Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00017-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
18 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00017-01 (7473-2023)1
Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima de servicios - Ley 4 de 1992
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide, los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que
accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones.
Luz Patricia Herrera Bermúdez, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo CPACA para solicitar lo siguiente:
Primera: Estarse a lo dispuesto en la Sentencia de 9 de junio de 2014 del H.
Consejo de Estado, dictada dentro del proceso 1100103250002007-00087-00
que declaró la nulidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional durante
los años 1993 a 2007 que fijaron el régimen salarial y prestacional de la Rama
Judicial, en cuanto a la aplicación de la prima Especial para jueces y
magistrados, en consecuencia, se haga abstracción de dichos Decretos.
Segunda: Que se inapliquen para el caso concreto de mi mandante y de este
1
Expediente digital, puede ser consultado en Samai, Consejo de Estado, en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201501779021100103
2
Expediente digitalizado, índice 2 aplicativo Samai
Número interno: 7473-2023
Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
proceso, por ilegales e inconstitucionales las siguientes normas: artículo 7° del
Decreto 567 de 1998; art. 8° del Decreto 723 2009; artículo 8° del Decreto 1388
de 2010; art 8° del Decreto 1039 del 2011; artículo 4° del Decreto 848 de 2012;
artículo 4° del Decreto 1034 de 2013, artículo 8° del Decreto 194 de 2014;
artículo 4° del Decreto 1105 de 2015; artículo 4° del Decreto 246 de 2016,
artículo 4° del Decreto 980 de 2017. Advirtiendo que estos decretos aun cuando
se encuentran demandados, aún no se ha producido su nulidad, por lo que
solicito su inaplicación.
Tercera: Que se declare la nulidad de los actos administrativos: 1) Resolución
No. DESAJBOR21-5267 del 7 de diciembre de 2021 mediante la cual la Nación
– Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional Bogotá negó a la doctora HERRERA
BERMÚDEZ LUZ PATRICIA la reliquidación de sus prestaciones sociales y
laborales, así como el reconocimiento y pago al sistema de seguridad social en
pensiones y cesantías y todo emolumento laboral y prestaciones que se puedan
haber visto incididos y que en el futuro se establezcan y causen, teniendo como
base para su liquidación el 100% del salario básico devengado.
A título de restablecimiento del derecho, la demandante pidió que se ordene: i) la
reliquidación de todas las prestaciones sociales, y los aportes al sistema general
de pensiones, que se puedan haber visto afectadas por la ausencia de pago de la
prima especial de servicios, prevista en la Ley 4ª de 1992; ii) el pago del 30%
adicional al salario que recibe, por concepto de prima especial de servicios; iii) la
reliquidación de todas las prestaciones sociales con la inclusión del 30%, por
concepto de prima de servicios; iv) que se actualicen los valores que debe pagar
la entidad demandada, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, y el
reconocimiento de intereses , de conformidad con lo previsto en el CPACA; v) que,
de oponerse temerariamente a las pretensiones, se condene en costas a la entidad
demandada.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante informó que se encuentra vinculada a la Rama Judicial Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, de la siguiente manera: i) desde el cinco de
junio de dos mil doce (2012) hasta el veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012)
y, ii) desde el primero (1°) de abril de dos mil trece (2013), hasta el veinticinco (25)
de octubre de dos mil veintiuno(2021), por lo menos; en el cargo de juez; en los
siguientes despachos: Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Bituima, Departamento
de Cundinamarca; y el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Nimaima,
Departamento de Cundinamarca.
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Número interno: 7473-2023
Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
Que, por la labor desempeñada, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
ha pagado como contraprestación solamente el 70% del salario que regularmente
certifica el Gobierno Nacional, en los decretos que reglamenta anualmente, de
conformidad con lo previsto en la Ley 4ª de 1992 y, el restante 30%, se consigna
como una prima especial, sin carácter salarial.
La señora Luz Patricia Herrera Bermúdez afirmó que, esta manera de liquidar el
sueldo desconoce lo dispuesto en el decreto reglamentario de la Ley 4ª de 1992, es
decir, el pago del 100% del salario y prestaciones, y un 30% adicional, como prima
especial.
La demandante sostuvo que, el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte
uno (2021), solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional
Bogotá, Departamento de Cundinamarca, la reliquidación y pago de las
prestaciones sociales y el salario, con la inclusión del 30%, correspondiente a la
prima de servicios.
La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional Bogotá, Departamento
de Cundinamarca, por medio de la Resolución No. DESAJBOR21-5267 del siete
(7) de diciembre de dos mil veinte uno (2021), negó la petición de Luz Patricia
Herrera Bermúdez, al considerar que la prima especial reclamada no tiene carácter
salarial, ni prestacional, para la liquidación y pago de las primas de servicio, navidad,
vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados, y solamente
se tiene en cuenta para el Sistema General de Pensiones y de Seguridad Social en
Salud.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
La demandante explicó que, los actos enjuiciados vulneraron las siguientes normas
de carácter convencional, constitucional y legal:
Los artículos 1, 6, 25, 48, 53, 93 de la Constitución Política; los artículos 2, 10 y 14
de la Ley 4ª de 1992; el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.
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Número interno: 7473-2023
Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
La parte demandante argumentó que, los actos enjuiciados desconocen las
disposiciones mencionadas, toda vez que, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial debió pagar el salario en un 100% y, con base en ese porcentaje liquidar
las prestaciones sociales, porque estas últimas se vieron afectadas al reducirse el
salario en un 30%; por ello, los actos cuestionados se encuentran viciados de
nulidad.
2. Contestación de la demanda.
La accionada no contestó la demanda.
3. La sentencia de primera instancia3.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria4,
mediante sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023),
accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas5, de la siguiente
manera:
PRIMERO. - Estese a lo resuelto en la Sentencia del 29 de abril del año 2014 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, dentro del expediente
n° 2007-0087-00. C.P. María Carolina Rodríguez Ruíz, en cuanto declaró la nulidad por
inconstitucionalidad de algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, e inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron un
entendimiento diferente en el sentido de disminuir el derecho a la prima, en cuanto no
se considere un aumento sino una disminución, por las razones expuestas.
SEGUNDO. - Estese a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación SUJ-016- CE-S2-2019 del 2 de
septiembre del 2019, con ponencia de la Conjuez Carmen Anaya de Castellanos, por
las razones expuestas en el caso concreto de esta sentencia.
TERCERO. - Declarar de oficio la excepción de prescripción trienal extintiva de los
valores pedidos por la demandante, causados con anterioridad al 19 de noviembre de
2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO. - Declarar la nulidad del acto administrativo, la Resolución N°
DESAJBOR21-5267 del 7 de diciembre del 2021, emitido por el director ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO.- Condenase a la Nación – Rama Judicial, a reconocer y pagar a la
demandante LUZ PATRICIA HERRERA BERMÚDEZ, retroactivamente, el REAJUSTE
SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias
prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima
de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y
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Ídem
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Luis Eduardo Pineda Palomino
5
Folios 147 a 154.
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Número interno: 7473-2023
Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
pensión, bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 19 de noviembre
del 2018, en adelante, y hasta cuando funja como Juez de la República, por habérsele
deducido durante los extremos temporales laborados, computando para este ejercicio
el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente
para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima consagrada en la
citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación
de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad
social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
(…)
NOVENO. - No condenar en costas.
El Tribunal, consideró que, los trabajadores gozan de una especial protección
Constitucional y Convencional, y atendiendo el mandando de progresividad mal hizo
el Estado al reglamentar el artículo 14 de Ley 4ª de 1992, pues, incurrió en una
regresión de los derechos laborales.
En la sentencia de Primera Instancia, el tribunal concluyó que, al no habérsele
reconocido y pagado a la demandante su derecho a percibir el 30% de la
remuneración mensual faltante para un total del 100% del salario, con las
consecuencias prestacionales incluidas las cesantías, intereses a las cesantías y la
prima especial de servicios, contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
tomando en cuenta el tope legal, se accederá al reconocimiento de este derecho en
los extremos temporales laborados como Juez de la República, pero con la precisión
que será desde el 19 de noviembre de 2018 hasta cuando sea titular del derecho.
Sobre la prescripción, el A-quo explicó que, en este caso, la demandante hizo su
petición el día diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno ( 2021), por
ello, operó el fenómeno jurídico de la prescripción de los derechos causados con
anterioridad al diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018),
teniendo derecho a lo pedido a partir de esta última fecha, salvo que éstos si deben
ser tenidos en cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación o aportes para
el sistema de seguridad social en pensiones, por ser un derecho irrenunciable e
imprescriptible y constituir factor salarial para estos efectos, respecto del 30%.
4. Los recursos de apelación6.
La demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia. En concreto,
sostuvo lo siguiente:
S
Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, índice 40
5
Número interno: 7473-2023
Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
La entidad demandada, invocó la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, SUJ-016-
CE-S2-2019, de fecha 02 de septiembre de 2019, radicado 2016- 00041-02;
posteriormente trascribió algunos apartes de la misma, sin mencionar porque está
en desacuerdo con la providencia de Primera Instancia.
Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Antioquia
sostuvo que, de acuerdo con el Decreto 272 de 2021, desde el mes de abril de 2021
se pagó, por nómina, la prima especial del 30%, como valor adicional a la asignación
básica; pero resulta inviable pagar las obligaciones anteriores a 2021, toda vez que,
no existe apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, que permita cubrir dichas acreencias laborales.
Luz Patricia Herrera presentó recurso de apelación contra la sentencia de Primera
Instancia, con el fin de modificar la fecha de prescripción, porque consideró que se
contabilizó mal el término, puesto que, debe reconocerse el derecho desde que
prestó sus servicios como juez, esto es, desde el 5 de junio de 2012 y hasta cuando
desempeñe este cargo. Sobre el particular, expresamente indicó lo siguiente:
«resulta absurdo que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, haciendo
una interpretación ajustada a sus intereses misionales como entidad y justificando
su interpretación errada en un análisis económico y presupuestal, haya reducido
el salario de mi prohijada en un 30% desde el 2012 (fecha desde la que ella funge
como Juez de la República) sin observancia del principio in dubio pro operario, las
garantías constitucionales y legales laborales, incurriendo en un enriquecimiento
sin causa o justificación jurídica pertinente, teniendo en cuenta que, según el propio
precedente jurisprudencial, antes de la sentencia proferida por la Sección Segunda
– Sala de Conjueces del Consejo de Estado de 29 de abril de 2014 – Expediente
2014, Conjuez Ponente María Carolina Rodríguez Ruiz (que declaró la nulidad de
los artículos que desarrollaron de forma errada la interpretación y pago de la Prima
Especial de Servicios), no existía un referente legal como tampoco claridad sobre
un punto de partida para comenzar a contabilizar los términos de esta figura
jurídica (la prescripción extintiva de los derechos reclamados en este proceso) y
así aplicarla, dada la ausencia de exigibilidad, generando así una desmejora de
los derechos laborales de mi poderdante»
5. Trámite segunda instancia
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Número interno: 7473-2023
Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
A través del auto del primero (1°) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)7, este
despacho admitió los recursos de apelación interpuesto por las partes, conforme a
lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. En el término de
ejecutoria de esta decisión, la parte demandada presentó alegatos de conclusión, la
demandante y el agente del Ministerio Público, guardaron silencio8.
La entidad demandada, reiteró los argumentos del recurso de apelación, además,
afirmó que, en el sub-lite, las diferencias salariales causadas con anterioridad al
diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se encuentran prescritas.
CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, a menos que ambas partes hayan apelado la sentencia o la
parte que no apeló se adhiere al recurso, en cuyo caso, la segunda instancia decide
sin limitaciones.
2.2 Problemas jurídicos
De acuerdo con los recursos de apelación presentados por las partes, la Sala
deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
7
Índice 6 Samai
8
Índice 11 aplicativo Samai Consejo de Estado, obra informe secretarial con paso a despacho para fallo, en el que precisó
que la decisión fue notificada a las partes y la demandada presentó alegatos de conclusión.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002342000202200017011100103
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»
7
Número interno: 7473-2023
Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
¿El argumento presentado por la entidad demandada sobre la imposibilidad
presupuestal para el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en los periodos anteriores a 2021, y las diferencias
salariales y prestacionales ocasionadas por la disminución de la remuneración
mensual; constituye una razón válida para negar la pretensión?
¿en el presente asunto, operó el fenómeno de la prescripción extintiva? En caso
afirmativo, ¿sobre qué emolumentos debe declararse?
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.2. Hechos probados; y 2.2.3.
Caso concreto.
2.1 Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.
Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, literal e) de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas,
dictar las normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».
En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador expidió
la Ley 4 de 1992, la cual, en el artículo 14 creó la prima especial de servicios como
un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de Guerra y jueces de
Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.
Posteriormente, el Gobierno nacional mediante el Decreto No. 57 de 1993 10,
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«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de
la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
estableció un nuevo régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar en Colombia, por lo que,
en su artículo 2° otorgó a dichos funcionarios la posibilidad de optar, por una sola
vez y dentro de un plazo determinado, por acogerse a las nuevas condiciones
establecidas. En su tenor literal, el artículo 2° refiere lo que a continuación se cita:
«ARTÍCULO 2º. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia
Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el
régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores
públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo
dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha»
Por su parte, el artículo 6 del referido decreto sostuvo que: «se considerará como
prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de
los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
Contencioso Administrativo, de los jueces de la República, de los magistrados y
fiscales del Tribunal Superior Militar, los auditores de guerra y jueces de Instrucción
Penal Militar».
Vale recordar que, el Gobierno nacional ha expedido una serie de decretos
salariales (entre ellos los Decretos N° 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996 y así
sucesivamente hasta el 594 de 202511), mediante los cuales reafirmó que la prima
especial del 30% otorgada a ciertos funcionarios judiciales no tiene carácter salarial.
Esta prima, establecida conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se reconoció
como un pago adicional al salario básico de magistrados, jueces, fiscales del
Tribunal Superior Militar y otros cargos judiciales y administrativos, sin que formara
parte del salario para efectos como cesantías o liquidaciones ordinarias.
De igual manera, los Decretos 106 de 1994, 43 de 1995 y 36 de 1996 dispusieron
que para determinados servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura,
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, tales
como el secretario general, magistrado auxiliar, jefe de control interno, directores
(administrativo, de planeación, del Registro Nacional de Abogados, de unidad),
11
“ARTÍCULO 4. Prima especial. Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, con excepción de los
señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho a percibir a partir del 1 de enero de 2025, una prima especial,
sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico.”
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Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
secretario de sala o sección y relator; de la Dirección Nacional de Administración
Judicial, directores nacional, administrativo y seccional; y de los tribunales judiciales,
abogado asesor; el treinta por ciento (30 %) de la remuneración mensual tendría la
naturaleza de prima especial sin carácter salarial.
De acuerdo con este contexto, surgió una primera interpretación que sostenía que
la prima especial creada por el Congreso de la República en virtud de la Ley 4 de
1992 equivalía al 30 % de la asignación básica, suma que debía considerarse
adicional al 100 % de dicha asignación, resultando en un total del 130% [producto
de adicionar la prima al salario básico]; y, una segunda interpretación que, afirmaba
que la asignación mensual básica debía entenderse como el 70% del ingreso,
siendo el 30% restante el valor correspondiente a la prima especial de servicios
recientemente instituida, de modo que ambos componentes conformaban el 100 %
de la remuneración laboral del servidor público; es decir que, se deducía del total el
porcentaje reconocido como prima.
Atendiendo a las diferencias interpretativas sobre el alcance de la mencionada
prima especial, esta Sección, a través de la sentencia proferida el 29 de abril de
201412, declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
al considerar que, «de acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto
es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno nacional contravino los criterios
fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como
se pudo observar, el literal a) del artículo 2 de la mencionada Ley estableció que de
ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin
embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
“SEGUNDO. Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes Artículos:
12
9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del
Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del
Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del
Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del
Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999;
6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000;
9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de
2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682
de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del
Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004;
8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006;
6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007;
8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.”
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Número interno: 7473-2023
Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
Con posterioridad, esta vez a través de la Sala de Conjueces, la Sección Segunda
de la Corporación, profirió la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, en la cual, analizó la
naturaleza y alcance de la prima especial de servicios contemplada en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, precisando que, corresponde a un valor adicional al ingreso
de los servidores, que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo
laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento de deducción
que afecte negativamente los derechos del trabajador. En la sentencia, se fijaron
los siguientes derroteros de interpretación, que sirven de parámetro para definir los
casos en los que se discute el reconocimiento de dicha prima especial.
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de
la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial,
Fiscalía, Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin
que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía
General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir,
con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar
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Número interno: 7473-2023
Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes
no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que
por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías.
Este 80% es un piso y un techo.
Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia de la Sala Plena
de Conjueces, del Consejo de Estado, se procede a decidir el presente caso.
2.2.2 Hechos probados. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
1) De acuerdo con la certificación de la Coordinadora de Talento Humano de la
Unidad de Recursos Humanos de la Seccional del Consejo Superior de la
Judicatura, expedido el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)
se evidencia que, la señora Luz Patricia Herrera Bermúdez, se encuentra
vinculada a la Rama Judicial, desde el primero (1º) de abril de dos mil trece
(2013), y para la fecha de expedición del certificado, prestaba funciones como
juez municipal, en el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Nimaima,
Departamento de Cundinamarca:
2) De acuerdo con la certificación de la Coordinadora de Talento Humano de la
Unidad de Recursos Humanos de la Seccional del Consejo Superior de la
Judicatura, expedido el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)
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Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
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la señora Luz Patricia Herrera Bermúdez, se encuentra vinculada a la Rama
Judicial, desde el cinco (5) de junio de dos mil doce (2012) Juzgado 001
Promiscuo Municipal de Nimaima , Departamento de Cundinamarca,
nombrada en provisionalidad, perteneciente al régimen salarial de acogidos a
planta permanente, y devenga los siguientes conceptos:
3) El diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) la señora Herrera
Bermúdez solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, la reliquidación y el pago
efectivo de las diferencias que se causaron por la ausencia de pago de la
prima especial de servicios.
4) A través de la Resolución No. DESAJBOR21-5267 del siete (7) de
diciembre de dos mil veinte uno (2021), la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional Bogotá, Departamento de Cundinamarca,
negó la petición, al considerar que: «por mandato expreso del Decreto 272 de 2021
la prima especial de servicios no tiene carácter salarial ni prestacional, lo que significa que
dicho porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de
servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados, ya
que solo se tendrá en cuenta para el Sistema General de Pensiones y de seguridad social en
salud».
En esta misma resolución, la entidad demandada precisó que la accionante
ha ejercido como funcionaria judicial, de acuerdo con la siguiente información:
2.2.3. Caso concreto
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Número interno: 7473-2023
Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
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La señora Luz Patricia Henao Bermúdez solicitó la nulidad de la Resolución No.
DESAJBOR21-5267 del 7 de diciembre de 2021 mediante la cual la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bogotá, Departamento de
Cundinamarca, negó el reconocimiento y pago de la prima especial en un porcentaje
del 30 %, así como la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta
el 100 % del salario básico, con el respectivo pago de las diferencias resultantes
entre lo liquidado y lo que se debía pagar. Porque consideró que, esta decisión
desconoció las normas superiores en las que debía fundarse.
La Sala Transitoria, de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la
jurisprudencia de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado20, consideró que la demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de
la prima especial, como un incremento adicional a la asignación básica y, por ello,
accedió a las pretensiones de la demanda, para lo cual ordenó a la entidad
demandada, reconocer y pagar, el reajuste salarial que corresponda al 30% del
salario básico mensual, con sus consecuencias prestacionales.
La parte demandada presentó recurso de apelación, en el que, argumentó que
existe una imposibilidad presupuestal, para pagar la prima especial de servicios.
La parte demandante impugnó la decisión, para que se modificara la fecha en la
que se configuró la prescripción.
Debe precisarse que, conforme se dijo en precedencia, la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha sido enfática en señalar que la prima especial debe ser un
adicional al 100% del salario básico y/o asignación básica, y no una parte de
este, como se venía liquidando por la entidad accionada; así mismo, ha quedado
sentado que aquella – prima especial de servicios- solo es factor salarial para el pago
de aportes pensionales y, en consecuencia, no sirve de base para la liquidación de
prestaciones sociales; no obstante, tales prestaciones sociales deben ser liquidadas
teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle o restarle el 30%
de la prima especial de servicios. Son beneficiarios de la citada prima, entre otros,
quienes desempeñen cargos de jueces.
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Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
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En el sub examine, de acuerdo con el material probatorio allegado legal y
oportunamente al proceso, se evidencia que la señora Luz Patricia Henao
Bermúdez, presta sus servicios como juez desde el cinco (5) de junio de dos mil
doce (2012) hasta el veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012); desde el
primero (1) de abril de dos mil trece (2013) hasta el treinta y uno (31) de diciembre
de dos mil veinte (2020), y desde el primero (1°) de enero de dos mil veintiuno (2021)
hasta la fecha de la última certificación.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, al caso del accionante le resultan
aplicables las reglas jurisprudenciales establecidas por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda, mediante sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 concluyéndose que,
en los periodos en que ha prestado sus servicios como juez; le asiste el derecho al
reconocimiento y pago del equivalente al 30% por prima especial de servicios
establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, aclarándose que en ningún caso,
se podrá superar el valor máximo fijado por el Gobierno Nacional.
Ahora, en cuanto a la reliquidación de prestaciones sociales es preciso reiterar que
la prima especial de servicios no es factor salarial, en consecuencia, no puede servir
de base para liquidar aquellas. No obstante, tales prestaciones deben ser
canceladas sobre el 100% de la asignación básica, se insiste, sin incluir el 30% de
la prima especial de servicios cuyo pago aquí se ordena.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional de Bogotá,
Departamento de Cundinamarca manifestó que es imposible el reconocimiento
pedido por la señora Herrera Bermúdez, toda vez que, no existe apropiación
presupuestal para el efecto.
Debe señalarse que, de manera clara el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 dispuso la
obligación de reconocer y pagar la prima especial, que debe ser considerada como
parte del ingreso base para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Por
consiguiente, la negativa del reconocimiento y pago de esta prima contraviene el
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Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
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derecho salarial consagrado en la norma mencionada y, además, perjudica los
aportes que, conforme a la misma disposición deben efectuarse al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones.
En consecuencia, la entidad demandada está obligada a gestionar los recursos
necesarios para dar cumplimiento a la obligación legal establecida, sin que sea
admisible desconocer el derecho laboral y prestacional protegido por la Constitución
Política de 1991 en sus artículos 48 y 53, bajo el argumento de planificación
presupuestal. Es preciso resaltar que, además, el aporte para pensión constituye un
derecho irrenunciable e imprescriptible.
Al respecto, la Corte Constitucional13 ha sostenido de manera reiterada que las
dificultades económicas y presupuestales que enfrentan diversas entidades
públicas no justifican el incumplimiento de las obligaciones laborales, por lo que tal
circunstancia no exime a la entidad demandada de su deber legal.
Vistas así las cosas, es una obligación ineludible de la entidad demandada gestionar
y disponer de los recursos necesarios para cumplir con el imperativo legal que le ha
sido impuesto, sin que pueda ampararse en la planificación presupuestal para
desconocer los derechos laborales y prestacionales que el ordenamiento
constitucional protege en sus artículos 48 y 53. Resulta especialmente relevante
que, el aporte para pensión constituye un derecho irrenunciable e imprescriptible.
De acuerdo con ello, la respuesta al primer problema jurídico es negativa.
Ahora bien, en relación con el segundo problema jurídico, orientado a determinar,
sí el tribunal A-quo, se apartó de la forma de contabilizar la prescripción señalada
por la jurisprudencia, la Sala considera que, este punto no tiene mayor discusión,
teniendo en cuenta que, en efecto, la Sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, para
contabilizar la prescripción dispuso la siguiente regla:
«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar
la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la
fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de
allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969»
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SU-090 de 2000, magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, T- 259 de 1999, magistrado ponente Alfredo Beltrán
Sierra.
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En este orden, se tiene que, la Primera Instancia, observó lo precisado en la regla
que se acaba de transcribir, pues, contabilizó el término de prescripción desde que
la obligación se hizo exigible. En el sub-lite, la reclamación administrativa se realizó
el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), lo que significa que
prescribieron los periodos anteriores al diecinueve (19) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018); como lo concluyó el A-quo.
Para la Sala, sin acudir a mayores disquisiciones, de acuerdo con lo demostrado,
es claro que el argumento de la demandante no es acertado, y en tal sentido, la se
confirmará la sentencia atacada.
Finalmente, debe precisarse que, comoquiera que la prima especial de servicios es
base para la liquidación de aportes pensionales, aun cuando este aspecto no fue
parte de los reproches al fallo, debe esta instancia pronunciarse dada la
característica de irrenunciables e imprescriptibles de aquellos.
Así las cosas, se precisa que, sobre el reajuste salarial y prestacional aquí ordenado
debe la entidad realizar los aportes al sistema de seguridad social en pensión
respectivos.
Aunado a lo anterior, debe indicarse que, si bien sobre el derecho al reajuste salarial
y prestacional que aquí se ordena opera la prescripción en los términos que dispuso
el Tribunal, esto es, los causados con anterioridad al 19 de noviembre de 2018; no
es menos cierto que, sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones no opera la citada figura jurídica; ante ello, se ordenará a la entidad que
proceda a realizar el pago de dichos aportes pensionales sobre ese incremento del
30% que correspondía a la prima especial de servicios en mención, en el evento de
no haberse efectuado aquel pago de aportes pensionales, durante los periodos en
que la demandante ha ejercido el cargo de Juez y, por tanto, era acreedora de la
citada prima.
En virtud de ello, se adicionará la sentencia del tribunal ordenando el pago de los
aportes pensionales en la forma indicada anteriormente
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Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
Para concluir, la Sala considera necesario precisar que, el reconocimiento y pago
de la prima especial ordenado en la sentencia de primera instancia es procedente
por el tiempo en que la demandante permanezca en el cargo que le dan derecho a
devengarla de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. Lo anterior, sin perjuicio de que
la entidad verifique los pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor del
Decreto 272 de 2021, por medio del cual se establece la prima especial de que trata
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
En atención a lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará parcialmente la
sentencia del treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria.
2.4 Condena en costas.
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. - CONFIRMAR parcialmente, la sentencia del treinta (30) de junio de
dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda, Sala Transitoria, que accedió a las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Luz Patricia
Herrera Bermúdez contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia de Primera instancia,
que quedará así:
QUINTO.- Condenase a la Nación – Rama Judicial, a reconocer y pagar a la
demandante LUZ PATRICIA HERRERA BERMÚDEZ, retroactivamente, el REAJUSTE
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SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias
prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima
de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y
pensión, bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 19 de noviembre
del 2018, en adelante, y hasta cuando funja como Juez de la República, por habérsele
deducido durante los extremos temporales laborados, computando para este ejercicio
el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente
para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima consagrada en la
citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación
de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad
social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
Dicho reconocimiento tendrá lugar durante el tiempo en que la demandante ejerció
el empleo que le permitía percibir la mencionada prestación. En ningún caso las
sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por
el gobierno nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad verifique los pagos realizados con ocasión
de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se establece la
prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deberá reliquidar y
pagar a favor de la señora Luz Patricia Herrera Bermúdez las cotizaciones o aportes
hechos al sistema general de seguridad social en pensiones, teniendo en cuenta el
reajuste salarial y prestacional aquí ordenado, durante todo el tiempo que la citado
demandante haya ejercido cargos que lo hagan beneficiario del reconocimiento de
la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1993, sin
aplicar el fenómeno de la prescripción.
TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
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Demandante: Luz Patricia Herrera Bermúdez
Demandada: Nación – Rama Judicial
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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