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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00786-02

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00786-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la parte recurrente según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al abogado Omar Andrés Viteri Duarte con tarjeta profesional 111.852, conforme al poder conferido mediante escritura pública que se observa en el índice 14 de SAMAI CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2016-00786-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2016-00786-02 (1505-2020)
Demandante: María Piedad Fuentes de Londoño
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reliquidación pensión de jubilación de docente oficial. Principio
de justicia rogada y de congruencia. No se fundamentó la
demanda en la aplicación del régimen docente por disposición
de la Ley 812 de 2003, sino en virtud del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora María Piedad Fuentes de Londoño instauró demanda1 en contra de la
UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones: (i) UGM 018986 del 30 de
noviembre de 2011 por medio de la cual le fue reconocida una pensión ordinaria de
jubilación por aportes; y (ii) RDP 003986 del 30 de enero de 2013 con la que se
modificó la Resolución UGM 048408 del 30 de mayo de 2012, en el sentido de
aclarar que la prestación concedida no era una pensión de vejez, sino la prevista en
la Ley 71 de 1988.

Que, a título de restablecimiento del derecho se ordene reliquidar la pensión
conforme a la Ley 91 de 1989, esto es, con el 75% de todos los factores devengados

1 Folios 4 a 7, C1.

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Radicado: 15001-23-33-000-2016-00786-02 (1505-2020)

durante el último año de servicios.

Que se ordene el pago de una indemnización por los daños morales y materiales
causados, el daño en la vida de relación derivado de la actuación de la parte
accionada.

Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo “178 del CCA”
(sic) sobre la indexación de las sumas adeudadas, y que, además, se condene en
costas a la entidad demandada por concepto de agencias en derecho.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la actora fue vinculada al servicio del magisterio como docente oficial desde
1991.

Que le fue reconocida una pensión de jubilación por aportes en virtud de la Ley 71
de 1988, por ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 1, 2,
13, 25, 31, 42, 46, 48, 53, 90 y 209 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley 100
de 1993; y 15 de la Ley 91 de 1989.

Que la actora se encuentra en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, razón
por la cual no es posible liquidar su pensión con base en dicho régimen general,
sino con la normativa anterior que le es más favorable, por lo que no resulta legal
que la entidad demandada hubiese reconocido la prestación con el promedio salarial
de los últimos 10 años de salario y sin incluir todos los factores devengados.

Que, en tal sentido, se le debió aplicar en su caso la Ley 91 de 1989 y no la Ley 71
de 1988, a fin de que le fuera otorgada una pensión calculada con base en el 75%
de todos los emolumentos percibidos durante el último año de servicio.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 3 de febrero de 2017 fue admitida la demanda,2 se notificó a la UGPP, quien
manifestó3 que la accionante se encontraba cobijada por el régimen de transición
dispuesto en el Sistema General de Pensiones, pues cuando este entró en vigencia

2 Folios 49 a 50, C1.
3 Folios 70 a 91, C1.

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aquella contaba con 42 años de edad, de ahí que le resultaba aplicable la normativa
anterior que no es otra que la Ley 71 de 1988.

Que, además, en el presente proceso no se vinculó a Colpensiones como entidad
con interés directo en el resultado del proceso, pues ante una reliquidación
pensional, esta debe asumir la proporción en el porcentaje que le corresponde por
el tiempo aportado.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de integración del
contradictorio, (ii) inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, (iii)
inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, (iv) prescripción
de mesadas, y (v) genérica.

La parte demandada llamó en garantía al municipio de Tunja,4 pero el tribunal de
primera instancia negó dicha solicitud,5 razón por la cual interpuso recurso de
apelación contra dicha decisión,6 la cual fue revocada.7 En consecuencia, se notificó
la demanda al mencionado ente territorial, quien aseguró8 que este no es
competente para efectuar el estudio de la solicitud de reliquidación pensional, ni
para determinar si le asiste o no el derecho reclamado, pues la docente prestó sus
servicios al Colegio de Boyacá, y al ser aquel un establecimiento público que goza
de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administra, solo tal institución
podría responder por las reclamaciones de su personal.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva, (ii) inexistencia de la obligación, y (iii) cobro de lo no debido.

El 24 de octubre de 20199 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio, se
indicó que no había ánimo conciliatorio, se decretaron las pruebas solicitadas y se
dio la oportunidad a las partes en esa misma diligencia para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que conceptuara si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN10

El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 28 de octubre de 2019
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el municipio de Tunja, y, adicionalmente, negó las pretensiones.

Que las pruebas practicadas permiten determinar que la demandante cotizó a
pensiones en dos entidades pensionales, inicialmente en el Instituto de Seguros

4 Folios 1 a 8, C2.
5 Folios 9 a 13, C2.
6 Folios 15 a 22, C2.
7 Folios 31 a 35, C2.
8 Folios 50 a 55, C2.
9 Folios 72 a 79, C2.
10 Folios 87 a 92, C2.

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Sociales por 5 años (del 6 de abril de 1970 al 30 de noviembre de 1984), periodo en
el que laboró en instituciones educativas privadas, y luego, una vez vinculada al
Colegio de Boyacá aportó durante 15 años durante el periodo comprendido entre el
1.º de febrero de 1989 y el 30 de junio de 2008.

Que para ser beneficiario de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985
en aplicación del régimen de los docentes de la Ley 91 de 1989, debió acreditar que
laboró únicamente en el sector público, supuesto que no se demostró porque
acumuló tiempo de servicios tanto del sector público como del sector privado.

Que, en tal sentido, la normativa que regía el reconocimiento de su pensión era la
Ley 71 de 1988, de manera que no era procedente en este escenario judicial
establecer si la pensión por aportes reconocida en las resoluciones demandadas se
encuentra debidamente liquidada, toda vez que los argumentos de la accionante se
contrajeron a la reliquidación de la prestación conforme a las previsiones de la Ley
33 de 1985, precepto que, como se evidenció, no le era aplicable.

RECURSO DE APELACIÓN11

La parte demandante interpuso recurso de apelación afirmando que, a pesar de
que se encuentra vinculada en el FOMAG desde el 1.º de febrero de 1989,
inexplicablemente no se tuvo en cuenta esta circunstancia para aplicarle el régimen
propio de los docentes previsto en la Ley 91 de 1989.

Que como es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no es
posible conceder su pensión con base en la Ley 71 de 1988, pues con esta última
norma se está vulnerando la calidad de vinculación que tenía como educadora,
desconociendo que la Ley 91 de 1989 es más favorable para su liquidación
pensional en lugar del cálculo con el promedio de los últimos 10 años de salario y
sin incluir todos los factores salariales.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 10 de diciembre de 202012 se admitió el recurso de apelación. El 23 de marzo de
202113 se prescindió de la celebración de la audiencia de juzgamiento y se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
conceptuar.

La parte demandante14 reiteró los argumentos de su recurso de apelación.

11 Folios 95 a 97, C2.
12 Folio 104, C2.
13 Folio 106, C2.
14 Ver índice 12 de SAMAI.

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Radicado: 15001-23-33-000-2016-00786-02 (1505-2020)

La parte demandada15 manifestó que no es aplicable a la actora la Ley 33 de 1985,
en la medida que la norma establece como requisitos mínimos contar con 55 años
y 20 años de servicios de carácter público, siendo este último un requisito que no
acredita, pues no se puede acumular los periodos laborados con empleadores
privados, sino solo en virtud de la Ley 71 de 1988 que fue la tenida en cuenta.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante tiene
derecho a la reliquidación de su pensión ordinaria de jubilación, calculada con base
en el 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos durante el año
anterior a la consolidación del estatus de conformidad con la Ley 91 de 1989, en
lugar de la Ley 71 de 1988 como le fue reconocida.

Marco normativo y jurisprudencial

En atención a que el presente asunto se centra en el debate sobre el ingreso base
de liquidación de la pensión reconocida a la actora, y, por consiguiente, en la
determinación de su valor final, en principio resultaría aplicable la sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019,16 a través de la cual se
sentó jurisprudencia frente al IBL en el régimen pensional de los educadores
vinculados al servicio público educativo oficial, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

15 Ver índice 14 de SAMAI.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de

2019. Exp. 68001233300020150056901. C.P. César Palomino Cortés. Al respecto se contempló lo siguiente:
«[…] i.v. Reglas de unificación sobre el IBL en pensión de jubilación y vejez de los docentes.

71. De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la jurisprudencia en materia de
régimen pensional de los docentes:

72. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho
a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha
de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, y se deben tener en cuenta las siguientes
reglas:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62
de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación
son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»

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Radicado: 15001-23-33-000-2016-00786-02 (1505-2020)

Sobre el punto, en esta sentencia se fijó como regla jurisprudencial que, la
liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, por remisión de la Ley 91 de 1989, se haría
bajo los preceptos del mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, con base en el 75% del promedio
de los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo
con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, durante el año anterior a la consolidación
del estatus.

Contrario a ello, aquellos educadores cuyo primer vínculo haya sido con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, estarán sometidos en su
integridad a las regulaciones propias de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
todos los requisitos contemplados en dicha normativa, a excepción de la edad que
para ambos casos será de 57 años, computando los factores del Decreto 1158 de
1994, pero sometidos a las reglas de liquidación de ese régimen general, es decir
las consagradas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.17

Incluso, para este último caso se ha planteado la posibilidad de que, en razón del
principio de favorabilidad en materia laboral respecto de las normas aplicables, de
manera excepcional a estos maestros también podría examinárseles su situación
pensional bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 (que remite a la normativa anterior como la Ley 33 de 1985 y 71 de 1988),
siempre y cuando el valor y condiciones de la prestación sean más beneficiosas con
tales preceptos que con los de la regulación general.

Resolución del caso concreto

Sin perjuicio del marco jurídico analizado previamente, lo cierto es que dentro de la
actuación la parte demandante en ningún momento planteó como fundamento de
sus pretensiones la aplicabilidad de la Ley 812 de 2003, a fin de sustentar su postura
de considerarse beneficiaria de las disposiciones de la Ley 91 de 1989 y tampoco
hizo mención en su recurso sobre la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,
pese a que esta ya había sido expedida para la fecha en que se profirió el fallo de
primera instancia (28 de octubre de 2019).

En realidad, el fundamento jurídico de la accionante siempre ha sido el sostener
que, por haber cumplido los requisitos para estar cobijada por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, la entidad demandada debió haberle reconocido
su pensión ordinaria de jubilación bajo los postulados de la Ley 91 de 1989 y no los
de la Ley 71 de 1988, aun en el entendido de que realizó aportes tanto del sector
público como privado.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 28 de agosto

de 2018. Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01. C.P. César Palomino Cortés.

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Radicado: 15001-23-33-000-2016-00786-02 (1505-2020)

Lo expuesto implica que, en virtud de los principios de justicia rogada y congruencia,
donde la legalidad de los actos se analiza conforme a los argumentos de
anulabilidad que exponga la parte actora, se vuelve improcedente analizar la
reliquidación de su prestación con base en la mencionada sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019, ya que, a pesar de que el litigio se enfocó en determinar la
norma para calcular el derecho en cuestión, lo cierto es que para definir este punto,
primero debió habilitarse la discusión sobre el régimen aplicable en lo que respecta
al reconocimiento.

Pues bien, en este caso la UGPP a través de la Resolución UGM 018986 del 30 de
noviembre de 201118 le concedió una pensión por aportes a la reclamante en virtud
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, observando los requisitos de la
Ley 71 de 1988 y el IBL propio del artículo 36 de la primera norma.

Ahora, como se aprecia de la demanda y del recurso de apelación, la actora está
de acuerdo con haber sido calificada como beneficiaria del mencionado fuero
transicional, lo que impide al juez analizar una situación diferente a la ya creada por
los actos demandados y que no es materia de control de legalidad.

Por tanto, su discusión en este proceso solo se relaciona con el hecho de que la
entidad accionada ordenó el pago de la prestación calculada con el 75% de algunos
emolumentos objeto de cotización a lo largo de los 10 años previos a la
consolidación del derecho, mas no con todos los factores salariales percibidos
durante su año anterior al estatus.

Incluso, en respaldo de dicha tesis, la recurrente sostuvo que el marco jurídico que
debió verificarse por parte de la entidad demandada para estimar el monto de la
pensión era la Ley 91 de 1989. Sin embargo, la Sala destaca que esta última norma
en ningún momento creó o dispuso un régimen pensional propiamente dicho; en su
lugar, lo que hizo fue remitirse a lo previsto para el efecto en las disposiciones
vigentes en su momento para los empleados públicos del orden nacional, esto es,
a la Ley 33 de 1985.

En tal sentido, lo que realmente buscaba la actora con la demanda objeto de estudio
era que el IBL de su pensión fuera determinado con esta última regulación, la cual
no podía ser aplicada en la medida en que, para ello, debió haber discutido primero
su reconocimiento, y luego haber demostrado que acumuló 20 años o más de
servicio público exclusivamente.

En consecuencia, bajo el supuesto de que la apelante es beneficiaria del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, únicamente porque así lo estimó la UGPP y
debido a que la misma demandante así lo reclama a lo largo del proceso, la Sala
considera que al haberse liquidado la pensión con fundamento en el artículo 36,

18 Folios 39 a 41, C1.

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Radicado: 15001-23-33-000-2016-00786-02 (1505-2020)

inciso 3.º de la norma en mención,19 los actos demandados logran conservar su
legalidad, pues esta es la forma de calcular la prestación, tal como se precisó en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, esto es, con base en los factores
de cotización de los últimos 10 años.

Finalmente, se resalta que el régimen de reconocimiento y liquidación pensional de
los docentes se define en virtud de la fecha de vinculación con anterioridad o
posterioridad a la de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tal como se precisó
en la sentencia de unificación del 25 de abril 2019, la cual no pudo ser aplicada en
el presente caso por las razones expuestas anteriormente.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202120 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

19 «[…] ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en

cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la
cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto
de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años
de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en
la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare
menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en
la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando
el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley el
ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
20 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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Radicado: 15001-23-33-000-2016-00786-02 (1505-2020)

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de octubre de dos
mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la parte
recurrente según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al
abogado Omar Andrés Viteri Duarte con tarjeta profesional 111.852, conforme al
poder conferido mediante escritura pública que se observa en el índice 14 de SAMAI

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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