Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00524-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00524-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00524-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de marzo de 2025
Radicado: 25000-23-42-000-2022-00524-01 (2808-2024)
Demandante: Luz Ángela Loaiza Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00524-01 (2808-2024)
Demandante: Luz Ángela Loaiza Ramírez
Demandado: Nación - Rama Legislativa - Cámara de Representantes.
Temas: Régimen de cesantías retroactivas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 27 de julio de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “A”, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. La señora Luz Ángela Loaiza Ramírez por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, solicitó
que se declare la nulidad del oficio núm. D.P.4.1.1877-20 del 16 de octubre de
2020, aclarado el 14 de diciembre del mismo año, por medio del cual la Nación
• Rama Legislativa - Cámara de Representantes negó la liquidación y el pago
de las cesantías aplicando el régimen de retroactividad.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó que se condene a la demandada a: i) realizar los reajustes
que correspondan por concepto del retiro parcial de sus cesantías desde su
vinculación a la entidad y las que en adelante se causen hasta que se produzca
la liquidación definitiva, ii) pagar con destino al Fondo Nacional del Ahorro los
1 PDF 03 del expediente digital.
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Demandante: Luz Ángela Loaiza Ramírez
dineros que correspondan para garantizar que las cesantías parciales o
definitivas de la demandante sean reconocidas conforme al régimen retroactivo
y iii) condenar en costas y agencias en derecho.
Hechos
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
5. La señora Luz Ángela Loaiza Ramírez se vinculó a la Cámara de
Representantes con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, exactamente se
posesionó el 15 de diciembre de 1992, fecha para la cual se encontraba vigente
el régimen retroactivo de las cesantías.
6. No obstante, en la actualidad sus cesantías son liquidadas y pagadas bajo el
régimen anualizado consagrado en la Ley 344 de 1996, pese a no haber
consentido expresamente su renuncia al régimen retroactivo.
7. La demandante ha venido prestando sus servicios a la entidad sin solución de
continuidad y sus cesantías son administradas por el Fondo Nacional del
Ahorro.
8. El 14 de septiembre de 2020 la actora solicitó ante la Cámara de
Representantes el reconocimiento y pago de sus cesantías con retroactividad.
Petición que fue resuelta de manera negativa a través del oficio núm.
D.P.4.1.1877-20 del 16 de octubre de 2020 aclarado el 14 de diciembre de la
misma anualidad.
9. El mismo día, requerimiento similar fue presentado ante el Fondo Nacional del
Ahorro radicado bajo en núm. 02- 4601- 202009142405085. Entidad que dio
respuesta negativa en comunicado del 28 de octubre de 2020, al considerar que
el empleador es a quien le corresponde definir el régimen de cesantías
aplicable.
Fundamentos de derecho y concepto de violación
10. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 29, 42, 48 y 53
de la Constitución Política; 138 y 155 numeral 2º del CPACA; 21 del Código
Sustantivo del Trabajo; Decreto Reglamentario 1582 de 1998; artículos 17
Literal A de la Ley 6ª de 1945; 11 del Decreto 1600 de 1945; 1 de la Ley 65 de
1946; 1 y 6 del Decreto 1160 de 1947; 3, 27, 32 del Decreto 3118 de 1968; 7 de
la Ley 33 de 1985 y 13 de la Ley 344 de 1996.
11. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso
que desconocer a la señora Loaiza Ramírez el derecho al régimen de cesantías
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con retroactividad pese a haberse vinculado con anterioridad al 31 de diciembre
de 1996, comporta una clara violación a los principios y preceptos normativos
relativos al debido proceso, igualdad y favorabilidad.
12. El derecho al reconocimiento y pago de cesantías parciales o definitivas con
retroactividad se consagró desde los orígenes de nuestra legislación laboral, a
partir de la Ley 6ª de 1945 y sus modificaciones, y se mantuvo vigente para el
caso de los empleados del Congreso hasta la expedición de la Ley 344 de 1996.
Por lo que, quienes entraron a laborar a dicha corporación con anterioridad al
31 de diciembre de 1996 conservan el régimen anterior, como es el caso de la
demandante.
Contestación de la demanda
13. La Nación - Rama Legislativa - Cámara de Representantes 2 al contestar la
demanda se pronunció sobre los hechos y se opuso a todas las pretensiones.
14. Tras hacer un recuento del historial laboral de la actora al interior de la entidad,
expuso que la demandante se encuentra afiliada al Fondo Nacional del Ahorro,
mismo al que ella decidió cambiarse.
15. Además, con los múltiples encargos y los ascensos acaecidos desde el 5 de
agosto de 1993, la demandante perdería el derecho de reconocimiento de las
cesantías con retroactividad, atendiendo a que ocupa un nuevo cargo con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
16. Ahora, en un escenario completamente hipotético de que la señora Loaiza
Ramírez mantuviera el régimen retroactivo, durante los periodos posteriores a
su nombramiento inicial, la funcionaria tuvo múltiples encargos consecutivos en
distintos cargos, lo que implica que necesariamente deba aplicarse el régimen
anualizado de cesantías.
17. Propuso las excepciones de “pago”, “prescripción”, “inexistencia de la obligación
y cobro de lo no debido” y “buena fe”.
Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“A”, mediante sentencia del 27 de julio de 20233, negó las pretensiones de la
demanda con base en las siguientes consideraciones:
2 Carpeta 17 del expediente digital.
3 PDF 028 del expediente digital.
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19. A la demandante le son aplicables las Leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, y los
Decretos 2767 de 1945, 1160 de 1947 y 2837 de 1986 que contemplan un
régimen retroactivo de cesantías.
20. Si bien es cierto que la Ley 5ª de 1992 señaló que «(l)os empleados que a la
expedición de la presente Ley se encuentren vinculados al Congreso y sean
nombrados en un cargo de la nueva planta, seguirán disfrutando de las
prestaciones sociales en los términos y condiciones legales establecidos a la
fecha y expedición de esta Ley», y que la actora no es destinataria de dicha
disposición al haberse vinculado al Congreso de la República el 15 de diciembre
de 1992, también lo es que el régimen anualizado de liquidación de cesantías
vino a establecerse con la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
21. En ese orden de ideas, se concluiría que contrario a lo planteado en los actos
administrativos acusados, debido a que la actora se vinculó antes del 31 de
diciembre de 1996, en principio resultaría acreedora del régimen de liquidación
retroactivo de sus cesantías. Sin embargo, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de febrero de 2021,
en un caso en el que una empleada pública beneficiaria inicialmente del régimen
retroactivo de cesantías se afilió al Fondo Nacional del Ahorro, concluyó que
con ello se sometió al sistema anualizado.
22. Así las cosas, a la demandante en su calidad de empleada de la Cámara de
Representantes vinculada antes del 31 de diciembre de 1996, esto es, el 15 de
diciembre de 1992, en principio, le sería aplicable el régimen de retroactividad
en sus cesantías. No obstante, conforme la jurisprudencia de la alta corte, a
pesar de no acreditarse manifestación expresa de voluntad de la demandante
de pertenecer al régimen anualizado, esta se encuentra afiliada al FNA del 1º
de septiembre de 2003 al 10 de agosto de 2020, le efectuaron aportes anuales
de cesantías y se le realizaron pagos parciales de cesantías por parte del FNA,
por lo que la demandante quedó sometida al régimen anualizado.
Recurso de apelación 4
23. El apoderado de la demandante inconforme con la decisión adoptada por el
tribunal, interpuso el recurso de apelación con el cual solicitó que se revoque
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan la totalidad de las
pretensiones.
24. Puso de presente que si bien está de acuerdo con lo expresado en el fallo, en
el sentido de considerar que la señora Loaiza Ramírez por haber ingresado a
laborar al servicio de la Cámara de Representantes con anterioridad al 31 de
diciembre de 1996 resultaría acreedora del régimen de liquidación retroactivo,
4 Expediente digital – “028_Recurso de apelacion.pdf”.
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es equivocado considerar que por haberse afiliado al Fondo Nacional de Ahorro
la actora quedó sometida al sistema anualizado.
25. En efecto, como ya se reconoció en la parte considerativa de la providencia, no
obra en el expediente manifestación expresa de la voluntad de pertenecer al
sistema anualizado, requisito indispensable para la renuncia al régimen con
retroactividad de las cesantías, tal como lo ha definido la jurisprudencia. De
hecho, actualmente laboran al servicio del Congreso de la República varios
funcionarios que pese a haberse trasladado al Fondo Nacional del Ahorro, se
les liquida las cesantías retroactivamente, para el efecto se aportó certificación.
26. Por último, afirmó que la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta otros
fallos proferidos por el mismo tribunal en donde sí se accedió a las pretensiones
de la demanda. Además, se vulneraron los derechos de igualdad, confianza
legitima, debido proceso y favorabilidad, ya que otros empleados están afiliados
al Fondo Nacional del Ahorro y son beneficiarios del régimen retroactivo de
cesantías.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
27. Mediante auto del 5 de agosto de 20245 se admitió el recurso de apelación.
28. Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
29. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
se procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
30. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6.
31. De igual forma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a
lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las
5 SAMAI. 25000234200020220052201. Actuación: “Auto que admite recurso de apelación”. Índice: 00004.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso.
Problema jurídico
32. Le corresponde a la Subsección determinar si a la demandante, en su calidad
de empleada del Congreso de la República, le asiste el derecho a la
reliquidación de sus cesantías bajo el régimen retroactivo o si le es aplicable el
régimen anualizado.
33. A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.2. Cesantías, 2.3. Régimen anualizado de cesantías, 2.4.
Régimen de cesantías a favor los miembros y empleados del Congreso de la
República, 2.5. Hechos probados y 2.6. Caso concreto.
Cesantías
34. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es
una ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador,
sino «en lo que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador
tenga un respaldo que no comprometa los recursos que requiere para su
mínimo vital.» 7
35. La Corte Constitucional ha resaltado con relación a las cesantías, que dentro
de los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el
pago de las acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a
la dignidad humana y la manutención familiar en el marco de las relaciones
laborales, y dentro de esas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantías 8
36. Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.
37. La Ley 6 de 1945 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los
trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y
el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos
los empleados y obreros nacionales de carácter permanente 9.
38. Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del
7 SU 448 de 2016, SU 098-18.
8 Sentencia C-486 de 2016
9 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
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poder público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las
cesantías se tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera
sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido,
si fuere menor a ese lapso.
Régimen anualizado de cesantías
39. Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 10, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado del orden nacional. Según el artículo 27, se estableció
un régimen anualizado en los siguientes términos:
«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado,
liquidarán las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»
40. La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los
empleados tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el
artículo 49, que señaló lo siguiente:
«Artículo 49°Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos
y las empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el
Fondo Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se
causen en favor de sus empleados y trabajadores.
Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente
Mensualmente, las entidades en referencia, deberán depositar en el Fondo una
doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por
salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar el auxilio
de cesantía, y
Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades
depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la liquidación de que trata el
artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán
derecho a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la
liquidación.»
10 Artículo 1° del mencionado Decreto.
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41. Lo expuesto en párrafos anteriores, corresponde a la constitución del régimen
anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que
hoy subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la
causación de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.
42. Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 11, respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen
de cesantías:
El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica
al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
43. Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen
anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la
Ley 50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se
extendió incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el
Decreto 1582 de 1998 12.
44. La Ley 50 de 1990 13, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:
«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
11 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
12 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial
y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»
13 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
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1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.
4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la
misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el
efecto.
6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación
se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el
Gobierno Nacional, en orden a:
a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los
trabajadores, en todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse
hacia el financiamiento de actividades productivas.
7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley,
continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al
auxilio de cesantía.
Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar,
el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar
a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que
cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.»
(negrillas y subrayado fuera de texto original).
45. No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se
les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.
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46. En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos se
acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto
debían proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998,
que es la siguiente:
«Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que
decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente
forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de
la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán
emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen,
un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las
características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites
legales necesarios para su expedición.»
47. Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación
retroactiva de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo
dispuesto en los artículos 2 del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de
2002.
Régimen de cesantías a favor de los miembros y empleados del Congreso
de la República.
48. La Ley 28 de 1983 14 en su artículo 1° estableció que todas las personas
naturales que presten sus servicios al Congreso de la República son empleados
de la Rama Legislativa. Los cuales, indistintamente del tipo de nombramiento,
estarán afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social, tendrán derecho al
subsidio familiar y gozarán de todas las prestaciones sociales consagradas en
la Ley 52 de 1978 15, entre las que se destaca el auxilio de cesantías.16
14 “Por la cual se establece la categoría de Empleados de la Rama Legislativa del Poder Público y se dictan otras
disposiciones”.
15 Ley 28 de 1983 Artículo 4. Los empleados de la Rama Legislativa del Poder Público, cualquiera que sea el origen
de su nombramiento, estarán afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social, tendrán derecho al subsidio familiar
y gozarán de todas las prestaciones sociales consagradas en la Ley 52 de 1978.
16 Ley 52 de 1978 Artículo 5º. La Caja Nacional de Previsión Social o la entidad que haga sus veces, prestará,
reconocerá y pagará a los empleados de ambas Cámaras, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias,
los siguientes servicios y prestaciones sociales:
(…)
5. Auxilio de cesantía.
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49. La Ley 33 de 1985 17, creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República encargado de efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales de los congresistas, de los empleados del Congreso y de los
empleados del mismo fondo. 18
50. El Decreto 2837 de 1986 al reglamentar las condiciones y términos necesarios
para el reconocimiento y efectividad de las prestaciones sociales a cargo de
dicho Fondo, en su artículo 3° estableció como afiliados: «a) Los Parlamentarios
que hayan tomado posesión del cargo y los empleados del Congreso y los
empleados del Fondo que presten sus servicios en empleos de carácter
permanente. b) Los Parlamentarios principales que no se hayan posesionado
para los efectos previstos en los parágrafos 1°y 2°del artículo 7°de la Ley 48 de
1962, y c) Los pensionados cuya mesada deba cancelar el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República, de conformidad con lo previsto en la Ley
33 de 1985.»
51. La norma en comento, en el parágrafo del artículo 14 dispuso que: «El auxilio
de cesantía de los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República será liquidado, reconocido y cancelado por éste, de conformidad
con lo previsto en las disposiciones legales que rigen para la Rama Ejecutiva
del Poder Público.»
52. Así mismo, en cuanto a la forma de cálculo de las cesantías de los afiliados al
Fondo sería reconocido y pagado a razón de un (1) mes de salario por cada año
de servicios y proporcionalmente por fracciones de año servido. 19
53. La Ley 4ª del 18 de mayo de 1992 20, en su artículo 1º señaló que corresponde
al Gobierno Nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
del Congreso Nacional.
54. Mediante el Decreto 906 de 1992 21, el artículo 2° consagró a partir de su
vigencia22, esto es el 2 de junio de 1992, que los nuevos miembros del Congreso
17 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para
el Sector Público.”
18 Artículo 14.- Créase como establecimiento público del orden nacional, esto es, como organismo dotado de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
Artículo 15.- Además de la función que la Ley señala a los organismos de Previsión Social, el Fondo cumplirá las
siguientes actividades:
1. Efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los Congresistas, de los empleados del
Congreso y de los empleados del mismo Fondo. (…)
19 Artículo 18.
20 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.
21 Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial para los Miembros y empleados del Congreso de la
República.
22 Vigente desde el 6 de julio de 1992.
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de la República no tendrán derecho a retroactividad en las cesantías.
55. Del mismo modo, la Ley 5 del 17 de junio de 1992 23, por medio de la cual se
expidió el reglamento del Congreso; Senado y la Cámara de Representantes,
en su artículo 386 dispuso los siguiente:
«Artículo 386. Personal Actual. Los empleados que a la expedición de la
presente Ley se encuentren vinculados al Congreso y sean nombrados en un cargo
de la nueva planta, seguirán disfrutando de las prestaciones sociales en los
términos y condiciones legales establecidos a la fecha y expedición de esta Ley.»
56. En desarrollo de la norma anterior, el Decreto 1111 del 8 de julio de 1992 24
estableció en el parágrafo del artículo 1° que el régimen prestacional de los
empleados públicos del Congreso será el mismo de los empleados públicos de
la Rama Ejecutiva del poder público del nivel nacional25. Servidores a los cuales
les aplica el régimen anualizado la liquidación de sus cesantías desde la entrada
en vigencia del Decreto 3118 de 1968.
57. Así las cosas, aquellos empleados vinculados al servicio del Congreso de la
República con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5 de 1992, el 17 de
junio del mismo año, les es aplicable el régimen anualizado en la liquidación de
sus cesantías, establecido para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
del poder público de nivel nacional desde la expedición del Decreto 3118 de
1968, conforme indica el Decreto 1111 del 8 de julio de 1992. 26
58. Sobre el particular, esta Sección en sentencia del 21 de marzo de 2024 llegó a
la misma conclusión, así:
«Ahora bien, conforme lo considerado en precedencia y siendo que las
demandantes fueron vinculadas al servicio del Senado de la República el 19 de
marzo de 1993, 7 de noviembre de 1992 y 4 de noviembre de 1994,
respectivamente, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 5ª de
1992, lo cual tuvo lugar, el 17 de junio de ese año, le es aplicable el régimen
anualizado para la liquidación de sus cesantías establecido para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público de Nivel Nacional desde la
23 artículo 393. vigencia de la ley. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación, incluyendo las disposiciones
transitorias, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
24 Por el cual se fija la escala de remuneración para los empleos públicos del Congreso Nacional y se dictan otras
disposiciones.
25 Parágrafo. Los empleados públicos del Congreso a que se refiere el presente artículo disfrutarán de las
asignaciones básicas señaladas en él y su régimen prestacional será el mismo de los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del Nivel Nacional.
26 En el mismo sentido ha dispuesto esta Corporación en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 21 de marzo de 2024. Radicación núm. 25000-23-
42-000-2021-00947-01 (4977-2023) y 25000-23-42-000-2022-00425-01 (6377-2023) Cp. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; Sentencia del 1° de agosto de 2024 Radicación num. 25000-23-42-000-20220-0532-01 (6280-2023). CP.
Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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expedición del Decreto 3118 de 1968, pues así lo establece el Decreto 1111 del 8
de julio de 1992.»27
Hechos probados
59. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:
60. Mediante la Resolución M.D 1292 del 18 de noviembre de 199228, expedida en
uso de las facultades conferidas por la Ley 5 de 1992, la Cámara de
Representantes nombró a la señora Luz Ángela Loaiza Ramírez para
desempeñar el cargo de transcriptora29.
61. El jefe de la división de personal de la Cámara de Representantes certificó las
diferentes vinculaciones de la señora Loaiza Ramírez, así: 30
«Que revisada la hoja de vida de LUZ ANGELA LOAIZA RAMIREZ, identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 51614285, aparece que presta sus servicios a la Corporación, en calidad de
Funcionario Público, así:
Que mediante resolución No. 1292 de Noviembre 18 de 1992, fue nombrado (a) en el cargo de
TRANSCRIPTOR, y tomó posesión según Acta No. 250 de fecha Diciembre 15 del mismo año,
con una asignación básica mensual de $240.000.ooM/L, devengados a partir de la posesión.
Mediante Resolución No.MD-365 de julio 07 de 1993, le fue aceptada la renuncia al cargo, a
partir de la fecha de expedición de la citada resolución.
Que mediante resolución No. 392 de Julio 08 de 1993, fue nombrado (a) en el cargo de
MECANOGRAFA, con una asignación básica mensual de $225.000.ooM/L, devengados a partir
de la fecha. (no hay acta de posesión).
Que mediante resolución No. MD-480 de agosto 05 de 1993, fue nombrado (a) en ascenso,
para el cargo de TRANSCRIPTORA, y tomó posesión según Acta No. 326 de fecha agosto 05
del mismo año, con asignación básica mensual de $300.000.ooM/L, devengados a partir de la
posesión.
Mediante Resolución No. 0959 de fecha mayo 23 de 2006, le fue concedida licencia no
remunerada por el término de 60 días, contados a partir de junio 12 y hasta agosto 10 del mismo
año. Prorrogada esta por 30 días más hasta el 09 de septiembre de 2006, según resolución
2047 de agosto 30 del mismo año.
Mediante Resolución No. 0440 de fecha marzo 23 de 2010, le fue concedida licencia ordinaria
no remunerada por el término de 24 días hábiles, contados a partir de abril 19 y hasta mayo 21
del mismo año.
27 Radicación núm. 25000-23-42-000-2021-00947-01 (4977-2023).
28 Páginas 17 y 18 del PDF DEMANDA SUBSANADA Y ANEXOS.
29 Posesionada el 15 de diciembre de 1992, tal como se observa del acta de posesión 250 visible en la página 19
del PDF 03 del expediente digital.
30 PDF Certificación laboral Luz Ángela Loaiza
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Que mediante Resolución No. 2345 de Agosto 11 de 2011, fue nombrado nombrada en encargo
como SECRETARIA EJECUTIVA grado 05, Comisión tercera, y tomó posesión según Acta
No.2345 de fecha septiembre 01 del mismo año, con asignación básica mensual de
$2.299.731.ooM/L., devengado a partir de la fecha de posesión.
Mediante Resolución No. 1493 de julio 31 de 2015, le fue aceptada la renuncia al encargo de
secretaria ejecutiva grado 05, a partir del 03 de agosto del mismo año.
Según Resolución No. 400 de febrero 28 de 2017, fue nombrada en encargo como
SECRETARIA EJECUTIVA grado 05, Auditoria Interna, y tomó posesión según Acta No.400 de
fecha marzo 03 del mismo año, con asignación básica mensual de $2.900.133.ooM/L.,
devengado a partir de la fecha de posesión.
Que actualmente desempeña el cargo de SECRETARIA EJECUTIVA, grado 05, con un total
devengado de SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS
PESOS ($6.980.176), moneda corriente, compuesto por: Asignación básica: $ 4.927.654 Prima
técnica: $ 2.052.522…»31
62. El 14 de septiembre de 2020 32 la accionante, en compañía con otros empleados
de la entidad, peticionó ante la unidad de correspondencia de la Cámara de
Representantes la reliquidación y pago de sus cesantías bajo el régimen
retroactivo. Solicitud que fue resuelta de manera negativa por el jefe de división
de personal de la Cámara de Representantes en los oficios núm. D.P.4.1.1877-
20 del 16 de octubre de 2020 33 y D.P.4.1.2184-20 el 14 de diciembre 2020 34
que aclaró el acto anterior.
63. De igual manera y el mismo 14 de septiembre 35, elevó igual petición ante el área
financiera del Fondo Nacional del Ahorro, obteniendo respuesta desfavorable
por parte de la entidad 36.
Caso concreto
64. La demandante en el recurso de apelación indicó que comparte la consideración
del tribunal de primera instancia cuando expuso en las motivaciones de la
providencia apelada que es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías por
haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1996. Sin embargo, manifestó
su inconformidad, porque a su juicio, el estar afiliada al Fondo Nacional del
Ahorro no significa quedar cobijado por el régimen anualizado de cesantías.
65. Si bien le asiste razón a la apelante cuando afirma que la afiliación al FNA no
implica per se ser beneficiaria del sistema anualizado de cesantías, lo cierto es
que, dada su fecha de vinculación laboral al Congreso de la República, esto es,
el 15 de diciembre de 1992, cuando ya se encontraba vigente el Decreto 1111
31 Transcripción con errores
32 Páginas 22 y 23 del PDF 03 del expediente digital.
33 Página 24 del PDF 03 del expediente digital.
34 Páginas 30 a 32 del PDF 03 del expediente digital.
35 Páginas 33 y 34 del PDF 03 del expediente digital.
36 Páginas 36 y 37 del PDF 03 del expediente digital.
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del 8 de julio de 1992, resulta claro que no la cobijaba el régimen retroactivo de
cesantías. Por lo tanto, no era exigible la manifestación expresa para acogerse
a dicho régimen, el cual se dispuso para aquellos servidores que amparados por
el régimen retroactivo de cesantías y querían hacer parte del nuevo sistema de
liquidación de cesantías.
66. Sobre el particular, advierte la Sala que si bien en la parte motiva de la sentencia
de primera instancia el a quo sostuvo que «a la demandante en su calidad de
empleada de la Cámara de Representantes vinculada antes del 31 de diciembre
de 1996, esto es, el 15 de diciembre de 1992, en principio, le sería aplicable el
régimen de retroactividad en sus cesantías», lo cierto es que tal afirmación no
se ajusta a la normativa que rige a los empleados del Congreso de la República,
como se explicó en el acápite normativo de esta providencia.
67. Pues, a diferencia de la plasmado por el a quo, el régimen anualizado de
cesantías para los miembros del Congreso de la República no empezó después
del 31 de diciembre de 1996, sino con la entrada en vigencia de la Ley 5 de
1992, esto es el 18 de junio del mismo año.
68. En ese escenario, el mencionado tribunal no tuvo en cuenta que desde la
expedición del Decreto 3118 de 1968 comenzó el desmonte del régimen
retroactivo para la liquidación de las cesantías de los empleados de la Rama
Ejecutiva del poder público; situación que se hizo extensiva a los empleados de
la Cámara de Representantes conforme se dispuso en el Decreto 1111 del 8 de
julio de 1992.
69. Normas que le son aplicables a la demandante y rigen la liquidación,
reconocimiento y pago sus cesantías, toda vez en ellas se dispuso el régimen
prestacional de los empleados públicos del Congreso de la República.
70. Así las cosas, evidenciado que la señora Luz Ángela Loaiza Ramírez se vinculó
al servicio de la Cámara de Representantes sin solución de continuidad a partir
del 15 de diciembre de 199237, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 5 del 17 de junio de 1992, sus cesantías se rigen por el sistema
anualizado, tal como lo indica el Decreto 3118 de 1968, aplicable por remisión
del Decreto 1111 del 8 de julio de 1992.
71. Y es que si bien, este último decreto no se pronunció de manera expresa acerca
de la anualidad de las cesantías de los empleados del Congreso de la República,
sí hizo alusión a que su régimen prestacional estaría subordinado a las
disposiciones que regulan la materia respecto de los servidores de la Rama
37 En su artículo 386 dispuso que los empleados vinculados con anterioridad a su expedición seguirían disfrutando
de sus prestaciones sociales en los términos y condiciones legales ya establecidas a la fecha. Y el parágrafo 1° del
artículo 1 del Decreto 1111 de 1992.
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Ejecutiva, entre las que se destacan el Decreto 3118 de 1968, que al regular el
auxilio de cesantías en su artículo 27 dispuso su liquidación anual.
72. Normas que ya se encontraban vigentes y eran de plena aplicación con
anterioridad a la Ley 344 de 1996, que introdujo el régimen de cesantías
anualizadas en el sector público de manera general, sin perjuicio de que este ya
hubiere sido implementado en sectores particulares desde 1968 con la creación
del Fondo Nacional del Ahorro.
73. También, alude la apelante que en oportunidades anteriores el tribunal ha
resuelto asuntos similares en sentido contrario, no obstante, lo cierto es que esta
Sección ha considerado en forma reiterada que para los empleados de la Rama
Legislativa de poder público el régimen de cesantías anualizado fue
implementado desde 1992 con la expedición de la Ley 5° y el renombrado
Decreto 1111 del mismo año. Precedente aplicable en este caso.
74. Ahora bien, pese a que en el recurso fue planteada una supuesta vulneración
los principios de igualdad, confianza legitima, debido proceso y favorabilidad, lo
cierto es que no se expresaron las razones de hecho y de derecho que sirvieran
de base a tal afirmación, y mucho menos, estas pueden ser evidenciadas del
análisis de los actos demandados y lo decidido por el juez de instancia, de
acuerdo a lo aquí expuesto.
75. Consecuente con ello, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
76. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas. Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala
de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no
lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de
apelación se presentó con carencia de fundamento legal.
77. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
78. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Luz Ángela Loaiza Ramírez
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 27 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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