Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00884-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00884-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00884-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00884-02 (2851-2025)
Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Reiteración jurisprudencial.
Subtema 1: reliquidación de prestaciones con el 100% de la remuneración
mensual. Subtema 2: prescripción Subtema 3: vigencia del Decreto 272 de 2021
Subtema 4: aportes al sistema de seguridad social en pensión. Irrenunciabilidad e
imprescriptibilidad.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sala Transitoria, el 27 de
junio de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Fabián Andrés Rojas Bonilla, en condición de fiscal delegado ante los
jueces del circuito, solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un factor mensual adicional al salario
básico. Asimismo, la reliquidación de todas sus prestaciones salariales y
prestacionales. No obstante, la entidad demandada negó lo pretendido, al
considerar que ha dado estricto cumplimiento a los decretos salariales expedidos
por el Gobierno nacional. Por su parte, el Tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones incoadas. Para tal efecto, declaró la nulidad de los actos cuestionados;
declaró probada la prescripción trienal respecto de las sumas causadas con
anterioridad al 2 de julio de 2018; condenó a la entidad accionada a reconocer y
pagar retroactivamente el reajuste salarial equivalente al 30% del salario básico
mensual, durante el tiempo en que el actor desempeñe el cargo que otorga el
derecho a dicha prima.
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00884-02 (2851-2025)
Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Asimismo, dispuso que dicho porcentaje debe incorporarse como factor salarial
para la determinación de las consecuencias prestacionales correspondientes, así
como para la liquidación de los aportes al Sistema de Seguridad Social a que
hubiere lugar.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Fabian Andrés Rojas Bonilla, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, con las siguientes1:
2.1.1. Pretensiones:
(i) Declarar la nulidad del acto administrativo Oficio 20213100016551 del
8 de julio de 2021, expedido por la Fiscalía General de la Nación, mediante
el cual se le negó el reconocimiento y pago de la prima especial, así como la
reliquidación de todas las prestaciones sociales, con base en el 100% del
salario básico mensual vigente.
(ii) Declarar la nulidad de la Resolución núm. 2-0872 del 6 de agosto de
2021, emitida por la entidad demandada, a través de la cual se resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra el oficio referido en el numeral
anterior.
(iii) A título de restablecimiento del derecho que se ordene a la Nación,
Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar, la prima especial del 30%
adicional sobre el salario básico mensual, de conformidad con lo previsto en
la Ley 476 de 1998.
(iv) Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la entidad demandada a
reliquidar y pagar sus prestaciones sociales sobre el 100% de su salario
básico mensual, con la inclusión del 30% que fue excluido a título de prima
especial, respecto de las sumas causadas desde la fecha de su vinculación
a la entidad y de aquellas que se causen en lo sucesivo. Asimismo, disponer
que la referida prima especial tenga carácter de factor salarial para efectos
de determinar el ingreso base de liquidación de la pensión, y ordenar el pago
del retroactivo que se cause.
(v) Ordenar a la entidad accionada que se indexen las sumas reclamadas,
que se de cumplimiento de la sentencia de conformidad con los artículos 187,
192 y 195 de la Ley 1437 de 2011. Por último, que las agencias en derecho
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Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 3_ED_DEMANDA.
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Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
y las costas en el proceso sean pagadas según lo previsto en el artículo 188
del CPACA.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, el actor expuso lo siguiente:
i. El señor Fabian Andrés Rojas Bonilla, ingresó a la Fiscalía General de la
Nación el 5 de julio de 1994 y en la actualidad2 ejerce el cargo de fiscal
delegado ante los jueces del circuito adscrito a la Dirección Especializada
contra violaciones a los Derechos Humanos, con sede en la ciudad de
Bogotá. D.C.
ii. Agregó que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, dispuso la creación de una
prima sin carácter salarial, cuyo valor oscila entre el 30% y el 60% del salario
básico mensual, destinada a los jueces de la República, la cual debe
asumirse como un componente adicional de la remuneración básica mensual
y no una disminución del mismo.
iii. Señaló que el artículo 1 de la Ley 476 de 1998, dispuso: «Aclárase el
artículo 1º de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí
consagrada que hace alusión a la Ley 4ª de 1992, no se refiere a los Fiscales
de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial
establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la
prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6º del Decreto 53 de
1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter
salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación».
iv. Refirió que la prima especial establecida en la Ley 476 de 1998 nunca le
fue reconocida. Indicó que dicho concepto únicamente le fue otorgado y
pagado con efectos a partir del 1.º de enero de 2021, en aplicación de lo
dispuesto en el Decreto 272 del 11 de marzo de 2021, como un valor
adicional a la asignación básica equivalente al treinta por ciento 30 % del
salario básico. No obstante, precisó que la entidad guardó silencio respecto
de los períodos causados con anterioridad, circunstancia que, a su juicio,
impactó negativamente sus ingresos mensuales, la liquidación de sus
prestaciones sociales y la determinación del ingreso base de cotización para
efectos pensionales.
v. El demandante, el 2 de julio de 2021, solicitó a la Fiscalía General de la
Nación, el reconocimiento y pago de la prima especial como incremento
adicional de su remuneración básica mensual, así como la reliquidación de
2 Fecha de presentación de la demanda, 26 de octubre de 2021.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00884-02 (2851-2025)
Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
sus prestaciones sociales sobre el 100% de su salario, con la inclusión del
30% que había sido excluido como prima especial.
vi. La entidad demandada, mediante Oficio núm. 20213100016551 del 8 de
julio de 2021, negó las pretensiones formuladas por el actor. Contra dicha
decisión, este interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto, a través
de la Resolución núm. 20872 del 6 de agosto del mismo año, en la que se
confirmó en todas sus partes la negativa inicialmente adoptada.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución
Política, artículos 13, 25, 53, 83 y 209; Ley 4ª de 1992, artículos 1 y 14; Ley 50 de
1990.
4. Expuso que, los actos administrativos demandados contravienen la
normatividad superior, en la medida en que transgredieron las disposiciones legales
aplicables, en las cuales se ha definido la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 y de la Ley 476 de 1998, disposiciones que ordenan
expresamente dicho reconocimiento salarial. En apoyo de su afirmación, nombró
los Decretos 53 de 1993 y 272 de 2021.
5. Agregó que la administración vulneró el principio de legalidad, toda vez que,
según la jurisprudencia, lo pretendido corresponde a una prestación de carácter
legal, respecto de la cual afirmó tener pleno derecho. Añadió que también se
vulneraron los principios de igualdad, eficiencia y economía, en la medida en que la
entidad no garantizó un trato uniforme ni adelantó un trámite administrativo
orientado a asegurar la protección efectiva y oportuna de los derechos del
administrado.
2.2. Contestación de la demanda
6. La Fiscalía General de la Nación3, a través de apoderada se opuso a las
pretensiones de la demanda al considerar, en su criterio, que lo solicitado no se
ajusta a la sentencia proferida por esta Corporación el 15 de diciembre de 2020 4,
en la cual se reconoció la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 únicamente a los funcionarios que se acogieron al Decreto 53 de 1993 o a
quienes se hayan vinculado con posterioridad a su expedición.
7. Formuló como excepciones: (i) prescripción; (ii) carencia de objeto; (iii)
inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación, y (iv) improcedencia de extralimitar el límite previsto en el
artículo 4 de la Ley 4ª de 1992.
3 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 033.
4 SUJ-023-CE-S2-2020.
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Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
2.3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia dictada el 27 de junio de 20255, dispuso:
PRIMERO: Estarse a lo resuelto en la Sentencia de Unificación SUJ-023 CE-S2-
2020 de 15 de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, radicación 73001-23-33 000-2017-00568-01 (5472-
2018) […]
SEGUNDO: Declarar la excepción de prescripción trienal extintiva de los valores
pedidos por el demandante, causados con anterioridad al 2 de julio de 2018, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: Declarar la nulidad de los actos administrativos acusados: El contenido
en el Oficio N° 20213100016551 del 8 de julio de 2021, emitido por el Departamento
de Administración de Personal (e) y la Resolución N°. 20872 del 6 de agosto del
mismo año, proferida por el Subdirector de Talento Humano (e) de la Fiscalía
General de la Nación, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO: Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y
pagar al demandante FABIÁN ANDRÉS ROJAS BONILLA, retroactivamente, el
REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus
consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima
de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías,
seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, etc.,
causados desde el 2 de julio de 2018, como Fiscal Delegado antes Jueces del
Circuito y en adelante hasta cuando por razón del cargo tenga derecho, por
habérsele deducido durante los extremos temporales laborados, computando para
este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada
correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima
consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial
para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así
para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: En consecuencia, se le debe reconocer y pagar al demandante en los
extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los
correspondientes reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.
[…]
DÉCIMO: No condenar en costas.
[...]6
5 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
045_SENTENCIA1AINSTANCIA.
6
Se transcribe con errores de texto.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00884-02 (2851-2025)
Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
9. El Tribunal destacó que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, debe entenderse como un incremento del 30% sobre la remuneración
básica mensual y no como una disminución de la misma. En consecuencia, señaló
que el servidor tiene derecho al reconocimiento del referido porcentaje como un
aumento efectivo de su asignación básica.
10. Expuso que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, la Fiscalía
General de la Nación liquidó y pagó al actor sus prestaciones sociales sobre el 70%
de su asignación básica mensual, situación que implicó la inclusión de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 dentro del 100% del salario,
cuando debió tratarse de un componente adicional o plus salarial. Por lo anterior,
consideró que el demandante es beneficiario de dicha prima y reconoció el derecho
a partir del 2 de julio de 2018, por haber operado el fenómeno de la prescripción
trienal, dado que la reclamación administrativa se presentó el 2 de julio de 2021.
2.4. Recurso de apelación
11. La apoderada de la entidad demandada7, manifestó que el Tribunal al
disponer en el ordinal cuarto que se reconozcan y paguen además de las diferencias
salariales, las diferencias prestacionales derivadas de no haberse tenido en cuenta
la prima especial como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales del
actor, así como la reliquidación de la pensión de jubilación y los aportes al sistema
de seguridad social en salud, adoptó una decisión que, a su criterio, contradice lo
dispuesto por esta Corporación en la sentencia del 15 de diciembre de 2020, en la
cual se señaló que expresamente que:
1. A Nayibe Lorena Pérez Castro, por las particularidades de la regulación de
la prima especial para la Fiscalía, no se le descontó de su salario y/o asignación
básica desde el 2003 el 30%, por lo que el 100% de lo que recibió lo hizo sin que se
le diera a este porcentaje el carácter de prima especial.
2. Al no haberse descontado del salario básico el 30% desde el año 2003, la
liquidación de las prestaciones sociales se ha venido realizando sobre el 100% de
la asignación básica.
[…]
5. El restablecimiento del derecho se traduce sólo en el pago del 30% que el
demandante no recibió a título de prima especial.
6. Al no presentarse el indebido descuento del 30% del salario el restablecimiento
no comprende una reliquidación de las prestaciones canceladas».
7 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 048_Recurso.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00884-02 (2851-2025)
Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
12. Sostuvo que la sentencia impugnada va en contravía de lo analizado por el
Consejo de Estado en la sentencia del 15 de diciembre de 2020, en cuanto dicha
Corporación precisó que, a partir del año 2003, las prestaciones sociales de los
fiscales beneficiarios de la prima especial del 30%, deben liquidarse sobre el 100%
del salario, y no sobre el 70%, como lo concluyó la primera instancia.
13. Por último, señaló que el Tribunal, al ordenar el pago de los aportes al
sistema pensional correspondientes a los periodos en que el demandante ha
ejercido el cargo de fiscal, profirió una decisión que desconoce el precedente
jurisprudencial, lo cual configura un defecto fáctico de la sentencia y compromete la
estabilidad financiera de su representada.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
14. Mediante auto del 28 de noviembre de 20258, el despacho ponente admitió
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
de primera instancia. Asimismo, dispuso que, una vez agotadas las notificaciones
al procurador delegado y a las partes, el expediente ingresara para fallo, salvo que
se solicitara la práctica de pruebas.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
15. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde
el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
16. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
presentado por la parte demandada, corresponde a la Sala a resolver lo siguiente:
17. ¿Es procedente ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales del actor
cuando, con las pruebas obrantes en el expediente, no se acreditó ni la
desagregación ni la existencia de un fraccionamiento entre el salario devengado y
la prima especial?
18. ¿Procedía la orden del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud y Pensiones durante el tiempo de vinculación del demandante como fiscal,
pese a que ello no fue establecido en la sentencia del 15 de diciembre de 2020,
proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado?
8 Samai, índice 004.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00884-02 (2851-2025)
Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial
19. La Ley 4ª de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar
el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al
30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados
de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio
Público delegados ante la rama judicial y para los jueces, incluidos los magistrados
y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción
penal militar, «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General
de la Nación», con efectos a partir del 1 de enero de 1993.
20. El Decreto 53 de 1993, expedido por el gobierno en virtud de la competencia
atribuida por la Ley 4ª de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los
servidores de la Fiscalía General de la Nación, y previó a favor de las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993, la posibilidad de optar por el régimen
salarial y prestacional establecido en dicho decreto, con la excepción establecida
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que excluía del beneficio de la prima especial
a quienes optaran por esa escala salarial.
21. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4ª de 1992, en el sentido de determinar
que la prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí establecida, formaría parte del ingreso base, solo para la
liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones
correspondientes.
22. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la
excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía
General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto
53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial a que se refiere el artículo
6° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adicionan,
tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de
liquidación de la pensión de jubilación».
23. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno
nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial
equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los fiscales
delegados de todo orden, de los directores nacionales, regionales y seccionales, y
de los jefes de oficina, de división y de Unidad de Policía Judicial.
24. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00884-02 (2851-2025)
Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Fiscalía General de
la Nación, esta Sección, mediante sentencia del 14 de febrero de 2002, declaró la
nulidad del artículo 7 del Decreto 38 de 8 de enero de 1999, por «su discordancia con
las disposiciones legales que debía acatar el Gobierno nacional al establecer el
régimen salarial de los servidores públicos a que se contrae la Ley 4ª de 1992, más
exactamente por desconocer lo previsto en el Artículo 14 ibidem», al otorgar al 30%
del salario básico el carácter de prima especial. En ese orden, la Sección precisó lo
siguiente9:
En virtud de lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 el Gobierno nacional
está facultado para establecer la prima a que ella se contrae a favor de los servidores
que allí se enlistan, mas no respecto de los funcionarios que opten por la escala de
salarios establecida para la Fiscalía General de la Nación con efectos a partir del 1º
de enero de 1993 (…)
No obstante lo anterior, ha de precisarse que tal decisión no implica que el salario
fijado en el Artículo 4° del Decreto 38 de 1999 para los funcionarios sustraídos de la
posibilidad de establecer a su favor la prima de servicios, sufra alteración alguna, más
exactamente deterioro o disminución, ya que en dicho artículo se estableció el sueldo
mensual de los empleos de esa entidad, entre los que ellos se encuentran, sin que se
advirtiera que parte alguna de tales salarios tenía una condición jurídica diferente a la
de remuneración por los servicios prestados, o más exactamente, la naturaleza de
prima de servicios.
Al desaparecer del concierto jurídico el Artículo 7º del Decreto 38 de 1999 que otorgó
al 30% del salario básico mensual de esos funcionarios el carácter de prima especial
de servicios, sólo subsiste el Artículo 4º del citado decreto mediante el cual, se insiste,
se fijó la escala salarial de los citados servidores públicos, sin que se hiciera precisión
en él acerca de que determinado porcentaje de dicha remuneración ostentara la
connotación de prima especial de servicios.
25. En una segunda etapa, la Sección, en sentencia del 17 de septiembre de
2007, «unificó el criterio» frente al estudio de legalidad de los decretos anuales que
fijaban el régimen salarial de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, en
el sentido de señalar que la declaración de nulidad de los artículos 7 del decreto 50
de 1998 y 8 del decreto 2729 de 2001, implica que los servidores públicos de esa
entidad, enlistados en las normas citadas, «que habían optado por el régimen de
salarios de la Fiscalía General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero
(1º) de enero de 1993, para efectos de liquidación de las prestaciones sociales a
que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001-03-25-000-1999-0031-
00(197-99).
Mediante sentencia del 15 de abril de 2004, la Sección declaró la nulidad del artículo 8 del Decreto 2743 de
2000, con iguales consideraciones. Sin embargo, estableció lo siguiente: «con el propósito de rectificar parte de
la jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del expediente 197 de 1.999, que al
decretarse la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin carácter salarial (…), se
reduce el ingreso mensual de los funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en
que consiste la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya quedó explicado, el
mandato del artículo 14 de la ley 4 de 1.992.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00884-02 (2851-2025)
Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
salarial, y que no se les reducen sus ingresos mensuales, en razón a que tales
normas no habían establecido un “sobresueldo”»10.
26. Mediante sentencia del 2 de abril de 2009, la Sección Segunda de esta
corporación rectificó la tesis que sustentaba la declaración de nulidad de los decretos
anuales, esto es, que los servidores enlistados en los decretos «no eran los
destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial» prevista en la Ley 4
de 1992. En su lugar, la sentencia señaló que es «un contrasentido lógico, extraño al
derecho, aceptar que las primas por más exentas que estén de su carácter salarial
representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores
públicos. Es consecuencia evidente de lo considerado concluir, que el artículo 7°
del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario
para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente
condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la
Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento
jurídico»11.
27. De acuerdo con este marco normativo, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda, mediante sentencia SUJ-023-CE-S2 del 15 de diciembre de 2020, fijó las
siguientes reglas frente a la prima especial de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de
1992 y su reconocimiento a aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial
del Decreto 53 de 1993 y a quienes se vincularon con posterioridad, en los
siguientes términos12:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional,
atendiendo el cargo correspondiente.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de septiembre de 2007, exp. 11001-03-25-000-2003-
0113-01. En cuanto a las demás normas demandadas, la sentencia dispuso estarse a lo resuelto en las
providencias del 15 de julio de 2004 (exp. No. 11001-03-25-000 2002-0178-01 (3531-02) y 3 de marzo de 2005
(exp. No. 11001-03-25-000-1997 17021-01 (17021), «advirtiendo que, como consecuencia de tal declaración, los
servidores públicos enlistados en tales disposiciones que habían optado por el régimen se salarios de la Fiscalía
General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 1993, para efectos de liquidación de
las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter
salarial» (sic).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-
01 (1831-01).
12 Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
10
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Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
28. La sentencia citada que le confiere a la prima especial del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 el carácter de factor adicional, añadido o sumado al salario básico
sustentó las reglas en las siguientes razones:
La ley 4ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al gobierno
nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo
caso no puede ser inferior al 30%.
La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la
Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se
estableció que debía pagarse el 30% del salario básico.
Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía
reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio
de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral (…) [N]o sólo
las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue
previsto por el Gobierno Nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad
resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido,
aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución
sino además en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
29. En línea con lo expuesto, la Sala de Conjueces, mediante sentencia del 21
de septiembre de 202213, declaró la nulidad de los decretos anuales que establecían
el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General
de la Nación, dictados en los años 2003 a 2017, al considerar que el 30% del salario
básico mensual de los servidores de esa entidad «no puede ser considerado como
prima especial de servicios, como lo disponen las normas sub judice (…), no puede
ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste».
Así se precisó:
13 Exp. 110010325000201801101-00 (3974-2018). Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996,
52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004,
943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012,
1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00884-02 (2851-2025)
Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Ahora bien, la norma superior violada en este caso es el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, que en su inciso primero establece lo siguiente: ARTÍCULO 14. La prima
especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para los
funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo
reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán
(sic) parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión
de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por
la ley (…).
Como se advierte, la prima especial de servicios hace parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, o sea que,
expresado al revés, dicha prima no hace parte del salario básico mensual de una
persona que aún trabaja, sino que lo adiciona. Es un plus a dicho ingreso, que no
una parte del mismo, como se anotó.
También se desconoce la Ley 1437 de 2011 (Cpaca), en sus artículos 10, 102 y 269,
porque no se acoge la jurisprudencia contenciosa, para el caso las sentencias
citadas, en especial las de unificación. Desde luego, estas sentencias son
posteriores en el tiempo a los decretos sub judice, pero de todos modos su ratio
decidendi aplica de manera sobreviniente.
30. En relación con la prescripción de la prima especial, la sentencia precisó que,
si bien el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 196814 restringe la aplicación de la
prescripción trienal a los derechos y obligaciones expresamente regulados en esa
norma, una interpretación sistemática permite extenderlo a la prima especial, en
atención a las siguientes razones:
(i) Se está ante la posibilidad de aplicar de manera analógica una norma
ante un vacío existente;
(ii) resulta más apropiado acudir a una disposición que regula las
relaciones laborales legales y reglamentarias en el Estado y no a una norma,
como el código procesal laboral que, aunque general, se concibió para el
adelanto de litigios en el que se debaten los extremos de una relación
contractual, y,
(iii) se señala que la relación laboral de un empleado público es
estatutaria, porque las normas legales y reglamentarias que contienen sus
deberes y derechos conforman una unidad, un sistema que permite que las
condiciones en las que se presta el servicio estén predefinidas, lo cual incluye
los tiempos previstos para exigir el reconocimiento de una condición subjetiva
14 Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres
años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
12
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31. En ese sentido, la Sala de Conjueces reiteró que la prescripción, de
naturaleza extintiva, cumple una función de protección del orden público y la
seguridad jurídica, por lo que resulta contrario a estos principios permitir el ejercicio
indefinido de pretensiones derivadas de derechos laborales.
32. En consecuencia, concluyó que «no puede afirmarse que los derechos
laborales sean imprescriptibles toda vez que, aunque se trate de derechos ciertos e
irrenunciables, no por ello pueden desconocerse la ponderación que el mismo
ordenamiento jurídico realiza con el principio de seguridad jurídica como quiera que
la indeterminación temporal en el ejercicio de los derechos generaría la existencia
de situaciones indefinidas, otorgándole un carácter absoluto al derecho de acceso
a la administración de justicia».
33. La Sala de Conjueces también advirtió la confusión que suele existir entre la
posibilidad de reclamar en cualquier momento un derecho laboral por tratarse de
una prestación periódica y la prescripción de las consecuencias económicas
derivadas del mismo. Sobre el particular, aclaró que, si bien el numeral 1, literal c
del artículo 164 del CPACA establece que la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho procede en cualquier tiempo contra «actos que reconozcan o nieguen
total o parcialmente prestaciones periódicas», esta condición no puede extenderse
a las consecuencias económicas derivadas de tales prestaciones. Indicó que la
norma se sustenta en relaciones de tracto sucesivo, propias del vínculo laboral, lo
que permite exigir derechos legales y reglamentarios mientras subsista la relación.
Sin embargo, enfatizó que ello no implica que «la discusión del derecho a que la
prima especial se liquide correctamente implique que los montos derivados de tal
reconocimiento puedan ser reclamados sin límite temporal alguno».
34. En ese orden, concluyó que, si bien el reconocimiento del derecho a la prima
especial puede solicitarse en cualquier tiempo, los efectos económicos de dicho
derecho sí están sujetos al término de prescripción trienal. Así lo expresó:
Por contera, respecto de la prima especial, aun cuando se genera dentro de la
relación laboral, cabe señalar una diferenciación que se desprende de lo hasta ahora
desarrollado: el reconocimiento del derecho puede pedirse en cualquier tiempo,
cosa distinta es el efecto económico de este derecho, es decir, el valor mensual del
mismo, que si está sometido al término de prescripción trienal. Si se observa, no
puede argumentarse que por estar vigente la relación laboral con la Fiscalía y ser
ésta de tracto sucesivo, debe entenderse que se trata de derechos crediticios que
no encuentran límite temporal en su posibilidad de reclamación.
3.4. Hechos probados
35. Que el señor Fabian Andrés Rojas Bonilla ejerció como fiscal delegado ante
los jueces de circuito desde el 5 de febrero de 201715, según constancia de servicios
15 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 5_ ED_ANEXOS, folio
24.
13
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Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
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emitida por la Fiscalía General de la Nación.
36. El demandante presentó reclamación administrativa ante la entidad
demandada el 2 de julio de 202116, por medio de la cual pidió el reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios como un incremento adicional al salario
básico mensual.
37. Por Oficio DAP-30110- del 8 de julio de 202117, expedido por la Fiscalía
General de la Nación, se negó, al demandante, lo pretendido. La entidad sostuvo
que, de conformidad con los antecedentes legales y jurisprudenciales, se encuentra
obligada a dar estricto cumplimiento a los decretos salariales expedidos por el
Gobierno nacional. Igualmente, refirió que los pagos efectuados han observado
íntegramente la normativa vigente y señaló que, respecto de los servidores
beneficiarios de la prima especial, operó la prescripción trienal de los derechos
laborales reclamados.
38. Obra en el expediente recurso de apelación18 interpuesto contra la anterior
decisión, mediante el cual el actor reiteró su calidad de beneficiario de la prima
especial, como un incremento de su salario básico en un porcentaje no inferior al
30% ni superior al 60%. En esa medida, sostuvo tener derecho a la reliquidación de
sus prestaciones sociales sobre el 100% del salario básico, con la inclusión del 30%
que, según afirmó, fue indebidamente excluido de dicha base de cálculo.
39. La Fiscalía General de la Nación a través de Resolución núm. 2-0872 del 6
de agosto de 202119, confirmó en todas sus partes la decisión negativa contenida
en el oficio del 8 de julio de 2021.
40. Se observa constancia «Kardex devengados y deducidos» del 20 de
septiembre de 202120 expedida por la Fiscalía General de la Nación en la que se
relacionan el pago de sueldos y gastos de representación, del demandante en el
cargo de fiscal delegado ante los jueces de circuito, por las vigencias 2018 a 2021
y del que se extrae, lo siguiente:
Año Sueldo Gasto de Prima Total Decreto nacional
representación especial pagado
2018 $5.783.103 $1.927.701 0 $7.710.804 384 $7.710.804.
2019 $6.043.343 $2.014.448 0 $8.057.791 996 $8.057.791
2020 $6.352.762 $2.117.588 0 $8.470.350 300 $8.470.350
2021 $6.518.570 $2.172.857 $2.607.42821 $11.298.855 987 $8.691.427
16 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 5_ ED_ANEXOS, folios
1 al 7.
17
Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 5_ ED_ANEXOS,
folios 9 al 11.
18
Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 5_ ED_ANEXOS,
folios 12 al 16.
19
Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 5_ ED_ANEXOS,
folios 18 al 23.
20 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 5_ ED_ANEXOS,
folios 25 al 32.
21 En este año, percibió valor por prima de servicios.
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Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
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3.5. Caso concreto
41. En la presente controversia se advierte que el juez de primera instancia
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, al considerar que no
existía fundamento jurídico para negar el reconocimiento y pago de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así como la reliquidación de las
prestaciones sociales del servidor, con base en los principios constitucionales que
rigen la función administrativa. En consecuencia, ordenó a la Fiscalía General de la
Nación efectuar el reajuste salarial correspondiente al 30% de la remuneración
básica, con efectos a partir del 2 de julio de 2018 y hacia el futuro, mientras el actor
desempeñe el cargo que genera el derecho. Igualmente, precisó que dicho
porcentaje constituye factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación
durante toda la relación laboral y para el cálculo de los aportes al sistema de
seguridad social en salud.
42. Por su parte, la entidad demandada manifestó su desacuerdo con la decisión
adoptada por el Tribunal, al considerar que no resulta procedente la reliquidación
de las prestaciones sociales, ni el pago de los aportes de cotización a la pensión de
jubilación correspondientes a los periodos en los cuales el actor ha prestado sus
servicios como fiscal. Señaló que tales órdenes contravienen lo dispuesto por esta
Corporación en sentencia del 15 de diciembre de 2020.
43. A su turno, la parte demandante radicó ante esta Corporación memorial 22, en
el que expuso que el recurso presentado por la entidad demandada no está llamado
a prosperar, toda vez que dicha entidad no ha dado cumplimiento con lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
44. Ahora bien, al descender al presente asunto, se advierte que el Tribunal no
otorgó a la prima especial la condición de factor salarial para efectos de liquidar la
totalidad de las prestaciones sociales del servidor. Por el contrario, en la parte
motiva de la providencia objeto de estudio, la autoridad judicial de primera instancia
delimitó expresamente el alcance del reconocimiento, así: «Debe advertirse que el
legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, a efectos de precisar su alcance respecto de los servidores públicos de la
Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de la ley 332 de 1996
determinó con claridad que la prima especial, en los supuestos que resulte aplicable
para esta la entidad, constituye parte del ingreso básico de liquidación sólo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. […]» .
45. En este sentido, se indica que la finalidad del Tribunal al otorgar a la prima
especial la calidad de factor salarial se circunscribe de manera exclusiva a los
efectos pensionales, sin que ello implique extender dicho carácter a la totalidad de
las prestaciones sociales.
22 Samai, índice 009.
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Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
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46. Ahora bien, se encuentra en el certificado de Kardex los pagos realizados por
concepto de salarios sin que se observe suma correspondiente a la prima especial,
excepto para la vigencia 2021, así:
Año Sueldo Gasto de Prima Total Decreto nacional
representación especial pagado
2018 $5.783.103 $1. 927.701 0 $7.710.804 384 $7.710.804
2019 $6.043.343 $2.014.448 0 $8.057.791 996 $8.057.791
2020 $6.352.762 $2.117.588 0 $8.470.350 300 $8.470.350
2021 $6.518.570 $2.172.857 $2.607.42823 $11.298.855 987 $8.691.427
47. De lo anterior se concluye que al demandante no se le desagregó su
remuneración en los conceptos de salario y prima especial. Durante las anualidades
examinadas únicamente se registraron los rubros de sueldo y gastos de
representación, cuya suma coincidía con el valor fijado por el Gobierno nacional
para el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito. Por tanto, a partir de la
constancia de prestación de servicios aportada al expediente no es posible concluir
que la entidad accionada hubiese liquidado las prestaciones del demandante con
base en el 70% de la asignación básica, ni que hubiera incluido de manera indebida
la prima especial dentro del 100% del salario, cuando esta debía ser reconocida
como un 30% adicional a dicho ingreso.
48. En este sentido, en el caso concreto se advierte que, el demandante no tiene
derecho a la reliquidación de las prestaciones salariales y sociales sobre el 100%
de la asignación básica ordenada por el Tribunal, puesto que —conforme a los
decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional a partir de 2003, en los que
se excluyó expresamente la prima especial— y de acuerdo con las constancias
«Kardex devengados y deducidos», se concluye que, la entidad accionada no pagó
suma alguna por concepto de prima especial en los términos previstos en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992. Por consiguiente, no se genera el efecto jurídico que
permitiría ordenar una reliquidación prestacional basada en dicho componente. En
este sentido, la respuesta al primer problema jurídico es negativa, razón por lo cual,
en esta instancia se revocará el ordinal quinto de la sentencia impugnada.
49. Ahora bien, la Sala continúa el estudio del segundo argumento de la entidad
relacionado con la solicitud de revocatoria del fallo de primera instancia en lo
concerniente a la orden de pago de los aportes a pensión con fundamento en el fallo
de la Sección Segunda, Sala de Conjueces del 15 de diciembre de 2020, de esta
Corporación, que no dispuso el pago de cotizaciones a pensión, sino únicamente el
pago de la prima especial.
50. En este sentido, se precisa que la referida providencia, dispuso que: «la prima
especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación
de la pensión de jubilación», esto en armonía con la Ley 332 de 199624, cuyo artículo
1° señaló que la prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley
23
En este año, percibió valor por prima de servicios.
24 «Por la cual se modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones».
16
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Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
4ª de 1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía
General de la Nación hace parte del ingreso base únicamente para efectos de la
liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de
pensiones establecidas por la ley.
51. Por consiguiente, las entidades empleadoras deben realizar el pago de los
aportes o cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, sobre
el 30 % correspondiente a la prima especial25. Por esta razón, pese a que en fallo
del 15 de diciembre de 2020 no se ordenó de forma explícita el pago de los aportes
a pensión, ello no impide dicho estudio. Así las cosas, se condenará a la Fiscalía
General de la Nación a realizar los pagos de los aportes o cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones debido a su naturaleza irrenunciable26 e
imprescriptible27, en especial cuando la prima especial reclamada constituye un
factor a tener en cuenta para liquidar la pensión. Por tal razón, se modificará la parte
resolutiva del fallo impugnado, en el sentido de ordenar a la entidad accionada que
deberá hacer los respectivos aportes a seguridad social en pensiones, derivados de
la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en favor del
demandante, durante los periodos en que se desempeñó en el cargo que le otorga
el beneficio.
52. En todo caso, la entidad deberá verificar si al demandante se le reconoció y
pagó la prima especial de servicios en los términos previstos en el Decreto 272 de
2021, disposición que establece que dicha prima es adicional a la asignación básica
y constituye factor salarial únicamente para efectos del ingreso base de cotización
al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, conforme a lo dispuesto en la Ley 797 de 2003.
53. Consecuente con lo expuesto, advierte la Sala que no es de recibo, lo
argumentado por el recurrente que de darse la orden de pago para los aportes
pensionales le podría generar un impacto en la sostenibilidad financiera de su
representada. Si bien la administración debe observar criterios de planeación y
equilibrio fiscal, tales consideraciones no pueden constituir fundamentos para
desconocer derechos prestacionales debidamente causados. En este sentido la
Corte Constitucional28 ha reiterado que «la situación económica y presupuestal
que afrontan un gran número de entidades públicas no justifica el incumplimiento
de las obligaciones laborales».
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del 5 de septiembre de 2023, exp.
73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, exp. 05001 23 31 000 2003 01216 01
(0450-2014).
26 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los
principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar
en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
28 Ver sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999, SU-484 de 2008.
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Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
54. Aunado a lo anterior, es claro que la falta de apropiación presupuestal o la
eventual afectación en la sostenibilidad financiera no pueden invocarse como
excusa para desconocer derechos laborales reconocidos mediante sentencia
judicial. Por consiguiente, la observancia de las decisiones judiciales no es opcional,
sino un deber legal y constitucional que debe ser acatado por todas las autoridades
administrativas. Así las cosas, la respuesta al segundo problema jurídico es
afirmativa.
3.6. Conclusión
55. La Sala concluye que habrá lugar a confirmar parcialmente la sentencia de
primera instancia dictada el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria. En consecuencia, conforme a la parte motiva se
modificará el ordinal cuarto de la sentencia impugnada, se revocará el ordinal quinto
en cuanto a la reliquidación de las prestaciones y se modificará la sentencia
respecto a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones tal y como se
indicó en la parte motiva de esta providencia.
4. Costas
56. En lo atinente a las costas, la presente providencia, por razones de seguridad
jurídica e igualdad, acoge el criterio de interpretación mayoritario29 de la Subsección
sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la
condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.
57. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00884-02 (2851-2025)
Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
FALLA:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 27 de junio de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, de conformidad con lo
consignado en la presente providencia.
Segundo. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 27 de junio de 2025
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, el cual quedará,
así:
CUARTO. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar al señor
Fabián Andrés Rojas Bonilla la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, causada desde el 2 de julio de 2018 hasta cuando permanezca en el cargo
que le otorga el beneficio. La entidad deberá tener en cuenta los pagos realizados
con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, en caso de que estos
se hayan efectuado.
La entidad demandada deberá realizar los respectivos aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, de carácter irrenunciable e imprescriptible,
correspondientes al reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el primer
inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 del demandante, desde y con ocasión de
las vinculaciones que dieron lugar al reconocimiento de la mencionada prestación y
en adelante, sin que, para tal efecto, se tenga en cuenta el fenómeno de la
prescripción.
Asimismo, lo reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente
siempre y cuando las sumas resultantes no se hayan pagado por la entidad
demandada previamente. Por lo que corresponde a esta última, hacer la verificación
correspondiente.
En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope
salarial fijado por el Gobierno nacional.
Tercero. Revocar el ordinal quinto, de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria el 27 de junio de 2025, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto. Disponer que en lo demás la sentencia recurrida permanece inmodificable.
Quinto. Sin condena en costas en segunda instancia.
Sexto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00884-02 (2851-2025)
Demandante: Fabian Andrés Rojas Bonilla
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
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