RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2021-00741-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00741-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00741-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Adicionar el ordinal cuarto de la sentencia apelada del 30 de junio de 2023, en relación con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, los descuentos que por dicho concepto correspondan a la parte demandante y la verificación de que no se hayan realizado pagos previos por los mismos conceptos aquí ordenados. La orden quedará del siguiente modo: Cuarto. Condenar a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar a favor de José Manuel Bernal Parra: 4.1. El 30% del salario básico fraccionado o pagado a título de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 desde el 12 de febrero de 2017 hasta tanto permanezca vinculado a la Rama Judicial en algún cargo donde perciba dicho emolumento y se pague efectivamente esta providencia. Sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el gobierno nacional en el Decreto 610 de 1998. 4.2. La reliquidación de las prestaciones sociales de acuerdo con el 30% del salario que fue fraccionado. 4.3. Realizar los descuentos de ley y la reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social integral, en las proporciones correspondientes, teniendo en cuenta que debieron liquidarse de acuerdo con el 100% de la asignación básica mensual más la prima especial de servicios en cuantía del 30% del salario básico, prestación que solo es factor de salario para efectos pensionales de acuerdo con la Ley 332 de 1996. Sobre dichos aportes no operó el fenómeno de la prescripción en atención al carácter especial de dichas cotizaciones. El cumplimiento de esta decisión se supeditará a que la demandada no haya realizado otros pagos por los mismos conceptos aquí reconocidos Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. 20 Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024) Demandante: José Manuel Bernal Parra Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00741-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Temas: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. José Manuel Bernal Parra presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que

1 En adelante DEAJ.
2 La demanda fue presentada el 6 de septiembre de 2021. Documento 4 del expediente digital de la

primera instancia en Samai.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

se declarara la nulidad de la Resolución DESAJBOR20-3668 del 21 de agosto de
2020 por medio del cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá4 le negó el pago de la prima especial de servicios y la reliquidación de
sus prestaciones sociales, y del acto ficto o presunto negativo generado por la falta
de pronunciamiento frente al recurso de apelación propuesto contra ese acto.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la reliquidación y pago, desde el 8 de marzo de 2012 hasta que
desempeñe el empleo que le confiere tal derecho, de los siguientes emolumentos:
a) el 30% del salario básico que no se le pagó por haber sido catalogado como la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; b) la
prima especial de servicios en cuantía del 30% de la asignación básica; c) las
diferencias causadas por la reliquidación de todas las prestaciones sociales,
«incluyendo la prima especial de servicios […] y la bonificación por compensación»; d) la
reliquidación de todas las prestaciones sociales de acuerdo con el 100% del salario;
ii) la actualización mes a mes sobre el valor de la condena de acuerdo con el índice
de precios al consumidor; iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA; y iv) la condena en costas y agencias en derecho a la parte
demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. José Manuel Bernal Parra se desempeñó como magistrado del Tribunal
Superior de Bogotá desde el 8 de marzo de 2012 «hasta la actualidad»5.

3.2. El 12 de febrero de 2020 presentó reclamación administrativa ante la DESAJ en
la que solicitó el pago del 30% del salario dejado de percibir o pagado a título de
prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
reconocimiento de la prima especial de servicios en cuantía del 30% de la
asignación básica decretada y la reliquidación de todas las prestaciones sociales
con inclusión de la prima especial de servicios y de la bonificación por
compensación como factor de salario.

3.3. La DESAJ negó la anterior solicitud a través de la Resolución DESAJBOR20-
3668 del 21 de agosto de 2020. En contra de esa decisión interpuso recurso de
apelación, que fue concedido a través de la Resolución DESAJBOR20-4166 del 15
de septiembre de 2020, pero no fue resuelto.

4 En lo siguiente DESAJ.
5 Así se indicó en el escrito introductorio de la demanda.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53, 55 y 58 de la
Constitución Política; 2, 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; y 152, ordinal 7, de la Ley 270
de 1996.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente6:

5.1. El legislador creó la prima especial de servicios a través del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992. El gobierno nacional reglamentó dicho emolumento por medio de los
decretos 51, 53 y 57 de 1993, en los que dispuso que el 30% de la asignación básica
correspondía a la citada prima especial de servicios la cual no tenía carácter salarial.
Por lo tanto, la entidad solo le pagó el 70% de su asignación y sus prestaciones
sociales también se calcularon con una base salarial desmejorada.

5.2. Pese a que la Ley 4ª de 1992 y los decretos anuales calificaron la prima especial
de servicios como un haber «sin carácter salarial», dicha remuneración reúne todos
los elementos propios del salario pues constituye una suma que el funcionario
percibe de manera permanente, habitual y mensual como contraprestación directa
por sus servicios. En consecuencia, tanto la citada prima como la bonificación por
compensación de que trata el Decreto 610 de 1998 deben integrar la base para
liquidar todas las prestaciones sociales.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación7:

6.1. Las prestaciones sociales del demandante fueron liquidadas en estricto
cumplimiento de los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional,
que estaba facultado por la Ley 4ª de 1992 para determinar qué componentes de la
remuneración tenían o no carácter salarial. La citada norma es clara al indicar que
ni la prima especial de servicios ni la bonificación por compensación o la bonificación
de gestión judicial tienen carácter salarial, por lo que no había lugar a reliquidar
ninguno de los haberes mensuales percibidos por el actor.

6.2. De acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado del 2 de septiembre de 20198
es improcedente reconocerle la prima especial de servicios a los magistrados de
tribunal porque dicha prestación fue sustituida por la bonificación por compensación

6 Folios 5 al 16 del documento 1 del expediente digital de la primera instancia.
7 Documento 19.
8 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).

3

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

de que trata el Decreto 610 de 1998. En tal sentido, reconocer dicha prestación
implicaría superar el 80% de lo que por todo concepto perciba un magistrado de alta
corte, circunstancia expresamente proscrita por la citada norma.

7. Propusocomo excepciones la ausencia de causa petendi, prescripción y la
innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
en sentencia proferida el 30 de junio de 20239, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y no emitió condena en costas. La parte resolutiva es
del siguiente tenor:

«PRIMERO: Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda en las
sentencias del 14 de diciembre de 2011 por medio de la cual se anuló el Decreto 4040
del 3 diciembre de 2004 y la de unificación jurisprudencial proferida el 02 de septiembre
de 2019, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR probada PARCIALMENTE las excepciones de ausencia de
causa petendi y prescripción de lo reclamado con antelación al 12 de febrero de 2017,
por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. DESAJBOR20-
3668 21 de agosto de 2020 y el acto ficto configurado con el silencio de la entidad para
resolver el recurso de apelación interpuesto, por haber negado al señor José Manuel
Bernal Parra el reconocimiento liquidación y pago de las diferencias salariales derivadas
de su calidad de beneficiario de la prima especial de servicios, conforme con lo expuesto
en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a RECONOCER y PAGAR en favor
del señor José Manuel Bernal Parra retroactivamente la diferencia existente entre lo
recibido y lo que debió percibir por concepto de:

4.1. Ingresos mensuales correspondientes al 30% de la base del salario básico que
no fue tenido en cuenta al momento de su liquidación, con la correspondiente
afectación de las prestaciones sociales desde el 12 de febrero de 2017 hasta tanto
permanezca vinculado a la Rama Judicial en algún cargo donde perciba dicho
emolumento y hasta tanto se pague efectivamente esta providencia. Sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada
anualidad.

4.2. Las prestaciones sociales liquidadas sobre el 100% del salario y la prima
especial de servicios que corresponde a un 30% adicional desde el pago de esta
sentencia y hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial.

Debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos,

9 Documento 46.

4

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

conforme con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones conforme con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: Sin lugar a condena en costas conforme con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
[…]» [sic].

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. El demandante se desempeñó como «magistrado auxiliar del Consejo de Estado»
[sic] desde el 8 de marzo de 2012, por lo que era beneficiario de la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la cual fue reconocida de
manera incorrecta porque no existía la jurisprudencia que estableció las reglas del
reconocimiento adecuado de esa prestación. Además, en sede administrativa se
negó lo pretendido solo a partir de la aparente falta de apropiación presupuestal, es
decir que no se negó la existencia del derecho.

9.2. La entidad debió reconocer los ingresos mensuales de José Manuel Bernal
Parra en cuantía del 100% del salario decretado por el gobierno nacional más la
prima especial de servicios en cuantía del 30% de esa cifra. También era
procedente reconocer la reliquidación de las prestaciones sociales, pero no por
virtud de la citada prima especial, sino del porcentaje del salario dejado de pagar.
Ni la prima especial de servicios ni la bonificación por compensación tienen carácter
salarial, razón por la que no pueden integrar la base de liquidación de las
prestaciones sociales.

9.3. El fenómeno de la prescripción operó sobre las sumas causadas antes del 12 de
febrero de 2017, en atención a la fecha de radicación de la reclamación
administrativa que tuvo lugar el 12 de febrero de 2020 y, finalmente, no se probó la
causación de costas, de modo que no hubo lugar a su imposición.

1.4. El recurso de apelación

10. La DEAJ presentó recurso de apelación con base en los siguientes argumentos10:

10.1. La Sala de Conjueces del Consejo de Estado en sentencia del 2 de septiembre
de 201911 concluyó que no era procedente reconocer la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 a los magistrados de tribunal debido a que dicha
prestación fue sustituida por la bonificación por compensación. Además, el pago de
esa prestación implicaría superar el tope establecido en el Decreto 610 de 1998.

10 Documento 48.
11 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).

5

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

10.2. Ni la prima especial de servicios ni la bonificación por compensación tienen
carácter salarial, por lo que debe revocarse la orden de reliquidación de las
prestaciones sociales ordenadas por el a quo.

10.3. La prescripción trienal debió aplicarse
sobre las sumas reclamadas por el
demandante puesto que se trataba de emolumentos que se causaron de manera
sucesiva y la Rama Judicial no debía asumir las afectaciones generadas por la
inactividad del actor.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

12. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad13.

2. Consideraciones
2.1. Competencia

13. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las
sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos».

2.2. Problemas jurídicos

14. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscriben a

12 Así se indicó en el auto admisorio del 23 de julio de 2025.
13 Constancia en el documento 16 del expediente digital de la segunda instancia.
14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

6

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

establecer ¿si José Manuel Bernal Parra tenía derecho al reconocimiento de la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un
emolumento adicional al salario, por el desempeño del cargo de magistrado de
tribunal?; ¿si el reconocimiento de esa prestación implicaría la superación del tope
establecido en el Decreto 610 de 1998?; ¿si hay lugar a revocar la orden de
reliquidación de las prestaciones sociales ordenada por el a quo en atención a que
ni la prima especial de servicios ni la bonificación por compensación tienen carácter
salarial?; y ¿si operó el fenómeno de la prescripción sobre las sumas reclamadas
por el demandante?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

15. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso de la República y de la fuerza pública.

16. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial15 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
15 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

7

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

17. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

18. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

19. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

20. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200716, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como

16 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

8

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar17».

21. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

22. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

23. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201918, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)

17 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

9

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

24. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201919.

25. Asimismo, el Consejo de Estado20 declaró la nulidad de algunas normas que
reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos
demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-

2016-00041-02(2204-2018).
20 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.

10

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución
y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].

26. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 21 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.

2.3.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

27. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

28. En la sentencia del 2 de septiembre de 201922, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

29. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

30. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios

21 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

11

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

31. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior23 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro-operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

32. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

33. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0524 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

34. Ahora bien, vale la pena precisar que a la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 solo le fue otorgado carácter salarial para efectos
pensionales por medio del artículo 1 de la Ley 332 de 1996, en el que se indicó lo
siguiente: «la prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
[…] harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión
de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecida por la Ley».

35. El hecho de que la prima especial de servicios fuera factor salarial solo para
efectos pensionales a partir de la vigencia de la Ley 332 de 1996 y no desde su
creación fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-444 de 1997, en la que se explicó lo siguiente en torno al derecho a la

23 ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
24 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015)

12

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

igualdad:

«Es cierto que la ley 332, al otorgar carácter salarial a la prima especial de que trata el
artículo 14 de la ley 4a. de 1992, otorgó un beneficio para los futuros pensionados,
beneficio que se traduce en un mayor valor de la asignación pensional, en relación con
la que reciben quienes se pensionaron con anterioridad a su vigencia. Este hecho, sin
embargo, no les desconoce derecho alguno, pues éstos consolidaron su derecho
pensional bajo la vigencia de un régimen diverso, en el cual la prima especial no podía
ser tenida en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, y por ello recibieron su
asignación en el monto señalado en la ley.

Por otra parte, y tal como se indicó, el legislador, si así lo hubiera querido, podría haber
ordenado la reliquidación de las pensiones a quienes la obtuvieron bajo la vigencia del
artículo 14 de la ley 4ª de 1992. Pero el que no lo hubiese hecho, no desmejora ni
desconoce sus derechos».

36. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que los aportes al sistema pensional son
imprescriptibles, la prima especial de servicios no tenía carácter salarial ni siquiera
en materia pensional hasta la vigencia de la Ley 332 de 1996, pues la Ley 4ª de
1992 no lo previó de ese modo. En consecuencia, no hay lugar a conceder aportes
por la citada prima antes del 28 de diciembre de 1996, fecha de vigor de la Ley 332
de ese año.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

37.1. José Manuel Bernal Parra laboró como magistrado del Tribunal Superior de
Bogotá desde el 8 de marzo de 2012 hasta, por lo menos, el 18 de marzo de 2021,
fecha de expedición de certificado laboral aportado25.

37.2. El 12 de febrero de 202026, presentó reclamación administrativa ante la DESAJ
en la que solicitó el pago del 30% del salario dejado de percibir o pagado a título de
prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
reconocimiento de la prima especial de servicios en cuantía del 30% de la
asignación básica decretada y la reliquidación de todas las prestaciones sociales
con inclusión de la prima especial de servicios y de la bonificación por
compensación como factor de salario27.

37.3. La DESAJ negó la anterior solicitud a través de la Resolución DESABOR20-

25 Folio 18 del documento 3.
26 Según se extrae de la Resolución DESABOR20-3668 del 21 de agosto de 2020.
27 Folios 1 al 4 del documento 3.

13

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

3668 del 21 de agosto de 2020, con fundamento en que no contaba con la
apropiación presupuestal para reconocer emolumentos salariales o prestacionales
distintos de los ya pagados28.

37.4. Interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión, en el que insistió en
el derecho que le asistía a la reliquidación de sus salarios y prestaciones sociales29.
que fue concedida por medio de la Resolución DESAJBOR20-4166 del 15 de
septiembre de 202030, pero no fue resuelta.

2.4.2. Análisis sustancial

38. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, declaró la nulidad de los
actos administrativos cuestionados, ordenó el pago del 30% del salario que fue
fraccionado y la reliquidación de las prestaciones sociales de acuerdo con ese
porcentaje, desde el 12 de febrero de 2017.

39. La parte demandada apeló la decisión a partir de 4 argumentos centrales: i) la
improcedencia del reconocimiento de la prima especial de servicios a los
magistrados de tribunal; ii) la superación del tope de Decreto 610 de 1998; iii) la
ausencia de carácter salarial de la prima especial de servicios y de la bonificación
por compensación; y iv) la prescripción de las sumas reclamadas.

40. Pues bien, tal como se expuso en el marco normativo de esta decisión la Ley 4ª
de 1992 creó una prima «no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial» para unos servidores de Rama Judicial, con efectos a partir del 1°
de enero de 1993.

41. En este proceso se demostró que José Manuel Bernal Parra ejerció el empleo de
magistrado del Tribunal Superior de Bogotá desde el 8 de marzo de 2012 hasta, por
lo menos, el 18 de marzo de 2021, en consecuencia, tenía derecho al
reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, modificada por la Ley 332 de 1996 por ser una prima prevista a favor de
los servidores de la rama judicial.

42. A pesar de lo anterior, los decretos salariales anuales proferidos por el gobierno
nacional dispusieron que el 30% del salario básico sería pagado a título de prima
especial de servicios sin carácter salarial, lo que quiere decir que la asignación
básica mensual fue fraccionada en lugar de ser incrementada, lo que generó no solo

28 Folios 6 al 10 del documento 3.
29 Folios 13 al 16 del documento 3.
30 Folio 17 del documento 3.

14

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

la disminución de la base salarial, sino también la liquidación de las prestaciones
sociales a partir de una base de liquidación desmejorada.

43. En otras palabras, la entidad demandada pagó el 30% de la asignación básica
salarial como si se tratara de la prima especial de servicios lo cual generó una
disminución del monto a partir del cual se calculan, por ejemplo, los aportes a
seguridad social y las primas de vacaciones y navidad, circunstancia que contraría
el principio de progresividad laboral y el propósito del legislador de adicionar la prima
especial a la asignación básica salarial.

44. En ese sentido, de acuerdo con la posición del Consejo de Estado sobre el
particular, la prima especial de servicios debe ser reconocida de manera adicional
al salario básico fijado por el gobierno nacional para cada anualidad y no debe
entenderse contenida en la asignación básica como sostiene la DEAJ en la alzada.

45. Ahora bien, la Sala no comparte el argumento de la apelante según el cual la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 fue
sustituida por la bonificación por compensación creada mediante el Decreto 610 de
1998, de modo que los magistrados de tribunal ya no tienen derecho a percibir dicha
prestación. Lo anterior obedece a que, si bien el citado decreto hizo parte del
proceso de nivelación salarial dispuesto por la Ley 4ª de 1992 y tuvo como propósito
equiparar progresivamente la remuneración de los magistrados de tribunal con la
de los magistrados de las altas cortes, ello no significa que ambos emolumentos
constituyan una misma prestación o que uno sea incompatible o excluyente
respecto del otro.

46. Así,la prima especial de servicios conserva una regulación, finalidad y
mecanismo de cuantificación propios, mientras que la bonificación por
compensación responde a un diseño normativo distinto encaminado exclusivamente
a garantizar un determinado nivel remuneratorio frente al salario percibido por los
magistrados de las altas corporaciones.

47. En ese sentido, la prima especial de servicios se determina a partir de un
porcentaje fijo de la asignación básica del propio servidor y que el gobierno Nacional
fijó en el 30%, de manera que su cuantía depende únicamente del salario básico
del beneficiario. Por el contrario, la bonificación por compensación no corresponde
a un porcentaje previamente establecido ni se liquida sobre la asignación básica del
servidor, sino que constituye un mecanismo de ajuste cuyo monto resulta variable,
pues debe corresponder al monto necesario para que la remuneración total alcance
el 80% de lo devengado por los magistrados de las altas cortes.

48. En
consecuencia, mientras que la prima especial tiene como referente la
remuneración propia del servidor y un porcentaje fijado en un rango establecido por

15

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

el legislador, la bonificación por compensación toma como parámetro la
remuneración de un cargo superior y opera como un instrumento para alcanzar un
límite máximo previamente definido.

49. En esas condiciones, no resulta jurídicamente acertado afirmar que el
reconocimiento de la prima especial de servicios implique, por sí mismo, desconocer
el límite previsto para la bonificación por compensación o que esta última absorbió
la primera. Por el contrario, se trata de emolumentos con fuentes normativas,
criterios de liquidación y finalidades diferentes, por lo que la sola coexistencia de
ambas no permite concluir que sean idénticas ni que el reconocimiento de una
excluya automáticamente la otra.

50. Esta Subsección tampoco desconoce el contenido de la sentencia proferida por
la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 2 de
septiembre de 2019, invocada por el apelante. Por el contrario, se estima que sus
consideraciones no pueden ser interpretadas de manera aislada, sino que debe
atenderse el contexto integral de la providencia.

51. De la lectura de la sentencia no se desprende la improcedencia del
reconocimiento de la prima especial de servicios para los magistrados de tribunal,
sino a que dicho reconocimiento no puede conducir a desconocer el límite
remuneratorio fijado por el Decreto 610 de 1998. En otras palabras, lo que la Sala
de Conjueces sostuvo fue que la prima especial debe armonizarse con el sistema
de nivelación salarial diseñado por el legislador y el gobierno nacional, de manera
que su reconocimiento resulta improcedente únicamente cuando implique superar
el tope previsto para los magistrados de tribunal y cargos homólogos, mas no
porque ambas figuras constituyan una misma prestación o porque una haya
reemplazado a la otra.

52. En consecuencia, la Sala precisa que, aunque el reconocimiento de la prima
especial de servicios no conduce necesariamente a sobrepasar el límite
remuneratorio previsto en el Decreto 610 de 1998, sí es claro que su pago no puede
desconocer los porcentajes máximos allí establecidos. En ese sentido, el pago de
la citada prima se encuentra supeditada a que, una vez incorporada a la
remuneración del servidor, no se exceda el 80% de lo devengado, por todo
concepto, por los magistrados de las altas cortes, circunstancia que fue así indicada
en la parte final del ordinal 4.1 de la sentencia de primera instancia que, a pesar de
que no citó expresamente el Decreto 610 de 1998, sí se refirió a los topes fijados
por el gobierno nacional.

53. En cuanto al tercer asunto, es decir el relacionado con el presunto carácter
salarial de la prima y de la bonificación, debe decirse que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la sentencia C-279 de 1996 de la

16

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

Corte Constitucional, el primer emolumento no tiene carácter salarial y, en
consecuencia, no debe hacer parte del cálculo de liquidación de las prestaciones
sociales, con excepción de los aportes a seguridad social en pensiones.

54. A su vez, la bonificación por compensación tampoco constituye factor salarial
para efectos de la liquidación de prestaciones sociales distintas de los aportes al
sistema pensional. En efecto, el marco normativo que regula dicha prestación
permite concluir que el legislador y el gobierno nacional, al diseñar este mecanismo
de nivelación salarial, delimitaron expresamente los efectos jurídicos de la
bonificación, estableciendo de manera clara los eventos en los cuales tendría
incidencia salarial.

55. En ese sentido, el artículo 1 del Decreto 610 de 1998 dispuso expresamente que
la bonificación por compensación «solo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes», previsión que
posteriormente fue reiterada por la jurisprudencia de esta corporación31.

56. Así, no es cierto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya ordenado
la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante con ocasión de la
prima especial de servicios y de la bonificación por compensación, por el contrario,
la citada orden obedece a la inclusión del 30% en la base de liquidación,
correspondiente al porcentaje del salario que había sido deducido de la asignación
básica por la incorrecta interpretación de la norma.

57. En ese sentido, las órdenes de reajuste dictadas por el juez de primera
instancia recaen sobre el 30% correspondiente a la diferencia salarial dejada de
pagar y que generó que el salario se fraccionara, aspecto que fue expresamente
abordado en el fallo recurrido, en el que se indicó que ni la prima ni la bonificación
mencionadas tienen carácter salarial.

58. Vale la pena precisar que, aunque la demanda comprendía pretensiones
relacionadas con la bonificación por compensación, lo cierto es que el fallo apelado
únicamente accedió a aquellas referidas al fraccionamiento del salario derivado de
la aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, toda solicitud
encaminada a reconocer efectos salariales de la bonificación por compensación fue
desestimada por el juez de primera instancia, razón por la cual ese aspecto no hace
parte de las órdenes impartidas en la sentencia recurrida.

59. En cuanto al cuarto problema jurídico, relativo a la configuración del fenómeno
de la prescripción trienal, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el juez de
primera instancia, pues de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968

31 Sentencia del 18 de mayo de 2016, radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02.

17

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, los derechos derivados de la relación
legal y reglamentaria prescriben en el término de 3 años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se hace exigible, término que se interrumpe
mediante la presentación de la reclamación administrativa.

60. En el presente asunto se encuentra acreditado que el demandante presentó la
reclamación administrativa el 12 de febrero de 2020. En consecuencia, únicamente
se encuentran prescritas las diferencias salariales y prestacionales causadas con
anterioridad al 12 de febrero de 2017. Así las cosas, la decisión adoptada por el a
quo se ajustó al régimen legal de prescripción aplicable, sin que se advierta razón
jurídica para modificar el límite temporal fijado en la sentencia de primera instancia.

61. Sobre la fecha de radicación de la reclamación administrativa, la Sala considera
necesario precisar en la copia de la reclamación administrativa se observa un sello
con fecha 6 de febrero de 2020, sin embargo, se mantendrá la fecha adoptada por
el juez de primera instancia por las siguientes razones:

62. En primer lugar, aunque la copia de la petición contiene un sello con fecha 6 de
febrero de 2020, dicho sello no contiene membrete o cualquier otra indicación de
que corresponda a la fecha de radicación ante la autoridad demandada de modo
que no es claro si fue impreso por la demandada o si corresponde a la fecha de
elaboración del documento. Lo anterior cobra mayor importancia porque en los
actos demandados se señaló expresamente que la reclamación tuvo lugar el 12 de
febrero de 2020, afirmación que no fue controvertida por la parte actora ni en sede
administrativa ni en sede judicial; y, finalmente, porque la DEAJ ostenta la condición
de apelante único y la prescripción constituye uno de los fundamentos de su
recurso, de manera que acoger como fecha de radicación el 6 de febrero implicaría
adoptar una decisión contraria al principio de non reformatio in pejus.

63. Finalmente, la Sala considera necesario adicionar el fallo apelado en relación con
la reliquidación de los aportes a pensión que debe recaer no solo sobre el 30% del
salario dejado de pagar o pagado a título de prima especial de servicios, sino sobre
ese porcentaje más la prima especial de servicios que a su vez debe corresponder
al 30% de la asignación básica. Lo anterior debido a que la citada prima es factor
de salario solo para efectos pensionales.

64. Además, se adicionará el fallo apelado para indicar que sobre los aportes
pensionales no operó el fenómeno de la prescripción en atención a su carácter
especial, que el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que
se verifique que no se hayan realizado otros pagos por los mismos conceptos ni se
superen los topes establecidos por el gobierno nacional en el Decreto 610 de 1998
y que se realicen los descuentos que correspondan para el sistema de seguridad
social integral.

18

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

2.5. Costas

65. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

63. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

64. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma32.

65. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

66. En el caso concreto, no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal de la primera instancia ni de la segunda, razón por la que la Sala
se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

67. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que José Manuel Bernal Parra
sí tenía derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios con ocasión del
cargo de magistrado de tribunal desempeñado, pago que no puede implicar la
superación del tope establecido en el Decreto 610 de 1998. Además, ni la prima
especial de servicios ni la bonificación por compensación tenían carácter salarial

32En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

19

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

más que para efectos pensionales y, operó la prescripción sobre las sumas
causadas antes del 12 de febrero de 2017, con excepción de los aportes al sistema
general de seguridad social.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Adicionar el ordinal cuarto de la sentencia apelada del 30 de junio de
2023, en relación con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral,
los descuentos que por dicho concepto correspondan a la parte demandante y la
verificación de que no se hayan realizado pagos previos por los mismos conceptos
aquí ordenados. La orden quedará del siguiente modo:

Cuarto. Condenar a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a reconocer y pagar a favor de José Manuel Bernal Parra:

4.1. El 30% del salario básico fraccionado o pagado a título de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 desde el 12 de febrero de
2017 hasta tanto permanezca vinculado a la Rama Judicial en algún cargo donde
perciba dicho emolumento y se pague efectivamente esta providencia. Sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el gobierno nacional en el Decreto
610 de 1998.

4.2. La reliquidación de las prestaciones sociales de acuerdo con el 30% del salario
que fue fraccionado.

4.3. Realizar los descuentos de ley y la reliquidación de los aportes al sistema de
seguridad social integral, en las proporciones correspondientes, teniendo en cuenta
que debieron liquidarse de acuerdo con el 100% de la asignación básica mensual más
la prima especial de servicios en cuantía del 30% del salario básico, prestación que
solo es factor de salario para efectos pensionales de acuerdo con la Ley 332 de 1996.
Sobre dichos aportes no operó el fenómeno de la prescripción en atención al carácter
especial de dichas cotizaciones.

El cumplimiento de esta decisión se supeditará a que la demandada no haya realizado
otros pagos por los mismos conceptos aquí reconocidos

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

20

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00741-01 (2990-2024)
Demandante: José Manuel Bernal Parra

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.