Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01038-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01038-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-01038-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-01038-01 (0800-2025)
Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
Demandado: Fiscalía General de la Nación1
Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la
entidad demandada contra la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la
Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.2. Las pretensiones
1. María Cecilia Córdoba Hurtado presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 20213100009191 DAP 30110 del 6
de abril de 2021 y la Resolución 2-0526 del 24 de mayo de 2021, expedidos por la
secretaría general de la FGN mediante los cuales se le negó el reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto contra la
1 En adelante FGN.
2 Samai, índice 2, archivo «1_ED_DEMANDA». Radicada el 1 de noviembre de 2021.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
anterior decisión.
2. Además, pidió inaplicar por inconstitucionales los decretos 3549 de 2003, 4180 de
2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de
2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 19 de 2014, 205 de 2014, 1087
de 2015, 219 de 2016, 989 de 2017, 343 de 2018, 996 de 2019, 300 de 2020.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago de: a) la
prima especial de servicios con efectos salariales en cuantía del 30% adicional a la
asignación básica mensual; b) las diferencias salariales «mes a mes» y de las
prestaciones sociales devengadas por la demandante en su calidad de fiscal
delegado, teniendo como base para la liquidación el 100% de su remuneración
básica mensual legal; ii) la indexación de las anteriores sumas; iii) el pago de
intereses que se generen; iv) la incidencia sobre la base cotización al sistema
general de pensiones; v) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 187, 188, 189 y 192 del CPACA; y vi) la condena en costas a su favor.
1.1.3. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:
3.1. María Cecilia Córdoba Hurtado se desempeñó como fiscal delegada ante los
juzgados penales del circuito especializados y solo percibió entre los años 2002 y
2003 la prima especial de servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
pues entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2020 la entidad
demandada «no calculó ni agregó al ingreso» de aquella la mencionada prestación.
3.2. El 25 de marzo de 2021 solicitó a la FGN la reliquidación y pago de las
diferencias de los salarios, prestaciones y demás emolumentos por la prima especial
como un incremento del 30% de la asignación mensual, con los efectos
correspondientes al sistema de seguridad social en pensiones.
3.3. Laanterior solicitud fue resuelta de forma desfavorable mediante Oficio
20213100009191 DAP 30110 del 6 de abril de 2021, razón por la cual presentó
recurso de apelación el cual fue decidido negativamente a través de la Resolución
2-0526 del 24 de mayo de 2021.
1.1.4. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 13, 25, 26, 29, 53, 83, 136, 150 y 209
4 Samai, índice 2, archivo «1_ED_DEMANDA».
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Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
de la Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4 de 1992; 3 y 10 de la Ley 1437 de
2011; 152 de la Ley 270 de 1996; 127, 128 y 143 del Código Sustantivo del Trabajo,
Convención Interamericana de Derechos Humanos, Protocolo Adicional a la
Convención Americana de Derechos Humanos, los convenios 95, 100,111 y 151 de
la OIT y los decretos 053 y 057 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76
y 246 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000, 2720 de 2001, 673 de 2002,
3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008,
723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de
2014, 1257 y 1105 2015; y 245 y 234 de 2016.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. La sustracción de la prima especial de los derechos salariales y prestacionales
de la demandante a partir del año 2004 significó un retroceso en el reconocimiento
de sus derechos como fiscal delegada, ya que se redujo su ingreso salarial y la
incidencia de este sobre las prestaciones. Como consecuencia de tal inobservancia,
se desconoció el principio constitucional de progresividad y las nociones salario vital
y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.
5.2. El gobierno estableció anualmente la prima especial para los fiscales delegados
ante los jueces penales municipales y del circuito, entre los años 1995 a 2003, pero
a partir de 2004 la ausencia de reconocimiento para este grupo de trabajadores les
lesionó el mandato de no regresividad e intangibilidad, no solo porque les quitó la
prima especial que venían percibiendo en razón a su cargo, sino que además no
recibían la prima de antigüedad, ni la prima técnica u otro beneficio que compensara
el «despojo» de la prima especial dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y
que percibieron cuando se vincularon a la Fiscalía antes del año 2003, «mermando»
de esta forma sus factores salariales y prestacionales.
5.3. La prima especial debía ser tenida en cuenta como un agregado, en virtud de los
principios de progresividad y favorabilidad, los cuales imposibilitaban la regresividad
en cuanto a las prestaciones concedidas a los trabajadores, de manera que se
garantizaba no solo el reconocimiento de los derechos mínimos prestacionales, sino
que se impedía el retroceso de los derechos sociales, protegiendo los niveles
alcanzados.
1.2. Contestación de la demanda
6. La FGN se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación5:
5 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116» folios 111 a 125.
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Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
6.1. La demandante no tenía derecho al reajuste y pago de la prima especial de
servicios como factor salarial y prestacional, incluyendo en la base de liquidación
esa prestación, pues la entidad realizó la liquidación de los salarios y prestaciones
sociales con fundamento en los decretos salariales y prestacionales que el gobierno
nacional expidió conforme a la normatividad vigente.
6.2. Los decretos expedidos por el gobierno desde 1993 hasta el 2002 interpretaron
de forma errónea y aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992; además, a partir del
año 2003 los decretos que reglamentaban el nivel salarial de los servidores públicos
de la FGN suprimieron la prima especial de servicios, lo que llevó a declarar la
nulidad de esos decretos al Consejo de Estado, sin que ello implicara su
reconocimiento para efectos de liquidar las prestaciones sociales, pues la prima
especial tenía carácter salarial única y exclusivamente para efectos de la pensión
de jubilación.
6.3. En el caso bajo estudio había carencia de objeto porque la sentencia de
«unificación» SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2021 proferida por la
sala de conjueces del Consejo de Estado se refirió al tema objeto de la demanda
así: «2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
liquidación de la pensión de jubilación.»
6.4. Conla expedición del Decreto 272 de 2021 se dispuso la prima especial
equivalente al 30% del salario básico como un adicional a la asignación básica de
cada empleo, la cual únicamente constituía factor salarial para efectos del ingreso
base cotización del Sistema general de Pensiones y en Salud.
6.5. Propuso las excepciones de «cumplimiento de un deber legal, prescripción,
genérica».
1.3. La sentencia apelada
7. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia
proferida del 31 de octubre de 20246, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en las sentencias de Unificación Jurisprudencial del 2 de septiembre
de 2019 y del 15 de diciembre de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de
este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR probadas PARCIALMENTE las excepciones de carencia de
6 Samai, índice 45.
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Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
objeto respecto al factor salarial de la prima especial y prescripción de lo reclamado por
la demandante causado antes del 25 de marzo de 2018, por las razones expuestas en
la parte motiva.
TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINSITRATIVOS
CONTENIDOS EN: el Oficio No. 20213100009191 DAO-30110- del 06 de abril de 2021
y la Resolución No. 2-0526 del 24 de mayo de 2021 que negaron a la señora María
Cecilia Córdoba Hurtado la prima especial de servicios, por las razones expuestas en la
parte motiva de este proveído.
CUARTA: CONDENAR a la Nación- Fiscalía General de la Nación a RECONOCER y
PAGAR en favor de la señora María Cecilia Córdoba Hurtado la prima especial de
servicios calculada como un adicional del 30% sobre la base del 100% del salario básico
del 25 de marzo de 2018 al 31 de diciembre de 2020.
Sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional
para cada anualidad, debiendo descontar lo pagado efectivamente por estos
mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: La Nación-Fiscalía General de la Nación ajustará los pagos de cotización a la
seguridad social en pensión de la demandante derivadas del reconocimiento de la prima
especial de servicios, sin afectar dicha obligación por el fenómeno de la prescripción, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: La Nación-Fiscalía General de dará cumplimiento al presente fallo en el término
estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
SEPTIMO: NEGAR las demás pretensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. […]»
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:
8.1. Se acreditó que la demandante prestó sus servicios ante la FGN desde el 25 de
mayo de 1996 y el último cargo que desempeñó fue el de fiscal delegada ante los
jueces penales del circuito especializado, por tanto, era beneficiaria de la prima
especial de servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
8.2. Asimismo, se probó que el porcentaje para liquidar la prima especial de servicios
se computó dentro del salario básico hasta el año 2003 y que del año 2004 en
adelante se dejó de pagar la mencionada prima especial de servicios, lo que
desconoció la jurisprudencia que para la época ya existía y aplicó erróneamente el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
8.3. Para el Consejo de Estado el reconocimiento de la prima especial de servicios
resultaba viable después del año 2003, a pesar de no haber sido establecida en los
decretos salariales y prestacionales dirigidos a la FGN, de acuerdo con los principios
de progresividad y no regresividad de los derechos sociales. En este sentido, no se
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Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
podía disminuir el nivel de protección conseguido con las normatividades previas
que regularon la prima especial de servicios, esto es, las leyes 4 de 1992 y 476 de
1998, así como los demás decretos salariales anuales emitidos por el gobierno
nacional hasta el año 2002.
8.4. Con la expedición del Decreto 272 de 2021 la demandada se obligó a incluir en
la nómina de los beneficiarios la prima especial de servicios correctamente
liquidada. Normatividad que según su artículo 3, entró en vigencia el 1 de enero de
2021. No obstante, ello no implicó el pago de la diferencia generada en los periodos
laborales anteriores.
8.5. La demandante solicitó ante la FGN el reconocimiento y pago de las diferencias
prestacionales adeudadas por la prima especial de servicios, el 25 de marzo de
2021, por lo tanto, operó el fenómeno de la prescripción para las sumas causadas
antes del 25 de marzo de 2018, de conformidad con los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. En consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho, «se reconocerá en favor de la señora María Cecilia
Córdoba Hurtado el pago de la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, como un adicional del 30% sobre la base del 100% del salario básico del
25 de marzo de 2018 al 31 de diciembre de 2020.»
8.6. La prima especial de servicios constituía factor salarial solo para los aportes a la
seguridad social en pensión, no obstante, la demandada no realizó estos pagos,
razón por la cual «se ordenará ajustar las cotizaciones de la demandante desde que se
generó el derecho. Esto se hará sin afectar la obligación por el fenómeno de la prescripción,
pues el derecho a la pensión es irrenunciable e imprescriptible.»
1.4. El recurso de apelación
9. La FGN solicitó que se revocara parcialmente la sentencia de primera instancia
con base en los siguientes argumentos7:
9.1. El a quo no motivó la condena dispuesta respecto de los porcentajes de
cotización a pensión desde que la demandante estaba ejerciendo el cargo de fiscal,
desconociendo el artículo 187 del CPACA, pues el decisum debía estar acorde con
la ratio decidendi del fallo y en esa aparte de la sentencia no se encontró analizado
ni sustentado, por ello debió hacerse el estudio sobre la materia, lo cual se omitió.
9.2. Los aportes a pensión eran prestaciones periódicas a los que se le debía realizar
el análisis de la prescripción, toda vez que lo que es imprescriptible es el derecho a
7 Samai, índice 50.
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Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
la pensión «y este caso, aunque desde el año que inició a ejercer como Fiscal y hasta el
2020, se reconocieron los aportes a pensión sobre el 70% del salario decretado, esto no
afecta el derecho a la pensión, el cual tiene dos requisitos ampliamente conocidos. Primero:
Haber cotizado mínimo 1300 semanas y segundo contar con 57 años si es mujer y 62 años
si es hombre.
9.3. De acuerdo con la sentencia SU-003/18 el requisito que debía cumplirse para el
acceso a la pensión era contar con las semanas cotizadas. Ahora, el hecho que se
haya dejado de pagar un porcentaje del salario como aporte a la pensión por orden
del gobierno nacional al expedir los decretos salariales de la FGN, de ninguna
manera disminuía las semanas cotizadas que en estricto sentido era lo que afectaría
el derecho a la pensión en sí misma y de lo que se predicaba la imprescriptibilidad
e irrenunciabilidad.
9.4. A la demandante se le reconoció la prima especial, devengados y deducidos
desde el año 2021 en adelante, por tanto, lo ordenado en los ordinales cuarto y
quinto del fallo de primera instancia contraría lo indicado en el Decreto 272 del 11
de marzo de 2021.
1.5. Trámite en segunda instancia
10. En auto del 30 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandada contra la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca8.
11. El Ministerio Público no presentó concepto9.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia10, se circunscribe a establecer
8 Samai, índice 4.
9 Samai, índice 8.
10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
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Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
si:
12.1. ¿el a quo motivo la decisión de primera instancia en lo relacionado con los
porcentajes de cotización a pensión?
12.2. ¿los aportes a pensión son imprescriptibles?
12.3. ¿el reconocimiento ordenado en primera instancia desconoce lo dispuesto
en el Decreto 272 de 2021?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
de la FGN
13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.
14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial11 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
11 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
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Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
15. Por su parte, mediante el Decreto 53 de 1993, el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
en el cual previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993
podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en
ese decreto (artículo 2), con la excepción12 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.
16. Igualmente, en su artículo 6 señaló: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico
mensual de los siguientes servidores públicos se considera como prima especial de
servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad Regional
de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de
Fiscalía, Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores
Regionales, Directores Seccionales, Jefes de Oficina, Jefes de División».
17. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala
salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de
la liquidación de la pensión de jubilación.
18. Laanterior norma fue aclarada por la Ley 476 de 1998, en el sentido de
establecer que la excepción prevista en la Ley 332 de 1996, que hace alusión a la
Ley 4ª de 1992 no se refiere a los fiscales de la Fiscalía General de la Nación que
se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes
se vincularan con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos
servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6 del Decreto
53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogaron o lo adicionaron, tendría
carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de
la pensión de jubilación.
12 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía
General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
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Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
19. Así las cosas, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
20. Ahora bien, en sentencia del 2 de abril de 2009 13, la Sección Segunda del
Consejo de Estado precisó que «la noción de “prima" como concepto genérico emerge
a título de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar
cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en
su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima,
entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un
"plus" en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición
normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente
bonificatorio». [Se resalta].
21. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores.
22. En sentencia del 29 de abril de 201414, el Consejo de Estado declaró la nulidad
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07), MP.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
14 Radicado 11001-03-25-000-2007-00081-00 (1583-2007) Declaró la nulidad del Artículo 9 del
Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de
1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995;
7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del
Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56
de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13
del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto
44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740
de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de
2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001;
6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y
12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12
del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del
Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6
del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048
de 2007.
10
Radicado: 25000-23-42-000-2021-01038-01 (0800-2025)
Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
de algunas normas que reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e
acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro
que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición
de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la
mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y
prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron
erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario
de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios
a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].
23. Asimismo, la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia del 15 de diciembre de 202015, frente al reconocimiento de la prima
especial para aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial del Decreto 53
de 1993 y a quienes se vincularon con posterioridad, indicó lo siguiente:
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se
hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad
tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100
% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969».
24. A tales conclusiones llegó la sala de conjueces, luego de considerar que «[a]nte
la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía reglamentaria
que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de progresividad y
no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto, aquellos derivados de una
15Radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018), conjuez ponente Jorge Iván Rincón
Córdoba.
11
Radicado: 25000-23-42-000-2021-01038-01 (0800-2025)
Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
relación de derecho administrativo laboral […] [N]o sólo las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998
consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto por el Gobierno Nacional anualmente
hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el
nivel de protección conseguido, aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el
artículo 53 de la Constitución sino además en instrumentos internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales». De acuerdo con lo
anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a un
valor adicional al salario básico.
25. Finalmente, la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202216, declaró la nulidad de los
decretos anuales que establecían el régimen salarial y prestacional para los
servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, dictados en los años 1993
a 2017, al considerar que el 30% del salario básico mensual de los servidores de
esa entidad «no puede ser considerado como prima especial de servicios, como lo
disponen las normas sub judice […], no puede ser imputada como parte del salario, sino
sumada, agregada, adicionada a éste». [Se resalta].
2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión
26. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
27. En la sentencia del 2 de septiembre de 200917, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
16 Radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018), declaró la nulidad de los artículos 6 y 16
del Decreto 53 de 1993, 7 y 18 del Decreto 108 de 1994, 7 y 17 del Decreto 49 de 1995, 7 y 17 del
Decreto 108 de 1996, 7 y 17 del Decreto 52 de 1997, 7 y 18 del Decreto 50 de 1998, 7 y 17 del
Decreto 38 de 1999, 8 y 17 del Decreto 2743 de 2000, 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001, 7 y 16 del
Decreto 685 de 2002, 15 del Decreto 3549 de 2003, 15 del Decreto 4180 de 2004, 15 del Decreto
943 de 2005, 15 del Decreto 396 de 2006, 15 del Decreto 625 de 2007, 15 del Decreto 665 de 2008,
16 del Decreto 730 de 2009, 16 del Decreto 1395 de 2010, 15 del Decreto 1047 de 2011, 15 del
Decreto 875 de 2012, 15 del Decreto 1035 de 2013, 15 del Decreto 205 de 2014, 16 del Decreto
1087 de 2015, 16 del Decreto 219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).
12
Radicado: 25000-23-42-000-2021-01038-01 (0800-2025)
Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
derecho.
28. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
29. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.
30. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior18 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.
31. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.
32. Así, en palabras de esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-0519 «no
aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
2.3. Caso concreto
18 «ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley».
19 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
13
Radicado: 25000-23-42-000-2021-01038-01 (0800-2025)
Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
2.3.1. Hechos probados
33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
33.1. De acuerdo con la constancia de servicios prestados expedida por la FGN 20 la
demandante prestó servicios como delegada ante los juzgados del circuito
especializado desde el 1 de enero de 2017 hasta el 1 de enero de 2020, con «estado
activo». Asimismo, se señala «fecha no solución de continuidad» el «28/05/1996»21.
33.2. Ahora, mediante la Resolución 2-0526 del 24 de mayo de 2021, se indicó que
una vez consultado el sistema de información administrativa y financiera de la FGN
se estableció que la demandante se desempeñaba como fiscal delegada desde el
año 2002 «hasta la presente fecha»22.
33.3. Mediante constancia «Kardex devengados y deducidos» del 14 de abril de
202123 expedida por la FGN, se relacionaron los valores devengados por la
demandante y las correspondientes deducciones desde el año 2018 hasta enero de
2021. Se indicó que ha percibido los siguientes emolumentos: sueldo, gastos de
representación, bonificaciones por actividad judicial, por servicios y judicial, primas
de servicios, de navidad y de vacaciones. Para el efecto, se enlistan los valores
registrados respecto del sueldo:
Sueldo [ incluye el
Prima
Año valor por gastos de
especial
representación]
2017 $7.658.494 $0
2018 $ 5.420.294 $0
2019 $ 6.114.336 $0
2020 $ 6.368.532 $0
2021 $ 6.291.91824 $ 2.831.363
33.4. A través de la constancia de «devengados y deducidos» del 15 de abril de 2021
expedida por la FGN, se relacionaron los valores devengados y las
correspondientes deducciones desde enero del año 2000 hasta enero de 2007 de
la demandante cuando se desempeñó como fiscal delegada ante los juzgados del
circuito, de los cuales se pudo evidenciar que recibió la prima especial desde junio
20 Sin fecha visible de expedición.
21 Samai, índice 2, archivo «1_ED_DEMANDA», página 67.
22 Samai, índice 2, archivo «1_ED_DEMANDA», páginas 58 a 64.
23 Samai, índice 2, archivo «1_ED_DEMANDA», página 80.
24 Mes de enero
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-01038-01 (0800-2025)
Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
del año 2002 hasta diciembre de 2003, pero fraccionando su asignación básica,
así25:
Asignación salarial del
Salario +
Prima gobierno nacional
Año gastos de
especial de
representación Decreto Salario
servicios
Fiscal delegado ante los jueces del circuito especializados
2002 $ 2.032.39326 572.813 685 $ 3.983.291
2003 $ 2.121.530 27 636.459 3549 $ 4.130.275
33.5. El 25 de marzo de 2021 la demandante solicitó ante la FGN el reconocimiento
de la prima especial dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un
incremento a su salario básico, factor salarial y prestacional, así como el reajuste
de sus salarios y prestaciones tomando el 100% de su asignación básica28.
33.6. A través del Oficio radicado 20213100009191 DAP-30110 del 6 de abril de 2021
la FGN resolvió de forma negativa la anterior petición, por cuanto estaba obligada a
dar estricto cumplimiento a los decretos salariales expedidos por el gobierno
nacional, por tanto, los pagos que realizó se encontraban ajustados a los
lineamientos establecidos en la ley y las normas reglamentarias29.
33.7. Contra el anterior oficio la demandante presentó recurso de apelación30, el cual
fue decidido mediante la Resolución 2-0526 del 24 de mayo de 202131 por la FGN
en el sentido de confirmar en todas sus partes el Oficio DAP-30110 radicado
20213100009191.
33.8. El 11 de agosto de 2021, la demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 142 Judicial II Administrativa32.
33.9. El 29 de noviembre de 2021 la Procuraduría 142 Judicial II Administrativa de
Manizales declaró fallida la audiencia de conciliación extrajudicial entre las partes y
se dio por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativo33.
25 Samai, índice 2, archivo «1_ED_DEMANDA», páginas 68 a 75.
26 Mes de junio.
27 Mes de junio.
28 Samai, índice 2, archivo «1_ED_DEMANDA», páginas 42 a 47.
29 Samai, índice 2, archivo «1_ED_DEMANDA», páginas 48 a 51.
30 Samai, índice 2, archivo «1_ED_DEMANDA», páginas 54 a 57.
31 Samai, índice 2, archivo «1_ED_DEMANDA», páginas 58 a 64.
32 Samai, índice 2, archivo «1_ED_DEMANDA», páginas 81 a 83.
33 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116», página 47 y 48.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-01038-01 (0800-2025)
Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
2.4. Análisis sustancial
34. LaSala se pronunciará únicamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, lo que delimita la competencia en esta instancia34.
35. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los
actos administrativos acusados y a título de restablecimiento del derecho condenó
a la FGN a: i) pagar a la demandante la prima especial de servicios en cuantía del
30% adicional a la asignación básica mensual desde el 25 de marzo de 2018 hasta
el 31 de diciembre de 2020; y ii) ajustar los pagos efectuados por concepto de los
aportes a pensión derivados del reconocimiento de la prima especial de servicios,
los cuales son imprescriptibles.
36. La FGN cuestionó la anterior decisión porque consideró que el a quo i) no había
motivado la decisión relacionada con los aportes a pensión, desconociendo lo
dispuesto en el artículo 187 del CPACA; ii) los aportes a pensión debieron ser objeto
del fenómeno jurídico de la prescripción; y iii) el reconocimiento ordenado en la
sentencia de primera instancia vulneraba lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021.
37. Al respecto se encuentra que el artículo 187 del CPACA dispuso: «Contenido de
la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la
demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen. […]».
38. Ahora, frente a lo señalado por el apelante se encuentra que el a quo en la
decisión de primera instancia ordenó ajustar los pagos de cotización a la seguridad
social en pensión de la demandante derivados del reconocimiento de la prima
especial de servicios, sin que se afectara esa obligación por el fenómeno de la
prescripción, con sustento en lo expuesto en la parte considerativa así:
«Finalmente, dado que la prima especial de servicios se considera un factor salarial para
los aportes a la seguridad social en pensión y la Fiscalía General de la Nación no realizó
estos pagos, se ordenará ajustar las cotizaciones de la demandante desde que se
generó el derecho. Esto se hará sin afectar la obligación por el fenómeno de la
prescripción, pues el derecho a la pensión es irrenunciable e imprescriptible, según lo
reconocido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU567 de 2015.” “Como viene
sosteniéndose en esta providencia respecto de la prescripción del derecho a reclamar
prestaciones pensionales, debe insistirse en el carácter irrenunciable e imprescriptible
34
Según el artículo 320 del Código General del Proceso «El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión […]»
16
Radicado: 25000-23-42-000-2021-01038-01 (0800-2025)
Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
del derecho a la pensión[59], pues cuando el pensionado[60] reúne los requisitos
establecidos legalmente para obtener el derecho a la pensión conforme a un régimen en
particular, ésta situación concreta no puede ser desconocida en tanto se “configura un
auténtico derecho subjetivo exigible y justiciable.” »
39. Así las cosas, se observa que el tribunal si efectuó un análisis de la prescripción
de los aportes a pensión, por lo que no es de recibo el argumento de la demandante
del que se evidencia su desacuerdo con esa decisión, comoquiera que consideró
que solo era imprescriptible el derecho a la pensión en sí y no a los aportes.
40. En relación con lo anterior, y según lo expuesto en el marco normativo de esta
providencia, esta corporación ha considerado que es inadmisible que por el paso
del tiempo opere la prescripción de los aportes a pensión, pues las cotizaciones por
ese concepto son un deber por parte del empleador que está relacionado de forma
directa con el derecho fundamental a la seguridad social, esto es, a la pensión en
sí, y a los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones35. Además, ello convalidaría el incumplimiento del
deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social y podría generar
inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.
41. De conformidad con lo expuesto, y teniendo en cuenta la imprescriptibilidad del
derecho a la seguridad social, se adicionará un inciso en el ordinal quinto de la
sentencia a efectos de precisar que para realizar el pago de los aportes o
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones se tomará en
cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más
el 30% correspondiente a la prima especial de servicios36, desde la fecha de la
vinculación al cargo que le otorga ese beneficio37.
42. Ahora, si bien se observa del material probatorio que existen 3 fechas distintas
relacionadas con el inicio del cargo que desempeñó la demandante como fiscal
35
En el mismo sentido se pronunció esta corporación en la sentencia de unificación CE-SUJ2-05 del
25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del 5 de septiembre de
2023, exp. 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, exp. 05001 23
31 000 2003 01216 01 (0450-2014).
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25
de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala
aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención
a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se
causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
17
Radicado: 25000-23-42-000-2021-01038-01 (0800-2025)
Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
delegada ante los juzgados del circuito, esto es, «año 2002»38, «junio de 2002»39 y
el 1 de enero de 201740, este despacho tomará como tal la de junio de 2002
comoquiera que se evidencia del certificado de «devengados y deducidos» que a partir
de ese momento se le empezó a pagar la prima especial de servicios pero de forma
fraccionada, razón por la cual se ordenará a la FGN realizar el pago de los aportes
o cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones desde esa
fecha, sin perjuicio de que verifique el día en que en efecto inició a desempeñar el
cargo en mención para ese mes y año.
43. De conformidad con lo expuesto se modificará y adicionará al ordinal quinto de
la sentencia de primera instancia para que se realicen los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, teniendo en cuenta como ingreso base
de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30% correspondiente a la
prima especial de servicios en el periodo comprendido desde junio de 2002 hasta
que se siga desempeñando en el cargo que le otorga ese beneficio.
44. Se precisa que el cumplimiento de la condena estará condicionado a que la
entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los
conceptos aquí reconocidos.
45. Por otra parte, el Decreto 272 de 2021, dispuso que a partir del 1 de enero de
2021 la prima especial «será adicional a la asignación básica correspondiente a cada
empleo, se pagará mensualmente y únicamente constituirá factor salarial para efecto del
ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de
Seguridad Social en Salud» (sic). Al respecto, el tribunal en la decisión de primera
instancia dispuso condenar a la FGN al reconocimiento y pago de la prima especial
de servicios desde el 25 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, por
cuanto la demandante había realizado la reclamación administrativa el 25 de marzo
de 2021 y la entidad demandada se había obligado a incluir en nómina de los
beneficiarios la prima en mención en virtud del mencionado decreto, el cual entró
en vigencia el 1 de enero de 2021.
46. No obstante, precisó que como ello no implicaba el pago de las diferencias
generadas en los periodos laborales anteriores a esa fecha se declararía la nulidad
de los actos administrativos demandados.
47. En línea con lo anterior encuentra la Sala que en efecto la demandante presentó
su reclamación el 25 de marzo de 2021 y que se desempeñó como fiscal delegada
38 De acuerdo con la Resolución 2-0526 del 24 de mayo de 2021 que resolvió el recurso de apelación
contra el acto administrativo que le negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios.
39 Constancia de «devengados y deducidos» del 15 de abril de 2021 expedida por la FGN.
40 Según la constancia de servicios prestados expedida por la FGN.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-01038-01 (0800-2025)
Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
desde junio del año 2002 y la demanda fue presentada el 1 de noviembre de 2021,
es decir, que se encuentran prescritas las prestaciones causadas con anterioridad
al 25 de marzo de 2018, como lo determinó el a quo, de conformidad con los
artículos 41 y 102 de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.
48. Además, se evidencia que la FGN a través de la constancia «Kardex devengados
y deducidos» del 14 de abril de 2021 reconoció y pagó a María Cecilia Córdoba
Hurtado a partir de enero del año 2021 la mencionada prima por valor de
$2.831.363. Por lo tanto, no se observa el presunto desconocimiento del Decreto
272 de 2021 por parte del tribunal, pues este delimitó el reconocimiento del derecho
reclamado al 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, debe precisarse que la FGN
deberá verificar todos los pagos realizados a la demandante por concepto de la
referida prima desde la entrada en vigencia del mencionado decreto, pues no hay
duda que la demandante tiene derecho a esta prestación como un adicional a su
asignación básica.
2.5. Costas
49. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
50. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
51. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.41
41En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
52. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
50. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
3. Conclusión
51. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no son prescriptibles los
aportes a pensión pues corresponde a un deber del empleador que está relacionado
de forma directa con el derecho fundamental a la seguridad social, esto es, a la
pensión en sí, y a los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario,
igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema
de seguridad social en pensiones, razón por la cual la entidad demandada debía
realizar el pago por ese concepto al Sistema General de Seguridad Social, para lo
cual deberá tomar en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario
básico mensual de la demandante, más el 30% correspondiente a la prima especial
de servicios42, desde la fecha de la vinculación al cargo que le otorga ese beneficio.
52. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia apelada del 31 de
octubre de 2024, dictada por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida
por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por María Cecilia
Córdoba Hurtado en contra de la Fiscalía General de la Nación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del 5 de septiembre
de 2023, exp. 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, exp.
05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-2014).
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Demandante: María Cecilia Córdoba Hurtado
Segundo. Modificar y adicionar al ordinal quinto de la sentencia de primera
instancia proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el cual quedará así:
La Nación, Fiscalía General de la Nación ajustará los pagos de cotización a la seguridad
social en pensión de la demandante derivadas del reconocimiento de la prima especial
de servicios desde junio de 2002 hasta que siga desempeñándose en el cargo que le
otorga ese beneficio, sin afectar esa obligación por el fenómeno de la prescripción, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Lo anterior, sin
perjuicio que la entidad verifique el día del mes y año en mención en que inició a
desempeñarse en el cargo que la hacía beneficiaria de la mencionada prestación y los
pagos realizados con la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021.
Se precisa que para realizar el pago de los aportes en pensiones se tomará en cuenta
como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios, desde la fecha de la vinculación al
cargo que le otorga ese beneficio.
El cumplimiento de la condena estará condicionado a que la entidad demandada no haya
realizado otro pago a la parte demandante por los conceptos aquí reconocidos
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KBV
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