RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2021-00758-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00758-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00758-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Nación, Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República1

Tema: régimen de cesantías retroactivas. Subtema 1: cesantías aplicables a los
empleados de la Rama Legislativa del orden nacional. Subtema 2: Ley 5ª de 1992;
Decreto 906 de 1992; Decreto 1111 de 1992 y Ley 344 de 1996.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 25 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.

1. Síntesis del caso

La señora María Elena Ricardo Perdomo, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó la nulidad del
Oficio N D.P.4.1.1877-20 del 16 de octubre de 2020 y su aclaratorio D.P.4.1.2184-
20 del 14 de diciembre de 2020, expedidos por la Cámara de Representantes, por
medio de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de las cesantías bajo el
régimen retroactivo.

El Tribunal, no accedió a las pretensiones incoadas al considerar que la
demandante se vinculó a la Cámara de Representantes el 18 de julio de 1992, es
decir, con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 906 de 1992 y de la Ley
5ª de 1992, por lo que quedó sometida al sistema que regulan las cesantías de los
empleados de la Rama Ejecutiva, que para la fecha era el sistema anualizado,
previsto en el Decreto 3118 de 1968.

La Subsección confirmará la decisión apelada al considerar que la demandante no
es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías.

1 Fonprecon.

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. María Elena Ricardo Perdomo, mediante apoderado, presentó demanda2 en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Cámara de Representantes y el Fondo de Previsión Social del Congreso,
Fonprecon.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte demandante formuló como pretensiones las siguientes3.

• La nulidad del Oficio N D.P.4.1.1877-20 del 16 de octubre de 2020 y su
aclaración del 14 de diciembre de 2020, expedidos por la Cámara de
Representantes, por medio de los cuales se le negó el derecho a las cesantías bajo
el régimen retroactivo.

• A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la entidad
demandada a realizar los reajustes y reliquidaciones que correspondan por
concepto de retiro parcial de las cesantías o cuando se produzca la liquidación
definitiva de las mismas bajo el régimen con retroactividad.

• Ordenar a la Cámara de Representantes girar a Fonprecon las sumas de
dinero que correspondan para garantizar que las cesantías parciales o definitivas
de la demandante sean pagadas de forma retroactiva.

• Condenar en costas y en agencias en derecho a las entidades demandadas.

2.1.2. Hechos

3. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso lo
siguiente4:

(i) La señora María Elena Ricardo Perdomo se vinculó laboralmente a la
Cámara de Representantes con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, y tomó
posesión de su cargo en 18 de julio de 1992. Indicó que para la fecha de su posesión
el régimen vigente para la liquidación de sus cesantías era el retroactivo. No
obstante, su auxilio fue liquidado con el régimen anualizado previsto en la Ley 344
de 1996.

(ii) Informó que sus cesantías son administradas por Fonprecon.

(iii) Refirió que continúa prestando sus servicios a la Cámara de Representantes,
de manera interrumpida y señaló que: «no ha consentido expresamente renunciar

2 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf 1_EXPEDIENTE DIGITAL.
3 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf 1EXPEDIENTE DIGITAL, folio 3. Pdf
11_Subsanación.
4 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf 1EXPEDIENTE DIGITAL, folios 3 al 4. Pdf

11_Subsanación.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

a su derecho para que sus cesantías sean liquidadas y pagadas bajo el régimen
con retroactividad».

(iv) La demandante el 14 de septiembre de 2020 presentó petición ante la
Cámara de Representantes y Fonprecon, mediante la cual solicitó el reconocimiento
y pago de sus cesantías conforme el régimen de retroactividad.

(v) La Cámara de Representantes, a través del Oficio N D.P.4.1.1877-20 del 16
de octubre de 2020, atendió de forma evasiva el requerimiento, frente al cual la
actora solicitó aclaración, y con posterioridad, el 14 de diciembre de 2020 obtuvo
respuesta negativa, la cual le fue comunicada el 3 de febrero de 2021 vía correo
electrónico.

(vi) Por su parte, Fonprecon contestó la solicitud de forma negativa al considerar
que la vinculación de la actora se produjo con posterioridad al 17 de junio de 1992.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. La demandante adujo que la entidad demandada desconoció5: la
Constitución Política artículos 29, 42, 48 y 53; la Ley 1564 de 2012, artículo 82
numeral 8; Ley 1437 de 2011, artículo 162 numeral 4 y artículos 138 y 155 numeral
2, modificado por el artículo 30 de la Ley 2080 de 2021; Código Sustantivo del
Trabajo, artículo 21; la Ley 6 de 1945, artículo 17 literal a ; Decreto 1600 de 1945,
artículo 11; la Ley 65 de 1946, artículo 1; Decreto 1160 de 1947 artículos 1 y 6;
Decreto 3118 de 1968, artículos 3, 27 y 32; Ley 33 de 1985, artículo 7; la Ley 344
de 1996, artículo 13 y Decreto Reglamentario 1582 de 1998.

5. Al explicar el concepto de violación precisó que es beneficiaria del régimen
retroactivo de cesantías, puesto que su vinculación laboral con la entidad
demandada se dio con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, lo cual configura
una clara vulneración a los principios y preceptos normativos como al debido
proceso, igualdad y principio de favorabilidad.

6. Agregó que el régimen retroactivo se mantuvo vigente para los empleados
del Congreso hasta la expedición de la Ley 344 de 1996, por lo que aquellos que
ingresaron con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 conservan el régimen
anterior. Por consiguiente, los actos acusados están viciados de nulidad de
conformidad con lo previsto en los artículos 137 y 138 del CPACA.

2.2. Contestación de la demanda

7. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por conducto de
apoderado judicial, contestó la demanda6. Se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, al considerar que en relación con su representada no se formuló una
pretensión de nulidad de acto administrativo alguno, por lo que señaló que las
condenas carecen de sustento.

8. Así mismo, manifestó que a los empleados del Congreso de la República
vinculados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5ª del 17 de junio de
1992, les resulta aplicables las normas generales que rigen a los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

5 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf 1EXPEDIENTE DIGITAL, folios 6 al 11.
6 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdfs 18, 19, 20, 21, 22, 23, y 30.

3

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

9. De igual forma, precisó que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República no ostenta la naturaleza jurídica de administrador de cesantías, toda vez
que, conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, su función se circunscribe al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los congresistas, de los
empleados del Congreso y de los servidores del propio fondo, las cuales deben ser
liquidadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, en
concordancia con lo previsto en el Decreto 2837 de 19867.

10. Adicionalmente, señaló que, en lo atinente a la petición presentada por la
actora el 14 de septiembre de 2020, mediante la cual solicitó la reliquidación de sus
cesantías parciales bajo el régimen retroactivo, dicha solicitud fue resuelta por su
representada a través del Oficio núm. 20204000099101 del 5 de octubre de 2020.
En este se precisó que la actuación administrativa se encontraba agotada con la
expedición de las resoluciones núm. 2070 del 10 de noviembre de 2006, 0545 del
21 de agosto de 2014 y 0381 del 31 de julio de 2018, mediante las cuales se
reconoció la prestación bajo el sistema anualizado. En consecuencia, afirmó que la
pretensión de reliquidación se encuentra prescrita, al haber transcurrido más de tres
años desde el agotamiento de la correspondiente reclamación administrativa.

11. En esa misma línea, reiteró que a los servidores vinculados con posterioridad
a la Ley 5ª de 1992 les son aplicables las normas generales de la Rama Ejecutiva
del orden nacional, y que, ante la ausencia de disposición legal específica que
establezca un régimen propio para la Rama Legislativa, debe acudirse a lo previsto
en el artículo 14 del Decreto 2837 de 1986 y el artículo 27 del Decreto 3118 de 1968,
conforme a los cuales el sistema de liquidación de cesantías aplicable es el
anualizado.

12. Formuló como excepciones:

(i) «Petición antes de tiempo respecto de Fonprecon». Porque las pretensiones
van dirigidas a la aplicación del sistema de retroactividad respecto al retiro de
las cesantías parciales y de las definitivas una vez cese la vinculación laboral.
Indicó que, el restablecimiento del derecho pretendido resulta inexistente ya
que no se materializaron los supuestos de hecho que configurarían el
reconocimiento de la prestación, en tanto la demandante no ha formulado
una nueva petición de cesantías parciales ni se ha retirado definitivamente
del servicio.

(ii) Prescripción. Indicó que en caso de acceder a las pretensiones de la
demanda se debe aplicar la prescripción prevista en el artículo 24 del Decreto
2837 de 1986.

13. Por su parte, la Nación, Cámara de Representantes contestó la demanda8 y
se opuso a las pretensiones formuladas. Señaló que los empleados vinculados con
posterioridad a la Ley 5ª del 17 de junio de 1992 se rigen por la normativa aplicable
a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva.

7 Por el cual se expide el reglamento general sobre las condiciones y términos necesarios para el reconocimiento

y efectividad de las prestaciones económicas a cargo del Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República
8 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf.26

4

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

14. Citó lo expuesto por la Sala de Consulta del Consejo de Estado en concepto
núm. 1771 de 2006, en el que se dispuso:

Tal como se desprende de la evolución normativa en la actualidad el régimen de
reconocimiento y pago de cesantías retroactivas beneficia a los servidores públicos
de: a).- La rama judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República
y la Registraduría Nacional del Estado Civil vinculados con anterioridad a la vigencia
de la ley 33 de 1985. b).- Las entidades territoriales y sus entidades
descentralizadas, vinculados antes de la expedición de la ley 344 de 1996. Reitera
la Sala que los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional dejaron
de disfrutar del sistema en mención desde la expedición y vigencia del decreto 3118
de 1968. El decreto 1252 de 2000 dispuso que “los servidores públicos que a 25 de
mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en
dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o
entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.

15. Aunado a lo transcrito, sostuvo que el régimen de retroactividad no se
estableció para los funcionarios de la Rama Legislativa, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 906 de 1992.

16. En este sentido, concluyó que incluso antes de la vinculación de la actora a
la entidad demandada, el régimen de retroactividad de las cesantías ya había sido
eliminado para el Congreso de la República desde 1992, razón por la cual el
Consejo de Estado, en el concepto citado, no hace referencia a la Rama Legislativa,
al entenderse superado dicho régimen; en consecuencia, la vinculación de la
funcionaria se efectuó bajo el sistema anualizado de cesantías.

17. Refirió que se debe verificar si en los traslados llevados a cabo por la actora
obra prueba documental en la que manifieste su intención de no renunciar al
régimen de liquidación de cesantías retroactivas.

18. Propuso como excepciones: (i) pago; (ii) prescripción; (iii) inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido; (iv) buena fe; y (vi) excepciones genéricas.

2.3. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, profirió sentencia el 25 de enero de 2023, en la que dispuso9:

PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por la señora María Elena Ricardo
Perdomo, en contra de la Nación - Cámara de Representantes y el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No condenar en costas.

[…]10

20. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones11:

9 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf 57_SENTENCIA.
10 Se trascribe con errores de texto.
11 Samai, índice 2, 57_SENTENCIA, páginas 8 a 12 del archivo digital.

5

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

21. El Tribunal al realizar el estudio del acervo probatorio que obra en el plenario,
verificó que la señora María Elena Ricardo Perdomo, a través de la Resolución núm.
496 del 13 de julio de 1992 fue nombrada en el cargo de recepcionista de
presidencia grado 4, cargo del cual tomó posesión el 18 de julio de 1992.

22. Asimismo, que para el 16 de septiembre de 2020 ostentaba empleo como
secretaria ejecutiva grado 05.

23. Señaló que la actora, realizó retiros parciales a sus cesantías, las cuales
fueron liquidadas y pagadas de conformidad con el régimen anualizado previsto en
la Ley 5ª de 1992 y el Decreto 906 de 1992.

24. Aunado a lo expuesto, el fallador de primera instancia pudo constatar que la
vinculación de la demandante en calidad de empleada de la Rama Legislativa se
dio con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 906 de 2 de junio de 1992 y
de la Ley 5ª del 18 de junio de 1992, razón por la cual su situación jurídica quedó
sujeta al régimen prestacional aplicable a los empleados de la Rama Ejecutiva, el
cual, para ese momento, era el establecido en el sistema de cesantías anualizadas
conforme a lo previsto en el Decreto 3118 de 1968.

25. Destacó que el propio Decreto 906 de 1992 estableció de manera expresa
que, a partir de su publicación, los nuevos servidores vinculados al Congreso de la
República no tendrían derecho al reconocimiento de cesantías bajo el régimen de
retroactividad.

26. Concluyó que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, así como
lo expuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el concepto
emitido en el presente asunto en el que expresamente se estableció que: «[…] En
ese sentido, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) ha
entendido que los empleados vinculados con posterioridad a la Ley 5ª, se rigen por
las normas generales aplicables a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional. A su turno, el artículo 2 del Decreto 906 del 2 de junio de 1992,
dispuso que, a partir de su publicación, los nuevos miembros del Congreso no
tendrán derecho a retroactividad en las cesantías […]».

2.4. Recurso de apelación

27. La parte accionada apeló la sentencia de primera instancia, con el propósito
de que sea revocada, al considerar que12:

28. Ni el Decreto 906 de 1992, ni la Ley 5ª del mismo año contienen disposiciones
que hayan eliminado el régimen retroactivo de las cesantías para los empleados
públicos de la Rama legislativa vinculados con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 5ª de 1992 y del Decreto 906 de 1992.

29. Igualmente, expuso que al estudiar el artículo 2 del Decreto 906 de 1992 que
dispuso: «A partir de la publicación del presente decreto, los nuevos miembros del
Congreso no tendrán derecho a retroactividad en las cesantías», es claro que dicha
normativa se refiere es a los nuevos miembros, es decir a los senadores y

12
Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf 62_ RECIBEMEMORIALES_RECURSOAP_.

6

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

representantes y de ninguna manera a los empleados de la misma corporación, por
lo que no es aplicable al presente asunto. Asimismo, insistió que, en la mencionada
ley no estableció que, a partir de su entrada en vigor, se les aplicaría a los
empleados del Congreso el régimen anualizado.

30. Respecto a la mención que hace el juez de primera instancia del artículo 386
de la Ley 5ª de 1992 que prevé el respeto de las condiciones prestacionales
previamente existentes, resulta claro que no es acorde con dicha norma que a los
empleados vinculados a la nueva planta de personal del Congreso de la República
se les prive del régimen retroactivo para la liquidación de sus cesantías.

31. Precisó que tampoco sirve de sustento de la decisión proferida por el Tribunal
lo que prevé el artículo 384 ibidem, el cual se refiere a las normas generales de
carrera administrativa y en ningún momento del desmote del régimen de
retroactividad de las cesantías de los empleados del Congreso.

32. Cuestionó que no resulta procedente tener como referencia de la decisión
proferida por el Tribunal el parágrafo del artículo 14 del Decreto 2837 de 1986, por
cuanto dicha disposición se refiere a los empleados del Fondo de Previsión Social
del Congreso y no a los empleados del Congreso. En este sentido, consideró que
es necesario establecer a partir de que fecha quedó «desmontado el régimen con
retroactividad del auxilio de cesantía para los empleados del Congreso […]».

33. Indicó que desde los orígenes de la Ley 6ª de 1945, la liquidación de las
cesantías es igual para todos los servidores de cualquiera de las ramas del poder
público, con base al último salario devengado, esto es, en forma retroactiva. Agregó
que el desmonte de dicho régimen se dio de forma gradual y en el caso específico
para los «nuevos miembros del Congreso» se dio a partir del Decreto 906 de 1992,
artículo 2. Finalmente, de forma general para todos aquellos servidores que se
vinculen a partir de la Ley 344 de 1996, artículo 13, con la inclusión de los
empleados del Congreso, razón por lo cual concluyó que no es posible el desmonte
del sistema retroactivo a partir del 31 de diciembre de 1996, fecha de la entrada en
vigor de dicha ley, para todas las personas que se vinculen a los órganos y
entidades del Estado, como se indicó en la sentencia bajo estudio.

34. En consecuencia, concluyó que la decisión apelada vulneró normas
superiores al efectuar una interpretación errada y aplicarle un régimen de liquidación
distinto al que le corresponde, en detrimento de las normas laborales que regulan
su situación. Por consiguiente, solicitó que se acceda a las pretensiones de la
demanda.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

35. Mediante auto del 14 de septiembre de 2023 13 el despacho ponente admitió
el recurso de apelación interpuesto por el demandante. Además, prescindió del
periodo para correr traslado a las partes, al afirmar que no existían pruebas por
decretar en segunda instancia.

2.6. Ministerio Público

13
Samai, índice 004.
7

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

36. La Procuraduría Segunda Delegada de Intervención 8 Tercera ante el
Consejo de Estado rindió concepto en los siguientes términos14.

37. Expuso que no comparte la conclusión del Tribunal según la cual: «las
personas que se vincularon laboralmente al Congreso de la República con
posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 906 de 1992 y la Ley 5 de 1992,
quedaron sometidas al régimen de cesantías aplicable a los empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional». Lo anterior, en la medida que la finalización del
régimen retroactivo se refiere expresamente a los miembros del Congreso de la
República, es decir, a los congresistas.

38. Refirió que el desmonte del sistema retroactivo que alega el juez, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 3118 de 1968, no operaba desde su
entrada en vigor para los funcionarios vinculados a la Rama Legislativa.

39. En ese contexto, señaló que, desde una interpretación sistemática del
ordenamiento jurídico, se advierte que solo con la incorporación del parágrafo del
artículo 14 del Decreto 2837 de 198615 se hizo extensivo el régimen de cesantías
propio de la Rama Ejecutiva a los servidores de la Rama Legislativa afiliados a
Fonprecon. Dicha disposición resulta aplicable al caso concreto, en la medida en
que la vinculación de la actora se produjo con posterioridad a la entrada en vigor de
ese decreto, razón por la cual su situación debía regirse por el régimen de cesantías
de los servidores públicos de la Rama Ejecutiva, conforme a la jurisprudencia y
doctrina reiteradas de esta Corporación. En este sentido, solicitó confirmar la
sentencia dictada el 25 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

40. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión preliminar

41. Observa la Sala que la parte demandante al presentar recurso de apelación16
expuso una «aclaración previa», por medio de la cual indicó que en el trámite de
primera instancia no se le dio la oportunidad para referirse al escrito de intervención
presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 14 de
diciembre de 2022, en el que solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda.

42. Señaló que dicha intervención debía haberse presentado dentro de los
términos previstos para las distintas etapas procesales. Al respecto, destacó que el
plazo para presentar alegatos de conclusión venció el 5 de septiembre de 2022 y

14 Samai, índice 009.
15 Por el cual se expide el reglamento general sobre las condiciones y términos necesarios para el
reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas a cargo del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República.
16
Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdfs 61 y 62.

8

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

que, pese a ello, la agencia solo radicó su escrito el 14 de diciembre del mismo año,
razón por la cual —a su juicio— resultaba extemporáneo y no debió ser tenido en
cuenta por el juez de primera instancia, quien en la providencia recurrida indicó que
«acoge la petición de la ANDJE».

43. Añadió que el 26 de enero de 2023 solicitó a la magistrada ponente del
Tribunal que se abstuviera de proferir sentencia hasta tanto no se le corriera traslado
del escrito de intervención presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. Sin embargo, indicó que la sentencia fue expedida el 24 de enero de
2023 y notificada el 30 del mismo mes y año, sin que se atendiera dicha solicitud.

44. Al respecto, advierte la Sala que del acervo probatorio que obra en el plenario
se logra establecer que en efecto la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, manifestó al Tribunal a través de escrito17 su intención de intervenir en el
trámite del presente asunto de conformidad con lo previsto en el artículo 611 18 del
Código General del Proceso.

45. A su turno, mediante providencia del 1 de noviembre de 2022, notificada por
estado19 la magistrada ponente, dispuso:

Por lo expuesto, se reconoce como entidad interviniente a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del C.G.P.

Ahora bien, en el caso concreto se cumplen los presupuestos del artículo 611 del
C.G.P.20 para la suspensión automática del proceso por el término de treinta (30)
días, que se entiende tiene efectos desde el momento en que se radicó el respectivo
escrito, toda vez que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no ha
actuado en el mismo y se encuentra para dictar sentencia.

[…]

46. Posteriormente, la ANDJE remitió escrito de intervención21, el cual fue
enviado tanto al correo electrónico de la demandante
mariahelenaricardo@hotmail.com; y al de su apoderado gaherve@hotmail.com. Por
lo anterior, resulta claro para esta instancia que la parte demandante tuvo
conocimiento del escrito de intervención presentado por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, circunstancia que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 201A del CPACA, adicionado por el artículo 51 de la Ley 2080 de 2021,
supone que la intervención debe entenderse surtida en debida forma, medida que
establece:

17
Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf. 45.
18 Artículo 611. Suspensión del proceso por intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, se suspenderán por el término de treinta (30) días
cuando la Agencia Nacional de Defensa del Estado manifieste su intención de intervenir en el proceso, mediante
escrito presentado ante el juez de conocimiento. La suspensión tendrá efectos automáticos para todas las partes
desde el momento en que se radique el respectivo escrito. Esta suspensión sólo operará en los eventos en que
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no haya actuado en el proceso y siempre y cuando este se
encuentre en etapa posterior al vencimiento del término de traslado de la demanda.
19
Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdfs. 51 y 52.
20 ARTÍCULO 611. SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR INTERVENCIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. Los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, se suspenderán
por el término de treinta (30) días cuando la Agencia Nacional de Defensa del Estado manifieste su intención
de intervenir en el proceso, mediante escrito presentado ante el juez de conocimiento. La suspensión tendrá
efectos automáticos para todas las partes desde el momento en que se radique el respectivo escrito. Esta
suspensión sólo operará en los eventos en que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no haya
actuado en el proceso y siempre y cuando este se encuentre en etapa posterior al vencimiento del término de
traslado de la demanda.
21
Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdfs. 53 y 54.

9

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

Traslados: Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se fijan los
estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual
deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la
copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se
entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y
el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.
[…].

47. Lo anterior, permite concluir que lo solicitado por la parte actora no tiene
vocación de prosperidad, puesto que es claro que conocía del contenido del escrito,
por lo que el traslado que solicita no revestía obligatoriedad.

48. Aunado a lo expuesto, obra informe secretarial del 18 de enero de 2023, en
el que se indicó:

En firme auto del 01 de noviembre de 2022 y vencido el término de 30 días de
suspensión ordenada, ingresa al despacho expediente digital con poder y escrito de
intervención alegado por la agencia nacional de defensa jurídica del estado.
[…].

49. Luego, el Tribunal dictó la sentencia objeto del presente estudio el 25 de
enero de 2023 y se observa que, al día siguiente, esto es, el 26 de enero de la
misma anualidad22, la demandante allegó memorial con el fin de solicitar que no
fueran tenidos en cuenta los alegatos de conclusión allegados por la Nación,
Cámara de Representante y Fonprecon. De igual forma, pidió que se le permitiera
pronunciarse frente a los argumentos expuestos por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado en su escrito de intervención.

50. En este contexto, y conforme a las consideraciones expuestas, resulta claro
que la Sala circunscribirá su pronunciamiento al estudio del recurso de apelación,
en los términos delimitados en esta providencia, específicamente en el acápite 2.4.

3.3. Problema Jurídico

51. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la sala determinar si:

52. ¿La normativa en la que se basó el Tribunal para negar las pretensiones de
la demanda, respecto a la reliquidación de las cesantías bajo el régimen de
retroactividad, es la que aplica en el presente asunto?

53. ¿La vinculación laboral de la actora, con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 344 de 1996, la hacía acreedora del régimen retroactivo de cesantías?

3.3. Marco normativo

3.3.1. Régimen de cesantías para los empleados

54. La Ley 6ª de 1945, en su artículo 17, dispuso que los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente tienen derecho al auxilio de cesantías
correspondiente a un mes de salario por cada año de servicio y, proporcionalmente,

22 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdfs. 58 y 59.

10

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

por fracciones de año de conformidad con lo establecido en el literal f), numeral 12
de la misma normativa.

55. A su turno, el Decreto 1160 de 1947 estableció que los empleados al servicio
de la Nación, en cualquiera de las ramas del poder público, tienen derecho al auxilio
de cesantía e indicó que para su liquidación se tendrá como base el último sueldo
devengado, a menos que se haya tenido modificaciones en los tres (3) últimos
meses, puesto que en este caso la liquidación se hará por el promedio de lo
percibido dentro de los últimos doce (12) meses en todo tiempo de servicio, si éste
fuere menor de ese término23.

56. Con posterioridad, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del
Ahorro, con el propósito, de garantizar el pago oportuno del auxilio de cesantía a los
empleados públicos y trabajadores oficiales, así como el de proteger dicha
prestación frente a la depreciación monetaria. Asimismo, el artículo 3 ibidem,
dispuso que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales
vinculados a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado
debían ser liquidadas y consignadas al referido fondo.

57. Los artículos 2724, 2825 y 3326 del mencionado decreto introdujeron el inicio
del desmonte del régimen retroactivo de cesantías, en la medida en que
establecieron un sistema de liquidación anualizada para los empleados públicos y
trabajadores oficiales de las entidades señaladas con antelación.

58. A su turno, con la expedición de la Ley 344 de 1996, artículo 13, se dispuso
que los empleados que se vinculen al Estado, estarán regidos por el sistema
anualizado de cesantías, cuya la liquidación se hará el 31 de diciembre de cada
año, de forma distinta a la liquidación que se deba realizar cuando se finalice la
relación laboral.

59. Por su parte, el Decreto 1582 de 199827 extendió el régimen anualizado a los
empleados públicos de nivel territorial y estableció que el sistema de los vinculados
a partir del 31 de diciembre de 1996 sería el previsto en los artículos 99, 102 y 104
de la Ley 50 de 1990.

60. De igual manera, el Decreto 1252 de 2000 dispuso que los servidores
públicos que, al 25 de mayo de 2000, se encontraban beneficiarios por el régimen
retroactivo de cesantías, mantendrían dicho beneficio hasta que finalice el vínculo
laboral.

23 Artículo 6.
24 Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1o. de enero de 1969, los

Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus
trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores
varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.
25 Artículo 28. Liquidación año de retiro. En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo Ministerio,

Departamento Administrativo, Superintendencia, Establecimiento Público o Empresa Industrial y Comercial del
Estado, liquidará la cesantía que corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de retiro.
26 Artículo 33. Intereses en favor de los trabajadores. El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta,

intereses del nueve (9) por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor
de cada empleado público o trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantía que se encuentre en poder
de establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en
el artículo 47.
27 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en

relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
11

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

61. Finalmente, el Decreto 1919 de 2002, en su artículo 3°, amplió el régimen de
prestaciones sociales aplicable a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del orden nacional a los servidores del nivel territorial, y dispuso que
aquellos beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías continuarán gozando del
mismo.

3.3.2. Cesantías para los miembros y empleados del Congreso de la República

62. La Ley 28 de 198328, en su artículo 1, dispuso que aquellas personas que
laboran al servicio del Congreso de la República ostentan la condición de
empleados adscritos a la Rama Legislativa. Asimismo, estableció su afiliación a la
Caja Nacional de Previsión Social y les reconoció la titularidad de las prestaciones
sociales consagradas en la Ley 52 de 1978, dentro de las cuales se incluyen las
cesantías.

63. Luego, la Ley 33 de 1985, en su artículo 14, creó el Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República, Fonprecon, entidad a la que se le asignó, entre sus
funciones, la de efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de
los congresistas, y de los empleados de dicha entidad, al igual que las del fondo.

64. A su turno, el Decreto 2837 de 198629, determinó en su artículo 3, como
afiliados al fondo:

a) Los Parlamentarios que hayan tomado posesión del cargo, y los empleados del
Congreso y los empleados del Fondo que presten sus servicios en empleos de
carácter permanente.

b) Los Parlamentarios principales que no se hayan posesionado para los efectos
previstos en los parágrafos 1°y 2°del artículo 7°de la Ley 48 de 1962.

c) Los pensionados cuya mesada deba cancelar el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República, de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985.

65. A su vez, el parágrafo del artículo 14 del referido decreto dispuso que el
auxilio de cesantía de los empleados de Fonprecon, sería liquidado, reconocido y
pagado conforme a las disposiciones legales vigentes para la Rama Ejecutiva del
Poder Público.

66. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 1, literal b, estableció que es el Gobierno
nacional a quien le corresponde fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados del Congreso.

67. Por su parte, el Decreto 906 de 1992: «Por el cual se dictan disposiciones en
materia salarial para los miembros y empleados del Congreso de la República», en
su artículo 2, precisó que, a partir de su entrada en vigor, es decir, 2 de junio de
1992, los nuevos miembros del Congreso, no tendrían derecho al sistema de
retroactividad de las cesantías.

28 Por la cual se establece la categoría de Empleados de la Rama Legislativa del Poder Público y se dictan

otras disposiciones.
29 «Por el cual se expide el reglamento general sobre las condiciones y términos necesarios para el

reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas a cargo del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República».
12

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

68. La Ley 5ª de 199230, en el parágrafo del artículo 384, señaló que: «Mientras
se expiden las normas sobre carrera administrativa de la Rama Legislativa, se
aplicarán las normas generales de Carrera Administrativa que rigen para la Rama
Ejecutiva del Poder Público en lo que sean compatibles».

69. De igual forma, el artículo 386 de la citada ley, estableció que los empleados
que, al momento de la expedición de dicha ley, se encuentren vinculados al
Congreso y fueran nombrados en cargos de la nueva planta, continuarían
disfrutando de las prestaciones sociales en los términos y condiciones legales
vigentes a la fecha de expedición de dicha normativa.

70. A su turno el Decreto 1111 el 8 de julio de 199231 dispuso, en el parágrafo
del artículo 1°, que el régimen prestacional aplicable a los empleados públicos del
Congreso será el mismo previsto para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
del Poder Público del orden nacional. Asimismo, en su artículo 3° estableció que la
asignación básica y las demás remuneraciones fijadas en dicho decreto serán
aplicables a los empleados que sean nombrados y posesionados en el Senado de
la República y en la Cámara de Representantes, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 5ª de 1992.

3.4. Hechos probados

71. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra probado lo siguiente:

72. La señora María Elena Ricardo Perdomo fue nombrada mediante Resolución
núm. 496 del 13 de julio de 1992 expedida por la Cámara de Representantes32, en
el cargo de recepcionista de presidencia, grado 04, y tomó posesión del mismo el
18 de julio de 1992, conforme consta en el Acta núm. 02833.

73. Según certificado del del 16 de septiembre de 2020, expedido por el jefe de
personal de la Cámara de Representantes, la demandante presta sus servicios en
la entidad. Así lo indicó:

Que revisada la hoja de vida de MARÍA ELENA RICARDO PERDOMO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 40.763.511, aparece que presta sus servicios desde
el 18 de julio de 1993 y que actualmente desempeña el cargo de SECRETARIA
EJECUTIVA GRADO 5, de la H. Cámara de Representantes, […]

74. Durante la vinculación laboral, la demandante ha realizado retiros parciales
a sus cesantías en distintas oportunidades tal y como se infiere del contenido de las
resoluciones 2070 del 10 de noviembre de 2006; 0545 del 21 de agosto de 2014; y
0381 del 31 de julio de 201834.

30 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes.” (…) “Artículo

393. VIGENCIA DE LA LEY. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación, incluyendo las disposiciones
transitorias, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.” Diario Oficial No. 40.483 de 18 de junio de 1992.
31 Por el cual se fija la escala de remuneración para los empleos públicos del Congreso Nacional y se dictan

otras disposiciones.
32 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf. 1_EXPEDIENTE DIGITAL, folios 16 y 17.
33 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf. 1_EXPEDIENTE DIGITAL, folios 18 y 19.
34 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf. 1_EXPEDIENTE DIGITAL, folio 20.

13

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

75. La demandante presentó derecho de petición el 14 de septiembre de 2020
ante la Cámara de Representantes35 y ante Fonprencon36, para el reconocimiento
y pago de sus cesantías bajo el régimen de retroactividad, con fundamento en que
su vinculación laboral se dio con anterioridad al 31 de diciembre de 1996.

76. Mediante Oficio D. P. 4.1877-20 del 16 de octubre de 202037, emitido por la
Cámara de Representantes, el reconocimiento retroactivo del auxilio fue negado
porque:

[…]
1. Actualmente a los funcionarios de la Cámara de Representantes, la
liquidación de cesantías se realiza con base en el último salario realmente
devengado o el promedio de lo percibido en el último año de servicios conforme a
la Ley 344 de 1996.

2. Siendo la Función Pública el ente competente en materia salarial esta
División se atiene al concepto emitido el 16 de marzo de 2020. No.
20206000103851.

77. La parte actora, pidió aclaración a la respuesta anterior38, en los siguientes
términos:

[…]
B.- Si la totalidad de los peticionarios relacionados en los derechos de petición
mencionados, se le liquidará sus cesantías bajo el RÉGIMEN CON
RETROACTIVIDAD tomando en consideración, que fueron vinculados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1996.

78. Por su parte, a través de Oficio núm. D.P.4.1.2184-20 del 14 de diciembre de
202039, el jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes informó
que el reconocimiento y pago de las cesantías de sus empleados se realiza de
conformidad con lo previsto en la Ley 50 de 1990, circunstancia extendida a los
empleados públicos del orden territorial previsto en la Ley 344 de 1996.

79. A su vez, en oficio del 5 de octubre de 202040, Fonprecon negó la aplicación
del régimen retroactivo de las cesantías bajo el argumento de que la vinculación de
la actora ocurrió con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5ª de 1992, esto
es, el 17 de junio de 1992.

3.5. Caso concreto. Análisis de la sala

80. El presente asunto se circunscribe en determinar si la señora María Elena
Ricardo Perdomo es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, puesto que
su vinculación con la Cámara de Representantes se produjo el 18 de julio de 1992,
es decir, cuando aún estaba vigente dicho sistema de liquidación.

81. El Tribunal, en la sentencia objeto de recurso, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que la demandante se encuentra sometida al régimen
anualizado de cesantías previsto en el Decreto Ley 3118 de 1968, en la medida en

35 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf. 1_EXPEDIENTE DIGITAL, folios 21 y 22.
36 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf. 1_EXPEDIENTE DIGITAL, folios 32 al 33.
37 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf. 1_EXPEDIENTE DIGITAL, folio23.
38 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf. 1_EXPEDIENTE DIGITAL, folios 25 al 27.
39 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf. 1_EXPEDIENTE DIGITAL, folios 29 al 31.
40 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf. 1_EXPEDIENTE DIGITAL, folios 35 al 37.
14

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

que su vinculación al Congreso de la República, se produjo después de la entrada
en vigor del Decreto 906 de 1992 «2 de junio de 1992» y de la Ley 5ª de 1992 «18
de junio de 1992»

82. Ahora bien, al hacer el estudio de la alzada y en relación con el argumento
en el que indicó que la sentencia objeto de revisión se sustentó en normas que no
son las aplicables a su situación jurídica, advierte la Sala que el fallador de primera
instancia hizo un recuento normativo en el acápite «3.1. Régimen de cesantías
aplicable a los servidores del Congreso de la República» en el cual refirió, el Decreto
2837 de 198641 que estableció las condiciones para el reconocimiento del auxilio de
cesantías, el cual debe pagarse en cuantía equivalente a un mes de salario por cada
año de servicio, o de manera proporcional por fracciones de año, y que su
liquidación y reconocimiento deben efectuarse de acuerdo con las normativa que
regula el régimen prestacional aplicable a los empleados de la Rama Ejecutiva del
poder público.

83. Igualmente, se observa que el juez de primera instancia citó el artículo 384
de la Ley 5ª de 1992 a fin de explicar que los empleados de la Rama Legislativa
estarían sometidos a la normativa que rige la carrera administrativa de la Rama
Ejecutiva, hasta tanto se «expiden las normas sobre carrera administrativa de la
Rama Legislativa».

84. Aunado a lo expuesto, el Tribunal transcribió el contenido del artículo 386 de
la referida ley, así: «Los empleados que a la expedición de la presente Ley se
encuentren vinculados al Congreso y sean nombrados en un cargo de la nueva
planta, seguirán disfrutando de las prestaciones sociales en los términos y
condiciones legales establecidos a la fecha y expedición de esta Ley».

85. En este sentido, es claro que las normas que refiere el apelante si fueron
analizadas en el presente contexto a efectos de establecer cuáles aplicaban para el
reconocimiento de las cesantías a los servidores del Congreso de la República. Sin
embargo, el Tribunal, se basó únicamente en lo dispuesto en el «Decreto 906 de
1992 (2 de junio de 1992) y la ley 5ª de 1992 (18 de junio de 1992)», bajo la premisa
de que la fecha de vinculación laboral de la demandante se dio con posterioridad a
la entrada en vigor de las mencionadas normas.

86. Ahora bien, en cuanto al régimen salarial y prestacional de los empleados del
Congreso, es necesario traer a colación el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1111
de 199242 que dispuso:

«los empleados públicos del Congreso a que se refiere el presente artículo,
disfrutarán de las asignaciones básicas señaladas en él y su régimen prestacional
será el mismo de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Nivel Nacional»

87. De otro lado, el artículo 3 de la misma disposición estableció que: «La
asignación básica y las remuneraciones referidas en este Decreto regirán para los
empleados que se nombren y posesionen en el Senado de la República y la Cámara
de Representantes, con base en la Ley 5ª de 1992». En ese orden, la aplicabilidad

41 «Por medio del cual se aprobó el reglamento general sobre las condiciones y términos necesarios para el

reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas a cargo del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República».
42 «Por el cual se fija la escala de remuneración para los empleos públicos del Congreso Nacional y se dictan

otras disposiciones»
15

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

de la Ley 5ª de 1992 resulta determinante para la resolución del presente asunto,
en tanto dicha normativa contiene el reglamento del Congreso de la República. En
la medida en que la actora ostenta la condición de funcionaria de esta última
corporación, su análisis se torna necesario, como ya se indicó.

88. Ahora bien, en relación con el argumento del recurso de apelación, según el
cual lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 906 de 1992 se circunscribe
exclusivamente a los nuevos miembros del Congreso de la República, quienes no
tendrían derecho al régimen retroactivo de cesantías, y que, por ende, dicha
normativa no resultaba aplicable a su caso concreto por no ostentar la calidad de
senadora o representante, advierte la Sala que no le asiste razón a la recurrente.
Ello porque, el mencionado decreto refirió en forma expresa que «los nuevos
miembros del Congreso no tendrán derecho a retroactividad en las cesantías» y en
ese orden, su ámbito de aplicación comprende a los miembros y empleados del
Congreso de la República. En ese orden, resultaba aplicable lo expuesto en el
referido decreto tal y como lo ha precisado la jurisprudencia, concretamente la
sentencia del 20 de enero de 2026 en la que se concluyó lo que sigue43:

Sin embargo, el Decreto 906 de 1992 estipuló en forma expresa que «los nuevos
miembros del Congreso no tendrán derecho a retroactividad en las cesantías», cuyo
objeto de aplicación fueron los miembros y empleados del Congreso de la
República.

Con la expedición de la Ley 5 del 17 de junio de 1992, por la cual se determinó la
nueva planta de personal, reiteró que «[l]os funcionarios al servicio de las
Corporaciones, se denominan empleados de la Rama Legislativa del Poder Público»
y a través de la transición establecida por el artículo 386 ibidem, salvaguardó a los
empleados vinculados al Congreso antes de la expedición de la citada ley, respecto
de las prestaciones sociales, en los términos y condiciones previstos en esa ley.

Asimismo, el artículo 1 del Decreto 1111 del 3 de julio de 1992 previó que «los
empleados públicos del Congreso» disfrutarían del régimen prestacional «de los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del nivel nacional», sin
que se exceptuara en modo alguno las cesantías, como el demandante lo señaló.

De ese modo, para la fecha en que ingresó el demandante, esto es el 4 de agosto
de 1992 al Senado de la República como profesional universitario de la División de
Planeación y Sistemas, grado 06, se había prohibido de manera expresa el sistema
de administración retroactivo de las cesantías para los empleados del Congreso de
la República y, por virtud del Decreto 1111 de 1992, le era aplicable el régimen
anualizado para la liquidación de sus cesantías establecido para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del nivel nacional.

89. La Sala, consecuente con lo hasta aquí consignado, destaca que el juez de
primera instancia acudió, en términos generales, a la normativa pertinente para
analizar la situación particular de la demandante, razón por la cual resulta
procedente concluir que la regulación aplicada fue, en lo esencial, concordante con
el marco jurídico que gobierna la materia. En consecuencia, la respuesta al primer
problema jurídico propuesto, resulta afirmativa.

90. Ahora bien, en relación con el argumento del apelante según el cual no
resultaba procedente el desmonte del régimen de cesantías retroactivas a partir del
31 de diciembre de 1996, fecha de entrada en vigor de la Ley 344 de ese mismo
año, tal como lo sostuvo el juez de primera instancia, la Sala advierte lo siguiente:

43 Dictada dentro del expediente identificado con el radicado número 25000-23-42-000-2022-00424-01 (3125-

2024).
16

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

91. Según lo dispuesto en el Decreto 1111 de 1992, que reguló el régimen
salarial y prestacional de los empleados del Congreso de la República, vinculados
en los términos de la Ley 5ª de 1992, dichos servidores quedaron sometidos al
sistema de liquidación anualizada de cesantías. En efecto, esa normativa fijó que el
régimen prestacional aplicable a estos funcionarios sería el previsto para los
empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, conforme a
lo establecido en el artículo 27 del Decreto 3118 de 196844. En consecuencia, a
partir de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, resultaba jurídicamente viable
el tránsito al sistema anualizado de cesantías, sin que se advierta desconocimiento
del ordenamiento jurídico aplicable.

92. En consonancia con lo anterior, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, en sentencia del 21 de marzo de 2024, señaló45 :

Ahora bien, conforme lo considerado en precedencia y siendo que las demandantes
fueron vinculadas al servicio del Senado de la República el 19 de marzo de 1993, 7
de noviembre de 1992 y 4 de noviembre de 1994, respectivamente, esto es, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 5ª de 1992, lo cual tuvo lugar, el 17
de junio de ese año, le es aplicable el régimen anualizado para la liquidación de sus
cesantías establecido para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público de Nivel Nacional desde la expedición del Decreto 3118 de 1968, pues así
lo establece el Decreto 1111 del 8 de julio de 1992.

93. En ese contexto, no resultan de recibo los argumentos expuestos como
sustento del recurso de apelación, y a través de los cuales la parte actora pretende
la aplicación del régimen retroactivo de cesantías, derivado de su vinculación con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996. Ello, por cuanto, tal como
se dejó establecido en esta providencia, los empleados del Congreso de la
República que fueron vinculados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
5ª de 1992 quedaron sometidos al régimen de liquidación anualizada del referido
auxilio, conforme al marco normativo que remite al régimen prestacional de los
empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional. En este sentido, la respuesta
al segundo problema jurídico es negativa.

94. Lo hasta aquí planteado permite a la Sala afirmar con total certeza que no es
posible acceder a la aplicación del sistema retroactivo pretendido, razón por la cual
las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.

3.6. Conclusión de la decisión

95. La Sala en atención a lo consignado confirmará en su totalidad la sentencia
dictada el 25 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda de

44 ARTÍCULO 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1o. de enero de 1969, los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus
trabajadores o empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores
varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.
45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

21 de marzo de 2024, exp. núm 25000-23-42-000-2021-00947-01 (4977-2023).

17

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora María Elena
Ricardo Perdomo.

4. Costas

96. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 46 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 23 de enero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera

46 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14)
18

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00758-01 (2362-2023)
Demandante: María Elena Ricardo Perdomo
Demandados: Cámara de Representantes y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la Republica

Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente
enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

19

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.