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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01022-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01022-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, conforme lo dispuesto en la parte motiva. 10 Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. 17 Número Interno: 5815-2023 Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo Demandada: Nación- Rama Judicial – DEAJ SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-01022-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., seis (6) marzo dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 25000-23-42-000-2021-01022-01 (5815-2023)
Demandante : José Gregorio Cubillos Giraldo
Demandada : Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho - Ley 2080 de
2021
Tema : Solución de continuidad. Sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de
8 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

El señor José Gregorio Cubillos Giraldo, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones.

Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resoluciones Nos. 12269
y 12190 del 31 de diciembre de 2017, por las cuales la entidad demandada liquida el
auxilio de cesantías parcial y definitiva, respectivamente y, (ii) Resolución No. 6166 del 9
de octubre de 2016 que resolvió recurso de reposición y concedió apelación.

Así mismo pide declarar la existencia y nulidad del acto administrativo ficto negativo,
producto del silencio de la entidad demandada respecto de la apelación formulada contra
las resoluciones mencionadas.

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Número Interno: 5815-2023
Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
Demandada: Nación- Rama Judicial – DEAJ

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demanda a (i)
reliquidar y pagar el auxilio de cesantías correspondientes al año 2017, teniendo en
cuenta el último salario devengado en ese año o en su defecto, el promedio del salario
variable devengado en ese periodo y sin interrupciones o sin aplicar la solución de
continuidad en la prestación de servicios y la reliquidación de los intereses a la cesantías
reconocidas para esa misma vigencia, debidamente indexados; (ii) a consignar en la
cuenta de Colfondos del demandante, la diferencia resultante de la liquidación correcta
de las cesantías con los respectivos intereses, hasta la fecha efectiva del pago; (iii)
reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
por el pago tardío de las cesantías, o en su defecto, la sanción contemplada en la Ley
244 de 1995; (iv) indexar las sumas reconocidas para el día del pago; (v) ordenar el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios; y (vi) condenar en costas y agencias
en derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Relata el demandante, que ha trabajado entre otras sedes y cargos en la Rama Judicial,
como Profesional Universitario Grado 16, desempeñándose en provisionalidad en el
Juzgado Treinta (30) Administrativo de Bogotá de manera continua e ininterrumpida
desde el 3 de julio de 2012.

Expuso que, aprobó y superó el concurso de méritos ofertados a través de la convocatoria
No. 3 del año 2013, al cargo de Profesional Universitario Grado 16, razón por la cual el
30 de marzo de 2017 fue nombrado en propiedad para desempeñar tal cargo en el
Juzgado 22 Administrativo de Bogotá.

Enfatizó que se desempeñó en el Juzgado Treinta (30) Administrativo de Bogotá hasta el
día 16 de mayo de 2017 e inició a laborar en el Juzgado veintidós (22) Administrativo de
Bogotá, desde el 17 de mayo de 2017, es decir, sin perder continuidad y ejerciendo el
mismo cargo de Profesional Universitario Grado 16.

Indica que a través de la Resolución No. 12190 del 31 de diciembre de 2017, la entidad
demandada liquidó el auxilio de cesantías definitivas del año 2017, teniendo en cuenta el
cargo de Profesional Universitario Grado 16, desarrollado en el Juzgado Treinta (30)

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Número Interno: 5815-2023
Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
Demandada: Nación- Rama Judicial – DEAJ

Administrativo de Bogotá, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de mayo
de 2017.

Agregó que con Resolución No. 12269 del 31 de diciembre de 2017, la entidad
demandada realizó una nueva liquidación del auxilio de cesantía parcial, tomando como
extremos temporales del 17 de mayo al 31 de diciembre de 2017, laborados como
Profesional Universitario Grado 16 en el Juzgado Veintidós (22) Administrativo del
Circuito de Bogotá.

Refirió que, contra los citados actos administrativos, interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación, procurando la reliquidación y pago de la diferencia generada, así
como el pago de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y/o la prevista
en la Ley 244 de 1995.

Aseguró que la demandada mediante Resolución No. 6166 del 9 de octubre de 2019,
resolvió el recurso de reposición, modificando el monto de lo reconocido; sin embargo,
alega que no obedeció a lo solicitado, ni se le reconoció la sanción moratoria, razón por
la cual se concedió recurso de apelación, sin que a la fecha este haya sido resuelto,
quedando configurado el silencio administrativo negativo.

Por último, narró que, a compañeros pares, se les liquidó la cesantía sin interrupciones
por valor de $5.039.350, mientras que al actor se le reconoció la suma de $4.211.128, es
decir, una diferencia de $828.231 pesos.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política, artículos 13, 25, 29, 48 y 123; leyes 6ª de 1945, 65 de 1946, 33 de
1985, 50 de 1990, 4ª de 1992 y 344 de 1996 y los decretos 3118 de 1968, 2767 de 1945,
1160 de 1947 y 57 de 1993.

Asegura que el cambio de una dependencia judicial a otra, sin solución de continuidad
por parte de un empleado, no implica la ruptura del vínculo laboral. No obstante, a pesar
de que los actos de nombramientos y certificaciones de tiempo de servicios, dan cuenta
de ello, la entidad accionada de manera errada liquidó el auxilio de cesantías,

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Número Interno: 5815-2023
Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
Demandada: Nación- Rama Judicial – DEAJ

considerando interrupciones en atención al cambio de condición del empleado de
provisionalidad a carrera administrativa.

Manifestó que, sin lugar a dudas, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 estableció que
todos los empleados públicos, sin distinción alguna que se encuentren vinculados o lo
hagan con posterioridad a su entrada en vigencia, les era aplicable para el tema particular
de las cesantías anualizadas y a la sanción moratoria, lo previsto y reglado en los
artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.

2. Contestación de la demanda.

La Nación, Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Se
opone a las pretensiones de la demanda al estimar que carecen de fundamentos fácticos
y jurídicos.

Asegura que la liquidación de las cesantías parciales efectuadas en las resoluciones
12190 y 12269 del 31 de diciembre de 2017, fueron realizadas en cumplimiento a la
normatividad vigente y abonadas en la cuenta individual de cesantías del actor, en los
términos fijados por la Ley.

En lo referente a la sanción moratoria indica que, según la normativa aplicable y el
precedente jurisprudencial vigente, para que aquella se configure debe haber ausencia
total en el pago antes del 15 de febrero de cada año; por consiguiente, comoquiera que
las cesantías del actor se liquidaron y consignaron en tiempo, no da lugar a su causación.

Propone como excepciones las de ausencia de transgresión normativa y cobro de lo no
debido, ausencia de causación de la indemnización moratoria reclamada y la innominada.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
mediante sentencia de 8 de junio de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas, y del acto ficto
derivado del silencio administrativo negativo por la no respuesta de la Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al recurso de apelación interpuesto por el
demandante.

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Número Interno: 5815-2023
Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
Demandada: Nación- Rama Judicial – DEAJ

Para llegar a esa determinación, analizó la controversia respecto de la continuidad en el
servicio del señor Cubillos Giraldo, señalando que la variación de cargos dentro de la
misma anualidad, siempre que no transcurra un lapso superior a quince (15) días entre
el ejercicio de un empleo y otro, no implica rompimiento de la continuidad de la prestación
del servicio; por lo tanto, el empleador debió realizar la liquidación de las cesantías de
forma definitiva y no parcial, considerando la totalidad del periodo laborado por el actor.

Confrontó las resoluciones con las que se liquidó el auxilio de cesantía parcial y definitivas
de la vigencia 2017 del actor, sin dejar a un lado la Resolución No. 6166 del 9 de octubre
de 2019 que, al resolver el recurso de reposición presentado en contra de las dos
primeras resoluciones, modificó estos actos y realizó una nueva liquidación.

De este ejercicio concluyó que la interrupción del servicio que fue estimada de manera
errónea por la entidad demandada, acarreó que en cada resolución se liquidara de
manera incompleta las doceavas partes de algunos factores salariales y no se tuviera en
consideración los 360 días laborados en el cómputo de emolumentos que afectan la
liquidación de las cesantías, como lo son la prima de productividad, prima de servicios,
prima de vacaciones y prima de navidad.

En virtud de lo anterior, estableció que la entidad demandada adeuda al actor, la suma
de $623.690, por concepto de la diferencia entre lo que le fue liquidado y lo que debió
reconocerse por concepto de auxilio de cesantías para el 2017, el cual debe ser indexado
y consignado en el fondo de cesantías al que se encuentre afiliado.

Finalmente, negó la pretensión tendiente al reconocimiento de la sanción moratoria por
la consignación tardía de las cesantías prevista en el art. 99 de la Ley 50 de 1990, para
lo cual efectuó un recuento normativo y jurisprudencial del que evidenció que, a pesar del
depósito incompleto de dicho concepto por parte de la demandada y de la diferencia que
se generó en favor del actor, esa situación no conlleva a su configuración, pues la norma
penaliza la ausencia absoluta de liquidación y consignación en los términos previstos
para ello.

4. El recurso de apelación.

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Número Interno: 5815-2023
Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
Demandada: Nación- Rama Judicial – DEAJ

4.1. La parte demandante en la oportunidad procesal interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, solicitando que se revoque de manera parcial
en el sentido de reconocer la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, argumentando que:

Se aparta de las sentencias del Consejo de Estado que sirvieron de argumento para la
decisión del a quo, pues considera que contraviene la esencia, objeto y finalidad de la
sanción moratoria, la cual no puede estar restringida a la mera consignación.

Agregó que la obligación de consignar la cesantía se entiende cumplida si el monto se
ajusta a lo establecido por el legislador, de lo contrario podría el empleador consignar un
monto cualquiera para evadir la sanción moratoria y que lo pretendido tiene como
sustento la buena fe y la protección del trabajador.

4.2 La parte demandada, inconforme con la decisión proferida en primera instancia,
expuso que la liquidación de las cesantías se realizó de manera correcta, atendiendo a
los lineamientos que se aplicaban para dicha vigencia para todos los trabajadores de la
Rama Judicial, insistiendo en que: “(…)la no solución de continuidad debe estar señalada
expresamente en la norma y que la Contraloría General de la República en informe de auditoría, consideró
equivocada la forma de liquidar el auxilio de cesantías practicado por la Rama Judicial en aplicación de la
CIRCULAR DEAJ17-59 durante la vigencia 2017, en el sentido de entender que había solución de
continuidad cuando hay cambio de cargo dentro de la misma Rama Judicial, pues, en criterio del referido
ente de control, en esos casos sí (sic) hay solución de continuidad.” (negrillas del texto)

Que las circulares expedidas por la Contraloría General de la República fueron
socializadas con los empleados de la Rama Judicial y de esa forma se aplicó durante su
vigencia a quienes estuvieran en escenarios como el demandante, que produjeron
efectos durante su vigencia y de los cuales se presume su legalidad, por lo que estima
que no es viable inaplicarlas.

Por lo expuesto, solicitó que se revocaran los numerales 1 a 3 de la sentencia de primera
instancia, para que en su lugar se nieguen la totalidad de las pretensiones de la demanda.

5. Trámite de segunda instancia

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Número Interno: 5815-2023
Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
Demandada: Nación- Rama Judicial – DEAJ

Mediante auto del 22 de marzo de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Vencido el término de ejecutoria, las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no
emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)1, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

De acuerdo con los recursos de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala
determinar: i) si existió no solución de continuidad en la vinculación del demandante en
la Rama Judicial y conforme a lo anterior, ii) tiene derecho o no al reconocimiento de la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y sus normas
complementarias, por el presunto pago tardío de sus cesantías correspondientes al año
2017.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:

2.1.1. Régimen de cesantías para los empleados públicos; 2.1.2. Reglas
jurisprudenciales. Sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 emitida por la Sección
Segunda de la Corporación el 6 de agosto de 2020; 2.2 Hechos probados; y 2.3 Caso
concreto. 2.4 Condena en costas.

1
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia»

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Número Interno: 5815-2023
Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
Demandada: Nación- Rama Judicial – DEAJ

2.1. Régimen de cesantías para los empleados públicos.

La Ley 6ª de 1945, en el literal a) del artículo 17, estableció para los empleados y obreros
nacionales el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo o jornal por
cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año de acuerdo con lo
señalado por el literal f) del numeral 12 de la misma disposición legal.

Mediante el Decreto 2767 de 1945, se extendió la prestación social a los empleados y
obreros al servicio de los departamentos, intendencias, comisarias, o municipios que
tienen derecho a la totalidad de prestaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley 6ª
de 1945.

Posteriormente, la Ley 65 de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías, para
indicar que:

«Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera
de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa,
tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o
discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa
de retiro.

Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias
y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de 1945, y a los
trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 36 de la misma
Ley.»

Por su parte, el Decreto 2567 de 1946 definió los parámetros para su liquidación, así:

«Artículo 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio
de la Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último
sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los
tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en
los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor de doce meses».

Luego, el Decreto 1160 de 1947 estableció que los empleados al servicio de la Nación,
de cualquiera de las ramas del poder público, tienen derecho a recibir el auxilio de
cesantías y señaló que para liquidar las cesantías se tomará como base el ultimo sueldo
o jornal a menos que este haya sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, en cuyo
caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o
en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de 12 meses [artículo 6 ibidem].

Por otra parte, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro, con el objetivo

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Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
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de efectuar el pago oportuno del auxilio de cesantías a empleados públicos y trabajadores
oficiales [artículo 2, literal a] y proteger este auxilio frente a la depreciación monetaria
[artículo 2, literal b]. A su vez, el artículo 3 de esta norma, estableció que las cesantías
de los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados al servicio de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían liquidarse y
entregarse al Fondo. Por otro lado, ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar
la liquidación del auxilio de cesantía causado hasta el 31 de diciembre de 1968 en favor
de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Por su parte, los artículos 272, 283 y 334 del precitado Decreto empezó un plan de
«desmonte del régimen de retroactividad de cesantías”, en el cual se estableció a partir

del 1 de enero de 1969 el sistema de liquidación de cesantías anualizadas para los
empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades antes enunciadas.

Posteriormente, la Ley 344 de 1996, dispuso en su artículo 13 que las personas que se
vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán un régimen anualizado de
cesantías, cuya liquidación se hará el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de la
que debe realizarse cuando finalice la relación laboral.

Por su lado, la Ley 432 de 1998, reorganizó el Fondo Nacional del Ahorro, pero preservó
la administración eficiente de las cesantías con las funciones de recaudar y pagar a los
afiliados y proteger el auxilio de las cesantías de la pérdida del valor adquisitivo [artículo
3 literales a, b y c].

A su vez, el Decreto 1582 de 19985 destacó que la liquidación anual de los empleados
de nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los
fondos privados de cesantías se debe hacer con aplicación de la Ley 50 de 1990;
mientras que la liquidación de quienes están vinculados al Fondo Nacional del Ahorro

2
ARTÍCULO 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1o. de enero de 1969, los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado,
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración
del respectivo empleado o trabajador.
3
ARTÍCULO 28. Liquidación año de retiro. En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo Ministerio, Departamento
Administrativo, Superintendencia, Establecimiento Público o Empresa Industrial y Comercial del Estado, liquidará la cesantía que
corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de retiro.
4
ARTÍCULO 33. Intereses en favor de los trabajadores. El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta, intereses del
nueve (9) por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor de cada empleado público o
trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantía que se encuentre en poder de establecimientos públicos o empresas industriales
y comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo 47.
5
Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los
servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.

10

Número Interno: 5815-2023
Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
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debe efectuarse teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 432 de 1998.

Por otro lado, el Decreto 1252 de 2000, estableció que los servidores públicos que al 25
de mayo de 2000 venían disfrutando del régimen retroactivo de cesantías, conservarán
dicho beneficio hasta la terminación de la relación laboral.

Por último, el Decreto 1919 de 2002 en el artículo 3 extendió el régimen de prestaciones
sociales de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional, a los servidores del orden territorial y determinó que quienes son beneficiarios
del régimen retroactivo de cesantías, continuarán disfrutando del mismo.

En cuanto al régimen prestacional aplicable a los servidores de la Rama Judicial, esta
Corporación6 ha señalado:

El artículo 7 de ley 33 de 1985 dispuso que (...) «quienes a partir del 1o de enero de 1985,
ingresen a la Rama Jurisdiccional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la
República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías, se regirán por las
normas del Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y las que lo adicionen y reglamenten en
lo relacionado con la liquidación y el pago de sus cesantías» (...)

Por su parte, la ley 4 de 1992 en su artículo 1, literal b, dispuso:

«ARTÍCULO 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la
República;» (...) (Negrilla fuera de texto original).

La Ley 344 de 1996 hizo extensivas las disposiciones sobre cesantías a los servidores
públicos, definiendo el régimen anualizado de liquidación de cesantías como el régimen
prestacional para todos los servidores públicos que se vincularan a partir de su vigencia
así:

«ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91
de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los
Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo.

PARÁGRAFO. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»

El Decreto 3118 de 1968, en su artículo 29 señala cómo deberán liquidarse las cesantías:

6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicación No. 25000-23-42-000-2021-
00931-01 (3078-2023) C.P Jorge Iván Duque Gutiérrez.

11

Número Interno: 5815-2023
Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
Demandada: Nación- Rama Judicial – DEAJ

«ARTÍCULO 29. Salario base. Para efectuar las liquidaciones de que trata el Artículo 27,
se tomará como base el salario promedio mensual devengado por el empleado o trabajador
en los tres últimos meses de cada año.

En caso de salario variable, se tomará como base el promedio de lo devengado en el año
respectivo o en el tiempo servido, si éste fuera menor de un año.

La liquidación de la parte de la cesantía correspondiente al tiempo trabajado en el último
año de servicio, a la cual se refiere el Artículo 28, se hará con base en el promedio mensual
de los salarios devengados por el trabajador en los tres últimos meses o durante el período
en el cual éste prestó sus servicios en el año de retiro, si dicho período fuere inferior a tres
meses.» (...)

2.1.2 Reglas Jurisprudenciales. Sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020
emitida por la Sección Segunda de la Corporación el 6 de agosto de 2020.

La Sección Segunda de la Corporación, en sentencia del 6 de agosto de 2020, fijó las
reglas jurisprudenciales relacionadas con la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990, por la no consignación de cesantías anualizadas, a saber:

«PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de Estado,
para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las
siguientes reglas jurisprudenciales:

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su causación
y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación
administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse
la prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de
cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990
deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado
dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para
reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción».

La anterior decisión se fundamentó en que esta Corporación en sentencia de unificación
CE-SUJ004 de 25 agosto de 20167 fijó la regla jurisprudencial según la cual la sanción
moratoria está sujeta al término prescriptivo señalado en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social8, esto es, que la reclamación del empleado
sobre un derecho o prestación debida, tendrá que efectuarse dentro de los 3 años
siguientes a su exigibilidad, so pena de operar el fenómeno de la prescripción, término
que es susceptible de interrupción a través del simple reclamo escrito del trabajador, pero
solo por un lapso igual, es decir, un trienio.

7
C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
8
Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

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Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
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2.2. Hechos probados.

El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos
a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

i) El señor José Gregorio Cubillos Giraldo se encuentra vinculado a la Rama Judicial
desde el 2 de febrero de 2015, en la actualidad se desempeña como Profesional
Universitario Grado 16, ejerciendo sus funciones con nombramiento en propiedad y
perteneciente al régimen salarial acogido, conforme a la certificación del 14 de junio de
2021, que expidió la coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección Seccional
de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca.

ii) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bogotá, Cundinamarca,
por medio de la Resolución 12190 del 31 de diciembre de 2017, liquidó el auxilio de
cesantías definitivas del aquí accionante, por el período comprendido entre el 1 de enero
y el 12 de mayo de 2017, por un valor de $ 1.556.980,00 m/cte y, mediante Resolución
12269 de la misma fecha, liquidó cesantías parciales del 17 de mayo al 31 de diciembre
de 2017, por la suma de $2.654.148,00 m/cte.

iii) Recurso de reposición y en subsidio de apelación formulado en contra de los actos
administrativos anteriormente referidos, recalcando la continuidad del vínculo laboral a
pesar del cambio de dependencia judicial y solicitando la liquidación correcta de su auxilio
de cesantías y la sanción moratoria por el pago tardío de este.

iv) Resolución No. 6166 del 9 de octubre de 2019, con la que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, resuelve el recurso de reposición,
modificando la cuantía a reconocida por concepto de auxilio de cesantías en la
Resolución No. 12190 de 2017 y ordena el reintegro de una suma que estimó que no
debieron ser pagadas con ocasión a la Resolución No. 12269 del 31 de diciembre de
2017.

v) Acto administrativo por medio del cual se hace el nombramiento en propiedad al señor
José Gregorio Cubillos Giraldo para desempeñar el cargo de Profesional Universitario
grado 16, en el Juzgado 22 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, así como
la respectiva acta de posesión en este cargo, calendada y suscrita del 17 de mayo de

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Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
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2017.

vi) Obra histórico de los conceptos salariales percibidos por el actor desde el año 2009
hasta el 2015 por concepto de su labor desempeñada en la Rama Judicial.

vii) Milita en el plenario, certificaciones suscritas por el Juez Treinta (30) Administrativo
del Circuito de Bogotá del 16 de mayo de 2017, en las que indica las funciones y periodos
laborados por el demandante en el cargo de Profesional Universitario en esa
dependencia judicial, así:

• 3 de julio de 2012 al 31 de julio de 2014.
• 6 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
• 2 de febrero de 2015 al 5 de abril de 2015.
• 6 de abril de 2015 hasta el 16 de mayo de 2017.

2.3. Caso en concreto

El señor José Gregorio Cubillos Giraldo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento pretende la anulación de las Resoluciones Nos. 12269 y 12190 del 31
de diciembre de 2017 y la 6166 del 9 de octubre de 2019, proferidas por la Dirección
Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca con las que se liquidó el
auxilio de cesantías y se resolvió un recurso de reposición.

El Tribunal de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
al estimar que el monto reconocido por concepto de cesantías para la vigencia 2017 fue
inferior al que le asistía derecho, pues la interrupción en el servicio que fue considerada
por la demandada, afectó la liquidación de dicho concepto, por lo que ordenó el pago de
la diferencia adeudada.

Sin embargo, niega el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
reclamado, al no configurarse los presupuestos legales y jurisprudenciales para ello, pues
indica que no puede penalizarse situaciones derivadas de un nuevo cálculo de la
prestación o porque no se pagó en su totalidad, el valor correspondiente al periodo
liquidado, sino que procede la omisión de la consignación en la oportunidad prevista para
ello.

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Demandante: José Gregorio Cubillos Giraldo
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Frente al fallo de primera instancia, la parte demandante cuestiona la no procedencia de
la sanción moratoria, reprochando que su reconocimiento no puede estar restringido a la
mera consignación, pues se estaría autorizando al empleador para que efectúe una
liquidación por fuera de los parámetros legales y, bajo el pretexto de evadir la sanción,
proceder a consignar un monto cualquiera en la fecha establecida, generando esto un
desamparo absoluto al trabajador.

Por su parte, inconforme con la decisión del Tribunal, la demandada asegura que la
liquidación del auxilio de cesantías se hizo de forma correcta, acorde a los lineamientos
que se encontraban vigentes, frente a los cuales sí se presentó solución de continuidad
en el desarrollo de las labores del demandante.

Conforme a lo que precede, encuentra demostrado que el demandante se vinculó a la
Rama Judicial desde al año 2009, ocupando varios cargos sin solución de continuidad
entre uno y otro a partir del 2015.

Que se desempeñó como profesional universitario desde el 5 de abril de 2015 al 16 de
mayo de 2017 en el Juzgado 30 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y que fue
nombrado en propiedad mediante Resolución No. 0004 del 30 de marzo de 2017, para
desempeñar el mismo cargo en el Juzgado 22 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá,
siendo posesionado en el nuevo cargo el 17 de mayo de 2017.

La entidad demandada, mediante las Resoluciones Nos. 12190 y 12269 del 31 de
diciembre de 2017, liquidó el auxilio de cesantías definitivas y parciales, teniendo en
cuenta los cargos ocupados en diferentes dependencias judiciales, con base en un
informe emitido por la Contraloría General de la República, en el que se indicó que
cuando hay vinculaciones en diversos cargos al interior de la Rama Judicial durante una
misma anualidad, existe solución de continuidad, por lo que debe liquidarse cada periodo
como cesantías definitivas y el último como anualizadas.

Sin embargo, los informes generados por la Contraloría General de la República,
obedecen a un control fiscal concomitante y preventivo, que pretende comprobar si el
sujeto de control cumple con la normatividad interna y con las disposiciones
constitucionales, pero estos informes no pueden desconocer la normativa que regula el
régimen prestacional de los empleados de la Rama Judicial, ya que son normas con

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fundamento constitucional predominantes.

De manera que no le asiste razón a la entidad demandada, pues los actos en los que
fundamenta su decisión no revisten una autoridad que permitan modificar las normas
legales que prevén los lineamientos para la liquidación de las cesantías, como lo son las
leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y demás normas concordantes.

En conclusión, se tiene que el demandante desarrolló sus labores de manera
ininterrumpida en la Rama Judicial desde el año 2015 y que no se presentó para el año
2017 solución de continuidad como consecuencia del nombramiento en propiedad en el
Juzgado Veintidós (22) Administrativo del Circuito de Bogotá, pues tomó posesión al día
siguiente de su desvinculación del Juzgado Treinta (30) Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá; por lo tanto, la entidad demandada debió liquidar sus cesantías en los
términos señalados por el a quo, es decir, por toda la vigencia 2017, incluyendo las
doceavas partes correspondientes y no de manera fraccionada como erradamente lo
realizó la demandada.

Ahora, en lo que respecta a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
reclamada por la parte demandante, debe señalarse que a pesar de que el auxilio no fue
pagado en debida forma, ello no implica que se tenga derecho a esta penalización, pues
en reiteradas oportunidades esta Corporación9 ha sostenido que la cancelación
inoportuna de una diferencia en la liquidación de las cesantías, no puede considerarse
mora en el pago de la prestación, ya que no es una situación fáctica que se encuentre
establecida en la ley, la cual solo prevé tal indemnización en los casos en los que se
omite su consignación o esta se realiza de forma tardía.

Verbigracia, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no contempla la obligación de pago de
la sanción moratoria ante un pago incompleto del valor correspondiente al periodo
liquidado, ya que solo procederá ante la omisión de la consignación de cesantías en la
oportunidad prevista para ello.

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia del 8 de junio de 2022, proferida por el

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de octubre de 2017, radicación 08001-23-33-000-2012-00171-
01, número interno: 2839-14, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 9 de abril de 2014. Rad. 13001-23 31-000-2007-00225-
01(1483-13). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.; Subsección B. Sentencia de 8 de septiembre de 2017. Rad.
08001233300020140035501. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En el mismo sentido, sentencias de 17 de agosto de 2017. Rad.
08001233300020140035501; Sentencia de 18 de mayo de 2017. Rad. 66001233300020130021301.

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.4. Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 201110, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de
la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.

En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en el proceso,
no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se evidencia
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, de modo que
no se condenará en cosas en esta instancia.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de 8 de junio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, conforme lo
dispuesto en la parte motiva.

10
Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.

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SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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