Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00409-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00409-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00409-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00409-01 (1776-2024)
Demandante: Gina Paola Calderón Ostos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
Temas: Solicitud de restructuración. Creación y supresión de empleos.
Profesionalización del ejercicio de la instrumentación quirúrgica.
Silencio administrativo negativo. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Gina Paola Calderón Ostos instauró demanda en contra de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto ficto resultado del silencio administrativo
ante la solicitud de suprimir los cargos técnicos de «instrumentador quirúrgico»,
crear los de «profesional universitario área de salud, código 237» y designar a la
demandante en uno de estos, presentada el 1.° de septiembre de 2020.
3. Como restablecimiento del derecho, que se ordene la creación del cargo en la
planta de personal de la entidad y su nombramiento, así como el pago indexado de
los emolumentos dejados de percibir desde el 1.° de marzo de 2012 y los
respectivos intereses moratorios. Que se condene en costas y agencias en derecho.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00409-01 (1776-2024)
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que desde el 1.° de marzo de 2012 se desempeña como «técnica área salud,
código 323, grado 13», empleo del nivel técnico en la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente E.S.E. y presta servicios en el área de procesos y
procedimientos de instrumentación quirúrgica.
5. Que el 23 de diciembre de 2002 se expidió la Ley 784, que reglamentó el
ejercicio de la instrumentación quirúrgica y estableció que su ejercicio requiere título
de idoneidad universitaria.
6. Que el 1.° de septiembre de 2020 solicitó a la entidad una restructuración de
la planta de personal que consistiera en la creación de empleos del nivel profesional
para el cumplimiento de tareas de instrumentación quirúrgica y su designación en
uno de estos; sin embargo, nunca respondió.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
7. Considera vulnerados los artículos 4, 6, 13, 23, 25, 26, 48 y 123 de la
Constitución Política; las Leyes 784 de 2002 y 909 de 2004 y los principios de
confianza legítima e igualdad, porque la primera de las leyes citadas reformó la Ley
6 de 1982 y profesionalizó la instrumentación quirúrgica. Que, según esta
modificación, la Circular Conjunta 76 de 2005 suscrita por el entonces Ministerio de
Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
permitió que las empresas sociales del Estado modificaran la planta de personal,
como lo hizo, por ejemplo, la Subred Integrada de Servicios de Salud del Sur E.S.E.
Que siempre debió ocupar un empleo del nivel profesional y, por el contrario, su
remuneración corresponde a un cargo del nivel técnico.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
8. El 31 de mayo de 2022 se admitió la demanda. La entidad expresó que la
demandante fue vinculada en provisionalidad con los requisitos que el manual
específico de funciones y competencias laborales establecía para la época, esto es,
título de técnico o tecnólogo en instrumentación quirúrgica. Que la Ley 784 de 2002
no contiene ninguna disposición que la obligue a crear el cargo en el nivel
profesional y, si esto ocurre para los perfiles de instrumentador quirúrgico, la
asignación se sujetaría a los procedimientos previstos en el artículo 125 de la
Constitución Política y la Ley 909 de 2004.
9. Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de obligación legal de
creación del cargo de instrumentador quirúrgico en el nivel profesional», «legalidad
de la relación de trabajo sostenida entre las partes», «prescripción trienal de
derechos» y «cualquier genérica que pueda ser decretada por el despacho».
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10. En auto del 25 de mayo de 2023 se impartió el trámite de sentencia anticipada,
se fijó el litigio, se incorporaron las pruebas documentales allegadas y se corrió
traslado para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
11. Mediante sentencia del 24 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones. Argumentó que la demandante no fue
vinculada en carrera administrativa, por lo que no tenía derecho a ser incorporada
automáticamente en el empleo que desempeña ni en ningún otro.
12. Que la Ley 748 de 2002 no le impuso a la demandada la obligación de crear
el empleo de «profesional universitario área salud código 237» en su planta de
personal y, si bien profesionalizó el ejercicio de la instrumentación quirúrgica, el
deber estatal que se derivó fue el emplear a quienes cumplieran con los requisitos
que exige, en el término previsto.
13. Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. es una entidad
distinta y el hecho de que haya modificado su planta de personal, no supone un
deber para la demandada. Que, por la misma razón, no se vulneró el principio de la
igualdad.
RECURSO DE APELACIÓN
14. La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que la ley
y la jurisprudencia exigen el título profesional para el ejercicio de labores de
instrumentación quirúrgica y, por lo tanto, es razonable que el empleo integre el nivel
profesional. Considera que este es el sentido útil de la Ley 748 de 2002.
15. Que la mencionada Ley otorgó a las instituciones públicas y privadas un
término de tres años a efectos de profesionalizar al personal de instrumentación
quirúrgica y, si bien la Circular Conjunta 76 de 2005 no estableció plazo para la
modificación de las plantas de personal en las empresas sociales del Estado, su
cumplimiento no puede ser indeterminado, so pena de vulnerar el principio de
confianza legítima.
16. Que han trascurrido más de 15 años sin la gestión presupuestal para la
implementación de la Ley y la Circular Conjunta 15 de 2022 del Ministerio de Salud
y el DAFP recomendó ajustar las plantas de personal creando cargos de nivel
profesional para proveer a instrumentadores quirúrgicos.
17. Que, respecto de los instrumentadores quirúrgicos en la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur y la Subred Integrada de Servicios de Salud Occidente,
ejerce las mismas funciones de forma directa y cumple con los requisitos exigidos,
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por lo que están los presupuestos jurisprudenciales para elaborar un juicio de
igualdad, aunque se trate de entidades estatales distintas.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. El 6 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
19. De acuerdo con el recurso, el problema jurídico que debe resolver la
Subsección consiste en determinar si el acto ficto resultado del silencio
administrativo ante la solicitud presentada el 1.° de septiembre de 2020, desconoce
las normas en que ha debido fundarse y los principios de confianza legítima e
igualdad. Es decir, si ante la petición descrita, la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente E.S.E. debió crear empleos en el nivel profesional para labores
de instrumentación quirúrgica y designar a la demandante en uno de aquellos.
Marco normativo y jurisprudencial
20. El artículo 138 del CPACA establece que a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho «Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño […]» (énfasis fuera de
texto). Es decir, y aunque parezca redundante expresarlo, el derecho subjetivo que
la parte demandante estima conculcado debe gozar de respaldo en el ordenamiento
jurídico objetivamente valorado, es decir, siempre debe estar amparado en por lo
menos una norma jurídica.
21. El medio de control encuentra su propósito típico y esencial cuando un acto
administrativo violenta un derecho particular por desconocer el ordenamiento,
específicamente, las normas jurídicas que consagran el mismo. Así, por ejemplo,
cuando una disposición crea un derecho en términos objetivos (no en favor de un
particular identificado sino identificable) y esta es desconocida subjetivamente a
través de un acto administrativo, la transgresión del sistema de fuentes sustenta la
nulidad del acto y el consecuente restablecimiento del derecho.
22. Cuando la Administración se rehúsa a reconocer un derecho subjetivo o
particular en favor de un ciudadano, la prosperidad de su reclamo en instancias
administrativas o judiciales dependerá siempre de la demostración argumentada y
razonable de que aquel encuentra sustento en una norma o fuente de derecho que,
para el caso, fue ignorada.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00409-01 (1776-2024)
23. A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solo
es posible que se restituya el derecho o repare el daño causado por un acto
administrativo ilegal que tiene incidencia directa en su causación. De modo que,
verbigracia, si se demanda un acto administrativo que resulta ser ilegal pero que no
es la fuente del daño causado, el juez deberá declarar su nulidad, pero negar las
pretensiones de restablecimiento. O, si se considera que un acto administrativo legal
ha causado un daño, deberán estudiar los presupuestos del medio de control de
reparación directa.
24. Esta vía procesal se caracteriza por una estricta conexidad entre la ilegalidad
del acto, la vulneración de un derecho subjetivo o causación de un daño a un
particular y el amparo de este en una norma jurídica. En múltiples escenarios, la
ausencia del último elemento es el que no permite advertir el primero, es decir, no
existe una fuente de derecho que sustente lo que el demandante reclama y, por lo
tanto, el acto no es ilegal ni supone el restablecimiento de ningún derecho
Del acceso al empleo público
25. El artículo 122 de la Constitución Política ordena que cualquier empleo público
debe tener unas funciones detalladas en la ley o el reglamento y estar previsto en
la respectiva planta de personal, así como los emolumentos en el presupuesto.
Además, el artículo 125 establece que los empleos en los órganos y entidades del
Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, libre
nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
El ingreso y ascenso en el sistema de carrera está determinado por el mérito y las
calidades de los aspirantes.
26. La Ley 909 de 2004 reguló el sistema de empleo público y el establecimiento
de los principios básicos para el ejercicio de la gerencia pública. El artículo 19
dispone que el diseño de cada empleo público debe contener la descripción del
contenido funcional, el perfil de competencias y requisitos para su desempeño y, en
el caso de empleos temporales, su duración.
27. Según el artículo 27 de la misma Ley, la carrera administrativa es un «[…]
sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la
eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de
oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público […]». De allí que, en
atención al mandato constitucional, el ingreso y ascenso se logran a través de
procedimientos de selección públicos, transparentes y objetivos.
28. Como la celebración de los concursos de méritos puede tomar un plazo
razonable, pero la prestación del servicio público no da espera, el ordenamiento ha
previsto soluciones para que los cargos no permanezcan vacantes mientras no sean
provistos definitivamente en carrera1. Así, es posible la designación de servidores
1 Actualmente, el inciso 3.° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 ordena: «[…] Mientras se surte el
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a
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en provisionalidad, que no gozan de la estabilidad y permanencia en el tiempo que
deviene de los derechos propios de la carrera administrativa, pero sí de una
estabilidad laboral intermedia o precaria.
29. De lo anterior, se concluye que la Constitución y la Ley imponen el principio de
legalidad para la creación de empleos en los distintos órganos y entidades que
conforman la estructura de la Administración pública. Estos son provistos, por regla
general, conforme con el principio del mérito, a través de procedimientos técnicos
orientados por la igualdad y la selección del personal más capacitado posible, para
la mejor prestación del servicio y la garantía del interés general. Quienes resultan
ganadores, y solo ellos, gozan de un derecho sólido al empleo que, salvo algunas
causales objetivas, no puede ser limitado.
De la «instrumentación quirúrgica»
30. La Ley 6 de 1982 reglamentaba la profesión de «Instrumentación Técnico-
Quirúrgica» y en el artículo 2.° preveía que: «El ejercicio de la instrumentación es
una función de beneficio social y de su ejecución serán responsables las tecnólogas
que la ejercen y que habiendo recibido formación técnica y de educación superior,
colaboran en el área médico-quirúrgica» (énfasis fuera de texto).
31. El artículo 3.° precisaba que en Colombia solo podían ejercer esta profesión:
i) quienes acreditaran título técnico expedido por una escuela reconocida por el
Estado; ii) los colombianos o extranjeros que hayan obtenido títulos equivalentes en
países con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre
reciprocidad y iii) en caso de que no exista convenio, que los ministerios de Salud y
Educación reconozcan la competencia de la escuela o facultad en la que se hayan
formado.
32. La Ley 784 del 23 de diciembre de 2002 reformó esta regulación y dispuso en
el artículo 2.° que «[…] el ejercicio de la Instrumentación Quirúrgica Profesional
requiere título de idoneidad universitaria, basada en una formación científica,
técnica y humanística, docente e investigativa y cuya función es la planeación,
organización, dirección, ejecución, supervisión y evolución de las actividades que
competen al Instrumentador Quirúrgico Profesional, como parte integral del equipo
de salud» (énfasis fuera de texto).
33. En consecuencia, el reciente artículo 3.° de aquella regulación, elevó los
requisitos para ejercer como «Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales» en el
territorio nacional y demanda la acreditación de un título profesional y no técnico. El
artículo 9 se refirió a la contratación de los profesionales en instrumentación
quirúrgica y estableció una regla de transición en los siguientes términos:
través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de
2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera
[…]».
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«De la contratación. Las entidades hospitalarias, públicas o privadas, deberán
emplear profesionales en Instrumentación Quirúrgica que cumplan con los
requisitos establecidos de conformidad con la presente ley. Quienes no
cumplan con tales requisitos, tendrán un plazo de tres (3) años, a partir de
la promulgación de esta ley, para hacerlo» (énfasis fuera de texto).
34. En consideración de estas normas y el Decreto 785 de 20052, el Ministerio de
Protección Social y el DAFP expidieron la Circular Conjunta 76 del 21 de noviembre
de 2005, que señaló: «[…] las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las
Empresas Sociales del Estado de naturaleza publica de orden nacional y territorial
podrán modificar su planta de personal, de acuerdo con las necesidades del
servicio, los requerimientos de habilitación del servicio según el nivel de atención y
su sostenibilidad financiera, a efectos de contar con empleos de Profesional
Universitario Área Salud Código 237 y vincular en ellos los egresados del programa
en Instrumentación Quirúrgica Profesional» (énfasis fuera de texto).
Resolución al caso concreto
35. La inconformidad de la demandante se centra en que, a su juicio, la
«profesionalización» de las labores de instrumentación jurídica en la Ley 784 de
2002 supone que los empleos creados para el desarrollo de estas funciones deben
corresponder al nivel profesional. Por lo tanto, la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente E.S.E. tenía el deber jurídico de restructurar la planta de
personal y crear cargos de «profesional universitario área salud, código 237», en
los términos que señaló la Circular Conjunta 76 de 2005 que, aunque no impuso un
plazo, no podía permanecer indefinidamente incumplido, so pena de vulnerar el
principio de confianza legítima.
36. Que se vulneró su derecho a la igualdad porque ejerce directamente las
mismas funciones y cumple los requisitos exigidos para los instrumentadores
quirúrgicos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y la Subred Integrada
de Servicios de Salud Occidente. Agregó que la Circular Conjunta 15 de 2022 del
Ministerio de Salud y el DAFP recomendó ajustar las plantas de personal creando
cargos de nivel profesional para proveer a instrumentadores quirúrgicos. En suma,
se apartó del razonamiento elaborado por el Tribunal Administrativo e insistió en el
concepto de violación propuesto en la demanda.
37. Sin embargo, la Sala comparte la tesis de la sentencia, por los motivos que a
continuación se exponen. Primero, como lo ha sostenido la Sección Segunda, la
Ley 784 de 2002 «[…] no dispuso como obligación crear el cargo de profesional
universitario 237 en las diferentes ESE del país […]»3, sino que en el artículo 9
exigió que todas las instituciones prestadoras del servicio de salud, públicas o
2 El Decreto 785 de 2005 establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos
generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de
2004. Entre los artículos 16 y 20 clasificó los empleos en los distintos niveles jerárquicos. Conservó en el nivel
técnico el empleo «Técnico área de salud, código 232» (artículo 19) y en el nivel profesional el cargo de
«Profesional Universitario Área Salud, código 237» (artículo 18).
3 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de junio de 2025. Rad. 25000-23-42-
000-2021-00509-01 (2807-2024). C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00409-01 (1776-2024)
privadas, emplearan exclusivamente a los instrumentadores quirúrgicos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos allí implementados, es decir, la formación
profesional.
38. Pero ni esta legislación, ni la Circular Conjunta 76 de 2005, como ninguna de
las normas que se invocaron violadas, impuso el deber de suprimir o crear empleos.
De allí que, desde una perspectiva de derecho objetivo, el silencio negativo de la
empresa social del Estado demandada no infringió una norma superior, pues no
omitió un deber prestablecido, presupuesto de la petición y de la prosperidad del
presente medio de control. Este razonamiento excluye la vulneración del principio
de confianza legítima porque, en ausencia del deber jurídico, la negativa de la
entidad era predecible.
39. Segundo, desde una perspectiva subjetiva, tampoco es admisible concluir que
a la señora Gina Paola Calderón Ostos le asistía un derecho a ocupar el cargo en
el nivel profesional. Lo anterior porque, según el principio de legalidad que rige el
empleo público, no podía aspirar a un cargo inexistente y, si este eventualmente era
creado, no existe ninguna fuente de derecho según la cual debería ser designada.
40. Por el contrario, se aplicaría la regla general para la provisión de empleos
públicos, esto es, la celebración de un concurso público para el nombramiento de
un servidor según el criterio del mérito. Nótese que, según las Resoluciones 67 del
1.° de marzo de 20124, 434 del 31 de agosto de 20125 y la certificación del 4 de
agosto de 20206, la demandante siempre ocupó el empleo de «técnico área salud,
código 323» en provisionalidad, es decir, no contaba con un derecho de carrera
sobre el empleo que desempeñaba y mucho menos sobre aquel del cual tenía la
expectativa que fuera creado.
41. Tercero, en relación con la discutida vulneración del derecho a la igualdad, la
Sala observa que el litigio no versó estrictamente sobre una solicitud de nivelación
salarial de un empleado respecto de lo devengado por otro servidor público. En
estricto sentido, la petición del 1.° de septiembre de 2020 buscó que la entidad
efectuara una restructuración administrativa que consistiera en la supresión de unos
empleos, la creación de otros y la designación en uno de estos.
42. Por lo que, si bien se alegó la igualdad respecto de quienes desarrollan labores
de instrumentación quirúrgica en otras empresas sociales del Estado como un
argumento para la creación de los empleos, es claro que si no es procedente
acceder a esta pretensión, es innecesario evaluar una eventual nivelación. En otra
oportunidad similar, la Sección argumentó que: «El hecho que en otras empresas
sociales del Estado ya se haya creado el cargo pretendido, no justifica que se dicte
4 Fls. 24-25 del archivo «1030545205 1 Ingreso» allegado con los anexos de la contestación.
5 Fls. 31-32, ibid.
6 Fl. 50, anexo de la demanda.
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orden a la entidad demandada que conlleve a la creación del cargo y posterior
nivelación salarial»7.
43. Por último, según el memorial visible a índice 9, luego de que el proceso
ingresó a despacho para sentencia, la demandante aportó «[…] la Resolución 188
del 13 de marzo de 2024, por la cual se efectuó el encargo de un empleo de carrera
administrativa de la planta de personal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E» y «Sentencia proferida por El Honorable
Tribunal de Cundinamarca, sección segunda – Subsección F».
44. Al respecto, si pretendía que estos documentos se tuvieran como prueba en
segunda instancia, basta indicar que se trató de una solicitud extemporánea porque
excedió el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, y si los
presenta como argumentos o fuentes jurídicas para resolver el litigio, son
absolutamente irrelevantes para el estudio de legalidad que aquí concluye.
45. Como no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones.
Condena en costas
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de junio de 2025. Rad. 25000-23-42-
000-2021-00509-01 (2807-2024). C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00409-01 (1776-2024)
49. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de enero de dos
mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Tercero. Reconocer personería jurídica a la abogada Stphanny Sánchez Gutiérrez,
identificada con la cédula de ciudadanía 1.010.182.856 y la tarjeta profesional
211.008 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la parte
demandante, según memorial visible a índice 9 del aplicativo SAMAI.
Cuarto. Reconocer personería jurídica al abogado Camilo Andrés Cruz Bravo,
identificado con la cédula de ciudadanía 80.102.233 y la tarjeta profesional 162.400
del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la parte demandante,
según memorial visible a índice 13 del aplicativo SAMAI.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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