Sin embargo, se modificará y adicionará la letra a) del numeral cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de precisar que la base salarial para la
liquidación de las prestaciones sociales legales reconocidas será el salario devengado
por un profesional especializado grado 27 de la planta de personal de la SED, oficina de
nóminas y se reconocerá la diferencia salarial entre lo percibido por la actora y la
remuneración de dicho empleo.

2.5 Análisis de la prescripción

67. Aunque dicha figura extintiva del derecho no fue objeto de los recursos, hay lugar a
su pronunciamiento a la luz del mandato consagrado en el artículo 187-2 del CPACA,
máxime que en este caso apelaron ambas partes.

68. En lo atinente a la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria de
existencia de la relación laboral por el fenómeno de la prescripción, en la sentencia de
unificación de 25 de agosto de 201625 esta Sección estimó:

[…] quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica
el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica
del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario,
no regresividad y progresividad [se resalta].

69. Ahora bien, en sentencia de unificación del 9 de septiembre de 202126 de la Sección
Segunda de esta Corporación, sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, se determinó que la existencia de vinculaciones
contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin
de comprobar si se presentó o no solución de continuidad en la relación laboral declarada.
En ese sentido, se reitera que la Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este constituya una

25 Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter

26 Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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«camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de examinar si hubo o no la
ruptura del vínculo que se reputa laboral.

70. Bajo esa perspectiva, observa la Sala que la actora prestó sus servicios así27:

PLAZO
CONTRATO OBJETO
NO. DESDE HASTA

Prestar apoyo profesional
A la gestión de la
Dirección de talento
humano con el fin de
2837 del 30 de 1-08-2013 30-10-2013 garantizar el pago
julio de 2013 oportuno de la nómina de
los docentes, directivos
docentes y administrativos
de los establecimientos
educativos de la SED

Interrupción de 1 día hábil

3272
1-11-2013 15-06-2014
Prorrogado

Interrupción de 13 días hábiles
Prestar apoyo profesional
2150 7-07-2014 18-01-2015
especializado a la oficina de
nóminas en el desarrollo
Interrupción de 11 días hábiles
de las actividades
1183 encaminadas al pago
3-02-2015 29-02-2016 oportuno de la nómina de
Prorrogado docentes, directivos
docentes y
Interrupción de 9 días hábiles administrativos.

1539 14-03-2016 30-06-2016

Interrupción de 13 días hábiles

2773 22-07-2016 21-01-2017

Interrupción de 8 días hábiles

27 Archivo No. 7 pág. 25 – 39 del expediente digital.

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721 01-02-2017 30-12-2017

71. Como puede observarse, la demandante prestó sus servicios desde el 1° de agosto
de 2013 hasta el 30 de diciembre de 2017 con lapsos de interrupción cortos entre la
terminación de un contrato y el inicio del siguiente que no superaron los 30 días hábiles.
El término de los tres años para presentar la reclamación vencía el 30 de diciembre de
2020 y como la presentó el 7 de junio de 201928, no operó la prescripción.

2.6 Condena en costas

72. No habrá lugar a condena en costas en esta instancia por no reunirse los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el
artículo 365 del Código General del Proceso.

73. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR parciamente la sentencia del Seis (6) de Noviembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección F, que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme a lo
explicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR Y ADICIONAR la letra a) del numeral cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de precisar que, la base salarial para la
liquidación de las prestaciones sociales legales reconocidas será el salario devengado
por un profesional especializado grado 27 de la planta de personal de la SED, oficina de
nóminas y se reconoce la diferencia salarial entre lo percibido por la actora y la
remuneración de dicho empleo.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

28 Folios 174 a 178 expediente físico

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CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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