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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00821-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00821-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 24 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Elvira Díaz Anzola contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, salvo el numeral segundo que se modifica, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En su lugar quedará así: «SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a través de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA, a lo siguiente: I. RECONOCER, LIQUIDAR Y PAGAR a favor de la señora ELVIRA DÍAZ ANZOLA una pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales efectuó o debió efectuar aportes al Sistema de Seguridad Social en el último año de servicios anterior al 4 de diciembre de 2019, fecha en que adquirió el estatus pensional y desde la cual goza de efectividad la mencionada prestación. II. RECONOCER Y PAGAR a la demandante las mesadas pensionales que resulten de la liquidación que se ordena, las cuales serán ajustadas en los términos de Ley, teniendo en cuenta la siguiente fórmula: R = R.H. X _ÍNDICE FINAL_ ÍNDICE INICIAL En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por la demandante de la liquidación de su pensión de jubilación, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas 835 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2021-00821-01 (1305-2024) Demandante: Elvira Díaz Anzola adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00821-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00821-01 (1305-2024)
Demandante: Elvira Díaz Anzola
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
antes de la Ley 812 de 2003 – Compatibilidad pensional
Decisión: Confirma la decisión que accede a las pretensiones de la
demanda. Sin condena en costas.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante en contra de la sentencia de 24 de octubre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, 1 que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la
señora Elvira Díaz Anzola en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2.

2.1.1. Pretensiones.

2. La señora Elvira Díaz Anzola, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de la
Resolución 385 de 17 de marzo de 2021, expedida por la Secretaría de
Educación del departamento de Cundinamarca, entidad que actuó en nombre y

1 Con ponencia de la magistrada Beatriz Helena Escobar Rojas.
2Expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia. Archivo
«3_ED_02DEMANDAELVIRADIA.PDF».

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00821-01 (1305-2024)

Demandante: Elvira Díaz Anzola

representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la que se le negó una pensión de
jubilación de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación, de conformidad
con lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, desde el momento
de adquisición de su estatus pensional (55 años y 20 de servicio), tomando como
base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año de
servicio, con inclusión de todos los factores salariales devengados. Además, que
se le paguen las diferencias adeudadas, los intereses de mora y los ajustes de
valor sobre las mismas de acuerdo con el IPC; que se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 188, 189 y 192 del CPACA y que se
reconozca la compatibilidad entre pensión y sueldo por su vinculación antes de
la expedición de la Ley 812 de 2003.

4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos.

5. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

6. La señora Díaz Anzola nació el 18 de mayo de 1956 y laboró en las siguientes
entidades y periodos:

ENTIDADES DESDE HASTA

Banco cafetero en liquidación -
16/09/1981 04/07/1994
servidor publico
05/07/1994 31/12/1995
Secretaría de educación de
Cundinamarca - escuela rural Avipay
10/01/2001 11/07/2010
de León
Secretaría de Educación de
Cundinamarca - colegio Eduardo 22/09/2010 10/10/2010
Santos
Secretaría de Educación de
Cundinamarca - escuela rural 07/04/2011 10/07/2011
El Chiflón
Secretaría de Educación de
Cundinamarca - Institución educativa
departamental Gerardo Bilbao Ibama 21/02/2013 01/04/2013

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Demandante: Elvira Díaz Anzola

Secretaría de Educación de
Cundinamarca - escuela 25/07/2013 31/07/2014
urbana José Antonio Galán
Secretaría de Educación de
Cundinamarca - escuela urbana María 28/07/2015 18/09/2015
Auxiliadora
Secretaría de Educación de
Cundinamarca - Institución educativa
departamental Eduardo Santos 19/09/2015 19/11/2015

22/01/2016 14/03/2016
Secretaría de Educación de 15/03/2016 05/12/2016
Cundinamarca - escuela urbana 26/01/2017 08/03/2017
María Auxiliadora 09/03/2017 06/06/2017
07/06/2017 05/08/2017
06/08/2017 04/10/2017
05/10/2017 03/11/2017
04/11/2017 11/12/2017
18/01/2018 02/03/2018
16/03/2018 27/06/2018
24/04/2019 15/11/2019

7. Al 15 de noviembre del 2019, fecha en la cual se generó el último certificado
de historia laboral antes de la reclamación administrativa, contaba con un tiempo
de servicio de 22 años, 4 meses y 28 días, por lo que, en su consideración,
adquirió su derecho pensional el 4 de diciembre de 2019 cuando cumplió los 55
años de edad y 20 años de servicios.
8. En atención a lo anterior y a que ingresó al servicio público de educación antes
del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en los términos de
las Leyes 33 y 62 de 1985 y con efectividad desde, cuando adquirió el estatus,
por compatibilidad entre salario y pensión.
9. Mediante la Resolución 385 de 17 de marzo de 2021, la Secretaría de
Educación del departamento de Cundinamarca, en nombre y representación del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le negó el
reconocimiento de la citada prestación.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

10. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 6.°, 13, 25, 29, 53
y 58 de la Constitución Política de Colombia, 279 de la Ley 100 de 1993; el Acto
Legislativo 01 de 2005; las Leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 812 de 2003 y
los Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de 1979.

11. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado
incurrió en violación directa de la ley toda vez que desconoció que, a los docentes
vinculados con anterioridad al año 2003, se les deben aplicar las normas
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Demandante: Elvira Díaz Anzola

anteriores a la expedición de la Ley 812 de ese año, es decir la Ley 33 de 1985
como servidores públicos.

12. En este caso la accionante se vinculó como docente oficial con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, de manera que el régimen pensional
que le es aplicable está consignado en el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 y el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989; conforme a lo anterior, no le es aplicable la Ley
100 de 1993, ni su régimen de transición.

13. Por tanto, su pensión debe reconocerse y liquidarse atendiendo al
cumplimiento de 55 años de edad, 20 de servicios y los factores salariales que
deben incluirse en la liquidación son todos aquellos percibidos durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, contenidos en la Ley 62 de 1985.

2.2. Contestación de la demanda 3.

14. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda con base
en que se le deben aplicar a la demandante las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003
en atención a su fecha de vinculación al Fondo, tal como lo dispone la Ley 812
de 2003.
15. En ese sentido, explicó que en atención a que la demandante se vinculó en
propiedad el 15 de julio de 2005, es decir con posterioridad a la entrada en
vigencia de la ya señalada Ley 812 de 2003, sus derechos pensionales son los
del régimen de prima media señalados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
y por tanto no le es aplicable lo dispuesto por la Ley 71 de 1988, es decir a la
actora no le asiste el derecho que reclama y su pensión de jubilación no puede
ser reconocida bajo los parámetros del «artículo 7° de la tantas veces citada Ley
71 de 1988».
16. Adicional a lo anterior sostuvo que, la docente al prestar sus servicios
mediante órdenes de prestación de servicios estaba sujeta a una relación
contractual y no a una vinculación laboral, razón por la cual durante tales periodos
realizó los aportes a seguridad social correspondientes tal y como lo establece el
artículo 3.° de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 15 de la Ley 100 de
1993.
17. Al referirse al fenómeno de la solución de continuidad, indicó que durante las
vinculaciones que tuvo la accionante como docente se presentaron varios
periodos con interrupciones superiores a los 15 días entre las órdenes de
prestación de servicios, por lo que se le deben aplicar las normas vigentes al
momento de la última vinculación.

3 Expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia, archivo
«13_CONTESTACIONDEMANDA_202100821ELECTRONI.pdf».
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18. Formuló las excepciones de «inexistencia de la obligación o cobro de lo no
debido» y «excepción genérica».

2.3. La sentencia apelada 4.

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, mediante sentencia de 24 de octubre de 2023 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, declaró la «nulidad parcial» del acto demandado, a
título de restablecimiento del derecho le ordenó a la demandada reconocer a
favor de la accionante la pensión de jubilación en los términos de las Leyes 33 y
62 de 1985 y se abstuvo de imponer condena en costas a cargo de la entidad.

20. Para ello, se refirió a la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 25
de abril de 2019, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
bajo radicado No. 68001-23-33-000-2015-00569-01 y las subreglas allí
establecidas, de las que extrajo, que lo determinante en el caso de los docentes
para aplicar el régimen de transición de la Ley 812 de 2003 es que hayan estado
vinculados con anterioridad al servicio oficial docente, sin que esto implique que
a la entrada en vigencia de la norma (26 de junio de 2003), el vínculo laboral se
encuentre activo.

21. Se refirió a la compatibilidad entre la pensión de jubilación de los docentes y
el salario y con ello al artículo 128 Constitucional, el artículo 5.º del Decreto Ley
224 de 1972 y el inciso cuarto del artículo 6.º de la Ley 60 de 1993 de lo que ,
estimó que las pensiones reconocidas a los docentes del sector oficial eran
compatibles con cualquier remuneración, como el salario, pero con la expedición
del Decreto Ley 1278 de 2002, aplicable a quienes se vinculen a partir de su
vigencia para desempeñar cargos docentes y directivos docentes, tal posibilidad
fue derogada al disponer como causal de retiro del servicio “la obtención de la
jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez”, por lo que al ser el goce de la
pensión una causal de retiro, es imposible que el docente perciba salario y
pensión simultáneamente.

22. Citó las sentencias del Consejo de Estado, de 7 de mayo de 2015, en el
proceso con radicación No. 11001-03-15-000-2014-02012-01(AC) y de la Corte
Constitucional C- 734 de 2003, por lo que consideró que dicha causal de retiro
opera tanto para quienes se hayan vinculado al servicio docente en vigencia de
este decreto ley, como a quienes se hayan asimilado al régimen que este
consagra, por lo que quienes se hayan vinculado al servicio público oficial a partir
de la entrada en vigencia del Decreto Ley 1278 de 2002 y los asimilados, no
pueden percibir salario y pensión de forma simultánea.

23. Luego de analizar las pruebas allegadas concluyó que la accionante trabajó,
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como docente

4 Archivo «053_SENTENCIA.pdf», Idem.
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de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, a partir del 10 de enero 2001,
fecha en la cual tuvo múltiples nombramientos con interrupciones hasta el 1.° de
agosto de 2021, con lo cual es beneficiaria del régimen de transición de la Ley
812 de 2003 y tiene derecho a que se le reconozca, liquide y pague una pensión
de jubilación con base en las Leyes 33 y 62 de 1985 y la sentencia de unificación
proferida el 25 de abril de 2019.

24. Adquirió el estatus cuando cumplió los 55 años de edad el 4 de diciembre de
2019, momento en el cual tenía más de 20 años de servicio y si bien no se
acreditó la modalidad en que la accionante laboró como docente en la Secretaría
de Educación de Cundinamarca, ese tiempo debía ser tenido en cuenta, por lo
que su pensión debía liquidarse con el 75% de lo devengado en el último año de
prestación de servicios, con la inclusión de aquellos factores enlistados en la Ley
62 de 1985 y demás normas que la modifican o adicionan.

25. Condicionó el disfrute de la pensión al retiro definitivo del servicio, con base
en que no podía percibir sueldo y pensión en forma simultánea, por cuanto su
última vinculación como docente oficial ocurrió desde el 24 de abril de 2019 hasta
el 1.° de agosto de 2021 en la Secretaría de Educación de Cundinamarca, razón
por la cual se encontraba sometida a lo previsto en el Decreto 1278 de 2002, con
lo que en su consideración, evidenciaba la incompatibilidad entre la pensión de
vejez y el sueldo como docente oficial, por lo que tendría derecho a percibir la
pensión una vez se retire del servicio, lo cual ocurrió el 1.° de agosto de 2021.

26. Además, no ocurrió la prescripción, por cuanto la accionante adquirió el
estatus pensional el 4 de diciembre de 2019 y presentó demanda el 1.° de octubre
de 2021.

27. Por lo anterior, declaró la «nulidad parcial» del acto administrativo
demandado y ordenó el reconocimiento de la pensión en los siguientes términos:

«SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN -
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a través de la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA, a lo siguiente:

I. RECONOCER, LIQUIDAR Y PAGAR a favor de la señora ELVIRA DÍAZ ANZOLA
una pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de los factores salariales
sobre los cuales efectuó o debió efectuar aportes al Sistema de Seguridad Social en
el último año de servicios anterior al 1° de agosto de 2021, fecha en que se retiró
del servicio, conforme lo expuesto en esta providencia.

II. RECONOCER Y PAGAR a la demandante las mesadas pensionales que resulten
de la liquidación que se ordena, las cuales serán ajustadas en los términos de Ley,
teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

R = R.H. X _ÍNDICE FINAL_
ÍNDICE INICIAL

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En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que
es lo dejado de percibir por la demandante de la liquidación de su pensión de
jubilación, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta
providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas
adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados
durante dicho período.
Es claro que, por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que
el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

TERCERO: ADVIÉRTASE a las entidades que conforman el extremo procesal pasivo
que la condena impuesta se debe pagar con los recursos del FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Para el efecto, la FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A. deberá realizar las acciones pertinentes a fin de que se realice
el pago de dicha condena con cargo a los recursos del Fondo, administrados por
dicha Fiduciaria, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
[…]».

2.4. Recurso de apelación

28. El apoderado de la accionante 5 presentó recurso de apelación, en el que,
solicitó modificar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia y con
ello, que se ordene el reconocimiento de la pensión de jubilación ordinaria desde
el 4 de diciembre de 2019, fecha en que la docente Elvira Díaz Anzola adquirió
el estatus pensional, respetando la compatibilidad que existe entre pensión y
salario, puesto que su vinculación como docente se dio antes del 27 de junio de
2003, como lo reconoció el Tribunal, su vinculación como docente oficial se dio
el 10 de enero de 2001 y por esto, en aplicación al régimen pensional que
realmente le corresponde, se le debe reconocer también la compatibilidad entre
salario y pensión.

29. Al efecto señaló que el Consejo de Estado se pronunció sobre un caso de
docentes con contornos facticos similares dónde señaló que si cuentan con una
vinculación con anterioridad a la Ley 812 de 2003 tienen el derecho a que la
liquidación de su pensión se realice teniendo en cuenta el último año anterior a
la fecha de adquisición del estatus pensional y no con base en el último año de
servicio, toda vez que existe una compatibilidad entre la pensión y el salario,
como ocurrió en sentencia de la Subsección A del Consejo de Estado de 19 de
enero de 20233, dictada dentro del proceso 15001-23-33-000-2019-00103-01
(3083- 2022), así como la sentencia de la Corte Constitucional T- 064 de 1995,
por lo que concluyó que los docentes que adquieran su estatus pensional tienen
derecho a seguir trabajando y percibiendo salario en desarrollo de sus
actividades, ya que pese a ser servidores públicos, se encuentran sometidos a
un régimen especial que permite la compatibilidad entre salario y pensión.

5 Índice 30 ibidem.
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Demandante: Elvira Díaz Anzola

30. Según lo indicó, no es cierto que en los alegatos de conclusión se haya
solicitado el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes sino que se
solicitó la pensión de jubilación ordinaria, para la cual cumplió con los requisitos
de 20 años de servicios continuos o discontinuos al servicio oficial y 55 años de
edad el 4 de diciembre de 2019, por lo que desde esa fecha debía reconocerse
la pensión de jubilación a la cual la docente tiene derecho y no desde el 1.° de
agosto de 2021 como erradamente lo consideró el a quo.

31. En tercer lugar, no se debe perder de vista que la docente se vinculó con
anterioridad a la expedición del Decreto 1278 de 2002, por lo que ella no tiene
que cumplir con los requisitos de régimen de transición de la Ley 812 de 2003,
como lo señala el artículo 279 de la ley 100 de 1993, lo que fue corroborado en
las sentencias de la Corte Constitucional C- 491 de 1995 y SU- 189 de 2012 y
del Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ 014 del 25 de abril de
2019, radicado 680012333000201500569-01 donde se indicó que de acuerdo
con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes
prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial, siendo uno de ellos, el de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en
la Ley 33 de 1985, como es el caso de la demandante.

2.5. Alegatos de segunda instancia

32. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.

33. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

34. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 6 de la Ley 1437 de 2011.

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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Demandante: Elvira Díaz Anzola

35. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.2. Aclaración previa y problema jurídico

36. Como se aprecia del acápite anterior, se tiene que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca ordenó el reconocimiento a favor de la demandante, de una
pensión de jubilación en los términos de las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989,
al considerar que su vinculación a la docencia oficial con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 le permitía beneficiarse de la previsión
establecida en el artículo 81, inciso 1.° de la citada norma.

37. En atención a que tal consideración no fue objeto de apelación sino
únicamente las disquisiciones del A quo frente a la compatibilidad pensional, la
Sala verificará si:

¿La señora Elvira Díaz Anzola tiene derecho a la compatibilidad entre la
pensión de jubilación reconocida y el salario como docente oficial durante
el tiempo en que haya estado activa en servicio?

38. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales y con ello a la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019, la compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el
caso de los docentes y se verificará el acervo probatorio.

3.3. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.

39. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado 7 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad
en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

7Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»

40. A las anteriores conclusiones arribó la Sección Segunda de esta Corporación
previos los siguientes razonamientos:

«[…]

51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985
son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto
al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que
contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los
numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el
8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte
del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.

[…]

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a
los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
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64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso
base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores
sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.

66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que
establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor según
certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla
sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993
que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada
pensional.

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir
del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige
por las siguientes reglas:

 Edad: 55 años
 Tiempo de servicios: 20 años
 Tasa de remplazo: 75%
 Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»
Destacado fuera del texto original.

41. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:

a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33

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de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

42. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial
a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el asunto de la
referencia.

3.4. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el caso de los
docentes.

43. El artículo 64 de la Constitución Política de 1986 estableció la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tuviera parte el Estado con excepción de los casos
dispuestos por el legislador.

44. Luego, el Decreto 1317 del 18 de julio de 1960 ratificó esa prohibición, pero
consagró algunas excepciones, entre ellas, las asignaciones provenientes de
establecimientos educativos oficiales siempre que no se tratara de docentes que
cumplieran su labor de tiempo completo.

45. Asimismo, el artículo 32 del Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 reiteró esta
prohibición así:

«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De
conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado
público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón
de contrato, de comisión o de honorarios.

Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones
que a continuación se determinan:

a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo.
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[…]».

46. Posteriormente con la expedición de la Ley 91 de 1989, el legislador permitió
la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia teniendo
en cuenta el carácter especial de esta última comprendida como una recompensa
por la labor docente.

47. La Constitución de 1991 en su artículo 128 mantuvo la prohibición de percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público y prescribió la
imposibilidad de desempeñar dos empleos públicos simultáneamente, en los
siguientes términos:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas».

48. Se entiende que esta prohibición incluye no solo más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos sino la de otras remuneraciones como
ocurre con las pensiones.

49. Esta norma fue desarrollada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que
consagró:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.

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PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» Destacado fuera
del texto.

50. La excepción resaltada es aplicable tanto a los docentes pensionados
como a los que posteriormente adquieran la calidad de pensionados en los
términos señalados por esta Corporación en sentencia del 14 de agosto de
2009 donde estudió un caso similar al que aquí se discute 8:

«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19
de la Ley 4 de 1992 9 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la
pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es precisamente su
condición de pensionados la que les permite acceder a los beneficios
consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería incompatible
con el goce de la pensión de jubilación”.

La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a
los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992,
cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.»
Destacado fuera del texto.

51. A propósito, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación indicó 10:

«Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con
posterioridad a la ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella estableció
como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores aludidos, el
respeto a los derechos adquiridos por los servidores del Estado tanto de régimen
general "como de los regímenes especiales" 8, como era natural -, también lo es que
el literal g) no estableció una excepción a la prohibición, atendiendo un criterio
subjetivo, derivado de la locución "beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados", sino uno de carácter objetivo supeditado a la expresión "exceptuanse
las siguientes asignaciones", que remite a las disposiciones de la legislación anterior
que consagraban las excepciones ya mencionadas, esto es, la compatibilidad de
devengar pensión y sueldo, o dos pensiones -ordinaria y gracia.

Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que beneficiaban a
los docentes pensionados, es decir, aquéllas que permiten al docente que disfruta de
una pensión recibir otra asignación del tesoro público, y no a los docentes que se
hallaban pensionados al momento de la vigencia de la ley 4ª de 1992, pues la
excepción apunta es a las "asignaciones" y no a los sujetos "docentes pensionados"

De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al cumplir las
exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la posibilidad jurídica
de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya señalados, […]».

8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Radicado Núm.
050012331000200403824 01.
9 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.
10 C o n c e p t o N o . 1 . 3 0 5 d e 2 3 d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 0 , M . P . D r . F l a v i o A u g u s t o R o d r í g u e z

Arce, reiterado en concepto No. 1459 de 29 de agosto de 2002.
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52. En ese sentido el artículo 5.° del Decreto 224 de 1972 señaló:

«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad.» Destacado fuera del texto.

53. Es decir, para los docentes la pensión de jubilación es compatible con el
ejercicio de la docencia de tal manera que pueden recibir la prestación social y
el salario, en consecuencia, la pensión no debe estar sujeta al retiro del servicio.

54. Lo anterior no obsta para señalar que, en su momento, con la entrada en
vigencia del Decreto 1278 de 2002, el Gobierno Nacional consideró necesario
contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores oficiales, el
cual se desarrolló a través del artículo 45 de la siguiente forma:

«Artículo 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución
y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal es incompatible con:

a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;

b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».

55. No obstante, la Corte Constitucional a través de sentencia C-1157 de 2003
declaró inexequible dicha norma al indicar que el legislador en el marco de sus
potestades había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo
128 Superior en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de
la Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores
de percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su
labor dentro de la Función Pública 11.

56. Como se aprecia de todo lo anterior, para la demandante, vinculada al servicio
docente en el año 1998, es compatible el percibir el salario y la pensión de
jubilación en los términos de la ley, condición que opera para los docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003. Por ende, si después del cumplimiento
del estatus la demandante continuó laborando es perfectamente compatible que
perciba la pensión de jubilación que acá se ordena y el salario por su labor
docente.

11 Sentencia de 22 de junio de 2023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván

Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
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3.5. Análisis del caso concreto

57. Como lo advirtió el Tribunal, en este caso se tiene que la demandante se
encuentra cobijada por las previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que
se vinculó a la docencia oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, para lo cual consideró que los periodos en los que laboró con anterioridad
a la vigencia de la Ley 812 de 2003, permitían la aplicación de las previsiones de
la Ley 33 de 1985.

58. En efecto, le asistió razón al Tribunal de acuerdo con lo señalado en el acápite
precedente 3.3., pues sólo para aquellos docentes cuya vinculación sea posterior
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, esto es, al 27 de junio del mismo
año, en materia pensional les son aplicables las normas contenidas en la Ley 100
de 1993, junto con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, salvo
respecto de la edad para adquirir el estatus pensional, la cual, según el artículo
81 de la mencionada Ley 812 de 2003, es de 57 años para hombres y mujeres.

59. Como lo determinó el Tribunal, además de la vinculación en el Banco Cafetero
desde 1987, entidad del Estado, se acreditó su vinculación como docente oficial
con nombramiento en provisionalidad en el departamento de Cundinamarca
desde el 10 de enero de 2001, situación advertida por la entidad en el análisis de
los tiempos de servicios que obra a folio 29 del archivo visible en el índice 42 de
la primera instancia.

60. Es evidente entonces que la señora Díaz Anzola se vinculó como docente
oficial, antes de que empezara a regir la Ley 812 de 2003, es decir, desde el 10
de enero del año 2001.

61. En este punto, se destaca que el criterio relevante para determinar el marco
jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación
al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27
de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si en esa fecha el
reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad.

62.Así, una vez establecido que consolidó su derecho pensional a la luz de la Ley
33 de 1985, dado que la primera vinculación legal y reglamentaria a la docencia
por parte de la demandante ocurrió en el año 2001 antes del 27 de junio de 2003
cuando entró en vigor la Ley 812 del mismo año, se evidencia por tanto, que la
demandante se encuentra cobijada por la excepción consagrada en el literal g)
del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y por consiguiente es beneficiaria de la
compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario en los términos del
artículo 5.° del Decreto 224 de 1972.

63. En efecto como el vínculo inició antes del 27 de junio de 2003 (como es el
presente caso), para reconocer la pensión se debe acudir a la Ley 91 de 1989,
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por lo que sí tenía derecho a devengar la aludida prestación y a la vez continuar
en ejercicio de su cargo docente hasta el cumplimiento de los 70 años de edad,
considerados como la edad de retiro forzoso en virtud de la Ley 1821 de 2016.

64. De esta manera, no le asistió razón al Tribunal al señalar que por cuanto su
última vinculación como docente oficial ocurrió desde el 24 de abril de 2019 hasta
el 1.° de agosto de 2021 se encontraba sometida a lo previsto en el Decreto 1278
de 2002, con lo que en su consideración, evidenciaba la incompatibilidad entre la
pensión de vejez y el sueldo como docente oficial, por lo que tendría derecho a
percibir la pensión una vez se retire del servicio, lo cual, según el Tribunal ocurrió
el 1.° de agosto de 2021.

65. Sin embargo desconoció el Tribunal que la demandante ingresó al servicio
docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 e incluso
antes de la entrada en vigencia del citado Decreto 1278 de 2002, cuyo artículo
45 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de sentencia C-
1157 de 2003 en la que indicó que el legislador en el marco de sus potestades
había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 Superior
en cabeza de los docentes estatales que no podía ser modificada por el Ejecutivo.

66. En esa medida, al estar cobijada la demandante por la excepción prevista en
el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y por consiguiente ser beneficiaria
de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario en los términos del
artículo 5.° del Decreto 224 de 1972, se advierte que el numeral segundo de la
decisión del Tribunal deberá ser modificado, para señalar que la pensión deberá
ser liquidada en los términos ordenados por el a quo, pero tomando los factores
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, que ocurrió
el 4 de diciembre de 2019 cuando cumplió los 55 años. Por ello, desde esa fecha
tiene derecho a percibir su pensión de jubilación sin que haya ocurrido el
fenómeno de la prescripción, por cuanto la accionante adquirió el estatus
pensional el 4 de diciembre de 2019, presentó la solicitud el 8 de enero de 2020 12
y la demanda fue presentada el 1.° de octubre de 2021.

67. En ese orden de ideas de acuerdo con la línea jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación citada en párrafos que anteceden, y dado que los
demás tópicos del reconocimiento pensional ordenado por el a quo no fueron
objeto de apelación, corresponde a la Sala confirmar parcialmente la decisión de
primera instancia, salvo el numeral segundo que se modifica.
3.6. De la condena en costas en segunda instancia

68. En el caso concreto, advierte que no hay lugar a condenar en costas:

12
Como se lee en la Resolución demandada en el índice 42 de la primera instancia.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00821-01 (1305-2024)

Demandante: Elvira Díaz Anzola

69. En este punto es importante señalar que, si bien en anteriores oportunidades
esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si
había, o no, lugar a condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la
entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio
respecto a la carencia de fundamentación jurídica para imponerlas.

70. En esos términos pese a que prospera el recurso de apelación no se
impondrá condena en costas comoquiera que los argumentos que presentó la
entidad en el ejercicio de la oposición durante el trascurso del proceso, se
encuentran fundamentados por lo que no es procedente la imposición de la
condena en costas.

71. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 24 de octubre de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Elvira
Díaz Anzola contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, salvo el numeral segundo que se
modifica, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia. En su lugar quedará así:

«SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN -
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a través de la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA, a lo siguiente:

I. RECONOCER, LIQUIDAR Y PAGAR a favor de la señora ELVIRA DÍAZ ANZOLA
una pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de los factores salariales
sobre los cuales efectuó o debió efectuar aportes al Sistema de Seguridad Social en
el último año de servicios anterior al 4 de diciembre de 2019, fecha en que adquirió
el estatus pensional y desde la cual goza de efectividad la mencionada prestación.

II. RECONOCER Y PAGAR a la demandante las mesadas pensionales que resulten
de la liquidación que se ordena, las cuales serán ajustadas en los términos de Ley,
teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

R = R.H. X _ÍNDICE FINAL_
ÍNDICE INICIAL

En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que
es lo dejado de percibir por la demandante de la liquidación de su pensión de
jubilación, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta
providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas
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Demandante: Elvira Díaz Anzola

adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados
durante dicho período.
Es claro que, por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que
el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.»

SEGUNDO: Sin condene en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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