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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00522-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00522-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2022-00522-01 (0508-2024) Demandante: Diana González Rodríguez PRIMERO. Confirmar la sentencia del 27 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E” que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00522-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de marzo de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2022-00522-01 (0508-2024)
Demandante: Diana González Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00522-01 (0508-2024)
Demandante: Diana González Rodríguez
Demandado: Nación - Rama Legislativa - Cámara de Representantes.

Temas: Régimen de cesantías retroactivas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 27 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E”, que
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La señora Diana González Rodríguez por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, solicitó que se
declare la nulidad del oficio núm. D.P.4.1.1877-20 del 16 de octubre de 2020,
aclarado el 14 de diciembre de 2020, por medio del cual la Nación - Rama
Legislativa - Cámara de Representantes negó la liquidación y el pago de las
cesantías de la actora aplicando el régimen de retroactividad.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó que se condene a la demandada a: i) realizar los reajustes que
correspondan por concepto del retiro parcial de sus cesantías desde su vinculación
a la entidad y las que en adelante se causen hasta que se produzca la liquidación
definitiva, ii) pagar con destino al Fondo Nacional del Ahorro los dineros que
correspondan para garantizar que las cesantías parciales o definitivas de la

1 SAMAI. 25000234200020220052201. Actuación: “Expediente digital”. Índice: 00002. -
“4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAANEXOS.pdf”

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00522-01 (0508-2024)
Demandante: Diana González Rodríguez

demandante sean liquidadas conforme al régimen retroactivo y iii) condenar en
costas y agencias en derecho.

Hechos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

5. La señora Diana González Rodríguez se vinculó a la Cámara de Representantes
con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, al tomar posesión de su cargo el 8 de
febrero de ese mismo año, fecha para la cual se encontraba vigente el régimen
retroactivo de las cesantías.

6. No obstante, en la actualidad sus cesantías son liquidadas y pagadas bajo el
régimen anualizado consagrado en la Ley 344 de 1996, pese a no haber consentido
expresamente su renuncia al régimen retroactivo.

7. La actora ha venido prestando sus servicios a la entidad sin solución de continuidad
y sus cesantías son administradas por el Fondo Nacional del Ahorro.

8. El 14 de septiembre de 2020 la demandante peticionó ante la Cámara de
Representantes el reconocimiento y pago de sus cesantías con retroactividad.
Solicitud que fue resuelta de manera negativa a través del oficio núm. D.P.4.1.1877-
20 del 16 de octubre de 2020 aclarado el 14 de diciembre de 2020.

9. El mismo día, requerimiento similar fue presentado ante el Fondo Nacional del
Ahorro radicado bajo en núm. 02- 4601- 202009142405085. Entidad que dio
respuesta negativa en comunicado del 28 de octubre de 2020, al considerar que el
empleador es a quien le corresponde definir el régimen de cesantías aplicable.

Fundamentos de derecho y concepto de violación

10. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 29, 42, 48 y 53 de
la Constitución Política; 138 y 155 numeral 2º del CPACA; 21 del Código
Sustantivo del Trabajo; Decreto Reglamentario 1582 de 1998; artículos 17 Literal
A de la Ley 6° de 1945; 11 del Decreto 1600 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 1 y
6 del Decreto 1160 de 1947; 3, 27, 32 del Decreto 3118 de 1968; 7 de la Ley 33
de 1985 y 13 de la Ley 344 de 1996.

11. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso
que desconocer a la señora Diana González su derecho al régimen con
retroactividad de las cesantías, pese a haberse vinculado con anterioridad al 31
de diciembre de 1996, comporta una clara violación a los principios y preceptos
normativos relativos al debido proceso, igualdad y favorabilidad.

12. El derecho al reconocimiento y pago de cesantías parciales o definitivas con
retroactividad se consagró desde los orígenes de nuestra legislación laboral, a

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Demandante: Diana González Rodríguez

partir de la Ley 6ª de 1945 y sus modificaciones, y se mantuvo vigente para el caso
de los empleados del congreso hasta la expedición de la Ley 344 de 1996. Por lo
que, quienes entraron a laborar a dicha corporación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1996 conservan el régimen anterior, como es el caso de la
demandante.

Contestación de la demanda

13. La Nación - Rama Legislativa - Cámara de Representantes2 al contestar la
demanda se pronunció sobre los hechos y se opuso a todas las pretensiones.

14. Tras hacer un recuento del historial laboral de la actora al interior de la entidad,
expuso que, durante los períodos posteriores a su nombramiento inicial del 3 de
julio de 1996, la funcionaria tuvo encargos, mismos que, siendo ejercidos bajo el
amparo de la Ley 344 de 1996, implican que sobre estos deba aplicarse el régimen
anualizado en cesantías.

15. Propuso las excepciones de “pago”, “prescripción”, “inexistencia de la obligación y
cobro de lo no debido” y “buena fe”.

Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E”,
mediante sentencia del 27 de octubre de 20233, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que no es procedente reliquidar las cesantías de la
demandante dando aplicación al régimen retroactivo, en tanto a que su vinculación
laboral como empleada de la Rama Legislativa se efectuó el 8 de febrero de 1996,
y el régimen salarial y prestacional aplicable era el de la Rama Ejecutiva del orden
nacional por remisión expresa del Decreto 1111 de 1992, servidores a los cuales
desde la expedición del Decreto 3118 de 1968 les era aplicable el régimen
anualizado.

17. Y si bien, la Ley 344 de 1996 señaló que a partir de su publicación las personas
que se vincularan a los órganos y entidades del Estado quedarían sometidas al
régimen anualizado de cesantías, al momento de su expedición ya existían normas
que disponían la aplicación de dicho régimen para algunos servidores públicos,
como ocurrió para los de la rama ejecutiva del orden nacional vinculados después
del Decreto 3118 de 1968, aplicable a la demandante por remisión del Decreto
1111 de 1992.

Recurso de apelación4

2 Expediente digital – “10_Contestación.pdf”
3 Expediente digital – “025_SENTENCIA.pdf”
4 Expediente digital – “028_Recurso de apelacion.pdf”.

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00522-01 (0508-2024)
Demandante: Diana González Rodríguez

18. El apoderado de la demandante inconforme con la decisión adoptada por el
tribunal, interpuso el recurso de apelación con el cual solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan la totalidad de las
pretensiones.

19. Puso de presente que en la actualidad coexisten dos regímenes para la liquidación
del auxilio de cesantía, el retroactivo y el anualizado, y la permanencia en uno u
otro depende de la fecha en que el respectivo funcionario se haya vinculado al
servicio del Estado, esto es sí lo hizo antes o después del 31 de diciembre de
1996, fecha de entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.

20. Ni el Decreto 1111 de 1992, ni ninguna otra disposición anterior a la Ley 344 de
1996, determinó expresamente el desmonte del régimen de cesantías con
retroactividad para los empleados del Congreso.

21. Si bien, existen disposiciones como la contenida en el artículo 2º del Decreto 906
de 1992, que determinaron el desmonte de cesantías para los nuevos miembros
del Congreso, esta disposición no cobija a los empleados de la entidad, sino
exclusivamente a senadores y representantes.

22. El campo de aplicación del Decreto 3118 de 1968, conforme lo indica su artículo
27, no le es pertinente a la demandante como funcionaria pública de la Rama
Legislativa, sino que se aplica a las entidades de la Rama Ejecutiva en el nivel
nacional.

23. El tribunal ha proferido sentencias en las que se concluyó que «los empleados del
Congreso de la República continuaron afiliados al sistema retroactivo que
consagra la Ley 6 de 1945 y demás normas que lo regulan y no por el sistema
anualizado previsto en el Decreto 3118/68, régimen que se mantuvo para quienes
se hubiesen vinculado a dicha entidad antes de la entrada en vigencia de la Ley
344 de 1996»5.

24. Una interpretación contraria genera una violación a principios superiores como el
de igualdad, confianza legitima, debido proceso y favorabilidad en favor de los
trabajadores y empleados del Estado.

25. Los Decretos 1111 de 1992 y 3118 de 1968 no consagraron expresamente el
desmonte del régimen con retroactividad de las cesantías para los empleados del
Congreso. Además, se encuentra demostrada la vinculación de la actora a la
Cámara de Representantes antes del 31 de diciembre de 1996, entidad en la cual
se mantiene en servicio activo y sin solución de continuidad, sin haber renunciado
a la retroactividad de sus cesantías.

5 Citando por el recurrente, referente a las Sentencia del 19 de enero de 2023 del (08) de junio de dos mil veintitrés

(2023). - Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda- Radicación: 25000-23-42-000-2022-00491-
00

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00522-01 (0508-2024)
Demandante: Diana González Rodríguez

Trámite correspondiente a la segunda instancia

26. Mediante auto del 28 de febrero de 20246 se admitió el recurso de apelación.

27. Dentro de la oportunidad legal la parte demandada guardó silencio.

28. El agente del Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primera instancia,
para ello expuso que la vinculación de la accionante tuvo lugar el 8 de febrero de
1996, cuando tomó posesión del cargo. Por tanto, quedó bajo las normas que
regulan el régimen de cesantías de los empleados de la rama ejecutiva del orden
nacional, correspondiente al régimen anualizado del Decreto 3118 de 1968, en
concordancia con el Decreto 1111 del 8 de julio de 1992.

29. Añadió que contrario a lo expuesto por la apelante, el Decreto 906 de 1992 es
aplicable a los miembros y empleados del Congreso de la República.

30. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

31. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7.

32. De igual forma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.

Problema jurídico

33. Le corresponde a la Subsección determinar si a la demandante, en su calidad de
empleada del Congreso de la República, le asiste el derecho a la reliquidación de
sus cesantías bajo el régimen retroactivo o si le es aplicable el régimen anualizado,
como lo consideró el tribunal de primera instancia.

34. A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.3. Cesantías, 2.4. Régimen anualizado de cesantías, 2.5.

6 SAMAI. 25000234200020220052201. Actuación: “Auto que admite recurso de apelación”. Índice: 00004.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00522-01 (0508-2024)
Demandante: Diana González Rodríguez

Régimen de cesantías a favor los miembros y empleados del Congreso de la
República, 2.6. Hechos probados y 2.7. Caso concreto.

Cesantías

35. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un ahorro
para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una ayuda
económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en lo que
concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo que
no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.»8

36. La Corte Constitucional ha resaltado con relación a las cesantías, que dentro de
los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el pago de
las acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a la dignidad
humana y la manutención familiar en el marco de las relaciones laborales, y dentro
de esas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantías9.

37. Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.

38. La Ley 6 de 1945 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente10.

39. Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder
público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las cesantías
se tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido
modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo
devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a
ese lapso.

Régimen anualizado de cesantías

40. Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 11, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y

8
SU 448 de 2016, SU 098-18.
9 Sentencia C-486 de 2016
10 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
11 Artículo 1° del mencionado Decreto.

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comerciales del Estado del orden nacional. Según el artículo 27, se estableció un
régimen anualizado en los siguientes términos:

«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado,
liquidarán las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»

41. La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los empleados
tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el artículo 49,
que señaló lo siguiente:

«Artículo 49°Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos
y las empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el
Fondo Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se
causen en favor de sus empleados y trabajadores.

Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente manera:

a. Mensualmente, las entidades en referencia, deberán depositar en el Fondo una
doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por
salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar el auxilio
de cesantía, y

b. Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades
depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la liquidación de que trata el
artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán
derecho a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la
liquidación.»

42. Lo expuesto en párrafos anteriores, corresponde a la constitución del régimen
anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que hoy
subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la
causación de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.

43. Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 199612, respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen
de cesantías:

12 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

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El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;

Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica
al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»

44. Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen anualizado
de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la Ley 50 de 1990
modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió incluso a los
servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de 199813.

45. La Ley 50 de 199014, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:

«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:

1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.

4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

13 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial

y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»
14 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”

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5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la
misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el
efecto.

6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación
se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el
Gobierno Nacional, en orden a:

a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los
trabajadores, en todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse
hacia el financiamiento de actividades productivas.

7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley,
continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al
auxilio de cesantía.

Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar,
el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar
a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que
cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.»
(negrillas y subrayado fuera de texto original).

46. No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.

47. En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos se acogieran
al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, que es la
siguiente:

«Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que
decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente
forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de
la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán
emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen,
un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las

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características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites
legales necesarios para su expedición.»

48. Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 2 del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002.

Régimen de cesantías a favor de los miembros y empleados del Congreso de la
República.

49. La Ley 28 de 198315 en su artículo 1° estableció que todas las personas naturales
que presten sus servicios al Congreso de la República son empleados de la Rama
Legislativa. Los cuales, indistintamente del tipo de nombramiento, estarán afiliados
a la Caja Nacional de Previsión Social, tendrán derecho al subsidio familiar y
gozarán de todas las prestaciones sociales consagradas en la Ley 52 de 197816,
entre las que se destaca el auxilio de cesantías.17

50. La Ley 33 de 198518, creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República encargado de efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales de los congresistas, de los empleados del Congreso y de los empleados
del mismo fondo.19

51. El Decreto 2837 de 1986 al reglamentar las condiciones y términos necesarios
para el reconocimiento y efectividad de las prestaciones sociales a cargo de dicho
Fondo, en su artículo 3° estableció como afiliados: «a) Los Parlamentarios que
hayan tomado posesión del cargo y los empleados del Congreso y los empleados
del Fondo que presten sus servicios en empleos de carácter permanente. b) Los
Parlamentarios principales que no se hayan posesionado para los efectos
previstos en los parágrafos 1°y 2°del artículo 7°de la Ley 48 de 1962, y c) Los
pensionados cuya mesada deba cancelar el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República, de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985.»

15 “Por la cual se establece la categoría de Empleados de la Rama Legislativa del Poder Público y se dictan otras

disposiciones”.
16 Ley 28 de 1983 Artículo 4. Los empleados de la Rama Legislativa del Poder Público, cualquiera que sea el origen

de su nombramiento, estarán afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social, tendrán derecho al subsidio familiar
y gozarán de todas las prestaciones sociales consagradas en la Ley 52 de 1978.
17 Ley 52 de 1978 Artículo 5º. La Caja Nacional de Previsión Social o la entidad que haga sus veces, prestará,

reconocerá y pagará a los empleados de ambas Cámaras, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias,
los siguientes servicios y prestaciones sociales:
(…)
5. Auxilio de cesantía.
18 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para

el Sector Público.”
19 Artículo 14.- Créase como establecimiento público del orden nacional, esto es, como organismo dotado de

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
Artículo 15.- Además de la función que la Ley señala a los organismos de Previsión Social, el Fondo cumplirá las
siguientes actividades:
1. Efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los Congresistas, de los empleados del
Congreso y de los empleados del mismo Fondo. (…)

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52. La norma en comento, en el parágrafo del artículo 14 dispuso que: «El auxilio de
cesantía de los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República será liquidado, reconocido y cancelado por éste, de conformidad con lo
previsto en las disposiciones legales que rigen para la Rama Ejecutiva del Poder
Público.»

53. Así mismo, en cuanto a la forma de cálculo de las cesantías de los afiliados al
Fondo sería reconocido y pagado a razón de un (1) mes de salario por cada año
de servicios y proporcionalmente por fracciones de año servido.20

54. La Ley 4ª del 18 de mayo de 199221, en su artículo 1º señaló que corresponde al
Gobierno Nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del
Congreso Nacional.

55. Mediante el Decreto 906 de 199222, el artículo 2° consagró a partir de su vigencia23,
esto es el 2 de junio de 1992, que los nuevos miembros del Congreso de la
República no tendrán derecho a retroactividad en las cesantías.

56. Del mismo modo, la Ley 5 del 17 de junio de 199224, por medio de la cual se expidió
el reglamento del Congreso; Senado y la Cámara de Representantes, en su
artículo 386 dispuso los siguiente:

«Artículo 386. Personal Actual. Los empleados que a la expedición de la
presente Ley se encuentren vinculados al Congreso y sean nombrados en un cargo
de la nueva planta, seguirán disfrutando de las prestaciones sociales en los
términos y condiciones legales establecidos a la fecha y expedición de esta Ley.»

57. En desarrollo de la norma anterior, el Decreto 1111 del 8 de julio de 199225
estableció en el parágrafo del artículo 1° que el régimen prestacional de los
empleados públicos del Congreso será el mismo de los empleados públicos de la

20 Artículo 18.
21 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.
22 Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial para los Miembros y empleados del Congreso de la

República.
23
Vigente desde el 6 de julio de 1992.
24 artículo 393. vigencia de la ley. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación, incluyendo las disposiciones

transitorias, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
25 Por el cual se fija la escala de remuneración para los empleos públicos del Congreso Nacional y se dictan otras

disposiciones.

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Rama Ejecutiva del poder público del nivel nacional26. Servidores a los cuales les
aplica el régimen anualizado la liquidación de sus cesantías desde la entrada en
vigencia del Decreto 3118 de 1968.

58. Así las cosas, aquellos empleados vinculados al servicio del Congreso de la
República con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 5 de 199227, el 17
de junio del mismo año, les es aplicable el régimen anualizado en la liquidación de
sus cesantías, establecido para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del
poder público de nivel nacional desde la expedición del Decreto 3118 de 1968,
conforme indica el 1111 del 8 de julio de 1992.28

59. Sobre el particular, esta Sección en sentencia del 21 de marzo de 2024 llegó a la
misma conclusión, así:

«Ahora bien, conforme lo considerado en precedencia y siendo que las
demandantes fueron vinculadas al servicio del Senado de la República el 19 de
marzo de 1993, 7 de noviembre de 1992 y 4 de noviembre de 1994,
respectivamente, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 5ª de
1992, lo cual tuvo lugar, el 17 de junio de ese año, le es aplicable el régimen
anualizado para la liquidación de sus cesantías establecido para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público de Nivel Nacional desde la
expedición del Decreto 3118 de 1968, pues así lo establece el Decreto 1111 del 8
de julio de 1992.»29

Hechos probados

60. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:

61. Mediante la Resolución núm. 0155 del 22 de febrero de 199530, expedida en uso
de las facultades conferidas por la Ley 5 de 1992, la Cámara de Representantes
nombró a la señora Diana González Rodríguez para desempeñar el cargo de

26 Parágrafo. Los empleados públicos del Congreso a que se refiere el presente artículo disfrutarán de las
asignaciones básicas señaladas en él y su régimen prestacional será el mismo de los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del Nivel Nacional.
27 En su artículo 386 dispuso que los empleados vinculados con anterioridad a su expedición seguirían disfrutando
de sus prestaciones sociales en los términos y condiciones legales ya establecidas a la fecha.
28 En el mismo sentido ha dispuesto esta Corporación en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 21 de marzo de 2024. Radicación núm. 25000-23-
42-000-2021-00947-01 (4977-2023) y 25000-23-42-000-2022-00425-01 (6377-2023) Cp. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; Sentencia del 1° de agosto de 2024 Radicación num. 25000-23-42-000-20220-0532-01 (6280-2023). CP.
Jorge Edison Portocarrero Banguera.
29 Radicación núm. 25000-23-42-000-2021-00947-01 (4977-2023).
30 Expediente digital – “EXPEDIENTE ADM-20250224T164306Z-001.zip” – “diana gonzalez rguez1.pdf”.

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asistente V31, del cual fue declarada insubsistente en la Resolución núm. MD 1430
del 28 de septiembre de 199532.

62. A través de la Resolución núm. MD-0093 del 29 de enero de 199633 la Cámara de
Representantes nombró en periodo de prueba dentro de la carrera administrativa
a la actora, para desempeñar el cargo de mecanógrafa grado 3 en la división de
personal, del que tomó posesión el 8 de febrero de 1996.34

63. Con la Resolución núm. MD-0807 del 3 de julio de 199635 fue inscrita e incorporada
en la carrera administrativa de la Rama Legislativa del poder público en el cargo
de mecanógrafa grado 3 de la división de personal.

64. De acuerdo con su historial laboral al interior de la entidad ha desempeñado en
encargo los siguientes empleos:

65. Con la Resolución núm. MD 1238 del 24 de noviembre de 199936, como secretaria
ejecutiva grado 5 de la dirección administrativa de la Cámara de Representantes.
El cual se dio por terminado por medio de la Resolución núm.1464 del 12 de
septiembre de 200037.

66. En la Resolución núm. MD 0360 del 17 de marzo de 200338, recepcionista grado
4. Situación administrativa que terminó con la Resolución núm.1377 del 1° de
septiembre de 200539.

67. Con el acto anterior fue encargada como secretaria ejecutiva grado 5, hasta
cuando fue expedida la Resolución núm. 0389 del 7 de febrero de 200740 que le
dio término.

68. En la Resolución núm.1269 del 19 de junio de 200741 se produjo la misma situación
administrativa como secretaria ejecutiva grado 5.

69. Por medio de la Resolución núm. 3039 de 2 de noviembre de 201042 en el cargo
de profesional universitario grado 6.

31 Posesionada el 1° de marzo 1995, cargo que desempeñó hasta el 30 de septiembre del mismo año, conforme

se indica de certificado del 11 de octubre de 2025. Visible en: Ibidem. P. 49.
32 Ibidem. P. 45.
33 Expediente digital – “4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAANEXOS.pdf”. P. 19.
34 Ibidem. P. 21.
35 Expediente digital – “EXPEDIENTE ADM-20250224T164306Z-001.zip” – “diana gonzalez rguez1.pdf”. P. 71.
36 Expediente digital – “EXPEDIENTE ADM-20250224T164306Z-001.zip” – “diana gonzalez rguez1.pdf”. P. 101.
37 Expediente digital - “diana gonzalez rguez 2.pdf”. P. 10.
38
Ibidem. P. 18.
39 Ibidem. P. 28.
40 Ibidem. P. 35.
41 0Expediente digital - “diana gonzalez rguez 2.pdf”. P. 45.
42 Expediente digital – “dianagonzalez rguez 3.pdf”. P. 81.

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70. A través de la Resolución núm. 2190 del 29 de agosto de 202243 como asistente
de leyes grado 06, funciones que aún desempeñaba cuando fue contestada la
demanda y se expidió el certificado laboral del 19 de octubre de 202244 por parte
del jefe de la división de personal de la Cámara de Representantes.

71. El 14 de septiembre de 202045 la accionante, en compañía con otros empleados
de la entidad, peticionó la reliquidación y pago de sus cesantías bajo el régimen
retroactivo. Solicitud que fue resuelta de manera negativa por la Cámara de
Representantes en los oficios núm. D.P.4.1.1877-20 del 16 de octubre de 202046
y D.P.4.1.2184-20 el 14 de diciembre 202047 que aclaró el acto anterior.

III. Caso concreto

72. Arguye la demandante Diana González Rodríguez que le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de sus cesantías de acuerdo con el régimen retroactivo, al
haberse vinculado como funcionaria dentro de la carrera administrativa de la Rama
Legislativa del Poder Público antes de la entrada en vigencia de Ley 344 de 1996,
que introdujo al sector público el régimen anualizado de cesantías.

73. Desde ya advierte la Sala que el recurso no está llamado a prosperar, ya que como
se expuso en el acápite normativo, desde la expedición del Decreto 3118 de 1968
comenzó el desmonte del régimen retroactivo para la liquidación de las cesantías
de los empleados de la Rama Ejecutiva del poder público; situación que se hizo
extensiva a los empleados de la Cámara de Representantes conforme se dispuso
en el Decreto 1111 del 8 de julio de 1992.

74. Normas que le son aplicables a la demandante y rigen la liquidación,
reconocimiento y pago sus cesantías, toda vez en ellas se dispuso el régimen
prestacional de los empleados públicos del Congreso de la República.

75. Así las cosas, evidenciado que la señora Diana González Rodríguez se vinculó al
servicio de la Cámara de Representantes sin solución de continuidad a partir del 8
de febrero de 1996, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5 del
17 de junio de 1992, sus cesantías se rigen por el sistema anualizado, tal como lo
indica el Decreto 3118 de 1968, aplicable por remisión del Decreto 1111 del 8 de
julio de 1992.

76. Y es que si bien, este último decreto no se pronunció de manera expresa acerca de
la anualidad de las cesantías de los empleados del Congreso de la República, si
hizo alusión a que su régimen prestacional estaría subordinado a las disposiciones
que regulan la materia respecto de los servidores de la Rama Ejecutiva, entre las
43
Expediente digital – “dianagonzalez rguez 4.pdf”. P. 3.
44 Expediente digital – “12_Anexo contestación .pdf”.
45 Expediente digital – “4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAANEXOS.pdf”. P. 35.
46 Ibidem. P. 26.
47 Ibidem. P. 32.

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que se destacan el Decreto 3118 de 1968, que al regular el auxilio de cesantías en
su artículo 27 dispuso su liquidación anual.

77. Normas que ya se encontraban vigente y era de plena aplicación con anterioridad
a la Ley 344 de 1996, que introdujo el régimen de cesantías anualizadas en el sector
público de manera general, sin perjuicio de que este ya hubiere sido implementado
en sectores particulares desde 1968 con la creación del Fondo Nacional del Ahorro.

78. También, alude la apelante que en oportunidades anteriores el tribunal ha resuelto
asuntos similares en sentido contrario, no obstante, lo cierto es que esta Sección
ha considerado en forma reiterada que para los empleados de la Rama Legislativa
de poder público el régimen de cesantías anualizado fue implementado desde 1992
con la expedición de la Ley 5° y el renombrado Decreto 1111 del mismo año.
Precedente aplicable en este caso.

79. Ahora bien, pese a que en el recurso fue planteada una supuesta vulneración los
principios de igualdad, confianza legitima, debido proceso y favorabilidad, lo cierto
es que no se expresaron las razones de hecho y de derecho que sirvieran de base
a tal afirmación, y mucho menos, estas pueden ser evidenciadas del análisis de los
actos demandados y lo decidido por el juez de instancia, de acuerdo a lo aquí
expuesto.

80. Consecuente con ello, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas

81. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó
con carencia de fundamento legal.

82. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte tal situación. Por el contrario, se avizora
la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que, se
repite, no se condenará en costas a la parte vencida

83. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

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Demandante: Diana González Rodríguez

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 27 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E” que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.

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