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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01187-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01187-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que negó las súplicas de la demanda promovida por el señor Mauricio Jaramillo Londoño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-01187-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 25000-23-42-000-2020-01187-01 (1463-2023)
Demandante Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada Nación – Ministerio de Defensa Nacional
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Reajuste del ingreso base de cotización con la
inclusión de las partidas del artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990 personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional.
Decisión Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 19 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que
negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Demanda1.

1.1. Pretensiones.

Mauricio Jaramillo Londoño, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de solicitar lo
siguiente:

1
Samai- archivo 1 expediente digital

2

Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

“PRIMERA: Inaplicar por inconstitucional el Decreto Reglamentario 1158 de 1994
por vía de excepción con fundamento en el artículo 4° de la Constitución Política,
[…]»

SEGUNDA: Que se declare la NULIDAD de los actos administrativos contenidos en
los oficios N° OFI19-67231 MDN-DSGDA-GTH Y OFI19-75744 MDN-DSGA-GTH
del 16 de agosto de 2019, y notificado el 21 de agosto de 2019, y notificado el 21
de agosto de 2019, a través del cual confirmó la negativa a los requerimientos
efectuado.

TERCERA: Que a título de RESTEBLECIMIENTO (sic) DEL DERECHO la NACIÓN
– MINISTERIO DE DEFENSA reconozca y reajuste el Ingreso Base de Cotización
de la Seguridad Social (IBC) (…)

CUARTO: Se reajuste el ingreso base de cotización de la seguridad social (IBC)
desde la fecha de ingreso (…) al Ministerio de Defensa Nacional, debidamente
actualizados (…) incluyendo los factores salariales de sueldo básico, prima de
servicio, prima de alimentación, prima de actividad, subsidio familiar y prima de
antigüedad.

QUINTO: Que por haber omisión a consecuencia de una decisión unilateral por
parte del Ministerio de Defensa Nacional, se asuma el reajuste del aporte que le
corresponde pagar a los servidores públicos, o en su defecto, se dé un plazo de
DIEZ (10) años para pagar esta suma, la cual será descontada mensualmente de
su salario como servidor público o de su pensión pagadera por la Administradora de
Pensiones que tenga la obligación de asumir el pago de la misma, teniendo en
cuenta que mi defendido no cuenta con dicha suma.

SEXTO: Que dichos aportes en mora, sean consignados de inmediato a la
Administradora de Pensiones, teniendo en cuenta que se está causando graves
perjuicios al accionante y al Sistema General de Seguridad Social por la omisión y
el no pago de los aportes”.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

Indicó que, el señor Mauricio Jaramillo Londoño ingresó a la planta global del
Ministerio de Defensa con tiempo de servicio mayor de 15 años.

Detalló que, percibió mensualmente de manera continua e ininterrumpida las
siguientes partidas; sueldo básico, prima de servicio, prima de alimentación,
prima de actividad, subsidio familiar y prima de antigüedad.

Explica que, el Decreto Ley 1214 de 1990, determinó las partidas salariales
para la cotización y liquidación de las prestaciones sociales aplicable a los
empleados civiles del Ministerio de Defensa como beneficiarios de este
régimen especial que no fue derogado con la expedición de la Ley 100 de
1993.

3

Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

Precisa que, el Decreto Reglamentario 691 de 1994, incorporó a los
servidores al sistema general de pensiones y el Decreto 1158 de 1994, reguló
la base de cotización para los empleados públicos, pero arbitrariamente
modificó el Decreto 1214 de 1990, afectando sus derechos salariales y
pensionales como empleado civil del Ministerio de Defensa.

Asegura que, el Ministerio de Defensa ha incumplido con el pago de la
seguridad social incluyendo todos los factores salariales, tales como: sueldo
básico, primas, subsidios que constituyen salario, omisión que vulnera sus
derechos por un mal cálculo en la base de cotización que lo afectará con una
pensión inferior.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

El actor invocó como infringidos los artículos; 13, 25, 29, 53 y 58; Decreto Ley
1214 de 1990; Ley 4ª de 1992 y Ley 100 de 1993

Expone que, en materia pensional para el personal civil del Ministerio de
Defensa, la base de cotización debe incluir las partidas salariales establecidas
en el Decreto Ley 1214 de 1990, sin embargo, la entidad demandada no está
cotizando sobre la totalidad de lo remunerado lo cual lo afecta en la tasa de
reemplazo pensional.

Determina que, el Decreto Reglamentario 1158 de 1994, en el artículo 6ª
establece los factores base de cotización para los servidores públicos
incorporados al sistema general de pensiones, no obstante, esa normatividad
no puede desmejorar las condiciones establecida en el régimen especial
contenido en el Decreto Ley 1214 de 1990, que regula el régimen para los
empleados civiles del Ministerio de Defensa.

Expone que, el Ministerio de Defensa incumple los artículos 6, 53 y 93 de la
Constitución, por no incluir todos los factores salariales para la liquidación de
cotizaciones, así el Decreto 1214 de 1990 y vulnerando sus derechos a la
seguridad social y el principio de favorabilidad del trabajador en caso de duda.

4

Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

2. Contestación de la demanda.

La Nación – Ministerio de Defensa2, pidió se nieguen las súplicas de la
demandad, al argumentar que, el actor ingreso al Ministerio de Defensa en el
año 2003 y su salario estaba integrado por primas y subsidios determinados
en el Decreto 1214 de 1990, sin embargo, aclara que, la citada disposición no
establece taxativamente que las primas y subsidios constituyan factor salarial.

Precisa que, la prima de antigüedad no está contemplada como factor
computable a las prestaciones sociales según lo dispuesto en el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990.

Considera que, la interpretación del demandante es un juicio erróneo cuando
asegura que el Ministerio de Defensa modificó arbitrariamente el Decreto 1214
de 1990, con la aplicación del Decreto 1158 de 1994.

Finalmente, rechaza los argumentos del demandante relativos a la
inaplicación del Decreto 1158 de 1994, por el cual se regula el régimen salarial
del personal civil de dicha cartera Ministerial.

Propuso como excepciones las que denominó inepta demandan por
improcedencia de la excepción de inconstitucionalidad, presunción de
legalidad y prescripción.

3. Sentencia de primera instancia3.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“A” mediante sentencia proferida el 19 de mayo de 2022, negó las
pretensiones de la demandada (sin condena en costas), al estimar que:

El demandante fue vinculado al Ministerio de Defensa Nacional, el 1 de julio
de 2003 y ha tenido varias designaciones y resoluciones relativas a su cargo.

2
Expediente digital archivo PDF 8.
3
Índice 00019 expediente Samai Tribunal.

5

Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

Con la expedición de la Ley 100 de 1993, el legislador unificó el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones. Por eso, el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional vinculado a partir de la entrada en vigencia de
dicha ley, debe regirse por la citada disposición y sus decretos reglamentarios.

Por lo tanto, el ingreso base de cotización para la pensión del demandante
debe determinarse conforme lo dispuesto en el Decreto 691 de 1994 y su
modificación contenida en el artículo 6 del Decreto 1158 de 1994, y no por lo
dispuesto en el Decreto 1214 de 1994, que reguló el régimen especial anterior.

Concluye que, las pretensiones de la demanda deben ser negadas, por
cuanto, el actor como empleado del personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional no tiene derecho a que se le reajuste el Ingreso Base de Cotización
(IBC) para pensión utilizando los factores del artículo 102 del Decreto 1214 de
1990.

4. Recurso de apelación4.

Mauricio Jaramillo Londoño, inconforme con la decisión, interpuso recurso de
apelación, en el que solicitó sea revocar la decisión de primera instancia, al
precisar que:

La Ley 100 de 1993, si bien unifica el régimen pensional, no modificó el
régimen salarial, por cuanto el artículo 18 de dicha disposición, regula que la
base de cotización para pensión debe corresponder al salario mensual
completo, incluyendo todas las partidas salariales, busca la igualdad de
derechos para los empleados públicos.

Expone que, los Decretos 691 y 1158 ambos de 1994, no incluyeron las
partidas salariales para los empleados civiles del Ministerio de Defensa, sin
embargo, estos deben considerarse para el ingreso base de liquidación
conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley del sistema general de pensiones,
para que no existan desigualdades.

4
Índice 00022 expediente Samai Tribunal.

6

Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

Considera que los Decretos reglamentarios 691 y 1158 de 1994, no tienen la
facultad de modificar el régimen salarial establecido en el Decreto Ley 1214
de 1990, el cual continúa vigente para empleados civiles del Ministerio de
Defensa. Por tanto, solicita que se reconozca plenamente el régimen salarial
para efectos de cotización pensional, cuestionando por inconstitucional los
citados decretos reglamentarios frente a la Constitución y leyes.

Finalmente, dice que acredita los requisitos establecidos en la ley para que
se le realice el reajuste del ingreso base de cotización de la seguridad social
conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, razón por
la cual solicito revocar la sentencia recurrida y se acceda a las pretensiones
de la demanda.

4. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

En auto del 29 de junio de 2023, el consejero sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley
1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.

CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La
Sala se pronunciará de los argumentos expuestos por el apelante.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el demandante tiene derecho al reajuste
del ingreso base de cotización con la inclusión de las partidas establecidas

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Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, o si, por el contrario, le aplica la
Ley 100 de 1993, por haberse vinculado como civil del Ministerio de Defensa
Nacional con posterioridad al 1 de abril de 1994.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial del personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional; 2.2. Hechos probados; 2.3. Caso concreto; y
2.4. Condena de costas.

2.1 Marco normativo y jurisprudencial del personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional.

El Decreto 1214 de 1990. «Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional
civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional » determinó que, dicha disposición

regula la administración del personal civil que presta los servicios al Ministerio
de Defensa, Policía Nacional y Fuerzas Militares.

El artículo 102 del citado Decreto determinó las partidas computables para las
prestaciones sociales del personal de empleados del Ministerio de Defensa y
de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, que se le liquidará y pagará
la pensión de jubilación, de retiro por vejez o invalidez, con las siguientes
partidas: a) Sueldo básico, b). Prima de servicio, c. Prima de alimentación, d).
Prima de actividad, e). Subsidio familiar, f). Auxilio de transporte y g).
Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.

No obstante, debe anotarse que la Ley 100 de 1993. «Por la cual se crea el sistema
de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue expedida con el fin de

eliminar la diversidad de regímenes pensionales, sin embargo, esta
disposición no afectó a las personas que estaban próximas a pensionarse o
que tuvieran el tiempo de servicios previsto en el régimen de transición, por
medio del cual se determinó ciertas excepciones a este nuevo sistema de
seguridad social, en ella hizo referencia al personal regulado por el Decreto
1214 de 1990.

Así las cosas, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, previó:

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Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

“Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con
excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley,
ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas [negrillas fuera
de texto].

En ese orden de ideas, el personal regulado por el Decreto Ley 1214 de 1990,
está previsto en la excepción del sistema general de seguridad social, salvo
que su vinculación sea a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993.

En ese sentido, la Corte Constitucional mediante sentencia C-665 de 1996 al
estudiar el cargo de nulidad parcial del artículo 279 de la ley 100 de 1993,
expresamente “con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley” respecto al personal civil del Ministerio de Defensa y la aplicación

del Decreto Ley 1214 de 1990, dispuso lo siguiente:

“Lo anterior no se opone a que como claramente se dispone en el aparte acusado,
contenido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, pueda el legislador señalar
que en tratándose del personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
así como del regido por el Decreto 1214 de 1990, vinculado a partir de la vigencia
de la misma ley pueda aplicársele a estos el Sistema Integral de Seguridad Social
que rige por regla general para todos los habitantes del territorio nacional.

En este sentido, cabe advertir que el artículo 11 de la misma ley señala que el
Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279
ibidem, se aplica sin distingo alguno a todos los habitantes del territorio nacional.
Desde luego que la normatividad en referencia, respeta los derechos adquiridos
conforme a las disposiciones anteriores para quienes a la fecha de la vigencia de
la ley hubieren cumplido los requisitos para acceder a la pensión o ya estuvieren
pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes tanto del
sector público como del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en
general.

(…)

Por lo tanto, el precepto impugnado, contrario a lo que sostiene el actor, no hace
cosa distinta que reconocer la voluntad del constituyente, diferenciando dos
situaciones, que no constituyen en manera alguna discriminación: de una parte, la
del personal que se había vinculado al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional
y la Justicia Penal Militar antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, para
quienes se mantendrán las disposiciones especiales en materia de seguridad
social y en especial, el previsto en el Decreto-Ley 1214 de 1990, cuyos derechos
adquiridos deben ser respetados y garantizados, y de la otra, el personal de las
mismas instituciones que se vinculó a partir de la vigencia de la citada ley, a

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Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

quienes se les aplica el Sistema Integral de Seguridad Social consagrado en la
Ley 100 de 1993, y que por consiguiente no gozan de derechos adquiridos, razón
por la cual es procedente, dada la fecha de su vinculación, aplicarles el Sistema
Integral de Seguridad Social consagrado en la Ley 100 de 1993.

(…)

Por lo anterior, estima la Corte que el precepto parcialmente acusado, al excluir
del régimen previsto por el Decreto-ley 1214 de 1990 al personal civil del Ministerio
de Defensa y la Policía Nacional que se vincule con posterioridad a la vigencia de
la Carta Política de 1991, no quebranta el ordenamiento superior, pues al hacerlo
tuvo como objetivo fundamental la aplicación para dichos servidores públicos del
Sistema Integral de Seguridad Social consagrado en la Ley 100 de 1993,
respetando los derechos adquiridos del personal vinculado con anterioridad a la
vigencia de esta ley”.

Posteriormente, la Corte Constitucional con sentencia C-1143 de 2004, tuvo
la oportunidad de estudiar la pensión de jubilación y por aportes del personal
civil del Ministerio de Defensa diferenciando el régimen aplicable según la
fecha de vinculación a la entidad, así:

“46. (…) el Decreto 1214 de 1990 consagra en las normas demandadas la pensión
de jubilación y la pensión por aportes para el personal civil del Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional, una vez cumplan los requisitos a que se refieren los
artículos 98 y 100 acusados, pero solamente cobija a aquellas personas que se
incorporaron con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, como lo dispone
el artículo 279 de esa normatividad, artículo éste que fue declarado exequible por
esta Corte, en aras de proteger los derechos adquiridos de quienes se
encontraban en esa particular situación, como quedó visto en esta sentencia. Ello
se traduce en que los civiles que laboran para el servicio de esas entidades,
vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no cuentan
con un régimen especial, sino que por el contrario, se encuentran sujetos a
la normatividad general del régimen de seguridad social, aplicable a todos
los servidores del Estado”.(Destaca la Sala)

Por consiguiente, la Sala concluye que, el personal civil vinculado al Ministerio
de Defensa con posterioridad a la Ley 100 de 1993, se encuentra sujeto
íntegramente a este sistema de seguridad social.

En ese sentido, el personal civil vinculado al Ministerio de Defensa regulado
por la Ley 100 de 1993, el ingreso base de cotización corresponde al
establecido por el artículo 18, que determina:

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Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

“ARTÍCULO 18. Base de Cotización de los trabajadores dependientes de los
sectores privado y público. La base para calcular las cotizaciones a que hace
referencia el artículo anterior, será el salario mensual.

El salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el
que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.

El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será
el que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4 de 1992”.

(…)

Así las cosas, para determinar los factores que se deben tener en cuenta para
realizar las cotizaciones de los servidores públicos, el Decreto 691 de 1994.
“Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan
otras disposiciones”, precisa que aplica para a los servidores de la rama ejecutiva

del orden nacional, departamental, municipal, distrital, entidades
descentralizadas, servidores públicos del Congreso de la República, Rama
Judicial, Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación, la organización
electoral y la Contraloría General de la República.

El artículo 6º del citado Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1 del
Decreto 1158 de 1994, estableció la base de cotización al sistema general de
pensiones de los servidores públicos con los siguientes factores: la asignación
básica mensual; los gastos de representación; la prima técnica, cuando sea
factor de salario; d) La prima de antigüedad, ascensional de capacitación
cuando sean factor de salario; e) la remuneración por trabajo dominical o
festivo; f) la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna y g) La bonificación por servicios prestados.

En ese sentido, los Decretos Reglamentarios 691 de 1994 artículo 6 y 1158
artículo 1, ambos de 1994, establecen de manera clara cuales son los factores
de cotización al sistema general de pensiones, disposiciones que fueron
estudiadas por la Sección Segunda de esta Corporación mediante sentencia
del 28 de febrero de 20135, en la cual estableció:

5
CONSEJERA PONENTE: DRA. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ EXPEDIENTE N° 110010325000200800125
00 N° INTERNO: 2739-2008 ACTOR: LUÍS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO Demandado: GOBIERNO NACIONAL

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Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

“35. (…) queda entonces claramente establecido que tanto el Decreto 691 de
1994, en cuyo artículo 6° se dispone que para calcular la base de cotización al
Sistema General de Pensiones de los servidores públicos se tendrán en cuenta
la asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica, las
primas de antigüedad, cuando sean factor de salario, la bonificación por servicios
prestados, la remuneración por dominicales y trabajo suplementario cuando sea
del caso, así como el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 que lo modificó, son
normas administrativas de naturaleza reglamentaria, para la cumplida ejecución
de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
5° de la Ley 797 de 2003. No son normas entonces de desarrollo de la Ley 4ª de
1992, Ley Marco que en materia salarial expidió el Congreso de la República.

Por ello es evidente entonces que contrario a lo afirmado por el actor, las normas
acusadas no le introducen ninguna modificación a la Ley 4ª de 1992, sino que
simplemente se contraen a precisar y facilitar la ejecución de las normas legales
establecidas en la Ley 100 de 1993 en materia de seguridad social, para hacer
efectivo el principio de solidaridad y de universalidad mediante la cotización de
los empleados públicos, tanto en materia de pensiones como en lo atiente a la
salud.

3.6. De esta manera, se advierte entonces que por su naturaleza las normas
contenidas en los artículos 6° del Decreto 691 de 1994 y 1° del Decreto 1158 de
1994, son de naturaleza reglamentaria; expedidas con fundamento en el artículo
189 numeral 11 de la Constitución Política por el Presidente de la República;
que, su objeto es el de facilitar la ejecución de lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley 100 de 1993 modificada posteriormente por la Ley 797 de 2003 artículo
5°, razón esta por la cual las normas acusadas en nada modifican lo dispuesto
por la Ley 4ª de 1992 que señaló las normas criterios y objetivos a los cuales
debe someterse el Gobierno para la fijación del régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, todo lo cual significa que los cargos propuestos
carecen de fundamento jurídico y, en consecuencia no están destinados a
prosperar, como en efecto no prosperan”.

De acuerdo a lo expuesto por esta Corporación en el citado fallo, el artículo 6º
del Decreto 691 de 1994 y el artículo 1º del Decreto 1158 del precitado año,
fueron promulgados en desarrollo al artículo 189 de la Constitución Política,
por cuanto comportan una naturaleza reglamentaria que tiene por objeto
regular la normatividad en materia de seguridad social de pensiones contenida
en la Ley 100 de 1993, la cuales no exceden la potestad reglamentaria como
tampoco modifican lo previsto en la ley 4º de 1992.

2.2 Hechos probados.

En atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los
hechos constatados por esta Corporación, se destaca:

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Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

Con Resolución 002136 del 25 de junio de 20036, expedida de forma conjunta
por el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Transporte - Instituto
Nacional de Vías, se efectuó el traslado del actor adscrito al INVÍAS a la
Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

Certificado del 26 de febrero de 20217, expedido por el Ministerio de Defensa
Nacional, por medio de la cual establece el periodo de vinculación del señor
Mauricio Jaramillo Londoño, en condición de personal civil adscrito a dicha
entidad, desde el 1 de julio de 2003, estando vinculado a la fecha de emitido
este documento con tiempo de servicio de 17 años, 7 meses y 25 días.

2.3. Caso concreto

El actor en el recurso de alzada considera que, los Decretos reglamentarios
no tiene la facultad de modificar el régimen salarial contenido en el Decreto
1214 de 1990 vigente para empleados civiles del Ministerio de Defensa. Por
lo tanto, solicita que se reconozca plenamente el régimen salarial para efectos
de cotización pensional, cuestionando por inconstitucional el Decreto 1158 de
1994.

De las pruebas relacionadas, la Sala encuentra demostrado que, el
demandante fue vinculado como personal civil del Ministerio de Defensa el 1
de julio de 2003, con ocasión al traslado que realizó el Ministerio de Transporte
– Instituto Nacional de Vías, en otras palabras, está demostrado que su
ingreso a dicha entidad se dio con posterioridad a la entrada de la Ley 100 de
1993, así las cosas, el actor no se encuentra dentro de las excepciones
previstas en el artículo 279 de esta disposición y por lo tanto, se le aplica de
forma íntegra el sistema general de pensiones.

Por consiguiente, para los servidores públicos incorporados al sistema general
de seguridad social en pensiones, en el caso particular del personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional, las cotizaciones se realizan con los factores

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Expediente digitalizado archivo PDF 6 anexos, páginas 2 y 3.
7
Expediente digitalizado archivo PDF 6 anexos, página 1.

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Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

determinados en el Decreto 1158 de 1994, razón por la cual no le asiste la
razón al actor al considerar que, se rige por los establecidos en el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990, por cuanto, su índice base de cotización se regula
por lo establecido en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993.

Por otra parte, al argumento del actor dirigido a la Inconstitucionalidad del
Decreto 1158 de 1994, se hace preciso mencionar que, mediante sentencia
del 9 de febrero de 2023, la sección segunda de está subsección8, precisó en
un caso con iguales ribetes al que ocupa la atención de la Sala, lo siguiente:

“En lo que atañe a la pretensión de inaplicación por inconstitucionalidad del
mencionado Decreto 1158 de 1994, se precisa que carece de sustento, pues si
bien es cierto que el régimen especial, previsto en el Decreto 1214 de 1990 y en
lo que a los factores salariales para el ingreso base de cotización concierne,
establece otros a los señalados en el aludido Decreto 1158, también lo es que,
en virtud al principio de inescindibilidad normativa, no es dable aplicar las
disposiciones de uno y otro régimen, como lo pretende la actora, sino que debe
atenderse de manera íntegra el que la gobierna, dadas las prerrogativas
contempladas en este; por tanto, comoquiera que la norma aplicable al caso
concreto es la Ley 100 de 1993, no se podría por razones de favorabilidad
inaplicar una normatividad para dar paso a una especial, que siquiera rige su
situación”

Con fundamento en lo expuesto por esta Corporación en el fallo que
antecede, queda claro para la Sala que, no le asiste la razón al actor de
solicitar la inaplicación del Decreto 1158 de 1994 y está demostrado que el
régimen de pensiones del demandante corresponde a la Ley 100 de 1993 que
le aplica de forma íntegra en los factores establecidos para la base de
cotización y no el Decreto 1214 de 1990 como él lo pretende, razón suficiente
para confirmar la sentencia de primera instancia por medio de la cual se negó
las pretensiones de la demanda.

2.4. Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la

8
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” Consejero Carmelo
Perdomo Cuéter, radicado 2500-23-42-000-2020-00975-01 (1280-2022)

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Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el
simple hecho de las resultas del proceso.

En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en
el proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses, por lo que no se impondrá condena en costas.

VII. DECISIÓN

Con base en los razonamientos que se dejan consignados y los elementos
de juicios valorados en conjunto, esta Sala confirmará la sentencia del 19 de
mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “A”, que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de mayo de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“A”, que negó las súplicas de la demanda promovida por el señor Mauricio
Jaramillo Londoño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Interno: 1463-2023
Demandante: Mauricio Jaramillo Londoño
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con permiso Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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