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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00783-02

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00783-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 7 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Martha Cecilia González de Bonilla en contra de la Ugpp, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 000531 del 12 de enero del 2021, por medio de la cual la Ugpp determinó que Martha Cecilia González de Bonilla adeudaba a favor del Sistema General de Pensiones la suma de $ 609.613.778 por concepto de mayores valores pagados en las mesadas pensionales recibidas entre el 1º de enero de 2007 y el 30 de junio de 2020, como sustituta de la pensión que disfrutaba su cónyuge Carlos Eduardo Bonilla Camacho. 101 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 34 Radicado: 25000-23-42-000-2021-00783-02 (0977-2023) Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla Tercero. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 006270 del 10 de marzo ese año, a través de la cual la Ugpp confirmó la Resolución RDP 000531 del 12 de enero del 2021 al resolver un recurso de reposición interpuesto en su contra. Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto. No condenar en costas. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Aclaración de voto JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM 35

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00783-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

31 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00783-02 (0977-2023)
Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Tema: Buena fe. Competencia para ordenar la devolución de sumas de
dinero. Compartibilidad pensional

Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Martha Cecilia González de Bonilla presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 000531 del 12 de enero
del 2021 y RDP 006270 del 10 de marzo ese año, por medio de las cuales la Ugpp
determinó que adeudaba a favor del Sistema General de Pensiones la suma de $
609.613.778 por concepto de mayores valores pagados en las mesadas
pensionales recibidas entre el 1º de enero de 2007 y el 30 de junio de 2020, como
sustituta de la pensión que disfrutaba su cónyuge Carlos Eduardo Bonilla Camacho.

1
En lo que sigue Ugpp.
2
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00783-02 (0977-2023)
Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria del derecho a percibir las mesadas pensionales tal y como
le fueron pagadas desde el año 2007 y en adelante, de la no existencia de pagos
por concepto de mayores valores sobre estas y de la improcedencia de la
devolución de las sumas pedidas; y ii) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. A través de las Resoluciones 4515 del 3 de noviembre de 1994 y 010174 del 27
de junio de 2000, el Instituto de Seguros Sociales3, Seccional Cundinamarca, le
reconoció a Carlos Eduardo Bonilla Camacho las pensiones de jubilación y vejez,
efectivas a partir del 29 de septiembre de 1994 y 27 de junio de 2000,
respectivamente.

3.2. Carlos Eduardo Bonilla Camacho falleció el 19 de julio de 2003, por lo que a
través de la Resolución 01831 del 29 de diciembre de 2003 el ISS sustituyó a su
cónyuge Martha Cecilia González de Bonilla y a su hija Martha Liliana Bonilla
González la pensión de jubilación que aquel disfrutaba, a partir del 1º de junio de
2003.

3.3. La Ugpp por medio de la Resolución RDP 013708 del 16 de junio de 2020, ajustó
la mesada pensional en el mayor valor a cargo del Fondo de Pensiones Públicas4
de la «pensión de vejez» reconocida a favor del causante y posteriormente sustituida
a Martha Cecilia González de Bonilla, en la cuantía que resultaba entre la diferencia
del valor de la mesada pensional otorgada por el ISS (patrono), hoy Ugpp, mediante
Resolución de sustitución 01831 del 29 de diciembre de 2003, y el valor de la
mesada reconocida por el ISS (administradora), en la actualidad Administradora
Colombiana de Pensiones5, a través de la Resolución 010174 del 27 de junio de
2000, a partir del 6 de noviembre de 1997.

3.4. Mediante la Resolución 017777 del 4 de agosto de 2020, la Ugpp modificó la
Resolución 013708 del 16 de junio de 2020, en el sentido de incluir que el valor de
las mesadas cobradas de más por el pensionado debería ser reintegrado por Martha
Cecilia González de Bonilla y Martha Liliana Bonilla González, por el periodo
comprendido entre el 19 de julio de 2003 y la fecha de inclusión en nómina de esta
resolución, en la cuantía determinada por la Subdirección de Nómina.

3.5. La Ugpp por intermedio de la Resolución RDP 000531 del 12 de enero de 2021,

3
En lo sucesivo ISS.
4
En adelante FOPEP.
5
En lo que sigue Colpensiones.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00783-02 (0977-2023)
Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

determinó que Martha Cecilia González de Bonilla, en calidad de beneficiaria de la
pensión de Carlos Eduardo Bonilla Camacho, adeudaba al Sistema General de
Pensiones la suma $ 609.613.778, la cual debería pagar a la Dirección del Tesoro
Nacional por concepto de mayores valores de mesadas pensionales recibidas entre
el 1º de enero de 2007 y el 30 de junio de 2020. Este acto administrativo fue
confirmado a través de la Resolución RDP 006270 del 10 de marzo de 2021.

3.6. Mediantela Resolución 11365801 del 20 de enero de 2021, Colpensiones
ordenó que el valor del retroactivo calculado debería ser girado a favor de la Ugpp
por valor de $ 261.042.574, por los conceptos de mesadas ($ 221.369.685) y
mesadas adicionales ($ 39.672.889).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 83 de la Constitución Política; 138 y 164 del
CPACA; y 46 a 49 de la Ley 100 de 1993; la Ley 171 de 1961; y el Decreto 758 de
1990.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente6:

5.1. Ha operado la prescripción extintiva del cobro de las mesadas del periodo
comprendido entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de mayo de 2018, puesto que el
derecho a su recobro prescribía a los 3 años siguientes al pago de la mesada
respectiva.

5.2. La obligación correlativa de su pago por cada una de las entidades concurrentes,
si bien solo nace cuando el desembolso de cada mesada se ha hecho efectivo al
jubilado, son razones de orden público y seguridad jurídica las que exigen que estas
obligaciones tengan un plazo extintivo o liberatorio, entendiéndose que lo se
extingue es el derecho subjetivo de la entidad a recobrar, sin que ello signifique la
autorización a un destino diferente de los recursos de la seguridad social, ni el
desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

5.3. Las actuaciones de la actora siempre se han ajustado a los principios de
legalidad y de buena fe y de conformidad con la Constitución Política en su artículo
83 y el CPACA en su artículo 164 es deber de la entidad demostrar la mala fe del
particular.

5.4. Ahora, si bien es cierto que dentro de las súplicas de la demanda se solicitó la
declaratoria del derecho a percibir las dos mesadas pensionales como se le

6
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_DDA_25000234200020210078(.zip) NroActua 2», carpeta «250002342000202100883000 2»,
archivo «01Demanda.pdf».

3

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

reconocieron hasta el año 2007, también lo es que no hizo consideración sobre la
razón de ello.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos7:

6.1. Resulta improcedente la revocatoria de los actos administrativos demandados,
por medio de los cuales se determinaron unos mayores valores recibidos por la
demandante por concepto de mesadas pensionales en exceso del mayor valor que
por compartibilidad le correspondía, pues se constituyó un pago de lo no debido y
por tanto aquella obtuvo un incremento patrimonial sin causa, ni razón que lo
justifique.

6.2. En los términos del artículo 93 del CPACA cuando se cause un agravio
injustificado a una persona, por motivos de ilegalidad o por inconformidad con el
interés público o social, la administración debe revocar directamente sus propios
actos administrativos, ya sea a través del mismo funcionario que los expidió o por
el superior, de oficio o a petición de parte.

6.3. Porúltimo, propuso las excepciones de: i) buena fe; ii) prescripción; iii)
improcedencia de la condena en costas y agencias en derecho a la entidad de
previsión social demandada; y iv) genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en
sentencia proferida el 7 de septiembre de 2022 negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas.

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente8:

8.1. Los dineros pagados a la actora los percibió con vulneración de los principios de
lealtad y buena fe, lo que resulta contrario con lo previsto en la Constitución Política
y la ley, pues existió un periodo en el cual aquella en calidad de beneficiaria en
sustitución de la pensión de su cónyuge fallecido percibió la mesada pensional de
manera completa, cuando lo que correspondía era que la Ugpp de acuerdo con el
artículo 16 del Decreto 758 de 1990 únicamente pagara el mayor valor entre la

7
Ibidem, archivo «13ContestaciónDemandaUGPP.pdf».
8
Ibidem, archivo «28)D.2021-00783-00-MARTHA GONZALEZ VS UGPP pago en exceso, reintegro
diferencias de mesadas.pdf».

4

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

pensión otorgada por el ISS (asegurador) y la que le venía cubriendo la Ugpp como
entidad que reemplazó al ISS (patrono).

8.2. Por lo que se entiende que durante dicho periodo percibiera dos pensiones en
su totalidad lo cual era improcedente, y pese a tener conocimiento sobre tal
circunstancia guardó silencio, y se benefició del error de la administración.

8.3. La condena en costas es improcedente, pues no se acreditó su causación y la
actuación de la parte vencida no fue temeraria o de mala fe, en consideración a lo
previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General el Proceso (CGP).

1.4. El recurso de apelación

9. Martha Cecilia González de Bonilla interpuso recurso de apelación bajo los
siguientes argumentos9:

9.1. Su actuar siempre ha estado ajustado a los principios de legalidad y de buena
fe, y de conformidad con los artículos 83 de la Constitución Política y 164 del CPACA
para la restitución de sumas de dinero pagadas es deber de la entidad configurar
plena prueba de la mala fe del particular, tal y como lo consideró el Consejo de
Estado en sentencia con radicado 2014-00318 de 2020, en la que concluyó, en
relación con el reintegro de valores recibidos, que «no exist(ía) prueba que
dem(ostrara) fraude, maniobras o actos ilegales tendientes a obtenerlo, es decir, la UGPP
no acreditó una aptitud inmoral o ilegal del pensionado. Lo anterior, dado que no basta que
la entidad exponga la falta de legalidad del reconocimiento pensional, sino que resulta
necesario que aporte todo el material probatorio tendiente a demostrar que la conducta del
accionado se apartó del postulado de buena fe, en atención a que este mandato
constitucional está estrechamente ligado a los derechos al buen nombre y la dignidad
humana, (pues) al presentar la petición con el fin de obtener el reconocimiento de su
pensión, (el beneficiario) actuó con la convicción de que le asistía el derecho a ello».

9.2. Sin perjuicio de lo anterior, frente a la devolución de los mayores valores de
mesadas pensionales recibidas entre el 1º de enero de 2007 y el 30 de junio de
2020 operó la prescripción extintiva.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

9
Ibidem, archivo «30RecursoApelaciónDte.pdf».

5

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación10, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si para el caso concreto se desvirtuó
la presunción de buena fe que ampara a Martha Cecilia González de Bonilla y en
consecuencia si hay lugar a la devolución de los dineros pagados en exceso con
ocasión de la sustitución de la pensión compartida que le fue reconocida como
cónyuge del causante? y, en caso afirmativo, ¿si operó el fenómeno jurídico de la
prescripción respecto de la devolución de los mayores valores de las mesadas
pensionales recibidas entre el 1º de enero de 2007 y el 30 de junio de 2020?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para
devolución de prestaciones periódicas

13. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando
había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al estar
ligado a su propia declaración11.

14. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos12, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes
interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina ‹principio de
probidad›», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española13, como honradez.

15. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199514, sostuvo que «(l)a buena

10
Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
11
Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
12
Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
13
https://dle.rae.es/probidad?m=form.
14
Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

6

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».

16. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.

En todos los otros, la mala fe deberá probarse»15.

17. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.

18. A su turno, el Código Contencioso Administrativo16 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». (Negrilla del
texto original).

19. El desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro ordenamiento
jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, el cual
dispuso:

«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».

20. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional17 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,

15
Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23
de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
16
Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
17
Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

7

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

21. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados
legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos
ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas
ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las
circunstancias jurídicas y fácticas del caso». (Resalta la Sala).

22. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular de cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que se
espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.

23. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200418, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:

«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha
producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las
facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico». (Se resalta).

24. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que

18
Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.

8

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tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional,
tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros19.

25. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe» , postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.

26. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»20, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
de que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.

27. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la expedición
del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto en que el
beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de acceder al
derecho.

28. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200821, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:

«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que ‹Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones

19
Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
20
Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre
de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
21
Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.

9

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00783-02 (0977-2023)
Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

pagadas a particulares de buena fe›, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya
que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para
obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue
pagado por este concepto22».

29. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 201623, la corporación
indicó:

«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir24 la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el
recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)25

Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba
en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos (…)

(…)

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las prestaciones
que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del CPACA».

30. En pronunciamiento del 18 de marzo de 202126, sostuvo:

«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos

22
Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita Olaya
Forero.
23
Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).
Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
24
«El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar
Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F. 309)».
25
«Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
26
Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia
de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).

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probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la
administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no
puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

31. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.

32. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

33. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación27.

34. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.

35. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les ha
reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones
tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta protección no
acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas con la finalidad

27
Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada
Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».

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de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace necesario que se
demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas o fraudulentas que
llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda la devolución de
esas sumas de dinero pagadas.

2.2.2. Compartibilidad pensional

36. El Decreto 758 de 199028, respecto de las pensiones extralegales reconocidas
por los patronos registrados como tales en el ISS, en su artículo 18 estableció:

«Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los patronos
registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus
trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva,
pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de
1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando
los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión
de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de
cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada
por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya
dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas no serán compartidas
con el Instituto de Seguros Sociales».

37. Por su parte, el artículo 5 del Acuerdo 029 de 200529, aprobado por el Decreto
2879 del 4 de octubre de esa anualidad, dispuso:

«Artículo 5° Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la
fecha de publicación del decreto que apruebe este Acuerdo, otorguen a sus trabajadores
afiliados pensiones de jubilación reconocidas en Convención Colectiva, Pacto Colectivo,
Laudo Arbitral o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de Invalidez,
Vejez y Muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el
Instituto para otorgar la pensión de Vejez y en este momento el Instituto procederá a
cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo
hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el
patrono.

La obligación de seguir cotizando al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de que trata
este artículo, sólo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales.

Parágrafo 1°Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o acuerdo entre las partes, se
haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán
compartidas con el Instituto de Seguros

28
«Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo
Nacional de Seguros Sociales Obligatorios».
29
«Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
Invalidez, Vejez y Muerte».

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Sociales.

Parágrafo 2° Las pensiones de jubilación a que se refiere esta disposición, serán
aquellas que reconozcan las empresas que tengan un capital de ochocientos mil pesos
($ 800.000.00) moneda corriente, o superior».

38. De tal manera que, las pensiones reconocidas en virtud de la compartibilidad
pensional, en un primer momento son pagadas por el empleador y posteriormente,
por la administradora de pensiones, entidad que subroga al empleador cuando el
trabajador cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la ley para su
reconocimiento. Sin embargo, en caso de que existan diferencias, el empleador
quedará a cargo de ellas.

39. Ahora bien, a propósito de la compartibilidad pensional, la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, con ocasión de una consulta elevada por el
gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional en el concepto 2068
de 2012, explicó esta figura, así:

«Cuando una entidad oficial había afiliado a sus funcionarios públicos al Instituto de los
Seguros Sociales, se tenía esta situación: los servidores tenían derecho a la pensión de
jubilación pues laboraban bajo una relación legal y reglamentaria y el hecho de la
afiliación al ISS no cambiaba su régimen laboral, pero este Instituto, reconocía la pensión
de vejez, de manera que era necesario hacer compatibles los dos regímenes
pensionales, el de jubilación con el de vejez. La armonización de estos regímenes se
obtuvo aplicando a esta situación el mecanismo de la subrogación de la pensión de
jubilación o de la compartibilidad, según el cual era el empleador quien reconocía y
pagaba la pensión a que estaba obligado antes de lo previsto en los reglamentos del
Seguro quien además seguía cotizando al ISS hasta que el trabajador tuviera derecho a
la pensión de vejez, y reconocida la de vejez, el Instituto de los Seguros Sociales se
subrogaba en el pago de la pensión. Si la pensión reconocida inicialmente por el
empleador era superior a la de vejez reconocida por el ISS, entonces aquel pagaba el
mayor valor entre ambas»30. (Se resalta).

40. Asimismo, en sentencia del 16 de septiembre de 202131, la Sección Segunda de
esta Corporación, sobre el particular, reiteró:

«Así las cosas, cuando se da la figura de la compartibilidad pensional el reconocimiento
y pago de la prestación social, inicialmente la asume el patrono pero cuando se
satisfagan los requisitos exigidos por el I.S.S., éste asumirá su obligación y el patrono
cesará en el pago de dicha prestación, salvo que el I.S.S. cuando reconozca la
prestación lo haga en cuantía inferior a la que, conforme al régimen general, tienen
derecho los servidores públicos en general, ante lo cual el patrono deberá cubrir la
diferencia resultante y por ello se habla de pensión compartida.

30
Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, concepto de 23 de febrero de 2012,
expediente 11001-03-06-000-2011-00045-00. C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de septiembre de 2021, expediente 05001-
23-33-000-2017-02855-01 (6384-199) M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Cuando el I.S.S. asume el riesgo de vejez subroga al patrono en la obligación de
reconocer la pensión de jubilación. Así, realmente se presenta una subrogación de la
entidad encargada de asumir la obligación (aunque no tenga la misma denominación)
y es por lo que resulta improcedente que simultáneamente se pueda gozar de la pensión
de jubilación reconocida por el patrono bajo la normatividad que rige a los empleados
públicos y la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, pues ello contraría
la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Política. La ley no autoriza
que por los mismos tiempos de servicios estatales los funcionarios perciban dos
pensiones a cargo de diferentes Instituciones». (Se resalta).

41. Así las cosas, es claro que en virtud de la compartibilidad pensional el empleador,
como consecuencia de una convención legal o extralegal, reconoce a su
extrabajador una pensión de jubilación en la cual se acuerda que dicha prestación
sea compartida con la que por vejez otorgue el ISS, razón por la cual continúa con
los aportes en pensión hasta cuando cumpla con los requisitos de ley para cubrir
dicha contingencia, momento en el cual el ISS otorga la pensión a su cargo.

2.2.1. La revocatoria directa de los actos administrativos que reconocieron
prestaciones periódicas

42. Respecto de los efectos del acto administrativo, la doctrina ha determinado un
principio básico en su estructura el cual ha sido denominado «estabilidad» que
consiste en la «prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran
un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga
o altere el acto en beneficio del interesado»32; sin embargo, este no es absoluto, pues
la revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin efectos
un acto administrativo de contenido particular»33, de carácter excepcional y, que
procede de oficio o a solicitud de parte siempre que se desarrolle dentro de los
límites y reglas que prevé la ley.

43. Lo anterior, se materializó en los artículos 73 del CCA y 93 del CPACA. El primero
estableció que la administración se encontraba facultada para revocar sus actos
siempre que contara con el consentimiento previo, expreso y escrito del titular de
los derechos reconocidos en el acto administrativo en cuestión. A falta de este, la
revocatoria directa únicamente era viable en los siguientes casos:

43.1. Cuando fueran actos administrativos producto de haber operado el silencio
administrativo positivo y pudiera verificarse una de las siguientes condiciones:
a) que fueran manifiestamente opuestos a la Constitución Política o a la ley; b) que
no consultaran el interés público o social o atentan contra él; y b) que causaran un
agravio injustificado a una persona; y

43.2. Cuando era evidente que el acto se expidió por medios ilegales.

32
Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
33
Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.

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44. Estasdos excepciones surgen de la interpretación que la jurisprudencia
contencioso-administrativa ha hecho en relación con los artículos 6934 y 7335 del
Decreto 01 de 1984, y que fue definida por la Sala Plena del Consejo de Estado por
medio de sentencia del 16 de julio de 200236.

45. En aquella oportunidad, la Sala explicó que «en el inciso 2º de dicha norma [el
artículo 73 del CCA], el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para
resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la
puntuación de su texto. Pero además, como se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º,
el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión “actos administrativos”,
para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna. Lo cierto entonces es
que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las
cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el
consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio
administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales».

46. En relación con las dos excepciones, puede concluirse que en vigencia del
Decreto 01 de 1984 «la administración contaba con la posibilidad de revocar actos
administrativos de contenido particular en el evento en que su ilicitud era evidente u
ostensible. Así las cosas (…) no se trataba de que la autoridad pública intuyera o
sospechara sobre la ilegalidad de los medios utilizados para obtener el acto, tal
circunstancia, a juicio de la Sala, debía estar debidamente documentada y probada
dentro de la actuación administrativa que, en todo caso, precedía la expedición del
acto que contenía la decisión de la revocatoria»37 (se resalta).

47. Así entonces, una vez verificado el cumplimiento de alguno de los 2 supuestos
que dan paso a la revocatoria directa, a efectos de garantizar el derecho al debido
proceso, la administración se encontraba en la obligación de adelantar una

34
«Artículo 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que
los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera
de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
35
«Artículo 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo
haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del
respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio
administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el
acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario
para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión».
36
Radicación 23001-23-31-000-1997-8732-02 (IJ 029). MP: Ana Margarita Olaya.
37
Sentencia del 6 de agosto de 2015; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve; Radicación 76001-
23-31-000-2004-03824-02 (0376-07); Actor: Jairo Candelo Banguero; Demandado: Departamento
del Valle del Cauca.

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actuación administrativa en los términos del artículo 28 del CCA y demás normas
concordantes, tal y como lo ordena el artículo 74 ibidem.

48. Esto supone que previo a la adopción de la decisión en comento deban agotarse
unas etapas procesales mínimas con las que se reafirme el respeto por el derecho
de contradicción del directamente afectado y de terceros que puedan estar
interesados en aquella, quienes podrán expresar sus opiniones en la oportunidad
legalmente establecida y solicitar el decreto y práctica de pruebas que estimen
pertinentes.

49. Ahora, cuando no es posible revocar unilateralmente los actos administrativos
ilegales, tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado38, la administración
puede acudir a la denominada acción de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del acto propio, que es precisamente el camino procesal que tiene para retirar
del ordenamiento actos que reconocen derechos particulares y concretos:

«La acción de lesividad tiende a obtener la nulidad de los actos administrativos ilegales
que perjudican a la administración, y que esta no puede revocar unilateralmente por no
configurarse los requisitos previstos en el artículo 69 del Código Contencioso
Administrativo, en concordancia con el artículo 73 del mismo estatuto. La acción de
lesividad es equivalente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que
ejercen los particulares con el fin de cuestionar la legalidad de un acto administrativo
concreto y tiene entre otras características, que en ella la administración comparece al
proceso en calidad de demandante y de demandada, buscando obtener la nulidad de un
acto administrativo expedido por ella, invocando una o varias de las causales de nulidad
previstas en el artículo 84 del C.C.A. En consecuencia, con fundamento en la naturaleza
jurídica de la acción de lesividad, es válido afirmar que su prosperidad no depende de la
inobservancia del principio de buena fe por parte del ciudadano pues la declaratoria de
nulidad del acto administrativo demandado radica en que se pruebe una de las referidas
causales de nulidad» (sic).

50. Ahora bien, esta Sala encuentra necesario referirse al artículo 9339 de La Ley
1437 de 2011, el cual, de manera expresa, precisó las causales que imponen a la
administración acudir a la figura de la revocatoria directa de los actos administrativos
de carácter general, al igual que ocurre con los particulares, de oficio o a petición
de parte. Tales causales son las siguientes:

50.1. Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es que la oposición sea grosera, de bulto, es decir,

38
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B,
sentencia del 8 de mayo de 2008. Expediente 25000232500020021323101 (0949- 2006). MP. Jesús
María Lemos Bustamante.
39
«Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».

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cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos
administrativos, por parte de esta Jurisdicción.

50.2. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses generales,
causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un acto
legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de
la inoportunidad o inconveniencia de aquél40, vinculándose a la noción del mérito
del acto administrativo; y

50.3. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una
persona.

51. Sin embargo, tal y como lo señalaba el CCA, para la revocación de los actos de
carácter particular y concreto, el CPACA estableció una regla general contenida en
el artículo 97, según la cual, tales actos no podrán ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular, pues implican la
creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y
determinada, esto en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos -especialmente de los favorables41, estrechamente relacionado con
la presunción de legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la protección
de los derechos adquiridos. La norma señaló lo siguiente:

«Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.

40
Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia de mayo 5 de 1981.
41
Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio
jurídico del destinatario, esto es, «crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica», como los
nombramientos, las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la
Administración responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de
una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los de gravamen en los cuales se incluyen
aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones, la revocación
de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver Consejo de Estado.
Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-10227-01(10227).

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Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa».

52. En relación con la figura de la revocatoria directa, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia se ha pronunciado sobre la prohibición de revocar actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo
derecho, en los siguientes términos42:

«Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un acto
administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto administrativo
comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos, categoría esta última
que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del Decreto 01 de 1984.

En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos que:
«hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría» salvo que de manera previa, expresa y escrita
medie el consentimiento del titular del respectivo derecho. Advierte la Sala que, en lo
que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para revocar actos
administrativos de carácter particular, en los eventos en los que concurría alguna de las
causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere
evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan que
en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad de
un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o fraudulentos,
deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no cuente con el
consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos en el
respectivo acto administrativo (…)».

53. De acuerdo con las normas y jurisprudencia en cita, también en vigencia del
CPACA la administración no puede revocar un acto administrativo de carácter
particular, sino solo en los eventos en que se cuente con el consentimiento
de la persona. En caso contrario, deberá cuestionar su constitucionalidad o
legalidad a través del respectivo medio de control. Entonces, solo en casos
excepcionales previstos legalmente, será posible revocar un acto sin el
consentimiento del interesado. De lo contrario, las entidades tendrán que acudir a
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar ante un juez
administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden solicitar medidas
cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto que consideren
ilegal.

54. No obstante, y en consideración al objeto del litigio en el sub judice en materia

42
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.

18

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

de seguridad social, existen eventos en los que la entidad puede revocar el acto
administrativo aun sin el consentimiento del beneficiario, como es el caso de las
pensiones que fueron reconocidas irregularmente. En efecto, el artículo 19 de la Ley
797 de 200343 previó:

«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes
legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el
cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los
documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma
o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos
en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o
una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o
que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del
particular y compulsar copias a las autoridades competentes» (se resalta).

55. Asimismo, la Ley 1450 de 2011 «(p)or la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010 – 2014», en su artículo 243 dispuso:

«Artículo 243. Protección contra prácticas corruptas en el reconocimiento de pensiones.
Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones
tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con fundamento en
documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la administración o
cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una actuación
administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la prestación y la
existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la actuación se verifica
la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la administración procederá a
revocar o modificar el acto sin consentimiento del particular» (se resalta).

56. Nótese que si bien la primera norma citada únicamente impuso el deber a la
administración para revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular cuando se compruebe la irregularidad en el reconocimiento de la
prestación, fue con la segunda que condicionó tal decisión a que previamente se
adelantara la actuación administrativa44 y se definiera o verificara si aquella (la
irregularidad) existió.

57. Esto presupone que toda la actuación que se adelante antes de la revocación del

43
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
44
Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-182 de 2019, en la cual se establecieron las
siguientes reglas: (i) solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título; (ii) la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber; (iii)
no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la
pensión; (iv) solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; (v) no
hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el
ordenamiento jurídico sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios; (vi) sujeción al debido
proceso; entre otras.

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

acto debe surgir de «motivos reales, objetivos, trascendentales, y desde luego
verificables»45 y respetar los derechos al debido proceso y defensa del beneficiario
de la prestación. Asimismo, como se trata de una facultad excepcional de la
administración, es en esta que recae la carga de la prueba, es decir, su deber se
circunscribe a demostrar con suficiencia la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional, sin perjuicio de que, cuando se trate de «problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de
un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general» 46,
esté obligada a acudir al juez competente.

58. Ahora bien, cuando la administración adelanta la actuación con sujeción al
debido proceso y revoca el acto administrativo, debe determinarse cuáles son sus
efectos en el tiempo y sus consecuencias. Aunque este tema fue zanjado en la
sentencia SU-182 de 2019 por la Corte Constitucional, es necesario precisar que
esta corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado (ex tunc), en otras que
tiene efectos hacia el futuro (ex nunc) y, solo en una providencia, se indicó que los
efectos dependían de cuándo ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se muestra
la tendencia de cada uno de los criterios:

La revocatoria directa tiene efectos hacia el
La revocatoria directa tiene efectos hacia el futuro
pasado
 3 de agosto de 198852.
 22 de agosto de 199047
 23 de octubre de 199153
 14 de noviembre de 199154
 9 de septiembre de 200055
 16 de julio de 200256
 26 de febrero de 200457
 20 de mayo de 200448
 5 de octubre de 200958
 13 de mayo de 200959

45
Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003, mediante la cual se declaró exequible el artículo
19 de la Ley 797 de 2003.
46
Ibidem.
47
Expediente 285.
48
Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango
Mantilla.
52
Sección Segunda, expediente 1609.
53
Sección Segunda, expediente 2174.
54
Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
55
Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
56
Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
57
Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
58
Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta.
59
CP. Myriam Guerrero de Escobar.

20

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

 31 de mayo de 201249  3 de abril de 201360
 15 de agosto de 201361
 29 de enero de 201562

 13 de abril de 201550  18 de febrero de 201663
 8 de septiembre de 201664
 17 de noviembre de 201665
 21 de abril de 201766
 26 de octubre de 201767
 8 de febrero de 201868

 23 de mayo de 201969
 19 de julio de 201851
 31 de octubre de 201970
 20 de noviembre de 201971
 7 de mayo de 202072
 18 de junio de 202073
 1 de julio de 202074
 26 de noviembre de 202075
 21 de enero de 202176
 25 de enero de 202177

49
Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas
Monsalve.
50
Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de
la Hoz.
51
Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
60
Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
61
Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas
Monsalve.
62
Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
63
Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
64
Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
65
Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino
Cortés.
66
Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
67
Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
68
Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
69
Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William Hernández
Gómez.
70
Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino
Cortés.
71
Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia
Velásquez Rico.
72
Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William
Hernández Gómez.
73
Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
74
Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
75
Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
76
Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
77
Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

 22 de abril de 202178

 6 de mayo de 202179

 5 de agosto de 202180
 10 de marzo de 202281

59. En el criterio minoritario, este es que los efectos de los actos administrativos son
hacia el pasado, se sostuvo que el acto administrativo se extingue cuando cesan en
forma definitiva sus efectos y puede ser revocado por razones de mérito o de
legalidad. Cuando la figura opera por esta última, al tratarse de un juicio
estrictamente lógico jurídico, los efectos serán hacia el pasado, es decir, desde el
momento de su expedición.

60. Por su parte, en el criterio mayoritario, existen 2 referentes principales que se
detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que sirvieron
a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002 [proferido por
la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 (proferido por la Sección Segunda).
Los argumentos que concuerdan en las providencias que prohijaron esta tesis, son
los siguientes:

60.1. El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias jurídicas.
«(R)esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar hacia atrás los
efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó de la presunción de
legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el administrado estuvo en el
deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo (...)».

60.2. La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad que
hasta ese momento tuvo el acto administrativo, «sino tan solo [puede] evitar que lo
resuelto se materialice».

60.3. La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo
los efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad, por tal razón, la

78
Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
79
Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
80
Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
81
Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.

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recuperación de los dineros indebidamente pagados solo es posible lograrla por
conducto del juez. Esta figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado
efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad».

60.4. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació a
la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le
corresponden a la administración.

61. La Sala adopta la posición mayoritaria, en virtud de la separación de poderes,
aunque las ramas legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor eficiencia
para lograr los fines del Estado, la última tiene una función netamente ejecutora de
las actividades administrativas en servicio del interés general, dentro de la cual se
encuentra ejercer el control de sus propios actos y revocarlos directamente aun sin
el consentimiento del particular, pero únicamente en los casos expresamente
autorizados por el legislador.

62. Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en ningún modo declarar
su ilegalidad, pues conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de
la declaratoria de nulidad.

63. En esa línea, como el juez de lo contencioso-administrativo es el único que puede
examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde su
nacimiento y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, nada
impide que la administración solicite la nulidad y el reembolso de las sumas pagadas
en virtud de aquel, en razón a que durante su vigencia produjo efectos jurídicos.

64. Es así porque fue la voluntad del legislador disponer únicamente en la parte
segunda del CPACA (organización de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva) que «no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», lo cual supone que solo
la autoridad judicial podrá determinar si el beneficiario del acto revocado acudió a
maniobras fraudulentas para obtener el derecho, no la entidad en el curso de la
actuación administrativa. Lo contrario, sería tanto como aceptar que la
administración puede asumir la posición de juez y parte en el procedimiento, por
cuanto decidiría la suerte de un derecho particular y establecería el monto de los
perjuicios que causó la expedición del acto.

65. A más de lo expuesto, la revocatoria se realiza a través de un acto administrativo

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autónomo e independiente, lo que significa que de esta se desprenden situaciones
jurídicas nuevas. De ahí la diferencia con la declaratoria de nulidad, la cual implica
«que el acto se reputa no haber existido jamás»82, es decir, ataca directamente los
elementos de la esencia y reconoce que desde su expedición estaba viciado; por
eso sus efectos son hacia el pasado o ex tunc.

66. Incluso,esto ocurre con la derogatoria del acto administrativo de carácter
general. Aunque «tiene un régimen jurídico específico»83 y distinto del acto
administrativo en cuanto a «la protección jurisdiccional, posibilidad de revocación,
jerarquía dentro del orden normativo, publicidad o notificación, efectos de los recursos y
alcance de la vigencia»84, su derogatoria (tácita o expresa) deviene de la decisión
unilateral de la autoridad que lo expidió, también tiene efectos hacia el futuro o ex
nunc y opera cuando queda en firme la decisión sin que se afecte «lo ocurrido durante
la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab-initio,
restableciéndose por tal razón al imperio de la legalidad»85.

67. En definitiva, tanto la revocatoria como la derogatoria únicamente impactan los
efectos u obligatoriedad del acto primigenio, pero no la presunción de legalidad que
corresponde únicamente al juez de lo contencioso-administrativo, quien, además,
es el único competente para restablecer las cosas a su estado anterior y, en caso
dado, ordenar las sumas pagadas con ocasión del acto anulado. Lo expuesto se
sintetiza en el siguiente cuadro:

Características Efectos
Afecta el acto por razones de «ilegalidad». No tiene la virtualidad
Revocación de retrotraer las cosas al estado inicial.
Hacia el futuro
directa Procede solo con el consentimiento de la persona, salvo en los
casos expresamente establecidos por el legislador.
Procede por decisión unilateral y discrecional de la autoridad que
Derogatoria
lo expidió. No se pueden afectar los derechos consolidados al
del Hacia el futuro
amparo del que fue derogado. No restablece el orden jurídico que
reglamento
se estima contrariado.
Nulidad Afecta el acto desde el momento de su expedición. Hacia el pasado

2.3. Lo probado dentro del proceso

68. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

82
Corresponde a la transcripción que se hizo de un aparte del libro Los grandes fallos de la
jurisprudencia administrativa colombiana de la decisión del 11 de mayo de 2004 adoptada por la
Asamblea de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado francés, citado en el concepto de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 5 de marzo de 2019, radicación 11001-
03-06-000-2018-00217-00(2403), MP Germán Alberto Bula Escobar; reiterada por la Sección
Segunda de la Corporación en sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación 11001-03-25-000-
2013-00508-00(1011-13), MP Gabriel Valbuena Hernández.
83
Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 26.
84
Ibidem.
85
Expediente S-157, CP. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.

24

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68.1. Resolución 004515 del 3 de noviembre de 199486, a través de la cual el ISS
(patrono) le reconoció una pensión de jubilación a Carlos Eduardo Bonilla Camacho
en cuantía de $ 1.019.266 a partir del 29 de septiembre de 1994, de conformidad
con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977. En el artículo 6 de la
parte resolutiva de este acto administrativo se dispuso lo siguiente:

«Artículo Sexto: En el evento de que a BONILLA CAMACHO CARLOS EDUARDO, le
fuese reconocida alguna de las pensiones que concede el ISS en calidad de Asegurador,
dicha prestación se deducirá del valor recibido por concepto de pensión de jubilación
(…)» (sic).

68.2. Resolución010174 del 27 de junio de 200087, mediante la cual el ISS
(asegurador), hoy Colpensiones, le reconoció una pensión de vejez a Carlos
Eduardo Bonilla Camacho en consideración a lo previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto
758 de ese año, en cuantía de $ 1.444.246 a partir del 6 de noviembre de 1997. A
través de este acto administrativo se otorgó un retroactivo pensional de
$ 70.819.586 con destino al ISS (patrono).

68.3. Registro civil de defunción 04329217 con fecha de inscripción del 21 de julio de
200388, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que da constancia
que Carlos Eduardo Bonilla Camacho falleció el 19 de julio de 2003.

68.4. Resolución 01831 del 29 de diciembre de 200389, por medio de la cual el ISS
(patrono) sustituyó a partir del 1º de agosto de 2003 a favor de Martha Cecilia
González de Bonilla en su condición de cónyuge supérstite en proporción del 50 %
y a Martha Liliana Bonilla González como hija menor de edad el otro 50 % la pensión
de jubilación que disfrutó el causante, reconocida a través de la Resolución 004515
del 3 de noviembre de 1994.

68.5. Resolución RDP 01378 del 16 de junio de 202090, a través de la cual la Ugpp
«MODIFICA UNA MESADA PENSIONAL POR COMPARTIBILIDAD Y SE ORDENA EL
PAGO DE UN MAYOR VALOR DE UNA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES del Sr. (a)
BONILLA CAMACHO CARLOS EDUARDO». En el acto administrativo, respecto del
que no existe constancia de su notificación en el expediente administrativo, se
consideró y resolvió lo siguiente:

86
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_DDA_25000234200020210078(.zip) NroActua 2», carpeta «250002342000202100883000 2»,
archivo «16ExpedienteAdministrativo.pdf», folios 26 y 27.
87
Ibidem, folio 31.
88
Ibidem, folio 34.
89
Ibidem, folios 50 a 52.
90
Ibidem, folios 89 a 94.

25

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00783-02 (0977-2023)
Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

«Que dentro del cuaderno administrativo obra radicado interno No.
SOP202000007369AO del 03 de junio de 2020, por medio del cual se solicita la revisión
del expediente del causante BONILLA CAMACHO CARLOS EDUARDO, quien en vida
se identificaba con la C.C. No. 17055802, en consideración a lo siguiente:

(...) "NUEVO ESTUDIO: SE SOLICITA AL ÁREA DE DETERMINACIÓN ESTUDIAR
LA RESOLUCIÓN 1831 DEL 29/12/2003, CON EL FIN DE ACLARAR DICHO ACTO
ADMINISTRATIVO TODA VEZ AL VALIDAR EL CASO SE EVIDENCIA QUE LA
SUSTITUCIÓN SE REALIZÓ POR EL VALOR TANTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ
COMO DE LA JUBILACIÓN Y LA PRESTACIÓN ACTUALMENTE NO VIENE
COMPARTIBILIDAD. DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR REVISAR SI LA
PRESTACIÓN ES COMPARTIDA, ESTABLECER CUAL ES EL MAYOR VALOR A
CARGO DE LA UGPP Y ACLARAR SI HAY LUGAR A CALCULAR MAYORES
VALORES."

(…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar la mesada pensional en el mayor valor a cargo de EL
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS-FOPEP, de la pensión de VEJEZ reconocida a
favor del (la) señor(a) BONILLA CAMACHO CARLOS EDUARDO, ya identificado(a), y
posteriormente sustituida a favor de la señora MARTHA CECILIA GONZALEZ DE
BONILLA ya identificada, en la cuantía que resulte entre la diferencia del valor de la
mesada pensional otorgada por el Instituto de Seguros Sociales Seccional
Cundinamarca (Patrono), mediante Resolución de sustitución No. 1831 del 29 de
diciembre de 2003 a favor de la señora MARTHA CECILIA GONZALEZ DE BONILLA
hoy LA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL UGPP y el valor de la
mesada reconocida por le ISS ADMINISTRADORA Hoy ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES mediante Resolución No. 010174 del
27 de junio de 2000, a partir del 06 de noviembre de 1997.

(…)

ARTÍCULO TERCERO: El valor de las mesadas cobradas de más por el pensionado,
entre el periodo comprendido del 19 de julio de 2003 y la fecha de inclusión en nómina
de esta resolución en la cuantía que se determine por la Subdirección de Nomina, deberá
ser reintegrada por el (la) señor(a) MARTHA CECILIA GONZALEZ DE BONILLA, quien
para tal efecto deberá autorizar expresamente los descuentos respectivos sobre la
mesadas pensional a cargo de FOPEP, en caso contrario se remitirá al área competente
para el cobro correspondiente» (sic).

68.6. Resolución RDP 017777 del 4 de agosto de 202091, suscrita por el subdirector
de derechos pensionales de la Ugpp, por la cual se modificó el artículo 3 de la
Resolución RDP 013708 del 16 de junio del mismo año, en el sentido de indicar que
el reintegro de las sumas pagadas de más también le corresponde efectuarlo a
Martha Liliana Bonilla González.

68.7. Resolución RDP 000531 del 12 de enero de 202192, a través de la cual el

91
Ibidem, folios 70 a 74
92
Ibidem, folios 76 a 79.

26

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00783-02 (0977-2023)
Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

director de pensiones de la Ugpp determinó que Martha Cecilia González de Bonilla
adeudaba al Sistema General de Pensiones la suma de $ 609.613.778 y que lo
debería pagar a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de mayores valores
de mesadas pensionales recibidas, y que dichas sumas causarán intereses a la tasa
DTF para cada mes de mora, en forma separada, contados a partir de la ejecutoria
de dicho acto administrativo.

68.8. Resolución SUB 7697 de 20 de enero de 202193, expedida por Colpensiones
en calidad de sucesor del ISS (asegurador), que ordenó el reconocimiento de una
pensión de vejez post mortem de carácter compartida a Martha Cecilia González de
Bonilla con efectos fiscales a partir del 9 de noviembre de 2017 en cuantía de $
6.024.579 para el año 2021. Asimismo, el pago de un retroactivo por concepto de
mesadas a la Ugpp por suma de $ 261.042.574 por ser la entidad que está pagando
el mayor valor.

68.9. Resolución RDP 006270 del 10 de marzo de 202194, expedida por el subdirector
de determinación de derechos pensionales de la Ugpp, que confirmó la Resolución
RDP 000531 del 12 de enero de 2021 al resolver un recurso de reposición en su
contra.

68.10. Resolución RDP 018700 de 27 de julio de 202195, a través de la cual la Ugpp
ordenó a favor de Colpensiones el pago por valor de $ 47.528.399 por concepto de
devolución del dinero consignado en exceso a la Dirección General de Crédito
Público y del Tesoro Nacional.

2.3. Caso concreto

69. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la Ugpp a través de la
Resolución RDP 013708 del 16 de junio de 2020 ajustó la mesada pensional en el
mayor valor a cargo de FOPEP de la pensión de vejez reconocida a Carlos Eduardo
Bonilla Camacho sustituida a Martha Cecilia González de Bonilla, en la cuantía que
resultó entre la diferencia del valor de la mesada pensional otorgada por el ISS
(patrono) mediante la Resolución 1831 de 29 de diciembre de 2003 y el valor de la
mesada reconocida por el ISS (administradora), hoy Colpensiones, a través de la
Resolución 010174 del 27 de junio de 2000; adicionalmente, en dicho acto
administrativo se estableció que el valor de las mesadas cobradas de más por
aquella debía ser reintegrado.

70. Con base en lo anterior fue que la entidad demandada expidió la Resolución RDP
000531 del 12 de enero de 2021, mediante la cual determinó que la demandante

93
Ibidem, folios 353 a 364.
94
Ibidem, folios 66 a 69.
95
Ibidem, folios 80 a 84.

27

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00783-02 (0977-2023)
Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

adeudaba en favor del Sistema General de Pensiones la suma de $ 609.613.778 y
que tal valor lo debía pagar a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de
mayores valores de mesadas pensionales recibidas. Tal suma de dinero se generó
desde el 1º de enero de 2007 al 30 de junio de 2020, de igual manera, se indicó que
una vez en firme la decisión debía remitirse copia de la resolución y de los demás
documentos integrantes de esta a la Subdirección de Cobranzas de la Ugpp para
que iniciara las respectivas acciones de cobro. Este acto administrativo fue
confirmado a través de la Resolución 006270 del 10 de marzo de 2021 al resolver
un recurso de reposición interpuesto en su contra.

71. En primer lugar, resulta necesario señalar que los actos acusados son aquellos
en virtud de los cuales la Ugpp ordenó la devolución de unas sumas de dinero a
cargo de la demandante, y no aquellos por los cuales se reajustó la mesada
pensional como consecuencia de la figura de la compartibilidad. Lo cual, resulta
coherente con los argumentos expuestos en el concepto de violación y en el recurso
de apelación, pues el reproche que se formula en su contra es que no se haya
considerado que actuó de buena fe al recibir esos dineros.

72. Ahora bien, se advierte que tal y como se reseñó en el marco normativo de esta
decisión las leyes 797 de 2003 y 1450 de 2011 imponen el deber a la administración
de iniciar de oficio los trámites tendientes a definir los supuestos fácticos y jurídicos
que dieron lugar al reconocimiento de la prestación y la existencia de la presunta
irregularidad a efectos de proceder a revocar directamente los actos administrativos
de contenido particular cuando se compruebe una irregularidad.

73. En tal sentido, tal y como se evidenció en esta decisión, la entidad inició la
investigación aludida, la cual culminó con la expedición de la Resolución 013708 del
16 de junio de 2020, en la que se dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar la mesada pensional en el mayor valor a cargo de EL
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS-FOPEP, de la pensión de VEJEZ reconocida a
favor del (la) señor(a) BONILLA CAMACHO CARLOS EDUARDO, ya identificado(a), y
posteriormente sustituida a favor de la señora MARTHA CECILIA GONZALEZ DE
BONILLA ya identificada, en la cuantía que resulte entre la diferencia del valor de la
mesada pensional otorgada por el Instituto de Seguros Sociales Seccional
Cundinamarca (Patrono), mediante Resolución de sustitución No. 1831 del 29 de
diciembre de 2003 a favor de la señora MARTHA CECILIA GONZALEZ DE BONILLA
hoy LA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL UGPP y el valor de la
mesada reconocida por le ISS ADMINISTRADORA Hoy ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES mediante Resolución No. 010174 del
27 de junio de 2000, a partir del 06 de noviembre de 1997.

(…)

ARTÍCULO TERCERO: El valor de las mesadas cobradas de más por el pensionado,
entre el periodo comprendido del 19 de julio de 2003 y la fecha de inclusión en nómina
de esta resolución en la cuantía que se determine por la Subdirección de Nomina, deberá

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

ser reintegrada por el (la) señor(a) MARTHA CECILIA GONZALEZ DE BONILLA, quien
para tal efecto deberá autorizar expresamente los descuentos respectivos sobre la
mesadas pensional a cargo de FOPEP, en caso contrario se remitirá al área competente
para el cobro correspondiente» (sic).

73.1. A partir de lo anterior, se emitió la Resolución RDP 000531 del 12 de enero de
2021, que determinó que la demandante adeudaba al Sistema General de
Pensiones la suma de $ 609.613.778 y que tal valor lo debía pagar a la Dirección
del Tesoro Nacional por concepto de mayores valores de mesadas pensionales
recibidas, acto que fue confirmado mediante la Resolución RDP 006270 del 10 de
marzo de 2021 al resolver un recurso de reposición en su contra.

74. Esa decisión la adoptó la administración con fundamento en la irregularidad que
se había presentado al haber reconocido la sustitución por el valor tanto de la
pensión de vejez como de la jubilación entre el 1° de enero de 2007 y el 30 de junio
de 2020, cuando la procedente era reconocer la prestación en forma compartida en
el mayor valor a cargo de FOPEP en la cuantía que resultare entre la diferencia del
valor de la mesada pensional reconocida por el ISS (patrono), hoy día Ugpp, y el
valor de la pensión de vejez reconocida por ISS (asegurador), actualmente
Colpensiones.

75. Así las cosas, por ese tiempo correspondía a cargo del ISS (patrono) únicamente
el mayor valor resultante entre las 2 pensiones y no hacerlo de la manera como se
realizó.

76. Al respecto, en cuanto a la devolución de «sumas pagadas en exceso» como
consecuencia de la declaratoria de compartibilidad pensional, ordenada en la
Resolución 013708 del 16 de junio de 2020, el a quo consideró que Martha Cecilia
González de Bonilla no actuó acorde con el principio de la buena fe al recibir 2
mesadas pensionales que a la postre correspondían a una pensión compartida, toda
vez que su deber era informar a la administración sobre tal situación; sin embargo,
guardó silencio.

77. Dicho argumento, no es de recibo para esta Sala, comoquiera que i) no tenía
competencia para adoptar esa decisión y ii) no se demostró que la demandante o el
causante de la prestación hubiesen acudido a la administración precedida de un
actuar desleal o deshonesto.

78. En primer lugar, debe señalarse que, tal y como se explicó en el marco normativo
y jurisprudencial de esta providencia, la competencia atribuida a la administración
para revocar sin el consentimiento del particular los actos de reconocimiento
pensional en aquellos casos en los que se encuentre que su expedición se efectuó
en forma irregular [Ley 797 de 2003], solo tiene como objeto hacer cesar los efectos
del acto, pero en ningún modo puede entenderse esta decisión como una

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00783-02 (0977-2023)
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declaratoria de ilegalidad del acto, puesto que es el juez quien tiene la competencia
para efectuar un juicio de legalidad de las decisiones de la administración, es decir,
es el único facultado para expulsar un acto administrativo con efectos retroactivos
a través de la declaratoria de nulidad.

79. Así las cosas, la revocatoria directa solo tiene efectos hacia futuro, puesto que
no es suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que amparó al acto
durante su vigencia. Esta figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber
generado efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad96».

80. En consonancia con lo anterior, si la entidad de previsión pretendía recuperar los
dineros pagados por concepto de la mesada pensional que debía ser compartida,
debió acudir a la jurisdicción con el fin de demandar la nulidad del acto [que en caso
de proceder es la figura que impacta su validez desde el momento de su expedición]
y desvirtuar la presunción de buena fe que cobija la conducta de la demandante,
puesto que, son presupuestos sin los cuales no es procedente ordenar la
devolución, en tanto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del
CPACA «no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

81. En segundo lugar, en cuanto a la demostración de la mala fe con la que pudieron
actuar los beneficiarios de la prestación, se insiste en que no se demostró que estos
hubiesen acudido a la administración precedidos de un actuar desleal o deshonesto,
por el contrario, en este trámite el intercambio de información corresponde entre el
empleador y el fondo de pensiones con el fin de que no concurra un doble pago, de
forma que el error imputable a la administración no puede redundar en una sanción
para la beneficiaria de la prestación.

82. Sobre el intercambio de información entre el empleador que reconoció la pensión
y el ISS o quien haga sus veces y la obligación de informar al empleador sobre el
reconocimiento, la Corte Constitucional en sentencia SU-542 del 5 de octubre de
201697 dispuso:

«52. A su vez, la jurisprudencia ha establecido que cuando se presenta un caso de
pensión compartida es necesario realizar un intercambio de información entre la
empresa que reconoció la pensión y el Instituto de Seguros Sociales o quien haga sus
veces, con el fin de que el empleador conozca la pensión reconocida por el I.S.S. y
proceda a hacer los reajustes correspondientes. Sin embargo, la ley no dispuso sobre
quien recae la obligación de informar al empleador sobre el reconocimiento de la pensión
que hace el I.S.S. Para abordar este punto, la sentencia T-1117 de 200398, estableció
tres alternativas posibles, que son:

96
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 23 de mayo de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16).
97
Corte Constitucional, sentencia SU-542 del 5 de octubre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
98
«M.P. Manuel José Cepeda Espinosa».

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00783-02 (0977-2023)
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‹(…) 1. “Que la obligación de informar sobre el nuevo reconocimiento pensional al
antiguo empleador corresponda al beneficiario mismo de la pensión, dado que es quien
puede decir con certeza si tanto su ex empleador como la entidad de seguridad social
están cumpliendo con sus obligaciones en cuanto al pago de las mesadas pensionales.

2. “Que la obligación de informar sobre el nuevo reconocimiento pensional a su antiguo
empleador corresponda a la entidad de seguridad social que hace el reconocimiento,
pues conociendo que un empleador ha venido haciendo aportes respecto de uno de sus
ex trabajadores, estaría obligada a informarle a éste sobre el nuevo reconocimiento, con
el único fin de que dicho empleador tome las previsiones, de acuerdo con la ley, para
ajustar su obligación a las nuevas circunstancias.

3. “Que sea el antiguo empleador que hizo el primer reconocimiento, quien deba
informarse acerca de cuáles de sus ex trabajadores están próximos a obtener el
reconocimiento de la pensión de vejez por parte de la entidad de seguridad social, a la
cual sigue cotizando, para así adelantar las gestiones que le permitan reducir, modificar
o extinguir por completo su obligación pensional.”

53. Fruto del intercambio de información entre el empleador y el Instituto de Seguros
Sociales o de la información suministrada por el beneficiario, es posible establecer el
monto prestacional a cargo de cada una de las entidades, lo que permite determinar si
el empleador aún tiene alguna obligación, o si la misma fue asumida por la otra entidad.
Una vez definida dicha situación, el empleador podrá expedir un acto administrativo u
oficio que ‹deberá contener cuando menos la siguiente información: Indicar el nuevo
valor de la pensión a su cargo; reseñar el acto de reconocimiento de la pensión hecho
por la entidad de seguridad social así como el monto exacto que ésta reconoce; y los
recursos que proceden contra dicha decisión›.

(…)

55. Es decir, que en este tipo de eventos en los que se pretende aumentar el monto y no
disminuirlo99, la entidad no requiere obtener previamente el consentimiento del
beneficiario para expedir un nuevo acto administrativo, como si ocurre en los actos de
revocatoria unilateral o de suspensión de actos administrativos que reconocer
situaciones de carácter particular y concreto, que afectan los intereses del titular de los
derechos reconocidos en dicho acto. ‹En todo caso, y con el fin de garantizar el debido
proceso, en dicho acto deberá informar al beneficiario las entidades responsables de
continuar con el pago la pensión, los montos a cargo de cada entidad y los recursos que
caben contra esa decisión›100».

83. Por tanto, no es posible afirmar que la actora haya obrado de mala fe para
obtener la sustitución de la pensión compartida, ni mucho menos atribuirle el
defectuoso intercambio de información entre el empleador y el fondo de pensiones,
pues no se encuentra probado que la beneficiaria de la prestación hubiese incurrido
en conductas deshonestas o fraudulentas para su reconocimiento.

84. En este punto, se recuerda que para que resulte procedente ordenar el reintegro
de los valores recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido una

99
«Acto Legislativo 01 de 2005».
100
«Sentencia T-1117 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa».

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prestación social sin tener derecho a ella deberá estar acreditada la mala fe con que
pudieron actuar para obtener el pago de los beneficios pensionales otorgados, en
atención a que la buena fe es una presunción que requiere ser desvirtuada.
Además, se resalta que la recuperación de los dineros indebidamente pagados solo
es posible lograrla por conducto del juez a través del medio de control previsto por
la ley para tal fin, toda vez que la revocatoria directa no tiene el poder de restablecer
el orden jurídico vulnerado ni trae consigo los efectos propios de la declaratoria de
nulidad por ilegalidad.

85. En línea con lo expuesto, se reitera que el juez de lo contencioso administrativo
es el único facultado para examinar la legalidad de los actos administrativos e
imponer sanciones como consecuencia de su ilegalidad, pues a las autoridades
administrativas el legislador solo las invistió para hacer cesar sus efectos en casos
expresamente autorizados, previo trámite administrativo con las garantías de
defensa y contradicción como presupuestos del debido proceso.

86. Así las cosas, si bien la Ugpp estaba facultada para declarar la compartibilidad
de la pensión, también es cierto que, en virtud de ello, no le era permitido disminuir
el monto de la mesada pensional ni mucho menos recuperar los dineros pagados
indebidamente, pues la concurrencia del doble pago de la mesada es un error
imputable a la administración que no puede redundar en una sanción para la
beneficiaria de la prestación, no se demostró que ella hubiese incurrido en
conductas deshonestas o fraudulentas para su reconocimiento y conforme con la
Constitución Política y la Ley 270 de 1996, únicamente le corresponde al juez, en
cumplimiento de su función de administrar justicia, examinar la legalidad de los
actos administrativos e imponer sanciones como consecuencia de su ilegalidad, así
como su expulsión del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de
la declaratoria de nulidad.

87. En efecto, por medio de la Resolución 13708 del 16 de junio de 2016 la UGPP
declaró la compartibilidad de la pensión reconocida por el ISS (patrono) y el ISS
(aseguradora) y, por encontrar que Martha Cecilia González de Bonilla faltó con el
principio de la buena fe, a través de las resoluciones RDP 000531 del 12 de enero
del 2021 y RDP 006270 del 10 de marzo ese año le ordenó devolver al Sistema
General de Pensiones la suma de $ 609.613.778, valor que debía pagar a la
Dirección del Tesoro Nacional por concepto de mesadas pensionales pagadas en
exceso.

88. De otra parte, la Sala no encuentra que se haya adelantado actuación
administrativa alguna tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la
prestación y la existencia de la presunta irregularidad a fin de modificar sin el
consentimiento de la beneficiaria de la prestación el acto de reconocimiento. De
hecho, esa actuación debía estar revestida de las garantías de defensa y

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

contradicción como presupuestos del debido proceso; de manera que debió
permitírsele a Martha Cecilia González de Bonilla que conociera de esa
investigación que se adelantaba en contra de sus intereses.

89. Por lo expuesto, la Sala concluye que la Ugpp no tenía competencia para expedir
los actos acusados toda vez que esta decisión solo puede ser adoptada por el juez
de lo contencioso-administrativo dentro de un juicio en el que se logre desvirtuar la
presunción de legalidad y de buena fe que cobija los actos administrativos y la
actuación de la demandante.

90. En consecuencia, acorde con lo expuesto en el marco normativo de la presente
decisión y en consideración a las pruebas allegadas al plenario, la Sala encuentra
que con la orden de devolución de dineros pagados en exceso por concepto de
mesadas pensionales la Ugpp se extralimitó en su competencia, toda vez que al
determinar que la beneficiaria de la sustitución de la pensión compartida acudió a
maniobras fraudulentas para obtener el derecho usurpó la competencia atribuida
constitucional y legalmente a los jueces de la república, razón por la cual se revocará
la sentencia apelada y en su lugar, se declarará la nulidad de los actos enjuiciados,
pero únicamente en cuanto ordenaron la devolución de unas sumas de dinero, por
no haberse acreditado la mala fe de la beneficiaria.

2.4. Costas

91. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

92. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

93. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

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Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

aplicación razonable de la norma101.

94. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

95. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

96. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que con la expedición de los
actos demandados la Ugpp extralimitó su marco de competencias, toda vez que al
determinar que la beneficiaria de la sustitución de la pensión compartida acudió a
maniobras fraudulentas para obtener el derecho usurpó la competencia atribuida
constitucional y legalmente a los jueces de la república. Estas razones llevan a la
Sala a declarar la nulidad de los actos demandados, pero únicamente en cuanto
ordenaron la devolución de unas sumas de dinero, por no haberse acreditado la
mala fe de aquella.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 7 de septiembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
negó las pretensiones de la demanda presentada por Martha Cecilia González de
Bonilla en contra de la Ugpp, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 000531 del 12 de enero del
2021, por medio de la cual la Ugpp determinó que Martha Cecilia González de
Bonilla adeudaba a favor del Sistema General de Pensiones la suma de $
609.613.778 por concepto de mayores valores pagados en las mesadas
pensionales recibidas entre el 1º de enero de 2007 y el 30 de junio de 2020, como
sustituta de la pensión que disfrutaba su cónyuge Carlos Eduardo Bonilla Camacho.

101
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00783-02 (0977-2023)
Demandante: Martha Cecilia González de Bonilla

Tercero. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 006270 del 10 de marzo ese
año, a través de la cual la Ugpp confirmó la Resolución RDP 000531 del 12 de enero
del 2021 al resolver un recurso de reposición interpuesto en su contra.

Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Quinto. No condenar en costas.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

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