Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00013-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00013-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00013-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00013-01 (5933-2023)
Demandante: César Iván Tinoco Torres
Demandados: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) y municipio de
Fusagasugá (Secretaría de Educación Municipal)
Tema: Pensión ordinaria de docente – Ley 812 de 2003 –
CONFIRMA la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia proferida el
28 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que negó las pretensiones de la demanda. Se anuncia
que se confirmará dicha providencia.
II. ANTECEDENTES
Demanda
1. El accionante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad
del acto ficto producto del silencio administrativo negativo que se configuró
porque la entidad accionada no respondió la petición radicada el 30 de noviembre
de 2020, la cual iba encaminada a obtener el reconocimiento de una pensión de
jubilación por aportes, con base en la Ley 71 de 1988.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) otorgar y pagar a su favor
la citada prestación desde el 1.° de agosto de 2019, liquidada con el 75 % de los
salarios y primas devengados en el año anterior a la consolidación del estatus
jurídico, compatible con la percepción del salario; ii) realizar los ajustes de valor
a que haya lugar y ordenar el pago de los intereses moratorios que se causen
después de la ejecutoria del fallo; iii) cancelar el retroactivo generado desde que
se adquirió el derecho; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y v) condenar en costas a la parte demandada.
3. Como concepto de la violación se argumentó que los docentes oficiales
vinculados después de 1990 gozan del mismo régimen de prestaciones
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00013-01 (5933-2023)
Demandante: César Iván Tinoco Torres
económicas de los empleados públicos del orden nacional, dentro del cual está
la Ley 71 de 1988, la cual resulta aplicable en este caso en tanto el actor «realizó
aportes al antiguo ISS antes del 23 [sic] de junio de 2003 y a partir de ese
momento se entiende como vinculado para los efectos del cumplimiento del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003».
Contestación de la demanda
4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
se opuso a las pretensiones porque el actor se vinculó después de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, de tal manera que su régimen pensional está
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Además, no puede acceder
a la pensión de jubilación por aportes regulada por la Ley 71 de 1988 debido a
que no es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.
5. La Secretaría de Educación Municipal de Fusagasugá no contestó la
demanda.
Sentencia apelada
6. Mediante sentencia del 28 de abril de 2023, el Tribunal declaró la
existencia del acto ficto negativo, negó las pretensiones del actor y lo condenó
en costas de primera instancia.
7. Consideró que el demandante i) se vinculó por primera vez a la docencia
oficial el 22 de mayo de 2015, por lo que su situación pensional está regida por
la Ley 100 de 1993, conforme con la Ley 812 de 2003; y ii) no es beneficiario del
régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Recurso de apelación
8. Inconforme con la decisión, el actor interpuso recurso de apelación sobre
la base de que su vinculación a la docencia oficial ocurrió el 22 de mayo de 2015,
pero cotizó 1.064 semanas en el Instituto de Seguros Sociales antes de esa
fecha; es decir, estuvo laborando con anterioridad al «26» [sic] de junio de 2003
y efectuó los respectivos aportes, por lo que le resulta aplicable la Ley 71 de
1988, dada la remisión que prevé la Ley 812 de 2003.
9. Asimismo, adujo que la pensión de jubilación por aportes es compatible
con la percepción del salario, de acuerdo con el Decreto 224 de 1972 y el artículo
19 de la Ley 4.ª de 1992.
Intervención en segunda instancia
10. Ni las partes procesales ni el Ministerio Público presentaron alegatos de
conclusión en esta instancia1.
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La parte accionante presentó un memorial de forma extemporánea el 28 de febrero de 2025.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00013-01 (5933-2023)
Demandante: César Iván Tinoco Torres
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
11. La Sala debe resolver los siguientes problemas jurídicos: i) ¿cuál es el
régimen pensional del demandante según la fecha de su vinculación a la
docencia oficial?; y ii) ¿es posible analizar la situación particular del accionante
con base en una normativa diferente a la que invocó en la reclamación
administrativa, la demanda y el recurso de apelación?
El caso concreto
12. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por el artículo
1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-
19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional de los docentes vinculados al
servicio educativo oficial después de la entrada en vigencia de la citada ley (27
de junio de 2003) es el previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
13. En este caso, está demostrado que el demandante se vinculó a la
docencia oficial el 22 de mayo de 20152, motivo por el cual su situación pensional
está gobernada por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. En consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que negó el reconocimiento de una
pensión de jubilación por aportes con base en la Ley 71 de 1988.
14. Respecto de los aportes realizados con destino al Instituto de Seguros
Sociales antes del 27 de junio de 2003, estos no fueron efectuados con ocasión
a labores desarrolladas como docente público, de suerte que no tienen incidencia
en la determinación de la primera vinculación al servicio educativo oficial para
efectos de identificar el régimen pensional conforme con los artículos 81 de la
Ley 812 de 2003 y 48 de la Constitución Política (parágrafo transitorio 1).
15. La Sala no acoge la solicitud que presentó el actor tendiente a que se
defina su situación particular según la normativa pensional que le resulte
aplicable, pues el cambio de la cuestión jurídica planteada en la reclamación
administrativa, la demanda y el recurso de apelación implicaría desconocer de
manera injustificada las garantías del debido proceso, defensa y contradicción de
la entidad accionada, a quien se sorprendería con un debate que no conoció en
el marco del procedimiento administrativo y respecto del cual no pudo
pronunciarse en sede judicial, sumado a que se le restringiría su derecho a
recurrir la decisión por adoptarse en segunda instancia.
2 Certificado de historia laboral expedido el 7 de agosto de 2020 por la Secretaría de Educación
Municipal de Fusagasugá. Índice 12 de SAMAI. Documento «02PoderAnexosDemanda.pdf».
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Demandante: César Iván Tinoco Torres
16. Adicionalmente, la demanda fue objeto de reparto el 24 de marzo de 2021,
de donde se infiere que su radicación fue posterior a la Sentencia de Unificación
SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, a través de la cual la Sección
Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia y decantó parámetros
claros en torno al régimen pensional de los docentes oficiales vinculados antes y
después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que no es cierto
que el proceso judicial se haya promovido en un momento en el que existía
disparidad de criterios jurisprudenciales al respecto.
Condena en costas de segunda instancia
17. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que en todo caso la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
18. Al revisar el caso concreto se considera que los razonamientos expuestos
por el demandante en el recurso de apelación carecen de fundamento legal,
teniendo en cuenta que para el 10 de mayo de 2023, cuando se promovió la
alzada, ya se había expedido la Ley 812 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005
(que adicionó el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Carta Política), y se
había proferido la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de
2019, de suerte que en aquella fecha existía suficiente claridad normativa y
jurisprudencial en torno a que el régimen pensional de los docentes vinculados
al servicio educativo oficial después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 es el previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de abril de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor César Iván
Tinoco Torres, a favor del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. El valor de las agencias en derecho tendrá que ser definido por el a
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Demandante: César Iván Tinoco Torres
quo según las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura, de
acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso3.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes
y devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Respecto de la competencia del juez o magistrado ponente de primera instancia para establecer
el monto de las agencias en derecho debido a una condena en costas impuesta en segunda
instancia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, auto de ponente del 25 de julio de 2024, expediente 63001-23-33-000-2017-
00159-01 (4553-2017).
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