Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00665-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00665-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2018-00665-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00665-02 (1355-2025)
Demandante: Carlos Alberto Romero Sánchez
Demandada: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Temas: Naturaleza salarial prima especial de servicios artículo 14 de la
Ley 4.ta de 1992 y de la bonificación por compensación.
Improcedencia de variar de oficio el litigio respecto de
pretensiones no formuladas. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Carlos Alberto Romero Sánchez instauró demanda2 contra la Nación -
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Inaplicar por inconstitucionales los Decretos: 54 de 1993, 107 de 1994, 26 de
1995, 2025 de 1995, 35 de 1996, 56 de 1997, 67 de 1998, 37 de 1999, 2734 de
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, ni de la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. De otro lado, mediante proveídos del
9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-
2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente al proceso en curso que «si bien
existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en uno y otro proceso; no coincide
el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina en ellos».
2 Ver expediente digital en el índice 31 de SAMAI – Tribunales.
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2000, 1482 de 2001, 2730 de 2001, 683 de 2002, 3548 de 2003, 4169 de 2004, 933
de 2005, 392 de 2006, 621 de 2007, 3048 de 2007, 661 de 2008, 726 de 2009, 1391
de 2010, 1043 de 2011, 841 de 2012 y 1016 de 2013, en relación con la prima
especial; a su vez, las expresiones contenidas en los Decretos 610 de 1998, 944 de
2005, 401 de 2006, 630 de 2007, 670 de 2008, 735 de 2009, 1400 de 2010, 1051
de 2011, 877 de 2012 y 1102 de 2012 que establecen que la bonificación por
compensación solo constituye factor salarial para efectos pensionales.
3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 2472 del 20 de septiembre de 2013
y 0104 del 17 de enero de 2018, por medio de las cuales la entidad negó la
reliquidación y el pago retroactivo de las prestaciones sociales teniendo en cuenta
la prima especial de servicios y la bonificación por compensación como factores
salariales computables para el efecto.
4. A título de restablecimiento del derecho, se ordene tener dichos emolumentos
como componentes de salario para calcular sus prestaciones, y que, en
consecuencia, se reajusten y paguen de manera actualizada y con intereses las
diferencias entre los valores debidos y los recibidos, causadas desde el 1.º de
octubre de 2006 hasta la fecha de su inclusión en nómina, junto con el
reconocimiento de la sanción moratoria respecto de las cesantías de conformidad
con el artículo 2 de la Ley 244 de 1995.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que ha prestado sus servicios a la Rama Judicial en el cargo de magistrado de
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali desde el 1.º de octubre
de 2006, al menos hasta la fecha de presentación de la demanda (19 de junio de
2018). Durante este lapso ha percibido mensualmente la prima especial y la
bonificación por compensación, pero para el cálculo de sus prestaciones sociales
solo se ha tenido en cuenta el “sueldo básico”, sin incluir dichos emolumentos en la
base de liquidación.
6. En septiembre de 2013 solicitó la reliquidación de sus haberes salariales y
prestacionales con la inclusión de tales conceptos a título de factores salariales. Sin
embargo, la entidad demandada negó lo reclamado mediante los actos
administrativos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera vulnerados: los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 228,
277 y 280 de la Constitución Política; Acto Legislativo 03 de 2002; Convenios 95,
100 y 111 de la OIT, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Derechos
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Económicos, Sociales y Culturales; Leyes 22 de 1967, 4.ta de 1992, 270 de 1996,
244 de 1995, 1071 de 2006, 1437 de 2011, y los Decretos 610 de 1998 y 717 de
1978.
8. Expresa que los actos desconocieron sus derechos salariales y prestacionales al
excluir la prima especial de servicios y la bonificación por compensación de la base
de liquidación de las prestaciones sociales, pese a que tales conceptos constituían
salario conforme a las normas laborales aplicables a los servidores judiciales y a la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. La demanda fue admitida el 29 de noviembre de 20213 y la entidad accionada se
abstuvo de contestarla, por lo que el 19 de mayo de 2022 se prescindió de la
celebración de la audiencia inicial para dar trámite de sentencia anticipada.4
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
10. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca mediante sentencia del 28 de
marzo de 2025 accedió a las pretensiones, por lo que declaró la nulidad de los actos
demandados y ordenó reliquidar y pagar en favor del actor las prestaciones sociales
con efectos fiscales a partir del 22 de marzo de 2015 por prescripción que también
declaró probada, a excepción de lo relacionado con las cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social Integral que dispuso que se deben efectuar desde el 1.º de octubre
de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2020. Para el efecto sostuvo que tendrá que
tomarse como base de liquidación el equivalente al 100% de la remuneración básica
mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial, y
bajo la condición de que, en ningún caso puede superarse el tope máximo
correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un
magistrado de Alta Corte, (incluyendo el auxilio de cesantías de los congresistas).
11. Adicionalmente precisó que el referido haber laboral solo constituiría factor
salarial para determinar el ingreso base de liquidación pensional y para los aportes
a salud, y que los valores a reconocer solo procederán mientras el cálculo arroje
saldos a favor del accionante, luego de descontarse de este monto las sumas que
a título de ese mismo derecho se hubiesen reclamado y cancelado en virtud de otras
actuaciones administrativas o judiciales, como la dispuesta en la sentencia del 18
de mayo de 2012 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión
de Cali, modificada por la providencia del 9 de febrero de 2018 dictada por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca en el proceso con radicado 76001-33-
31-002-2011-00047-01. Por último, negó las demás pretensiones y se abstuvo de
3 Ver índice 24 de SAMAI – Tribunales.
4 Ver índice 37 de SAMAI – Tribunales.
5 Ver índice 52 de SAMAI – Tribunales.
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condenar en costas.
12. Expresó que la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no
tiene carácter salarial, exclusión que no contraviene la Constitución Política, tal
como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, al
declarar la exequibilidad de la frase “sin carácter salarial” de la norma citada, al
considerar que "el legislador conserva una cierta libertad para establecer, que
componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y desarrollar el
concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución.”
Recordó que esta decisión fue ratificada por dicha corporación en la sentencia C-
052 de 1992 al ordenar estarse a lo resuelto en la referida providencia ante una
nueva demanda de inconstitucionalidad de la expresión “sin carácter salarial”
contenida en los artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, fallo, del cual no es posible
separarse por su fuerza de cosa juzgada constitucional y sus efectos erga omnes.
13. Por lo anterior aseguró que este emolumento solo tiene la referida naturaleza
salarial para las cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y
Pensión, tal como se confirmó con la expedición del Decreto 272 de 2021, de
manera que en este punto no pueden prosperar las pretensiones.
14. Frente a la reliquidación de las prestaciones del accionante con base en el
referido haber laboral en el monto del 30% que fue catalogado erróneamente como
componente de la asignación, indicó que el Consejo de Estado determinó que tal
ingreso debe ser considerado como un incremento del salario básico, y por tanto,
sus beneficiarios como el demandante tienen al derecho al “reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor” ante un pago
indebido y a raíz del reajuste de las prestaciones sociales sobre el 100% de la
remuneración básica, esto es, con inclusión del 30% excluido por concepto de prima
especial.
15. Acerca de la bonificación por compensación manifestó que el reclamante se
posesionó en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Cali desde el 1.º de
octubre de 2006, y que al momento de presentar la demanda aún ejercía dicha
posición, por lo que ha percibido el referido emolumento regulado por los Decretos
610 de 1998, 4040 de 2004 y 1102 de 2012. Por tal motivo, al consultar el sistema
SAMAI encontró que la pretensión sobre las diferencias por la concurrencia de
regímenes le fue resuelta mediante sentencia de 18 de mayo de 2012, proferida por
el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali,
modificada por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
con sentencia del 9 de febrero de 2018, dentro del expediente Rad. 76001-33-31-
002-2011-00047-01.
16. Sin embargo, precisó que no se encuentra configurada la excepción de cosa
juzgada pues en el presente asunto no se incluyó como reclamación la del pago de
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las mencionadas diferencias originadas en la expedición y posterior nulidad de los
Decretos 2668 de 1998 y 4040 de 2004, sino solo lo relacionado con el reajuste de
las prestaciones sociales con inclusión del referido concepto como factor de salario.
17. Sobre el punto aseguró que el mencionado haber laboral no constituye ingreso
salarial para la liquidación de la totalidad de los demás ingresos, pues el régimen
que lo regula y la jurisprudencia del Consejo de Estado que lo interpreta establecen
que nada más puede tener impacto en pensiones y salud, lo que hace que los actos
demandados conserven su legalidad en este aspecto.
18. En relación con la aplicación del parágrafo del artículo 2.º de la Ley 244 de 1995
dijo que el Consejo de Estado en sentencia del 5 de agosto de 2021 expuso que
esta sanción solo procede ante el pago tardío de las cesantías definitivas o
parciales, no cuando se haga necesaria su reliquidación, por lo que al no ser este
el referido supuesto, resulta improcedente tal reconocimiento.
RECURSO DE APELACIÓN6
19. La parte demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que se
revoque la totalidad de la sentencia, bajo el argumento de que debió declararse
probada la excepción de cosa juzgada, dado que el accionante formuló demanda
sobre estas mismas pretensiones y hechos, la cual fue tramitada con el radicado
76001-23-31-000-2011-000-88-00, en el que el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca mediante sentencia de segunda instancia del 18 de marzo de 2011 resolvió
el asunto en el sentido de acceder a la reliquidación de la bonificación por
compensación, con la incidencia de las cesantías percibidas por los congresistas en
el cálculo de la prima especial incluida para fijar el monto de dicho emolumento.
20. Además, expuso que la sola petición de reliquidación de la bonificación por
compensación en los términos del Decreto 610 de 1998, es decir, sobre el 80% de
los ingresos laborales anuales de los magistrados de Altas Cortes, no implica que
el interesado solicite también la incidencia de la prima especial reajustada en la
forma anterior, de manera que se advierte que el actor no ha reclamado esta clase
de pretensiones en sede administrativa ni en la instancia judicial.
21. En cuanto a la solicitud de la bonificación por compensación y de la prima
especial como factores salariales, añadió que estas solo tienen tales efectos para
el cálculo y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, pues en
caso de incluirlas en la liquidación de las prestaciones sociales, el valor obtenido
como diferencia entre el 80% de la remuneración anual del magistrado de Alta
Corte, y la remuneración anual proyectada del magistrado de tribunal y equivalente,
6 Ver índices 55 a 57 de SAMAI – Tribunales.
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tiene como consecuencia que se sobrepasaría ese mismo tope legal de lo que por
todo concepto recibe anualmente el primero.
22. Afirmó que debe verificarse el cálculo de la prescripción en la medida en que
las fechas de efectividad de la bonificación por compensación y de la prima especial
son diferentes, en razón esencialmente de la vigencia del Decreto 4040 de 2004 y
su posterior declaratoria de nulidad en virtud de la sentencia proferida por el Consejo
de Estado el 28 de enero de 2012 para el primer caso, y en virtud de la fecha de
creación de la prima y la presentación de la petición 3 años atrás para el segundo
emolumento en mención en aplicación de la sentencia del 2 de septiembre de 2019.
23. Finalmente solicitó que se mantenga la decisión de primera instancia en cuanto
a la abstención de condena en costas, y del mismo modo, adoptar tal determinación
en segunda instancia en aplicación del artículo 365 del CGP al no tener demostrada
la causación de gastos procesales.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
24. El 7 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación,7 y ni las partes ni el
Ministerio Público intervinieron en esta oportunidad.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
25. Al margen de los argumentos de apelación de la entidad demandada, como esta
solicita la revocatoria total de la sentencia recurrida, la Subsección deberá
determinar principalmente si era procedente la condena en primera instancia
respecto de la reliquidación salarial y prestacional del actor con inclusión del 30%
descontado de la remuneración por concepto de prima especial, pese a que tanto
en vía administrativa como judicial lo que se ha pretendido es que dicho emolumento
y la bonificación por compensación constituyan factores salariales para efectos
prestacionales.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
26. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
7 Ver índice 4 de SAMAI.
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agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
27. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante, aquellos
proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el Consejo de
Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de 20148, al
considerar que reconocer el treinta por ciento (30%) de la asignación básica a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la remuneración total
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70%). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».
28. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 20199, 11 de julio de 202310, 5 de septiembre de 202311, 5 de
diciembre de 202312, 6 de agosto de 202413 y 18 de diciembre de 202414. En
particular, se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a este
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.
29. En esa misma línea argumentativa, esta corporación mediante sentencia del 9
de abril de 202415, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial «no
puede ser deducido del salario».16
Sobre la bonificación por compensación
30. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese momento
aquellos percibían apenas el 46% de la remuneración de estos últimos.
31. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de los
funcionarios destinatarios del decreto, iniciando en 1999 con un reconocimiento
equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas cortes y
alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma dispuso una nivelación
progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80% de lo devengado por estos
últimos, precisando, en el inciso 2.° del artículo 1.° que el emolumento solo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes.
Resolución del caso concreto
32. Previo a resolver el fondo del asunto y dado que la entidad demandada apeló la
sentencia para que sea revocada en su totalidad, la Sala destaca que el tribunal sin
un fundamento jurídico específico para variar el litigio fijado conforme a las
pretensiones, decidió analizar la situación del demandante como si se tratara de
una demanda de reliquidación salarial y prestacional para la inclusión del 30%
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
16 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00665-02 (1355-2025)
descontado de su remuneración mensual a título de prima especial en el valor de la
asignación, al haberlo considerado como un componente integral del salario.
33. Sin embargo, lo cierto es que al revisar tanto el trámite en vía administrativa que
dio origen a los actos demandados, así como la propia demanda y todo lo debatido
en primera instancia, se concluye que el accionante siempre planteó como
pretensión y sustento de su reclamación, que se reliquiden sus prestaciones
sociales con inclusión de la prima especial y de la bonificación por compensación
como factores salariales computables para el cálculo de sus demás ingresos
laborales.
34. Lo expuesto implica que, en virtud de los principios de justicia rogada, seguridad
jurídica y congruencia, con base en los cuales la legalidad de los actos se analiza
conforme a los argumentos de anulabilidad que exponga la parte reclamante,
resultaba improcedente en vía judicial analizar el cambio de los pedimentos para
enfocarlos de manera extra petita hacia un reajuste salarial y prestacional no
pretendido, ya que, tanto en sede administrativa ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, como ahora en el curso de la primera instancia de este
litigio, el enfoque de la discusión se centró solamente en establecer si los
mencionados haberes laborales eran factores de salario, mas no en determinar si
estos estaban mal reconocidos.17
35. Al revisar los argumentos en el fallo impugnado se advierte que el juez de primer
grado en ningún momento acudió a un sustento que permitiera modificar el objeto
de la controversia para conceder una reliquidación con base en otro criterio jurídico
distinto al debatido en esta oportunidad.
36. Sobre el punto debe tenerse en cuenta que mantener el enfoque dado en
primera instancia podría implicar la vulneración de una garantía constitucional que
en este caso igualmente es de carácter fundamental y ambivalente, tal como lo es
el derecho al debido proceso que se predica no solo de la parte accionante, sino
también de la demandada por tratarse del sustento esencial para el desarrollo en
derecho de las actuaciones administrativas y judiciales.
37. Por lo mismo, al no haberse dado la oportunidad a la parte accionada de verificar
la situación jurídica reclamada bajo la proposición de un reajuste salarial y
prestacional con inclusión de un porcentaje que se había descontado de la
asignación del actor, la Sala estima que, al asumir la flexibilización en los
17 Esta tesis ya fue expuesta en sentencia proferida por la presente Subsección el 16 de abril de 2026 en el
proceso con radicado 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025), en la que ante una situación similar en la
que ni en la petición ni en la demanda se reclama cierto derecho, que posteriormente el juez concede sin ningún
fundamento para apartarse del principio de justicia rogada, lo que procede en lugar de declarar probada la
excepción de indebido agotamiento de la vía administrativa (al no contrarrestar una pretensión porque
precisamente no existe), es que el juez de segunda instancia, incluso de oficio, subsane dicha irregularidad para
encausar exclusivamente el litigo tal y como fue trabado desde el origen de la actuación.
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presupuestos de la congruencia y la justicia rogada, se sorprendería a dicho
extremo procesal y en consecuencia se vulnerarían los principios de decisión previa,
autotutela de la administración, debido proceso y derecho de defensa.18
38. Ahora, si bien se ha permitido de manera excepcional que el juez efectúe
exámenes de oficio sobre el marco jurídico aplicable a un caso cuando la parte
demandante no haya estructurado acertadamente sus pretensiones, o las normas
violadas y el concepto de violación que las fundamenta, lo cierto es que en este
caso no existe duda en que el actor siempre ha buscado en esta causa judicial que
se reconozca la prima especial y la bonificación por compensación como factores
salariales computables para el cálculo de los demás ingresos laborales, al punto de
que es en atención a esta controversia que se debió estudiar la prosperidad o no de
las pretensiones. Esto más aún porque tampoco se advertiría una posible
vulneración de derechos fundamentales del accionante que hubiesen justificado una
desviación del eje de discusión.
39. Definido lo anterior, inicialmente se descarta el argumento de la configuración
de la excepción de cosa juzgada planteado por la parte demandada en su recurso,
ya que como las pretensiones en el presente proceso se reducen a la determinación
de los mencionados emolumentos como factores salariales, claramente no se
relacionarían con las descritas en el proceso 76001-23-31-000-2011-000-88-00
indicado en la apelación, en el que se analizó la incidencia de las cesantías de los
congresistas en el cálculo de la prima especial para fijar el valor de la bonificación
por compensación. En tal sentido, como lo estimó el juez de origen, no sería
procedente verificar la ocurrencia de este medio exceptivo al no encontrar ninguna
correlación en materia de los litigios comparados.
40. Aclarado este punto, el asunto bajo estudio deberá enfocarse en determinar la
naturaleza salarial de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4.ta de
1992 y de la bonificación por compensación.
41. Sobre el particular, se tiene que no existe controversia sobre la titularidad del
derecho que tiene el demandante a los mencionados emolumentos. En ese
contexto, procede precisar que, tal como lo estimó el tribunal de primera instancia,
estos únicamente constituyen factor salarial para efectos pensionales, pues así lo
señalan las normas que los consagran. A saber, el inciso 1.° del artículo 14 de la
Ley 4.ta de 1992 dispone: «El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior
al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial (…)»; el artículo
1.° de la Ley 332 de 1996 establece: «La prima especial prevista en el primer inciso
del artículo 14 de la Ley 4a. de 1992 (…), harán parte del ingreso base únicamente
18 Posición sostenida por esta corporación en sentencia del 25 de enero de 2017, radicado 11001-03-26-000-
2016-00052-00, y en providencias de esta subsección del 27 de marzo de 2025 dictada dentro del proceso
15001-23-33-000-2016-00786-02 (1505-2020), y del 6 de noviembre de 2025 proferida en la actuación con
radicado 05001-23-33-000-2019-02892-01 (1148-2022).
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para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las
cotizaciones de pensiones establecidas por la ley», y el inciso 2.° del artículo 1.° del
Decreto 610 de 1998 señala: «La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes (…)».
42. Al respecto, se reitera lo manifestado por esta corporación en sentencia de
unificación del 12 de mayo de 202219, al concluir que, tanto el Gobierno en su
configuración legislativa, así como el legislador, tienen la facultad de regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así como decidir qué
emolumentos constituyen factor salarial para efectos de liquidar prestaciones
sociales y cuáles no, potestad que no vulnera derechos de los trabajadores pues no
existe una obligación constitucional que exija que todos los ingresos deban ser
tenidos en cuenta como base para dichas prestaciones.
43. Lo anterior, se ajusta a la postura adoptada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-279 de 1996, en la cual declaró exequible la expresión «sin carácter
salarial» contenida en los artículos 14 y 15 de la Ley 4.ta de 1992, entre otros, por
considerar que, tales disposiciones no desconocen derechos laborales, pues
ninguna norma que aumente la remuneración de los trabajadores puede
considerarse contraria a la protección laboral, y en todo caso, el legislador cuenta
con un margen de configuración para determinar qué conceptos integran el salario
y para desarrollar su definición.
44. Además, concluyó que excluir estas primas de la base para liquidar
prestaciones no les quita su naturaleza remuneratoria ni vulnera compromisos
internacionales del Estado colombiano, criterio que se hace extensible a la
naturaleza jurídica de la bonificación por compensación por tratarse de haberes
laborales concedidos baje esa misma finalidad.
45. Ahora, en sentencia del 21 de abril de 2016, radicado n.°
05001233100020030122001 (0239-2014), el Consejo de Estado hace un recuento
sobre el carácter salarial de la prima especial objeto de discusión, en la cual se
concluyó, con fundamento en la sentencia del 4 de agosto de 2010 con radicado
0230-2008, que dicha prima constituía factor salarial.
46. No obstante, esta Sala considera que tal interpretación no resulta adecuada, y
en su lugar, comparte la lectura que sobre la misma hizo la Sala de Conjueces en
providencia del 15 de diciembre de 202020, pues la referida sentencia de 2010 no
estableció que la prima especial tenga carácter salarial en todos los casos.
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022. Exp. 05001-33-33-
000-2013-01009-01(2263-2018).
20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala Plena de Conjueces. Sentencia del 15 de diciembre de 2020.
Exp. 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018). C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.
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47. Lo que allí se precisó fue que, para los funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación, entre los años 1994 y 2001, el 30% correspondiente a la prima especial que
no se les reconocía como un valor adicional al salario, sino como parte del mismo,
sí constituye factor para efectos de liquidar prestaciones sociales, pero esto solo
porque en los pagos que hacía la entidad se fraccionaba la remuneración de dichos
beneficiarios en un 70% de asignación básica y un 30% de prima especial para
completar el 100% del salario.
48. En ese contexto específico, la irregularidad consistía en que las prestaciones
sociales se liquidaban únicamente sobre el 70%, pese a que el 30% restante
también integraba realmente el salario devengado. Por ello, la jurisprudencia
concluyó que, en esos eventos, dicho porcentaje debía incluirse en la base
prestacional, lo cual se reitera, no fue objeto de pretensión con la demanda de
origen.
49. Distinta es la situación en la que la prima especial se reconoce como un valor
adicional al 100% de la asignación salarial, caso en el cual ese 30% de sobresueldo
no constituye factor salarial para efectos de liquidar prestaciones sociales como sí
lo reclama expresamente el actor en este asunto; criterio que esta corporación ha
sostenido de manera pacífica21 y que, además, resulta acorde con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, la cual ha reconocido la facultad de configuración del
legislador para determinar qué conceptos constituyen salario.
50. El precedente relacionado con los funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación no modificó la naturaleza jurídica de la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992, sino que respondió a una situación particular en la que la
administración fraccionó la remuneración de los servidores para completar el 100%
de su salario.
51. No debe perderse de vista que el artículo 243 de la Constitución Política dispone
que los fallos proferidos por la Corte Constitucional en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que sus decisiones
tienen efectos generales y vinculantes frente a todas las personas y autoridades, tal
como lo ha precisado la mentada corporación22.
52. En consecuencia, la interpretación sobre la naturaleza de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ta de 1992 debe armonizarse con la ratio
decidendi fijada en la sentencia C-279 de 1996, en la cual la Corte reconoció la
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala Plena de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18). C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sala
Plena de Conjueces. Sentencia del 15 de diciembre de 2020. Exp. 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-
2018). C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-836/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: «La cosa juzgada
constitucional de los fallos de la Corte, lo dicen la ley y la jurisprudencia, produce efectos erga omnes, es decir,
son vinculantes para todo el mundo, tienen “carácter obligatorio general, oponible a todas las personas y a las
autoridades públicas, sin excepción alguna».
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facultad del legislador para excluir determinados emolumentos de la base de
liquidación de prestaciones sociales, sin que ello implique desconocimiento de
derechos laborales.
53. Estos argumentos son suficientes para revocar la providencia apelada y en su
lugar negar las pretensiones, incluida la relacionada con la sanción moratoria en el
pago de las cesantías al ser esta una solicitud accesoria a la principal ya estudiada,
sin que sea necesario abordar el estudio de los demás planteamientos de fondo del
recurso, porque al haber precisado el verdadero objeto de litigio y su improcedencia,
las demás formulaciones de oposición de la entidad demandada que no se
relacionan con dicho punto resultan inanes para resolver esta controversia.
De la condena en costas en ambas instancias
54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
56. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
57. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto ante la prosperidad de la apelación de la entidad
demandada se revocará el fallo impugnado y, por tanto, la decisión proferida de
negar las pretensiones es contraria a los intereses de la primera, lo que implica que
ha resultado vencida en juicio. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de
la misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal
de origen.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. En su lugar,
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero. Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandante.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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