Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01230-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01230-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01230-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01230-01 (3373-2025)
Demandante: José Raúl Ramírez López
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Vinculada: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente oficial.
Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. Fecha de vinculación posterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003. Las cotizaciones efectuadas al entonces
ISS antes de dicha data, así sean en calidad de empleado
público, pero que no se deriven de vínculos como educador
estatal, no son válidas para determinar el régimen aplicable.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor José Raúl Ramírez López instauró demanda,1 la cual reformó,2 en contra
de la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
1 Ver expediente digital en el índice 21 de SAMAI – Tribunales.
2 Ver reforma a la demanda en el índice 10 de SAMAI – Tribunales.
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2. Que se declare la nulidad del acto presunto derivado de la configuración del
silencio administrativo negativo ante la ausencia de respuesta por parte de la
entidad demandada a su petición del 1.º de octubre de 2019, por medio de la cual
solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación a los 55 años y 1.000
semanas de cotización.
3. A título de restablecimiento del derecho, se conceda dicha prestación equivalente
al 75% de los salarios y demás factores percibidos durante el año anterior a la
adquisición de su estatus jurídico ocurrido el 24 de octubre de 2017, con efectividad
desde esa misma fecha.
4. Se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la fecha de efectividad de la
prestación, la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, así como
el reconocimiento de intereses moratorios hasta que se materialice el respectivo
abono.
5. Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y que se disponga sobre la condena en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que nació el 24 de octubre de 1962 y realizó aportes al antiguo ISS (hoy
Colpensiones) por labores desarrolladas como empleado público en la Policía
Nacional desde el 20 de enero de 1983 hasta el 5 de agosto de 1986, así como en
la Gobernación del departamento del Valle del Cauca entre el 6 de julio de 1990 y
el 8 de noviembre de 1996.
7. Posteriormente fue vinculado como docente oficial al servicio de la Secretaría de
Educación Municipal de Cartago desde el 16 de agosto de 2005 y por lo menos
hasta la fecha de presentación de la demanda (2 de julio de 2020), cuando seguía
en ejercicio de dicho cargo, efectuando cotizaciones al FOMAG.
8. El 1.º de octubre de 2019 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación
ante la mencionada dependencia, y para ello pretendía que le fuera aplicado el
régimen especial del magisterio para consolidar el derecho con base en la Ley 33
de 1985 por acumulación de aportes públicos. Sin embargo, la entidad demandada
se abstuvo de dar respuesta a dicha reclamación.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Consideró vulnerados: los artículos 1.º, inciso 2.º de la Ley 33 de 1985; 15 de la
Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley
100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
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10. Expresó que, a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003 se les
aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812 del mismo año, es decir
la Ley 33 de 1985 por haber prestado el servicio público con aportes al antiguo ISS,
pues si se trataba de proteger a los educadores que con alguna edad ingresaban al
sector público después del 26 de junio de 2003, y que lograban acreditar cualquier
trabajo antes de la menciona fecha, todas las disposiciones legales vigentes
anteriores a la entrada en vigencia de la primera ley en mención tendrían que ser
aplicables.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. El 28 de octubre de 2021 fue admitida la demanda,3 y el 13 de junio de 20234
su reforma. La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG manifestó5 que para
cuando el demandante presentó la solicitud de reconocimiento de la pensión de
jubilación ante la respectiva secretaría de educación no cumplía con los requisitos
mínimos para su obtención, pues se acreditó que fue vinculado como docente en
propiedad en el año 2005, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, de manera que sus derechos pensionales son los de prima media
con prestación definida señalados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
12. Propuso las excepciones de no comprender la demanda a todos los
litisconsortes necesarios, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia
de la obligación o cobro de lo no debido, y genérica.
13. El 11 de abril de 20246 se resolvieron las excepciones previas, por lo que se
declaró probada la de falta de integración de litisconsortes en el sentido de vincular
como parte demandada a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones),7 quien planteó que no existen razones de hecho o de derecho para
que esta entidad se pronuncie a favor o en contra de las pretensiones, ya que no es
la legitimada para proceder con reconocimiento alguno a favor del demandante por
ser aquel uno de los actores excluidos del régimen general de pensiones
administrado por esta autoridad de conformidad con el artículo 279 de la Ley 100
de 1993.
14. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe y la genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
3 Ver índice 4 de SAMAI – Tribunales.
4 Ver índice 15 de SAMAI – Tribunales.
5 Ver índice 9 de SAMAI – Tribunales.
6 Ver índice 23 de SAMAI – Tribunales.
7 Ver índice 42 de SAMAI – Tribunales.
8 Ver índice 55 de SAMAI – Tribunales.
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15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 27 de
junio de 2025 negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
16. Expresó que conforme al parágrafo transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de
2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, el régimen prestacional
aplicable a los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, será el establecido por las normas del Sistema General de Pensiones,
tal como lo dispone el artículo 81 de dicha norma.
17. Afirmó que, en contraste, a aquellos educadores nombrados antes de la
vigencia de esta ley se les continuará aplicando las disposiciones legales que regían
su situación pensional antes de la misma. Aseguró que, por esa razón, el régimen
jurídico en materia pensional a los docentes se determina según la fecha de su
ingreso al servicio educativo.
18. Manifestó que, de las pruebas relacionadas y aportadas oportunamente, el
accionante acreditó con idoneidad su vinculación al servicio educativo oficial desde
el 16 de agosto de 2005 (por nombramiento a través de la Resolución 220 de 10 de
agosto de 2005), cuando inició su labor como docente en provisionalidad en la
Secretaría de Educación Municipal de Cartago; razón por la cual, para el 27 de junio
de 2003 (fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003), el actor no se encontraba
vinculado como maestro oficial, de manera que, el régimen pensional aplicable a su
situación es el establecido en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, no el
reclamado de la Ley 33 de 1985, lo que implica negar las pretensiones.
RECURSO DE APELACIÓN9
19. La parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que en
segunda instancia se reconozca el derecho reclamado según el régimen que le sea
aplicable, bajo el argumento de que al momento de radicar la demanda existía una
línea jurisprudencial consolidada en diversos juzgados administrativos del país, en
la cual se otorgaba esta prestación para los docentes con base en las Leyes 71 de
1988 y 33 de 1985, los cuales exigían cumplir 55 años de edad y acreditar al menos
1.000 semanas de cotización, las cuales se podían completar el tanto con los
aportes realizados en el sector privado ante Colpensiones, como aquellos
efectuados en el sector público.
20. Añadió que tal postura fue modificada por el Consejo de Estado con
posterioridad al ejercicio del presente medio de control, en el sentido de que el
régimen pensional de los educadores dependería de la fecha de vinculación en
comparación con la de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la
cual consideró que se debe generar una protección a los docentes que se
encuentren en este escenario de incertidumbre en garantía de los derechos
9 Ver índice 58 de SAMAI – Tribunales.
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fundamentales al acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y
el principio pro homine, lo que supone respetarles la interpretación más favorable a
sus intereses.
21. En todo caso, señaló que es deber de la autoridad judicial verificar cuál es el
régimen que verdaderamente rige su situación, con el fin de conceder la pensión a
que tenga derecho, pero manteniendo la línea jurisprudencial pacífica del Consejo
de Estado en cuanto a la compatibilidad de la prestación por vejez y el salario de
los maestros en actividad, dado que no les es aplicable la prohibición de recibir
doble erogación del erario.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
22. El 19 de diciembre de 202510 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
23. La parte demandada11 se pronunció frente al recurso al afirmar que debe
confirmarse el fallo apelado en la medida en que este se ajustó plenamente a
derecho al haber determinado correctamente que el régimen pensional aplicable al
accionante es el previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, dada su
vinculación al servicio educativo oficial en el año 2005, lo que permite mantener la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
24. Deberá resolver la Subsección si al demandante, en su calidad de docente
oficial con acumulación de aportes del sector público, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del FOMAG, según la
Ley 33 de 1985, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales
devengados el año anterior a la adquisición del estatus jurídico respectivo y con
efectividad desde tal fecha sin exigir el retiro definitivo del servicio, y si en caso de
no de ser ese el régimen aplicable, es posible analizar y definir su situación con
base en otra regulación.
Marco normativo y jurisprudencial
25. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
10 Ver índice 4 de SAMAI.
11 Ver índice 71 de SAMAI – Tribunales.
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Segunda del Consejo de Estado,12 en la cual se estableció principalmente la forma
de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los
postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.
26. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.
27. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 13 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular del accionante es esencial para verificar la pertinencia de
sus pretensiones.14
28. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el
marco jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera
vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa
relación inicial fue continua, con interrupciones, o si ocurrió mediante contratos de
prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en
provisionalidad, en propiedad o temporal como una interinidad, así como tampoco
si para la mencionada fecha el reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad.
29. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de la
labor como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber ocurrido bajo
cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del principio de la
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
13 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a)
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
14 Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la
parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.
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condición más beneficiosa,15 es claro que esta situación corresponde a un tránsito
legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario proteger la
expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.
Resolución del caso concreto
30. Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso del accionante en virtud de la fecha de su primer
ingreso al servicio educativo oficial como maestro.16
31. Inicialmente se aprecia a partir del reporte de semanas cotizadas al entonces
ISS (hoy Colpensiones),17 que el reclamante realizó aportes a dicha entidad por un
total de 197,57 semanas, todas derivadas de contratos laborales con diferentes
empleadores del sector privado, así como de algunas vinculaciones legales y
reglamentarias con el departamento del Valle del Cauca.
32. De hecho, según el extracto de historia laboral de la Policía Nacional y una
certificación laboral emitida por la jefe del distrito de gobierno 9 con sede en
Cartago,18 el demandante laboró para dichas entidades en principio como agente
alumno de la institución castrense y luego como vigilante de la Casa del Menor
Senderos de dicho municipio, esto para los períodos comprendidos entre 1983 y
1990.
33. Aun así, respecto de dichas cotizaciones por tal lapso, lo cierto es que no se
alegó en la demanda ni se demostró a través de las pruebas que el actor hubiese
aportado a pensión ante Colpensiones o alguna otra entidad de previsión con motivo
de uno o varios vínculos con autoridades del sector educativo oficial donde ejerciera
la labor docente al menos mediante contratos u órdenes de prestación de servicios.
34. Ahora, tal como se planteó en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019
y en la reiterada jurisprudencia de esta corporación, el hecho de que el accionante
demuestre haber efectuado cotizaciones al entonces ISS, o eventualmente haber
desempeñado una posición laboral como empleado público distinta a un maestro
oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, o incluso como
profesor de instituciones privadas; no lo hace beneficiario del régimen prestacional
diferencial del magisterio consagrado en su artículo 81, que remite al de la Ley 91
de 1989, y este a su vez al de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.
15 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
17 Ver expediente digital en el índice 21 de SAMAI – Tribunales.
18 Ibid.
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35. Lo expuesto en razón a que, para consolidar esta situación jurídica pretendida
por el apelante, el requisito esencial es haber realizado actividades pedagógicas
propias de un educador oficial, al margen del tipo de vinculación o su continuidad,
lo cual no fue demostrado para el tiempo de trabajo que se pretende hacer valer
como determinador del marco normativo aplicable, incluso pese a que este sí pueda
ser tenido en cuenta al momento de computar períodos cotizados para efectos de
cumplir con el requisito del tiempo de servicio.
36. Lo que sí se extrae tras verificarse el Certificado de Información Laboral emitido
el 8 de julio de 2019 por la Secretaría de Educación Municipal de Cartago,19 es que
el recurrente fue nombrado como docente de dicho ente territorial para ejercer como
tal desde el 16 de agosto de 2005, con la respectiva afiliación y giro de aportes al
FOMAG desde esa misma fecha.
37. Sobre el punto se recuerda conforme al desarrollo del marco jurídico y
jurisprudencial propio del presente caso que, en lo atinente a los servidores del
magisterio, la aplicación de uno u otro régimen pensional está condicionada a la
acreditación de la primera fecha de vinculación de cada docente estatal como tal,
sin importar la forma de ingreso o la afiliación o no al referido fondo.
38. En la controversia bajo análisis, se encuentra demostrado y sin contradicción al
respecto, que la fecha a partir de la cual el accionante comenzó a ejercer funciones
propias de un educador del Estado fue el 16 de agosto de 2005 cuando tomó
posesión del aludido cargo para el cual fue nombrado, data que definitivamente es
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).
39. Por lo mismo, la sala encuentra que, al comprobarse que el actor tuvo su primer
vínculo como maestro oficial, pero consolidado tras la promulgación de la norma
anterior, es innecesario verificar si su situación pensional eventualmente podía
haberse definido conforme a las previsiones anteriores como sería eventualmente
la Ley 33 de 1985, en la medida en que lo propio indiscutiblemente estaría regulado
por la Ley 100 de 1993 y sus normas modificatorias, lo que implica negar las
pretensiones como lo hizo el tribunal de origen.
40. Lo expuesto se afirma incluso en el entendido de que el reclamante hubiese
sido nombrado después de 1990 como lo prevé el artículo 15 de la Ley 91 de 198920,
19 Ibid.
20 «ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el
que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada
entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones
económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
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o que eventualmente hubiese ejercido labores como profesor en instituciones
educativas privadas, pues tales circunstancias no enervan ni modifican la línea
jurisprudencial de obligatoria observancia para definir litigios como el presente,
creada mediante la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2-2019 del 25 de abril
de 201921, según la cual, la fecha relevante para los mentados efectos es la de la
vinculación como docente estatal anterior o posterior al 27 de junio de 2003,
momento que para el caso en estudio es este último supuesto, que a su vez conlleva
acudir a la segunda regla jurisprudencial planteada en la citada providencia.22
41. Por otra parte, el demandante expuso como argumento de apelación el de la
necesidad de mantener la supuesta tesis anterior que permitía reconocer la pensión
con base en el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 sin distinción al ingreso del
docente, la cual asegura que debe analizarse de oficio al margen de que ello no se
haya pedido.
42. Pues bien, es de destacar que este planteamiento de impugnación no es
procedente, ya que en no es cierto que con anterioridad a la interposición de la
demanda (2 de julio de 2020) se hubiese desarrollado una línea jurisprudencial de
obligatoria observancia distinta a la de la sentencia de unificación del 25 de abril de
2019.
43. Incluso, lo cierto es que al revisar tanto el trámite en vía administrativa que dio
origen al acto presunto reprochado, así como la demanda y todo lo debatido en
primera instancia, se concluye que el accionante siempre planteó como única
nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.
2. Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976
y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C
489 de 2000, siempre y cuando se entienda que las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de
1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el
legislador no podía desconocer.
Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que
se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima
de medio año equivalente a una mesada pensional. […]».
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ-
014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-2017).
22 «[…] Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones. […]»
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01230-01 (3373-2025)
pretensión y sustento de su reclamación la aplicabilidad de la Ley 33 de 1985, mas
no de la Ley 100 de 1993, ni siquiera de forma subsidiaria a sus pretensiones
principales, pues en todo momento descartó su observancia.
44. Lo expuesto implica que, en virtud de los principios de justicia rogada, seguridad
jurídica y congruencia, donde la legalidad de los actos se analiza conforme a los
argumentos de anulabilidad que exponga la parte actora, era improcedente en vía
judicial analizar el cambio de régimen para el reconocimiento de su prestación con
base en la Ley 100 de 1993, ya que, en sede administrativa ante la Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG y ahora en el curso de la primera instancia de
este litigio, el enfoque de la discusión se centró en establecer solamente si la
pensión debía concederse en virtud de los preceptos de la Ley 33 de 1985 en razón
de la primera fecha de vinculación del actor como maestro estatal.23
45. Al revisar los argumentos de la parte apelante sobre la prevalencia de principios
como la favorabilidad, la tutela judicial efectiva y pro homine, con los cuales busca
que aun en los casos de inconsistencias en la indicación del régimen aplicable, el
juez prefiera la norma más favorable para que se ajuste a la realidad de cada
solicitante; la sala advierte que, la aplicación de estos preceptos también tiene que
ser sometida a la ponderación respecto de otra garantía que en este caso es de
carácter fundamental y ambivalente, como lo es el derecho al debido proceso que
se predica no solo de la parte accionante, sino también de la demandada por
tratarse del sustento esencial para el desarrollo en derecho de las actuaciones
administrativas y judiciales.
46. En consecuencia, al no haberse dado la oportunidad a la parte accionada de
verificar la situación jurídica reclamada bajo los preceptos de la mencionada Ley
100 de 1993, la Sala estima que al asumir la flexibilización en los presupuestos de
la congruencia y la justicia rogada se vulnerarían los principios de decisión previa,
autotutela de la administración, debido proceso, derecho de defensa y si en este
nuevo escenario se sorprendiera a dicho extremo procesal, e incluso al tribunal de
origen con un litigio diferente al que fue materia de análisis y pronunciamiento.24
47. Si bien se ha permitido de manera excepcional que el juez efectúe exámenes
de oficio sobre el marco jurídico aplicable a un caso cuando la parte demandante
no haya estructurado acertadamente sus pretensiones, o las normas violadas y el
concepto de violación que las fundamenta, lo cierto es que en este caso no existe
duda en que el actor siempre ha buscado que su pensión sea concedida con
fundamento en la Ley 33 de 1985, al punto de que es en atención a este marco
normativo que se debió estudiar la prosperidad o no de las pretensiones.
23 Esta posición ya ha sido adoptada por esta Subsección en recientes providencias como las siguientes: del 1
de febrero de 2024 (66001-23-33-000-2021-00252-01 (5296-2023)), del 21 de marzo de 2024 (63001-33-33-
005-2020-00228-01 (6489-2022)), y del 12 de junio de 2025 (25000-23-42-000-2022-00013-01 (5933-2023)).
24 Posición sostenida por esta Corporación en sentencia del 25 de enero de 2017, radicado 11001 03 26 000
2016 00052 00, y en providencia de esta Subsección del 27 de marzo de 2025 dictada dentro del proceso
15001-23-33-000-2016-00786-02 (1505-2020).
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48. Esto más aún porque tampoco se advertiría una posible vulneración del derecho
fundamental al mínimo vital si se tiene en cuenta por la propia afirmación del actor,
que este sigue vinculado al servicio del magisterio como docente, lo que implica que
devenga salario y prestaciones que le permiten garantizar su congrua subsistencia.
49. Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo apelado.
Condena en costas de segunda instancia
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01230-01 (3373-2025)
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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