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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00509-01

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00509-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Elizabeth del Pilar Roa Díaz, encaminadas a la creación de un empleo de profesional en el área de instrumentación quirúrgica dentro de la planta de cargos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. 23 Numero interno: 2807-2024 Demandante: Elizabeth del Pilar Roa Díaz Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00509-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., seis (06) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 25000-23-42-000-2021-00509-01 (2807-2024)1
Demandante : Elizabeth del Pilar Roa Díaz
Demandada : Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E.
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Creación del empleo profesional universitario área salud
código 237. Instrumentación quirúrgica.
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 21 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que negó las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

La señora Elizabeth del Pilar Roa Díaz, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad del acto ficto o presunto negativo surgido ante la no
respuesta a la petición elevada el 1 de septiembre de 2020.

1.1.2 A título de restablecimiento del derecho se solicita se ordene a la
accionada la creación del cargo de profesional en instrumentación quirúrgica
dentro de su planta de cargos y se proceda a nombrar a la demandante en
aquél, dado que, actualmente desempeña las funciones de profesional. Así
mismo, depreca le sean pagados todos los emolumentos laborales que se
deriven de dicho nombramiento desde el año 2006, debidamente indexados,

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Expediente digital – gestión de otros despachos 2_DEMANDADIGITALIZADA_DEMANDAYANEXOSNUM.PDF
2
Expediente físico – fol. 105-126

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Numero interno: 2807-2024
Demandante: Elizabeth del Pilar Roa Díaz
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E.

incluida la prima técnica del sector central de la administración distrital y, se
condene en costas a la demandada.

1.1.3 Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Indica la demandante que, está vinculada a la entidad demandada desde el 19
de junio de 1996, con derechos de carrera administrativa, en el cargo de
técnico área salud, Código 323 Grado 13, nivel técnico; habiendo prestado sus
servicios en el área de los procesos y procedimientos de instrumentación
quirúrgica.

Expone que, el Congreso de la República expidió la Ley 784 de 2002, a través
de la cual se reformó la Ley 6 de 1982, y se estableció que el ejercicio de la
instrumentación quirúrgica requería de título profesional; con base en ello, el
Decreto 785 de 2005 estableció el empleó Profesional Universitario Área Salud
identificado con el Código 237; así como, se promulgó por el Ministerio de
Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública la
Circular Conjunta 00076 del 21 de noviembre de 2005 donde se estableció que
las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Empresas Sociales
del Estado de naturaleza pública de orden nacional y territorial podían
modificar su planta de personal a efectos de contar con empleos de Profesional
Universitario Área Salud Código 237 y vincular en ellos los egresados del
programa de instrumentación Quirúrgica.

A pesar de ello, la demandante sigue escalafonada en un grado de nivel
técnico y sus salarios y prestaciones sociales han sido pagados como
empleada del nivel técnico y no de un nivel profesional, como correspondería
por su nivel académico y la experiencia aportada, en cumplimiento irrestricto
de la Ley 784 de 2002.

1.1.4 Normas violadas y concepto de violación.

La demandante invocó como disposiciones trasgredidas los artículos 4, 6, 13,
23, 25, 26, 48 y 123 de la Constitución Política, y la Ley 784 de 2002.

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Numero interno: 2807-2024
Demandante: Elizabeth del Pilar Roa Díaz
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E.

Como concepto de violación adujo que, la llamada a juicio durante años ha
vulnerado sus derechos laborales y prestacionales al no ordenar la
profesionalización de las funciones que ejerce como instrumentadora
quirúrgica, desconociendo lo dispuesto en la Ley 784 de 2002.

Que dicha omisión ha generado también violación al principio de confianza
legítima por parte de la administración, toda vez que, pese a que la norma
estableció un término para efectuar la profesionalización de las
instrumentadoras quirúrgicas, lo cual claramente incluye la reestructuración de
la planta global de la Subred, lo cierto, es que, pasadas casi dos décadas
después de la promulgación de la norma, la administración no ha efectuado
ningún tipo de acción encaminada a acatar la normatividad.

Así como también, ha ocasionado violación al derecho a la igualdad toda vez
que en otras ESE, entre ellas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur,
al que pertenece el Hospital del Tunal III Nivel ESE, por medio del Acuerdo
No. 009 del 5 de junio de 2015, modificado por Acuerdo No. 013 de 2017, se
decidió acceder a la modificación del Manual de Funciones y Competencias
Laborales en la planta de personal y se creó el cargo de profesional aquí
deprecado, generándose entonces un trato diferenciado entre quienes ejercen
dicha labor en la citada ESE y las que, como la demandante, prestan sus
servicios a la entidad demandada, quien tiene catalogado el cargo como de
nivel técnico.

1.2 Contestación de la demanda3.

El demandado, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda y
manifestó que sí bien la Ley 784 de 2002 estableció la profesionalización de los
instrumentadores quirúrgicos no generó la obligación de las entidades del
Estado de modificar las plantas de personal como lo pretende la demandante.

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Expediente electrónico – Gestión de otros despachos

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Numero interno: 2807-2024
Demandante: Elizabeth del Pilar Roa Díaz
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E.

Señaló que la demandante está vinculada a la entidad en el empleo de técnico
área de salud, código 323, grado 13, con funciones de instrumentador
quirúrgico en provisionalidad y no cuenta con derechos de carrera;
habiéndosele cancelado sus salarios y prestaciones conforme al nivel del
cargo desempeñado.

Que lo aquí pretendido resulta improcedente pues para ocupar un cargo en
carrera es necesario agotar las etapas del concurso de méritos respectivo.

Finalmente propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la
obligación legal de creación del cargo de instrumentador quirúrgico en el nivel
profesional, legalidad de la relación de trabajo sostenida entre las partes y
prescripción trienal.

1.3 La sentencia de primera instancia4.

Mediante sentencia del 21 de julio de 2023 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” negó las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas; lo anterior con fundamento en que:

La Ley 784 de 2002 si bien ordenó a las entidades hospitalarias, públicas o
privadas, a emplear profesionales en instrumentación quirúrgica, esto es,
personal que contara con el título profesional en dicha área, en ningún
momento les impuso a dichas entidades la realización de restructuraciones de
la planta de personal con el fin de suprimir los empleos del nivel técnico área
salud código 323 y en su lugar crear más cargos de nivel profesional, tales
como el profesional universitario área de salud código 237 e incluir en los
mismo el personal que se encontraba en los cargos suprimidos.

La demandante al momento de su vinculación con la entidad demandada opto
por el cargo de técnico área salud, código 323, grado 13, para el cual cumplió
con los requisitos, y viene ejerciéndolo en propiedad; sin embargo, este hecho
no le permite la incorporación automática a otro cargo, adicionalmente no

4
Expediente electrónico – Gestión de otros despachos – índice 128

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Numero interno: 2807-2024
Demandante: Elizabeth del Pilar Roa Díaz
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E.

puede pretender que la entidad de manera autónoma la incluya en el empleo
de profesional área salud código 237, ya que para ello debe adelantar una
postulación a dicho cargo y acreditar los requisitos del mismo.

Adicionalmente, se dijo que, sí la demandante pretendía una nivelación salarial
entre el empleo de técnico área salud código 323, que actualmente desarrolla,
y el empleo de profesional universitario área salud, debió acreditar que ejercía
las mismas funciones que un profesional universitario área salud, lo cual no es
posible teniendo en cuenta que dentro de la planta de personal de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., no hay un cargo con la
denominación de profesional universitario área salud con el cual se pueda
realizar una comparación de funciones.

Se considera que, no se presentó la alegada violación al principio a la igualdad
toda vez que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y la entidad
demandada, son dos personas jurídicas distintas, con personería jurídica y
autonomía administrativa y financiera, con plantas globales de empleos
creadas directamente en función de las necesidades del servicio de cada una
de ellas y con su propio manual específico de funciones y competencias
laborales, establecidos por demás a través de actos.

4. Recurso de apelación5.

La parte demandante formuló recurso de apelación, oponiéndose a la
decisión tomada por el tribunal y pidió fuera revocada aduciendo que, la Ley
784 de 2002 estableció que para el ejercicio de la instrumentación quirúrgica
es necesario contar con título profesional; ante ello, dentro de la planta de
cargos de la entidad debe existir el cargo de profesional para poder ejercer la
citada labor.

Reitera los argumentos expuestos en la demanda, esto es, la aducida violación
al principio de confianza legítima y equidad por parte de la demandada al no
haber dado cumplimiento al mandato legal y proceder a modificar su planta de

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Expediente electrónico – Gestión de otros despachos – índice 133

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Demandante: Elizabeth del Pilar Roa Díaz
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
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cargos; omisiones que considera lesionan sus derechos y hacen viable que se
acojan sus pretensiones.

5. Trámite de la apelación6.

Mediante auto del 18 de marzo 20257 el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación conforme lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021; al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se
prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 8, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación. Sin embargo, en el caso que ambas
partes apelen, el juez decidirá sin limitaciones.

2.2 Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte actora, en
esta oportunidad la Sala deberá establecerse si es posible ordenar a la entidad
demandada, en cumplimiento de la Ley 784 de 2002, proceda a modificar y
crear en su planta de personal el cargo de profesional universitario área de

6
Expediente electrónico – Samai – índice 4
7
Índice 004
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: Elizabeth del Pilar Roa Díaz
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salud código 237 (instrumentador quirúrgico), y como consecuencia de ello
nombre a la demandante en aquél; de ser afirmativa la respuesta a este primer
problema jurídico deberá analizarse si es procedente el reajuste salarial y
prestaciones deprecado desde el año 2006.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: i) formas de provisión de los empleos en el Estado; ii) hechos
probados; y iii) Caso concreto.

2.2.1 Formas de provisión de los empleos en el Estado

Según lo dispuesto en el artículo 1259 de la Constitución Política los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley.

De manera genérica, quienes prestan sus servicios al Estado se denominan
servidores públicos, concepto dentro del cual están incluidos los empleados
públicos, el trabajador oficial y los miembros de las corporaciones públicas.

Existe otra forma de vinculación con el Estado, la cual no otorga derechos de
carrera, ni genera relación laboral, la cual es la vinculación a través de
contratos de prestación de servicios.

Ahora, en cuanto al tema de los servidores públicos en carrera, que es el tema
que para este asunto resulta relevante, debe indicarse que:

La carrera administrativa no es un tema novedoso en Colombia, esta tiene sus
inicios en la Ley 165 de 1938, expedida en vigencia de la Constitución de 1886,

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C.P. ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la
ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán
nombrados por concurso público.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario
y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera,
su ascenso o remoción.

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ley que creó la figura y precisó que regiría para todos los servidores públicos
que prestaran los servicios de carácter permanente en el sector oficial, salvo
los empleados que ejercieran jurisdicción y autoridad; así como, a los agentes
del presidente de la República o de los gobernadores. Posteriormente, se
dictaron otras normas que regularon la citada figura, entre ellas, Decreto Ley
1732 de 1960, expedido con base en las disposiciones de la Ley 19 de 1958,
Decreto 2400 de 1968; Decreto 1950 de 1973, Ley 61 de 1987.

Ya en vigencia de la actual Constitución Política fue expedida la Ley 27 de
1992, cuyo principal avance fue extender al nivel territorial las normas de orden
nacional referentes a la función pública; en virtud de ello, señaló en el orden
territorial cuales empleos eran de carrera y cuáles de libre nombramiento y
remoción, creó la posibilidad de recibir una indemnización cuando el empleo
de carrera fuera suprimido, redujo a una sola calificación desfavorable el retiro
del servicio, estableció dos clases de concurso, abierto y ascenso, organizó la
Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras.

Luego, se dictó la Ley 443 de 1998 la cual se ocupó de la definición, principios
y campo de aplicación de la carrera administrativa; a su vez, señaló los
sistemas específicos de carrera y estableció la clasificación de los empleos de
los organismos y entidades del Estado, determinó las clases de
nombramientos, los procesos de selección o concursos, la evaluación de
desempeño y la calificación de los empleados de carrera

Finalmente, encontramos la Ley 909 de 2004, aún vigente, la cual precisa que
los concursos públicos y abiertos serán la única opción para ingresar a los
empleos de carrera administrativa, siendo necesaria la comprobación de
competencias; que la permanencia en estos está ligada al logro de resultados;
se reitera que la Comisión Nacional del Servicio Civil es la encargada de
realizar los concursos del sistema general, los cuales puede llevar a cabo por
medio de las universidades e instituciones universitarias, públicas o privadas,
pero que están acreditadas.

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Numero interno: 2807-2024
Demandante: Elizabeth del Pilar Roa Díaz
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Conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, la carrera
administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene
por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer,
estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio
público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los
empleos de carrera administrativa se hace exclusivamente con base en el
mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la
transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.

Este sistema regula no solo los procesos de selección, sino también la
evaluación del desempeño, capacitación, estímulos y el retiro de los servidores
públicos.

A su vez, el artículo 122 de la Carta Política prescribe que todo empleo público
debe contar con funciones establecidas en el ordenamiento jurídico, estar
contemplado en la planta de personal de la entidad, y contar con el
presupuesto necesario para cubrir sus emolumentos. Para una adecuada
organización de la función pública, garantizar los derechos laborales y
alcanzar los fines esenciales del Estado, es necesario adoptar una
clasificación, nomenclatura y requisitos de los cargos públicos.

Por su parte, el artículo 2° de la Ley 4ª de 1992 determinó los criterios y
objetivos que debe tener en cuenta el Gobierno nacional para fijar el régimen
salarial y prestacional, en lo que interesa al presente asunto, de los servidores
públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, entre los que se encuentran
los siguientes:

[…]
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto
del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso
se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
[…]
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los
niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y
entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral;

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Occidente E.S.E.

l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en
pruebas generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se
tendrán en cuenta como criterios, la equidad, productividad, eficiencia,
desempeño y la antigüedad; […].

A su vez, el artículo 3º ibidem preceptuó que el sistema salarial de los
servidores públicos estará integrado por la estructura de los empleos, de
conformidad con las funciones que deban desarrollar y la escala y tipo de
remuneración para cada cargo o categoría de empleos.

Adicionalmente, tenemos que el artículo 19 de la Ley 909 de 2004 dispone:

«1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función
pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y
las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de
satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del
Estado.
2. El diseño de cada empleo debe contener:
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que
permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien
sea su titular;
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo,
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las
demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los
elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias
funcionales del contenido del empleo;
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales
[…]».

En ese orden de ideas, se itera, en virtud de lo dispuesto en la Ley 909 de
2004 los concursos públicos y abiertos son la única opción para ingresar a los
empleos de carrera administrativa, siendo la base de aquella el mérito; y
conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Carta Política, todo empleo
público debe contar con funciones establecidas en el ordenamiento jurídico y
estar contemplado en la planta de personal de la entidad.

2.2.2 Hechos probados10.

Con la demanda se allegaron los siguientes documentos que resultan
relevantes para decidir11:

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Expediente digital, gestión de otros despachos
11
2_DEMANDADIGITALIZADA_DEMANDAYANEXOSNUM.PDF

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Occidente E.S.E.

• Petición incoada por la demandante, entre otras personas, ante la ESE
demandada el día 1 de septiembre de 2020 mediante la cual solicitó la
reestructuración administrativa con miras a dar cumplimiento a lo
dispuesto a la Ley 784 de 2002, esto es, la supresión de los empleos
técnicos que desempeñaban las instrumentadoras quirúrgicas y la
creación del empleado de profesional universitario área de salud código
237, con su respectivo manual específico de funciones; así como, el
nombramiento en los cargos de profesional creados a favor de las
solicitantes y el pago de las acreencias laborales que resulten a favor
de aquellas por haber omitido el reconocimiento del cargo de
profesional por más de 15 años.
• Copia de la cédula de ciudadanía de la actora.
• Diploma expedido por la Fundación Universitaria del Área Andina, el 28
de octubre de 1999, donde se le otorga el título de profesional en
instrumentación quirúrgica a la accionante, junto con el acta de grado
y, la Resolución No. 7020 del 17 de diciembre de 1999 expedida por la
Secretaría de Salud de Bogotá mediante la cual refrendan el título
profesional de la actora y se le autoriza para ejercer la profesión de
instrumentación quirúrgica.
• Acta de grado expedida por la Universidad El Bosque el 3 de marzo de
2016, mediante el cual se otorga a la señora Roa Díaz el título de
especialista en docencia universitaria.
• Constancia expedida el 10 de agosto de 2020 por la directora operativa
de la entidad accionada mediante la cual precisa que la demandante
presta los servicios en esa entidad desde el 19 de junio de 1996, con
derechos de carrera administrativa, en el empleo de técnico área salud,
detallando las funciones que realiza.
• Certificación expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil el 20
de marzo de 1998, donde se consigna que la actora está inscrita en el
registro público de empleados en carrera administrativa en el cargo de
instrumentador quirúrgico.

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Demandante: Elizabeth del Pilar Roa Díaz
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E.

• Acuerdo No. 013 de 2017 por el cual se establece el manual de
funciones y competencias laborales de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.
• Acuerdo No. 55 de octubre 17 de 2019 por el cual se establece el
manual de funciones y competencias laborales de la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Adicionalmente, en el plenario obran los siguientes documentos:

• Nota interna expedida el 2 de diciembre de 2022 por la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. donde se precisa
que en esa entidad no existe, en los cargos de profesional área de salud
código 237 el empleo de profesional en instrumentación quirúrgica12.
• Constancia expedida el 17 de enero de 2023 por la directora operativa
de la entidad accionada mediante la cual precisa que la demandante
presta los servicios en esa entidad desde el 19 de junio de 1996, con
derechos de carrera administrativa, en el empleo de técnico área salud,
detallando las funciones que realiza13.
• Acuerdo No. 017 de 2005, por el cual se ajusta el manual específico de
funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de
personal del hospital Occidente de Kennedy III nivel E.S.E14.
• Acuerdo No. 015 de 2015, por el cual se ajusta el manual específico de
funciones, requisitos y competencias laborales de la planta global del
hospital Occidente de Kennedy III nivel E.S.E15.
• Acuerdo No. 017 del 5 de abril de 2017 por el cual se establece el
manual de funciones y competencias laborales para los empleados de
la planta de personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E.16
• Circular No. 00015 del 25 de marzo de 2022 expedida por el Ministerio
de Salud, mediante el cual se dan recomendaciones referentes a la

12
caso-03112022142557.pdf
13
1. CERTIFICADO LABORAL ELIZABETH ROA DIAZ.pdf
14
2.1. MANUAL FUNCIONES COD 323 GRADO 06 HKENNEDY2005.pdf
15
2.3. MANUAL FUNCIONES COD 323 GRADO 06 HKENNEDY 2015.pdf
16
2.4. MANUAL FUNCIONES COD 323 GRADO 13 SUBRED2017.pdf

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Demandante: Elizabeth del Pilar Roa Díaz
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E.

vinculación de profesionales en instrumentación quirúrgica así17:

• Resolución No. 0181 del 13 de marzo de 2024, expedida por la entidad
demandada, a través de la cual se nombra bajo la figura de encargo
hasta que se provea en forma definitiva, a la aquí demandante en el
empleo de profesional universitario área salud código 237 grado 11, con
una asignación de $4.528.363, creado mediante Acuerdo No. 015 del
11 de marzo de 202418.

2.2.3. Caso concreto.

En este caso la señora Elizabeth del Pilar Roa Díaz ha solicitado se ordene a
la E.S.E. demandada crear en la planta de cargos el empleo de profesional en
instrumentación quirúrgica; hecho lo anterior, se le nombre en aquél, y se le
paguen las diferencias salariales y prestacionales que surjan a su favor,
aduciendo que a pesar de estar nombrada en propiedad en el cargo de técnico
área salud, del nivel técnico, ha venido desarrollando las funciones de
profesional.

La entidad demandada por su parte, al contestar la demanda precisó la Ley
784 de 2002 no generó la obligación de las entidades del Estado de modificar
las plantas de personal como lo pretende la demandante; además, señaló que
lo pretendido resulta improcedente pues para ocupar un cargo en carrera es
necesario agotar las etapas del concurso de méritos respectivo.

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041_RECIBEMEMORIALES_CIRCULARCONJUNTANO.pdf
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005_MemorialWeb_Poder-RESOLUCIONNo181D.pdf

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Occidente E.S.E.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“A” negó las pretensiones de la demanda, decisión contra la cual la parte
actora interpuso recurso.

Bien, lo primero que debe precisarse es que mediante la Ley 6 de 1982 se
reglamentó la profesión de instrumentación técnico quirúrgica, disponiéndose
en su artículo 1 que se entiende por tal, así:

“ARTÍCULO 1º. Para todos los efectos legales se entiende por instrumentación
técnico-quirúrgica la planeación, dirección, ejecución, supervisión, coordinación
y evolución de las actividades que competen a la instrumentadora como
colaboradora del equipo médico-quirúrgico, que realiza dentro del quirófano y
fuera de él”.

La citada norma en su artículo 3 dispuso que, sólo podrán ejercer como
profesionales de la instrumentación técnico-quirúrgica quienes acrediten título
de instrumentadora técnico-quirúrgica, expedido por escuelas reconocidas por
el Estado.

Luego, por medio de la Ley 784 de 2002, se reformó la Ley 6 de 1982,
precisándose en el artículo 2 que el «ejercicio de la Instrumentación Quirúrgica
Profesional requiere título de idoneidad universitaria, basada en una formación
científica, técnica y humanística, docente e investigativa y cuya función es la
planeación, organización, dirección, ejecución, supervisión y evolución de las
actividades que competen al Instrumentador Quirúrgico Profesional, como parte
integral del equipo de salud»; por su parte, el artículo 3 consagró los requisitos
para ejercer tal profesión y en el artículo 7 se indicó que para que el título de
instrumentador quirúrgico profesional tuviera validez, debería ser registrado
ante las secretarías de Salud Departamentales o Distritales.

Ahora bien, como se dijo anteriormente, la Ley 909 de 2004 reguló de manera
general el empleo público y la carrera administrativa; posteriormente, fue
expedido el Decreto 785 de 2005, por el cual se establece el sistema de
nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de

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la Ley 909 de 2004; normatividad que en su artículo 3 estipuló que los empleos
de las entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos:
Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel
Asistencial; más adelante, en los artículos 16 a 20 se fijaron las nomenclaturas
y clasificación; en lo pertinente al caso tenemos que:

En el nivel profesional se estableció el empleo con código 237, profesional
universitario área salud y, en el nivel técnico quedó el empleado con código
323 técnico área salud; que es el desempeñado por la demandante según las
constancias expedidas el 10 de agosto de 2020 y 17 de enero de 2023 por la
directora operativa de la entidad accionada, obrantes en el plenario.

Según las citadas certificaciones, la aquí demandante dentro de sus funciones
estaban:

Dichas funciones se enmarcan dentro del concepto de instrumentación
quirúrgica establecido en el artículo 1 de la Ley 6 de 1982 «para todos los
efectos legales se entiende por instrumentación técnico-quirúrgica la planeación,
dirección, ejecución, supervisión, coordinación y evolución de las actividades que
competen a la instrumentadora como colaboradora del equipo médico-quirúrgico, que
realiza dentro del quirófano y fuera de él»; ante lo cual se concluye que la
demandante ejercía labores como instrumentadora quirúrgica.

En este punto, debe recordarse que según lo dispuesto en la Ley 784 de 2002
para ejercer como instrumentadora quirúrgica debe acreditarse ser profesional

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en esa área y refrendarse el título ante la Secretaría de Salud respectiva,
requisitos que cumple la accionante pues probado quedó que la Fundación
Universitaria del Área Andina, el 28 de octubre de 1999, le otorgó el título de
profesional en instrumentación quirúrgica a la accionante, y por medio de la
Resolución No. 7020 del 17 de diciembre de 1999, expedida por la Secretaría
de Salud de Bogotá, aquél fue refrendado y se le autorizó para ejercer la
profesión de instrumentación quirúrgica.

No obstante lo anterior, debe precisarse que, contrario a lo expuesto por la
demandante la Ley 784 de 2002, no dispuso como obligación crear el cargo de
profesional universitario 237 en las diferentes ESE del país, norma que solo
estableció en su artículo 9 que en las instituciones de salud se deberían
emplear profesionales en Instrumentación Quirúrgica que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha ley; como tampoco lo hizo la Circular Conjunta
00076 del 21 de noviembre de 200519 la cual sugirió la modificación de la
planta de personal, en los siguientes términos:

«[…] Con fundamento en las anteriores disposiciones legales y en la
jurisprudencia señalada, se precisa que las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud y las Empresas Sociales del Estado de naturaleza pública de orden
nacional y territorial podrán modificar su planta de personal, de acuerdo con
las necesidades del servicio, los requerimientos de habilitación del servicio según
el nivel de atención y su sostenibilidad financiera, a efectos de contar con empleos
de Profesional Universitario Área Salud Código 237 y vincular en ellos los
egresados del programa en Instrumentación Quirúrgica Profesional.

Con las anteriores precisiones, el Ministerio de la Protección Social y el
Departamento Administrativo de la Función Pública esperan contribuir a la correcta
aplicación de las normas que sobre la materia rigen actualmente en el país.»
(negrilla de la Sala)

En sentido similar se hicieron recomendaciones en la Circular No. 00015 del
25 de marzo de 2022, expedida por el Ministerio de Salud, obrante en el
plenario.

Bien, tenemos que en el plenario obra nota interna expedida el 2 de diciembre
de 2022 por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.,
donde se precisa que en esa entidad no existía para ese momento en la planta

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Consultada vía internet CIRCULAR-076-DEL-21-DE-NOVIEMBRE-DE-2005.pdf

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de cargos, el de profesional área de salud código 237 - profesional en
instrumentación quirúrgica.

Entonces, la misma entidad demandada certificó que en su planta de cargos
no existía el empleo que depreca la demandante por este medio sea ordenada
su creación – por lo menos antes de que se profiriera el Acuerdo No. 015 del 11 de marzo
de 2024, con base en el cual se dictó la Resolución n.° 0181 del 13 de marzo de 2024, a través
de la cual se nombró, bajo la figura de encargo, a la aquí demandante en el empleo de
profesional universitario área salud código 237 grado 11-. Frente a dicha pretensión de

creación de cargos debe indicarse que:

Conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1994, en su artículo 194, las
Empresas Sociales del Estado que constituyen una categoría especial de
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos,
según el caso; en igual sentido la Ley; por su parte, el Decreto 1876 de 1994
en su artículo 11 estableció las funciones de las juntas directivas de dichas
empresas, así:

«ARTÍCULO 11º.- Funciones de la Junta Directiva. Sin perjuicio de las
funciones asignadas a las Juntas Directivas por ley, Decreto, Ordenanza o
Acuerdo u otras disposiciones legales, ésta tendrá las siguientes:
(…)
16. Determinar la estructura orgánica-funcional de la entidad, y someterla
para su aprobación ante la autoridad competente (…)».

Entonces, el legislador ha establecido quien es la entidad competente para
crear una Empresa Social del Estado, siendo esta, según su nivel, el
Congreso, las Asambleas o los Concejos; una vez creada dicha entidad, es
competencia de su junta directiva determinar la estructura orgánica – funcional
de la entidad, para lo cual requiere de aprobación de la autoridad competente;
debiéndose precisar también que, conforme a lo dispuesto en la ley 909 de
2004, la modificación de una planta de personal debe motivarse y/o fundarse
en necesidades del servicio o en razones de modernización de la
administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo
demuestren.

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Ante ello, no es posible que vía judicial, como lo pretende la accionante, se
ordene la creación de un cargo y menos que se proceda a nombrarla en aquél;
puesto que el legislador estableció quien es el competente para ello, no siendo
viable que la autoridad judicial invada la órbita de otra entidad, recordando qué
en virtud de la división de poderes, que opera en un estado social de derecho
como lo es Colombia, cada rama del poder público tiene una función
determinada.

Adicionalmente, como ya se expuso, el artículo 122 de la Carta Política
prescribe que todo empleo público debe contar con funciones establecidas en
el ordenamiento jurídico, estar contemplado en la planta de personal de la
entidad, y contar con el presupuesto necesario para cubrir sus emolumentos.
En virtud de ello, para la creación de un cargo dentro de la planta de personal
debe existir un estudio presupuestal que lo avale, así como un estudio previo
que justifique la necesidad de la modificación, creación que como ya se dijo,
en las empresas sociales del Estado corresponde definirla a su junta directiva
y no al juez; junta que según lo aquí acreditado ya realizó la creación del cargo;
lo anterior, por medio del Acuerdo No. 015 del 11 de marzo de 2024, surtiendo
efectos aquel solo desde el momento de su expedición.

Ahora, respecto la pretensión que se ordene su nombramiento en el cargo de
profesional, debe recordarse que por regla general los empleos en el Estado
son de carrera, como se dijo en precedencia; ante ello, la Ley 909 de 2004
estableció que los concursos públicos y abiertos serán la única opción para
ingresar a los empleos de carrera administrativa, siendo necesaria la
comprobación de competencias.

En ese sentido, el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 consagró que la carrera
administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene
por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer,
estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso; así las cosas, para ser
nombrada y obtener derechos de carrera en un cargo del Estado es necesario,
adelantar todo un concurso y luego, una vez superada todas las etapas, se
procederá al nombramiento, según la respectiva lista de elegibles.

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Se itera, no es función del juez, singular o colegiado, ordenar la creación de
empleos dentro de la planta de cargos de las entidades del Estado, aquella es
una función administrativa que no corresponde a la judicatura, quien tampoco
puede desconocer las normas de carrera administrativa sobre el ingreso y
permanencia en el empleo público; esta jurisdicción ejerce función de control
judicial sobre la legalidad de los actos administrativos, pero no le corresponde
suplantar la facultad o potestad legal de la Rama Ejecutiva del poder público.

Ahora, respecto a la alegada vulneración del derecho a la igualdad por existir
en otras empresas sociales del Estado el cargo de profesional en el área de
instrumentación quirúrgica debe indicarse que esta corporación ha precisado
que20:
«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige
el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que
alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que
avalen sus alegatos.» (subrayado de la Sala)

Dicho juicio de igualdad es propio de los procesos cuya pretensión esté
encaminada netamente a la nivelación salarial, en donde debe analizarse la
viabilidad de aquellas dando aplicación al principio de «a trabajo igual, salario
igual».

20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 9 de
diciembre de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858-18).

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No obstante, en este asunto la controversia no versó estrictamente en una
nivelación salarial con base en lo devengado por otro servidor público, en virtud
de ello, para resolver el problema jurídico planteado, esto es, la posibilidad de
ordenar a la entidad demandada crear un cargo y nombrar a la demandante
en dicho cargo; sin embargo, el hecho que existan en otras empresas sociales
del Estado cargos de profesional, en el área de instrumentación quirúrgica, no
resulta relevante; pues como ya se señaló, esta jurisdicción no es competente
para definir la estructura orgánica de una entidad, facultad que el legislador,
en este caso, otorgó a la junta directiva de la llamada a juicio. En este punto
vale recordar que lo aquí pretendido fue:

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Como se desprende de la lectura de las pretensiones de la demanda, en este
proceso no se buscó una nivelación salarial teniendo en cuenta lo devengado
por otros profesionales en instrumentación quirúrgica en otras entidades del
Estado, por el contrario, lo pretendido en este asunto, es la creación de un
cargo de profesional en la entidad demandada – nivel profesional- y el
nombramiento de la actora en aquél, quien está vinculada a la entidad en un
cargo de inferior jerarquía – nivel técnico-, esto es, lo aquí debatido es un
proceso de homologación; entonces, al no ser procedente la pretensión
principal -creación del cargo- no es posible que se pase a analizar la posibilidad
de nivelar el salario devengado por la demandante. El hecho que en otras
empresas sociales del Estado ya se haya creado el cargo pretendido, no
justifica que se dicte orden a la entidad demandada que conlleve a la creación
del cargo y posterior nivelación salarial.

Así las cosas, la Sala despachará desfavorablemente las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, se confirmará la sentencia recurrida.

Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y

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que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.

En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en
el proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses, por consiguiente, no se condenará en costas.

DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 21 de julio de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, que negó las pretensiones de la demanda; al
considerar que no es posible ordenar, vía judicial, la creación de un empleo de
profesional en el área de instrumentación quirúrgica dentro de la planta de
cargos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de julio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
que negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Elizabeth del
Pilar Roa Díaz, encaminadas a la creación de un empleo de profesional en el
área de instrumentación quirúrgica dentro de la planta de cargos de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por los motivos
expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Ausente en comisión Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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