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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00424-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00424-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que condenó en costas al demandante y, en su lugar: «SEGUNDO: No condenar en costas.» Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Juan Carlos Ramos Santacruz contra la Nación, Congreso de la República, Senado de la República y el Fondo Nacional del Ahorro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JMC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00424-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00424-01 (3125-2024)
Demandante: Juan Carlos Ramos Santacruz
Demandado: Nación, Congreso de la República, Senado de la República y
Fondo Nacional del Ahorro

Tema: Sistema de administración de cesantías de los empleados de la
Rama Legislativa

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. Juan Carlos Ramos Santacruz presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio N DRH – CS – CV19-1236-2020 del
27 de octubre de 2020 y la Resolución 112 del 15 de febrero de 2021, por medio de
los cuales se negó la liquidación y pago de las cesantías bajo el régimen de
retroactividad.

1 En adelante CPACA

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Demandante: Juan Carlos Ramos Santacruz

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) el reajuste y reliquidación
correspondiente «por concepto de retiro parcial de las cesantías que hubieren efectuado
o cuando se produzca la liquidación definitiva de las mismas aplicándoles el régimen con
retroactividad»; (ii) girar con destino al Fondo Nacional del Ahorro2 «los dineros que
correspondan para garantizar que las cesantías parciales o definitivas del demandante sean
tramitadas, liquidadas y pagadas con la aplicación del régimen con retroactividad desde el
momento de su vinculación al servicio del Senado hasta la terminación de la relación
laboral»; y (iii) la condena en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

3.1. Juan Carlos Ramos Santacruz se vinculó al Senado de República antes del 31
de diciembre de 1996, toda vez que tomó posesión el 4 de agosto de 1992, fecha
para la cual se encontraba vigente el régimen retroactivo de cesantías y ha laborado
sin solución de continuidad.

3.2. Pese a lo anterior, el auxilio de cesantías se ha reconocido y pagado de acuerdo
con el régimen anualizado establecido en la Ley 344 de 1996 y su administración a
cargo del FNA, sin que renunciara al señalado sistema de liquidación.

3.3. El14 de septiembre de 2020 le solicitó a la entidad demandada el
reconocimiento y pago de la prestación social de acuerdo con el régimen de
retroactividad; petición que fue denegada por improcedente a través del Oficio N
DRH – CS – CV19-1236-2020 del 27 de octubre de 2020.

3.4. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación y se confirmó por medio de
la Resolución 112 del 15 de febrero de 2021, expedida por la División de Recursos
Humanos del Senado de la República.

3.5. El 14 de septiembre de 2020 solicitó al FNA el reconocimiento y pago de la
prestación social de acuerdo con el régimen de retroactividad, petición que fue
negada con el Oficio 01-2303-202009230209965 comunicada el 28 de septiembre
de esa anualidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 29, 42, 48 y 53 de la Constitución Política;
21 del Código Sustantivo del Trabajo; 17, literal a) de la Ley 6 de 1945; 7 de la Ley
33 de 1985; 13 de la Ley 344 de 1996; 138 y 152, numeral 2 de la Ley 1437 de
2011; 82 de la Ley 1564 de 2012; 11 del Decreto 1600 de 1945; 1 de la Ley 65 de

2 En lo sucesivo FNA

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1946; 1 y 6 del Decreto 1160 de 1947; 3, 27 y 32 del Decreto 3118 de 1968; Decreto
Reglamentario 1582 de 1998.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. El auxilio de cesantías es: (i) una de las prestaciones sociales más importantes
para los trabajadores y su núcleo familiar en tanto contribuye al mejoramiento de la
calidad de vida al permitirle el acceso a los bienes y servicios indispensables; (ii) un
ahorro forzoso del trabajador cuyo pago recibe a la terminación de la relación
laboral, útil mientras se encuentre cesante; (iii) un derecho irrenunciable de todos
los trabajadores con una función social; y (iv) integrante de uno de los principios
mínimos fundamentales, a saber el pago de las prestaciones sociales, en la medida
en que cada una cumple una finalidad4.

5.2. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado5, esta prestación social
nació como un derecho de los empleados nacionales de carácter permanente, a
razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, con un sistema de
liquidación retroactivo pues el pago ocurría al momento del retiro del servicio y con
base en el último salario devengado6, el cual se modificó al anualizado por medio
del Decreto 3118 de 1968 y las leyes 33 de 1985 y 344 de 1996. Sus destinatarios
son los servidores públicos que ingresaron con posterioridad al 31 de diciembre de
1996, cualquiera que fuera su nivel.

5.3. Es así como los empleados que ingresaron antes de la fecha [31 de diciembre
de 1996], «conservan su derecho a que la liquidación y pago de sus cesantías parciales o
definitivas se realice aplicándoles el régimen con retroactividad como es el caso del […]
demandante», razón por la cual los actos demandados se encuentran viciados de
nulidad por expedirse con infracción de las normas en que debían fundarse,
señaladas en precedencia.

5.4. ElDepartamento Administrativo de la Función Pública7 emitió el Concepto
20206000103851 del 16 de marzo de 2020, en el que indicó que los dos regímenes
de liquidación de las cesantías, retroactivo y anualizado, aplicables también a los
empleados del Congreso de la República. El primero, respecto de quienes
ingresaron antes del 30 de diciembre de 1996 y, el segundo, con posterioridad a
esa fecha.

3 Samai, índice 2, «ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», archivo digital 02
4 Según lo expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias T-661 de 1997 y C-486 de 2016
5 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección B. Sentencia del 27 de abril de 2017, proferida dentro del proceso con radicado
66001233300020130044201 (1389-2015).
Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1777 del 25 de noviembre de 2006.
6 En caso de que el salario haya variado en los últimos tres meses de labores, se liquidará con el

promedio de lo devengado en el último año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 1160 de 1947.
7 En lo sucesivo DAFP

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Demandante: Juan Carlos Ramos Santacruz

1.2. Contestaciones de la demanda

6. 1.2.1. El Senado de la República se opuso a las pretensiones de la demanda, por
las razones que se exponen a continuación:

6.1. Los empleados del Congreso que pertenecían a la planta de personal antes de
la entrada en vigor de la Ley 5 de 1992, tienen derecho a las prestaciones sociales
establecidas en las leyes 52 de 1978 y 28 de 1983; en tanto que los vinculados con
posterioridad, se rigen por las normas generales aplicables a los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

6.2. Así las cosas, toda vez que Juan Carlos Ramos Santacruz se vinculó al Senado
de la República con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5 de 1992, es
beneficiario del régimen de prestaciones sociales aplicable, especialmente en el
tema de auxilio de cesantías, que rige para los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, este es, el régimen anualizado implementado a través
del Decreto 3118 de 1968, por lo que los actos demandados se encuentran
ajustadas al ordenamiento jurídico.

6.3. Finalmente, formuló como excepciones la inexistencia de irregularidades que
invaliden los actos administrativos, presunción de legalidad de los actos
demandados, inexistencia de la obligación y del derecho reclamado por el
demandante, buena fe en las actuaciones del Senado de la República, cobro de lo
no debido y genérica.

7. 1.2.2. El Fondo Nacional del Ahorro se opuso a las pretensiones de la demanda,
con sustento en lo siguiente:

7.1. La entidad no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, toda vez que no
es responsable de la liquidación de las cesantías que se consignan a favor de los
afiliados al fondo, puesto que esto recae en el empleador. En ese sentido solicitó su
desvinculación, en tanto, el demandante pretende la nulidad de decisiones
adoptadas por el Senado de la República «con el fin de que este reliquide las cesantías
canceladas con base al régimen de retroactividad y con el último salario devengado,
téngase en cuenta que dichas atribuciones no le constan a mi poderdante y tampoco son
de su competencia».

7.2. De otra parte, no es procedente la pretensión de reliquidación, puesto que, de
conformidad con «el parágrafo del artículo 5 de la ley de 1998 indica que los servidores
públicos que tengan régimen de retroactividad en las cesantías, su mayor valor deberá ser
reconocido por la entidad empleadora es así como a quien le corresponde dicho
reconocimiento es al empleador del demandante, en este caso es el Senado de la
Republica» [sic].

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7.3. Finalmente, propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la
causa por pasiva, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación de hacer,
inexistencia de responsabilidad del FNA, pleito pendiente, buena fe, prescripción e
innominada.

1.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante. Para tal efecto, consideró lo siguiente:

8.1. Juan Carlos Ramos Santacruz se vinculó al Senado de la República « desde el 4
de agosto de 1992 y hasta la fecha de radicación del presente medio de control, siendo el
último cargo desempeñado el de asesor II ley quinta, de la división de planeación y sistemas
del SR, esto es, después de la vigencia de la Ley 5.ª de 1992, y en virtud de la nueva planta
de personal creada por la precitada normativa y la escala de remuneración fijada en el
Decreto 1111 de 1992, le resulta aplicable el régimen prestacional de los empleados
públicos de la rama ejecutiva del poder público del nivel nacional, a quienes desde la
expedición del Decreto 3118 de 1968 se les liquida de forma anualizada el auxilio de
cesantías».

8.2. Asimismo, si bien la Ley 344 de 1996 dispuso que a partir de su entrada en
vigencia quienes se vincularan a los órganos y entidades del Estado quedarían
sometidas al régimen anualizado de cesantías, « este mandato se debe interpretar en
forma armónica con las demás disposiciones vigentes, dado que para la fecha de
expedición ya existían normas que orientaban el régimen anualizado para algunos
servidores públicos, como ocurrió para los empleados de la rama ejecutiva del orden
nacional vinculados después del Decreto 3118 de 1968, que resulta aplicable a su vez a los
empleados de la rama legislativa por remisión del Decreto 1111 de 1992».

8.3. De conformidad con lo dispuestos en los artículos 188 del CPACA y 365 del
Código General del Proceso condenó en costas al demandante.

1.4. Recurso de apelación

9. Juan Carlos Ramos Santacruz interpuso recurso de apelación y lo sustentó en los
siguientes términos:

9.1. Contrario a lo concluido por el a quo, no existe disposición que de manera
expresa hubiese eliminado el régimen retroactivo de las cesantías de los empleados
del Congreso de la República. Esto, puesto que ni el artículo 27 del Decreto 3118
de 1968 ni el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1111 de 1992 se refirieron a las
cesantías «y mucho menos a la forma en cómo debían ser liquidadas».
9.2. Asimismo, el artículo 27 del Decreto 3118 de 1968, aplicable a los servidores de
la Rama Ejecutiva del nivel nacional, no estableció como destinatarios específicos

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a los empleados del Congreso de la República, «esto es que sus disposiciones aplican
exclusivamente a ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos
públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado, razón por la cual, para la
fecha de la vinculación de mi representado al senado de la república no lo cobijaba esta
disposición, ya que la ley tiene efecto general inmediato y no puede ser aplicada de manera
retroactiva».

9.3. La decisión adoptada por el tribunal de instancia « se basó en unas afirmaciones
que unas veces no coinciden con las expuestas por la parte demandante, y en otra
tergiversan los argumentos de la demanda, y en otras ocasiones, confunden
inexplicablemente, las normas aplicables a los nuevos miembros del Congreso con la de
los empleados del Congreso, categoría en la que se encuentra mi representado, reiterando
en síntesis, que el Decreto 906 de 1992, ni el 1111 de 1992, dispuso explícitamente, como
se dice en el fallo recurrido la eliminación del régimen con retroactividad de las cesantías
para los empleados del Congreso».

9.4. Si bien no existe criterio unificado en relación con la materia objeto de litigio,
«tras reconocer la existencia de decisiones judiciales diametralmente opuestas, cabe
concluir, que aún aceptando en gracia de discusión la viabilidad de los argumentos de la
contraparte los cuales pregonan por la tesis según la cual a partir de la expedición del
Decreto 1111 de 1992, se entendería que operó el desmonte de la retroactividad de las
cesantías de los empleados de la rama legislativa, “no obstante de que ello no se dijo
expresamente como atrás se advirtió”, nos encontramos frente al escenario incontrovertible
de 2 posibilidades interpretativas, ya que subsistiría también la tesis pregonada por la parte
actora en el sentido de que dicho desmonte de el régimen con retroactividad de las
cesantías para los empleados de la rama legislativa, ciertamente operó pero a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 344 del 31 de diciembre de 1996, la que indudablemente es
la que más favorece al trabajador demandante».

9.5. Por lo anterior «cabe resaltar que la jurisprudencia constitucional ha sido
especialmente celosa en la protección del denominado principio de favorabilidad, con
respecto a las relaciones laborales públicas o privadas, y es así como la honorable Corte
Constitucional al proferir la sentencia de unificación de tutela No. SU 098 del 8 julio».

1.5. Trámite de segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar8.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

8 Así se indicó en el auto del 16 de febrero de 2024, visible en Samai, índice 5

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II. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

12. De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se
circunscribe a establecer ¿si Juan Carlos Ramos Santacruz tiene derecho a la
liquidación de sus cesantías en aplicación del régimen retroactivo?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre los miembros de corporaciones públicas y empleados públicos de
la Rama Legislativa

13. En el capítulo 2 concerniente a la función pública, el artículo 123 de la Constitución
Política previó dentro del género de servidores públicos a «los miembros de las
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios».

14. La primera categoría hizo referencia a los miembros de las corporaciones
públicas de elección popular directa, entre los que se encuentran aquellos de
representación popular territorial, esto es ediles, concejales, diputados,
representantes a la Cámara y, en el orden nacional, senadores.

15. La Ley 28 de 1983 definió como «empleados de la Rama Legislativa del Poder
Público» a «[t]odas las personas naturales que presten sus servicios al Congreso de la
República» [artículo 1]. Su vinculación laboral [la norma se refirió específicamente a
los «empleados que conforman la planta de personal creada por la Ley 52 de 19789»], se
hace a través de nombramiento expedido por las respectivas mesas directivas del
Senado de la República y la Cámara de Representantes [artículo 2].

16. La clasificación de estos empleos se definió, por mandato del artículo 3 ibidem,
en: (i) de elección, a saber secretarios generales, subsecretarios generales,
secretarios auxiliares de las corporaciones y los secretarios generales de las
Comisiones Constitucionales y Legales; (ii) de nombramiento por resolución de las
mesas directivas, quienes tienen un período igual al de los congresistas, con
excepción de los empleos que de acuerdo con la planta de personal están
vinculados directamente a las presidencias y las vicepresidencias de las
corporaciones, esto es:

«[…]
Presidencia
a) el secretario privado
b) los profesionales asistentes

9 «Por la cual se determinan la planta de personal para el Congreso Nacional, se fijan sus
asignaciones y se dictan otras disposiciones»

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c) una secretaria ejecutiva
d) un chofer

Vicepresidencias 1ª y 2ª
a) el secretario privado
b) el profesional asistente
c) una secretaria ejecutiva
[…]»

17. Dentro de la clasificación también se encuentran: (iii) los asistentes de los
parlamentarios, empleos que no tienen período fijo y pueden ser nombrados y
removidos por resolución de la mesa directiva en cualquier momento a petición del
respectivo parlamentario que lo recomendó.

18. El artículo 4 ejusdem previó que los empleados de la Rama Legislativa, con
independencia del origen de su nombramiento, tendrían derecho a su afiliación a la
Caja Nacional de Previsión Social y a devengar todas las prestaciones sociales
establecidas en la Ley 52 de 197810, entre estas el auxilio de cesantías, según se
expondrá mas adelante.

2.2.2. En torno al auxilio de cesantías

19. El 4 de junio de 1934 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por medio
del Convenio 44 «sobre el desempleo» estableció la obligación atinente a la
determinación de «un sistema que garanti[zara] a los desempleados involuntarios» una
indemnización equivalente a una cantidad devengada con motivo de las
cotizaciones abonadas en virtud del empleo del beneficiario afiliado a un sistema
obligatorio/voluntario o, un subsidio -no un socorro- en la medida en que no
dependía del estado de necesidad del solicitante, constituido por una remuneración
que se otorgaría en las condiciones fijadas por la legislación nacional, siempre que
la pérdida del empleo no se hubiera generado como consecuencia de la suspensión
del trabajo causada por un conflicto de trabajo, por su propia culpa o por abandono,
y con el fin de obtenerla de forma fraudulenta.

20. El Convenio 44 de la OIT y los expedidos con posterioridad, sobre la protección
contra el desempleo no fueron ratificados por Colombia y en ese sentido no integran
el bloque de constitucionalidad11. Sin embargo, el 20 de noviembre de 1934, se

10 «Por la cual se determinan la planta de personal para el Congreso Nacional, se fijan sus
asignaciones y se dictan otras disposiciones»
11 También se encuentran otros convenios de la OIT orientados a que los sistemas de seguridad

social brinden una ayuda al empleo y un apoyo económico a las personas desempleadas por razones
involuntarias, entre ellos, el 102 «sobre la seguridad social (norma mínima)» de 1952, que fijó un
nivel de protección conocido como «régimen de indemnización de desempleo» destinado a cubrir la
contingencia derivada de la suspensión de las ganancias ocasionada por la imposibilidad de obtener
un empleo conveniente en el caso de una persona protegida apta y disponible para trabajar, según

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expidió la Ley 1012 que previó una indemnización originada por la terminación del
contrato de trabajo, de acuerdo con el fin de protección al desempleo señalado por
esa organización internacional. En aquella se estableció por primera vez la
obligación de «extender por escrito» el contrato de trabajo en el sector privado13, y en
el artículo 14 señaló las concesiones y auxilios para los trabajadores particulares,
dentro de los cuales incluyó el de cesantías, equivalente a un mes de sueldo por
cada año de servicio que prestaran y proporcional por las fracciones de año. Este
pago tenía un carácter indemnizatorio en caso de despido sin justa causa o de
terminación del contrato por vencimiento del plazo. Con esta misma naturaleza, las
leyes 95 de 1941, 56 de 1942 y 3 de 1943 ampliaron el pago a algunos obreros y
trabajadores dedicados a obras públicas.

21. La Ley 6 de 194514, en el artículo 12, literal f), previó las cesantías como una
prestación a cargo del patrono y, adicional a ello, les otorgó la posibilidad a los
trabajadores de adquirir las sumas acumuladas por ese concepto cada tres años de
labor continua o discontinua. El beneficio se extendió con la expedición de la Ley 65
de 194615 a los empleados públicos tanto del nivel nacional como del territorial y a
los trabajadores particulares, con independencia de la causa del retiro, a partir del
1° de enero de 194216. Para su liquidación se computaría no solo el salario fijo sino
«[…] lo que se percib[iera] a cualquier otro título y que impli[cara] directa o indirectamente
retribución ordinaria y permanente de servicios». De este modo, el legislador le sustrajo
el carácter sancionatorio frente al empleador e indemnizatorio para el trabajador.

22. Con la expedición del CST17 a través del Decreto 2663 de 1950 se buscó la
justicia en las relaciones laborales en el marco de la coordinación económica y
equilibrio social. Este estatuto definió varios de los principios que aún en la
actualidad inspiran la interpretación de las fuentes del derecho laboral, entre ellos,
la garantía de un mínimo de derechos irrenunciables en favor de los trabajadores.
En este contexto, el auxilio de cesantía fue previsto dentro del título de prestaciones
patronales comunes, entendido como un ahorro forzoso destinado a cubrir el riesgo
o contingencia derivada de la finalización del contrato de trabajo, a fin de que

el período de cotización o las prestaciones recibidas durante la relación laboral (parte IV, arts. 19 –
24).
Con base en este, la OIT adoptó el Convenio 168 de 1988 «sobre el fomento del empleo y la
protección contra el desempleo» de una persona apta y disponible para trabajar efectivamente, cuyo
ámbito se amplió no solo a la pérdida de las ganancias (total), sino también a la reducción de aquellas
(parcial), inclusive sin terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos,
estructurales o análogos y en función de los recursos del beneficiario y de su familia para garantizar
condiciones vida saludables y dignas, según lo dispuesto en las normas nacionales (arts. 10, 12, 16).
12 «Sobre pérdida y rehabilitación de derechos políticos y por la cual se establecen algunos derechos

de los empleados».
13 Artículo 13 de la Ley 10 de 1934.
14 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
15 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
16 Artículo 1 de la Ley 65 de 1946.
17 En adelante CST.

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atendiera sus necesidades mientras se encontrara cesante18.

23. El ámbito de protección de esta prestación se amplió y se admitió su pago no
solo para contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los
asalariados ante el cese de la actividad productiva (cesantías definitivas), sino
también para satisfacer ciertos requerimientos de educación y vivienda, así como
las de su núcleo familiar19 (retiros parciales de cesantías). De ahí se deriva para el
empleador la obligación de liquidar las cesantías de forma oportuna y en la cuantía
legal debida.

24. Si bien el artículo 249 del CST ya contaba con una prestación social a cargo del
empleador denominada auxilio de cesantías, cuyo propósito es que los cesantes
cuenten con unos recursos que les permitan asegurar la subsistencia durante el
periodo de desempleo, con la Constitución Política de 1991 se estableció el principio
de dignidad humana y una política social y económica justa perseguida por el
Estado social de derecho. Una de sus manifestaciones, es que todas las personas
tengan derecho a condiciones mínimas para subsistir entendidas como mínimo vital.

25. En el ámbito laboral también se especificaron unos principios mínimos
irrenunciables, entre ellos, la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo,
la estabilidad en el empleo, la aplicación de la situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho, la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales, la garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario, así como la protección especial a la mujer,
a la maternidad y al trabajador menor de edad.

26. En relación con el fundamento normativo superior de las cesantías, la Corte
Constitucional20 ha señalado que se encuentra soportado en los artículos 42 y 48 de
la Constitución Política y que se trata de una figura jurídica que responde a una
clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre empleador y
trabajador.

27. Asimismo, se ha reconocido que el auxilio de cesantías es una de las
prestaciones sociales más importantes para los trabajadores y sus familias, por
haberse instituido como un respaldo económico para que sus titulares accedan a
bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de su calidad de vida. En la

18 «Artículo 249. Regla General. Todo {empleador} está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las

demás personas que se indican en este Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de
cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año».
19 En el régimen del Derecho laboral individual, el artículo 102 de la Ley 50 de 1990 permite al

trabajador retirar las sumas abonadas en su cuenta por concepto de cesantías; y en Derecho laboral
administrativo, la posibilidad de retiros parciales fue prevista en la Ley 1071 de 2006.
20 Sentencia C-171 de 2020.

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sentencia C-823 de 200621, luego de reseñar el paso de indemnización a prestación
social, resaltó su connotación de apoyo para el acceso a bienes y servicios
indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de la población
trabajadora y su núcleo familiar.

28. Al respecto, la Corte Constitucional señaló que se trata de «un ahorro forzoso del
trabajador, que el empleador está obligado a cancelar a la terminación del vínculo laboral y
que al empleado le sirve para subvencionar sus necesidades mientras permanece cesante
o para atender otros requerimientos importantes [...]»22, como se mencionó
anteriormente. Asimismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación,
explicó que se trata de un «ahorro que constituye prestación social»23.

29. De conformidad con lo establecido por los instrumentos internacionales 24 y la
jurisprudencia, las cesantías son una prestación de la seguridad social que de
manera conjunta -durante la vigencia de la relación laboral y al momento del
retiro-, responde a un beneficio mínimo establecido en la normativa laboral, el cual
adquirió la condición de irrenunciable por mandato del artículo 53 constitucional.

2.2.3. Sobre los regímenes de liquidación retroactivo y anualizado del auxilio
de cesantías

30. En lo concerniente a su liquidación, como se expuso, una vez se concedió al auxilio
de cesantías el carácter de prestación exigible a la terminación de la relación laboral,
su liquidación se efectuaba bajo un régimen denominado retroactivo, «a razón de un
mes de sueldo o jornal por cada año de servicio»25, tal como fue previsto en las leyes 6 de
1945, 65 de 1946 y en el artículo 249 del CST.

31. En tal sentido, se advierte que el auxilio de cesantía así previsto -sistema
retroactivo-, hizo referencia a la relación de correspondencia que existe entre el
auxilio y los años de servicio que se presten, debido a que se estableció la expresión
«a razón de»26, por lo tanto, se multiplica el sueldo o jornal por los años de servicio.
En consecuencia, en este caso el periodo que se tiene como referente para la
causación de las cesantías es directamente proporcional al tiempo de servicio, esto
es «un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio».

21 En esta sentencia, la Corte Constitucional declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del

Código Sustantivo del Trabajo, que establecía la exclusión de los trabajadores ocasionales del pago
del auxilio de cesantía, pues vulneraba la especial protección constitucional al trabajador.
22 Sentencia C-310 de 2007.
23 Concepto 1448 de 2002.
24 Convenios de la OIT 44 de 1934, 102 de 1952 y 168 de 1988.
25 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 10 de 1934, 1 del Decreto 2767 de

1945; 45, literal a), de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; y 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de
1947.
26 Según el Diccionario de la Real Academia Española, se define como: «diferencia constante entre

dos términos consecutivos de una progresión aritmética», «cociente de dos números o, en general,
de dos cantidades comparables entre sí» (tomado de https://dle.rae.es/raz%C3%B3n Indica la
correspondencia de la cantidad que se expresa a cada una de las partes de que se trata.

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32. Este régimen tradicional de liquidación de cesantías acogió a los empleados del
sector público y privado de manera uniforme hasta la expedición del Decreto 3118
de 1968, cuando se creó el Fondo Nacional del Ahorro 27 como un establecimiento
público al cual debían afiliarse de forma obligatoria los empleados públicos y
trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos, así como de las empresas
industriales y comerciales del estado del orden nacional. La excepción a esta regla
estaba constituida por los miembros de las cámaras legislativas, los miembros de la
fuerza pública, así como el personal civil del ramo de la Defensa Nacional (artículos
3 y 4 del Decreto 3118 de 1968).

33. Para los afiliados obligatorios del FNA, el Decreto 3118 de 1968 introdujo un
sistema de liquidación anualizado del auxilio de cesantías. Sin embargo, la norma
no impuso la misma condición para los trabajadores que se vincularan a dicha
entidad de forma voluntaria.

34. Más adelante, la Ley 33 de 1985 dispuso que, quienes ingresaran a la Rama
Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías, a partir del 1° de enero de
ese año, se regirían por el Decreto 3118 de 1968 y las normas que lo adicionaran y
reglamentaran, en lo relacionado con la liquidación y pago de las cesantías.

35. Dentro de este régimen anualizado, que en esencia se mantiene a pesar de la
transformación de naturaleza jurídica del FNA a la de empresa industrial y comercial
del Estado, ordenada por la Ley 432 de 199828, el señalado fondo tiene como objeto
la administración de los recursos de las cesantías de determinados empleados
públicos y trabajadores oficiales, así como su protección contra la depreciación
monetaria y el reconocimiento de intereses. Todo ello, en aras de contribuir a la
solución del problema de vivienda de los servidores del Estado. La viabilidad de este
último propósito se garantizó al otorgarle la posibilidad de conceder préstamos con
garantía hipotecaria y educativos para los afiliados, su cónyuge, compañero (a)
permanente e hijos mediante convenios interadministrativos con el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y de Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex)29.

36. El artículo 5 ibidem modificó la regla general de afiliación al FNA, puesto que a
partir de su vigencia, fue obligatoria, para «los servidores públicos de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional»; exceptuada para el «personal
uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, [y] los afiliados al Fondo

27 En lo que sigue FNA.
28 «Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se

dictan otras disposiciones.»
29 Según lo dispuesto en la Ley 432 de 1998, por la cual se transformó la naturaleza del FNA a

Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado
como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y capital independiente.

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Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989», y
voluntaria para «los demás servidores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios».

37. Asimismo, dentro del enfoque de apertura económica iniciado por el gobierno
nacional en 199030, con el fin de incrementar la productividad de capital y la
inversión colombiana en la competencia internacional, la Ley 50 de 1990 implantó
un nuevo sistema en materia del derecho individual y colectivo. Su intención fue la
de crear nuevas unidades de producción, entre ellas, las cesantías administradas
bajo otro sistema por medio de instituciones financieras de carácter especializado
con el objeto de capitalizar sus rendimientos.

38. Este modelo se extendió al sector público con ocasión del artículo 13 de la Ley
344 de 199631, expedida para la racionalización del gasto público, el cual determinó
que «[s]in perjuicio de»32 los derechos convencionales y lo estipulado en la Ley 91 de
1989, las personas que se vincularan al Estado a partir de su entrada en vigor 33
tendrían un régimen de cesantías de liquidación anual y definitiva cada 31 de
diciembre, en armonía con las demás normas legales vigentes sobre esa prestación
del correspondiente órgano estatal.

39. Más adelante, el Decreto reglamentario 1582 de 199834 fijó como regla general
para los empleados públicos del nivel territorial la liquidación anual y la aplicación
del régimen previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 si se
afiliaban a los fondos privados; o el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley
432 de 1998, en caso de afiliación al FNA.

40. Luego, el Decreto 1252 de 200035, expedido en desarrollo de los principios
generales establecidos en la Ley 4 de 1992, previó que los empleados públicos,
trabajadores oficiales y miembros de la fuerza pública que se vincularan al servicio
del Estado a partir del 30 de junio de 200036 «tendrán derecho al pago de cesantías en
los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el
caso», incluso si en la entidad u organismo existía un régimen especial sobre tal

30 Ver: «La Revolución Pacífica. Plan de Desarrollo Económico y Social 1990 – 1994». Prólogo
recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/gaviria_prologo.pdf
31 Reglamentado por el Decreto 1582 de 1998.
32 Según el Diccionario de la Real Academia Española la locución adverbial sin perjuicio de significa

«dejando a salvo» o «sin ir en detrimento o en contra de». El Diccionario de uso del español dice
que es una «expresión concesiva de sentido semejante a aunque», y el Gran diccionario de uso del
español actual le asigna como sentido «sin ir en detrimento o en contra de».
33 31 de diciembre de 1996.
34 «Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432

de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones
en esta materia».
35 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los

trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».
36 Fecha de entrada en vigor del Decreto 1252 del 2000.

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prestación social, con excepción de quienes disfrutaban de la retroactividad de las
cesantías antes del 25 de mayo de 2000.

41. En concordancia con lo anterior, el Decreto 1919 de 2002 37 extendió el régimen
de prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel
nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad de que los beneficiarios
del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo38.

42. De acuerdo con lo expuesto, el auxilio de cesantías como prestación social
inicialmente se liquidó de forma retroactiva y las sumas reconocidas por ese
concepto eran entregadas al trabajador particular o servidor público al momento de
la finalización de la relación laboral. Sin embargo, en aras de saldar el déficit
habitacional a nivel nacional, con la creación del FNA en 1968, en 1990, la Ley 50
dispuso lo propio para los trabajadores del sector privado, que luego fue extendida
a los servidores públicos del nivel territorial con la Ley 344 de 1996 y nacional con
el Decreto 1252 de 2000.

43. Estas dos formas de liquidación del auxilio, retroactiva y anualizada, son las que
delimitan el concepto del régimen de cesantías. De aquí que el artículo 98 de la Ley
50 de 1990 los identificó así:

«Artículo 98.- El auxilio de cesantía estará sometido a los siguientes regímenes:

1. El régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el
Capítulo VII, Título VIII, parte primera y demás disposiciones que lo
modifiquen o adicionen, el cual continuará rigiendo los contratos de trabajo
celebrados con anterioridad a la vigencia de esta Ley.
2. El régimen especial que por esta Ley se crea, que se aplicará
obligatoriamente a los contratos de trabajo celebrados a partir de su vigencia.
[…]»

44. Conviene precisar que, si bien en algunas oportunidades la jurisprudencia ha
partido del concepto de régimen entendido como el «conjunto de normas por las
que se rige una institución, una entidad o una actividad»39, también es cierto que
esta no es la única acepción posible del término40. Esta aclaración resulta necesaria

37 «Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula

el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial».
38 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
39 En este sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de

octubre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00582 00 (2171-2012) acumulado11001-03-25-
000-2015-00544 00 (1501-2015)
40 En efecto, la RAE contiene las siguientes definiciones de régimen:

«1. m. Sistema político por el que se rige una nación.
2. m. Conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad.
3. m. Conjunto de normas que regulan la cantidad, el tipo y la distribución de los alimentos que debe
tomar una persona, generalmente por motivos de salud.
4. m. Conjunto de características regulares o habituales en el desarrollo de algo. El régimen de lluvias
no ha cambiado en los últimos años.

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en materia de cesantías, teniendo en cuenta que, dentro del conjunto de
trabajadores sometidos a una misma forma de liquidación de la prestación, algunos
reciben un trato diferenciado por las normas que los regulan a partir de criterios tales
como la naturaleza de la vinculación laboral, el tipo de actividades a las que se
dedican y la entidad que administra sus recursos. Esta situación en muchas
oportunidades lleva a afirmar que están cobijados por un régimen especial de
cesantías con liquidación anualizada.

45. En general, la mencionada denominación tiene como referente el ente
administrador, pues por lo regular, cada uno está sometido a las disposiciones
particulares, es este precisamente el caso del FNA. Incluso, la misma Ley 50 de
1990, en el numeral 2 del citado artículo 98, prescribe que en dicha norma se creó
un régimen especial, aunque la referencia es al anualizado, que en otras
oportunidades también se le ha denominado régimen general porque comprende a
la mayoría de los servidores. Así las cosas, la especialidad no se predica del
régimen sino del sistema de administración de cesantías, determinado por el
conjunto de reglas que les son aplicables a cada uno de ellos.

46. En ese orden de ideas, la delimitación de un régimen de cesantías parte de un
elemento en común e imprescindible en todos los casos, esto es la forma de
liquidación. De ello se desprende que, en el caso colombiano existen dos
regímenes, el retroactivo y el anualizado. En cuanto a las particularidades que llevan
a un tratamiento normativo especial, es posible determinar que aquellas están
definidas en función del sistema de administración al que están sometidos los
recursos y su relación con el régimen es la de especie a género.

34. De ello se desprende que, en el caso colombiano existen dos regímenes, el
retroactivo y el anualizado, así:

Régimen Normas Afiliados
Ley 10 de 1934 Servidores públicos y trabajadores
Ley 6 de 1945 particulares en general vinculados
RETROACTIVO
Ley 65 de 1946 antes de la expedición del Decreto
3118/68

Régimen Sistemas de administración Afiliados
(establecimiento Obligatorios: servidores públicos de la
público) - Decreto 3118 Rama Ejecutiva del orden nacional.
de 1968 Excepciones: miembros de las
ANUALIZADO FNA
cámaras legislativas, los miembros
de la fuerza pública y el personal civil
del sector defensa

5. m. Gram. rección.
6. m. Gram. Término regido por otro. El régimen del verbo confiar es la preposición en.
7. m. Tecnol. Estado de una máquina o dispositivo cuando funciona de un modo regular y
permanente.»

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(E.I.C.E.) - Ley 432 de Obligatorios: servidores públicos de
1998 la Rama Ejecutiva del orden
nacional.
En forma voluntaria: los demás
servidores públicos y particulares.
Excepciones: miembros de la fuerza
pública y el personal civil del sector
defensa.
Trabajadores particulares con
Fondos administradores de cesantías contrato de trabajo vigente desde
• Ley 50 de 1990 1/1/91 y en el sector público, quienes
se vinculen a los órganos y entidades
del Estado desde el 27/12/1996 (Ley
344/96)

35. Corolario de lo anterior, es que la delimitación de un régimen de cesantías parte
de un elemento en común e imprescindible en todos los casos, esto es la cuantía,
puesto que en ambos regímenes -retroactivo y anualizado- el auxilio de cesantías
corresponde a un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, solo que en el
primero de aquellos, la entrega del valor por concepto del auxilio se realiza a la
finalización de la relación legal o reglamentaria con base en el último salario
devengado; en tanto que en el segundo, la liquidación se efectúa cada 31 de enero
y su consignación se hace antes del 15 de febrero, so pena de la sanción moratoria,
de manera que si al término del vínculo existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al respectivo fondo, el empleador se los
pagará directamente con los intereses legales respectivos41.

36. Asimismo, la Subsección establece que, si bien el Decreto 3118 de 1968
exceptuó a «los miembros de las cámaras legislativas» de la regla general de
afiliación al FNA, la Ley 432 de 1998 la modificó y solo la determinó para el «personal
uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, [y] los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», de modo que se convirtió en
voluntaria para los demás servidores del Estado.

47. Ahora bien, las características de cada uno de los sistemas dentro del régimen
de liquidación anual permiten identificar los aspectos disímiles entre ellos. En primer
lugar, todos comparten elementos tales como una entidad administradora, la
cuantía y fecha en la que se debe liquidar el auxilio, así como una regulación sobre
el traslado de los recursos al fondo administrador, esta información se sintetiza de
la siguiente manera:

RÉGIMEN ANUALIZADO
Entidad
SISTEMA administradora Cuantía para su Fecha de Traslado de los
de cesantías liquidación liquidación recursos al
administrador
Un mes de 31 de diciembre Transferencia mensual
Ley 91 de 1989 FOMAG salario por cada (art. 19-3) de recursos sin
(art. 4) situación de fondos

41 Ley 50 de 1990, artículo 99, numeral 4

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RÉGIMEN ANUALIZADO
Entidad
SISTEMA administradora Cuantía para su Fecha de Traslado de los
de cesantías liquidación liquidación recursos al
administrador
año de servicio o
proporcional
(art. 19-3)
Antes del 15 de febrero
Ley 50 de 1990 Fondos de Un mes de 31 de diciembre del año siguiente a la
cesantía salario por cada (art. 99-1) liquidación, en la cuenta
(artículos 99-6 año de servicio o individual a nombre del
Ley 50/90 y 35 proporcional trabajador en el fondo
de la Ley (art. 99-1) de cesantía que él
1328/98) mismo elija (art. 99-3)
Ley 432 de 1998 FNA Un mes de 31 de diciembre Transferencias
Servidores públicos de (art. 5 de la Ley salario por cada (art. 27 Dec. - mensuales del valor
la Rama Ejecutiva del 432/98) año de servicio o 3118/68) total de los factores
Poder Público del orden proporcional (art. salariales base para
nacional 29 Dec. 3118/68) liquidar las cesantías; y
• anual: del valor
liquidado en febrero, de
acuerdo con los dos
últimos números de NIT
para fijar fechas de
pago (arts. 34, 49 del
Dec. 3118/68 y 6 de la
Ley 432/98)
Ley 432 de 1998 FNA Les aplica el 31 de diciembre Los empleadores del
Servidores públicos del (arts. 5, 6 - régimen del art. (Ley 50/90, art. sector privado deberán
orden territorial y parág. y 8 de la 99 de la Ley 99-1) liquidar y consignar las
trabajadores Ley 432 de/98) 50/90, en lo cesantías de sus
particulares relacionado con trabajadores afiliados al
las fechas de FNA, antes del 15 de
transferencia de febrero del año
cesantías y siguiente, de acuerdo
demás normas con lo establecido en el
reglamentarias, art. 99 de la Ley 50 de
que modifiquen o 1990 (art. 9 Ley 432/98)
sustituyan (Ley
432/98, art. 6 -
parág.)

48. En segundo lugar, además del valor del auxilio de las cesantías, cada sistema
prevé sumas adicionales por concepto de intereses, rendimientos o protección
contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, intereses sobre las cesantías,
así:

RÉGIMEN ANUALIZADO
Protección
SISTEMA Tope de contra la pérdida Intereses sobre Pago de los
Rentabilidad del valor cesantías intereses sobre
mínima adquisitivo las cesantías
FOMAG reconoce y En el mes de
Ley 91 de 1989 N/A N/A paga un interés marzo del año
anual sobre el saldo siguiente
de las cesantías al (Acuerdo 39 de
31 de diciembre de 1998, art. 4)
cada año,
equivalente a la
suma que resulte de

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RÉGIMEN ANUALIZADO
Protección
SISTEMA Tope de contra la pérdida Intereses sobre Pago de los
Rentabilidad del valor cesantías intereses sobre
mínima adquisitivo las cesantías
aplicar la tasa de
interés que, según la
Superintendencia
Financiera, haya
sido la comercial
promedio de
captación del
sistema financiero
durante el mismo
período (art. 19-3)
Ley 50 de 1990 AFP abonarán El empleador paga En el mes de
cada trimestre y a N/A 12% sobre el valor enero del año
prorrata de sus anual o proporcional siguiente aquel en
aportes liquidado (art. 99-2) que se causaron
individuales, los (Ley 52/75, art. 2)
rendimientos en
las cuentas de sus
afiliados. Esta no
podrá ser inferior a
una rentabilidad
mínima
determinada por la
Superintendencia
Financiera en
cada uno de los
portafolios de
inversión
administrados
(largo y corto
plazo), y por cada
período (arts. 101
de la Ley 50/90 y
52 de la Ley
1328/09)
Ley 432 de 1998 FNA FNA N/A
Servidores públicos N/A reconoce y abona reconoce y abona en Se abona en la
de la Rama Ejecutiva en la cuenta del cuenta el cuenta de
del Poder Público del afiliado como equivalente a la cesantías de cada
orden nacional mínimo un interés variación anual de la afiliado.
equivalente a la Unidad de Valor
variación anual de Real-UVR,
la Unidad de Valor certificada por el
Real -UVR Banco de la
certificada por el República, sobre las
Banco de la cesantías liquidadas
República, sobre por el empleador
su saldo correspondientes al
acumulado de año inmediatamente
cesantías a 31 de anterior. Para su
diciembre cálculo tendrá en
inmediatamente cuenta las fechas en
anterior (art. 11 las que fue
modif. por 224 de consignada cada
la Ley 1955/2019) fracción (art. 12
modif. por el 225 de
la Ley 1955/2019)
Ley 432 de 1998 N/A FNA El empleador paga En el mes de
Servidores públicos reconocerá y 12% sobre el valor enero del año
del orden territorial y abonará en cuenta anual o proporcional siguiente a aquel
trabajadores mínimo un interés liquidado (Ley 50/90, en que se
particulares equivalente a la art. 99-2) causaron (Ley
variación anual de 52/75, art. 2)

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Demandante: Juan Carlos Ramos Santacruz

RÉGIMEN ANUALIZADO
Protección
SISTEMA Tope de contra la pérdida Intereses sobre Pago de los
Rentabilidad del valor cesantías intereses sobre
mínima adquisitivo las cesantías
la Unidad de Valor
Real -UVR
certificada por el
Banco de la
República, sobre
su saldo
acumulado de
cesantías a 31 de
diciembre
inmediatamente
anterior (art. 11)

49. En tercer lugar, se observa que en cada caso están reguladas las condiciones y
oportunidades de pago de la prestación, los mecanismos dispuestos para asegurar
los recursos, así como las consecuencias del incumplimiento de los plazos legales,
y su efectividad, así se muestra en el siguiente cuadro:

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Demandante: Juan Carlos Ramos Santacruz

RÉGIMEN ANUALIZADO

SISTEMA Mecanismo para Pago de cesantías Sanción por pago tardío
garantizar la (retiros parciales y (cesantías parciales y
disponibilidad de los definitivo) definitivas)
recursos
La disponibilidad de los -Parcial: para vivienda y Sí, según lo previsto en la
Ley 91 de 1989 recursos está asegurada educación Ley 1071/06 artículo 5
desde la etapa de
planeación del -Definitivo: por retiro del Sentencias SU-336 de 2017
presupuesto, en la que se servicio (Ley 1071/06 art. y CE-SUJ2-SII-012-2018
incorporan los recursos 3) (4961-2015)
necesarios para el pago
de las obligaciones del
FOMAG, durante el
respectivo período incluso
por el concepto de
cesantías y el traslado de
los recursos a cargo del
SGP y los entes
territoriales.
Ley 50 de 1990 Sanción moratoria a cargo Trabajadores regulados Trabajadores regulados por
del empleador que por el CST: arts. 65 el CST: art. 65 respecto del
incumpla el plazo del art. (definitivo) y 102 de Ley empleador.
99-2. Deberá pagar un día 50/90 (parcial)
de salario por cada día de Servidores públicos: según
retardo Servidores públicos: la Ley 1071 de 2006, art. 5
-Parcial: para vivienda y
educación
-Definitivo: por retiro del
servicio (Ley 1071/06 art.
3)
Ley 432 de 1998 Se genera en favor del -Parcial: para vivienda y Cuando se trate de
Servidores públicos FNA el derecho para educación (Ley 1071/98) solicitudes presentadas
de la Rama exigir las sumas ante el FNA, se aplicarán
Ejecutiva del Poder respectivas por la vía -Definitivo: por retiro del
los términos fijados en los
Público del orden ejecutiva y para cobrar servicio (arts. 37 - 39 del
nacional sobre ellas intereses 2% Dec. 3118/68) arts. 4 y siguientes de la Ley
mensual por el tiempo de 1071 de 2006 (Dec. 1562
la mora (art. 51 del de 2019, arts. 1 y 2)
Decreto 3118/68)
Ley 432 de 1998 Trabajadores regulados Trabajadores regulados por
Servidores públicos Le da derecho al FNA por el CST: art. 65 si es el CST: Ley 1071/06, art. 2)
del orden territorial para cobrar a su favor los definitivo y parcial, solo
y trabajadores intereses moratorios (art. para vivienda (art. 8 Servidores públicos:
9 Ley 432/98) parág. Ley 432/98) Cuando se trate de
particulares
solicitudes presentadas
ante el FNA, se aplicarán
los términos fijados en los
arts. 4 y siguientes de la Ley
1071 de 2006 (Dec. 1562
de 2019, arts. 1 y 2)

2.2.4. Sobre las normas especiales que en materia de cesantías se expidieron
respecto de los congresistas y empleados de la Rama Legislativa

37. Como se expuso en precedencia, la Ley 28 de 1983 señaló en el artículo 4 que
los empleados de la Rama Legislativa tendrían derecho a las prestaciones sociales
establecidas en la Ley 52 de 197842, entre estas el auxilio de cesantías.

42 «Por la cual se determinan la planta de personal para el Congreso Nacional, se fijan sus
asignaciones y se dictan otras disposiciones»

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38. La Ley 33 de 198543 determinó que se entendería por cajas de previsión social,
aquellas entidades de cualquier nivel [nacional, departamental, municipal], con la
función de pagar las pensiones a los empleados oficiales, dentro de los que se
encontraban «los empleados públicos, nombrados o elegidos, los trabajadores oficiales y
los funcionarios de seguridad social» [artículos 13 y 14]. Asimismo, creó el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República como establecimiento público del
orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, con la función de efectuar el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales de los congresistas, empleados del Congreso y del fondo,
entre otras [artículo 15, numeral 1].

39. En virtud de las facultades otorgadas por la Ley 4 de 199244 el gobierno nacional
expidió el Decreto 906 del 2 de junio de 1992, en el que, al dictar disposiciones en
materia salarial para los miembros y empleados del Congreso de la República,
determinó que a partir de su publicación «los nuevos miembros del Congreso no
tendr[ía]n derecho a retroactividad en las cesantías» [artículo 2].

40. A su vez, la Ley 5 de 17 de junio de 199245, creó la estructura, organización
básica y la nueva planta de personal de las Cámaras Legislativas reiteró que «[l]os
funcionarios al servicio de las Corporaciones, se denominan empleados de la Rama
Legislativa del Poder Público» y la clasificación según el origen del nombramiento en
[artículo 384]:

(i) de elección, entre los que se encuentran secretarios generales, subsecretarios
generales, secretarios generales de las Comisiones Constitucionales y los
coordinadores de las Comisiones legales de ambas Cámaras y el director general
del Senado de la República;

(ii) de libre nombramiento y remoción, entre los que enlistó al director
administrativo de la Cámara de Representantes, jefes de división y jefes de Oficina
del Senado y la Cámara, secretarios privados, profesionales universitarios,
secretarias ejecutivas y conductores de las presidencias y vicepresidencias de
ambas Cámaras; la secretaria ejecutiva, los conductores, el profesional II y el
asistente administrativo de la Secretaría General de ambas Cámaras; el profesional
universitario, y el conductor del director general del Senado; conductores de las
Comisiones Constitucionales y Legales de ambas Cámaras; el asistente de control
de cuentas de la Cámara, los coordinadores de las Comisiones de Ética de ambas
Cámaras y de Derechos Humanos y Audiencias, y de la Comisión adscrita a
organismos Nacionales e Internacionales del Senado.

43 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público»
44 Artículo 1, literal b)
45 «Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes»

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(iii) de carrera administrativa, categoría de la que hacen parte los demás cargos
o empleos no señalados en los anteriores ordinales.

41. Así el empleo de profesional universitario es de libre nombramiento y remoción,
según lo señalado en el artículo 384 ibidem, para un período de 2 años, contado a
partir del 20 de julio, fecha de instalación del cuatrienio legislativo.

42. Ahora bien, en el artículo 386 estableció la transición del personal actual, al
prever que «[l]os empleados que a la expedición de la presente Ley se encuentren
vinculados al Congreso y sean nombrados en un cargo de la nueva planta, seguirán
disfrutando de las prestaciones sociales en los términos y condiciones legales establecidos
a la fecha y expedición de esta Ley».

43. Debido a que la anterior disposición estableció una nueva planta de personal
para el Senado de la República y la Cámara de Representantes, creó una nueva
nomenclatura de cargos y grados para las distintas denominaciones de los empleos
del Congreso de la república, a través del Decreto 1111 del 3 de julio de 1992, el
gobierno nacional fijó la escala de asignación básica mensual. En el parágrafo del
artículo 1 extendió a los empleados públicos del Congreso, «el régimen prestacional
[…] de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del nivel nacional».

44. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalado en asuntos similares que
los empleados vinculados al servicio del Congreso de la República con posterioridad
a la Ley 5ª de 1992 [17 de junio de 1992], le son aplicables las disposiciones del
régimen anualizado para la liquidación de sus cesantías establecido para los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del poder público del nivel nacional46.

2.3 Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

45. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:

45.1. Juan Carlos Ramos Santacruz fue nombrado profesional universitario de la
División de Planeación y Sistemas, grado 06, por medio de la Resolución 523 del
17 de julio de 1992, expedida por la Comisión de la Mesa del Senado de la
República, del cual tomó posesión el 4 de agosto de esa anualidad.

45.2. La Jefatura de la Sección de Registro y Control del Senado de la República, el
19 de agosto de 2020 certificó que presta sus servicios desde el 4 de agosto de

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. De la Subsección

A, sentencia del 21 de marzo de 2024, dentro de los procesos con radicación 25000-23-42-000-
2022-00423-01 (6750-2023) y 25000-23-42-000-2021-00947-01 (4977-2023); y de la Subsección B,
sentencia proferida el 24 de mayo de 2024, dentro del proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00520-01 (3080-2023).

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1992 y que en la fecha en la que se suscribió la constancia ocupaba el cargo de
«asesor II Ley Quinta de la División de Planeación y Sistemas».

45.3. En el extracto individual de la cuenta de cesantías, expedido por el FNA, se
reportó el periodo correspondiente a «01/01/2005 – 10-08-2020». En este también
se señaló «total débitos: $91.900.000».

45.4. El 14 de septiembre de 2020 solicitó al Senado de la República el
reconocimiento del régimen de cesantías con retroactividad, por cuanto se vinculó
a la entidad con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 y, como consecuencia, «se
efectúen y paguen las reliquidaciones correspondientes al momento del retiro parcial o
definitivo de sus cesantías».

45.5. El
26 de octubre de 2020, el jefe de División de Recursos Humanos del
Congreso de la República expidió el Oficio DRH-CS-CV19-1236-2020 [uno de los
actos acusados], en el que denegó la petición, al considerar lo siguiente:

«[…] la Ley 6ª de 1945, el Decreto 1160 de 1947, y el Decreto 3118 de 1968
previeron el derecho al auxilio de cesantías para los servidores del sector público en
el orden nacional, en razón de un mes de sueldo por cada año de trabajo continuo
o discontinuo y proporcional por las fracciones de año, es decir un régimen
anualizado de cesantías, lo anterior permite concluir que no fue la Ley 344 de 1996
la que originó dicho régimen de liquidación.

Por lo expuesto, resulta improcedente acceder a la solicitud de reconocimiento y
pago de cesantías por retroactividad presentada a nombre de los funcionarios del
Senado de la República referidos, en tanto que: (i) El régimen anualizado de
cesantías para el orden nacional es aplicable incluso antes de la entrada en vigencia
de la Ley 344 de 1996 y; (ii) no existe norma especial que disponga la aplicación del
régimen de liquidación para los empleados públicos del Senado de la República, las
disposiciones en la materia están previstas para los congresistas.
[…]».

45.6. El 10 de noviembre de 2020 el demandante impugnó la decisión y fue resuelta
a través de la Resolución 112 del 15 de febrero de 2021 por la directora general de
la entidad en la que confirmó la decisión anterior, con el argumento de que «no
existe norma jurídica alguna que de forma específica establezca para los empleados
públicos de la Rama Legislativa un régimen de liquidación de cesantías por retroactividad,
por lo que no resulta procedente disponer el reconocimiento de tal prestación social a favor
de los funcionarios peticionarios».

45.7. La petición señalada también se presentó ante el FNA, entidad que por medio
del Oficio 01-2303-202009230209965 suscrito por el coordinador del Grupo de
Atención y Respuesta al Consumidor Financiero, señaló que la solicitud era
improcedente, puesto que «si tiene algún régimen de retroactividad debe dirigirse a la
Jefatura de Personal de la entidad nominadora», máxime cuando las controversias entre
empleadores y los afiliados con ocasión de la liquidación y traslado de las sumas
correspondientes a la prestación social, debían resolverse por la autoridad

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competente.

2.3.2. Caso concreto

46. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
en sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 negó las pretensiones de la
demanda, en atención a que el demandante ingresó al Senado de la República el 4
de agosto de 1992, esto es, después de la entrada en vigor de la Ley 5 de 1992, por
lo que le resultaba aplicable el régimen prestacional de los empleados públicos de
la rama ejecutiva del poder público del nivel nacional, a quienes desde la expedición
del Decreto 3118 de 1968 se les liquida de forma anualizada el auxilio de cesantías.

47. El demandante en el recurso de apelación manifestó su desacuerdo frente a la
interpretación del a quo, atinente a que los decretos 906 y 1111 de 1992
establecieron en forma explícita el régimen anualizado de cesantías para la totalidad
de los servidores vinculados a la Rama Legislativa del poder público, ya que estas
disposiciones eran aplicables solo a miembros del Congreso, mas no los empleados
públicos al servicio de la Corporación [categoría dentro de la que se encuentra el
apelante].

48. Ahora, ciertamente el Decreto 3118 de 1968 introdujo un sistema de liquidación
anualizado cuando creó el FNA, del cual se exceptuó en forma expresa a los «las
cesantías de los miembros de las Cámaras Legislativas [y] de los empleados de la mismas».

49. Sin embargo, el Decreto 906 de 1992 estipuló en forma expresa que «los nuevos
miembros del Congreso no tendrán derecho a retroactividad en las cesantías», cuyo objeto
de aplicación fueron los miembros y empleados del Congreso de la República.

50. Con la expedición de la Ley 5 del 17 de junio de 1992, por la cual se determinó
la nueva planta de personal, reiteró que «[l]os funcionarios al servicio de las
Corporaciones, se denominan empleados de la Rama Legislativa del Poder Público» y a
través de la transición establecida por el artículo 386 ibidem, salvaguardó a los
empleados vinculados al Congreso antes de la expedición de la citada ley, respecto
de las prestaciones sociales, en los términos y condiciones previstos en esa ley.

51. Asimismo, el artículo 1 del Decreto 1111 del 3 de julio de 1992 previó que «los
empleados públicos del Congreso» disfrutarían del régimen prestacional «de los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del nivel nacional», sin que
se exceptuara en modo alguno las cesantías, como el demandante lo señaló.

52. De ese modo, para la fecha en que ingresó el demandante, esto es el 4 de agosto
de 1992 al Senado de la República como profesional universitario de la División de
Planeación y Sistemas, grado 06, se había prohibido de manera expresa el sistema
de administración retroactivo de las cesantías para los empleados del Congreso de
la República y, por virtud del Decreto 1111 de 1992, le era aplicable el régimen

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anualizado para la liquidación de sus cesantías establecido para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del nivel nacional.

53. Lo anterior, aunado a que para la fecha en que elevó la reclamación
administrativa, se desempeñaba como empleado del Congreso de la República,
cuya afiliación al FNA era voluntaria a partir de la Ley 432 de 1998, y en efecto
ocurrió desde los años 2005 y 2020 y efectuó retiros parciales por la suma de
$91.900.000.

54. Tampoco es de recibo el argumento concerniente a que procede su aplicación
de acuerdo con el principio de favorabilidad en materia laboral previsto en los
artículos 53 constitucional y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con
lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 2018.

55. En la referida sentencia, la Corte Constitucional garantizó los derechos laborales
mínimos del accionante, quien era un docente vinculado en provisionalidad que
nunca fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por
error interno de la administración y a la terminación de la relación laboral reclamó
las cesantías y la sanción por mora.

56. En tal sentido, aquella providencia no constituye precedente judicial aplicable en
el asunto de la referencia, pues se refirió a la omisión del empleador frente a la
afiliación de un fondo administrador de cesantías, de tal manera que en virtud de
una interpretación favorable, el personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al Fomag le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción
moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente
estatal, tal y como lo consideró el Consejo de Estado en la sentencia SUJ-032-CE-
S2-202347.

57. A diferencia de lo anterior, en el caso objeto de análisis, el demandante se
encontraba afiliado al FNA y le fue trasladado el valor correspondiente a la
prestación y además efectuó retiros parciales de acuerdo con los fines previstos en
la ley, de tal manera que no se desconoció en modo alguno el mínimo de protección
social previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.

50. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 15 de marzo de 2024
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

58. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

47 Dentro del proceso con radicación 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)

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«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

59. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

60. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma48.

61. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

62. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas
impuesta en primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

63. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en el presente caso, el
demandante no era beneficiario del sistema de administración retroactivo de las
cesantías, habida consideración que para la fecha en que ingresó al Senado de la
República, esto es el 4 de agosto de 1992, se había prohibido de manera expresa
el sistema de administración retroactivo de las cesantías para los empleados del
Congreso de la República y, por virtud del Decreto 1111 de 1992, le era aplicable la
liquidación anual establecida para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del
nivel nacional.

51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 15 de marzo de
2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, que condenó en costas al demandante y, en su lugar:

«SEGUNDO: No condenar en costas.»

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Juan Carlos
Ramos Santacruz contra la Nación, Congreso de la República, Senado de la
República y el Fondo Nacional del Ahorro, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

JMC

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