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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01354-01

Fecha
27 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01354-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Adicionar la sentencia del 3 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el sentido de indicar que la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores podrá descontar del 26 Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018) Demandante: María Teresa Salamanca Acosta valor de la condena las sumas que la demandante hubiere devengado a título de salarios y prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector público, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada, proferida dentro del proceso promovido por la señora María Teresa Salamanca Acosta contra la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01354-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

27 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

Temas: Declaratoria de insubsistencia – nombramiento provisional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia proferida el 3 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora María Teresa Salamanca Acosta,
actuando en nombre propio, formuló demanda en orden a que se declare la
nulidad de la Resolución 5958 del 22 de septiembre de 2015, proferida por el

1 Folios 407 a 447.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

Ministerio de Relaciones Exteriores, que declaró insubsistente el nombramiento de
la actora en el cargo de asesor, código 1020, grado 13 de la planta global de dicha
entidad.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar al Ministerio de Relaciones Exteriores a lo siguiente:
i) disponer el reintegro al empleo que venía desempeñando o a otro de igual o
superior categoría y sin solución de continuidad; ii) pagar los emolumentos
dejados de percibir como consecuencia de su desvinculación y hasta cuando
ingrese nuevamente al servicio; iii) reconocer los perjuicios morales ocasionados
con el acto de retiro; iv) indexar el valor de las condenas; y v) pagar los intereses
moratorios que se lleguen a causar.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la demandante señaló los siguientes:2

i) La señora María Teresa Salamanca Acosta celebró contratos de prestación de
servicios con el Ministerio de relaciones exteriores entre el 31 de julio de 2009
hasta el 9 de junio de 2015 y obtuvo excelentes calificaciones por parte del
supervisor.

ii) Mediante la Resolución 2970 del 20 de mayo de 2015, la demandante fue
nombrada en provisionalidad en el cargo de asesor, código 1020, grado 13 de la
planta global de la mencionada cartera. La posesión se surtió el 9 de junio de
2015. Además, se le asignó la coordinación del grupo de administración de
personal en la Dirección de Talento Humano.

iii) La actora contaba con los requisitos para desempeñar dicho empleo, pues es
abogada con especialización y cuenta con más de 23 años de experiencia en
diferentes áreas del derecho.

2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación por lo que se resumirán en dicho acápite.

2

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Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

iv) La interesada se desempeñó con eficiencia, idoneidad, lealtad, compromiso,
liderazgo y demás competencias requeridas para el correcto ejercicio de la función
pública que le fue encomendada, la cual le demandó trabajar horas extras,
domingos y festivos.

v) Durante su vinculación, la accionante no recibió llamados de atención ni fue
sancionada disciplinariamente.

vi) El 28 de agosto de 2015 ingresó un nuevo director de Talento Humano, quien
hizo múltiples cambios en la dependencia y le quitó algunas funciones a la señora
Salamanca Acosta.

vii) El 23 de septiembre de 2015, una empleada del ministerio le entregó a la
actora copia de la Resolución 5958 del 22 de septiembre de 2015, que declaró la
insubsistencia de su nombramiento; sin embargo, la entidad demandada afirmó
que la demandante había acudido a notificarse de dicho acto, cuando ello no
ocurrió de esa manera, tampoco se le entregó copia de la constancia de
notificación y el retiro se produjo con violación a sus derechos al buen nombre y
dignidad humana, pues no se le permitió guardar copia de sus archivos y debió
abandonar de manera intempestiva su oficina.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 29, 123 y 209 de la Constitución Política;
3 y 41 de la Ley 909 de 2004; y el Decreto 1227 de 2005.

Al desarrollar el concepto de violación, la actora expuso lo siguiente:

i) El acto demandado vulneró los principios de legalidad y publicidad, así como el
derecho al debido proceso junto con las garantías de contradicción y defensa, por
cuanto omitió indicar los motivos concretos y particulares que fundaban la

3

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Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

desvinculación de la accionante, pese a que la Corte Constitucional ha sido
enfática en indicar que las desvinculaciones de los servidores provisionales deben
obedecer a razones suficientes y deben quedar consignadas expresamente en el
acto de insubsistencia.3 Este criterio también ha sido acogido por el Consejo de
Estado respecto del personal adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores.4

ii) La Resolución demandada se limitó a invocar de manera genérica los artículos
53 y 60 del Decreto 274 de 2000. El primero alude a los servidores de carrera que
desempeñan en comisión cargos inferiores a la categoría del escalafón. El
segundo atañe a la posibilidad de remover en cualquier tiempo a los empleados
provisionales. También se citaron los artículos 8, 14 y 71 relacionados con las
funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y el régimen de carrera de sus
colaboradores.

iii) La entidad accionada se limitó a transcribir normas sin analizar la situación de
la accionante ni esgrimir razones válidas para el retiro como lo sería el
vencimiento del término de 4 años (cuando el funcionario trabaja en el exterior), la
imposición de una sanción disciplinaria, la calificación insatisfactoria, la provisión
del empleo a través del sistema del mérito u otra razón del servicio relacionada
directamente con su desempeño laboral.

iv) Para el momento en que la actora fue separada del empleo no se habían
expedido listas de elegibles, es decir, que no existían personas con derechos de
carrera pendientes de ser nombradas.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores se opuso a las pretensiones de la
demanda y esgrimió las siguientes razones de defensa:5

3 La demandante invocó las sentencias C-279 de 2007, SU-917 de 2010 y T-147 de 2013.
4 La actora citó la sentencia del 22 de abril de 2015, radicado 08001-23-31-000-2012-00386-01 (4732-2013).
5 Folios 458 a 470.

4

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Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

i) El tiempo que la demandante estuvo vinculada por contratos de prestación de
servicios no tiene relevancia para el estudio de la presente controversia.

ii) La motivación del retiro de la señora Salamanca Acosta estuvo implícita cuando
se designó en su reemplazo a un servidor con derechos de carrera, a saber, la
señora Gloria Elsa León Perdomo, por ende, no se trató de cuestionar el
desempeño de la demandante, sino de salvaguardar el sistema del mérito que
debe primar para proveer los cargos públicos.

iii) La señora León Perdomo tenía la categoría de ministro consejero que es
equivalente al cargo de asesor, código 1020, grado 13, esto es, el que
desempeñaba la accionante, por lo que era viable designarla en ese empleo a
través de la figura del traslado, conforme lo certificó la Oficina Jurídica Interna del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

iv) La notificación del acto de remoción se efectuó en la sede de la entidad y
cumplió con su finalidad, por lo que no es válido endilgar irregularidades en ese
sentido.

v) El cambio de director de Talento Humano no modificó la relación especial de
sujeción de la actora con el Estado y que implicaba cumplir cabalmente con sus
deberes. El retiro tampoco afectó su reputación o dignidad humana; por el
contrario, la administración elaboró un acta de entrega del puesto de trabajo en
aras de conservar los archivos y la información que pertenecía a la entidad.

vi) La demandante ocupaba un cargo en provisionalidad, por lo que el nominador
gozaba de una facultad discrecional para su remoción, la cual fue ejercida
conforme a derecho y fue motivada en los términos antes indicados.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,

5

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Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

mediante sentencia del 3 de agosto de 2017, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:6

i) Conforme al Decreto 274 de 2000, la demandante ocupó en provisionalidad un
cargo de carrera diplomática y consular.

ii) El Consejo de Estado7 ha precisado que el artículo 60 ibidem permite remover
en cualquier tiempo a los servidores provisionales, pero no aclara si el acto puede
ser o no motivado, por lo que deben aplicarse en forma supletoria la Ley 909 de
2004 y el Decreto 1227 de 2005, es decir, que la desvinculación de dichos
empleados no corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, sino que debe
obedecer a razones claras y verificables relacionadas con el desempeño del
cargo.

iii) La resolución enjuiciada se limitó a transcribir normas generales del régimen de
carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no se refirió a la situación
particular de la accionante, por lo que no es posible identificar las causas de su
desvinculación.

iv) La entidad accionada en la contestación de la demanda afirmó que la señora
María Teresa Salamanca Acosta fue retirada con ocasión del traslado de la señora
Gloria Elsa León Perdomo; sin embargo, este traslado se verificó 4 meses y 10
días después del retiro de la primera, situación que afectó el servicio, pues el
cargo quedó vacante durante ese lapso. Además, para el momento de la remoción
no existía lista de elegibles para proveer el empleo que desempeñaba la
demandante.

v) Lo anterior permite concluir que el nombramiento de la actora se declaró
insubsistente por una decisión discrecional de la administración, pese a que la
actuación debió estar fundada en una motivación clara, detallada y relacionada

6 Folios 493 a 503.
7 El a quo citó la sentencia del 22 de abril de 2015, radicado 08001-23-31-000-2012-00386-01 (4732-2013).

6

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Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

con la situación particular de la accionante.

vi) En consecuencia, anula la Resolución 5958 del 22 de septiembre de 2015 y, a
título de restablecimiento del derecho, se condena al Ministerio de Relaciones
Exteriores a lo siguiente: 1) reintegrar en provisionalidad a la demandante en un
cargo igual o equivalente al que venía ocupando al momento del retiro, siempre y
cuando este no se encuentre ocupado por una persona con derechos de carrera o
hubiera sido suprimido; 2) pagar a la señora Salamanca Acosta los salarios y
demás emolumentos dejados de percibir; sin embargo, «la indemnización no
podrá ser inferior a seis meses ni exceder de 24 meses de salario. Si el cargo se
encuentra ocupado por un funcionario de carrera que haya concursado para el
cargo de Asesor Código 1020 Grado 13 o si el empleo fue suprimido, el pago
reconocido a la demandante se limitará hasta la fecha de posesión del titular o de
la supresión del empleo»; y 3) efectuar las cotizaciones al sistema pensional.

vii) En este caso la indemnización no se limita hasta la fecha en que fue nombrada
la señora Gloria Elsa León Perdomo, ya que en la planta de personal existían 5
cargos idénticos a los que ejercía la actora, por lo que no existe certeza de que la
referida servidora fue quien la reemplazó.

viii) Teniendo en cuenta que en el sub lite «no se encuentra demostrado que la
demandante se haya vinculado a otra entidad no hay lugar a ordenar descuentos
sobre los salarios y prestaciones».

ix) No se ordena el pago de perjuicios morales, porque la interesada no demostró
su causación. Tampoco se impone condena en costas.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores interpuso recurso

7

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:8

i) El a quo interpretó en forma limitada el artículo 60 del Decreto 274 de 2000 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

ii) La sentencia apelada interpretó en forma descontextualizada el acto de retiro y
la resolución de traslado de la señora Gloria Elsa León Perdomo. En efecto, se
desconoció que la motivación de la remoción estaba implícita en la designación de
la referida servidora, por cuanto ostentaba derechos de carrera.

iii) La Resolución 5958 del 22 de septiembre de 2015 evidencia que el nominador
motivó de manera suficiente la remoción de la demandante al punto que designó
en su reemplazo a la señora León Perdomo.

iv) El tribunal consideró que se afectó el servicio público debido al lapso que
transcurrió entre la desvinculación de la actora y el nombramiento de la
mencionada funcionaria; sin embargo, el transcurso del tiempo no constituye
prueba idónea para demostrar tal afirmación y ello tampoco fue materia de debate.
Además, la entidad siguió operando con normalidad en favor del interés general.

v) No es viable resolver el presente asunto con fundamento en la Ley 909 de
2004, por cuanto existe normativa especial de aplicación preferente, esto es, el
Decreto Ley 274 de 2000, que reguló el Servicio Exterior de la República y la
Carrera Diplomática y Consular. Tampoco existe un vacío legal que deba se
complementado con disposiciones generales. Inclusive, la Corte Constitucional en
la Sentencia C-129 de 1994 reafirmó el carácter especial de esta carrera.

vi) En este caso no era necesario adelantar un concurso para proveer el cargo que
ejercía la señora Salamanca Acosta, ya que existían otros servidores con
derechos de carrera que podían ocuparlo, pues así está previsto en el sistema de
ingreso y ascenso de la entidad.

8 Folios 505 a 514.

8

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

vii) No era posible conceder valor probatorio a la información rendida por la
Dirección de la Academia Diplomática y Consular sobre la ausencia de un
concurso de ingreso, ya que este solo se hace para acceder al empleo de tercer
secretario de relaciones exteriores, mientras que la actora ocupaba el cargo de
asesor, código 1020, grado 13, que debía ser provisto con servidores que ya
ostentaran derechos de carrera, como ocurrió en este caso.

viii) El Ministerio de Relaciones Exteriores goza de facultad discrecional para
nombrar y remover a los servidores en provisionalidad, no requiere motivación y
debe respetar el interés general, así como criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, conforme se verificó en el presente asunto, en tanto se acudió a
la figura del traslado en comento. De este modo, se corrobora que el acto de retiro
gozaba de una motivación implícita, puesto que la servidora nombrada en
provisionalidad fue reemplazada por otra adscrita al sistema de carrera, por lo que
tampoco se advierte arbitrariedad en la decisión demandada.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en las
respectivas etapas del proceso.9

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.10

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

9 Folios 534 a 538.
10 Según constancia secretarial visible en el folio 539.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico se contrae a determinar si la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento en el cargo de asesor, código 1020, grado 13 que ocupaba la
señora María Teresa Salamanca Acosta en el Ministerio de Relaciones Exteriores
se expidió conforme a las normas superiores que regulan el retiro de los
servidores públicos nombrados en provisionalidad en la referida entidad.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

El artículo 125 de la Constitución Política dispuso que los empleos en los órganos
y entidades del Estado son de carrera con excepción de los de elección popular,
libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine
la ley.

Por su parte, el Decreto Ley 274 de 2000 reguló el Servicio Exterior de la
República y la Carrera Diplomática y Consular, la cual goza de un régimen
especial.11 El legislador extraordinario implementó el sistema de carrera con el fin
de garantizar que las personas más idóneas ingresen a la función pública, así
como otorgar estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio
público.

La referida norma determinó que los cargos en el Ministerio de Relaciones
Exteriores serían de tres clases, a saber: 1) de libre nombramiento y remoción; 2)
de carrera diplomática y consular; y 3) de carrera administrativa.

En lo que atañe al sub lite, resulta relevante referirse a las normas que regularon
los empleos de carrera administrativa y de carrera diplomática y consular, cuyo
tenor es el siguiente:

11 Ver Sentencias C-129 de 1994, C-292 de 2001 y C-808 de 2001, proferidas por la Corte Constitucional.

10

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

Artículo 8. Cargos de Carrera Diplomática y Consular. Son cargos de Carrera
Diplomática y Consular los de categoría igual o superior a la de Tercer Secretario, y
sus equivalentes en el servicio interno, con excepción de los cargos previstos en los
Artículos 6 y 7 de este Decreto.

Artículo 9. Cargos de Carrera Administrativa. Son de Carrera Administrativa los
cargos de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores con
excepción de los mencionados en los Artículos 6, 7 y 8 de este Decreto. […]

Artículo 10. Categorías en la Carrera Diplomática y Consular. Son categorías del
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular las siguientes:

a) Embajador.

b) Ministro Plenipotenciario.

c) Ministro Consejero.

d) Consejero.

e) Primer Secretario.

f) Segundo Secretario.

g) Tercer Secretario.

Artículo 12. Equivalencias entre las categorías en el escalafón de Carrera
Diplomática y Cargos en Planta Interna. Para los efectos relacionados con la
alternación a que se refieren los Artículos 35 a 40 de este estatuto, los cargos
equivalentes en planta interna que sean de libre nombramiento y remoción, no
perderán tal naturaleza cuando, por virtud de dicha alternación, estén ocupados por
funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular.

En concordancia con lo anterior, se establecen las siguientes equivalencias entre las
categorías en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, de una parte, y los
cargos de la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

CATEGORÍAS EN EL ESCALAFÓN
CARGOS EQUIVALENTES EN LA PLANTA
DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA
INTERNA
CONSULAR
Viceministro
Secretario General
Directores
Embajador
Jefe de Oficina Asesora
Asesor Grado 13 o superiores
Subsecretarios
Ministro Plenipotenciario
Jefe de Oficina Asesora
Ministro Plenipotenciario
Asesor Grados 10,11 y 12
Subsecretarios
Ministro Consejero y Cónsul Ministro Consejero

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

General Asesor Grados 7, 8 y 9
Consejero
Consejero
Asesor Grado 6
Primer Secretario y Cónsul de Primer Secretario en Planta Interna
Primera Asesor Grados 4 y 5
Segundo Secretario y Cónsul Segundo Secretario en Planta Interna
de Segunda Asesor Grados 2 y 3
Tercer Secretario en Planta Interna
Tercer Secretario y Vicecónsul
Asesor Grado 1

Parágrafo. Por virtud de los principios de eficiencia y especialidad y en desarrollo
de la alternación prevista en los Artículos 35 a 40 de este Decreto, es deber de los
funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular desempeñar los cargos en Planta
Interna, para los cuales fueren designados.

Los funcionarios escalafonados en la Categoría de Embajador únicamente podrán
ser designados en Planta Interna en el cargo equivalente a su categoría o en los
equivalentes a la categoría del escalafón inmediatamente inferior.

Para los efectos de la remuneración del funcionario se mantendrá el nivel de
asignación que le correspondiere en la categoría del escalafón, con excepción de la
categoría de Embajador, en cuyo caso se tomará la asignación básica
correspondiente al cargo de Secretario General.

En lo que respecta a los cargos de carrera administrativa, el artículo 9 del Decreto
274 de 2000 dispuso que estos «se sujetarán a lo previsto en la Ley 443 de 1998 y
en las normas que la modifiquen, reglamenten o deroguen, en aquello que no sea
contrario a las especiales características que, por virtud de su misión y de sus
atribuciones, tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para el desarrollo de la
actividad que le es propia».

Por su parte, el capítulo II ibidem regula la carrera diplomática y consular como
una carrera especial jerarquizada, cuya administración y vigilancia corresponde al
mencionado ministerio. En este capítulo se desarrolla el ingreso, ascenso,
permanencia, alternación y retiro de los funcionarios, teniendo en cuenta que el
mérito es el faro orientador del sistema.

Igualmente, se regula la evaluación del desempeño; situaciones administrativas de
los servidores; la provisión de los empleos en provisionalidad; y las condiciones
laborales especiales.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

Es relevante destacar que el artículo 60 del Decreto 274 de 2000 aludió a la figura
de la provisionalidad como una medida de aplicación excepcional, en los
siguientes términos:

Artículo 60. Naturaleza. Por virtud del principio de Especialidad, podrá designarse
en cargos de Carrera Diplomática y Consular, a personas que no pertenezcan a ella,
cuando por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no sea posible designar
funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para proveer dichos cargos.
Igualmente en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios podrán ser
removidos en cualquier tiempo.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-292 de 2001, estudió la anterior
disposición en lo relativo a la posibilidad de efectuar nombramientos en
provisionalidad y consideró que se encontraba ajustada a la Carta con
fundamento en las siguientes razones:

La Corte advierte que en el artículo 60 la invocación del principio de especialidad se
hace para permitir el nombramiento en cargos de la carrera diplomática y consular
de personas que no pertenecen a ella y que a ello se remite la naturaleza de los
nombramientos en provisionalidad. En cuanto a esto hay que indicar que la
provisionalidad es una situación jurídica especial que hace parte de cualquier
carrera administrativa pues en muchas ocasiones la urgencia en la prestación del
servicio impone la realización de nombramientos de carácter transitorio hasta tanto
se surten los procedimientos necesarios para realizar los nombramientos en período
de prueba o en propiedad. Si ello es así, no se advierten motivos para declarar
inexequible una norma que se ha limitado a permitir tales nombramientos previendo
una solución precisamente para ese tipo de situaciones.

En el artículo 60 no se advierte contrariedad con norma alguna de la Carta Política
pues la determinación de la naturaleza de los nombramientos en provisionalidad se
liga a la imposibilidad de realizar nombramientos por aplicación de leyes vigentes.
De ello se sigue que los cuestionamientos de constitucionalidad contra tal norma
son infundados en tanto remiten al legislador la determinación de las circunstancias
en las cuales se realizarán los nombramientos en provisionalidad. Por manera que
los juicios de constitucionalidad procederán, en su momento, contra las normas que
detallen los supuestos de hecho que permitan ese tipo de nominaciones.

De acuerdo con la anterior directriz jurisprudencial, el Ministerio de Relaciones
Exteriores no es ajeno a la aplicación de la figura de la provisionalidad, bajo el
entendido que se trata de una medida idónea para proveer los empleos oficiales
cuando no existe personal de carrera que pueda ocuparlos; sin embargo, dichos
nombramientos son la excepción a la regla general establecida por el

13

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

ordenamiento superior, esto es, el principio del mérito como presupuesto
fundamental para el ingreso, ascenso y permanencia en la función pública.

2.3. Hechos probados12

• El 16 de marzo de 2015, a través de la Resolución 1580, el Ministerio de
Relaciones actualizó el manual específico de funciones y de competencias
laborales. En relación con el cargo de asesor, código 1020, grado 13, se destaca
la siguiente información:13

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL Asesor
DENOMINACIÓN Asesor
CÓDIGO 1020
GRADO 13
NÚMERO DE EMPLEOS 5
DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo
SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL: POLÍTICA EXTERIOR
[…]
II. ÁREA FUNCIONAL: PLANEACIÓN – COMUNICACIONES – APOYO A LA GESTIÓN
[…]

• El 20 de mayo de 2015, por Resolución 2970, la ministra de relaciones exteriores
nombró con carácter provisional a la señora María Teresa Salamanca Acosta en el
cargo de asesor, código 1020, grado 13, de la planta global de la entidad, «en
reemplazo de la doctora Luz Edith Ochoa Tabares, quien pasa a otro cargo».14 La
posesión se verificó el 9 de junio de 2015.15

12 En el plenario obran múltiples contratos de prestación de servicios y demás documentos relacionados con su
ejecución como informes de actividades, informes de interventoría, actas de liquidación y acta de terminación
anticipada (folios 42 a 214); sin embargo, estos documentos no serán relacionados en el acápite de hechos probados de
esta providencia, en razón a que no son relevantes para el estudio del litigio, ya que el acto acusado versa sobre la
relación legal y reglamentaria que la actora tuvo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y no concierne al período en
que celebró los referidos contratos. Igualmente, de conformidad con el artículo 168 del Código General del Proceso, la
Sala se limitará a referenciar las pruebas conducentes, pertinentes y útiles para resolver el presente asunto.
13 Folios 338 a 341.
14 Folio 217.
15 Folio 268.

14

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

• El 19 de junio de 2015, mediante la Resolución 3781, la ministra de relaciones
exteriores designó a la demandante como coordinadora del Grupo Interno de
Trabajo de Administración de Personal de la Dirección de Talento Humano «en
reemplazo de la doctora LUZ EDITH OCHOA TABARES». Esta designación no varió el
cargo que venía desempeñando la actora.16

• El 22 de septiembre de 2015, por Resolución 5958, la ministra de relaciones
exteriores, «[e]n uso de sus facultades legales y, en especial de las que le
confieren el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, el artículo 60 del Decreto Ley 274
de 2000 y el numeral 17 del artículo 6 del Decreto 3355 de 2009», declaró
insubsistente el nombramiento de la accionante en el cargo de asesor, código
1020, grado 13 de la planta global de dicha entidad. La decisión se fundó en las
siguientes consideraciones:17

Que conforme al artículo 71 del Decreto Ley 274 de 2000, y en virtud del principio
de Especialidad, la administración y vigilancia de la Carrera Diplomática y Consular
estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los órganos
indicados en el mismo Decreto.

Que el artículo 8° del citado Decreto Ley establece que son cargos de Carrera
Diplomática y Consular los de categoría igual o superior a la de Tercer Secretario, y
sus equivalentes en el servicio interno.

Que el artículo 14° de la norma ibídem establece que los ascensos en el escalafón
de Carrera Diplomática y Consular será en función del mérito, la experiencia y la
capacidad, en las condiciones señaladas en el mismo Decreto.

Que mediante Resolución 2970 del 20 de mayo de 2015 se nombró con carácter
provisional en un cargo de Carrera Diplomática de la planta de personal del
Ministerio de Relaciones Exteriores a la doctora MARÍA TERESA SALAMANCA ACOSTA,
para desempeñar el cargo de Asesor, código 1020, grado 13, de la planta global del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Que verificada la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, se
constató que existen funcionarios de Carrera Diplomática y Consular
desempeñándose en Comisión para Situaciones Especiales, en cargos por debajo
de la categoría a la cual pertenecen en el escalafón de la mencionada carrera.

Que el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000 señala que en desarrollo del
principio de Especialidad, los funcionarios nombrados en Carrera Diplomática y

16 Folio 269.
17 Folios 270 a 271.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

Consular en provisionalidad, podrán ser removidos en cualquier tiempo.

• El 2 de febrero de 2016, mediante Resolución 0461, la ministra de relaciones
exteriores trasladó a la señora Gloria Elsa León Perdomo al cargo de asesor,
código 1020, grado 13, adscrito a la planta global de dicha entidad. La decisión se
fundó en las siguientes consideraciones:18

Que la doctora GLORIA ELSA LEÓN PERDOMO, es funcionaria inscrita en el escalafón
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Que la doctora GLORIA ELSA LEÓN PERDOMO, fue comisionada a la planta interna, al
cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta
global del Ministerio de Relaciones Exteriores; mediante Decreto 2276 del 26 de
noviembre de 2015.

Que con el fin de ubicar a la doctora GLORIA ELSA LEÓN PERDOMO, en un cargo
equivalente a su categoría en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, es
procedente trasladarla al cargo de Asesor, código 1020, grado 13, de la planta
global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

• El 15 de febrero de 2016, por Oficio S-DIAD-16-014708, el director de la Academia
Diplomática Augusto Ramírez Ocampo le suministró a la actora la siguiente
información:19

De manera atenta y en respuesta al derecho de petición radicado en esta Dirección
el 10 de febrero de 2016, me permito informarle que para los meses de agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2015, no existía, ni se remitió a
la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, lista de
elegibles de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular.
[…]
Que para los meses indicados por usted se desarrollaban los últimos ciclos del
Curso de Capacitación del año 2015, de conformidad con la Resolución No. 8092
del 2014, el cual dio como resultado lista de treinta y cinco (35) elegibles para
ingresar como Tercer Secretario al Ministerio de Relaciones Exteriores en periodo
de prueba, en el año 2016.

• El 20 de septiembre de 2016, la Directora de Talento Humano del Ministerio de
Relaciones Exteriores dirigió un memorando a la jefe de Oficina Asesora Jurídica
Interna de dicha entidad, mediante el cual le informó que «el cargo de ASESOR,
Código 1020, Grado 13, que venía ocupado por la doctora MARÍA TERESA

18 Folio 479.
19 Folio 349.

16

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

SALAMANCA ACOSTA, le fue trasladado mediante Resolución No. 0461 del 02 de

febrero de 2016, a la doctora GLORIA ELSA LEÓN PERDOMO […] funcionaria inscrita
en el escalafón de Carrera Diplomática y Consular en la categoría de Ministro
Consejero».20

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó revocar la decisión de primera
instancia por considerar que el acto acusado se expidió conforme a las normas
superiores que regulan el retiro de los servidores públicos nombrados en
provisionalidad al interior de la referida entidad.

Ahora bien, es preciso anotar que las partes no discuten que la actora
desempeñaba en provisionalidad un cargo de carrera, lo cual se corrobora con la
clasificación de empleos de la planta de personal del ministerio citada en el marco
normativo de esta providencia.

En efecto, el artículo 8 del Decreto 274 de 2000 establece que son cargos de
carrera diplomática y consular los de categoría igual o superior a la de tercer
secretario y sus equivalentes en el servicio interno. En armonía con esta
disposición, el artículo 12 ibidem dispone que el empleo de embajador es
equivalente al de asesor, grado 13 o superiores; por lo tanto, el cargo que
desempeñaba la accionante como asesor, código 1020, grado 13, pertenece al
régimen de carrera en comento y, bajo ese entendimiento, la Resolución 2970 del
20 de mayo de 2015 la nombró «con carácter provisional» en dicha plaza.

En este orden de ideas, como la señora María Teresa Salamanca Acosta tenía la
condición de servidora provisional, su desvinculación debía seguir los
requerimientos previstos para este personal.

20 Folio 478.

17

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

Ahora bien, como la normativa especial no desarrolló la forma en que debe
separarse del servicio a los empleados provisionales, es preciso acudir a la Ley
909 de 2004, vigente para la época de los hechos sobre los que se edifican las
pretensiones de la actora, pues la norma general rige supletoriamente para los
regímenes especiales de carrera en los aspectos no regulados por estos.

En tal sentido, el artículo 41, parágrafo 2, ibidem dispuso que «[e]s reglada la
competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse
mediante acto motivado». A su vez, el artículo 10 del Decreto 1127 de 2005,
replicado en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017, previó que «[a]ntes de
cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento
provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por
terminados».21

En torno a la importancia de la motivación del acto que dispone el retiro de los
empleados provisionales, se destaca la Sentencia C-279 de 2007, en la que la
Corte Constitucional explicó lo siguiente:

• La motivación de los actos administrativos responde a la garantía de los principios
de legalidad y de publicidad y al respeto al derecho al debido proceso, toda vez
que dicha motivación permite el ejercicio del derecho a la defensa, lo cual evita la
arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas. Por lo tanto, la motivación
de los actos administrativos asegura la garantía constitucional al derecho
fundamental al debido proceso22.

• En consonancia con lo anterior, a partir de la sentencia SU-250 de 1998 la Corte
estableció que cuando un servidor público ocupaba un cargo de carrera en
provisionalidad el acto de desvinculación debía ser motivado, “pues solo razones de
interés general pueden conducir a la desvinculación”23. […]

• Dada la restricción establecida para la discrecionalidad del nominador en lo
relacionado con los nombramientos en provisionalidad, la Corte ha entendido que
los servidores en condiciones de provisionalidad gozan de una cierta estabilidad que
la jurisprudencia ha denominado como intermedia. Así, el funcionario que ocupa

21 Esta norma fue compilada en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017.
22 sentencia SU-250 de 1998 MP: Alejandro Martínez Caballero. […].
23 Sentencia SU-250 de 1998 MP: Alejandro Martínez Caballero. […].

18

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

cargos en provisionalidad no goza de la estabilidad laboral que ostenta un
funcionario de carrera, pero tampoco puede ser desvinculado como si su
nombramiento se tratara de uno de libre nombramiento y remoción24. Por lo tanto,
la estabilidad de un funcionario nombrado en provisionalidad se concreta en
que al ser desvinculado se le indique específicamente las razones de su
declaración de insubsistencia.

• Igualmente, la Corte ha sido enfática en determinar que los actos en que se decide
la desvinculación de los servidores en provisionalidad deben contener las razones
del servicio por las cuales se separa del cargo al funcionario. Si bien el nominador
cuenta con un cierto grado de discrecionalidad, ésta no puede convertirse en
arbitrariedad. Por eso, los motivos de interés público que fundamentan la
desvinculación deben ser explicitados para garantizar el derecho al debido
proceso de la persona desvinculada25. […]. [Resalta la Sala].

De acuerdo con el anterior lineamiento jurisprudencial, se concluye que el retiro de
los servidores provisionales del Ministerio de Relaciones Exteriores debe hacerse
mediante acto motivado como una forma de garantizarles el derecho fundamental
al debido proceso. Esta premisa ha sido acogida en anteriores oportunidades, con
fundamento en las siguientes consideraciones:26

Si bien es cierto, el artículo 60 del Decreto 274 de 200027, autoriza la remoción, en
cualquier tiempo, de un funcionario que se encuentre desempeñando un cargo en
las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, ésta disposición no señala si la
determinación pertinente debe o no motivarse, contrario a lo que entiende la parte
demandada, puesto que de su contenido no se puede inferir tal solución, si se tiene
en cuenta que únicamente autoriza la remoción en esas condiciones, pero guarda
silencio respecto a la exigencia o no de la motivación del acto, para lo cual es
suficiente acudir a una interpretación exegética de su contenido.

Tampoco se encuentra en el citado Decreto una norma que regule la materia.
Siendo esto así, debemos acudir a la regulación que trae la Ley 909 de 2004, en su
artículo tercero, […]

Como la presente Litis recae sobre un aspecto relacionado con la carrera especial,
particularmente citada en el artículo tercero reproducido, es decir, la Carrera

24 Ver, entre otras, las sentencias T-800 de 1998 MP: Vladimiro Naranjo Mesa; C-734 de 2000 MP: Vladimiro Naranjo

Mesa; T-884 de 2002 MP: Clara Inés Vargas Hernández; T-519 de 2003 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-610 de
2003 MP: Alfredo Beltrán Sierra. T-222 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández; T-660 de 2005 MP: Jaime Córdoba
Triviño: […] T-116 de 2005 MP: Humberto Sierra Porto: […]; Sentencia T-1310 de 2005 MP: Álvaro Tafur Galvis. Sentencia
T-1316 de 2005 MP: Rodrigo Escobar Gil:[…].
25 En la sentencia T-081 de 2006 MP: Alfredo Beltrán Sierra […].
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de septiembre de 2012, radicado 25000-23-25-

000-2008-00195-02 (0994-12). En similar sentido se pueden consultar las siguientes sentencias: i) del 5 de mayo de
2022, radicado 25000-23-42-000-2013-04276-01 (4358-2018); y ii) del 22 de abril de 2015, radicado 08001-23-31-000-
2012-00386-01 (4732-13).
27 Declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-292-01.

19

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

Diplomática y Consular, se colige que la Ley 909 de 2004 y su Decreto
Reglamentario 1227 de 2005 debe regir el presente asunto.

En consecuencia, de acuerdo con la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario
1227 de 2005, existe la necesidad de motivación de los actos administrativos
que declaran insubsistente a un servidor público nombrado en provisionalidad, en un
cargo de carrera administrativa. [Resaltado original].

De acuerdo con el anterior criterio jurisprudencial, el retiro de los servidores en
provisionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores debe estar debidamente
motivado y, en lo que atañe al contenido de tal motivación, en la Sentencia SU-
917 de 2010 se indicó que debe aludir a razones suficientes, de manera que
pueda establecerse con claridad las circunstancias particulares y concretas, de
hecho y de derecho en que se funda la desvinculación.

De ahí que «sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la
insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del
cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de
sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón específica
atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario
concreto”28».29

Sin embargo, en la referida providencia se aclaró que la motivación que se exige
para desvincular a un funcionario nombrado en provisionalidad no debe ser
necesariamente igual a la que se exige para quienes ostentan derechos de
carrera, por cuanto para estos estos últimos se han previsto unas causales de
retiro ligadas a la estabilidad en el empleo, que no se predica del nombramiento
en provisionalidad.

De esta manera, la desvinculación de los servidores provisionales también puede
fundarse en motivos relacionados con la salvaguarda de los principios que

28 Corte Constitucional, Sentencia C-279 de 2007.
29 Sentencia SU-917 de 2010. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-691 de 2011 y SU-054 de 2015. A su

vez, el Consejo de Estado se ha referido a la necesidad de motivar el acto de retiro de los empleados provisionales, entre
otras, en las siguientes sentencias: i) del 6 de julio de 2017, radicado 25000-23-25-000-2012-00554-01 (1870-13); ii) del
22 de marzo de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-01621- 01 (3660 – 2014); del 31 de octubre de 2019, radicado:
11001-03-15-000-2019-01437-01.

20

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

orientan la función administrativa o el incumplimiento de los deberes propios del
cargo, siempre y cuando sean verificables.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que en el acto demandado se
indicaron las razones de la desvinculación de la señora Salamanca Acosta; sin
embargo, la Sala se aparta de este entendimiento, por cuanto una lectura atenta
de la Resolución 5958 del 22 de septiembre de 2015 evidencia que se limitó a citar
en forma genérica normas relacionadas con los siguientes aspectos: i) facultades
de la ministra para nombrar y remover el personal, incluyendo los provisionales; ii)
carácter especial de la carrera diplomática y consular, cuya vigilancia y control
estaba a cargo de dicha cartera; iii) cargos pertenecientes al referido sistema de
carrera; y iv) condiciones de los ascensos en el escalafón.

En el acto de insubsistencia también se expresó que «verificada la planta de
personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, se constató que existen
funcionarios de Carrera Diplomática y Consular desempeñándose en Comisión
para Situaciones Especiales, en cargos por debajo de la categoría a la cual
pertenecen en el escalafón de la mencionada carrera»; sin embargo, esta
referencia se limita a describir una situación administrativa en que puede estar
cualquier servidor escalafonado y de ninguna manera se particulariza su relación
con la vinculación de la demandante y mucho menos el impacto que podía llegar a
tener frente a su retiro.

De esta manera, las consideraciones plasmadas en la resolución demandada no
permiten establecer las circunstancias claras, detalladas y concretas que
condujeron a separar a la accionante del empleo que venía desempeñando, por
ende, el nominador incumplió con el deber que le asistía de motivar la decisión
ahora acusada.

De otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la motivación del
despido estaba implícita en el traslado que se hizo de la señora Gloria Elsa León
Perdomo al cargo que desempeñaba la demandante.

21

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

Sin embargo, el anterior razonamiento no es consistente con las pruebas
aportadas al plenario, ya que el traslado se hizo con posterioridad al retiro de la
demandante, es decir, que no podía constituir la causa eficiente de la
desvinculación y ello tampoco fue anunciado de esa manera en la declaratoria de
insubsistencia.

En efecto, llama la atención que el traslado se verificó mediante la Resolución
0461 del 2 de febrero de 2016, mientras que el acto demandado data del 22 de
septiembre de 2015, esto es, varios meses antes de que se trasladara a la
servidora con derechos de carrera.

Además, en la Resolución 0461 de 2016 se dejó consignado que la señora León
Perdomo venía de una comisión ordenada por el Decreto 2276 del 26 de
noviembre de 2015, que la designó como consejera de relaciones exteriores,
código 1012, grado 11, plaza que no guardaba correlación con la categoría que
debía ocupar en el escalafón, es decir, que esta situación administrativa también
fue posterior al despido de la accionante.

En consecuencia, no puede afirmarse que el retiro de la demandante se encaminó
a posibilitar la ubicación de la señora León Perdomo en un empleo equivalente a
la categoría que le correspondía en el escalafón de carrera, pues la nominación
que se pretendía corregir se hizo en virtud de una comisión posterior al despido de
la accionante. Entonces, el plenario no da cuenta de cuáles eran las
equiparaciones y homologaciones de cargos que debían hacerse para el momento
de la desvinculación de la actora. Es así como se desvanece la relación de
conexidad que pretende establecer la entidad apelante entre la declaratoria de
insubsistencia y el mencionado traslado.

Adicionalmente, en el acto de traslado en ningún momento se mencionó el nombre
de la señora María Teresa Salamanca Acosta y tampoco se indicó que la
servidora de carrera pasaría a reemplazarla.

22

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

Así las cosas, contrario a lo sostenido por el Ministerio de relaciones exteriores, la
resolución demandada no contiene una motivación que atienda al principio de
razón suficiente para haber dispuesto el retiro del servicio de la actora y tampoco
el contexto en que se expidió permite encontrar una motivación implícita en tal
sentido.

Por otra parte, el apelante sostuvo que el hecho de que no existieran listas de
elegibles para el momento en que se efectuó el retiro de la demandante no era un
indicio de que el cargo no pudiera proveerse por personal escalafonado. Esta
Subsección considera que le asiste razón a la entidad en su afirmación, pues el
ingreso a la carrera diplomática se hace en el empleo de tercer secretario 30 y este
no era el que desempeñaba la accionante, por ende, para el estudio del sub lite no
era relevante que se hubiera surtido un concurso para proveer dicho empleo.

Sin embargo, lo anterior no desdibuja que el acto demandado se encuentra viciado
de nulidad, ya que no da cuenta de los motivos reales, adecuados y suficientes
que condujeron al despido de la señora Salamanca Acosta. En especial, se
observa que los elementos de juicio arrimados al proceso no permiten establecer
que el retiro se produjo por el traslado de una persona escalafonada al empleo
que desempeñaba. De esta manera, se desvirtuaron las razones sobre las cuales
se edificó la defensa de la parte demandada.

Bajo este hilo argumentativo, esta Subsección considera que la decisión del a quo
se ajustó a la normativa y al criterio interpretativo aplicable al carácter provisional
de la vinculación que tenía la actora, por lo que los motivos de apelación no tienen
vocación de prosperidad.

Ahora bien, la providencia recurrida indicó que como «no se encuentra
demostrado que la demandante se haya vinculado a otra entidad no hay lugar a
ordenar descuentos sobre los salarios y prestaciones»; sin embargo, teniendo en

30 Artículo 14 del Decreto Ley 274 de 2000.

23

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

cuenta que la parte accionada puede evaluar tal situación al momento de la
ejecución de la sentencia, se adicionará la decisión judicial apelada en este
sentido.

La anterior determinación se ajusta al artículo 187 del CPACA en tanto dispone que
el juez de segunda instancia está facultado para estudiar y decidir «todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus».
A su vez, el artículo 328 del CGP31 establece que el ad quem «deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

De acuerdo con los referidos mandatos, el proveído apelado será adicionado con
el fin de atender la regla de unificación establecida por la Sala Plena de esta
corporación en cuanto indicó que «son procedentes los descuentos efectuados a
la condena derivada del fallo que resuelve el litigio inmiscuido dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, donde se
obtenga la nulidad del acto que retiró del servicio a un empleado público
nombrado en provisionalidad, a razón de las sumas de dinero recibidas por la
parte demandante a título de salarios, prestaciones sociales percibidos de
relaciones de trabajo en el sector público».32

La anterior directriz jurisprudencial se fundó en la prohibición establecida en el
artículo 128 de la Constitución Política, referida a que nadie podrá «recibir más de
una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones
en las que tenga parte mayoritaria el Estado». En consecuencia, en esta instancia
se hace necesario acatar este mandato superior.

Es oportuno resaltar que en la providencia en comento solamente se fijó como
regla de unificación la procedencia de los descuentos por los ingresos
provenientes del sector público, lineamiento que ha venido acogiendo esta

31 Código General del Proceso.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de agosto de 2022, radicado 11001-

03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017).

24

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

Subsección. En consecuencia, en esta oportunidad no se ordenarán deducciones
en virtud de sumas devengadas por vinculaciones dependientes o independientes
en el sector privado, con el fin de respetar el criterio mayoritario de la corporación
y salvaguardar la igualdad en la aplicación del precedente judicial.

Así las cosas, el proveído apelado será adicionado en el sentido de indicar que del
valor de la condena el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá descontar las
sumas que la demandante hubiere devengado a título de salarios y prestaciones
sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector público.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201633, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor:

José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

25

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Teniendo en cuenta que la decisión que aquí se adopta obedece al recurso de
apelación interpuesto por la parte accionada, en armonía con la regla
jurisprudencial trazada en la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022, no
se impondrán costas a cargo de ninguna de las partes con el fin de salvaguardar
los principios de buena fe y confianza legítima.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la actora; no obstante, se
adicionará en el sentido de indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores
podrá descontar del valor de la condena las sumas que la demandante hubiere
devengado a título de salarios y prestaciones sociales percibidos de relaciones de
trabajo en el sector público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Adicionar la sentencia del 3 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el sentido
de indicar que la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores podrá descontar del

26

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018)
Demandante: María Teresa Salamanca Acosta

valor de la condena las sumas que la demandante hubiere devengado a título de
salarios y prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector
público, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada, proferida dentro del
proceso promovido por la señora María Teresa Salamanca Acosta contra la
Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

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