Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00807-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00807-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00807-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Nueve (9) de Abril De Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00807-01 (3181-2025)1
Demandante: Evaristo Prada Villamizar
Demandado: Nación-Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y otro
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sanción moratoria. Ley 244 de 1995, adicionada y
modificada por la Ley 1071 de 2006.
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del Veintidós (22) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A2, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda.
1.1.1. Pretensiones.
1. El señor Evaristo Prada Villamizar, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar que se declare la nulidad de
los actos fictos surgidos por la falta de respuesta a las peticiones elevadas el once
1
Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai.
2
Magistrado ponente: Carlos Leonel Buitrago Chávez.
1
Radicado Interno: 3181-2025
Demandante: Evaristo Prada Villamizar
Demandado: FOMAG
(11) de febrero de dos mil veintiuno (2021), ante la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Departamento de Cundinamarca, en la que solicitó el pago de la sanción moratoria,
prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. Asimismo, pidió la anulación del
oficio No. 2021090783381 del doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), a través
del cual, la Fiduprevisora S.A., resuelve de manera negativa solicitud
reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
2. A título de restablecimiento del derecho, pretende que, se condene a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Fomag, al Departamento de Cundinamarca y a la Fiduprevisora S.A. al
reconocimiento y pago de la aludida sanción por el no pago oportuno de las
cesantías reconocidas en la Resolución No. 001696 del veintisiete (27) de
noviembre de dos mil veinte (2020), la cual transcurrió entre el catorce (14) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019), «hasta la fecha de pago que fue el día 03 de febrero
de 2021», junto con los intereses moratorios y la indexación de las sumas
reconocidas.
3. Asimismo, pretende que se cumpla la sentencia en los términos de los artículos
189 y 192 de la Ley 1437 del 2011 y, al pago de las costas, conforme al artículo 188
ibidem.
1.1.2. Los hechos
4. El dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el señor Evaristo Prada
Villamizar, solicitó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG - el reconocimiento y pago de sus
cesantías3, el cual le fue reconocido por ésta, mediante Resolución No. 001696 del
veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020).
5. Que, solo hasta el tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021), se le pagó el
auxilio solicitado, razón por la cual, el once (11) de febrero de dos mil veintiuno
(2021), requirió ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fomag y el Departamento de Cundinamarca, el reconocimiento, liquidación y pago
de la sanción moratoria prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006; sin
3
Si bien no se señala de forma específica en los hechos de la demanda, los documentos que reposan en el expediente
permiten establecer que solicitó las cesantías parciales.
Radicado Interno: 3181-2025
Demandante: Evaristo Prada Villamizar
Demandado: FOMAG
embargo, transcurrido el término de ley para resolver sobre lo pedido, las entidades
guardaron silencio.
6. Añadió que, el once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021), radicó ante la
Fiduprevisora S.A., el reconocimiento de la sanción moratoria, pero obtuvo
respuesta a través de Oficio No. 20211090783381 del doce (12) de abril de dos mil
veintiuno (2021).
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.
7. La parte invocó como normas infringidas, los artículos 25 y 53 de la Constitución
Política; los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; los artículos 1 y 2 de la Ley 244
de 1995 y los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.
8. La parte demandante manifestó que, aunque la ley y la jurisprudencia fijan que el
reconocimiento y pago de la cesantía no se puede exceder los 70 días hábiles
contados desde la radicación de la solicitud, las entidades demandadas violaron
dicho plazo para liquidar esta prestación a favor del docente Evaristo Prada
Villamizar. En consecuencia, incurrieron en la sanción moratoria prevista en la
norma, que consiste en sufragar un día de salario por cada día de demora en el
pago de las cesantías reclamadas por el accionante. Además, con la vigencia de la
Ley 1955 de 2019, se impuso a las entidades territoriales la obligación de cubrir este
rubro cuando la mora derive de su negligencia en los plazos para radicar y entregar
la solicitud a la fiduciaria administradora de los recursos del Fomag.
1.2. Contestación de la demanda.
9. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag: contestó la demanda y se opuso
a la prosperidad de las pretensiones. Afirmó que, corresponde a la Fiduprevisora
S.A. encargarse del pago de prestaciones sociales de docentes nacionales y
nacionalizados afiliados al fondo, con los recursos que esta administra. Agregó que
el demandante no sustentó en debida forma la existencia del acto presunto cuya
nulidad pretende su declaratoria, respecto de la petición del 11 de febrero de 2021.
10. Fiduprevisora S.A.: señaló que, la expedición del oficio No. 20211090783381
del 12 de abril de 2021, fue en su condición de vocera y administradora del
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Demandante: Evaristo Prada Villamizar
Demandado: FOMAG
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y no en posición propia. En ese sentido, la respuesta emitida no tiene el alcance de
generar sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales y/o
definitivas, máxime, porque se procedió en el plazo previsto por la ley. Añadió que,
se encuentra acreditado el pago, para lo cual procedió en el término legal de 45 días
hábiles, otorgados para el desembolso de los recursos.
11. Departamento de Cundinamarca: manifestó su oposición en cuanto a la
declaratoria de nulidad del acto ficto surgido el once (11) de mayo de dos mil
veintiuno (2021), referente a la solicitud presentada ante la entidad territorial —cuya
petición de reconocimiento de la sanción moratoria fue rechazada—, dado que la
norma contencioso-administrativa requiere, como condición esencial para que se
configure un acto ficto o presunto, la falta total de respuesta por parte de la entidad.
En este supuesto particular, mediante el radicado No. 2021522829 del 24 de febrero
de 2021, se contestó la petición del accionante, informándole que dicha solicitud
había sido trasladada por competencia a la Fiduprevisora S.A., el diecisiete (17) de
febrero de dos mil veintiuno (2021).
1.3. Sentencia de primera instancia.
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el veintidós (22) de septiembre de dos mil veinticinco
(2025), accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena
en costas.
13. En ese sentido, declaró la nulidad del acto ficto resultante del silencio
administrativo negativo, respecto de la petición radicada ante el Departamento de
Cundinamarca, el once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) y, a título de
restablecimiento, condenó al ente a reconocer y pagar en favor del demandante, la
sanción moratoria entre el dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)
y el quince (15) de enero de dos mil veintiuno (2021), con la respectiva indexación
conforme al artículo 187 del CPACA.
14. Para arribar a tal conclusión, el A-quo señaló que, el actor solicitó el
reconocimiento y pago de sus cesantías el 2 de agosto de 2019, no obstante, la
resolución que las reconoció solo fue expedida el 27 de noviembre de 2020 y el
pago se efectuó el 16 de enero de 2021. En consecuencia, sostuvo que las
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Demandante: Evaristo Prada Villamizar
Demandado: FOMAG
entidades incumplieron los términos legales (70 días hábiles), generándose una
mora desde noviembre de 2019 hasta enero de 2021, razón por la cual solicitó que
se le reconociera un día de salario por cada día de retraso.
15. Refirió que, las entidades demandadas se opusieron alegando principalmente
falta de legitimación en la causa por pasiva y, que el pago se realizó dentro de los
términos que les correspondían, o que la responsabilidad no recaía en ellas sino en
otra entidad.
16. Ante ello, el Tribunal analizó el orden cronológico del trámite de las cesantías,
los términos legales aplicables y cuál entidad era responsable del retraso, con el fin
de determinar si efectivamente se configuró la mora y, en caso afirmativo, quién
debía asumir la sanción correspondiente.
17. En ese sentido, indicó que, la solicitud de reconocimiento de las cesantías se
realizó en vigencia de la Ley 1955 de 2019 y que, la entidad territorial tenía quince
(15) días hábiles para expedir el acto administrativo correspondiente, esto es, hasta
el veintisiete (27) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que, sumado con la
ejecutoria del acto, el plazo se extendería hasta el diez (10) de septiembre de dos
mil diecinueve (2019). A partir de dicha fecha, empezaba a transcurrir el término
para que el Fomag, a través de la Fiduprevisora, procediera con el pago de la
cesantía parcial.
18. No obstante, el acto administrativo de reconocimiento, esto es, la Resolución No.
1696, solo fue emitido hasta el veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte
(2020). Sumado a ello, este fue notificado el treinta (30) de noviembre de dos mil
veinte (2020) y remitido a la entidad pagadora el seis (6) de enero de dos mil
veintiuno (2021). Por lo tanto, concluyó que, como el ente debió remitir el acto
administrativo, a más tardar el once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)
y no lo hizo, esto conllevó a que no se realizara el pago dentro del término de setenta
(70) días previsto para ello. Resaltó que, la entidad fiduciaria sí cumplió con el plazo
para dejar los dineros a disposición del actor.
19. Así las cosas, explicó que, conforme lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955
de 2019, las entidades territoriales son las encargadas de asumir la sanción
moratoria cuando se evidencia que, el pago de las cesantías se generó de forma
extemporánea por el incumplimiento de los plazos previstos para la radicación y
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Demandante: Evaristo Prada Villamizar
Demandado: FOMAG
entrega de la solicitud por parte de la secretaría de educación de la entidad territorial
al Fomag.
20. En consecuencia, concluyó que, el Departamento de Cundinamarca es el
llamado a responder por la penalidad reclamada por el señor Evaristo Prada,
contabilizada desde el día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días hábiles
que disponía para el pago, esto es, desde el dieciséis (16) de noviembre de dos mil
diecinueve (2019) y, hasta el día anterior en que se materializó el pago de la
prestación, el quince (15) de enero de dos mil veintiuno (2021).
21. En mérito de lo expuesto, el Tribunal resolvió:
«PRIMERO. DECLARAR la nulidad del acto ficto configurado el 11 de mayo de 2021,
producto del silencio administrativo negativo en el que incurrió el Departamento de
Cundinamarca al no dar respuesta dentro de los tres (3) meses a la petición de 11 de
febrero de 2021, a través de la cual el demandante solicitó el reconocimiento de la
sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA a pagar a EVARISTO PRADA VILLAMIZAR identificado con C.C.
N°. 16.079.338, la sanción por mora por el pago tardío de las cesantías, equivalente a
un día de salario por cada día de mora por el periodo comprendido entre el 16 de
noviembre de 2019 y el 15 de enero de 2021, que equivalen a un total de 426 días, los
cuales se liquidarán tomando como base la asignación básica vigente al momento de
la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo, al tratarse de
cesantías parciales las que dieron lugar a la penalidad.
TERCERO: INDEXAR la condena como lo ordena el artículo 187 del C.P.A.C.A. y
cúmplase la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de
2011.
CUARTO: No hay lugar a imponer costas en esta instancia.
QUINTO: Notificada la presente sentencia, archivar el expediente, previo registro en el
Sistema “SAMAI”.»
1.4. El recurso de apelación.
22. El Departamento de Cundinamarca, en su recurso de alzada, solicitó que se
revoque la sentencia para que se absuelva al Departamento y, en su lugar, condene
a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, a pagar la totalidad de la sanción moratoria.
23. Para ello, indicó que, el A-quo incurrió en un error al dar aplicación del artículo
57 de la Ley 1955 de 2019, ya que éste carecía de fuerza vinculante para el caso
concreto, pues, para el momento en que se efectuó la solicitud de reconocimiento
de cesantías por parte del actor, no existía norma reglamentaria que estableciera
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Demandante: Evaristo Prada Villamizar
Demandado: FOMAG
los términos y la manera como debían proceder los entes territoriales en el trámite
del reconocimiento de dicho auxilio.
24. Por otra parte, el extremo recurrente reprochó que en el fallo de primera
instancia no se realizó una interpretación sistemática de la norma que regula la
sanción por mora, comoquiera que, no tuvo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo
transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, según la cual «se entiende que todas
y cada una de las sanciones causadas a diciembre de 2022 por el reconocimiento y pago
extemporáneo de las cesantías, continuarán siendo responsabilidad del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio mediante los Títulos de Tesorería que emita el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público».
25. En ese orden de ideas, indicó que, el presente caso se acompasa con el
supuesto de hecho del referido parágrafo transitorio, pues la penalidad fue causada
antes del 31 de diciembre de 2022 y, por tanto, le corresponde al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, proceder con el reconocimiento y pago, a
través de la Fiduprevisora S.A.
1.5. Trámite en segunda instancia.
26. Mediante auto del dieciséis (16) de enero de dos mil veintiséis (2026)4, el
despacho sustanciador admitió el recurso de apelación. En el término de traslado,
el Ministerio Público5 emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
27. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA y 328 del
Código General del Proceso (CGP)6.
4
Índice 0004 de Samai.
5
Índice 0009 de Samai. La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado indicó: «[…] la prueba allegada no
permite arribar a tal conclusión, toda vez que el documento aportado hace referencia al pago de las cesantías de la señora
Olga Lucía Tabares Vargas por parte del FOMAG, sin que sea posible inferir que dicho pago corresponda a una sanción
moratoria, como lo afirma la entidad demandada. En consecuencia, dicho argumento carece de sustento probatorio y no está
llamado a prosperar, razón por la cual se solicitará la confirmación de la sentencia de primera instancia.»
6
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
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Demandante: Evaristo Prada Villamizar
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2.2. Problema jurídico.
28. Corresponde a la Sala determinar la entidad o entidades sobre la cual, debe
recaer la obligación de pago de la sanción moratoria reconocida en primera
instancia, y si, para el presente asunto, resulta aplicable lo regulado en el artículo
57 de la Ley 1955 de 2019.
29. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria; ii)
Administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; iii) Hechos probados; iv) Caso concreto y v) Condena en costas.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. sobre la sanción moratoria.
30. La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 « por medio de la cual se fijan términos para el
pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones», señala el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías
definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2 regula la
sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública empleadora
consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de
las mismas7.
31. Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, con
el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores
y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación » (art. 1). Igualmente, estipuló el
término para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia»
7
“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y
cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin
embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a éste”.
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Demandante: Evaristo Prada Villamizar
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procedencia de la sanción moratoria, en los artículos 4 y 5 así:
Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los
peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento
y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos
los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este.
32. Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible
la sanción por mora, la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 estudió las
distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y oportunidad del
acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso oportuno o
extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de
dicha actuación, y determinó las siguientes reglas jurisprudenciales8:
SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y
iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
8
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –
cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a
partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto
administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley
1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984,
artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución”.
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dispuesto en la ley9 para que la entidad intentará notificarlo personalmente, esto es, 5
días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por
este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación
y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno
de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como
computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.
33. Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia en
cuanto al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar
esa base (sin perjuicio de la actualización de la respectiva condena):
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales,
donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al
momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA .
2.3.2. Administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
34. Mediante Ley 1955 de 2019, fue expedido el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, cuyo artículo 57 determinó lo siguiente:
ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las
cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán
reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y
pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el
Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que
se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la
pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación
de la entidad territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá
aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la
administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los
recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales
(FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud y de
las mesadas pensionales de los maestros.
9
Artículo 69 CPACA.
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Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y
asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá
decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora
en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se
genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la
radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de
Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será
responsable únicamente del pago de las cesantías. (subrayado fuera de texto)
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por
mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a
diciembre de 2019, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir
Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias
públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación,
las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo del FOMAG
efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe
presupuestarse para efectos de su redención.»
35. De conformidad con la nueva directriz en torno a la eficiencia de la administración
de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio, se
imputa a las entidades territoriales asumir el pago de las sanciones moratorias ante
el incumplimiento de los plazos previstos para la radicación y entrega de las
solicitudes al Fondo. Buscando con ello imprimir mayor celeridad ante dichas
peticiones en aras de garantizar los derechos de los docentes.
2.4. Pruebas recaudadas.
36. Petición de 2 de agosto de 201910, a través de la cual, el accionante solicitó ante
la Secretaría de Educación de Cundinamarca el reconocimiento de unas cesantías
parciales.
37. Resolución 1696 de 27 de noviembre de 202011, con la que el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció las cesantías parciales al señor
Prada Villamizar.
38. Notificación de la Resolución 1696 de 27 de noviembre de 2020 12, que data de
30 de noviembre de 2020.
10
Samai del tribunal de origen, índice 15.
11
Ib., pp. 1-3.
12
Ib., p. 4.
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Demandado: FOMAG
39. Certificado de pago de cesantías de 9 de febrero de 202113, donde consta que
estas quedaron a disposición del señor Prada Villamizar a partir del dieciséis (16)
de enero de dos mil veintiuno (2021).
40. Comprobante de consignación emitido por el banco BBVA, que da cuenta de que
los recursos le fueron pagados al actor el dieciséis (16) de enero de dos mil veintiuno
(2021)14.
41. Peticiones radicadas el 11 de febrero de 202115, bajo los consecutivos Nos.
CUN2021ER003896, 20211010376302, y 2021016526, ante el Ministerio de
Educación, Fiduprevisora S.A. y el Departamento de Cundinamarca,
respectivamente, en los que, el actor solicitó el reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías.
42. Respuesta a petición emitida por el Departamento de Cundinamarca, de fecha
veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021), con la que informa al
peticionario que su solicitud fue remitida mediante oficio 2021518622 de fecha
17/02/2021 a la Fiduprevisora S.A.16.
43. Oficio No. 20211090783381 de doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), a
través del cual la Fiduprevisora S.A. le niega al señor Evaristo Prada Villamizar el
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías17.
44. Acta de conciliación extrajudicial emitida por la Procuraduría 144 Judicial II para
Asuntos Administrativos de fecha 28 de septiembre de 2021, que se declaró fallida
por no existir ánimo conciliatorio entre las partes.
2.5. Caso concreto.
45. De acuerdo con el devenir fáctico de la actuación, se tiene acreditado que el
señor Evaristo Prada Villamizar solicitó el pago de sus cesantías parciales el dos
13
Samai del tribunal de origen, índice 7.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
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Demandado: FOMAG
(2) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Por lo tanto, el acto administrativo
debió expedirse en el término de 15 días exigido en el artículo 5 de la Ley 1071 de
2006, esto es, el veintisiete (27) de agosto de dos mil diecinueve (2019), de modo
que, la Resolución No. 001696 del veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte
(2020), fue emitida de manera extemporánea.
46. Visto lo anterior, siguiendo el criterio hermenéutico de la Sala, se tiene que el
término de exigibilidad de la sanción moratoria en el sub-lite empezó a correr desde
el quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), como se muestra en el
siguiente cuadro:
Reclamación para el pago de las cesantías definitivas 2 de agosto de 2019
Término de 15 días para emitir acto administrativo 27 de agosto de 2020
Vencimiento del término de ejecutoria – 10 días (Arts. 76 y 87 CPACA) 10 de septiembre de 2019
Vencimiento del término para el pago - 45 días (Art. 5 Ley 1071 de 2006) 15 de noviembre de 2019
47. Así las cosas, se corrobora que las cesantías fueron reconocidas a través de
Resolución 1696 de 27 de noviembre de 2020, y puestas a disposición por la
Fiduprevisora el dieciséis (16) de enero de dos mil veintiuno (2021), de forma
extemporánea, realizándose reintegro por no cobro; por lo tanto, las fechas para
contabilizar la sanción moratoria del pago de las cesantías, van desde el dieciséis
(16) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) hasta el quince (15) de enero
de dos mil veintiuno (2021), para un total de 426 días, como acertadamente
concluyó el A-quo.
48. Precisado lo anterior, se procede a analizar a cargo encaminado a determinar la
norma aplicable al presente asunto y, cual entidad debe responder por la obligación
de pago de la penalidad, conforme a los fundamentos esbozados en el recurso de
apelación presentado por la entidad demandada.
49. Para empezar, el artículo 56 de la Ley 962 del 2005 reguló el procedimiento para
reconocer las prestaciones, incluyendo el pago de cesantía, el cual estaba a cargo
de la entidad territorial y la Fiduprevisora, de la siguiente forma:
«ARTÍCULO 56. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA DEL FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las prestaciones sociales que
pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas
por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de
quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación
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de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado
el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que
llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.»
50. Empero, el citado artículo, fue derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 del
2019. Regulando en el precepto 57, todo lo relacionado con la eficiencia en la
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG. De allí que, contrario a lo enunciado por la parte apelante
(Departamento de Cundinamarca), es la norma aplicable para dirimir la presente
controversia.
51. Así fue definido por esta Sala en sentencia de 19 de marzo de 202618, en la cual,
tuvo oportunidad de pronunciarse en un asunto con similares supuestos fácticos al
presente, en el que, sostuvo:
52. Consecuente con lo transcrito, resulta evidente para la Sala que como la
solicitud de reconocimiento y pago de la cesantía se radicó por la interesada ante
la entidad territorial el 17 de junio de 2019, la norma vigente para dicho momento
en era la Ley 1955 de 2019, publicada el 25 de mayo de 2019.
53. Por tanto, no es posible concluir, como lo hace el recurrente en el escrito de
apelación, que el caso quedó enteramente gobernado por el régimen anterior por
haberse iniciado antes de la entrada en vigor de dicha ley. El artículo 57 de esa ley
ya formaba parte del ordenamiento para la fecha en que se pidió la prestación y
para el momento en que empezó a estructurarse la mora.
54. La regla general sobre efectos temporales de la ley es la irretroactividad y,
correlativamente, el efecto general inmediato hacia el futuro. La Corte Constitucional
ha reiterado que la ley nueva rige las situaciones en curso desde su entrada en
vigencia, sin afectar de manera retroactiva situaciones jurídicas consolidadas;
asimismo, ha precisado que las normas procesales y de competencia tienen efecto
general inmediato. […]
[…]
58. Por este motivo, fue que la sentencia de primera instancia consideró que la
responsable de la condena era la entidad territorial porque se incumplieron los
plazos que establece el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, en concordancia con el
artículo 2.4.4.2.3.2.26 del Decreto 1272 de 2018, que dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.26. Remisión del acto administrativo notificado y
ejecutoriado que resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías.
Una vez notificado y ejecutoriado el acto administrativo definitivo que resuelve las
solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la entidad
territorial certificada en educación deberá subir y remitir este acto administrativo
inmediatamente a través de la plataforma empleada para tal fin.
59. De ahí que, de conformidad con lo definido en la primera instancia y a partir de
los hechos probados la mora transcurrió entre el 28 de septiembre de 2019 y el 11
de septiembre de 2020, toda vez que la demandante, la señora Eliana Isabel
Robayo Fique radicó solicitud de sus cesantías parciales el 17 de junio de 2019,
pero la entidad solo profirió la Resolución núm. 001228 el 10 de septiembre de esa
vigencia, en la que las reconoció, esto es, por fuera del plazo legalmente previsto,
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 19 de marzo de 2026; expediente 25000-23-42-000-
2021-00778-01 (1399-2024); consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.
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por lo que la sanción moratoria empezó a causarse al vencimiento de los 70 días
hábiles contados a partir de la radicación de la solicitud.
[…]
63. Por consiguiente, resultó acertado que el Tribunal, al resolver el presente
asunto, fundamentara la condena impuesta al departamento en la Ley 1955 de 2019
y en el Decreto 1272 de 2018, al punto que la entidad no podía pretender eximirse
del pago, para que en lugar de aplicarse el artículo 5725 de la citada Ley se
empleara el parágrafo transitorio a partir de una norma vigente por la modificación
introducida por la Ley 2294 de 2023.
52. De acuerdo con el análisis anterior, la Sala resalta que, el legislador fijó unos
términos perentorios para resolver las solicitudes de cesantías parciales o
definitivas, procedimiento que estará a cargo de las secretarias de educación de la
entidad territorial a dónde pertenezca o haya pertenecido el solicitante y del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales. Ambas entidades tienen a su cargo una serie
de trámites que deben ejecutarse en unos plazos determinados, pero la decisión de
fondo debe resolverse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de radicación.
53. En consecuencia, y para determinar a quién le corresponde el pago de la sanción
moratoria, debe tenerse en cuenta que, la solicitud de reconocimiento parcial del
auxilio de cesantías fue presentada el 2 de agosto de 2019, el respectivo acto
administrativo fue expedido solo hasta el 27 de noviembre de 2020, y la prestación
fue sufragada el 16 de enero de 2021.
54. Por lo tanto, comoquiera que ya se encontraba vigente la Ley 1955 del 2019, la
cual, empezó a regir el 25 de mayo del 2019, tal como fue manifestado el Tribunal,
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, corresponde en su integridad al
ente territorial, que incumplió el plazo legal para la emisión del correspondiente acto
administrativo de reconocimiento de cesantías parciales.
55. En ese sentido, el argumento del Departamento de Cundinamarca, en cuanto a
que no es la entidad llamada a sufragar la sanción moratoria, no tiene vocación de
prosperidad, razón por la cual, la sentencia de primera instancia será confirmada en
su integridad.
2.5.1. Condena en costas.
56. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, es decir,
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
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Demandado: FOMAG
por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR, en su integridad, la sentencia del veintidós (22) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda Subsección A, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai.
En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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