Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00107-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00107-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00107-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
8 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00107-01 (3164-2022)
Demandante: Gustavo Adolfo Rojas Reyes
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Cambio de régimen de pensión de jubilación de docente oficial.
Principio de justicia rogada y de congruencia. No se fundamentó
la demanda en la aplicación de la Ley 71 de 1988, sino en la Ley
33 de 1985. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el dos (2) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Gustavo Adolfo Rojas Reyes instauró demanda1 en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 6067 del 3 de noviembre de 2020,
por medio de la cual la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá en nombre y
representación del Ministerio de Educación – FOMAG le reconoció una pensión de
vejez con base en la Ley 100 de 1993.
A título de restablecimiento del derecho, se reliquide dicha prestación de
conformidad con el régimen de la Ley 91 de 1989 en conjunto con la Leyes 33 y 62
de 1985, esto es, en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales
1 Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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devengados durante el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus,
con el debido reajuste anual y con la indexación de las sumas adeudadas por este
concepto.
Se ordene el cumplimiento de la sentencia de conformidad con los artículos 189 y
192 del CPACA y que se condene en costas a la entidad accionada en virtud del
artículo 188 de dicha norma.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 20 de noviembre de 1950 y laboró en el sector privado mediante
contratos de trabajo en virtud de los cuales realizó aportes a pensión ante el
entonces ISS (hoy Colpensiones) por períodos interrumpidos entre 1970 y 1999.
Del 18 de agosto de 1978 al 20 de enero de 1979 ejerció el cargo de profesor oficial
al servicio del municipio de Puerto Carreño. Fue nombrado en propiedad en el
mismo cargo en el distrito capital de Bogotá desde el 18 de julio de 1980 hasta el
17 de mayo de 1982, y entre el 20 de abril y el 17 de junio, del 18 de julio al 31 de
octubre de 1983, y del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2001 se desempeñó
nuevamente como docente de dicha entidad territorial a través de vínculos en
interinidad. Finalmente fue vinculado por dicha autoridad en período de prueba a
partir del 24 de enero de 2006 y luego en propiedad desde el 11 de octubre de 2007,
al menos hasta el 21 de agosto de 2019.
El 12 de febrero de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación con
base en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, la cual fue reconocida mediante el acto
demandado, pero con fundamento en el régimen general de la Ley 100 de 1993 por
considerar que su primer vínculo formal fue después de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Consideró vulnerados: los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53, y 58 de la
Constitución Política; el Acto Legislativo 01 de 2005; las Leyes 91 de 1989, 812 de
2003, 33 y 62 de 1985, 100 de 1993; y los Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972,
1042 y 1045 de 1978 y 2277 de 1979.
Expresó que lo que hizo la Ley 812 de 2003 fue incluir a los docentes en el régimen
de la Ley 100 de 1993 de la cual fueron excluidos por mandato del artículo 279,
dejando claro que solo se aplica a los que se vinculen con posterioridad al 27 de
junio de 2003. Por consiguiente, a los maestros con alguna vinculación anterior a
esta fecha se les debe respetar la expectativa pensional establecida en las Leyes
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33 y 62 de 1985. Que, si bien en este momento se encuentra escalafonado en el
Decreto Ley 1278 de 2002, no es menos cierto que ingresó al servicio del magisterio
antes de la data en mención, razón por la cual se hace acreedor al régimen
prestacional previo al general contenido en la Ley 33 de 1985.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 26 de marzo de 2021 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la Nación –
Ministerio de Educación - FOMAG, quien se abstuvo de contestarla.
El 29 de octubre de 20213 se prescindió de la celebración de la audiencia inicial con
el fin de dictar sentencia anticipada, por lo que se fijó el litigio, se decretaron e
incorporaron las pruebas solicitadas y se corrió traslado para alegar de conclusión
y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 2 de febrero de
2022 negó las pretensiones. Manifestó que, conforme al reporte de semanas
cotizadas a Colpensiones, se determina que el demandante acumuló un total de
472.86 semanas por servicios privados o aportes como independiente. Que ese
tiempo podría servir para reclamar pensión ordinaria de jubilación, pero no para una
pensión docente que sea compatible con el servicio en actividad y solo por servicios
educativos.
Además, que eso no es lo que el actor pretendió con esta demanda, pues encaminó
sus pretensiones al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación docente
bajo el amparo de las Leyes 33 y 62 de 1985, la cual solo permite la acumulación
de tiempos laborados en el sector público.
Señaló que el accionante en calidad de docente interino prestó servicios a la
Secretaría Distrital de Educación de Bogotá D.C. un total de seis meses, en forma
discontinua e interrumpida entre el 20 de abril de 1983 y el 30 de noviembre de
2001. Posteriormente, fue nombrado en propiedad a partir del 24 de enero de 2006,
cargo que desempeñaba a la fecha expedición de la última certificación, que tuvo
lugar el 21 de agosto de 2019. Que, por esa razón, resulta evidente que para el 26
de junio de 2003 el actor no se encontraba vinculado a la docencia oficial, sin
embargo, antes de esa fecha, en diferentes periodos y formas de vinculación,
acumuló un total de 4 años, 9 meses y 1 día como educador al servicio del Estado.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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Que la vinculación como maestro en propiedad, por primera vez, tuvo vigencia hasta
mayo de 1982, esto es, más de 20 años antes de la expedición de la Ley 812 de
2003, y posteriormente laboró como docente interino en forma discontinua e
interrumpida entre el 20 de abril de 1983 y el 30 de noviembre de 2001.
Aseguró que, por lo anterior es evidente que al 26 de junio de 2003, el accionante
no tenía vinculación alguna al magisterio, y el tiempo interino anterior, e incluso el
que reportó en propiedad, dado su renuncia, fue transitorio temporal, sin efectos a
la fecha de entrada en vigencia de la transición dispuesta en la mencionada ley,
razón por la cual no se encuentra cobijado por el régimen de transición, y, por ende,
su mesada pensional debe ser analizada con fundamento en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, para cuyo régimen son computables tiempos servidos en el sector
privado, sin compatibilidad con el sueldo en servicio activo, que es exclusivo para el
sector docente, tal y como lo dispuso la entidad demandada en el acto objeto de
reproche.
RECURSO DE APELACIÓN5
La parte demandante interpuso recurso de apelación. Afirmó que el hecho de que
haya tenido una interrupción en el tiempo de servicio laborado no significa que los
períodos trabajados antes de la expedición de la Ley 812 de 2003 no puedan ser
tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión, más aún porque para los
mismos efectos no cobraba importancia la modalidad de vinculación como lo planteó
el Consejo de Estado en sentencia del 28 de septiembre de 2020 (3514-2019).
Argumentó que aun cuando haya solución de continuidad en los vínculos, se deben
respetar los derechos adquiridos y el régimen docente adquirido con la primera
vinculación, ya que al momento en que ingresó al servicio del magisterio se
encontraba vigente un marco jurídico más favorable que el general de la Ley 100 de
1993, razón por la cual la decisión del tribunal de primera instancia genera una
vulneración de los principios de favorabilidad y no regresividad.
Que inicialmente trabajó con empresas privadas y luego empezó su labor como
docente del servicio público educativo desde 1978, es decir, antes del 27 de junio
del 2003 cuando entró en vigencia la Ley 812 del 2003, motivo por el cual ya tenía
una expectativa de adquirir su estatus pensional cuando cumpliera con los requisitos
de 20 años de servicio y 60 años de edad previstos en la Ley 71 de 1988, la cual es
aplicable por haber realizado aportes al entonces ISS, lo que le permite acumular
cotizaciones para obtener la pensión por aportes del artículo 7.º de dicha norma.
Que el juez debe tener en cuenta esta normativa en virtud de los principios indubio
pro operario y iuria novit curia, ya que al verificar el caso es necesario observar la
regulación más favorable al trabajador, la cual en este asunto es la mencionada ley
5 Ibid.
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a la que justamente se remite la propia Ley 91 de 1989. Que por esa misma razón
se permite la compatibilidad de la prestación con el salario, esto es, por ser un
docente afiliado al FOMAG a quien no se le exige el retiro definitivo del servicio para
acceder a estos derechos.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 6 de julio de 20226 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
La parte demandada7 expresó que, con base en la historia laboral del demandante,
y al advertir que se vinculó como docente en propiedad con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, sus derechos pensionales deben ser los
del régimen de prima media señalados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y
por tanto no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 7.° de la Ley 71 de 1988.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado8 Aseguró que se debe
negar la liquidación o reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de
factores salariales sobre los cuales no se realizó el respectivo aporte, ya que el
Consejo de Estado expidió la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del
25 de abril de 2019 en la que determinó que cualquiera que sea el régimen
prestacional que regule el derecho prestacional de los educadores, en su cálculo
solamente se deben tener en cuenta aquellos emolumentos objeto de cotización.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Deberá resolver la Subsección si, de conformidad con lo expresamente solicitado
en vía administrativa y en la demanda, al demandante le asiste derecho a que su
pensión sea reconocida con base en la Ley 33 de 1985 en lugar de la Ley 100 de
1993 como le fue otorgada, a fin de que esta sea calculada en cuantía del 75% del
promedio de los factores salariales sobre los que se haya efectuado cotizaciones
durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, y con
efectividad desde esa misma fecha; o si lo propio debería analizarse conforme a la
Ley 71 de 1988 en virtud de los principios in dubio pro operario y iura novit curia.
Marco normativo y jurisprudencial
6 Ver índice 5 de SAMAI.
7 Ver índice 4 de SAMAI.
8 Ver índice 12 de SAMAI.
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Acerca de la determinación del régimen pensional aplicable a un docente en
virtud de su primera fecha de vinculación al servicio educativo
Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación a
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado,9 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados
remisorios de la Ley 91 de 1989.
Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.
Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más
amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 10 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.
Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según
el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones
pendientes de definición y que no se hayan consolidado bajo el fenómeno de cosa
juzgada.
Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el marco
jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación
al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa relación inicial fue
continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de prestación de servicios,
con un nombramiento legal y reglamentario en provisionalidad, en propiedad o
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
10 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a)
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
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temporal como una interinidad, así como tampoco si para la mencionada fecha la
reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.
Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones del maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,11 es claro que esta situación corresponde
a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa legítima que tenía el maestro de pensionarse con una
regulación más favorable.
Resolución del caso concreto
Previo a resolver el fondo del asunto la Sala destaca que, solamente al momento
de interponer el recurso, la parte apelante advirtió que en virtud de su primera
vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le es aplicable
como verdadero régimen pensional para reconocer y liquidar su prestación el
previsto en la Ley 71 de 1988 luego de haber acumulado aportes tanto del sector
privado como del público en calidad de docente.
Sin embargo, lo cierto es que al revisar tanto el trámite en vía administrativa que dio
origen al acto demandado, así como la demanda y todo lo debatido en primera
instancia, se concluye que el reclamante siempre planteó como pretensión y
sustento de la misma la aplicabilidad de la Ley 33 de 1985, mas no de la primera
norma en mención, aun a pesar de que en los hechos indicó que había realizado
cotizaciones derivadas de contratos de trabajo con particulares y de sus
vinculaciones con el magisterio oficial.
Lo expuesto implica que, en virtud de los principios de justicia rogada y congruencia,
donde la legalidad de los actos se analiza conforme a los argumentos de
anulabilidad que exponga la parte actora, se vuelve improcedente analizar el cambio
de régimen para el reconocimiento de su prestación con base en la Ley 71 de 1988,
ya que, en sede administrativa ante la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG
y ahora en el curso de la primera instancia de este litigio, el enfoque de la discusión
se centró en establecer si la pensión debía concederse en virtud de los preceptos
de la Ley 33 de 1985 o de la Ley 100 de 1993 en razón de la primera fecha de
vinculación del actor como maestro estatal.
Al revisar los argumentos de la apelación, se advierte que el demandante acude a
los principios iura novit curia e indubio pro operario para asegurar que aun en los
11 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
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casos de inconsistencias en la indicación del régimen aplicable, el juez debe preferir
el más favorable y que se ajuste a la realidad de cada solicitante.
Sin embargo, la aplicación de estos preceptos también tiene que ser sometida a la
ponderación respecto de otra garantía que en este caso es de carácter fundamental
y ambivalente, como lo es el derecho al debido proceso que se predica no solo de
la parte accionante, sino también de la demandada por tratarse del sustento
esencial para el desarrollo en derecho de las actuaciones administrativas y
judiciales.
Por lo mismo, al no haberse dado la oportunidad a la parte accionada de verificar la
situación jurídica reclamada bajo los preceptos de la mencionada Ley 71 de 1988,
la Sala estima que al asumir la flexibilización en los presupuestos de la congruencia
y la justicia rogada se vulnerarían los principios de decisión previa, autotutela de la
administración, debido proceso, derecho de defensa y tutela judicial efectiva si en
este nuevo escenario se sorprendiera a dicho extremo procesal, e incluso al tribunal
de origen con un litigio diferente al que fue materia de análisis y pronunciamiento.12
Ahora, si bien se ha permitido de manera excepcional que el juez efectúe exámenes
de oficio sobre el marco jurídico aplicable a un caso cuando la parte demandante
no haya estructurado acertadamente sus pretensiones, o las normas violadas y el
concepto de violación que las fundamenta, ello se ha contemplado exclusivamente
en los eventos donde se vea amenazado o vulnerado un derecho fundamental de
inmediata protección, lo cual no ocurre en la presente controversia en la medida en
que el actor ya tiene reconocida la pensión de jubilación que debe estar
devengando, solo que liquidada con un régimen que este estima equivocado.
Definido lo anterior, basta con recordar que el régimen de reconocimiento y
liquidación pensional de los docentes se define en virtud de la fecha de vinculación
con anterioridad o posterioridad a la de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
tal como se precisó en la sentencia de unificación del 25 de abril 2019.
Para el efecto, deberá acudirse inicialmente a la Certificación Electrónica de
Tiempos Laborados (CETIL) del 10 de enero de 2020 generada por la Secretaría de
Departamental de Educación del Vichada,13 con el que se concluye que el actor fue
nombrado por dicha entidad para desempeñarse como docente oficial territorial
desde el 18 de agosto de 1978 hasta el 20 de enero de 1979.
Por otra parte, la entidad demandada reconoció una pensión ordinaria de jubilación
al demandante en virtud de la Resolución 6067 del 3 de noviembre de 2020, 14
12 Posición sostenida por esta Corporación en sentencia del 25 de enero de 2017, radicado 11001 03 26 000
2016 00052 00, y en providencia de esta Subsección del 27 de marzo de 2025 dictada dentro del proceso
15001-23-33-000-2016-00786-02 (1505-2020).
13 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
14 Ibid.
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aplicando directamente el régimen pensional de la Ley 100 de 1993, al advertir y
reconocer el mencionado tiempo de servicio, pero bajo el entendido de que como
este tuvo interrupciones, solo era válido el último nombramiento efectuado el 24 de
enero de 2006, el cual es posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
tesis que fue respaldada por el tribunal de origen para negar las pretensiones.
Aun así, la parte accionada nunca ha puesto en duda la existencia y ejecución de
ese primer vínculo como educador oficial, pues lo tuvo en cuenta como tiempo
acumulado de servicio al momento de conceder el derecho, y, en todo caso, no
contestó la demanda ni ha intervenido a lo largo de la actuación para plantear algún
argumento de defensa para haber adoptado dicha decisión con base en tal marco
normativo.
Lo expuesto significa que, al no existir controversia acerca de la labor ejercida
materialmente por el reclamante como docente, se puede tener demostrado el
hecho de que inició su labor bajo tal calidad el 18 de agosto de 1978, fecha que
definitivamente es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003), y que puede valorarse sin discusión ya que se originó en virtud de
una relación legal y reglamentaria que sin dudas es procedente para establecer el
régimen en materia pensional como se fijó en la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019.
Se concluye entonces que, contrario al análisis de la entidad demandada y del juez
de primera instancia, conforme a las reglas de esta providencia era dable verificar
la situación jurídica del apelante de acuerdo con las previsiones del artículo 81 de
dicha norma, las cuales habilitan la posibilidad de tener en cuenta la regulación
anterior contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de
1989, disposiciones que remiten a las normas de los empleados públicos del orden
nacional consagradas esencialmente en la Ley 33 de 1985 que es la que
expresamente solicita que le sea aplicada, mas no en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003.
Advertido este punto, debido a la pretensión y sustento que el mismo actor formuló
en su demanda, se debe estudiar su pensión con base en la aludida Ley 33 de 1985,
por lo que, del material probatorio se corrobora que, en todo caso, no había
consolidado su derecho prestacional conforme a las exigencias de dicho régimen,
porque:
i) si bien acreditó 55 años de edad el 20 de noviembre de 200515;
ii) de la sumatoria de los tiempos servidos como empleado público, que son solo los
de docente mediante vínculos legales y reglamentarios y a través de órdenes de
15 Según la copia de la cédula de ciudadanía visible en el expediente digital, el actor nació el 20 de noviembre
de 1950.
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prestación de servicios en interinidad hasta la fecha de la reclamación
administrativa,16 se observa que este no acreditó 20 años de labor exclusivamente
oficial, que son los requeridos para obtener una pensión ordinaria de jubilación
prevista en la mencionada norma, ya que, al 21 de agosto de 2019 que es la fecha
de expedición del último certificado de información laboral que indica que seguía
activo, solo tendría acumulados 16 años, 4 meses y 10 días de trabajo oficial.17
En consecuencia, dado que el recurrente no satisfizo los requisitos para acceder a
la pensión de jubilación con base en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fue lo que
había solicitado tanto en vía administrativa como judicial, efectivamente deben
negarse sus pretensiones en procura de que mantenga el reconocimiento que ya
tiene efectuado por parte de la entidad demandada para no afectar su situación
actualmente consolidada.
Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo apelado, pero por las
razones expuestas en la presente providencia.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202118 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
16 Sin tener en cuenta los períodos acumulados y aportados a Colpensiones mediante contratos de trabajo de
naturaleza privada, tal como el mismo reclamante lo solicitó expresamente en su demanda al haber pedido en
su pretensión segunda, literal D, que dichos tiempos no sean tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento
pensional. (Ver folio 15). Ahora, sí serán computables los lapsos de labor como educador mediante OPS, ya
que sobre los mismos no hay discusión por parte de la entidad demandada, tanto así que los aceptó
expresamente para contabilizarlos al momento de proferir el acto administrativo de reconocimiento pensional
actualmente demandado, y, en todo caso, pese a no estar aportados los contratos, lo cierto es que estos están
debidamente demostrados por medio del certificado de tiempo de servicio del 7 de julio de 2015 (folios 10 a 11),
el cual cumple con todos los presupuestos necesarios para ser un documento idóneo que acredita lo que este
consigna, pues no solo fue emitido por la propia entidad contratante, sino que, además, lo hace en cumplimiento
de la Circular 004 del 6 de junio de 2003 del Archivo General de la Nación y Departamento Administrativo de la
Función Pública, esto es, respaldado en la documentación propia del expediente de historia laboral de la actora,
especificando todos los datos necesarios de los vínculos como los extremos temporales y las instituciones
educativas donde se prestó el servicio.
17 Para el efecto se realizó el siguiente cálculo:
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
18/08/1978 20/01/1979 0 5 2
18/07/1980 17/05/1982 1 9 29
20/04/1983 17/06/1983 0 1 28
18/07/1983 31/10/1983 0 3 13
30/10/2001 30/11/2001 0 1 0
24/01/2006 21/08/2019 13 6 28
TOTAL 14 + 2 = 16 AÑOS 25 + 3 = 28 MESES (2 AÑOS Y 4 MESES) 100 (3 MESES Y 10 DÍAS)
18 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00107-01 (3164-2022)
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dos (2) de febrero de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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