República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00778-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00778-01 (1399-2024)
Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca, Secretaría de Educación,
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales. Subtema 1:
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Subtema 2: sanción por mora en el pago tardío
de cesantías parciales. Subtema 3: responsabilidad de la sanción moratoria
prevista en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019; el decreto 942 de 2022 y el artículo
324 de la Ley 2294 de 2023.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Cundinamarca contra la
sentencia proferida el 15 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual declaró la
nulidad del acto ficto negativo derivado del silencio frente a la petición de pago de
sanción moratoria y condenó al ente territorial a cancelar dicha sanción.
1. Síntesis del caso
La señora Elsa Eliana Isabel Robayo Fique presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con la pretensión de nulidad del acto administrativo
ficto negativo producto del silencio de la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Departamento de
Cundinamarca y la Fiduciaria La Previsora SA, a su solicitud del 2 de marzo de
2021, de reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria prevista en las
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Indicó que tiene derecho a que se le reconozca
un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días
hábiles después de haber presentado su solicitud ante la entidad demandada.
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00778-01 (1399-2024)
Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Elsa Eliana Isabel Robayo Fique, mediante apoderado, presentó demanda1
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, el Departamento de Cundinamarca y la Fiduciaria La
Previsora SA, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de
derecho que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
(i) La parte actora solicitó que se declare la nulidad del acto ficto configurado
con ocasión del silencio administrativo ante la ausencia de respuesta de la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a la petición que radicó el 2 de marzo de 2021, y en
la que pretendió el reconocimiento y pago de la sanción por mora derivada
del pago tardío de las cesantías parciales.
(ii) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la entidad
demandada reconocer y pagar a su favor la referida sanción equivalente a un
día de salario por cada día de retardo, según las leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006, y que se genera 70 días hábiles después de la fecha de radicación
de la solicitud del auxilio ante la administración y hasta cuando se hace
efectivo el pago.
(iii) Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(iv) Reconocer el pago de las sumas y que estas sean indexadas conforme a la
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha del pago
de la cesantía hasta la ejecutoria de la sentencia.
(v) Ordenar el pago de los intereses a partir del día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia y por el tiempo en el que se efectúe el pago de la
sanción moratoria.
(vi) Condenar en costas a la entidad demandada de conformidad con lo
establecido en el artículo 188 del CPACA2.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso lo
siguiente:
(i) La señora Elsa Eliana Isabel Robayo Fique presentó el 17 de junio de 2019
ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
1 Samai, índice 2, 01Demanda Anexos, páginas 2 a 8 del archivo digital.
2 Se transcribe con errores de texto.
2
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00778-01 (1399-2024)
Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
Prestaciones Sociales del Magisterio, petición de reconocimiento y pago de
cesantías parciales.
(ii) Mediante Resolución núm. 001228 de 10 de septiembre de 2019, le fueron
reconocidas las cesantías parciales. Este acto fue modificado por la
Resolución 000292 de 5 de febrero de 2020 sin embargo, el pago se hizo
efectivo hasta el 12 de septiembre de 2020, por intermedio de una entidad
bancaria.
(iii) Después de advertir que la cancelación del auxilio se efectuó luego de
vencido el plazo de 70 días previsto por las leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, la demandante, el 2 de marzo de 2021, presentó una petición ante las
entidades Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Secretaría de Educación Departamento de Cundinamarca y la Fiduciaria la
Previsora SA en la que solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por
el pago tardío de sus cesantías parciales.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
3. La demandante adujo que la entidad desconoció la Constitución Política
artículos 25 y 53; la Ley 91 de 1989, artículos 5 y 15; la Ley 244 de 1995, artículos
1 y 2; y la Ley 1071 de 2006, artículos 4 y 5.
4. Al explicar el concepto de violación, hizo referencia a lo establecido en las
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 que fijaron un plazo máximo de setenta (70) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se radica la solicitud de cesantías
parciales, para que la administración realice el pago correspondiente a favor del
trabajador.
5. La demandante pidió al fondo accionado el reconocimiento y pago del auxilio
de cesantías parciales, pero este accedió a lo solicitado con posterioridad al plazo
otorgado por las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, razón por la que se hace
exigible la sanción moratoria que reclama a través de este medio de control.
2.2. Contestación de la demanda
6. El Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a través de apoderado, contestó la demanda3. Se opuso a
la prosperidad de las pretensiones al considerar que su representada no es la
obligada a pagar, ya que la Secretaría de Educación fue quien expidió la Resolución
núm. 1228 del 10 de septiembre de 2019 con posterioridad al término respecto de
la petición de reconocimiento y pago. En igual sentido, consideró que se debía tener
en cuenta que el 1 de junio de 2021 se generó un pago por concepto de sanción
moratoria. Por último, puso de presente que era improcedente la indexación de la
sanción así como la condena en costas.
7. Expresó que la secretaría de Educación debió verificar que se contara con el
rubro presupuestal para el pago de la prestación, aunado a que sostuvo que se
acogía al principio de legalidad del presupuesto y a los precedentes dictados en
punto a la sanción moratoria, como era el caso de la sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-0213-2018 del 18 de julio de 2018.
3
Samai, índice 2, 14Contestcion Demanda Mineducacion, páginas 5 a 18 del archivo digital.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00778-01 (1399-2024)
Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
8. En este orden, formuló como excepciones: (i) la falta de integración del litis
consorte necesario toda vez que no se demandó a la Secretaría de Educación,
entidad encargada de la expedición y notificación del acto de reconocimiento de las
cesantías; (ii) el detrimento patrimonial; (iii) la buena fe; (iv) la inexistencia de la
obligación, (v) el cobro de lo no debido y (vi) la genérica.
9. Por su parte, el departamento de Cundinamarca contestó la demanda y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones4. En su argumentación, señaló que como
la demandante presentó la solicitud de reconocimiento de cesantías el 17 de junio
de 2019, el término para computar la sanción moratoria empezó a correr el 30 de
septiembre de 2019.
10. Asimismo, consideró que era inaplicable para el presente caso la Ley 1955
de 2019, en punto a la obligación a cargo de las entidades territoriales, porque
existía un vacío normativo respecto a los términos para proferir el acto administrativo
que reconoce y liquida las cesantías. En concreto, al momento de pretender
aplicarse la citada ley no existía un decreto reglamentario o alguna fuente jurídica
de carácter general.
11. Por tanto, el caso se enmarca en el supuesto previsto en el parágrafo
transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que le atribuye responsabilidad
exclusiva al Fomag por el pago total de dicha sanción. Bajo este entendido,
resultaba improcedente aplicar el Decreto 942 de 2002, comoquiera que los
supuestos fácticos ocurrieron antes de la vigencia de dicha norma. También puso
de presente que debía valorarse la suspensión de términos administrativos
dispuesta por el Decreto 491 de 2020 con ocasión de la emergencia sanitaria por
COVID-19.
12. Propuso como excepciones: i) inexistencia de obligación a cargo del
Departamento de Cundinamarca; ii) aplicación subsidiaria del principio de
proporcionalidad Decreto 1272 de 2018 y 491 de 2020; iii) ampliación de suspensión
de términos; iv) cobro de lo no debido; v) liquidación de la sanción no da lugar a
indexación; vi) prescripción; vii) compensación; y viii) enriquecimiento injusto.
13. Finalmente, la Fiduciaria La Previsora SA5, por conducto de apoderado,
contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones. Afirmó que, realizó el
pago de la prestación a favor de la parte accionante dentro de los 45 días hábiles
que prescribe el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. Como se evidencia en el
certificado de cesantías del 1 de agosto de 2022, la entidad realizó el pago el 12 de
septiembre de 2020 por valor de veinte millones ciento setenta y un mil trescientos
noventa pesos ($ 20.171.390), y otro el 1 de junio de 2021 de dieciocho millones
trescientos cincuenta y dos mil setecientos once pesos ($18.352.711), por sanción
moratoria.
14. Formuló como excepciones: i) enriquecimiento sin justa causa; ii) indebida
composición de la parte pasiva; y la iii) inexistencia de la reclamación del derecho.
4
Samai, índice 2, 16Contestacion Departamento, páginas 71 a 77 del archivo digital.
5
Samai, índice 2, 13Contestacion Fiduprevisora, páginas 3 a 15 del archivo digital
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Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
2.3. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B profirió sentencia el 15 de noviembre de 2023, en la que resolvió:
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del acto ficto resultante del silencio
administrativo negativo, respecto del derecho de petición radicado ante el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales y la Secretaría de Educación de Cundinamarca
el 2 de marzo de 2021, en cuanto se le negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria causada por la cancelación tardía de sus cesantías.
SEGUNDO.- CONDENAR AL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA –
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO a pagar a favor de la
señora Elsa Eliana Isabel Robayo Fique identificada con la cédula 20.948.734, la
sanción moratoria, en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo
desde el 28 de septiembre de 2019 (día después de que se venciera el término legal
para el pago) hasta el 11 de septiembre de 2020 (día anterior a la fecha en que se
pusieron a su disposición los valores por concepto de las cesantías, a razón de 349
días de mora, la cual, se liquidará con la asignación básica vigente a momento de
la causación de la mora y sin lugar a indexación de tales valores.
Del término general de la mora se deberá efectuar la deducción de los días en que
estuvieron suspendidos los términos administrativos en la Secretaría de Educación
del Departamento de Cundinamarca con ocasión de la expedición del Decreto 491
de 2022.
Se deberá descontar cualquier suma de dinero que se le haya cancelado a la
demandante por concepto de sanción moratoria, so pena de incurrir en un doble
pago por el mismo concepto.
TERCERO.- SE NIEGAN las pretensiones de la demanda respecto de la
Fiduprevisora S.A, acorde con la parte considerativa.
CUARTO.- Sin costas en la instancia6.
16. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones7:
17. El Tribunal encontró procedente el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria derivada por el no pago oportuno de las cesantías y regulada en las leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006. Para sustentar su decisión, se basó en los criterios
jurisprudenciales establecidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018.
18. Para el Tribunal, en el expediente se acreditó que, la demandante solicitó el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales el 17 de junio de 2019, de suerte
que los 15 días hábiles para que se profiriera el acto administrativo vencieron el 10
de julio de ese año. No obstante, la Secretaría de Educación de Cundinamarca solo
las reconoció el 10 de septiembre de 2019, mediante la Resolución núm. 001228,
esto es, fuera del plazo legal. A esto se suma el hecho de que por un error en la
liquidación fue necesario modificar este acto administrativo, actuación que contó
6 Se transcribe aún con errores de texto.
7
Samai, índice 2, 34Sentencia, páginas 28 a 29 del archivo digital
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Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
con el aval de la demandante, pero no le restó responsabilidad en la mora, ya que
no le podía trasladar a esta la carga cuando agilizó la corrección en la imprecisión.
19. Por consiguiente, como el 10 de julio de 2019 venció el plazo para expedir el
acto los 10 días de ejecutoria vencieron el 24 siguiente. Por tanto, el término de 45
días hábiles para materializar el pago de las cesantías solicitadas finalizó el 27 de
septiembre de 2019. En consecuencia, se generó una mora a partir del 28 de
septiembre de ese año y el 11 de septiembre de 2020, día anterior a la fecha en que
se pusieron a su disposición los valores por concepto de las cesantías, para un total
de 349 días calendario.
20. Indicó que la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca
remitió los documentos a la Previsora S.A. (encargada de los manejos de los
recursos del Fondo) hasta el 4 de octubre de 2019 para su revisión y consecuente
pago, cuando debió hacerlo de manera inmediata, respecto de la Resolución inicial
(Resolución 001228 del 10 de septiembre de 2019)8.
21. Además destacó que si bien mediante la Resolución No. 00292 del 5 de
febrero de 2020, se efectuó la reliquidación del monto reconocido, quedando en
firme el acto administrativo que dispuso el reconocimiento prestacional, lo cierto es
que, una vez agotado el trámite correspondiente, la Secretaría de Educación del
Departamento de Cundinamarca remitió nuevamente dicho acto a la Fiduciaria para
efectos de pago el 2 de septiembre de 2020, entidad que puso los recursos a
disposición el 12 de septiembre del mismo año, esto es, dentro del término de
cuarenta y cinco (45) días hábiles legalmente previsto.
22. En consecuencia, la entidad obligada a asumir la condena es la Secretaría
de Educación, en tanto fue la que incumplió los términos legalmente establecidos
en la normativa aplicable, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955
de 2019, en concordancia con el artículo 2.4.4.2.3.2.26 del Decreto 1272 de 2018,
disposiciones que regulan de manera expresa la oportunidad para el reconocimiento
y pago de la prestación y delimitan la responsabilidad por la mora en su
cumplimiento.
23. Precisó que por estos motivos debían negarse las pretensiones de la
demanda en contra del Fomag y condenar únicamente al departamento al pago de
la sanción moratoria. Al respecto, aclaró que el Fomag emitió certificación del 1 de
agosto de 2022 en la cual consignó que efectuó pago por concepto de cesantías.
Sin embargo, este no especifica que hubiera sido por sanción moratoria y la
demandante no se pronunció al respecto ni allegó comprobante de pago.
24. En particular, precisó que aunque en la contestación de la demanda y en los
alegatos de conclusión tanto el Ministerio de Educación Nacional como la
Fiduprevisora pusieron de presente que al demandante se le pagó un valor por
concepto de sanción moratoria, no existía certeza en el expediente de que cuenta
de esta situación. Por ende, se ordenaría que en todo caso se dedujera de la
condena cualquier valor pagado en vía administrativa con el fin de evitar un pago
doble.
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Samai, índice 2, 34Sentencia, página 23 del archivo digital
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Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
25. Del mismo modo, la providencia advirtió que como lo puso de presente la
Secretaría de Cundinamarca, mediante el Decreto 491 de 2020 se adoptaron
medidas para garantizar la atención y prestación de servicios por parte de las
entidades públicas. En particular, el artículo 6 abordó lo relativo a la suspensión de
los términos de las actuaciones administrativas. En conclusión, existió una
suspensión en los términos del 26 de marzo al 8 de junio de 2020, lo que impidió
que la entidad territorial llevara a cabo el trámite de reconocimiento y pago de las
cesantías. En este contexto, de la condena debían deducirse los días de
suspensión.
26. Por último, el Tribunal consideró improcedente acceder a la indexación de la
sanción moratoria y determinó que no se configuró la excepción de prescripción
porque la sanción moratoria surgió a partir del 28 de septiembre de 2019 y la petición
se presentó el 2 de marzo de 2021, sin que entre esta fecha y la de radicación de la
demanda, el 21 de septiembre de 2022, hubieran transcurrido más de tres años.
Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas.
2.4. Recurso de apelación
27. El departamento de Cundinamarca apeló la sentencia de primera instancia,
para que se revoque al considerar que:
28. La responsabilidad de la entidad territorial, del Fomag y de la Fiduprevisora
depende de la lectura complementaria del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y de
la modificación que se le hizo al parágrafo transitorio a través del artículo 324 de la
Ley 2294 de 2023. Asimismo, para la fecha de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria sólo el parágrafo transitorio del artículo 57 de la ley ibidem estaba
reglamentado por el Decreto 2020 de 2009, mientras que el cuerpo inicial no fue
reglamentado sino hasta el 1 de junio de 2022, a través del Decreto 942 de ese año.
29. La expedición de la Ley 1955 de 2019, en específico su artículo 57, implicó
un cambio profundo en el procedimiento de reconocimiento y pago, tanto de
cesantías, como de sanción moratoria para las entidades territoriales, como el
departamento de Cundinamarca. Sin embargo, la reglamentación de dicha norma
no ocurrió sino hasta el 01 de junio de 2022, con la expedición del Decreto 942 de
20229. Lo anterior implicó que entre el 25 de mayo de 2019 y el 1 de junio de 2022
existiera un vacío reglamentario en punto a la responsabilidad de las entidades
territoriales según la Ley 1955, lo que generó para la entidad una dificultad en el
cumplimiento de sus funciones, situación que debía ser considerada.
30. Vacío normativo que también involucró el procedimiento para expedir el acto,
los términos para proferirlo pero que, en todo caso, la Fiduprevisora y el Fomag
también tenían competencia para asumir la sanción en los términos del parágrafo
transitorio del artículo 57 de la Ley 1955, modificado por el artículo 324 de la Ley
2294 de 2023, porque el plazo allí dispuesto debía entenderse aplicable hasta el 31
de diciembre de 2022. En consecuencia, la única entidad llamada a responder era
el Fomag en virtud de la normativa vigente.
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Samai, índice 2, 36RecursoApelación, página 2 del archivo digital
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Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
31. Agregó que, el departamento de Cundinamarca carece de legitimación en la
causa por pasiva ya que no es la entidad competente para realizar el pago a partir
de la reglamentación de la precitada Ley. De suerte que de conformidad con la Ley
91 de 1989 esto le compete al Fomag, y la actuación de la Secretaría se limita a
tramitar y expedir el acto de reconocimiento, previa aprobación del Fomag, por
delegación legal10.
32. Seguidamente, refirió que los términos contenidos en la Ley 1071 de 2006 y
en el Decreto 1272 de 2018 no eran aplicables por analogía, debido a las diferencias
que implicaba la expedición de la Ley 1955 de 2019, por lo que la imputación hecha
por el despacho no fue del todo clara en la medida en que se fundamentó en los
términos contenidos en el citado Decreto, cuando este no es aplicable al caso.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
33. Mediante auto del 27 de agosto de 2024 el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto. Además, prescindió del periodo para correr
traslado a las partes, al afirmar que no existían pruebas por decretar en segunda
instancia.11
2.6. Ministerio Público
34. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
35. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema Jurídico
36. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la sala definir:
37. ¿Si el Departamento de Cundinamarca es el sujeto obligado al pago de la
sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías a la docente
demandante?
38. A partir de la anterior consideración (iv) se destacarán los hechos probados
relevantes y (v) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico
planteado.
10
Samai, índice 2, 36RecursoApelación, página 6 del archivo digital
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Samai, índice 6.
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Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
3.3. Marco normativo
3.3.1. La sanción moratoria prevista en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019;
el decreto 942 de 2022 y el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023
39. El artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, «por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022», por primera vez estableció la responsabilidad del ente
territorial en el pago de la sanción por mora, en los eventos en que la cancelación
tardía de la cesantía se dé por el incumplimiento de los plazos para radicación o
entrega de la solicitud, por parte de las Secretarías de Educación.
40. La referida norma entró en vigencia el 25 de mayo de 2019, y dispuso que,
la entidad territorial responde por la sanción cuando el pago extemporáneo derive
del incumplimiento de los plazos de radicación o entrega de la solicitud de pago al
FOMAG, así:
Artículo 57. Eficiencia en la administración de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las cesantías definitivas y
parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas
y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas
por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación
del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual
debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial
certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El
acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante
resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad
territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el
Fondo deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor
eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley,
con excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de
Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo
debe priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales
de los maestros.
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
solo podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones
económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados
y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas
por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Parágrafo. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por
mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los
plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de
cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00778-01 (1399-2024)
Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable
únicamente del pago de las cesantías.
Parágrafo transitorio. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por
mora a cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
causadas a diciembre de 2019, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o
varias sociedades fiduciarias públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de
los mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición
presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.
41. Este artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 dispuso dos criterios centrales: (i)
que las cesantías definitivas y parciales de los docentes serían reconocidas y
liquidadas por la secretaría de educación territorial y pagadas por el FOMAG; y (ii)
que la entidad territorial sería responsable de la sanción por mora cuando el pago
extemporáneo se generara por el incumplimiento de los plazos previstos para la
radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías al Fondo. Esa medida
estaba contenida en la propia ley desde 2019, sin esperar a la reglamentación
normativa del año 2022.
42. A su tuno el Decreto 942 de 2022, vigente desde el primero de junio de 2022,
“Por el cual se modifican algunos artículos de la Sección 3, Capitulo 2, Título 4,
Parte 4, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector
Educación- sobre el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras
disposiciones”, no creó la obligación sustancial, sino que reglamentó la norma.
43. Con este último decreto 942, se modificaron disposiciones del Decreto 1075
de 2015 y se reglamentaron los procedimientos relacionados con prestaciones
económicas del magisterio, incluyendo la responsabilidad por sanción moratoria en
el marco del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.
3.4. Hechos probados
44. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra demostrado lo siguiente:
45. La señora Elsa Eliana Isabel Robayo Fique, en calidad de docente presentó
el 17 de junio de 2019 solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales
ante la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca, según lo
relata la parte actora en el acápite de hechos de la demanda y se constata en la
Resolución 001228 de 10 de septiembre de 2019, por medio de la cual se reconocen
las cesantías parciales para reparación de vivienda.
46. La señora Elsa Eliana Isabel Robayo, a través de oficio radicado el 5 de
diciembre de 2019, autorizó modificar la Resolución 001228 de 10 de septiembre
de 2019, en lo referente a las diferencias en los valores de los años 2004, 2005,
2006 y 2007 demostrados por la Fiduprevisora SA. La Secretaría de Educación del
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Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
Departamento de Cundinamarca remitió la Resolución 000292 de 5 de febrero de
2020, a la Fiduprevisora SA, el 2 de septiembre 2020.
47. Posteriormente la Fiduprevisora SA, realizó el pago el 12 de septiembre de
2020 por valor de veinte millones ciento setenta y un mil trescientos noventa pesos
($ 20.171.390) correspondientes a las cesantías parciales; y otro pago, el 1 de junio
de 2021, por dieciocho millones trescientos cincuenta y dos mil setecientos once
pesos ($18.352.711) que figura como «pago de cesantías» de conformidad con el
certificado emitido por la Fiduprevisora12.
48. El 2 de marzo de 2021, la demandante presentó una petición ante el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Secretaría de Educación
Departamento de Cundinamarca y la Fiduciaria La Previsora SA en la que solicitó
el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías
parciales.
3.5. Caso concreto. Análisis de la sala
3.5.1. Resolución del problema jurídico. De la responsabilidad de la sanción
moratoria prevista en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019; el decreto 942 de
2022 y el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023
49. La Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca manifestó
su inconformidad con la sentencia de primera instancia, específicamente en lo
relacionado con la falta de legitimación en la causa por pasiva; dentro de su
hipótesis planteó que, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 no era exigible sin
reglamentación previa.
50. Además, insistió en que, existía un vacío normativo entre el 25 de mayo de
2019 y el 1 de junio de 2022, por lo tanto, el Decreto 942 de 2022 no podía aplicarse
retroactivamente; y que con ocasión a lo mencionado en el parágrafo transitorio del
artículo 57, modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, la obligación
debía recaer en el Fomag, y eventualmente en la Fiduprevisora como
administradora, mediante el mecanismo de TES (Titulo de tesorería). Destacó que
el artículo 324 de la Ley 2294 modificó el parágrafo transitorio para referirse a la
financiación del pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2022.
51. Precisado lo anterior, y según lo previsto por las normas a estudiar en el caso
particular, se aclara que la normativa describe lo siguiente:
12 Al respecto el Tribunal, en la sentencia de primera instancia, consideró que tanto en la contestación de la
demanda como en los alegatos de conclusión presentados por el Ministerio de Educación Nacional y la
Fiduprevisora se puso de presente que este último pago fue por concepto parcial de sanción moratoria. Sin
embargo, ante la falta de certeza que efectivamente diera cuenta que tenía esta naturaleza, se ordenaría que
se dedujera de la condena cualquier valor que hubiere pagado la administración por sanción moratoria, con el
fin de evitar un pago doble.
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Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
Artículo 57 de la Ley 1955 de 201913 Decreto 942 de 202214 Artículo 324 de la Ley 2294 de
Vigencia 25 de mayo de 2019 Vigencia 1 de junio de 2022 202315
Vigencia 19 de mayo de 2023
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.28. Sanción moratoria. La Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 57
RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE Entidad Territorial Certificada en Educación y la de la Ley 1955 de 2019, el cual quedará así: PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. sociedad fiduciaria encargada del manejo de los
Las cesantías definitivas y parciales de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Artículo 57. Eficiencia en la Administración de los
docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán Sociales del Magisterio, serán las responsables del Recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
reconocidas y liquidadas por la Secretaría de pago de la sanción por mora en el pago tardío de Sociales del Magisterio. Educación de la entidad territorial y pagadas por el las cesantías, en aquellos eventos en los que el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del pago extemporáneo se genere como consecuencia (…)
Magisterio. del incumplimiento de los términos previstos para
cada una de ellas en los artículos 2.4.4.2.3.2.22 y PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de 2.4.4.2.3.2.27 del presente decreto, así como de los financiar el pago de las sanciones por mora a cargo
Prestaciones Sociales del Magisterio serán términos aplicables para la notificación y la del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
reconocidas por el citado Fondo, mediante la resolución de recursos de acuerdo con el Código de Magisterio causados a diciembre de 2022,
aprobación del proyecto de resolución por parte de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito
quien administre el Fondo, el cual debe ser Administrativo o la norma que lo modifique, adicione Público para emitir Títulos de Tesorería que serán
elaborado por el Secretario de Educación de la o sustituya. administrados por una o varias sociedades
Entidad Territorial certificada correspondiente, a la fiduciarias públicas, así mismo, el Ministerio de
que se encuentre vinculado el docente. El acto Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las
administrativo de reconocimiento de la pensión se Sociales del Magisterio solo podrán destinarse para reglas de negociación y pago de los mismos. El
hará mediante resolución que llevará la firma del garantizar el pago de las prestaciones económicas, Consejo Directivo de Fomag efectuará la adición
Secretario de Educación de la entidad territorial. sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, presupuestal de los recursos de los que trata el
pensionados y beneficiarios. La sanción moratoria presente parágrafo. Para el pago de las prestaciones económicas y los no afectará los recursos del Fondo Nacional de
servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el Prestaciones Sociales del Magisterio y, en caso de La emisión de bonos o títulos no implica operación
principio de unidad de caja con el fin de lograr presentarse, su pago será responsabilidad de la presupuestal alguna y solo debe presupuestarse
mayor eficiencia en la administración y pago de las entidad que la genere. para efectos de su redención.
obligaciones definidas por la ley, con excepción de
los recursos provenientes del Fondo Nacional de PARÁGRAFO. La entidad territorial será
Pensiones de las Entidades Territoriales responsable de pagar la sanción por mora en el
(FONPET).
En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de las cesantías en aquellos eventos en los
pago de los servicios de salud y de las mesadas que el pago extemporáneo de la prestación se
pensionales de los maestros. generó como consecuencia del incumplimiento de
los plazos previstos para la radicación o entrega de
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones la solicitud de pago de cesantías al Fondo Nacional
Sociales del Magisterio solo podrán destinarse para de Prestaciones Sociales del Magisterio. En caso
garantizar el pago de las prestaciones económicas, de que se presenten demoras en el pago de las
sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, cesantías imputables a la sociedad fiduciaria
pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el encargada de la administración de los recursos del
pago de indemnizaciones económicas por vía Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
judicial o administrativa con cargo a los recursos del Magisterio que ocasionen sanción moratoria,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del deberá ser cubierta con el patrimonio de la sociedad
Magisterio. fiduciaria.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será En el evento en que la sanción por mora resulte
responsable del pago de la sanción por mora en imputable a las dos entidades antes enunciadas,
el pago de las cesantías en aquellos eventos en ésta deberá calcularse y pagarse de forma
los que el pago extemporáneo se genere como proporcional según los días de retraso en el
consecuencia del incumplimiento de los plazos reconocimiento o el pago que corresponda para
previstos para la radicación o entrega de la cada entidad.
solicitud de pago de cesantías por parte de la
Secretaría de Educación territorial al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será
responsable únicamente del pago de las cesantías.
(Negritas fuera del texto original).
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de
financiar el pago de las sanciones por mora a cargo
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio causadas a diciembre de 2019,
facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para emitir Títulos de Tesorería que serán
administrados por una o varias sociedades
fiduciarias públicas; así mismo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las
reglas de negociación y pago de los mismos. El
Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición
presupuestal de los recursos de los que trata el
presente parágrafo.
«Tabla 1. Cuadro comparativo entre el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019; el decreto
942 de 2022 y el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023»
52. Consecuente con lo transcrito, resulta evidente para la Sala que como la
solicitud de reconocimiento y pago de la cesantía se radicó por la interesada ante la
13 Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad.
14
Por el cual se modifican algunos artículos de la Sección 3, Capitulo 2, Título 4, Parte 4, Libro 2 del Decreto
1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación- sobre el reconocimiento y pago de Prestaciones
Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.
15 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA
VIDA”.
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Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
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Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
entidad territorial el 17 de junio de 2019, la norma vigente para dicho momento en
era la Ley 1955 de 2019, publicada el 25 de mayo de 2019.
53. Por tanto, no es posible concluir, como lo hace el recurrente en el escrito de
apelación, que el caso quedó enteramente gobernado por el régimen anterior por
haberse iniciado antes de la entrada en vigor de dicha ley. El artículo 57 de esa ley
ya formaba parte del ordenamiento para la fecha en que se pidió la prestación y
para el momento en que empezó a estructurarse la mora.
54. La regla general sobre efectos temporales de la ley es la irretroactividad y,
correlativamente, el efecto general inmediato hacia el futuro. La Corte Constitucional
ha reiterado que la ley nueva rige las situaciones en curso desde su entrada en
vigencia, sin afectar de manera retroactiva situaciones jurídicas consolidadas;
asimismo, ha precisado que las normas procesales y de competencia tienen efecto
general inmediato. Así lo expuso en la sentencia del 28 de marzo de 2019, en los
siguientes términos16:
Sobre este tema la jurisprudencia de esta Corte, como también la de la H. Corte
Suprema de Justicia y del H. Consejo de Estado, han expresado:
“El principio de la irretroactividad de la ley tiene plena aplicación en el ordenamiento
jurídico colombiano y ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia de la
H. Corte Suprema de Justicia, del H. Consejo de Estado y de esta misma Corte
Constitucional.
“Una nueva ley, dispone tal principio fundamental para la seguridad jurídica en el
Estado Social de Derecho, no puede regular las situaciones jurídicas del pasado que
ya se han definido o consolidado, y que por tanto resultan incólumes en sus efectos
jurídicos, con la fuerza que les presta la ley bajo la cual se constituyeron.
“En la doctrina y la jurisprudencia sobre esta materia jurídica se recurre a términos
como los “derechos adquiridos”, de mucha raigambre clásica, pero que hoy son
sustituidos por las expresiones “situaciones jurídicas subjetivas o particulares”,
opuestas en esta concepción a las llamadas “meras expectativas”, que apenas
conforman una simple posibilidad de alcanzar un derecho, y que por tanto sí
pueden ser reguladas o modificadas por la ley, según un principio generalmente
aceptado en la doctrina universal “Las meras expectativas no constituyen derecho
contra la ley nueva que las anule o cercene”, dice el art. 17 de la ley 153 de 1887,
precepto que además ha adquirido la fuerza expresiva de un aforismo. Vale la pena
también anotar que en la C.P. sólo existe una excepción al principio de la
irretroactividad en materia penal, por la prevalencia de la ley permisiva o favorable,
según lo dispone el artículo 58 en concordancia con el 29 de la C.P.
55. Para el caso concreto objeto de estudio, se debe precisar que el debate no
es propiamente de “atemporalidad”, sino de aplicación temporal y de prohibición de
retroactividad del reglamento. El Decreto 942 de 2022 fue expedido el 1 de junio de
2022 para modificar disposiciones del Decreto 1075 de 2015 y reglamentar el
procedimiento relacionado con prestaciones económicas del magisterio, incluyendo
la responsabilidad por sanción moratoria en el marco del artículo 57 de la Ley 1955
de 2019.
16
Corte Constitucional, sentencia C-619 del 14 de junio de 2001. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra
13
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Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
56. Ese decreto no puede aplicarse retroactivamente para imponer, ampliar o
redistribuir responsabilidades patrimoniales por una mora causada entre 2019 y
2020, porque ello desconocería la regla general según la cual la ley rige hacia el
futuro. Así, el Tribunal acertó al no fundamentar una condena directa contra
Fiduprevisora S.A. con cargo a su propio patrimonio en el Decreto 942 de 2022,
dado que esa norma es posterior a los hechos que generaron la controversia que
aquí se resuelve.
57. No obstante, de la no retroactividad del Decreto 942 de 2022 no se desprende
la inaplicabilidad del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Ese es el punto central en
el que se basa la apelación. Una cosa es afirmar, correctamente, que el reglamento
de 2022 no gobierna hechos perfeccionados en 2019-2020; otra muy distinta es
concluir que, por esa razón, la ley vigente desde 2019 era jurídicamente inaplicable.
La Sala no acoge esta segunda inferencia. El artículo 57 ya estaba vigente al
momento de la solicitud de cesantías y de la causación de la mora; el decreto
posterior solo precisó y desarrolló el mecanismo operativo.
58. Por este motivo, fue que la sentencia de primera instancia consideró que la
responsable de la condena era la entidad territorial porque se incumplieron los
plazos que establece el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, en concordancia con el
artículo 2.4.4.2.3.2.26 del Decreto 1272 de 2018, que dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.26. Remisión del acto administrativo notificado y
ejecutoriado que resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías.
Una vez notificado y ejecutoriado el acto administrativo definitivo que
resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o
definitivas, la entidad territorial certificada en educación deberá subir y remitir
este acto administrativo inmediatamente a través de la plataforma empleada
para tal fin.
59. De ahí que, de conformidad con lo definido en la primera instancia y a partir
de los hechos probados la mora transcurrió entre el 28 de septiembre de 2019 y el
11 de septiembre de 2020, toda vez que la demandante, la señora Eliana Isabel
Robayo Fique radicó solicitud de sus cesantías parciales el 17 de junio de 2019 17,
pero la entidad solo profirió la Resolución núm. 001228 el 10 de septiembre de esa
vigencia, en la que las reconoció18, esto es, por fuera del plazo legalmente previsto,
por lo que la sanción moratoria empezó a causarse al vencimiento de los 70 días
hábiles contados a partir de la radicación de la solicitud.
60. En el marco de dicho trámite, la Secretaría de Educación no remitió los
documentos a la Fiduciaria de manera inmediata, una vez proferido el citado acto
administrativo, para que esta procediera el pago, sino que solo lo hizo hasta el 4 de
octubre de 2019, como se extrae del oficio núm. NC-S-02-166-30119-19 de esa
fecha19 y de la información de la radicación que obra en el expediente20.
17 Samai, exp. 25000234200020210077800, índice 1,
2_REPARTOYRADICACION_01DEMANDAANEXOS(.PDF) NroActua 1, página 13 del archivo digital.
18 Samai, exp. 25000234200020210077800, índice 1,
2_REPARTOYRADICACION_01DEMANDAANEXOS(.PDF) NroActua 1, páginas 14 a 16 del archivo digital.
19 Samai, exp. 25000234200020210077800, índice 19, 38_ALDESPACHOMEMORIAL_2021007782(.pdf)
NroActua 19, página 56 del archivo digital.
20 Samai, exp. 25000234200020210077800, índice 19, 38_ALDESPACHOMEMORIAL_2021007782(.pdf)
NroActua 19, página 57 del archivo digital.
14
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00778-01 (1399-2024)
Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
61. Si bien la Resolución núm. 001228 fue modificada mediante la Resolución
núm. 00292 del 5 de febrero de 202021, la Secretaría de Educación del
departamento únicamente remitió este acto a la entidad Fiduciaria para el pago el 2
de septiembre de 202022. Por lo tanto, resultó evidente que la entidad territorial
incumplió los plazos que tenía para la radicación o entrega de la solicitud de pago
al Fomag, en aplicación de la normativa vigente para la fecha de causación de la
sanción moratoria.
62. Aunque la apelante reparó en la aplicación del Decreto 1272 de 20182324 al
considerar que este era inaplicable al caso, lo cierto es que sustentó su
inconformidad en el artículo 2.4.4.2.3.2.25 que regulaba una obligatoriedad en la
aprobación previa por parte de la Fiduprevisora y no desvirtuó lo relativo al
incumplimiento de los plazos para la radicación o entrega de la solicitud de pago por
parte de la entidad territorial al Fomag, en los términos expuestos.
63. Por consiguiente, resultó acertado que el Tribunal, al resolver el presente
asunto, fundamentara la condena impuesta al departamento en la Ley 1955 de 2019
y en el Decreto 1272 de 2018, al punto que la entidad no podía pretender eximirse
del pago, para que en lugar de aplicarse el artículo 5725 de la citada Ley se empleara
el parágrafo transitorio a partir de una norma vigente por la modificación introducida
por la Ley 2294 de 2023.
3.6. Conclusión de la decisión
64. Del estudio de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, la Sala no comparte la tesis del demandado
Secretaría de Educación Departamento de Cundinamarca, respecto a la ausencia
de reglamentación inmediata hubiera producido una suerte de suspensión de la ley
o de inexigibilidad absoluta de la obligación.
65. En nuestro sistema, la reglamentación tiene como función hacer operativa la
ley, no condicionar indefinidamente su existencia jurídica, salvo que la propia
disposición legal sea imposible de ejecutar sin regulación complementaria. Aquí no
ocurre tal situación en el grado que propone la apelación, porque la ley sí definió el
eje básico del reparto funcional: reconocimiento y liquidación por la secretaría
territorial, pago por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
responsabilidad por mora del ente territorial cuando el retraso derive de su
incumplimiento.
21Samai, exp. 25000234200020210077800, índice 1,
2_REPARTOYRADICACION_01DEMANDAANEXOS(.PDF) NroActua 1, páginas 18 a 20 del archivo digital.
22 Samai, exp. 25000234200020210077800, índice 19, 38_ALDESPACHOMEMORIAL_2021007782(.pdf)
NroActua 19, página 65 del archivo digital.
23 Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta
el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y se dictan otras disposiciones.
24
Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta
el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y se dictan otras disposiciones.
25 Según la cual la entidad territorial responderá por el pago de la sanción moratoria «en aquellos eventos en
los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para
la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
15
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00778-01 (1399-2024)
Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
4. Costas
66. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 26 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14)
16
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00778-01 (1399-2024)
Demandante: Elsa Eliana Isabel Robayo Fique
Demandados: Departamento de Cundinamarca Secretaria de Educación, Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente
enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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