Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00863-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00863-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00863-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Bogotá, D.C, doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00863-01 (3027-2024)
Demandante: Nicolás Ávila Venegas
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
Temas: Insubsistencia. Empleado en provisionalidad. Carrera
diplomática y consular. Desviación de poder. Infracción de las
normas en que debía fundarse. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por
medio de la cual se negaron las pretensiones y condenó en costas.
ANTECEDENTES
1. El señor Nicolás Ávila Venegas instauró demanda en contra del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del artículo 1.° del Decreto 242 de marzo 4 de 2021
«Por el cual se efectúa un ascenso en la planta externa y se retira del servicio del
Ministerio de Relaciones Exteriores a un funcionario». A título de restablecimiento
del derecho, que se ordene su reintegro al mismo empleo o a uno de superior
categoría, el pago debidamente indexado de los salarios, primas, bonificaciones,
vacaciones, cesantías, demás prestaciones dejadas de percibir, los gastos médicos
y de transporte, los perjuicios inmateriales; y como medida de reparación y no
repetición, que se ordene al Ministerio la presentación de disculpas públicas.
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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
3. Que fue nombrado provisionalmente primer secretario de relaciones
exteriores, código 2112, grado 19, mediante el Decreto 1386 del 2 de agosto de
2018, empleo que desempeñó desde el 1.° de noviembre del mismo año.
4. Manifestó fue acosado laboralmente por la señora Adriana del Rosario
Mendoza Agudelo, de diferentes maneras, entre ellas, fue prejuzgado por omisión
y no entrega de comentarios en el caso Alex Vernot, le cambiaron sus funciones y
fue excluido de asuntos de derechos humanos, no era citado a reuniones y se le
ocultaba información.
5. Sostuvo que las distintas circunstancias de acoso le provocaron enfermedades
e incapacidades médicas en distintas ocasiones entre 2019 y 2021; pero al margen
de esto, le fueron asignadas múltiples tareas durante estos períodos. Que comunicó
los hechos al interior del Ministerio y ante la Procuraduría General de la Nación y
efectuó denuncias por corrupción en su área funcional.
6. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores no realizó gestiones eficaces y
oportunas para la protección de sus derechos y, en su lugar, después de múltiples
e infructíferos ofrecimientos de un empleo en la embajada de Colombia en Kenia,
expidió el Decreto 242 del 4 de marzo de 2021 y lo retiró del servicio.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
7. Considera vulnerados los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 122, 123, 124, 125, 189 de
la Constitución Política; 1 y 11 de la Ley 1010 de 2006; 8, 60 y 61 (literal b) del
Decreto Ley 274 del 2000. Expresó que desconoció la protección especial para los
empleados que denuncian eventos de acoso laboral y se da la desviación de poder,
pues se trató de una retaliación por denuncias de corrupción y acoso laboral.
8. Que supone un exceso de los límites propios de la facultad discrecional, pues
desatiende criterios de razonabilidad y proporcionalidad, especialmente porque
existían otros empleos donde era factible proveer el cargo a un funcionario en
carrera en los cuales ya se había superado el límite de cuatro años para
nombramientos en provisionalidad, por lo que objetivamente debían preferirse
aquellos y no el que desempeñaba. Por último, reprochó que el acto administrativo
no fue debidamente motivado.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
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9. El 14 de septiembre de 2022 se admitió la demanda. La entidad expresó que
el demandante ocupó un empleo en provisionalidad y, por lo tanto, solo podía ser
removido por causales legales objetivas, como era la provisión del cargo con una
persona perteneciente a la carrera diplomática, ascenso de la señora Andrea del
Pilar Alfonso Rodríguez en virtud del principio de especialidad.
10. En relación con el presunto acoso laboral, sostuvo que el Comité Mediador de
Resolución de Conflictos adelantó las actuaciones legales y reglamentarias
pertinentes, que concluyeron con la emisión de recomendaciones para reconstruir
y fortalecer las relaciones laborales. Añadió que en el caso «Vernot» se adelantó
una investigación disciplinaria en contra del señor Ávila Venegas y la señora
Mendoza Agudelo, por lo que no fue una circunstancia de discriminación particular
en su contra. Manifestó que no existía un fuero o protección laboral por la denuncia,
siempre que entre esta y el retiro habían transcurrido más de seis meses. A su vez,
que entre los implicados no existía una relación jerárquica desde el 28 de enero de
2021.
11. El 12 de julio de 2023 se celebró audiencia inicial, donde se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas. El 30 de agosto y 27 de septiembre del mismo año se realizó
audiencia de pruebas, donde se corrió traslado para alegar de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 16 de febrero de 2024, negó las pretensiones. No se
pronunció respecto del discutido fuero de protección por denunciar presuntas
conductas de acoso laboral, al considerar que ese asunto corresponde a la
jurisdicción ordinaria laboral. En relación con las demás causales de nulidad,
concluyó que el nombramiento de una persona con derechos de carrera es un
motivo suficiente y razonable para desvincular un empleado en provisionalidad y
que, si bien se demostró que luego de las denuncias al interior de la entidad el
ambiente laboral se transformó, no existe certeza de que esto fuera el origen del
acto, es decir, que no se probó la alegada desviación de poder.
RECURSO DE APELACIÓN
13. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Adujo que existían
empleados en el mismo cargo cuyo nombramiento en provisionalidad excedió el
límite previsto en el Decreto Ley 274 del 2000, por lo que debía preferirse su
desvinculación, con lo cual considera se da la infracción del ordenamiento y se
configura un indicio de la desviación de poder. Sobre esta última causal, agregó que
las denuncias por acoso laboral y corrupción fueron noticia nacional a través de
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varios medios de comunicación de amplia difusión por largo tiempo y que no se
valoró la serie de ofrecimientos de otro empleo en África por parte de la entidad.
Que la prueba indiciaria valorada en conjunto permite acreditar este vicio y,
especialmente, el nexo de causalidad entre las denuncias y la desvinculación.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
14. El 21 de junio de 2024 se admitió el recurso de apelación. La entidad
demandada insistió en los argumentos de la contestación.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
15. De acuerdo con el recurso, el problema que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si el artículo 1.° del Decreto 242 de marzo 4 de 2021 fue
expedido con infracción de las normas en que debía fundarse y desviación de poder.
Marco normativo y jurisprudencial
De la carrera diplomática y consular
16. El artículo 125 de la Constitución Política dispone que por regla general los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, es decir, establece
el principio constitucional del mérito como criterio preferente para la provisión de
cargos al interior de la estructura de la administración pública. Excepcionó los
cargos de elección popular, libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y facultó al legislador para ampliar este listado. Este es el fundamento
constitucional del denominado «sistema general de carrera».
17. En el ordenamiento también es posible advertir «sistemas» o regímenes
especiales de carrera, bien sea con fundamento constitucional o legal. Entre estos,
el Decreto Ley 274 del 2000 regula el «Servicio Exterior de la República y la Carrera
Diplomática y Consular». De allí que esta función del Estado, aunque particular,
especial, y técnica, no escapa al principio fundamental del mérito, pero sí goza de
normas diferenciales.
18. El artículo 5 clasificó los cargos disponibles en el Ministerio de Relaciones
Exteriores como de libre nombramiento y remoción, de carrera diplomática y
consular o de carrera administrativa, que se especifican en los artículos 6, 8 y 9 a
detalle. Mientras que el nominador goza de amplia discrecionalidad para nombrar a
su equipo de confianza en los primeros empleos descritos, los demás se someten
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a un cúmulo de procedimientos que determinan en condiciones de igualdad y amplia
participación quiénes ingresan, ascienden, permanecen y son retirados.
19. Por otra parte, el artículo 60 preceptuó la provisionalidad como una
herramienta excepcional para la designación de personas en cargos pertenecientes
a la carrera diplomática y consular aún cuando no pertenezcan a esta, en los
siguientes términos: «Por virtud del principio de Especialidad, podrá designarse en
cargos de Carrera Diplomática y Consular, a personas que no pertenezcan a ella,
cuando por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no sea posible
designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para proveer dichos
cargos. Igualmente en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios podrán
ser removidos en cualquier tiempo» (énfasis fuera de texto).
20. Sin embargo, más allá de esta norma, el Decreto Ley 274 del 2000 no reguló
la forma que deben separarse del servicio a los empleados en provisionalidad, por
lo que es preciso acudir a la Ley 909 de 2004 y el Decreto Compilatorio 1083 de
2015, que en el artículo 2.2.5.3.4 dispone: «Antes de cumplirse el término de
duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador,
por resolución motivada, podrá darlos por terminados».
21. Con fundamento en estas disposiciones y la jurisprudencia constitucional, la
Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que el retiro de servidores
del Ministerio de Relaciones Exteriores que se encuentren en provisionalidad debe
estar motivado con razones suficientes, aunque el estándar no es igual al exigido
por el ordenamiento para el retiro de empleados que gozan derechos de carrera1.
Resolución al caso concreto
22. La inconformidad con la sentencia de primera instancia radica en la valoración
de las pruebas y el estudio de los cargos por infracción de las normas en que debía
fundarse el acto administrativo y desviación de poder.
23. En relación con la primera causal de nulidad invocada, insistió en que al
momento de la desvinculación del cargo que ocupaba en provisionalidad existían
otras personas en condiciones similares que debían ser retiradas del servicio por
ocupar los empleos durante un término superior al límite que impone el literal b) del
artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000, según el cual, «El servicio en el exterior
de un funcionario nombrado en provisionalidad no excederá de cuatro años».
24. Afirmó que el desconocimiento de esta circunstancia, que estima probada en
el oficio S-GFCDC-21-007317 de abril 6 de 2021 emitido por el director de Talento
1 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de febrero de 2023. Rad. 25000-23-
42-000-2016-01354-01 (0319-2018). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Humano de la entidad, expone una decisión desproporcionada, que excede los
límites de la discrecionalidad para proveer y remover personas del cargo, pues
existía una situación objetiva y verificable que orientaba la actuación de la
administración hacia el retiro prevalente de otros servidores en provisionalidad.
25. Para la Sala, no puede perderse de vista que estos funcionarios podrán ser
removidos en cualquier tiempo, siempre y cuando el acto sea motivado con razón
suficiente, y no cabe duda que en este caso lo fue, pues se dijo que se removía para
proveer con la persona que legalmente merecía ocuparlo por ascenso en el régimen
de carrera. Recuérdese que esta decisión no fue controvertida y se presume legal.
26. Ahora, la alegada circunstancia de que había servidores que superaban los
cuatro años en provisionalidad no tiene entidad para viciar de nulidad el acto, pues
la superación de ese límite no tiene incidencia en la legalidad del retiro. Una cosa
es la prohibición de superar el límite y sus consecuencias, y otra las causales de
retiro de un servidor en provisionalidad que no goza de ningún fuero especial. En
este caso se aplicaron, pues se le retiró del servicio porque se precisaba proveer el
cargo con quien tenía derecho de carrera a ser ascendido.
27. El hecho de que el legislador haya impuesto un límite temporal a unos cargos
de provisionalidad no significa que exista un fuero de estabilidad para quienes no
hubieren superado ese límite. Como se dijo, se trata de situaciones jurídicas
independientes. Un funcionario en provisionalidad puede ser removido en cualquier
tiempo si se trata de proveer el empleo con quien tenga derechos de carrera y
escoger a quien se reemplaza es del resorte exclusivo del nominador.
28. Por otra parte, alegó que es consciente de las dificultades para identificar y
aportar pruebas directas del vicio de desviación de poder, pero que una valoración
integral de los indicios permitiría concluir que su retiro no atendió a una finalidad
legal sino a una represalia o retaliación porque presentó denuncias de acoso laboral
y corrupción en contra de su superior jerárquica. Enfatizó en el escándalo mediático
que representaron sus acusaciones, la serie de ofrecimientos de otro empleo en
África por parte de la entidad.
29. Para la Sala el material probatorio recopilado no alcanza el grado de
convicción suficiente para entender probada la causal de nulidad de desviación de
poder y modificar la decisión de primera instancia.
30. Si bien el acervo probatorio da cuenta de diálogos exploratorios sobre la
posibilidad de que el demandante fuera nombrado en la Embajada de Colombia en
Kenia, en correo electrónico del 19 de septiembre de 2020 la entidad manifestó que
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esta propuesta respondía a las «necesidades del servicio»2 y no existe certeza de
que aquello se fundara en un móvil distinto.
31. Respecto de lo dicho acerca de ese ofrecimiento, para la Sala no puede
perderse de vista que se trataba de un funcionario en provisionalidad que ningún
fuero de estabilidad detentaba y a lo mejor si se le hizo la oferta para que conservara
algún empleo, pero no porque tuviera derecho a él o para ocultar alguna ilegalidad
del acto de desvinculación, porque este se podía efectuar sin más motivación que
la de proveer el cargo con quien ganó por el régimen de carrera tenía derecho a
ocuparlo. Se insiste en el margen de discrecionalidad del nominador para adoptar
la decisión.
32. En consecuencia, la presunción de legalidad del acto demandado permanece
incólume y se confirmará la decisión de primera instancia.
Condena en costas
33. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
34. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
35. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
36. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
2 Anexos de la subsanación de la demanda, índice 8, Samai – Tribunales.
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el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Tercero. RECONOCER personería jurídica a la abogada Neila Isabel Ruiz
Castellanos, identificada con la cédula de ciudadanía 1.098.676.135 y la tarjeta
profesional N°. 215.388 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en
representación de la parte demandada, según memorial visible a índice 12 del
aplicativo Samai.
Cuarto. NEGAR la renuncia al poder presentada por la abogada Neila Isabel Ruiz
Castellanos visible a índice 13 del aplicativo Samai, por incumplir los requisitos para
tal fin previstos en el artículo 76 del Código General del Proceso.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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