Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01190-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01190-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-01190-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-01190-02 (0794-2025)
Demandante: Rosiris Cordero Dita
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Temas: Reconocimiento de prima especial y reliquidación de
prestaciones. Prescripción de valores adeudados a excepción
de aportes a pensión. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Rosiris Cordero Dita instauró demanda2 contra la Fiscalía General de
la Nación en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se apliquen las consecuencias jurídicas de la declaratoria de nulidad
derivada de las sentencias del Consejo de Estado proferidas el 29 de abril de 2014,
radicado 11001032500020070008700 (1686-07), y del 2 de septiembre de 2019,
radicado 41001233300020160004102 (2204-2018).
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión
que se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
2 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI – Tribunales.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-01190-02 (0794-2025)
3. Que se inapliquen por Inconstitucionales los Decretos 3549 de 2003, 4180 de
2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de
2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 19 de 2014, 205 de 2014, 1087
de 2015, 219 de 2016, 989 de 2017, 343 de 2018, 996 de 2019, 300 de 2020.
4. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Oficio
20205920001571 GSA 30860 del 11 de febrero de 2020, y (ii) Resolución 2-0544
del 15 de abril de 2020, por medio de las cuales la FGN le negó y confirmó
respectivamente el reconocimiento y pago del 30% de su asignación básica como
un componente adicional a esta con sus efectos para la reliquidación de sus
prestaciones sociales.
5. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reliquidar y reajustar
mensualmente el salario básico en un 100% para liquidar la prima especial del 30%
de que trata la Ley 4ª de 1992 como agregado o adición a su asignación mensual,
junto con el pago de las diferencias causadas por este concepto y el derivado del
reajuste en un 130% sobre los demás factores salariales y prestaciones sociales
devengadas, así como la incidencia que esta reliquidación tenga en la base de
cotización al Sistema de Seguridad Social.
6. Que se dé cumplimiento del fallo de conformidad con los artículos 187, 188, 189
y 192 del CPACA y que la entidad demandada sea condena en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
7. Que ha prestado sus servicios a la Fiscalía General de la Nación, inicialmente en
calidad de técnico judicial II desde el 1.º de marzo de 1994, luego como asistente
de fiscal II a partir del 21 de enero de 2005, y finalmente como fiscal delegada ante
jueces del circuito desde el 11 de octubre de 2011, al menos hasta la fecha de
presentación de la demanda (18 de diciembre de 2020).
8. El 5 de febrero de 2020 solicitó el reconocimiento de la prima especial en un 30%
adicional a su salario mensual, así como la reliquidación y pago de la diferencia del
salario básico y el reajuste de sus prestaciones. No obstante, la entidad demandada
le negó lo reclamado mediante los actos reprochados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Considera vulnerados: los artículos 4, 13, 25, 26, 29, 53, 83, 136, 150 numeral
19 de la Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4.ª de 1992; artículo 152, numeral 7.º
de la Ley 270 de 1996; 3, 10 y 138 del CPACA; 127, 128, 143 del Código Sustantivo
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-01190-02 (0794-2025)
del Trabajo; así como los Decretos 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180
de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395
de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 19 de 2014, 205 de 2014, 1087
de 2015, 219 de 2016, 989 de 2017, 343 de 2018 y 996 de 2019.
10. Afirma que la entidad demandada debió seguir los lineamientos de las
sentencias del 29 de abril de 2014 (radicación número: 11001-03-25-000-2007-
00087-00) (1686-07), del 2 de septiembre de 2019 (Radicado:
41001233300020160004102) (2204-2018), y del 15 de diciembre de 2020,
(Radicación 73001233300020170056801) (5472-2018), todas proferidas por el
Consejo de Estado.
11. Aseguró que las decisiones cuestionadas de reconocer la naturaleza de la prima
especial como factor salarial con consecuencias en las prestaciones sociales,
trasgrede flagrantemente los artículos 48 y 53 de la Constitución Nación, y, a su vez
el artículo 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; porque armónicamente estas normas se
encaminan a garantizar la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad
y calidad del trabajo, pero lo cierto es que con la manifestación de la entidad
accionada se le ha generado una merma sobre el ingreso salarial y ello ha
conllevado a una menor base prestacional.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
12. El 23 de febrero de 2023 fue admitida la demanda.3 La entidad accionada
planteó4 que el Decreto 3549 de 2003 estableció el régimen salarial y prestacional
para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y que a partir del 1º
de enero de 2003, se derogó el Decreto 685 de 2002 suprimiendo la obligación
frente la prima del 30%, incluyendo este porcentaje dentro del salario. Aseguró que,
desde el 2003, los salarios y prestaciones sociales se han liquidado con base al
100% del salario, por lo que la demanda carece de objeto, más aún porque con la
expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció la prima especial como
componente adicional del salario.
13. Propuso las excepciones de prescripción, carencia de objeto, inaplicabilidad
como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación, e improcedencia de sobrepasar el límite previsto en el artículo 4º de la
Ley 4ª de 1992.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
3 Índice 18 de SAMAI – Tribunales.
4 Índice 24 de SAMAI – Tribunales.
5 Índice 50 de SAMAI – Tribunales.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-01190-02 (0794-2025)
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 31 de mayo
de 2024 y auto de corrección del 29 de noviembre de 2024, accedió parcialmente a
las pretensiones, para lo cual ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019 proferida por el Consejo de Estado, declaró la nulidad de los
actos demandados, y, en consecuencia, condenó a la entidad accionada a
reconocer y pagar la prima especial a favor de la actora en un 30% como un
componente adicional al 100% del salario básico percibido entre el 5 de febrero de
2017 por efectos de la prescripción trienal que declaró como excepción probada,
hasta el 31 de diciembre de 2020, bajo la precisión de que no podría superarse la
remuneración fijada anualmente por el Gobierno Nacional y descontando lo ya
pagado por estos mismos conceptos.
15. Adicionalmente ordenó a la FGN ajustar los pagos de cotizaciones a pensión de
la reclamante derivados del reconocimiento de la prima especial por todo el tiempo
de su vinculación cuando ejerció un cargo beneficiario de tal emolumento por no
estar afectados por la prescripción. Por último, negó las demás pretensiones.
16. Expresó que, según los actos demandados y los certificados de ingresos de la
demandante, se probó que el porcentaje para liquidar la prima especial de servicios
se computó dentro del salario básico hasta el año 2002, y que del año 2003 en
adelante se dejó de pagar tal emolumento, lo que implicaba que la parte demandada
desatendió la jurisprudencia que para la época ya existía y aplicando erróneamente
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
17. Añadió que, para el Consejo de Estado en sentencia del 15 de diciembre de
2020, el reconocimiento de la prima especial de servicios resulta viable después del
año 2003, a pesar no haber sido consagrada en los decretos salariales y
prestacionales dirigidos a la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con los
principios de progresividad y no regresividad de los derechos sociales.
18. Estimó que, por tal motivo no se puede disminuir el nivel de protección
conseguido con las Leyes 4 de 1992 y 476 de 1998, al igual que los demás decretos
salariales anuales emitidos hasta 2002.
19. En relación con el fenómeno prescriptivo, según lo dispuesto en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968, y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, como la
demandante solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias prestacionales
adeudadas el 5 de febrero de 2020, se entiende configurada esta excepción
respecto de las sumas causadas con antelación al 5 de febrero 2017.
20. Indicó que en razón a que la prima especial de servicios se considera un factor
salarial para los aportes a la seguridad social en pensión y la Fiscalía General de la
Nación no realizó estos pagos, se debe ordenar ajustar las cotizaciones de la
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demandante desde que se generó el derecho, pues el derecho a la pensión es
irrenunciable e imprescriptible según lo expuesto por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU567 de 2015.
RECURSO DE APELACIÓN6
21. La parte demandada interpuso recurso de apelación para que se revoque el
ordinal quinto de la sentencia, por considerar que la sentencia del 15 de diciembre
de 2020 no estableció un criterio para el pago de los aportes de cotización a la
pensión de jubilación que debiera hacer el empleador durante todo el periodo en
que la actora hubiera prestado sus servicios como fiscal delegada ante los jueces
de la República.
22. Aseguró que, en caso de reconocerse estos emolumentos desde que la
demandante presta sus servicios como fiscal sería atentar contra la estabilidad
financiera de la entidad, más aún cuando lo máximo que debe ser concedido como
aportes son los generados durante los tres años anteriores a la reclamación
administrativa presentada por la actora conforme al fenómeno prescriptivo del
derecho. Planteó que acceder a esta pretensión implicaría desconocer el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, lo cual configura un defecto
sustantivo en la providencia recurrida.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
23. El 31 de marzo de 2025 se admitió el recurso de apelación7 y las partes y el
Ministerio Público se abstuvieron de intervenir.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
24. En el entendido de que solo apeló la parte demandada, deberán analizarse
únicamente los reparos de su recurso, razón por la cual el problema que estudiará
la subsección es determinar si operó la figura jurídica de la prescripción sobre los
aportes a pensión.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
6 Índice 55 de SAMAI – Tribunales.
7 Índice 4 de SAMAI.
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25. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
26. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.
27. Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
19928 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.
28. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
19969 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
este derecho.
29. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».
8 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la
Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
9 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se
considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-01190-02 (0794-2025)
30. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno Nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado10 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.
31. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.
32. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
33. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202011, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
servidores de la FGN en la que se determinó12 que:
«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
10 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia
del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
12 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio
de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).
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2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».
34. De conformidad con este recuento normativo y jurisprudencial se concluye que,
si bien la prima especial fue creada en virtud de la Ley 4.ª de 1992 con efectos
desde 1993, lo cierto es que, en el caso de los fiscales, la efectividad de su
reconocimiento dependerá de la fecha de su vinculación en razón del régimen
salarial creado con el Decreto 53 de 1993.
35. Al respecto es de resaltar que, el artículo 14 de la ley en mención excluyó
expresamente de este emolumento a quienes «[…] opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero
de 1993. […]». Pues bien, fue solo hasta la expedición de la Ley 476 de 1998 que
se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los acogidos a la regulación del Decreto
53 de 1993 o a los vinculados con posterioridad a dicha norma.
36. En consecuencia, el pago de la prima especial se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no se acogerse a esta
última disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos
con posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho
sería efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió
su situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.
37. Finalmente, además de dichas precisiones jurisprudenciales, esta corporación
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202213 declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre 1993 y 2017, en la cual
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
13 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
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Resolución del caso concreto
38. La parte demandada en su calidad de apelante única solicitó exclusivamente
que se revoque la condena al pago de aportes a pensión sin prescripción.
39. Al respecto la sala considera que, en relación con el estudio de dicha figura
jurídica en cuanto a los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, debe tenerse en cuenta que estos constituyen un derecho
imprescriptible e irrenunciable14 y, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 100 de 199315 son obligatorios, no solo por su naturaleza parafiscal, sino por
la sostenibilidad del sistema.16
40. En ese contexto, sí surgía para la entidad accionada el deber de efectuar la
respectiva reliquidación con el fin de determinar el monto de los aportes adeudados
por el lapso de vinculación de la actora en el que desempeñó empleos titulares del
derecho al pago de la prima especial, así esta haya prescrito, porque, en todo caso,
tal haber laboral sí debió ser incluido en el IBC para cotizar al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.
41. Ahora, es precisamente por esta razón que no encontraría sustento el
argumento de apelación de la FGN sobre la presunta afectación a la estabilidad
financiera de la entidad ante un pago por este concepto sin un límite prescriptivo,
pues contrario a dicha tesis y sin que se observen pronunciamientos judiciales a
título de precedente que la apoyen como lo afirmó en su recurso, lo cierto es que
tanto legal como jurisprudencialmente, las cotizaciones al SGSS tienen una
naturaleza jurídica con carácter fundamental asociada a garantías constitucionales
como el derecho pensional de los trabajadores que, además, al hacer parte de un
sistema con intereses generales superiores sobre el que también debe prevalecer
su sostenibilidad, no puede ceder ante dificultades financieras o trabas
administrativas de las entidades de previsión.17
14 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «[…] la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. […]».
15 «[…] ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. […]»
16 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
17 Al respecto ver sentencia de la Corte Constitucional T-412 del 5 de agosto de 2016. Expediente: T-5.479.884.
MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-01190-02 (0794-2025)
42. En consecuencia, estos argumentos son suficientes para confirmar la sentencia
recurrida al no haber otros argumentos distintos de oposición sobre los cuales deba
emitirse pronunciamiento de fondo.
Condena en costas de segunda instancia
43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
44. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
46. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos
mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio
de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-01190-02 (0794-2025)
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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