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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00401-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00401-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección “D” en la que se negaron las pretensiones de la demanda, por lo considerado en precedencia, Segundo. CONDENAR en costas procesales a la parte demandante en esta instancia, por las razones consignadas en la presente providencia. Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00401-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25-000-23-42-000-2021-00401-01 (3599-2022)
Demandante: Carmen Elvira Contreras Pabón
Demandado: Sudred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Tema: Solicitud de restructuración. Creación y supresión de empleos.
Profesionalización del ejercicio de la instrumentación quirúrgica.
Silencio administrativo negativo. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección “D” en la que se negaron las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. La señora Carmen Elvira Contreras Pabón instauró demanda en contra de la
Sudred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto derivado de la petición del 1º de
septiembre de 2020 mediante el cual se negó la supresión de los empleos técnicos
que ostentan las instrumentadoras quirúrgicas y la creación del cargo de profesional
universitario área salud código 237 con su respectivo manual de funciones y, su
asignación a dicho cargo, así mismo liquidar y pagar los emolumentos dejados de
percibir por la omisión en reconocer el cargo de profesional aludido, por más de 15
años.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se expidan las ordenes que fueron
denegadas, así mismo, el reconocimiento y pago de la prima técnica del sector central
de la administración distrital.

Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00401-01 (3599-2022)

4. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte pasiva.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que se encuentra vinculada a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente desde el 11 de mayo de 1995 y actualmente desempeña, en carrera
administrativa, el empleo denominado técnico área salud código 323 grado 13 del nivel
técnico y, que durante todos sus años de servicios se ha desempeñado en el área de
los procesos y procedimiento de instrumentación quirúrgica.

7. Que el 23 de diciembre de 2002 el Congreso de la República expidió la Ley 784 de
a través de la cual reformó la Ley 6ª de 1982, con el objeto de reglamentar el ejercicio
de la instrumentación quirúrgica profesional, estableciendo los campos de aplicación
y los principios que la rigen. Luego, el Decreto 785 de 2005 estableció el empleo
denominado profesional universitario área salud código 237.

8. Que el 21 de noviembre de 2005 se expidió la Circular Conjunta 00076 por parte del
Ministerio de la Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función
Pública en la que se señaló que las instituciones prestadoras del servicio de salud y
las empresas sociales del Estado de naturaleza pública del orden nacional y territorial
podrían modificar sus plantas de personal de acuerdo con las necesidades del
servicio, los requerimientos de habilitación, el nivel de atención y la sostenibilidad
financiera, a efectos de contar con empleos de profesional universitario área salud
código 237 y vincular a ellos a los egresados del programa de instrumentación
quirúrgica.

9. Que no obstante lo anterior, se encuentra escalafonada en un grado de nivel
técnico, a saber, técnico área salud código 323 grado 13.

10. Que el 1º de septiembre de 2020 solicitó a la Subred la reestructuración de la
planta de personal y la creación de los cargos profesionales sin obtener respuesta, con
lo cual se configuró el acto ficto demandado.

11. Que el 5 de mayo de 2021 agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

12. Se indicaron como violados los artículos 4, 6, 13, 23, 25, 26, 48 y 123 de la
Constitución Política y la Ley 784 de 2002.

13. En el concepto de la violación se adujo que el acto acusado infringe las normas
en que debía fundarse, viola el principio de confianza legítima y desconoce el derecho
a la igualdad. Afirmó que es menester que se le ordene a la Subred Integrada de

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Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, proceda a implementar procedimientos de
reestructuración administrativa que permita la adecuación de la planta de cargos a lo
ordenado por la Ley 784 de 2002, en lo específico, lo referente a la profesionalización
de los empleos de instrumentalización quirúrgica y, la vinculación de los mismos en el
cargo de profesional universitario área salud con código 237, conforme se establece
en el Decreto 785 de 2005.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

14. El 31 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección “D” admitió la demanda. La Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente E.S.E se opuso a las pretensiones argumentando que la Ley
784 de 2002 estableció la profesionalización de los instrumentadores quirúrgicos en el
territorio nacional pero no la obligación de las entidades del Estado de modificar las
plantas de personal. Que la demandante se encuentra vinculada al empleo técnico
área salud código 323 grado 13 con funciones de instrumentador quirúrgico acorde
con el manual específico de funciones y competencias laborales de la entidad.

15. Que no ha vulnerado ninguna disposición normativa al negar la petición
presentada por la convocante, toda vez que, por un lado, la Ley 784 de 2002 mediante
la cual se reglamenta la instrumentación quirúrgica profesional, mencionada en el
escrito de conciliación, no obliga a las entidades a la creación de tal empleo dentro de
la planta del personal; y, por otro, que el Acuerdo 641 de 2016 del Concejo de Bogotá
y el artículo 15 del Acuerdo 001 de 2016 por el cual se expiden los Estatutos de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE , establecen que es la
Junta Directiva la encargada de aprobar la planta del personal, sus modificaciones y
adoptar las escalas salariales de los funcionarios.

16. En auto del 2 de diciembre de 2021 se prescindió de la audiencia inicial y se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA APELADA

17. En sentencia del 3 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D” negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.

18. Sostuvo el Tribunal que el acto acusado no desconoció las normas en que debía
fundarse porque si bien la Ley 784 de 2002 profesionalizó la instrumentación
quirúrgica, no impuso a la entidad demandada la obligación de modificar la planta de
personal y cambiar de nivel el cargo de instrumentador quirúrgico. Aunado a lo anterior,
considera que tal aspecto debe ser reglamentado y ordenado por el Congreso de la
República como una política de Estado, en tanto que desborda la facultad del operador
judicial.

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19. Que tampoco vulneró el derecho a la igualdad, porque, el hecho de que la entidad
tenga un cargo de nivel profesional con funciones similares a las ejercidas por la
demandante en su empleo de nivel técnico en la Subred Sur, no proporciona un criterio
de comparación entre los empleados que ocupan dichos cargos, pues, las
modificaciones a las plantas de personal obedecen a la autonomía de cada E.S.E. y a
las necesidades del servicio que determina la respectiva junta directiva de cada E.S.E.,
como se desprende del literal a) del artículo 5 del Decreto 1876 de 1994.

20. Que, finalmente, no existe un desconocimiento del principio de confianza legítima,
pues la Circular 00076 de 2005 siempre dio un carácter potestativo -no impositivo- a
la modificación de la planta acorde con las necesidades del servicio.

RECURSO DE APELACIÓN

21. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que la
Ley 784 de 23 de diciembre de 2002 reformó la Ley 6 de 1982 y reglamentó el ejercicio
de la instrumentación quirúrgica y estableció que para su ejercicio se requiere título de
idoneidad universitaria expedido por instituciones reconocidas por el Estado
Colombiano. Que el Tribunal consideró que la disposición legal que obliga a la
profesionalización no se traduce en una obligación de la administración de realizar las
modificaciones en la planta de personal en el sentido de crear la profesionalización de
los cargos de instrumentadoras quirúrgicas, lo que carece de certeza teniendo en
cuenta que los cargos se encuentran definidos por la Ley y junto a ellos los requisitos
mismos del cargo junto con la asignación.

22. Que desde la expedición de la norma se crearon expectativas ciertas en las
instrumentadoras quirúrgicas que laboran para la demandada, puesto que en un
análisis estrictamente legal bajo ninguna circunstancia es viable que se vincule como
instrumentador quirúrgico a quien no acredite los requisitos que han sido previstos en
las Leyes 784 de 2002 y 1164 de 2007.

23. Que, a diferencia de lo establecido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, no es necesario que exista la intervención del legislador en el asunto,
puesto que salta a la vista la obligación de regularizar los cargos de profesionales que
están siendo pagados como técnicos por parte de la administración.

24. Que existe una vulneración del principio de igualdad por cuanto no se entiende la
razón por la cual las funcionarias adscritas a la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E, deben soportar un trato diferenciado, aun cuando cumplen con
las mismas funciones y prestan los servicios de salud al mismo Distrito Capital.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

25. El 14 de julio de 2022 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el agente
del Ministerio Público no emitieron pronunciamiento alguno.

Se resolverá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

26. De acuerdo con el recurso, el problema jurídico que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si el acto ficto resultado del silencio administrativo ante la
solicitud presentada el 1. ° de septiembre de 2020, desconoce las normas en que ha
debido fundarse y los principios de confianza legítima e igualdad. Es decir, si ante la
petición descrita, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
debió crear empleos en el nivel profesional para labores de instrumentación quirúrgica
y designar a la demandante en uno de aquellos.

Marco normativo y jurisprudencial

27. El artículo 138 del CPACA establece que a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho «Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño […]» (énfasis fuera de texto). Es decir,
y aunque parezca redundante expresarlo, el derecho subjetivo que la parte
demandante estima conculcado debe gozar de respaldo en el ordenamiento jurídico
objetivamente valorado, es decir, siempre debe estar amparado en por lo menos una
norma jurídica.

28. El medio de control encuentra su propósito típico y esencial cuando un acto
administrativo violenta un derecho particular por desconocer el ordenamiento,
específicamente, las normas jurídicas que consagran el mismo. Así, por ejemplo,
cuando una disposición crea un derecho en términos objetivos (no en favor de un
particular identificado sino identificable) y esta es desconocida subjetivamente a través
de un acto administrativo, la transgresión del sistema de fuentes sustenta la nulidad
del acto y el consecuente restablecimiento del derecho.

29. Cuando la administración se rehúsa a reconocer un derecho subjetivo o particular
en favor de un ciudadano, la prosperidad de su reclamo en instancias administrativas
o judiciales dependerá siempre de la demostración argumentada y razonable de que
aquel encuentra sustento en una norma o fuente de derecho que, para el caso, fue
ignorada.

30. A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solo es
posible que se restituya el derecho o repare el daño causado por un acto administrativo
ilegal que tiene incidencia directa en su causación. De modo que, verbigracia, si se
demanda un acto administrativo que resulta ser ilegal pero que no es la fuente del daño
causado, el juez deberá declarar su nulidad, pero negar las pretensiones de
restablecimiento. O, si se considera que un acto administrativo legal ha causado un
daño, deberán estudiar los presupuestos del medio de control de reparación directa.

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31. Esta vía procesal se caracteriza por una estricta conexidad entre la ilegalidad del
acto, la vulneración de un derecho subjetivo o causación de un daño a un particular y
el amparo de este en una norma jurídica. En múltiples escenarios, la ausencia del
último elemento es el que no permite advertir el primero, es decir, no existe una fuente
de derecho que sustente lo que el demandante reclama y, por lo tanto, el acto no es
ilegal ni supone el restablecimiento de ningún derecho

Del acceso al empleo público

32. El artículo 122 de la Constitución Política ordena que cualquier empleo público
debe tener unas funciones detalladas en la ley o el reglamento y estar previsto en la
respectiva planta de personal, así como los emolumentos en el presupuesto. Además,
el artículo 125 establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son
de carrera, con excepción de los de elección popular, libre nombramiento y remoción,
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. El ingreso y ascenso en el
sistema de carrera está determinado por el mérito y las calidades de los aspirantes.

33. La Ley 909 de 2004 reguló el sistema de empleo público y el establecimiento de
los principios básicos para el ejercicio de la gerencia pública. El artículo 19 dispone
que el diseño de cada empleo público debe contener la descripción del contenido
funcional, el perfil de competencias y requisitos para su desempeño y, en el caso de
empleos temporales, su duración.

34. Según el artículo 27 de la misma Ley, la carrera administrativa es un «[…] sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de
la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el
acceso y el ascenso al servicio público […]». De allí que, en atención al mandato
constitucional, el ingreso y ascenso se logran a través de procedimientos de selección
públicos, transparentes y objetivos.

35. Como la celebración de los concursos de méritos puede tomar un plazo razonable,
pero la prestación del servicio público no da espera, el ordenamiento ha previsto
soluciones para que los cargos no permanezcan vacantes mientras no sean provistos
definitivamente en carrera1. Así, es posible la designación de servidores en
provisionalidad, que no gozan de la estabilidad y permanencia en el tiempo que
deviene de los derechos propios de la carrera administrativa, pero sí de una estabilidad
laboral intermedia o precaria.

36. De lo anterior, se concluye que la Constitución y la Ley imponen el principio de
legalidad para la creación de empleos en los distintos órganos y entidades que
conforman la estructura de la administración pública. Estos son provistos, por regla

1
Actualmente, el inciso 3.° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 ordena: «[…] Mientras se surte el proceso de selección,
el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones
que regulen los sistemas específicos de carrera […]».

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general, conforme con el principio del mérito, a través de procedimientos técnicos
orientados por la igualdad y la selección del personal más capacitado posible, para la
mejor prestación del servicio y la garantía del interés general. Quienes resultan
ganadores, y solo ellos, gozan de un derecho sólido al empleo que, salvo algunas
causales objetivas, no puede ser limitado.

De la «instrumentación quirúrgica»

37. La Ley 6 de 1982 reglamentaba la profesión de «Instrumentación Técnico-
Quirúrgica» y en el artículo 2. ° preveía que: «El ejercicio de la instrumentación es una
función de beneficio social y de su ejecución serán responsables las tecnólogas que
la ejercen y que, habiendo recibido formación técnica y de educación superior,
colaboran en el área médico-quirúrgica» (énfasis fuera de texto).

38. El artículo 3. ° precisaba que en Colombia solo podían ejercer esta profesión: i)
quienes acreditaran título técnico expedido por una escuela reconocida por el Estado;
ii) los colombianos o extranjeros que hayan obtenido títulos equivalentes en países
con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad y iii)
en caso de que no exista convenio, que los ministerios de Salud y Educación
reconozcan la competencia de la escuela o facultad en la que se hayan formado.

39. La Ley 784 del 23 de diciembre de 2002 reformó esta regulación y dispuso en el
artículo 2.° que «[…] el ejercicio de la Instrumentación Quirúrgica Profesional requiere
título de idoneidad universitaria, basada en una formación científica, técnica y
humanística, docente e investigativa y cuya función es la planeación, organización,
dirección, ejecución, supervisión y evolución de las actividades que competen al
Instrumentador Quirúrgico Profesional, como parte integral del equipo de salud»
(énfasis fuera de texto).

40. En consecuencia, el reciente artículo 3. ° de aquella regulación, elevó los requisitos
para ejercer como «Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales» en el territorio
nacional y demanda la acreditación de un título profesional y no técnico. El artículo 9
se refirió a la contratación de los profesionales en instrumentación quirúrgica y
estableció una regla de transición en los siguientes términos:

«De la contratación. Las entidades hospitalarias, públicas o privadas, deberán
emplear profesionales en Instrumentación Quirúrgica que cumplan con los
requisitos establecidos de conformidad con la presente ley. Quienes no cumplan
con tales requisitos, tendrán un plazo de tres (3) años, a partir de la
promulgación de esta ley, para hacerlo» (énfasis fuera de texto).

41. En consideración de estas normas y el Decreto 785 de 20052, el Ministerio de
Protección Social y el DAFP expidieron la Circular Conjunta 76 del 21 de noviembre

2
El Decreto 785 de 2005 establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos
de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. Entre los artículos 16 y 20 clasificó los
empleos en los distintos niveles jerárquicos. Conservó en el nivel técnico el empleo «Técnico área de salud, código 232» (artículo
19) y en el nivel profesional el cargo de «Profesional Universitario Área Salud, código 237» (artículo 18).

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de 2005, que señaló: «[…] las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las
Empresas Sociales del Estado de naturaleza publica de orden nacional y territorial
podrán modificar su planta de personal, de acuerdo con las necesidades del servicio,
los requerimientos de habilitación del servicio según el nivel de atención y su
sostenibilidad financiera, a efectos de contar con empleos de Profesional Universitario
Área Salud Código 237 y vincular en ellos los egresados del programa en
Instrumentación Quirúrgica Profesional» (énfasis fuera de texto).

Resolución del caso concreto

42. La inconformidad de la demandante se centra en que, a su juicio, la
«profesionalización» de las labores de instrumentación quirúrgica en la Ley 784 de
2002 supone que los empleos creados para el desarrollo de estas funciones deben
corresponder al nivel profesional. Por lo tanto, la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente E.S.E. tenía el deber jurídico de restructurar la planta de personal
y crear cargos de «profesional universitario área salud, código 237», en los términos
que señaló la Circular Conjunta 76 de 2005 que, aunque no impuso un plazo, no podía
permanecer indefinidamente incumplido, so pena de vulnerar el principio de confianza
legítima.

43. Que se vulneró su derecho a la igualdad porque ejerce directamente las mismas
funciones y cumple los requisitos exigidos para los instrumentadores quirúrgicos en la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y la Subred Integrada de Servicios de
Salud Occidente. Agregó que la Circular Conjunta 15 de 2022 del Ministerio de Salud
y el DAFP recomendó ajustar las plantas de personal creando cargos de nivel
profesional para proveer a instrumentadores quirúrgicos. En suma, se apartó del
razonamiento elaborado por el Tribunal Administrativo e insistió en el concepto de
violación propuesto en la demanda.

44. Sin embargo, la Sala comparte la tesis de la sentencia, por los motivos que a
continuación se exponen. Primero, como lo ha sostenido la Sección Segunda, la Ley
784 de 2002 «[…] no dispuso como obligación crear el cargo de profesional
universitario 237 en las diferentes ESE del país […]»3, sino que en el artículo 9 exigió
que todas las instituciones prestadoras del servicio de salud, públicas o privadas,
emplearan exclusivamente a los instrumentadores quirúrgicos que acrediten el
cumplimiento de los requisitos allí implementados, es decir, la formación profesional.

45. Pero ni esta legislación, ni la Circular Conjunta 76 de 2005, como ninguna de las
normas que se invocaron como violadas, impuso el deber de suprimir o crear empleos.
De allí que, desde una perspectiva de derecho objetivo, el silencio negativo de la
empresa social del Estado demandada no infringió una norma superior, pues no omitió
un deber prestablecido, presupuesto de la petición y de la prosperidad del presente
medio de control. Este razonamiento excluye la vulneración del principio de confianza

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Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de junio de 2025. Rad. 25000-23-42-000-2021-00509-01
(2807-2024). C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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legítima porque, en ausencia del deber jurídico, la negativa de la entidad era
predecible.

46. Segundo, desde una perspectiva subjetiva, tampoco es admisible concluir que a
la señora Carmen Elvira Contreras Pabón le asistía un derecho a ocupar el cargo en
el nivel profesional. Lo anterior porque, según el principio de legalidad que rige el
empleo público, no podía aspirar a un cargo inexistente y, si este eventualmente era
creado, no existe ninguna fuente de derecho según la cual debería ser designada.

47. Por el contrario, se aplicaría la regla general para la provisión de empleos públicos,
esto es, la celebración de un concurso público para el nombramiento de un servidor
según el criterio del mérito. Nótese que, según las Resoluciones 67 del 1. ° de marzo
de 20124, 434 del 31 de agosto de 20125 y la certificación del 4 de agosto de 20206, la
demandante siempre ocupó el empleo de «técnico área salud, código 323» en
provisionalidad, es decir, no contaba con un derecho de carrera sobre el empleo que
desempeñaba y mucho menos sobre aquel del cual tenía la expectativa que fuera
creado.

48. Tercero, en relación con la discutida vulneración del derecho a la igualdad, la Sala
observa que el litigio no versó estrictamente sobre una solicitud de nivelación salarial
de un empleado respecto de lo devengado por otro servidor público. En estricto
sentido, la petición del 1. ° de septiembre de 2020 buscó que la entidad efectuara una
restructuración administrativa que consistiera en la supresión de unos empleos, la
creación de otros y la designación en uno de estos.

49. Por lo que, si bien se alegó la igualdad respecto de quienes desarrollan labores de
instrumentación quirúrgica en otras empresas sociales del Estado como un argumento
para la creación de los empleos, es claro que, si no es procedente acceder a esta
pretensión, es innecesario evaluar una eventual nivelación. En otra oportunidad
similar, la Sección argumentó que: «El hecho que en otras empresas sociales del
Estado ya se haya creado el cargo pretendido, no justifica que se dicte orden a la
entidad demandada que conlleve a la creación del cargo y posterior nivelación
salarial»7.

50. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia dado que no
se logró desvirtuar la legalidad el acto acusado.

De la condena en costas de segunda instancia

51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente

4
Fls. 24-25 del archivo «1030545205 1 Ingreso» allegado con los anexos de la contestación.
5
Fls. 31-32, ibid.
6
Fl. 50, anexo de la demanda.
7
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de junio de 2025. Rad. 25000-23-42-000-2021-00509-01
(2807-2024). C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00401-01 (3599-2022)

a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

53. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

54. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto la
sentencia apelada será confirmada, en tanto las peticiones del recurso no fueron
acogidas. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “D”

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección “D” en la que se
negaron las pretensiones de la demanda, por lo considerado en precedencia,

Segundo. CONDENAR en costas procesales a la parte demandante en esta instancia,
por las razones consignadas en la presente providencia.

Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00401-01 (3599-2022)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

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