Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00924-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00924-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00924-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00924-01 (7710-2023)
Demandante: Yobany Alberto López Quintero
Demandado: Departamento de Cundinamarca
Tema: Modificación de calendario académico de los docentes
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
la parte demandante en contra de la sentencia de 8 de junio de 2023, proferida
por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
El demandante solicitó la nulidad de la Resolución 1327 del 26 de marzo de
2020 expedida por el departamento de Cundinamarca que modificó el
calendario académico establecido en la Resolución 7947 de 20 de noviembre
2019, emitida por dicho ente territorial.
En el escrito de la demanda, se solicitó medida cautelar de suspensión
provisional del acto administrativo acusado, resuelta desfavorablemente
mediante la decisión adoptada el 7 de diciembre de 2022.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
El señor Yobany Alberto López Quintero fundamentó sus pretensiones en los
siguientes hechos:
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00924-01
Número interno: (7710-2023)
Demandante: Yobany Alberto López Quintero
i) El Decreto 2277 de 1979 estableció que la docencia es una profesión
encaminada al ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no
oficiales de educación en los distintos niveles. Igualmente, en el artículo
67 dispuso que los docentes tienen derecho a vacaciones remuneradas
que determine el calendario escolar.
ii) El Decreto 1850 de 2002 en su artículo 14, compilado por el Decreto 1075
del 26 de mayo de 2015, estableció que los docentes tienen derecho a 7
semanas o 49 días de vacaciones al año de acuerdo al calendario escolar
vigente, durante los meses de junio, julio, diciembre y enero.
iii) El período académico para los trabajadores docentes decretado en la
Resolución 7947 de 20 de noviembre de 2019 para el año lectivo 2020 en
relación con las vacaciones fue el siguiente:
C. SEMANAS DE VACACIONES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
FECHA DURACIÓN EN SEMANAS
del 06 al 12 de enero de 2020 Una (01) semana
del 22 de junio al 05 de julio de 2020 Dos (02) semanas
del 07 de diciembre de 2020 al 03 de Cuatro (04) semanas
enero de 2021
TOTAL Siete (7) semanas
iv) Posteriormente, con la expedición del Decreto 417 de 2020, declaratoria
de estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio
Nacional y la expedición de la Circular 020 de 2020 del Ministerio de
Educación Nacional se determinó que el calendario debería ser
modificado por las Secretarías de Educación del país, lo que se realizó
con la Resolución 1327 de 26 de marzo de 2020, así:
C. SEMANAS DE VACACIONES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
FECHA DURACIÓN EN SEMANAS
del 06 al 12 de enero de 2020 Una (01) semana
del 30 de marzo al 05 de abril de 2020 Una (01) semana
del 13 al 19 de abril de 2020 Una (01) semana
del 7 de diciembre de 2020 al 03 de Cuatro (04) semanas
enero de 2021
TOTAL Siete (7) semanas
v) Con la expedición de la Circular 020 de 2020 el Ministerio de Educación
instruyó a los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación ajustar
sus calendarios de acuerdo con los lineamientos dados en ella misma sin
el consentimiento de los empleados del magisterio cambiándoles las
condiciones laborales.
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Número interno: (7710-2023)
Demandante: Yobany Alberto López Quintero
vi) Los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación cambiaron de
forma arbitraria los calendarios académicos afectando los derechos
laborales de los docentes.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
El accionante señaló que el acto acusado vulneró:
Los artículos 1°, 13, 53 y 215 de la Constitución Política; Decretos 2277 de
1979, 1850 de 2002, 1075 de 2015; Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.
Por lo tanto, invocó como causal de nulidad la infracción de las normas en que
debería fundarse y en el concepto de violación argumentó que la decisión
administrativa de disponer las vacaciones en la época en la cual el gobierno
nacional decretó el confinamiento, derivado de la emergencia sanitaria causada
por el Covid-19, constituyó el abuso de la posición dominante por parte de la
Secretaría de Educación departamental al no contar con el consentimiento de
los docentes oficiales, de esa manera se incumplió con el objeto de las
vacaciones que es el derecho a disfrutar de un tiempo de descanso remunerado
en la medida que ese grupo de empleados públicos tuvo limitaciones para el
disfrute de éstas a plenitud, pues, se ordenó como época de vacaciones el
tiempo en que se decidió el confinamiento obligatorio.
Explicó que los períodos de vacaciones de los maestros públicos no pueden
ser adoptados arbitrariamente, dicho derecho tiene regulación específica en el
Decreto 1850 de 2002 que reglamentó la jornada laboral de los directivos
docentes y los profesores del sector estatal, atendiendo las situaciones
particulares que subyacen al régimen especial al que pertenecen,
concretamente el acto administrativo demandado desconoció el artículo 14 del
referido decreto, toda vez que establece que las entidades territoriales
determinarán cada año el calendario académico y contempla 7 semanas de
vacaciones, las cuales deben concederse y disfrutarse dentro del mismo año
en que se causen, esto es, dentro de la vigencia del año lectivo que les dio
derecho a disfrutarlas, y no como lo contempló el acto demandado en el año
posterior, porque se exceden las facultades conferidas en la norma y se
vulneran los derechos de este grupo poblacional al reducir el período de
descanso que les corresponde por ley.
Afirmó que las regulaciones extraordinarias que se expidan con ocasión de la
emergencia sanitaria no pueden ser ajenas a los principios y valores que
imperan en el ordenamiento jurídico.
Aseveró que el Decreto 491 de 2020 estableció en el artículo 15 que durante el
período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades dispondrán las
medidas necesarias para que los servidores públicos y docentes ocasionales o
de hora cátedra cumplan sus funciones mediante la modalidad de trabajo en
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Demandante: Yobany Alberto López Quintero
casa, en ese orden de ideas, manifestó que el acto acusado contrarió los
parámetros fijados por el gobierno nacional, pues se debía promover el trabajo
en casa y lo que se dispuso fue de manera coactiva entrar en período de
vacaciones.
Indicó que los docentes fue el único grupo de empleados públicos a los que se
les impuso un cambio abrupto de sus vacaciones, en cambio, los demás
servidores estatales realizaron sus actividades laborales sin que la emergencia
sanitaria influyera en su calendario laboral, por ejemplo, la administración de
justicia cumpliría 3 meses de suspensión de términos que se han ido
levantando paulatinamente y se han adoptado reglas de atención virtual al
ciudadano, medidas replicadas en las demás ramas del poder público.
Por lo tanto, destacó que la autoridad administrativa vulneró disposiciones de
rango constitucional, tales como los artículos 13 (igualdad), 24 (libertad de
locomoción), inciso segundo del 53 (descanso necesario) y el 215, por cuanto
se excedieron las facultades otorgadas en el estado de emergencia al omitir
ponderar las decisiones adoptadas.
1.4. Contestación de la demanda
El departamento de Cundinamarca contestó oportunamente la demanda,
oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones. Con tal fin propuso la
excepción de mérito de legalidad del acto demandado y señaló los siguientes
argumentos:
i) De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.3.4.2 del Decreto 1075 de
2015, las entidades territoriales a través de las secretarías de educación tienen
la competencia de modificar los calendarios académicos si sobrevienen
situaciones que alteren el orden público, en tales eventos, es competente la
entidad territorial certificada en el servicio educativo para efectuar ajustes al
calendario académico que considere necesarios.
ii) Siguiendo las recomendaciones y lineamientos dados por el Ministerio
de Educación por medio de la Circular 020 de 16 de 2020, se solicitó
autorización a la cartera ministerial de modificar el calendario académico en la
anualidad de 2020.
iii) Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, con el propósito de
salvaguardar los derechos fundamentales a la vida y salud de la comunidad
educativa perteneciente a las instituciones educativas de carácter
departamental de los municipios no certificados de Cundinamarca, se modificó
el calendario académico estipulado en la Resolución 007947 de 20 de
noviembre de 2019 para adelantar las semanas de receso estudiantil y de
vacaciones, respetándose el tiempo de actividades escolares regulado en el
artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015, consistente en 40 semanas de
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trabajo académico, 5 semanas de desarrollo institucional, 7 semanas de
vacaciones docentes y 12 semanas de receso estudiantil, como en efecto
sucedió en el acto administrativo demandado.
1.5. Sentencia de primera instancia
El 8 de junio de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en las siguientes razones:
i) Las normas nacionales establecieron el derecho al descanso
remunerado del personal docente y directivo docente, estipulándose una
duración de 7 semanas por año, si bien el Decreto 1278 de 2002 las distribuyó
así: cuatro semanas al finalizar el año escolar, dos semanas a mitad de año 1
una semana en semana santa, también lo es que los artículos 2.4.3.4.2 y
2.4.3.4.3 del Decreto 1075 de 2015 establecieron la potestad en cabeza del
gobierno nacional de modificar el calendario académico y, excepcionalmente
las entidades territoriales cuando se produjeran hechos que alteraran el orden
público previa autorización, en ese sentido, la distribución de las semanas de
desarrollo institucional, lectivas, de receso institucional y los períodos
vacacionales de los docentes podrán ser objeto de variación, siempre y cuando
se respete la misma duración de éstas.
ii) Con ocasión de la propagación del virus Covid-19 en el país, el Ministerio
de Educación ordenó a las Secretarías de Educación ajustar los calendarios
académicos y efectuar acciones pedagogícas de flexibilización, ello habilitó al
departamento de Cundinamarca a modificar el calendario académico de que
trata la Resolución 7947 del 20 de noviembre de 2019 para adelantar dos
semanas de vacaciones, a saber, en los lapsos del 30 de marzo al 05 de abril
de 2020 y del 13 al 19 de abril de 2020, inicialmente contemplados en los meses
de junio y julio de la anualidad, lo anterior, sin la necesidad de contar con la
autorización de los docentes y estudiantes.
iii) La modificación del calendario académico no ocasionó el disfrute de
algunas de las semanas de vacaciones en el año posterior, ya que, el período
de 4 semanas comprendido entre el 7 de diciembre de 2020 al 3 de enero de
2021, se encontraba detallada incluso a partir de la Resolución 7947 de 2019.
iv) El artículo 53 constitucional no se desconoció, dado que, no se
disminuyó el tiempo de descanso remunerado y continuaron siendo las 7
semanas consagradas pero que fueron distribuidas de manera distinta,
también, en ese tiempo de vacaciones tampoco se estableció la realización de
labores de enseñanza.
v) No es cierto que la variación de las semanas de vacaciones impidió el
disfrute del descanso remunerado en atención a que los beneficiarios estaban
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limitados en su locomoción, aun cuando no se hubiere llevado a cabo ninguna
modificación del calendario académico, en el tiempo de 22 de junio al 5 de julio
de 2020 (programación inicial de las vacaciones), se encontraban vigentes las
medidas de aislamiento preventivo obligatorio.
vi) No es cierto que se desmejoraron las condiciones laborales de los
profesores oficiales y se mantuvieron sin ningún cambio el período de la
vacancia judicial, en ese orden, advirtió que no se evidenció que se genere una
situación desigual al no existir parámetros similares entre uno y otros
servidores, se dedican a labores divergentes y su regulación se encuentra en
cuerpos normativos diferentes.
vii) De acuerdo a los artículos 1° y 2° de la Ley 31 de 1971 que instituyó la
vacancia judicial, contrario a lo que sucede con los maestros, para los
servidores judiciales el legislador contempló con exactitud los días en los que
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial del poder público disfrutarán
de vacaciones, no obstante, para el caso de los profesores, las disposiciones
consagraron solamente el término de duración de 7 semanas y la forma como
se distribuirían en el año lectivo, siendo posible la modificación o ajuste de las
fechas sin que esto implique la reducción de las semanas de descanso
remunerado concedidas. Así mismo, los períodos en los que la Rama Judicial
goza de vacaciones colectivas y que coinciden con la época de final de año en
la que también los docentes son beneficiarios de vacaciones, no fue objeto de
modificación.
1.6. Recurso de apelación
El señor Yobany Alberto López Quintero solicitó que se revoque la sentencia
de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos:
i) El a quo no evaluó la vulneración de los derechos prestacionales de
carácter social de los docentes en lo atinente a las vacaciones, la regulación de
la emergencia sanitaria y ecológica en los Decretos 385 del 12 de marzo de
2020, 417 del 17 de marzo de 2020 y 491 reglamentario del 2020, flexibilizaron
la función presencial y el uso adecuado de las tecnologías, sin habilitar a las
entidades del sector educativo estatal a alterar el calendario académico.
ii) El trabajo en casa por el confinamiento obligatorio y la protección
especial que se debe brindar a los niños y adolescentes generó sobre carga
laboral a los profesores, además de preparar las clases, tuvieron que
adecuarse a las necesidades de cada alumno porque algunos no poseían
herramientas digitales o tecnológicas que les permitiera guiar y orientar a los
estudiantes desde sus hogares, todas las actividades se efectuaron en el
período de vacaciones, ejerciendo largas jornadas de trabajo.
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iii) El plan nacional decenal de educación «el camino hacia la calidad y la
equidad» tiene como propósito implementar las tecnologías de la información y
la comunicación en la educación pública, por lo tanto, el Ministerio de
Educación debe reconocer la necesidad de crear la capacidad y elementos para
que los profesores y los alumnos provechen el potencial de las Tics en los
procesos formativos y pedagógicos.
iv) Las autoridades administrativas recargaron a los trabajadores del
magisterio con responsabilidades propias del Estado, en ninguna de las demás
instituciones que integran a los poderes públicos sucedió lo mismo, esto denotó
abandono y coacción de desarrollar actividades laborales sin contar con los
medios suficientes o una capacitación adecuada.
v) Una de las funciones del Estado es formar a los maestros en el uso
pedagógico de las diversas tecnologías y orientarlos para aprovechar la
capacidad de dichas herramientas en el aprendizaje continuo, sin embargo, a
pesar de que los docentes tienen una de las más importantes
responsabilidades en sus manos, no se logra cumplir con suficiencia las tareas
encomendadas, si la administración continua conculcando los derechos de los
profesores con la expedición de actos administrativos como el aquí debatido.
vi) Se configuró en el asunto un hecho cumplido en tanto las vacaciones se
surtieron y cumplieron su finalidad, que es un descanso de las actividades
laborales, ya que, se consumó el calendario académico, considerando que los
efectos de la sentencia de anulación, serían hacia el futuro como un precedente
importante para preservar los derechos de los docentes y su seguridad jurídica.
vii) Los artículos 7° y 8° del Decreto 1850 de 2002, así como el
artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, establecieron que
los docentes tienen derecho a 7 semanas o 49 días de vacaciones en cada
anualidad, durante los meses de junio, julio, diciembre y enero, períodos en los
que se reciben el pago de salarios y prestaciones sociales con normalidad.
viii) Es reprochable la decisión contenida en el acto administrativo
demandado que modificó el calendario escolar y determinó que las vacaciones
del personal docente oficial serían disfrutadas durante la época de aislamiento
por la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional como
consecuencia de la pandemia Covid-19, ya que si bien es discrecional de sus
destinatarios escoger el lugar de disfrute de las vacaciones y las actividades a
desarrollar durante las mismas, no cabe duda que imponer el desarrollo de las
vacaciones en el tiempo de aislamiento, generó que el personal docente
estuviera limitado en su libertad de elección y de locomoción, impidiendo de
esta manera que se desarrollaran a plenitud las actividades para las cuales está
prevista esta época.
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Demandante: Yobany Alberto López Quintero
ix) Se vulneraron disposiciones de rango constitucional, tales como los
artículos 13 (igualdad), 24 (libertad de locomoción), inciso segundo del 53
(descanso necesario) y el 215, por cuanto se excedieron las facultades
otorgadas en el estado de emergencia al omitir ponderar las decisiones
adoptadas.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
El 2 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el expediente
regresaría al despacho para fallo2.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Jurisdicción y competencia
Sin mayores consideraciones, la Sala indica que detenta la competencia para
resolver el litigio propuesto en la demanda y su respectiva contestación, de
conformidad con lo establecido el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.
2.2. Procedencia y oportunidad en el ejercicio del medio de control de
nulidad
De conformidad con lo previsto en el artículo 137 del C.P.A.C.A., el medio de
control de nulidad procede, por excelencia, contra todo acto administrativo de
contenido general.
Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 ejusdem, no
existe límite de tiempo para la presentación de la demanda respectiva o, lo que
es igual, el fenómeno de caducidad no tiene aplicación frente al citado
instrumento judicial.
De cara a lo expuesto, la presente acción jurisdiccional deviene procedente, en
tanto el acto demandado está representado por una resolución de carácter
general emitida por la secretaría de educación de Cundinamarca.
2 Conforme al informe secretarial visto en el índice 10 de SAMAI, no se presentaron solicitudes de pruebas.
3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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Demandante: Yobany Alberto López Quintero
2.3. Legitimación en la causa por activa y por pasiva
De acuerdo con lo establecido en el artículo 137 del C.P.A.C.A., toda persona
podrá ejercer el medio de control de nulidad para discutir la legalidad de los
administrativos de carácter general. Por tanto, en este asunto, se concluye que
el demandante está legitimado en la causa por activa.
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, departamento de
Cundinamarca – Secretaría de Educación asumió esta condición, en tanto el
acto acusado fue proferido por esa autoridad.
2.4. El acto administrativo demandado
2.4.1. El acto demandado
El acto administrativo impugnado contenido en la Resolución 1327 del 26 de
marzo de 2020, «Por la cual se modifica la Resolución No. No.007947 del 20
de noviembre de 2019 “por medio de la cual se establece el Calendario
Académico para el año 2020 en los establecimientos educativos Oficiales del
Departamento Cundinamarca” y específicamente se modifica el Calendario
Académico de las Instituciones Educativas Departamentales de los municipios
no certificados de Cundinamarca, por emergencia sanitaria» y en el que se
resolvió:
«ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos 3°, 4° y 5° de la Resolución No.
007947 del 20 de noviembre de 2019, los cuales quedarán así:
ARTÍCULO TERCERO: Actividades de Desarrollo Institucional:
Los directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos
oficiales, además de las cuarenta (40) semanas de trabajo académico con
estudiantes, dedicarán cinco (5) semanas del año 2020 a realizar
actividades de desarrollo institucional, así:
Primera y Segunda semana: Del 13 al 26 de enero de 2020.
Tercera semana: Del 16 al 22 de marzo de 2020
Cuarta semana: Del 23 al 29 de marzo de 2020.
Quinta semana: Del 6 al 12 de abril de 2020.
ARTÍCULO CUARTO: Vacaciones de los Directivos Docentes y Docentes:
Las siete (7) semanas de vacaciones a que tienen derecho los directivos
docentes y docentes al servicio del Departamento de Cundinamarca, serán
las siguientes:
Una (01) semana comprendida entre el 6 de enero al 12 de enero de 2020.
Dos (2) semanas comprendidas entre el 30 de marzo al 5 de abril de 2020 y
del 13 al 19 de abril de 2020.
Cuatro (4) semanas a partir del 7 de diciembre de 2020 y el 3 de enero de
2021.
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ARTÍCULO QUINTO: Receso Estudiantil: Las doce (12) semanas de receso
estudiantil en los establecimientos educativos del Departamento de
Cundinamarca, se distribuirán así:
Dos (2) semanas comprendidas entre el 13 y el 26 de enero de 2020.
Dos (02) semanas comprendidas entre el 16 al 29 marzo 2020.
Una (1) semana comprendida entre el 30 de marzo al 5 de abril de 2020.
Una (1) semana comprendida entre el 6 al 12 de abril de 2020.
Una (1) semana comprendida entre el 13 al 19 de abril de 2020.
Cinco (5) semanas comprendidas entre el 7 de diciembre de 2020 y el 11 de
enero de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Calendario Académico se retomará a partir del 20 de
abril de 2020, de manera regular a través de la implementación de la Modalidad
Flexible – No Presencial, la cual se desarrollará desde los lugares de residencia
de los estudiantes con guías de trabajo, conforme a las indicaciones que para el
efecto impartirá la Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación
de Cundinamarca, posteriormente.
PARÁGRAFO: En todo caso la Secretaría de Educación de Cundinamarca,
estará atenta a las nuevas directrices que determine el Ministerio de Educación
Nacional, respecto al reinicio de la actividad escolar […]».
2.4.2. Problema jurídico
Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar ¿si la Resolución N°
1327 del 26 de marzo de 2020 expedida por la secretaría de educación del
departamento de Cundinamarca infringió las normas en que debió fundarse?
Para la solución del interrogante se empleará el siguiente método: i)
antecedentes normativos de la Resolución 1327 del 26 de marzo de 2020; ii)
La nulidad del acto administrativo por violación del ordenamiento superior o la
regla de derecho en que debía fundarse y iii) caso concreto.
2.4.2.1. Antecedentes normativos de la Resolución 1327 de 26 de marzo
de 2020
El artículo 86 de la Ley 115 de 19944 estableció que los calendarios académicos
tienen la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas
regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. Además, dispuso
que en la educación básica secundaria y media se organizará por períodos
anuales de 40 semanas de duración mínima o semestrales de 20 semanas
mínimo.
Adicionalmente, en el parágrafo de la citada disposición se determinó que el
Ministerio de Educación reglamentará los calendarios académicos de manera
que contemple dos períodos vacacionales uniformes.
4 «por la cual se expide la ley general de educación».
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Posteriormente, el Decreto 1850 de 2002 reglamentó la jornada laboral de los
directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de
educación formal, expresando sobre el calendario académico lo siguiente:
«Artículo 2º. Horario de la jornada escolar. El horario de la jornada escolar será
definido por el rector o director, al comienzo de cada año lectivo, de conformidad
con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan de estudios,
y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas
por la Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario académico de la respectiva
entidad territorial certificada […].
[…]
Artículo 14. Calendario académico. Atendiendo las condiciones económicas
regionales, las tradiciones de las instituciones educativas y de acuerdo con los
criterios establecidos en el presente Decreto, las entidades territoriales
certificadas expedirán cada año y por una sola vez, el calendario académico
para todos los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, que
determine las fechas precisas de iniciación y finalización de las siguientes
actividades:
1. Para docentes y directivos docentes:
a) Cuarenta (40) semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuido en
dos períodos semestrales;
b) Cinco (5) semanas de actividades de desarrollo institucional; y
c) Siete (7) semanas de vacaciones. […] [Articulo compilado en el Decreto 1075
de 2015 artículo 2.2.3.4.1]
Artículo 15. Modificación del calendario académico o de la jornada escolar. La
competencia para modificar el calendario académico es del Gobierno Nacional,
los ajustes del calendario deberán ser solicitados previamente por la autoridad
competente de la respectiva entidad certificada mediante petición debidamente
motivada, salvo cuando sobrevengan hechos que alteren el orden público,
en cuyo caso la autoridad competente de la entidad territorial podrá realizar
los ajustes del calendario académico que sean necesarios.
Las autoridades territoriales, los consejos directivos, los rectores o directores de
los establecimientos educativos no son competentes para autorizar variaciones
en la distribución de los días fijados para el cumplimiento del calendario
académico y la jornada escolar, ni para autorizar la reposición de clases por días
no trabajados por cese de actividades académicas» [Artículo compilado en el
Decreto 1075 de 2015 artículo 2.2.3.4.2]
[Negrilla de la Sala]
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El día 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó
medidas preventivas sanitarias como consecuencia de la emergencia derivada
del coronavirus Covid-19 mediante Resolución 380 del 10 de marzo de 20205.
Subsiguientemente, el Ministerio de Educación a través de la Circular 19
expedida el 14 de marzo de 20206, dirigida a los gobernadores, alcaldes, y
secretarios de educación de entidades territoriales certificadas en educación,
impartió orientaciones como consecuencia de la emergencia sanitaria,
estableciendo que las entidades territoriales en el marco de la política de
gestión de riesgo debían monitorear las condiciones sanitarias de prestación
del servicio y la evolución de la emergencia; evaluar y coordinar las acciones
pertinentes, entre ellas, un ajuste del calendario académico.
La misma cartera ministerial, mediante la Circular 20 de 16 de marzo de 20207,
adoptó medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y
prevención del coronavirus COVID-19 y en atención a los dispuesto en los
artículos 2.4.3.4.1 y 2.4.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015 instruyó a las
secretarias de educación para que ajustaran el calendario académico de la
siguiente manera:
«[…]
2. Tres semanas como período de vacaciones de los educadores y por lo tanto
de receso estudiantil, teniendo en cuenta las semanas programadas que no
hayan sido cumplidas en el marco del calendario académico vigente y lo
establecido en el artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015. Para eso se
utilizarán las semanas del 30 de marzo al 19 de abril de 2020 y retornarán
al trabajo académico a partir del 20 de abril. […]». [Negrilla de la Sala].
La secretaría de educación del departamento de Cundinamarca, el día 26 de
marzo de 2020 expidió la Resolución 1327 que modificó a la Resolución 7947
de 20 de noviembre de 2019, transformando el calendario académico.
2.4.2.2. La nulidad del acto administrativo por violación del ordenamiento
superior o la regla de derecho en que debía fundarse
El artículo 88 del CPACA señala que «los actos administrativos se presumen
legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo», y por ello, hasta tanto no sea declarada su ilegalidad o nulidad
5
Ministerio de Salud y de la Protección Social (8 de octubre de 2024). Resolución 0380 de 10 de marzo
de 2020. «Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del coronavirus
COVID2019 y se dictan otras disposiciones»,
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-380-de-2020.pdf
6 Ministerio de Educación (8 de octubre de 2024). Circular 19 de 14 de marzo de 2020. «Orientaciones
con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19»,
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Circulares/393910:Circular-No-19-del-14-de-marzo-
de-2020
7 Ministerio de Educación (8 de octubre de 2024). Circular 20 de 14 de marzo de 2020. «Medidas
adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del Coronavirus (COVID-19)»,
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Circulares/394018:Circular-No-20-del-16-de-marzo-
de-2020
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judicial, debe ser acatado por encontrarse ajustado a derecho y continuar
surtiendo efectos jurídicos.
Presunción respecto de la cual esta Corporación ha sostenido que «Por tanto,
la única forma de romper dicha presunción de validez es mediante
pronunciamiento judicial definitivo. Por esto, en el ordenamiento jurídico
colombiano en la demanda de nulidad se exige al accionante que señale en el
escrito de demanda tanto las normas que considera violadas como el concepto
de la violación; este último requisito constituye la causa petendi o el marco en
el cual se puede desenvolver la litis, sin que el operador jurídico pueda
pronunciarse de oficio sobre otras posibles vulneraciones, toda vez que se trata
de una jurisdicción de carácter rogado».8
Así las cosas, la presunción de legalidad atribuye la tutela de la seguridad
jurídica a la actividad de la administración, la cual puede ser desvirtuada en el
ejercicio de los medios de control previamente establecidos en el ordenamiento
jurídico, y a través de los cuales el operador judicial, en su sana crítica y libertad
probatoria, determinará si generan las consecuencias señaladas por el
demandante. Con tales propósitos, el accionante tiene la carga de invocar y
sustentar el por qué el acto cuestionado trasgrede la normativa señalada en su
petición. Esa obligación viene impuesta desde el artículo 137 del C.C.A. «hoy
artículo 162 del C.P.A.C.A.», y sobre ella la Corte Constitucional expresó:
«Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el
juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de
los actos administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no solo dispendiosa
sino en extrema difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de
disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo
tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador
haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye
además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en
cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece
enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en
la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto
de la violación Podría agregarse, que con el establecimiento de dichos
requisitos el legislador desarrollo el deber previsto en el art. 95-7 de la
Constitución para que quienes demandan actos administrativos ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo contribuyan al buen
funcionamiento de la administración de justicia».
En ese contexto, el legislador concibió el medio de control de simple nulidad
para los actos administrativos de carácter general y, excepcionalmente, para
las decisiones administrativas de contenido particular, indicando en el artículo
137 que:
8 Consejo de Estado 11001-03-26-000-2008-00033-00 (35313-2009).
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«Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá
cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió».
En el concepto de violación se alega únicamente que el acto demandado fue
expedido con infracción de las normas en las que ha debido fundarse, causal
respecto de la cual la jurisprudencia de esta corporación9 la ha considerado
como la contravención legal directa de la norma superior en que debía fundarse
el acto administrativo, y ocurre por falta de aplicación, aplicación indebida o,
interpretación errónea.
En ese orden, el primer evento (falta de aplicación de una norma) se presenta
cuando la autoridad administrativa desconoce su existencia o, a pesar de que
la conoce, no la aplica a la resolución del caso; o acepta su existencia pero que
no tiene validez en el tiempo o en el espacio.
La aplicación indebida por su parte tiene lugar cuando el caso concreto se
define con disposiciones legales que no son las adecuadas para el tema de
debate o porque no se establece de forma correcta la diferencia o la semejanza
existente entre la suposición legal y la tesis del asunto bajo estudio.
Y la interpretación errónea se presenta cuando las disposiciones que se aplican
son las que regulan el tema objeto de controversia, pero la autoridad les asigna
un sentido o alcance que no le corresponde.
2.4.2.3. caso concreto
El demandante explicó que la Resolución 1327 del 26 de marzo de 2020
desconoció el artículo 14 del Decreto 1850 de 2002, norma según la cual las
entidades territoriales organizarán anualmente el calendario académico y de
éste 7 semanas corresponderán a vacaciones que deben ser concedidas y
disfrutadas en el mismo año de su causación, contrario a lo establecido en el
acto administrativo impugnado, así mismo, afirmó que se excedieron las
facultadas conferidas en el estado de emergencia social y económica por omitir
ponderar las determinaciones adoptadas.
Sobre el particular, se tiene que la Resolución 1327 del 26 de marzo de 2020
modificó el calendario académico organizado mediante la Resolución 007947
del 20 de noviembre de 2019, en especial, el período de disfrute de las
vacaciones de los maestros oficiales y los directivos docentes, dichos actos
administrativos establecieron como época de vacaciones las siguientes:
9 C.E. Sec. Cuarta. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660), mar. 15/2012
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Resolución 007947 del 20 de noviembre de 2019 Resolución 1327 del 26 de marzo de 2020
Día de Día de
Día de inicio Duración Día de inicio Duración
finalización finalización
6 de enero de 12 de enero 6 de enero de 12 de enero
Una semana Una semana
2020 de 2020 2020 de 2020
30 de marzo 5 de abril de
Una semana
22 de junio de 5 de julio de Dos de 2020 2020
2020 2020 semanas 13 de abril de 19 de abril de
Una semana
2020 2020
7 de
3 de enero de Cuatro 7 de diciembre 3 de enero de Cuatro
diciembre de
2021 semanas de 2020 2021 semanas
2020
Siete Siete
TOTAL TOTAL
semanas semanas
Conforme a lo anterior, se tiene que la variación en el calendario académico
acaeció en el primer semestre, concretamente el período de 22 de junio al 5 de
julio de 2020 el cual se modificó por el lapso que comprende del 30 de marzo
al 5 de abril y del 13 al 19 de abril de dicha anualidad, a pesar de ello, en las
dos situaciones se dispuso como tiempo de vacaciones las 7 semanas de que
trata el artículo 14 del Decreto 1850 de 2002, compilado en el artículo 2.2.3.4.1
del Decreto 1075 de 2015.
Igualmente, el artículo 15 íbidem10 dispuso que la competencia para modificar
el calendario académico es del gobierno nacional, previa solicitud de la entidad
certificada, salvo que sobrevengan hechos que alteren el orden público en cuyo
caso quien tiene esa facultad es la entidad territorial. Alteración definida por el
órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional como «el conjunto de
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad
general y el goce de los derechos humanos»11.
En esas circunstancias, las consideraciones del acto administrativo demandado
son del siguiente tenor:
«Que mediante Resolución No.007947 del 20 de noviembre de 2019, la
Secretaría de Educación de Cundinamarca, estableció el Calendario Académico
para el año 2020 de los establecimientos educativos oficiales del Departamento
de Cundinamarca.
Que mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de
Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19 y adoptó medidas para hacer frente al virus.
Que mediante comunicado del 15 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación
de Cundinamarca impartió a los Alcaldes, Directivos Docentes, Docentes, padres
de familia, estudiantes y comunidad educativa orientaciones relativas a la
modificación del calendario académico con ocasión de la situación
epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19).
10 Del Decreto 1850 de 2002 compilado en el artículo 2.4.3.4.2 del Decreto 1750 de 2015
11 Sentencia C 825 de 2004. MP Rodrigo Uprimny Yepes.
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Que con base en las anteriores disposiciones, el Departamento de
Cundinamarca-Secretaría de Educación, debe adoptar medidas de seguridad
que eviten posibilidades de propagación del COVID-19 entre la comunidad
educativa de las Instituciones Educativas Oficiales.
Que como medida de prevención en tiempo de emergencia sanitaria y con el
objeto de garantizar los derechos fundamentales a la Vida y a la Salud de la
comunidad educativa de las Instituciones Educativas Departamentales de los
Municipios no Certificados de Cundinamarca, se hace necesario modificar el
calendario académico establecido mediante Resolución No. 007947 del 20 de
noviembre de 2019, en el sentido de adelantar las semanas de receso estudiantil
y vacaciones».
Visto lo anterior, los motivos expuestos en la Resolución 1327 del 26 de marzo
de 2020 se fundamentaron en la emergencia sanitaria provocada por la
pandemia del virus Covid 19, en ese sentido, se refirió a hechos sobrevinientes
extraordinarios relacionados con la alteración al orden público por problemas
de salubridad. Por lo tanto, el departamento de Cundinamarca expidió el acto
administrativo en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 2.4.3.4.2
del Decreto 1750 de 2015.
A pesar de que la decisión administrativa no citó en las consideraciones para
su expedición la Circular 020 de 2020 signada por el Ministerio de Educación,
no se desconoció el contenido de ésta porque la entidad territorial impartió
directrices e instrucciones de ajuste del calendario académico estableciendo
dos semanas como período de vacaciones de los docentes y directivos
docentes entre el 30 de marzo al 19 de abril de 2020, así, la resolución objeto
de debate respetó el tiempo contemplado por la cartera ministerial, teniendo en
cuenta que en medio de las dos semanas fijadas por el departamento de
Cundinamarca se encuentra la semana santa12.
Por lo tanto, el acto demandado se expidió por la secretaria de educación en
ejercicio de las facultades legales y respetando el ordenamiento superior, en
consecuencia, no se configuró la causal de nulidad de infracción de las normas
en que debería fundarse13.
12 Al respecto, la Circular 20 de 16 de marzo de 2020 sobre el ajuste al calendario académico estableció
que en atención a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 115 de 1994, los numerales 5.1 y 5.2 del
artículo 5° de la Ley 715 de 2001, y los artículos 2.4.3.4.1 y 2.4.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, las
Secretarías de Educación ajustarán el calendario de la siguiente forma: «2. Tres semanas como periodo
de vacaciones de los educadores y por lo tanto receso estudiantil, teniendo en cuenta las semanas
programadas que no hayan sido cumplidas en el marco del calendario académico vigente y lo establecido
en el artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015. Para esto utilizarán las semanas del 30 de marzo al 19
de abril de 2020 y retornarán a trabajo académico a partir del 20 de abril […]».
13 Así se pronunció esta Corporación en el radicado ver radicado 66001-23-33-000-2020-00354-01 (5720-
2022) C.P. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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Por otra parte, el recurrente expresó que era reprochable que el acto acusado
haya determinado que las vacaciones del personal docente oficial serían
disfrutadas durante la época de aislamiento por la emergencia sanitaria como
consecuencia de la pandemia Covid-19, por cuanto limitó la libertad de elección
del lugar de disfrute y de locomoción.
Esta instancia, encuentra que, frente a la inconformidad de la limitación de la
libertad de elección del lugar de disfrute de las vacaciones y la vulneración al
derecho de libre locomoción, no guarda congruencia con el análisis del juez de
primera instancia, desde el auto dictado el 27 de febrero de 2023 que condujo
el proceso por el trámite de sentencia anticipada, se fijaron dos problemas
jurídicos: i) principal: determinar si se debe decretar o no la nulidad de la
Resolución 1327 del 26 de marzo de 2020, por infracción de las normas en que
debería fundarse al desconocer lo dispuesto en el artículo 1, 13, 53 y 215 de la
Constitución Política, adicionalmente, los Decretos 2277 de 1979, 1850 de
2002, 1075 de 2015 y las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001; y ii) establecer a la
luz de la normatividad vigente si el departamento de Cundinamarca estaba
facultado para establecer la modificación del calendario escolar como
consecuencia de la emergencia sanitaria del Covid 19.
El demandante estuvo de acuerdo con la fijación del litigio y por ende la
providencia de primer grado delimitó su estudio a los mencionados problemas
jurídicos, sin incluirse en éste, un test de proporcionalidad que determinara si
la modificación de las vacaciones fue proporcional al beneficio de la medida de
proteger la vida y salud de la comunidad educativa, así como, propender por el
derecho a la educación de los alumnos.
De esta manera, la decisión de instancia no se centró en el análisis de la
afectación al derecho a la libre locomoción, por lo que, este motivo de apelación
no tiene congruencia con los argumentos señalados en la providencia recurrida,
entonces, no será del caso emitir un pronunciamiento sobre dicha situación,
toda vez que se afectaría el derecho al debido proceso de la parte demandada
al verificar un cargo que no fue objeto de debate ante el a quo.
En consideración a lo expuesto, la Sala concluye que el acto administrativo
demandado no se encuentra viciado de nulidad, de ahí que, se confirmará la
sentencia dictada el 8 de junio de 2023 por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones de la demanda.
2.4. Condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
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conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA14.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de junio de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda impetradas por el señor Yovanny Alberto López Quintero contra el
departamento de Cundinamarca, por lo dicho en la motivación.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de
origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
14 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil».
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