Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00700-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2019-00700-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00700-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00700-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025)
Demandante: Tulio Enrique Vanegas Rubio
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente oficial.
Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. Fecha de vinculación posterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003. Improcedencia de analizar la situación
conforme al régimen alterno de la Ley 100 de 1993 por violación
del principio de congruencia, justicia rogada, decisión previa y
seguridad jurídica. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el nueve (9) de mayo de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Tulio Enrique Vanegas Rubio instauró demanda1 en contra de la Nación
• Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto presunto derivado de la configuración del
silencio administrativo negativo ante la ausencia de respuesta por parte de la
entidad demandada a su petición del 8 de enero de 2019, por medio de la cual
solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación de conformidad con la Ley
1 Ver expediente digital en el índice 27 de SAMAI – Tribunales.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025)
33 de 1985.
3. A título de restablecimiento del derecho, se conceda dicha prestación equivalente
al 75% de los salarios y demás factores percibidos durante el año anterior a la
adquisición de su estatus jurídico ocurrido el 31 de enero de 2013, con efectividad
desde esa misma fecha.
4. Se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la fecha de efectividad de la
prestación, la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, así como
el reconocimiento de intereses moratorios hasta que se materialice el respectivo
abono.
5. Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y que se disponga sobre la condena en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que nació el 31 de enero de 1958 y realizó aportes al antiguo ISS (hoy
Colpensiones) por labores desarrolladas como empleado público entre el 16 de
enero de 1978 y el 1.º de julio de 2007.
7. Posteriormente fue vinculado como docente oficial al servicio de la Secretaría de
Educación Municipal de Guadalajara de Buga desde el 3 de mayo de 2010, y por lo
menos hasta la fecha de presentación de la demanda (22 de julio de 2019), cuando
seguía en ejercicio de dicho cargo, efectuando cotizaciones al FOMAG.
8. El 8 de enero de 2019 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación ante
la mencionada dependencia, y para ello pretendía que le fuera aplicado el régimen
especial del magisterio para consolidar el derecho con base en la Ley 33 de 1985
por acumulación de aportes públicos. Sin embargo, la entidad demandada se
abstuvo de dar respuesta a dicha reclamación.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Consideró vulnerados: los artículos 1.º, inciso 2.º de la Ley 33 de 1985; 15,
numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115
de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto
3752 de 2003.
10. Expresó que se encuentra vinculado con anterioridad al 23 de junio de 2003 y
a partir de ese momento se entiende como tal para los efectos del cumplimiento al
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, pues dicha expresión de la norma lo que quiso
proteger fue las situaciones de docentes que tuvieran tiempo de servicio anterior
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025)
como es su caso, pues así hubiese sido nombrado como educador después del año
2003, se le aplicaría el Decreto 2278 de 2002 en cuanto al escalafón docente y no
el Decreto 2277 de 1979, lo cual no afecta el régimen pensional de la Ley 812 de
2003, pues se les debe respetar la regulación anterior así el tiempo laborado no lo
hubiese acumulado como docente, pues la transición de tal disposición lo que exige
es tener más de 20 años en el sector oficial.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. El 29 de agosto de 2019 fue admitida la demanda.2 La Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG manifestó3 que el demandante no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, ya que
su vinculación al FOMAG surgió con posterioridad al 27 de junio de 2003, es decir,
durante la vigencia de la Ley 812 del año 2003, lo que implica que el régimen
aplicable por remisión expresa del artículo 81 sea el contemplado en la Ley 100 de
1993, que establece unos requisitos distintos frente al tiempo de cotización y a la
edad, los cuales al momento de la presentación de la demanda el docente no reúne.
12. Propuso las excepciones de legalidad de los actos administrativos, inexistencia
de la obligación, caducidad, prescripción y genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 9 de mayo
de 2025 accedió a las pretensiones, pero no con base en el régimen solicitado por
el actor, sino con fundamento en la aplicación de la Ley 100 de 1993. Por esa razón
declaró la nulidad del acto presunto y condenó a la entidad demandada a reconocer
la pensión de vejez con el promedio de lo devengado por el reclamante durante los
últimos 10 años anteriores a la adquisición del estatus (31 de enero de 2015), en el
monto que corresponda por el número de semanas cotizadas, y teniendo en cuenta
los factores del Decreto 1158 de 1994, pero con efectos fiscales a partir del 8 de
enero de 2016 por efectos de la prescripción que también declaró probada.
Finalmente se abstuvo de condenar en costas.
14. Consideró que al demandante no le es aplicable el régimen pensional del
artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, porque no fue vinculado al servicio del Magisterio
Oficial con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27
de junio de 2003), pues ello ocurrió a partir del 3 de mayo de 2010 cuando tuvo su
primer nombramiento como maestro estatal en la Institución Educativa Gran
Colombia de Guadalajara de Buga, ya que anteriormente fungió como empleado en
2 Ibid.
3 Ver índice 20 de SAMAI – Tribunales.
4 Ver índice 77 de SAMAI – Tribunales.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025)
distintas empresas del sector privado, lo que hace que su situación jurídica esté
regulada por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
15. Manifestó que, en atención a los requisitos pensionales de estas últimas
normas, se encontró probado que el accionante nació el 31 de enero de 1958, por
lo que en la fecha en la que presentó ante la entidad demandada la solicitud de
reconocimiento pensional (8 de enero de 2019), contaba con más de 57 años de
edad y tenía cotizadas a Colpensiones 1.353,71 semanas; y al FOMAG, entre la
fecha de vinculación y la fecha en la que presentó la reclamación administrativa, un
total de 8 años, 5 meses y 5 días, lo que equivale aproximadamente a 451,9
semanas.
16. Sostuvo que, de acuerdo con lo anterior, cuando el actor cumplió 57 años
contaba con un total de 1.353,71 semanas cotizadas, por lo que acreditó los
requisitos previstos en el régimen de prima media para efectos del reconocimiento
pensional.
17. Añadió que el personal docente se encuentra exceptuado de la prohibición de
devengar doble asignación del erario, en el entendido de que el reconocimiento y
disfrute de la pensión no se encuentra supeditado al retiro del servicio, es decir,
están habilitados para percibir la mesada pensional y continuar ejerciendo el cargo
de docente hasta que llegue a la edad de retiro forzoso, de manera que el
reclamante tiene derecho a que la pensión le sea reconocida a partir del 31 de enero
de 2015 cuando acreditó los referidos requisitos, sin que tenga que acreditar la
terminación de su vínculo.
18. Frente a la prescripción trienal de mesadas advirtió que, como el actor adquirió
el estatus de pensionado el 31 de enero de 2015 y la solicitud de reconocimiento
fue radicada ante la entidad demandada el 8 de enero de 2019 y la demanda fue
presentada el 12 de agosto de 2019, se concluye que operó el fenómeno bajo
estudio respecto de los valores adeudados con anterioridad al 8 de enero de 2016.
RECURSO DE APELACIÓN5
19. La parte demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que revoque
la sentencia y se nieguen las pretensiones, bajo el argumento de que el accionante
fue vinculado al servicio docente desde 2010 con diferentes períodos con solución
de continuidad, por lo que adquirió su estatus pensional después de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que hacía aplicable el régimen de la Ley 100 de
1993 sin beneficio de la transición, según el cual estaba obligado a acreditar 1.300
semanas al momento de la radicación de la petición, lo cual no ocurrió y por tanto
se justifica la decisión demandada de la secretaría de educación.
5 Ver índice 83 de SAMAI – Tribunales.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025)
20. Añadió que a los docentes nacionales vinculados a partir del 1 de enero de 1990
se les reconocerá una pensión de jubilación bajo el régimen general del sector
público, y para los maestros nacionalizados nombrados hasta el 31 de diciembre de
1989, la prestación se otorgará de conformidad con el régimen prestacional del que
han venido gozando en cada entidad territorial, razón por la cual la regulación el
régimen de los docentes corresponde al mismo que se aplica a los empleados
públicos del orden nacional y, por ello, las disposiciones sobre pensiones de
invalidez y jubilación son las contenidas en la Ley 33 de 1985 y en los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969.
21. Expuso que debe tenerse en cuenta la incompatibilidad de la pensión con el
salario de los educadores oficiales en virtud de la prohibición de percibir doble
asignación del Estado prevista en el artículo 128 constitucional, así como la forma
de liquidación de la pensión con base solo en los factores que hayan servido de
base para la cotización de acuerdo con la sentencia de unificación para este sector
emitida por el Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, esto en observancia de los
principios de solidaridad y sostenibilidad presupuestal.
22. Frente a la excepción de prescripción recordó que, para el caso de las mesadas
pensionales el legislador ha establecido dicho fenómeno a fin de que se paguen
únicamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha en que se haya
formulado la correspondiente reclamación ante la demandada, con fundamento en
los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
23. El 19 de diciembre de 20256 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
24. Deberá resolver la Subsección si al demandante, en su calidad de docente
oficial con vinculación posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
quien ha reclamado el reconocimiento de una pensión de jubilación exclusivamente
con base en la Ley 33 de 1985 en virtud de la remisión de la Ley 91 de 1989, tiene
derecho a que le sea reconocida esa prestación, o una pensión de vejez de
conformidad con el régimen de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 como fue
concedido en primera instancia.
6 Ver índice 4 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025)
Marco normativo y jurisprudencial
25. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,7 en la cual se estableció principalmente la forma
de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los
postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.
26. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.
27. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 8 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular del accionante es esencial para verificar la pertinencia de
sus pretensiones.9
28. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el
marco jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera
vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa
relación inicial fue continua, con interrupciones, o si ocurrió mediante contratos de
prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en
provisionalidad, en propiedad o temporal como una interinidad, así como tampoco
si para la mencionada fecha el reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad.
29. Lo expuesto en razón a que la norma en mención en ningún momento distinguió
estas condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en
7 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
8 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a) En
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
9 Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la
parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025)
cuanto a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación
de haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,10 es claro que esta situación corresponde
a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.
Resolución del caso concreto
30. Previo a resolver el fondo del asunto y dado que la entidad demandada apeló la
sentencia para que sea revocada en su totalidad, la Sala destaca que el tribunal de
origen sin un fundamento jurídico específico para variar el litigio fijado conforme a
las pretensiones mediante auto del 4 de abril de 2024,11 decidió analizar la situación
del demandante bajo el régimen de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 por haber
encontrado que su primera vinculación como educador oficial ocurrió con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, ello pese a que la
discusión durante todo el proceso era exclusivamente verificar si el actor tenía o no
derecho a que le fuera reconocida una pensión ordinaria de jubilación con base en
la Ley 33 de 1985.
31. Sin embargo, lo cierto es que al revisar tanto el trámite en vía administrativa que
dio origen al acto presunto reprochado, así como la demanda y todo lo debatido en
primera instancia, se concluye que el accionante siempre planteó como única
pretensión y sustento de su reclamación la aplicabilidad de la última norma en
mención, mas no de la Ley 100 de 1993, ni siquiera de forma subsidiaria a sus
pretensiones principales, pues en todo momento descartó su observancia.
32. Si bien a través de memorial radicado el 5 de marzo de 2025,12 la parte actora
realizó una “solicitud especial” para que al momento de fallar se resolviera con base
en el régimen pensional que le resultara aplicable, al margen de lo que haya sido
solicitado en razón del principio pro homine, lo cierto es que tal petición no equivale
a una reforma de la demanda ni desvirtúa el hecho de lo actuado en vía
administrativa con anterioridad a la interposición del medio de control objeto de
estudio.
33. Lo expuesto implica que, en virtud de los principios de justicia rogada, seguridad
jurídica y congruencia, donde la legalidad de los actos se analiza conforme a los
argumentos de anulabilidad que exponga la parte reclamante, era improcedente en
vía judicial analizar el cambio de régimen para el reconocimiento de su prestación
con base en la Ley 100 de 1993, ya que, en sede administrativa ante la Secretaría
10 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
11 Índice 30 de SAMAI – Tribunales.
12 Índice 72 de SAMAI – Tribunales.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025)
de Educación de Guadalajara de Buga en representación de la Nación – Ministerio
de Educación – FOMAG y ahora en el curso de la primera instancia de este litigio,
el enfoque de la discusión se centró en establecer solamente si la pensión debía
concederse en virtud de los preceptos de la Ley 33 de 1985 en razón de la primera
fecha de vinculación del actor como maestro estatal.13
34. Al revisar los argumentos en el fallo impugnado se advierte que el juez de primer
grado en ningún momento acudió a un sustento que permitiera modificar el objeto
de la controversia para haber asegurado que aun en los casos de inconsistencias
en la indicación del régimen aplicable, el juez podía preferir el más favorable y que
se ajustara a la realidad de cada solicitante.
35. Al margen de lo expuesto y del argumento del demandante sobre el principio
pro homine o el acceso a la administración de justicia, debe tenerse en cuenta que
la aplicación de estos preceptos también tiene que ser sometida a la ponderación
respecto de otra garantía que en este caso igualmente es de carácter fundamental
y ambivalente, como lo es el derecho al debido proceso que se predica no solo de
la parte accionante, sino también de la demandada por tratarse del sustento
esencial para el desarrollo en derecho de las actuaciones administrativas y
judiciales.
36. Por lo mismo, al no haberse dado la oportunidad a la parte accionada de verificar
la situación jurídica reclamada bajo los preceptos de la mencionada Ley 100 de
1993, la Sala estima que, al asumir la flexibilización en los presupuestos de la
congruencia y la justicia rogada, se sorprendería a dicho extremo procesal y en
consecuencia se vulnerarían los principios de decisión previa, autotutela de la
administración, debido proceso y derecho de defensa.14
37. Ahora, si bien se ha permitido de manera excepcional que el juez efectúe
exámenes de oficio sobre el marco jurídico aplicable a un caso cuando la parte
demandante no haya estructurado acertadamente sus pretensiones, o las normas
violadas y el concepto de violación que las fundamenta, lo cierto es que en este
caso no existe duda en que el actor siempre ha buscado que su pensión sea
concedida con fundamento en la Ley 33 de 1985, al punto de que es en atención a
este marco normativo que se debió estudiar la prosperidad o no de las pretensiones.
38. Esto más aún porque tampoco se advertiría una posible vulneración del derecho
fundamental al mínimo vital si se tiene en cuenta por la propia afirmación del actor,
que este sigue vinculado al servicio del magisterio como docente, lo que implica que
13 Esta posición ya ha sido adoptada por esta Subsección en recientes providencias como las siguientes: del 1
de febrero de 2024 (66001-23-33-000-2021-00252-01 (5296-2023)), del 21 de marzo de 2024 (63001-33-33-
005-2020-00228-01 (6489-2022)), y del 12 de junio de 2025 (25000-23-42-000-2022-00013-01 (5933-2023)).
14 Posición sostenida por esta corporación en sentencia del 25 de enero de 2017, radicado 11001-03-26-000-
2016-00052-00, y en providencias de esta subsección del 27 de marzo de 2025 dictada dentro del proceso
15001-23-33-000-2016-00786-02 (1505-2020), y del 6 de noviembre de 2025 proferida en la actuación con
radicado 05001-23-33-000-2019-02892-01 (1148-2022).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025)
devenga salario y prestaciones que le permiten garantizar su congrua subsistencia.
39. Definido lo anterior, basta con recordar que el reconocimiento y liquidación
pensional de los docentes se define en virtud de la fecha de vinculación con
anterioridad o posterioridad a la de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tal
como se precisó en la sentencia de unificación del 25 de abril 2019.
40. Inicialmente se aprecia a partir del reporte de semanas cotizadas al entonces
ISS (hoy Colpensiones),15 que el reclamante realizó aportes a dicha entidad por un
total de 1.353,71 semanas, todas derivadas de contratos laborales con diferentes
empleadores del sector privado entre 1981 y 2007.
41. Aun así, respecto de dichas cotizaciones por tal lapso, lo cierto es que no se
alegó en la demanda ni se demostró a través de las pruebas que el actor hubiese
aportado a pensión ante Colpensiones o alguna otra entidad de previsión con motivo
de uno o varios vínculos con autoridades del sector educativo oficial donde ejerciera
la labor docente al menos mediante contratos u órdenes de prestación de servicios.
42. Ahora, tal como se planteó en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019
y en la reiterada jurisprudencia de esta corporación, el hecho de que el accionante
demuestre haber efectuado cotizaciones al entonces ISS, o eventualmente haber
desempeñado una posición laboral como empleado público distinta a un maestro
oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, o incluso como
profesor de instituciones privadas; no lo hace beneficiario del régimen prestacional
diferencial del magisterio consagrado en su artículo 81, que remite al de la Ley 91
de 1989, y este a su vez al de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.
43. Lo expuesto en razón a que, para consolidar esta situación jurídica pretendida
por el apelante, el requisito esencial es haber realizado actividades pedagógicas
propias de un educador oficial, al margen del tipo de vinculación o su continuidad,
lo cual no fue demostrado para el tiempo de trabajo que se pretende hacer valor
como determinador del marco normativo aplicable, incluso pese a que este sí pueda
ser tenido en cuenta al momento de computar períodos cotizados para efectos de
cumplir con el requisito del tiempo de servicio.
44. Lo que sí se extrae tras verificarse el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emitido el 17 de octubre de 2018 por la Secretaría
de Educación Municipal de Guadalajara de Buga,16 es que el demandante fue
nombrado docente de dicho ente territorial para ejercer como tal desde 3 de mayo
de 2010, con la respectiva afiliación y giro de aportes al FOMAG desde esa misma
fecha.
45. En consecuencia, la Sala encuentra que, al comprobarse que el accionante tuvo
15 Ver expediente digital en el índice 27 de SAMAI – Tribunales.
16 Ibid.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025)
su primera relación legal y reglamentaria como educador, pero consolidada tras la
promulgación de la Ley 812 de 2003, no tenía derecho al reconocimiento de la
pensión ordinaria de jubilación con base en el régimen de la Ley 33 de 1985 como
fue solicitado tanto en vía administrativa como judicial.
46. Pues bien, como el acto presunto objeto de censura en esta causa judicial negó
la prestación bajo los lineamientos de esta última norma que fue la expresamente
solicitada por el actor, se concluye que tal decisión es acertada, ya que se ajusta a
los aludidos planteamientos jurisprudenciales de unificación, por lo que, conforme a
lo expuesto al inicio de este acápite, no era procedente que en vía judicial se
analizara de oficio si el derecho se había consolidado bajo las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, pues tal supuesto no fue puesto en discusión en ningún momento, ni
siquiera de forma subsidiaria.
47. Estos argumentos son suficientes para revocar el fallo apelado y, en su lugar,
negar las pretensiones enfocadas en el reconocimiento de una pensión con base
en la Ley 33 de 1985.
De la condena en costas en ambas instancias
48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto ante la prosperidad de la apelación de la entidad
demandada se revocará el fallo impugnado y, por tanto, la decisión proferida de
negar las pretensiones es contraria a los intereses de la primera, lo que implica que
ha resultado vencida en juicio. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00700-01 (3391-2025)
la misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal
de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el nueve (9) de mayo de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la
cual se accedió a las pretensiones. En su lugar,
Segundo. Negar las súplicas de la demanda.
Tercero. Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandante.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.