Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01020-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01020-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-01020-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2021-01020-01 (0981-2026)1
Demandante: Angela Susana Jerez Jaimes
Demandada: Nación-Mindefensa-Ejército Nacional
Medio de control
rol: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Relaciones laborales encubiertas
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra de
la sentencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó
las pretensiones de la demanda1.
I. Antecedentes
1.1 La demanda
1.1.2 Pretensiones2
1. Angela Susana Jerez Jaimes acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objeto de obtener la
declaratoria de la existencia de un “contrato realidad” entre el Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional y la demandante, durante el período comprendido entre el 1° de
febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, la nulidad del acto administrativo ficto
configurado por el silencio administrativo negativo ante la reclamación del 21 de mayo
de 2019, en la que se solicitó el reconocimiento de prestaciones laborales.
1
Véase en el expediente digital del aplicativo samai, tanto en el del tribunal de origen como en el trámite de segunda instancia.
Para tal efecto, entiéndase las siglas CE (Consejo de Estado) y TA (Tribunal Administrativo), para hallar la cita.
2
TA, índice 2, anexo 4, págs. 1 - 2.
Número interno: 0981-2026
Demandante: Ángela Susana Jerez Jaimes
Demandado: Nación-Min defensa-Ejército Nacional
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió la condena al pago de las
prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral, así como, el equivalente a
100 SMLMV por perjuicios morales, indexación conforme al IPC y condena en costas.
1.1.3 Hechos relevantes3
3. En el libelo se adujo que, la señora Ángela Susana Jerez Jaimes prestó servicios
personales al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional entre el 1° de febrero de 2014
y el 31 de diciembre de 2017, vinculada formalmente mediante sucesivos contratos
de prestación de servicios. Se desempeñó como abogada en el grupo de dirección de
defensa jurídica integral (DIDEF, antes DIACA), cumpliendo funciones de
representación y defensa técnica de la entidad ante la jurisdicción contencioso
administrativo, las mismas que correspondían a los empleados de planta en
provisionalidad que ejercían igual labor misional.
4. Durante toda su vinculación, ejecutó su labor de manera personal, bajo
subordinación continua, cumpliendo horario fijo -incluso algunos sábados-, recibiendo
órdenes e instrucciones de supervisores de la entidad y utilizando exclusivamente las
instalaciones y dotación del Ejército Nacional. La remuneración, disfrazada de
honorarios, ascendía a $3.700.000 mensuales, suma equiparable a la asignación
básica del cargo de profesional de defensa, grado 12, según la planta de personal de
la entidad.
5. La continuidad de la relación se extendió incluso en los meses de enero de cada
año, cuando debía seguir atendiendo audiencias y procesos judiciales sin contrato
suscrito, como condición para la renovación. En el año 2016, la entidad creó cargos
de planta en provisionalidad para cubrir esa misma necesidad permanente, sin incluir
a la demandante. A inicios del año 2018 no le renovaron el contrato.
1.1.4 Cargos de nulidad4
6. Como sustento normativo, citó, entre otros, los artículos 13, 25 y 53 de la
Constitución Política, los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo
7 del Decreto 1950 de 1973, el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y diversas
3
TA, índice 2, anexo 4, págs. 2 – 4.
4
TA, índice 2, anexo 4, págs. 4 – 10.
2
Número interno: 0981-2026
Demandante: Ángela Susana Jerez Jaimes
Demandado: Nación-Min defensa-Ejército Nacional
disposiciones de la Ley 100 de 1993 relativas a la obligatoriedad de la afiliación y
cotización al sistema de seguridad social.
7. Sostuvo que, la entidad demandada encubrió una verdadera relación laboral bajo
la apariencia de contratos de prestación de servicios, desconociendo el principio
constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política. A su juicio, concurrieron los tres elementos
esenciales del “contrato de trabajo” -prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación continuada-, así como, los requisitos jurisprudenciales adicionales de
permanencia y similitud funcional con los empleados de planta, por lo que, la
utilización de la figura contractual del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 tuvo como único
propósito eludir el pago de prestaciones sociales.
1.2 Oposición de la entidad demandada5
8. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y formuló las siguientes
excepciones: (i) inepta demanda por falta de requisito de procedibilidad frente a la
pretensión de perjuicios morales, al no haberse agotado la conciliación extrajudicial
previa exigida por el artículo 161 del CPACA; (ii) prescripción trienal, con apoyo en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016, solicitando
declarar prescritas las prestaciones de los años 2014 y 2015, dado que, la reclamación
administrativa solo se radicó el 21 de mayo de 2019; (iii) improcedencia de la
devolución de retenciones en la fuente, por cuanto esos valores ya fueron utilizados
por la demandante en sus declaraciones de renta; (iv) improcedencia de la devolución
de aportes a seguridad social, pues, estos ya integran su capital de ahorro pensional
o sus semanas cotizadas; y (v) legalidad del acto administrativo, sosteniendo que el
silencio negativo no constituye un acto viciado, dado que, la entidad utilizó una
modalidad contractual expresamente permitida por la ley.
9. En cuanto al fondo, negó la existencia de subordinación, argumentando que, la
relación fue de coordinación en los términos del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, sin
que el cumplimiento de horario o la recepción de instrucciones sean equivalentes a
dependencia laboral. Adicionalmente, sostuvo que, las funciones de la contratista no
eran idénticas a las del cargo profesional de defensa grado 12, pues, ella realizó
5
TA, índice 13, anexo 18, documento “contestación de demanda 16-09-22”.
3
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actividades prejudiciales entre 2014 y 2017 y judiciales solo en 2016 y 2017, lo que
descarta el requisito de similitud funcional. Finalmente, invocó la buena fe, en tanto la
contratación se ajustó en todo momento al marco legal vigente.
1.3 Sentencia de primera instancia6
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección “E”
negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, así:
“Primero. - Negar las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora
Ángela Susana Jerez Jaimes contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, teniendo en cuenta las razones expuestas en la
parte considerativa de este proveído.
Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia.”
11. Concluyó el A-quo que, si bien los elementos de prestación personal del servicio y
remuneración quedaron acreditados con los contratos aportados al proceso, la parte
demandante no logró demostrar el elemento de la subordinación, determinante para
la configuración del “contrato realidad”. El análisis se centró en los testimonios de las
señoras Duperly Bohórquez Manrique y María del Pilar Gordillo Castillo, quienes
confirmaron que no existían planillas de control de asistencia diaria ni cláusula de
exclusividad y que el cumplimiento del horario y la asistencia a las instalaciones de la
entidad eran consecuencia directa de las obligaciones contratadas y no una
imposición del empleador. De igual modo, los informes de ejecución y el seguimiento
a la asistencia a audiencias fueron valorados como mecanismos de coordinación
logística, propios de cualquier contrato de prestación de servicios, sin que afectaran
la autonomía profesional de la demandante.
12. El Tribunal también descartó que, la existencia de un cargo de planta con funciones
similares y la vinculación de empleados de planta en el año 2016 con las mismas
labores relevaran a la actora de probar la subordinación efectiva, pues, la
permanencia de la contratación y la relación de las actividades con la misionalidad de
la entidad no son presupuestos suficientes para ese fin. Adicionalmente, destacó que,
la abogacía es una profesión liberal que comporta independencia intelectual en su
ejercicio y no obraron en el proceso memorandos, correos electrónicos ni constancias
6
TA, índice 100.
4
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Demandado: Nación-Min defensa-Ejército Nacional
de control ajeno a la coordinación propia del contrato. En consecuencia, aplicando el
principio onus probandi incumbit actori, negó las pretensiones y se abstuvo de
condenar en costas, al considerar que, ambas partes actuaron con fundamento legal
y jurisprudencial razonable.
1.4 Recurso de apelación7
13. La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia e insistió
en que la subordinación fue permanente y se manifestó en la impartición continua de
órdenes por parte de personal militar y civil, la supervisión diaria de la labor, la
asistencia obligatoria a reuniones, seminarios y capacitaciones y la presión implícita
derivada de la inseguridad en la renovación de los contratos. Agregó que, la ausencia
de planillas de control de asistencia no desvirtúa la subordinación, pues, tal
mecanismo no es exigible ni siquiera a los funcionarios de planta, y que el testimonio
de la propia jefe de sede -Diana Carolina López Gutiérrez- reveló que todos cumplían
las mismas funciones y la demandante no recibió memorandos simplemente porque
era muy juiciosa en su labor.
14. Frente a la continuidad del vínculo, señaló que, nunca hubo solución de
continuidad real, pues, los poderes conferidos no se suspendían durante los meses
de enero y la demandante seguía atendiendo audiencias sin contrato vigente, sin que
los procesos fueran asignados a otro profesional. En cuanto al contrato No. 13-DIPER-
2016, cuya copia no fue aportada por la entidad pese a los requerimientos del
despacho, adujo que la carga probatoria correspondía a la demandada en aplicación
del principio de carga dinámica de la prueba y su omisión no puede perjudicar a la
trabajadora. Concluyó solicitando que, se revoque la sentencia de primera instancia,
se declare la existencia del “contrato realidad” y se ordene el pago de las prestaciones
sociales y la devolución de los aportes al sistema de seguridad social sufragados por
la demandante con sus propios recursos.
1.5 Trámite de segunda instancia8
15. Mediante auto del 11 de mayo de 2026, el consejero ponente admitió el recurso
de apelación, de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
7
TA, índice 104, anexo 124.
8
CE, índice 4.
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67 de la Ley 2080 de 2021. Al no existir solicitudes probatorias, el expediente ingresó
al despacho para fallo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
16. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
2.2 Problemas jurídicos
17. Corresponde a la Sala resolver lo siguiente:
i) ¿La señora Ángela Susana Jerez Jaimes acreditó el elemento de subordinación
necesario para la configuración de la relación legal y reglamentaria
presuntamente encubierta?
ii) ¿Las órdenes permanentes, la supervisión diaria, la asistencia obligatoria a
capacitaciones y la presión implícita de la renovación contractual constituyen
subordinación laboral o simple coordinación?
iii) ¿Existió solución de continuidad durante los meses de enero de cada año?
iv) ¿La omisión de la entidad de aportar el contrato No13-DIPER-2016, debe
resolverse conforme al principio de carga dinámica de la prueba en favor de la
demandante?
2.3 Marco normativo y jurisprudencial. Configuración de relaciones de trabajo
subordinadas con el Estado suscitadas en el marco de la ejecución de contratos
administrativos de prestación de servicios - Principio de primacía de realidad
sobre las formalidades: efectos y prerrogativas
18. El tema de derecho que ocupa el particular refiere a la interpretación y aplicación
de las condiciones legales previstas en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, el artículo
53 de la Constitución Política y la jurisprudencia aplicable a casos en los cuales se
suplica la aplicación del principio de realidad característico de las relaciones laborales
subordinadas.
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19. Sea lo primero advertir que, la tipología de contratación estatal de prestación de
servicios personales se encuentra regulada por el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993,
forma jurídica de vinculación de personas naturales con la administración que está
dirigida a «[…] desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad», y se caracterizan porque «[…] sólo podrán celebrarse
[…] cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimientos especializados», «no generan relación laboral ni
prestaciones sociales», y porque «[…] se celebrarán por el término estrictamente
indispensable».
20. La norma en cita fue examinada por la Corte Constitucional en sentencia C-154
de 1997, oportunidad en la que determinó, entre otros aspectos, las características del
contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo. En esa
oportunidad sostuvo que, «[…] sus elementos son bien diferentes, de manera que
cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen
inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los
mismos»; y concluyó que, «el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que,
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza,
como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino
la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario
sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se
le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente».
21. Posteriormente, ese alto Tribunal9 determinó los criterios que permiten establecer
o diferenciar lo que constituye una actividad permanente, al precisar que, «[…] la
administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para
desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues, para ese
9
Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente No. D-8666, Sentencia C-171 del 7 de marzo de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto
Vargas Silva.
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efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal»,
momento en el que, a propósito del esclarecimiento del criterio de permanencia, indicó
que, «la jurisprudencia constitucional ha precisado los criterios para determinarla, los
cuales se refieren [i] al criterio funcional, que hace alusión a “la ejecución de
funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y
legalmente asignadas a la entidad pública” [artículo 121 de la Constitución]; [ii] al
criterio de igualdad, esto es, cuando “las labores desarrolladas son las mismas que
las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y,
además se cumplen los tres elementos de la relación laboral”; [iii] al criterio temporal
o de habitualidad, si “las funciones contratadas se asemejan a la constancia o
cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización
frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual”; [iv] al criterio de
excepcionalidad, si “la tarea acordada corresponde a “actividades nuevas” y éstas
no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos
especializados o de actividades que, de manera transitoria, resulte necesario
redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta”; y [v] al criterio
de continuidad, si “la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de
prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la
administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de carácter
permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral».
22. Esta Corporación ha proferido sendas sentencias de unificación jurisprudencial,
como la CE-SUJ2-005-1610, en la cual coligió que, «[…] el contrato de prestación de
servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una
relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la
continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones
sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia».
23. En el mismo sentido, esta Sección profirió la sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-202111, en la que identificó algunos criterios para
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial CE-
SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016; expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01[0088-15]; C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-
025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021; expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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desentrañar la subordinación en el ámbito de las contrataciones estatales, tales como,
lugar de trabajo, horario de labores, dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar y la comprobada identidad funcional con empleados de la planta de personal,
y señaló que, «el ordenamiento jurídico nacional proscribe la simulación del contrato
estatal de prestación de servicios para evadir el pago de prestaciones sociales y otras
garantías propias de la relación laboral ocultada, en tanto dicha práctica no solo es
contraria a la Constitución y a la ley, sino que conduce, irremediablemente, a la
precarización de las condiciones socioeconómicas mínimas para la supervivencia
digna de los trabajadores».
24. Asimismo, en dicha providencia, esta colegiatura introdujo el criterio de necesidad
temporal, con el fin de evaluar el encubrimiento de relaciones de trabajo subordinadas
a través de contratos de prestación de servicios, tema para el cual estableció que,
conforme lo preceptúa el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estos últimos
deben ser celebrados por el «término estrictamente indispensable», concepto que
alude al lapso «señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual,
de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad
de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente
temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia».
25. De lo anterior resulta claro que, si bien el ordenamiento legal permite celebrar
contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de las
entidades públicas, esta modalidad de contratación no fue instituida para encubrir
relaciones laborales subordinadas, pues, de ser así, surgen en forma inmediata las
garantías para el contratista de acceder al reconocimiento y pago de los derechos y
prerrogativas propios de una relación laboral, especialmente en aquellos casos en los
cuales se trata de atender actividades consustanciales al giro ordinario u objeto
misional del ente contratante, esto es: para suplir necesidades administrativas
permanentes, necesarias e indispensables para la consecución de sus fines.
26. Luego entonces, para efectos de demostrar la relación laboral subordinada, se
requiere que la parte interesada demuestre los elementos esenciales de la misma,
esto es, que la actividad haya sido prestada de manera personal, es decir, por sí
mismo; que por dicho oficio haya recibido una remuneración o pago; y, además, que
en la relación con el empleador exista continua subordinación o dependencia,
situación entendida como aquella facultad para exigir al prestador del servicio el
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cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo e imponerle reglamentos, la cual, debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del vínculo. De estos tres elementos, el de subordinación resulta ser el de
mayor relevancia, toda vez que, marca la diferencia entre el contrato de prestación de
servicios y una relación laboral.
2.4 Análisis del caso concreto
2.4.1 Los cargos del recurso de apelación
27. La señora Ángela Susana Jerez Jaimes sustentó el recurso de apelación contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 13 de febrero de 2026, con
fundamento en cinco cargos: (i) que la subordinación sí quedó demostrada a través
de órdenes impartidas por militares, supervisión diaria de la labor, asistencia
obligatoria a capacitaciones y seminarios y la presión implícita derivada de la
renovación periódica de los contratos; (ii) que la ausencia de planillas de control de
asistencia no equivale a la ausencia de subordinación y que el A-quo erró al emplear
ese criterio como fundamento de su decisión; (iii) que la declaración de la propia
testigo de la entidad, señora Diana Carolina López Gutiérrez, acreditó la identidad de
funciones entre los contratistas y el personal de planta, lo que corrobora la existencia
de la relación laboral; (iv) que la continuidad del vínculo durante los meses de enero
de cada anualidad, sin contrato vigente ni pago, evidencia que la relación desbordó el
marco formal de los contratos de prestación de servicios; y (v) que la omisión de la
entidad de aportar el contrato No. 13-DIPER-2016, pese a los requerimientos del
despacho, debe resolverse conforme al principio de carga dinámica de la prueba en
beneficio de la demandante.
28. Ninguno de estos cargos está llamado a prosperar, como se explica a
continuación.
2.4.2 Sobre el elemento de la subordinación: primero y segundo cargo
29. Para resolver los dos primeros cargos del recurso, que atacan la valoración
probatoria del A-quo sobre el elemento de subordinación, es necesario precisar que,
dicho requisito se debe acreditar mediante prueba directa o indicios precisos y
concordantes que demuestren que el contratante ejerció poder de dirección sobre el
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Número interno: 0981-2026
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modo, el tiempo o el lugar de ejecución del trabajo, más allá de lo que el objeto
contractual mismo impone. La coordinación técnica permitida por el artículo 14 de la
Ley 80 de 1993 -que faculta a la entidad estatal para impartir instrucciones orientadas
a asegurar el cumplimiento del objeto- no configura subordinación laboral. Esta
distinción es la que resulta determinante en el presente caso.
30. La apelante sustentó la existencia de la subordinación en cuatro circunstancias: la
impartición de órdenes por parte de militares, la supervisión diaria de la labor, la
asistencia obligatoria a capacitaciones y la presión implícita de renovación contractual;
Sin embargo, el acopio probatorio, valorado en conjunto y conforme a las reglas de la
sana crítica12, conduce a la conclusión opuesta. La señora Diana Carolina López
Gutiérrez, quien se desempeñó como oficial administrativa y abogada de la propia
dirección durante el período objeto del litigio, fue categórica al describir la relación
entre los prestadores de servicios y la entidad: “la dirección de defensa no tenía horarios para
el personal de prestador de servicios para el personal que estaba por contrato, no había ningún horario
puesto que ellos eran autónomos para asistir a sus audiencias, entonces no había ningún horario
dispuesto ni nunca se había dispuesto horario para el personal de contrato, ni en el contrato tampoco
está articulado que debían cumplir ningún horario y ellos no cumplían ningún horario”13. Esta
declaración proviene de quien desde adentro coordinaba la labor y, por tanto, tiene
especial valor para establecer qué poder de dirección ejercía efectivamente la entidad
sobre los contratistas.
31. En igual sentido, la señora Olga Yanet Medina Páez, abogada contratista que
compartió directamente el lugar de trabajo con la demandante durante los años 2015
a 2017, declaró con precisión que los prestadores de servicios eran “autónomos
totalmente”14 y describió la flexibilidad real del vínculo con un dato concreto e irrefutable:
“era tan laxo el tiempo que yo recuerdo que ella en la oficina y viajaba a los Estados Unidos a comprar
ropa”15, afirmación que sustentó con las fotografías que la demandante publicó en su
perfil de Facebook durante los meses en que los contratos estaban vigentes,
documentos que, pese a no reposar en el expediente, sirvieron de referencia a la
testigo. La señora López Gutiérrez, por su parte, confirmó que la demandante viajó al
12
“La expresión sana crítica, conlleva la obligación para el juez de analizar en conjunto el material probatorio para obtener, con
la aplicación de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que corresponda”. T-041/18, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
TA, audiencia de pruebas, anexo “127_link descarga audiencia”, enlace: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rmemorialessec02setadmcun_cendoj_ramajudicial_gov_co/IQCrB2oSSoMJRK3_-
EAAmKlWATFBEJZ1FqyjhC6dhBAKK8g?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2l
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GVzTGlua0NvcHkifX0&e=VgVaCh 1:56:45 a 1:57:17.
14
Ibidem, min. 2:47:34 a 2:47:42.
15
Ibidem, min. 2:48:00 a 2:48:16.
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Demandante: Ángela Susana Jerez Jaimes
Demandado: Nación-Min defensa-Ejército Nacional
exterior en al menos dos ocasiones sin informar al supervisor del contrato: “nunca
informó manifestó ni nada nos enteramos de pronto por las fotos”16, y señaló con claridad la
diferencia respecto del personal de planta: “si fuera un personal de planta obviamente si
hubiera tenido que pedir permiso al comandante del ejército y se debía emitir una resolución para ser
autorizada y salir del país”17. Un trabajador sometido a subordinación laboral efectiva no
puede ausentarse del país por semanas sin autorización de su empleador; ese hecho
es incompatible con la existencia del vínculo que la demandante reclama.
32. El señor Pedro Mauricio Zanabria Uribe, contratista vinculado desde agosto de
2016 y cuya versión refleja la práctica institucional durante el período relevante,
confirmó que, no existía horario alguno: “ni siquiera en el contrato lo especifica... todos los jefes
y directores de la dirección han sido como muy específicos en ese tema, que para los prestadores de
servicio no hay horario laboral”18, y agregó que, el trabajo podía realizarse desde la casa.
Declaró además que, la entidad permitía expresamente a los contratistas tener
múltiples contratos simultáneos, circunstancia que él mismo experimentó: “la entidad
permite a nosotros como abogados litigantes tener otros contratos. De hecho, el suscrito hace dos años,
tuve dos contratos y pues la entidad lo manifiesta, de hecho, la entidad y la entidad no tuvo ningún
problema con eso”19. Este dato desvirtúa de manera directa la alegada exclusividad
fáctica que la parte apelante intenta construir a partir de las declaraciones de los
testigos propios.
33. Frente al argumento sobre las capacitaciones de obligatoria asistencia, la señora
López Gutiérrez explicó que se les “citaba, pues se les pedía que vinieran para que se
capacitaran en el tema porque había unos que no sabían diferenciar que era un soldado profesional”20,
pero aclaró que “nunca se les obligó”21. El calificativo “obligatoria” consignado en los
informes de gestión -documentos elaborados por la propia contratista para soportar el
cobro de sus honorarios- refleja la necesidad técnica de conocer las plataformas
EKOGUI y ORFEO para poder ejecutar el contrato, no el ejercicio del poder
subordinante de un empleador. Es la diferencia entre una obligación que el objeto
mismo impone y una orden que alguien dicta sobre el modo de trabajar.
34. Importa destacar, además, que la propia testigo presentada por la parte
demandante, señora María del Pilar Gordillo Castillo, quien es precisamente quien con
16
Ibidem, min. 2:23:45 a 2:23:58.
17
Ibidem, min. 2:24:01 a 2:24:12.
18
Ibidem, min. 3:32:02 a 3:32:54.
19
Ibidem, min. 3:39:08 a 3:39:59.
20
Ibidem, min. 2:11:25 a 2:11:36.
21
Ibidem, min. 2:11:45.
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mayor detalle describió la dinámica del trabajo, fue la primera en admitir los límites de
su propia narración: “como que me obligaran, me obligaran no, pero sí, no me obligaban”22, la
testigo se refiere puntualmente a que no la obligaban a asistir a las capacitaciones, y
reconoció que, en los años de su vinculación nunca tuvo que pedir permiso para
ausentarse: “yo personalmente nunca, nunca ni me vi obligada ni nunca, pues, supe si tocaba
hacerlo”23. Estas concesiones de la propia testigo de la demandante debilitan de
manera determinante los cargos primero y segundo del recurso.
35. En cuanto al argumento específico de que el A-quo no debió utilizar la ausencia
de planillas de control como fundamento de su decisión, la Sala comparte la premisa
según la cual, la subordinación no requiere, como requisito sine qua non, planillas de
asistencia ni cláusulas de exclusividad; Sin embargo, esa imprecisión no afecta la
conclusión del Tribunal. Examinado el material probatorio en su conjunto, la ausencia
de planilla y de exclusividad es un dato coherente con los demás indicadores de
autonomía que emergen del expediente: los viajes al exterior apuntan en la misma
dirección: no hubo subordinación. La circunstancia que el tribual haya enunciado
algunos de esos indicadores, no altera el resultado, porque la base probatoria que
sustenta la conclusión es suficiente y correcta.
2.4.3 Sobre la identidad de funciones: tercer cargo
36. El tercer cargo del recurso invoca la declaración de la señora López Gutiérrez,
quien confirmó que cuando en el año 2016 se nombraron empleados en
provisionalidad, estos continuaron ejerciendo las mismas funciones que venían
desempeñando como contratistas. La identidad funcional es, sin duda, un elemento
relevante en el análisis de la relación laboral realidad. No obstante, la jurisprudencia
de esta Corporación es invariable en exigir que los tres elementos -prestación
personal, remuneración y subordinación- concurran de manera simultánea. La referida
testigo adujo que, los empleados de planta debían cumplir requisitos adicionales que
los contratistas no tenían: “para salir a permiso el personal de planta debe solicitarlo por escrito si
salen del país deben solicitarlo por escrito”24. Además, explicó la razón por la que se crearon
los cargos de planta no como un reconocimiento de una situación laboral preexistente,
sino por una necesidad de estabilidad institucional: “los contratistas firmaban por seis meses,
un año se iban sustituían sus contratos, cedían sus contratos entonces no había esa estabilidad en la
22
Ibidem, min. 1:26:06 a 1:26:18.
23
Ibidem, min. 1:45:30 a 1:45:48.
24
Ibidem, min. 1:58:29 a 1:58:40.
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defensa”25. En síntesis, la identidad de funciones no puede tener una lectura como
evidencia de subordinación cuando la propia entidad demostró, a través de la prueba
testimonial, que las condiciones reales de ejercicio de esas funciones eran
sustancialmente distintas según el tipo de vinculación.
2.4.4 Sobre la continuidad en enero: cuarto cargo
37. El cuarto cargo señala que, la demandante continuó atendiendo audiencias
durante los meses de enero, cuando no existía contrato vigente, lo que a juicio de la
apelante evidencia una relación ininterrumpida de carácter laboral. El argumento es
sugestivo, pero no resistente a la prueba. La señora Gordillo explicó con precisión que
la asistencia a audiencias en enero no derivaba de una instrucción del Ejército sino de
la vigencia del poder conferido previamente como apoderada judicial: “quien estaba
respondiendo como apoderada de ese proceso, de esa conciliación, pues era yo... el poder había sido
conferido con anterioridad y pues no había una instrucción diferente a quién le podía yo entregar el
poder”26. Se trata, en consecuencia, de una obligación que emanaba del contrato de
mandato -relación entre la abogada y la entidad como mandante-, no de una relación
de trabajo.
38. La versión de la señora López Gutiérrez es más directa todavía: “no era que nunca
se les dio la orden, ni se les indicó ni se les ordenó por decirlo así que debían asistir a audiencias
después de haber terminado su contrato”27, y precisó que, los oficiales militares estaban
disponibles para sustituir las audiencias de quienes ya no tenían contrato vigente. El
señor Zanabria fue igualmente preciso al describir el procedimiento institucional:
desde mediados de diciembre, los directores instruían a los contratistas para que
entregaran los expedientes al personal de planta, de modo que “ya podemos, digamos,
retirarnos del contrato”28 hacia el 15 de diciembre. Su afirmación de que “sin firmar contrato
no se asiste a audiencia, no se firma poder ni nada”29 refleja la regla institucional que, según
él mismo explicó, aplica desde que inició su vinculación en 2016. Si algunos
contratistas optaron por asistir en enero por razones de responsabilidad profesional o
por no haber formalizado la entrega, esa conducta individual no convierte una relación
de coordinación en una relación de trabajo subordinado.
25
Ibidem, min. 2:27:53 a 2:28:21.
26
Ibidem, min. 1:26:18 a 1:27:30.
27
Ibidem, min. 2:07.15 a 2:07:30.
28
Ibidem, min. 3:42:58 a 3:43:05.
29
Ibidem, min. 3:48:45 a 3:48.54.
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2.4.5 Sobre la carga dinámica de la prueba: quinto cargo
39. El quinto cargo del recurso plantea que, la omisión de la entidad de aportar el
contrato No. 13-DIPER-2016, pese a los requerimientos del despacho de primera
instancia, debe interpretarse en su contra conforme al artículo 167 del Código General
del Proceso. En este caso la inferencia desfavorable a la entidad no modifica el
resultado del análisis. La certificación expedida el 27 de julio de 2016 por el coronel
Giovani Valencia Hurtado, en su calidad de director de personal del Ejército Nacional,
acreditó la existencia del contrato 13-DIPER-2016, sus extremos temporales (2 de
febrero al 29 de julio de 2016) y las condiciones generales de la vinculación. La
inferencia que cabe extraer de la no aportación del contrato es que sus cláusulas eran
sustancialmente idénticas a las de los demás contratos que sí obran en el expediente;
y si así se entiende, el análisis de subordinación aplicado a esos otros contratos -que
condujo a la misma conclusión de ausencia de subordinación- se extiende sin
dificultad al período cubierto por el contrato no aportado. El quinto cargo no prospera.
2.4.6 Los contratos suscritos entre la demandante y la entidad demandada
40. En el plenario quedaron probados los siguientes contratos de prestación de
servicios celebrados entre la señora Ángela Susana Jerez Jaimes y el Ejército
Nacional durante el período comprendido entre el 1° de febrero de 2014 y el 31 de
diciembre de 2017, con indicación del objeto, las fechas de inicio y terminación de la
ejecución y los lapsos sin contrato vigente entre uno y otro vínculo:
Inicio
No. Contrato Objeto Terminación Lapso sin contrato
ejecución
Prestar servicios profesionales como
474-DIPER- abogada a la Jefatura Jurídica del Ejército N/A (inicio de la relación
22/01/2014 28/07/2014
201430 Nacional, en la Dirección de Asuntos contractual)
Contenciosos Administrativos (DIACA).
Prestar servicios profesionales como
677-CEITE- abogada en la Dirección de Asuntos
01/08/2014 31/12/2014 3 días (29 al 31/07/2014)
201431 Contenciosos Administrativos (DIACA) del
Ejército Nacional.
Prestar servicios profesionales como
199-CEITE- abogada en la Dirección de Asuntos 31 días (01/01 al
17/02/2015 31/12/2015
201532 Contenciosos Administrativos (DIACA) del 16/02/2015)
Ejército Nacional.
30
TA, índice 64, anexo 85, págs. 14 – 22.
31
TA, índice 87, anexo 108, págs. 6 – 13.
32
TA, índice 64, anexo 85, págs. 27 – 34.
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Inicio
No. Contrato Objeto Terminación Lapso sin contrato
ejecución
No obra en el expediente. Condiciones
13-DIPER- acreditadas mediante certificación del 20 días (01/01 al
02/02/2016 29/07/2016
201633 director de personal, coronel Giovani 01/02/2016)
Valencia Hurtado (27/07/2016).
Prestar servicios profesionales como
abogada en defensa litigiosa para el
125-CENAC Departamento Jurídico Integral – Dirección
8 días (30/07 al
PERSONAL- de Defensa Jurídica Integral (DIDEF), ante 11/08/2016 31/12/2016
10/08/2016)
201634 la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y sus procuradurías
delegadas.
Prestar servicios profesionales como
abogada en defensa litigiosa para el
366-CENAC Departamento Jurídico Integral – Dirección
31 días (01/01 al
PERSONAL- de Defensa Jurídica Integral (DIDEF), ante 15/02/2017 31/12/2017
14/02/2017)
201735 la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y sus procuradurías
delegadas.
41. Dos aspectos de esta tabla merecen especial atención para el análisis. Primero,
los seis contratos presentan interrupciones reales y verificables entre uno y otro, que
van desde tres días hábiles -entre el contrato 474-DIPER-2014 y el 677-CEITE-2014-
hasta treinta y un días hábiles -tanto en el lapso de enero a febrero de 2015 como
en el de enero a febrero de 2017-. La existencia de estas pausas, medidas en días
hábiles según la sentencia de unificación de esta Corporación, es una circunstancia
que no siempre descarta el encubrimiento de una relación laboral, pero que, en todo
caso, en este evento concreto, no puede predicarse, dada la ausencia de
subordinación como antes se expuso, en los períodos de mayor brecha, la
demandante estuvo durante más de seis semanas hábiles sin ningún vínculo
contractual vigente con la entidad, circunstancia incompatible con la permanencia y
continuidad. Segundo, se insiste, en ninguno de los seis contratos se pactó
exclusividad, horario ni cláusula de dependencia.
42. En síntesis, el elemento de subordinación no fue acreditado. Lo que existió fue una
relación de coordinación técnica propia del contrato de prestación de servicios, en la
que la entidad ejercía el control de resultados que le permite el artículo 14 de la Ley
80 de 1993, sin que mediaran órdenes sobre el modo, el tiempo o el lugar de ejecución
del trabajo en el sentido jurídico-laboral del término. Los indicadores concretos de
autonomía real -los viajes al exterior sin autorización, la posibilidad de tener contratos
33
TA, índice 2, anexo 4, págs. 25 – 27.
34
TA, índice 2, anexo 4, págs. 28 – 39.
35
TA, índice 2, anexo 4, págs. 52 - 59.
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simultáneos efectivamente ejercida por compañeros del mismo grupo, la ausencia de
horario en cuatro años de relación, la libertad de ceder el contrato y la instrucción
institucional de hacer entrega de los expedientes en diciembre- pesan de manera
determinante frente a los indicios invocados por la apelante, que tienen una
explicación plausible dentro del marco del contrato de prestación de servicios.
43. Para finalizar esta disertación, se concluye que, dentro de la relación contractual
entre la demandante y la entidad demandada, solamente se demostró la prestación
del servicio y la remuneración, mas no la subordinación, lo cual, descarta de plano la
presencia de una relación laboral encubierta por contratos sucesivos de prestación de
servicios.
44. Siendo así las cosas, se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca del 13 de febrero de 2026 que negó las pretensiones de la demanda,
atendiendo a que la valoración integral del acervo probatorio acredita la autonomía
real de la contratista y, en aplicación del principio de primacía de la realidad
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, no hay lugar a declarar la
existencia de una relación laboral oculta o simulada, toda vez que, no se demostró la
subordinación.
2.5 Condena en costas
45. No habrá lugar a condena en costas en esta instancia por no reunirse los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con
el artículo 365 del Código General del Proceso. Vale decir, no se observa que, la
demandante haya actuado con temeridad o mala fe, pues, solo lo hizo en defensa de
sus derechos que creía le asistían.
46. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis
(2026) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
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Demandante: Ángela Susana Jerez Jaimes
Demandado: Nación-Min defensa-Ejército Nacional
Subsección E, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
18
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