Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00029-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00029-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00029-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00029-02 (2751-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandada: Elizabeth Rojas de Cuellar
Tema: Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024.
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia emitida el 7 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. Se anticipa
que la decisión será revocada.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
2. El 24 de julio de 20202, la demandante ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objetivo de que se declare la nulidad de las
Resoluciones 002616 del 28 de agosto de 1991 y 24415 del 9 de junio de 2008, emitidas
por la Caja Nacional de Previsión Social EICE (CAJANAL). Dichas resoluciones se
refieren al reconocimiento y a la reliquidación de una pensión gracia de jubilación,
respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) declarar que a la demandada
no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia reconocida, por
no reunir los requisitos legalmente establecidos para tal derecho; y ii) condenarla al
reintegro de la totalidad de las sumas canceladas de manera indebida, debidamente
indexadas al momento del pago.
1 Índice 2 registrada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ver archivo
0001NulidadRestablecimientoDerecho
2 Radicada y asignada al Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda en la fecha, pero
remitida por competencia en razón de la cuantía al Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 25
de noviembre de 2020 – ver archivo
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Demandante: UGPP
4. Como fundamento de sus pretensiones, se expuso que la docente solicitó a la
extinta CAJANAL el reconocimiento y pago de una pensión gracia, acreditando haber
laborado en la Secretaría de Educación de Bogotá desde el 16 de agosto de 1960 hasta
el 18 de noviembre de 1994, así como en el INEM "Francisco de Paula Santander"
desde el 2 de marzo de 1970 hasta el 28 de febrero de 2003, además de haber nacido
el 6 de enero de 1938.
5. A través de la Resolución 002616 del 20 de agosto de 1991, se le reconoció la
pensión gracia de jubilación, equivalente a $61.305,03, efectiva a partir del 6 de enero
de 1988, liquidada teniendo en cuenta el salario devengado en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional. Posteriormente, mediante la Resolución 24968 del
31 de mayo de 1993, la entidad demandante le reconoció la pensión de jubilación
ordinaria a la demandada, por un monto de $56.224,32, efectiva a partir del 6 de enero
de 1988, con efectos fiscales desde el 29 de diciembre de 1989.
6. Se relató que la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Resolución 610 del 26
de febrero de 2003, aceptó la renuncia de la demandada al cargo de directora en el
Instituto Nacional de Educación Media "INEM" Francisco de Paula Santander, a partir
del 26 de febrero de 2003.
7. Luego, la demandada solicitó la reliquidación de la pensión gracia, petición que
fue negada mediante la Resolución 10525 del 4 de abril de 2007, por retiro definitivo.
Contra esta decisión, interpuso un recurso de reposición solicitando la revisión de la
liquidación de la prestación, el cual fue resuelto a través de la Resolución 2415 del 9 de
junio de 2008, modificando el acto y reliquidando la prestación en un monto de
$1.229.774,75, efectiva a partir del 1 de marzo de 2003, considerando el 5% del salario
devengado en el último año de servicio, incluyendo la asignación básica y horas extras.
8. La entidad demandante mencionó, mediante la Resolución 31049 del 8 de julio
de 2008, negó la reliquidación de la pensión gracia ante una nueva solicitud de la
demandada, excluyendo nuevos factores salariales.
9. Además, refirió que a través del Auto ADP 006412 del 1 de octubre de 2019, le
solicitó el consentimiento previo y expreso a la demandada para proceder a la
revocatoria de la Resolución 002617 del 20 de agosto de 1991. Después, por medio del
Auto ADP 007254 del 15 de noviembre de 2019, la entidad aclaró que la demandada
no otorgó consentimiento para la revocatoria del acto que le reconoció la pensión
gracia, razón por la cual se remitió el expediente pensional al grupo de lesividad de la
entidad.
10. Por último, advirtió que la demandada no tenía derecho a gozar de la pensión
gracia, puesto que para acreditar el tiempo de servicio en la docencia oficial, intentó
sumar aquellos períodos en los que tuvo una vinculación de carácter nacional, los
cuales están excluidos en el cómputo para el reconocimiento de esta prestación.
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Contestación de la demanda3
11. La demandada se opuso a las pretensiones, argumentando que la Resolución
002616 del 28 de agosto de 1991 constituye un acto administrativo que goza de
presunción de legalidad, dado que fue emitido cumpliendo con las formalidades legales
y bajo el principio de buena fe, exento de culpa. En este sentido, sostuvo que tampoco
debe prosperar la solicitud de nulidad de la Resolución 24415 del 9 de junio de 2008,
en razón a que se trata de un acto administrativo que le otorga la reliquidación de la
pensión ordinaria de jubilación a la demandada, reconocida previamente mediante la
Resolución 24968 del 31 de mayo de 1993, situación que es ajena a la demandada y
no conforma una unidad jurídica.
12. Asimismo, indicó que la entidad demandante omitió incluir en su demanda el
contenido de la Resolución 10525 del 4 de abril de 2007, mediante la cual se le negó la
reliquidación de la pensión gracia, lo que implica que no integró en sus pretensiones la
totalidad de los actos administrativos pertinentes.
13. La accionada también argumentó que no es procedente condenarla a devolver
los montos reconocidos, dado que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia de
buena fe y exenta de culpa, conforme a lo estipulado en el artículo 164 del CPACA. Por
lo tanto, no hay lugar a la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares que
actuaron de buena fe, lo que impide que la entidad demandante alegue su propia culpa
como fundamento para intentar recuperar dichos recursos.
14. Propuso como excepción la que tituló: «buena fe».
II. SENTENCIA APELADA4
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la sentencia emitida el 7
de febrero de 2023, declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda en
relación con la pretensión de nulidad de la Resolución 24415 del 9 de junio de 2008,
que había reliquidado la pensión ordinaria de la demandada. Asimismo, se declaró la
nulidad de la Resolución 002616 del 28 de agosto de 1991, se denegó la pretensión de
reintegro de los dineros recibidos por la demandada como mesadas y se decidió no
condenar en costas a la entidad demandante.
16. Se indicó que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 1962 del 20 de
noviembre de 1969, estableció los Institutos Nacionales de Educación Media
Diversificada (INEM) a partir de 1970. En consonancia con la jurisprudencia de esta
Corporación, se determinó la improcedencia de contabilizar los tiempos de servicio en
dichas instituciones para cumplir con los requisitos de la pensión gracia, dado que se
trata de establecimientos de carácter nacional.
17. Tras revisar el material probatorio, se concluyó que la demandada prestó sus
servicios en un plantel nacional desde el 2 de marzo de 1970 hasta el 30 de marzo de
3 Índice 46 registrada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ver archivo
44_250002342000202100029001RECIBEMEMORIALRECIBEMEM20220615163444
4 Índice 94 registrada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ver archivo
102_250002342000202100029001SENTENCIA20230210160156
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1988, tiempo que no puede ser considerado para el reconocimiento de la pensión, dado
que el único período válido corresponde a 4 años y 3 meses en la Secretaría de
Educación de Bogotá, entre el 18 de agosto de 1960 y el 17 de noviembre de 1964.
18. Revisado el material probatorio se estableció que la demandada prestó sus
servicios en un plantel nacional en el período comprendido entre el 2 de marzo de 1970
y el 30 de marzo de 1988, el cual no puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento
de la pensión, por lo que el acto se encuentra viciado de nulidad, puesto que el único
tiempo válido para el efecto corresponde a 4 años y 3 meses prestados en la secretaría
de educación de Bogotá, entre el 18 de agosto de 1960 al 17 de noviembre de 1964.
19. Se negó la pretensión de devolución de los dineros recibidos por concepto de
mesadas pensionales, puesto que no se demostró que la docente hubiera inducido en
error a la entidad demandante para obtener el reconocimiento de la pensión gracia.
III. RECURSO DE APELACIÓN5
20. La demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia mencionada,
arguyendo que los actos demandados no constituyen una unidad jurídica ni guardan
congruencia entre ellos. Reiteró que la entidad demandante omitió incluir en la
demanda el acto administrativo que resolvió la reliquidación de la pensión gracia,
contenido en la Resolución 10525 del 4 de abril de 2007, al no integrar en las
pretensiones la totalidad de los actos.
21. Además, insistió en que los servicios prestados desde el 2 de marzo de 1970
hasta el 31 de agosto de 1986 deben ser considerados como tiempos de carácter
territorial para el reconocimiento de la pensión gracia. Argumentó que la transferencia
del personal docente nacional a las plantas de los departamentos, distritos y municipios,
en virtud de la descentralización de la educación, no implicó un nuevo nombramiento ni
alteró la vinculación del personal.
22. Finalmente, reiteró que los pagos recibidos por concepto de pensión gracia
fueron obtenidos de buena fe, por lo que la entidad demandante no puede alegar en su
contra su propia culpa al demandar el acto de reconocimiento pensional.
IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
23. El recurso de apelación fue admitido a través de auto del 21 de septiembre de
2023 y notificado por estado el 20 de octubre de 20237.
6
24. La entidad demandante interpuso un recurso de apelación adhesiva 8 dentro del
término de ejecutoria del auto que admitió la alzada. A través de este recurso, busca la
revocación del numeral tercero, para que se ordene el reintegro de las sumas pagadas
a la demandada. Esta situación, según la demandante, generaría una erogación ilegal
del erario, priorizando intereses particulares sobre el bienestar general.
5 Índice 97 registrada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ver archivo
105_250002342000202100029002RECIBEMEMORIALRECIBEMEM20230306115924
6 Índice 4 de Samai.
7 Índices 8 de Samai.
8 Índice 9 de Samai, ver archivo 7_250002342000202100029022MemorialWeb20231025214225
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25. A través del auto del 4 de abril de 20249 se admitió el recurso de apelación
adhesiva interpuesto por la entidad demandante.
26. En ambas oportunidades, se advirtió a las partes que disponían hasta la
ejecutoria de dichas providencias para pronunciarse respecto al recurso de apelación
presentado por su contraparte. Asimismo, se comunicó al Ministerio Público que tenía
plazo hasta antes de la entrada del expediente para emitir su concepto.
27. El Ministerio Público10 señaló que la demandada no cumple con los requisitos
para continuar con la pensión gracia otorgada habida cuenta que los tiempos laborados
en el INEM Francisco de Paula Santander de Kennedy fueron en una plaza nacional.
Los argumentos de la accionada los estimó como carentes de fundamento fáctico y
jurídico, evidenciando el incumplimiento de los requisitos legales para acceder a la
prestación, específicamente no haber laborado 20 años en la docencia territorial.
Agregó que solo cumple con tener más de 50 años y haber iniciado vida laboral como
docente antes del 31 de diciembre de 1980, además de tener buena conducta, de lo
cual no hay prueba en contrario. Por lo tanto, solicitó la confirmación de la providencia
recurrida, en defensa del interés general y del orden jurídico.
28. Las partes guardaron silencio en los plazos otorgados.
V. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
29. En principio correspondería a la Sala determinar si hay lugar a declarar o no la
nulidad de los actos administrativos que reconoció y reliquidó la pensión gracia en favor
de la demandada y la eventual condena a restituir los valores recibidos; sin embargo,
en virtud de las facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso segundo del
artículo 187 del CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que
encuentren probada, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in
pejus), se analizará la posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Marco normativo y jurisprudencial. Aplicación de la regla de caducidad
establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que se
encontraban en curso para la fecha en que entró en vigor la norma.
30. El literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 202411 prevé una regla especial de caducidad según la cual:
9 Índice 12 de Samai, ver archivo 11_AUTOQUEADMITE_27512023ADMITEAPELAC_20240410133816
10
SAMAI, índice 10.
11 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte
Común, y se dictan otras disposiciones”.
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“ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de
las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y
cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
Podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.”
31. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a
diversas disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el inciso segundo de
la norma, según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales
que se encontraran en curso para la fecha en que entró en vigor la ley. Frente a esta
cuestión, la Subsección A se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la
aludida disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los
asuntos a cargo de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la
mencionada norma12, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su
promulgación, esto es, el 16 de julio de 202413.
32. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando
puede generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual
vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del
derecho fundamental de acceso a la administración (artículos 2, 5, 6, 29 y 83 de la
Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que, en
virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por
inconstitucionalidad, concretamente su expresión “[…] y que estén en curso […]”.
33. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de esta
Subsección A en el sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad
de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos
promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se
encontraban en curso desde antes de esta modificación normativa.
12 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524-2022, C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de
octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024,
C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
13 “Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20246 se advierte que fue sancionada y publicada el 16 de julio
de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común, conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1° de julio de 2025. Sin embargo, no
ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la norma, ya que, al no establecerse una fecha en
particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se realizaron al aludido sistema
de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su
promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C-957 de
19977.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
2 de octubre de 2024, exp. núm. 3936-2018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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34. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia
legislativa prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para
establecer las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o
administrativas y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las
acciones judiciales. En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de
reglas procesales, la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la
necesidad de garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el
acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al
Estado Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia
pacífica:
“(…) la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el
legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con
amplio margen de configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los
términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en
general. (…) tal prerrogativa le permite al legislador fijar las reglas a partir de las
cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido
proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la administración de justicia
(artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la
racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el
principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho. (…) el proceso no es
un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para
la realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia
pacífica (Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados. (…) Por ende, es
extensa la doctrina constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido
en los artículos 29, 150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del
legislador precisamente, para fijar tales formalidades procesales.”14 (Subrayado
propio).
35. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que
el legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para
ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud
al no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos
procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de obtener
seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico15.
36. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para
regular los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la
justificación y los antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que el texto
original de la norma únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para
las actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan
los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 200316; y que fue en el segundo debate legislativo
adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy
es Ley de la República.
14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16 Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de
las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que
tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del
reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez.”
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37. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de
caducidad fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C-835 de 2003 que
declaró la inexequibilidad de la expresión “en cualquier tiempo” contenida en los incisos
primero y tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia
de un límite temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la
seguridad jurídica y la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos,
las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente
ejecutoriadas, lo que deriva en la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la
pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art.
1 C.P.):
“Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta
es no.
En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción
sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se
desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas
subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima,
y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al
cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los
conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas
graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de
revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la
indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento
de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que
todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se
hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La
norma bajo examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido,
como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus
consecuencias resulta notoriamente irracional y desproporcionada. (…)
En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso
(art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado
Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.),
en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo
89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste
la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe
proteger los derechos de todas las personas frente a la acción u omisión de las
autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la
inexequibilidad de la expresión examinada.”17 (Resaltado original, subrayado
propio)
38. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones administrativas
previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones administrativas y acciones
judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue sustentada ante la plenaria
del Senado destacando la grave inseguridad jurídica a la que se encuentran sometidas
las personas a quienes se les ha reconocido la pensión al no existir un límite temporal
para que dicho reconocimiento sea cuestionado:
17 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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“[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que ver
con las pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le
reconocen una pensión, bien sea por vía administrativa o contenciosa
administrativa, esa acción nunca prescribe, es decir, esa pensión que fue
reconocida puede ser demandada a los 2, 5, 10 años, en cualquier momento; y
esto plantea, sin duda, un grave problema de inseguridad jurídica y una pérdida
de fortaleza del principio de la confianza legítima. […]. Es decir, cuando yo
adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […]. No hay razón
para que en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa
angustiante de ver revisada su pensión después de cinco (5) años de ser
reconocida en cualquier momento de su vida, hayan transcurrido 10, 20, 30 años
como ha pasado en muchas ocasiones. Entonces yo hago un llamado para que
entendamos el drama humano que ha encarnado esta circunstancia que no
permite que las personas que le han servido bien al Estado o han trabajado
durante toda su vida y han adquirido derecho a la pensión no tengan seguridad
de obtener una decisión definitiva.”18
39. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador para
imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones judiciales
que procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es salvaguardar los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de las pensiones
debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se
puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto
pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los
derechos fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de
jubilación que ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos
en la ley para jubilarse.
40. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y
constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en
curso en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se
origine una tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los principios
de seguridad jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración
de justicia de los demandantes que pretenden cuestionar la pensión de jubilación que
ya se encuentra reconocida; y, por otro lado, los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima, y los derechos a la seguridad social y al reconocimiento de la
pensión de jubilación de los trabajadores pensionados. Contraposición en la cual, según
el parecer de esta Sala, prevalecen los principios y derechos que ostentan los
trabajadores a quienes se les reconoció la pensión de jubilación antes de los cinco (5)
años previstos en la norma por la potísima razón de la primacía que le confiere nuestro
ordenamiento jurídico a tales derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado
Social>> consagrada en la Constitución.
41. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que
puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer de esta
Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política
en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 Superior.
18 Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg.
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42. Al respecto, esta Corporación ha precisado que “(…) para hacer uso de este
medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la
norma constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cotejo resulte
absolutamente incompatible su aplicación simultánea”19.
43. De lo anterior deviene que solamente será procedente que el Consejo de Estado
declare la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio del control de
constitucionalidad concreto20, cuando la contradicción sea manifiesta, presupuesto que
no tiene lugar en el presente caso y cuya ausencia impone la presunción de
constitucionalidad de la norma hasta tanto se declare lo contrario por la Corte
Constitucional en su calidad de autoridad competente o siempre y cuando en el caso
concreto la inconstitucionalidad sea ostensible.
44. Finalmente, en relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla,
advirtiendo entonces que en su artículo 95 señala sin ambages que esta rige a partir de
su sanción, de manera que el artículo 94 ejusdem solamente difirió en el tiempo la
entrada en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y
Muerte de Origen Común a partir del 1° de julio de 2025; así las cosas, se impone
afirmar que el artículo 86 entró en vigor el 16 de julio de 2024 fecha en que se sancionó
y promulgó.
45. Con todo, como ya había sido anunciado, se concluye que el término de
caducidad de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es plenamente
aplicable tanto en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma
(16 de julio de 2024) como en aquellos que se encontraban en curso; exceptuándose,
en todo caso, aquellas pensiones que hubieren sido otorgadas mediante fraude o con
ocurrencia de algún delito.
46. En consecuencia, en virtud de la facultad prevista en el inciso segundo del
artículo 187 del CPACA, será procedente que esta Sala declare la caducidad de la
acción de encontrarse probado que han transcurrido más de cinco (5) años desde la
fecha en que se efectuó el reconocimiento de la pensión, incluso si el proceso ya se
encontraba en curso para la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024; esto último, aun si el demandante no la propuso como excepción.
Caso concreto
47. Conforme a lo expuesto, corresponde a la Subsección analizar el presente
asunto en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pues
dicho precepto es claro al señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el
reconocimiento del derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de
2010, rad. núm. 66001-23-31-000-2007-00070-01, C.P. María Elizabeth García González.
20 “La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la existencia de un sistema mixto
de control de constitucionalidad, pues mientras que a la Corte Constitucional y, de manera residual, al Consejo de
Estado se les confía el control de constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y 237, numeral 2°, de la Constitución
Política), el control de constitucionalidad concreto tiene lugar en desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando,
al momento de aplicar una norma legal o de inferior jerarquía, el servidor encargado de aplicarla advierte su
ostensible e indudable oposición a mandatos constitucionales.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de diciembre de 2006, exp. núm. 3975-4032, C.P. Darío Quiñonez.
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fundamentos de la demanda, no se está ante el supuesto de un derecho obtenido con
fraude o con ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción
establecida en la disposición citada.
48. En este punto debe precisarse que, en el presente caso está probado que a la
accionada le fue reconocida la pensión gracia de jubilación en los términos de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, a través de la Resolución 002616 de 28 de
agosto de 199121, efectiva a partir del 8 de enero de 1988. A su vez, por medio de la
Resolución No. 24415 de 9 de junio de 200822, la Subdirección General de Prestaciones
Económicas de CAJANAL reliquidó la pensión de gracia de la demandada.
49. Asimismo, se ha corroborado que la demanda fue presentada ante los juzgados
administrativos de Bogotá el 24 de julio de 202023, siendo remitida por competencia al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 25 de noviembre de
2020. Esto implica que han transcurrido aproximadamente treinta y dos (32) años desde
el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación y cerca de doce (12) años desde
que se ordenó su reliquidación.
50. En consecuencia, dado que la demanda fue interpuesta más de cinco (5) años
después de que se realizó el reconocimiento y la reliquidación de la pensión, esta
Subsección procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
declarará probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
51. Por otro lado, en relación con la apelación adhesiva presentada por la entidad
demandante, es fundamental recordar que esta tenía como objetivo restablecer el
derecho mediante la devolución de las mesadas que habían sido pagadas
anteriormente a la demandada. Sin embargo, tras la declaración de caducidad y la
consiguiente firmeza de la pensión gracia, resulta innecesario que la Sala emita
pronunciamiento alguno respecto a este reparo.
52. Finalmente, se constata en el expediente que, mediante auto fechado el 31 de
mayo de 2022, el tribunal de primera instancia decretó la suspensión provisional de la
Resolución 002616, emitida el 28 de agosto de 1991. Esta decisión fue confirmada por
esta Subsección en la providencia del 27 de julio de 202324.
53. La entidad demandante, a través de la Resolución RDP 015061 del 10 de junio
de 202225, cumplió con la orden emitida por el Tribunal en auto del 31 de mayo de 2021,
suspendiendo los efectos del acto de reconocimiento pensional.
54. La sentencia apelada declaró la nulidad de la Resolución 002616 del 28 de
agosto de 1991 sin levantar la cautela, lo que implica que, a la fecha, dicha resolución
sigue suspendida.
21 Ver archivo 1_250002342000202100029001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE2021122105926, folios 415 – 418.
22
Ibidem, folios 488-492.
23
Ibid., 03ActaReparto.pdf.
24 Índice 6 de Samai, ver archivo 6_6_250002342000202100029011AUTOQUERESUEL20230803105332
25 Índice 47 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ver archivo
45_250002342000202100029001RECIBEMEMORIALRECIBEMEM20220615170601
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55. En este sentido, el artículo 235 del CPACA establece que las medidas cautelares
pueden ser modificadas o revocadas, bien sea de oficio o a solicitud de parte, en
cualquier etapa del proceso, cuando se constate que no se cumplieron los requisitos
para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o han sido superados.
56. Puestas de este modo las cosas, al operar la caducidad de la acción con
pretensión de nulidad de las Resoluciones 002616 del 28 de agosto de 1991 y 24415
de 9 de junio de 2008, se desvanecieron los fundamentos de hecho y de derecho que
justificaron el decreto de su suspensión provisional, lo que conlleva al levantamiento de
dicha medida cautelar.
Condena en costas
57. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
Con base en esa regla legal, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer la
condena en costas en vigencia del CPACA, era necesario realizar una valoración
objetiva26 donde el juez, una vez comprobaba su causación, y sin atender a factores
subjetivos como la buena fe o la temeridad de las partes, podía ordenarlas.
58. No obstante, dicha postura debe adecuarse a lo dispuesto por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021 que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, en el que se
introdujo que la condena en costas procede cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que implica que sea forzoso
examinar si los fundamentos vertidos en la actuación procesal correspondiente se
encuentran huérfanos de sustento legal plausible, lo que acontece, por ejemplo, cuando
las normas en que se fundamente la tesis del caso no sean aplicables o se desconozcan
reglas jurídicas pacíficas producto de los precedentes fijados por esta Corporación.
59. En el presente asunto no se advierte que la demanda haya carecido de forma
manifiesta de fundamento legal. Tan es así, que la sentencia de primera instancia
accedió a las pretensiones de la demanda por considerar procedentes los argumentos
presentados por la entidad demandante; aunado a lo anterior, no se puede perder de
vista que la declaratoria de oficio de la excepción de caducidad obedece a una norma
que no existía para la fecha en que se presentó la demanda y por ello no le era exigible
tenerla en cuenta. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante en ambas instancias27, ya que no se observa una evidente falta de
fundamento legal en sus argumentos.
VII. DECISIÓN
60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014),
actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
27 Según el numeral 4 del artículo 365 del CGP, aplicado a esta jurisdicción por remisión de los artículos 188 y 306
del CPACA, «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias».
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Radicado: 25000 23 42 000 2021 00029 02 (2751-2023)
Demandante: UGPP
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de febrero de 2023 emanada del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de
la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución
002616 de 28 de agosto de 1991, ordenada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto de 31 de mayo de 2022, confirmada por esta Corporación
con providencia del 27 de julio de 2023 y ejecutada a través de la Resolución RDP
015061 del 10 de junio de 2022, conforme a lo explicado en precedencia.
CUARTO: La UGPP deberá reanudar el pago de las mesadas pensionales a favor de
la señora Elizabeth Rojas de Cuellar de manera inmediata, por lo que deberá ser
incluida en nómina de pensionados a partir del mes siguiente en que le sea notificada
la sentencia a la entidad demandante.
QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones correspondientes en
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI» y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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