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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00045-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00045-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que negó las 63En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Radicado: 25000-23-42-000-2023-00045-01 (6189-2024) Demandante: Michael Fernando Chaparro Zárate pretensiones de la demanda presentada por Michael Fernando Chaparro Zárate contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. FNM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2023-00045-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2023-00045-01 (6189-2024)
Demandante: Michael Fernando Chaparro Zárate
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Tema: Sanción disciplinaria. Artículo 35.18 de la Ley 1015 de 2006

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 16 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que negó las pretensiones de la
demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. Michael Fernando Chaparro Zárate presentó demanda1 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de i) los actos sancionatorios expedidos a) el 7
de octubre de 2021, en primera instancia, por el inspector delegado regional de
policía 1, dentro del proceso disciplinario REGII-2020-14, por medio del cual, le
impuso la sanción de suspensión e inhabilidad especial para ejercer cargos públicos
por el término de 6 meses sin derecho a remuneración por incurrir, a título de dolo,
en la falta prevista en el artículo 35.18 de la Ley 1015 de 2006; y b) el 20 de enero
de 2022, por el inspector delegado regional de policía 8, por el que confirmó
integralmente la decisión anterior; y ii) la Resolución 1805 del 12 de abril de 2022,
por medio de la cual fue retirado del servicio.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reintegro al servicio activo de
la Policía Nacional; ii) el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de

1 Samai tribunales, índice 2, documento 3, páginas 1 a 12.
2 En adelante CPACA.

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percibir; y iii) la indemnización de los daños causados.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos3:

3.1. Michael Fernando Chaparro Zárate ingresó a la Policía Nacional el 15 de junio
de 2007.

3.2. Entre el 3 y 6 de junio de 2019 se encontraba disfrutando del periodo de
vacaciones.

3.3. Antes
del 6 de junio de 2019 no registraba antecedentes disciplinarios
suspensiones ni separaciones temporales del servicio.

3.4. El6 de junio de 2019, aproximadamente a las 11:30 p. m., mientras se
encontraba en período de vacaciones, se desplazaba junto con su hermano, Jeison
Albeiro Chaparro Zárate y Carlos Arturo Castillo Segura en el vehículo de placas
BYO-368, por la carrera 2 con calle 13, sector Zona T, del municipio de Facatativá,
cuando unidades de vigilancia de la Policía Nacional impartieron una orden de pare
al automotor. Dicha orden fue desatendida por quien lo conducía, que emprendió la
huida hasta ser interceptado en la carrera 3 con calle 15.

3.5. Una vez interceptado el vehículo el procedimiento quedó a cargo del patrullero
Héctor Pacheco Tolosa, integrante de la patrulla del cuadrante 1-2, conformada
junto con el patrullero Daniel Leonardo Aguilar Cardona, quienes habían adelantado
la persecución del automotor. En apoyo acudió la patrulla del cuadrante 1-1,
integrada por los patrulleros Juan Guillermo Gutiérrez Forero y Wilson Guezguán
Medina.

3.6. Elpatrullero Héctor Pacheco Tolosa solicitó la presencia de la Unidad de
Tránsito y Transporte de Facatativá para que asumiera el procedimiento de su
competencia, requerimiento al que atendió el patrullero Alexander Roncancio
Virviescas jefe de la Unidad de Tránsito y Transporte de Facatativá.

3.7. Dicho procedimiento culminó con la imposición de las órdenes de comparendo
25269000000022425586, por la infracción F (negarse a realizar la prueba de
embriaguez), y 25269000000022425587, por la infracción B.1 (no portar la licencia
de conducción).

3.8. El 16 de junio de 2019, mediante Oficio S-2019-214 SETRA-UNMUN, el jefe
Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca remitió al comandante del
Departamento de Policía Cundinamarca el informe de novedad relacionado con el
procedimiento de tránsito adelantado respecto de Michael Fernando Chaparro
Zárate, para que fuera evaluado por el Comité de Recepción, Atención, Evaluación
y Trámite de Quejas e Informes (CRAET).

3.9. Frente a las órdenes de comparendo, el actor interpuso recurso de apelación.

3 Para mayor comprensión y claridad, los hechos fueron complementados con lo señalado por el

demandante en el escrito de la demanda y lo registrado en las pruebas obrantes en el expediente.

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3.10. Mediante auto 45 del 14 de junio de 2019, la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Facatativá inició la actuación administrativa derivada de los
comparendos impuestos a Michael Fernando Chaparro Zárate.

3.11. En la audiencia del 10 de julio de 2019, el actor rindió versión libre y manifestó
que no conducía el vehículo, sino su hermano, Jeison Albeiro Chaparro Zárate,
razón por la cual solicitó la práctica de pruebas, entre ellas, su declaración, el
interrogatorio del agente de tránsito Alexander Roncancio Virviescas y la
incorporación del video del procedimiento.

3.12. En desarrollo de dicha actuación, el 17 de julio de 2019 declararon Jeison
Albeiro Chaparro Zárate y el patrullero Alexander Roncancio Virviescas. El primero
afirmó que él era quien conducía el vehículo al momento de los hechos mientras
que el agente de tránsito manifestó que no había podido corroborar personalmente
quién lo conducía porque, cuando llegó al lugar, todos los ocupantes ya habían
descendido del automotor.

3.13. A través de la Resolución 2019-01692 del 18 de julio de 2019, la Secretaría
de Tránsito y Transporte de Facatativá exoneró a Michael Fernando Chaparro
Zárate de los comparendos impuestos, al considerar que existía duda razonable
acerca de quién conducía el vehículo y que el agente de tránsito no había podido
corroborar directamente esa circunstancia, por lo que no se encontraban
demostradas las infracciones de tránsito atribuidas al actor.

3.14. Mediante Oficio COMAN-ATECI-29.57 del 20 de junio de 2019, el
comandante del Departamento de Policía Cundinamarca remitió al inspector
delegado regional de Policía 1 la queja presentada por los patrulleros Héctor
Pacheco Tolosa, Daniel Leonardo Aguilar Cardona y Wilson Guezguán Medina, con
el fin de que se adelantara la actuación disciplinaria correspondiente.

3.15. Posteriormente, con Auto P-REGI1-2019-72 del 12 de octubre de 2019, el
Inspector Delegado Regional de Policía 1 abrió indagación preliminar con el fin de
establecer la ocurrencia de los hechos, determinar si constituían falta disciplinaria e
identificar al posible responsable.

3.16. En desarrollo de la indagación preliminar se recibieron las declaraciones de
los patrulleros Daniel Leonardo Aguilar Cardona, Juan Guillermo Gutiérrez Forero y
Wilson Guezguán Medina.

3.17. Mediante auto del 16 de septiembre de 2020, la autoridad disciplinaria citó a
audiencia y formuló cargo único contra Michael Fernando Chaparro Zárate por la
presunta comisión de la falta gravísima prevista en el numeral 18 del artículo 35 de
la Ley 1015 de 2006, al considerar que, encontrándose en vacaciones, incurrió en
una conducta descrita en la ley como contravención, conducta que, en criterio de la
autoridad disciplinaria, afectó el deber funcional y la disciplina institucional.

3.18. Durante las audiencias disciplinarias celebradas en el año 2021 se incorporó
el expediente conformado en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Facatativá,
se practicaron las pruebas decretadas, se cerró la etapa probatoria y se recibieron
los alegatos de conclusión presentados por la defensa del investigado.

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3.19. Mediante fallo del 7 de octubre de 2021, la inspectora delegada regional de
policía 1 declaró disciplinariamente responsable a Michael Fernando Chaparro
Zárate por la falta prevista en el numeral 18 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006
y le impuso la sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de 6
meses. La autoridad consideró acreditado que el investigado conducía el vehículo,
presentaba signos de embriaguez, desatendió la orden de pare y se negó a
practicarse la prueba de alcoholemia, y concluyó que la exoneración emitida por la
Secretaría de Tránsito no impedía el ejercicio de la potestad disciplinaria por tratarse
de actuaciones autónomas e independientes.

3.20. El 20 de enero de 2022, el inspector general de la Policía Nacional confirmó
el fallo sancionatorio al considerar que las pruebas recaudadas permitían tener por
demostrada la conducta atribuida al disciplinado y la afectación del deber funcional.

3.21. Finalmente, mediante la Resolución 1805 del 12 de abril de 2022, el
Ministerio de Defensa Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta a Michael
Fernando Chaparro Zárate.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4.Se citaron como tales el artículo 29 de la Constitución Política; y la Ley 1015 de
2006.

5. En cuanto al concepto de violación, sostuvo que los actos sancionatorios
vulneraron el debido proceso y se expidieron con desviación de poder, porque la
sanción disciplinaria se fundamentó en las órdenes de comparendos impuestos por
la Secretaría de Tránsito de Facatativá, pese a que dicha entidad, lo exoneró de
imponer multa alguna al concluir que no había incurrido en ninguna infracción de
tránsito ante la inexistencia de certeza de que fuera el conductor del vehículo. De
tal manera que se habían desconocido los argumentos de la defensa y omitido
valorar el alcance de esa decisión, la cual desvirtuaba el fundamento de la
investigación disciplinaria, razón por la que, la Policía Nacional no podía sancionarlo
por los hechos respecto de los cuales había sido declarado no contraventor, y por
contera, tornaba atípicos los cargos formulados.

1.2. Contestación de la demanda

6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente4:

6.1. Los actos administrativos demandados fueron expedidos con estricto respeto
por la Constitución, la Ley 1015 de 2006 y las garantías del debido proceso, el
derecho de defensa y las reglas propias del régimen disciplinario, razón por la cual,
la investigación disciplinaria y la sanción impuesta se ajustaban al ordenamiento
jurídico. Los fallos de primera y segunda instancia estuvieron debidamente
motivados, con exposición de los hechos, valoración de las pruebas, análisis de los
descargos, calificación de la falta y determinación de la culpabilidad y de la sanción
impuesta.

6.2. La responsabilidad disciplinaria se encontraba demostrada con suficiencia a

4 Samai tribunales, índice 2, documento 16.

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partir de las pruebas recaudadas, entre ellas, los informes de los patrulleros, sus
declaraciones y los demás elementos probatorios practicados en la actuación; el
demandante aceptó que había ingerido licor y negado a la práctica del examen de
embriaguez; pero en todo caso, el estado de embriaguez podía acreditarse
mediante cualquier medio de prueba que generara certeza, sin que fuera
indispensable una prueba tarifada.

6.3. No era cierto que el vehículo hubiera sido detenido en un puesto de control,
pues lo ocurrido fue que varios patrulleros le hicieron señal de pare, la cual
desatendió, emprendió la huida, arremetió contra los uniformados y fue perseguido
hasta lograr su inmovilización lo cual se acreditó con las declaraciones de los
policías quienes si bien iniciaron el procedimiento no impusieron las órdenes de los
comparendos.

6.4. Por lo tanto, al haberse acreditado que el demandante, mientras se
encontraba en vacaciones, desatendió la orden de pare impartida por los patrulleros,
condujo el vehículo en estado de embriaguez, se negó a practicarse la prueba de
alcoholemia y no portaba la licencia de conducción, dicha conducta se adecuaba a
la falta prevista en el numeral 18 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.

6.5. Propuso la excepción de actos administrativos ajustados a la Constitución y
a la ley porque en el trámite de la actuación disciplinaria respetó el debido proceso,
y el derecho de defensa y contradicción, toda vez que la sanción se fundamentó en
las pruebas legalmente recaudadas, las cuales habían demostrado la comisión de
la falta disciplinaria.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
profirió sentencia el 16 de julio de 20245, en virtud de la cual negó las pretensiones
de la demanda y no condenó en costas al demandante. Para tal efecto, expuso lo
siguiente:

7.1. La autoridad disciplinaria valoró las pruebas documentales, testimoniales y el
registro videográfico conforme con las reglas de la sana crítica, y motivó de manera
suficiente las razones por las cuales le había otorgado credibilidad a los testimonios
de los policías que presenciaron los hechos que dieron lugar al proceso disciplinario.
Con base en dichas probanzas, durante la actuación se demostró que Michael
Fernando Chaparro Zárate desatendió la orden de pare; se encontraba bajo los
efectos del alcohol, se negó a practicarse la prueba de alcoholemia y no portaba
licencia de conducción. La decisión de la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Facatativá (Cundinamarca), mediante la cual exoneró al demandante de los
comparendos, obedeció a la falta de certeza sobre la identidad del conductor,
circunstancia que, aunque había quedado acreditada en el proceso disciplinario, no
desvirtuaba la responsabilidad disciplinaria, pues el trámite contravencional y el
disciplinario eran autónomos e independientes. Adicionalmente, el reproche
disciplinario recaía sobre haber incurrido en una conducta descrita en la ley como
contravención, consistente en conducir un vehículo en estado de embriaguez y sin
portar la licencia de conducción, y no sobre la imposición de las órdenes de
comparendo.

7.2. No se configuró una indebida valoración probatoria ni se conculcaron las

5 Samai tribunales, índice 28.

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garantías del debido proceso ni del derecho de defensa comoquiera que se acreditó
la concreción de la falta prevista en el artículo 35.18 de la Ley 1015 de 2006 y que
la conducta reprochada había afectado el deber funcional y comprometido los
principios que rigen la función policial porque el hecho de encontrase en vacaciones
en la época de los hechos no significaba la pérdida de su condición de servidor
público como policía y de su obligación de actuar conforme con la Constitución y la
ley. En consecuencia, la sanción de suspensión e inhabilidad especial por 6 meses
resultaba ajustada a derecho.

1.4. El recurso de apelación

8. Michael Fernando Chaparro Zárate interpuso recurso de apelación con
fundamento en que la indebida aplicación del tipo disciplinario, la inexistencia de la
conducta por la cual había sido sancionado disciplinariamente, y la ausencia de
ilicitud sustancial imponían a la autoridad disciplinaria absolverlo del único cargo
formulado. Al efecto, señaló lo siguiente6:

8.1. La autoridad disciplinaria aplicó indebidamente el artículo 35.18 de la Ley 1015
de 2006, pues, por una parte, fue absuelto por la autoridad de tránsito y, por ende,
no existió la infracción a las normas de tránsito. Por otra parte, pese a que la
expresión «que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el
respeto o el prestigio de la Institución» prevista en el artículo referido había sido
declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-819 de 2006;
en esas condiciones, la autoridad estructuró la responsabilidad con fundamento en
un presupuesto que ya no hacía parte del ordenamiento jurídico.

8.2. No se probó que hubiera cometido las infracciones de tránsito que dieron lugar
a la investigación disciplinaria porque no se acreditó que condujera el vehículo
inmovilizado durante el procedimiento adelantado por la policía de vigilancia y la
unidad de tránsito de Facatativá el 6 de junio de 2019. Tanto es así, que fue absuelto
dentro del procedimiento contravencional adelantado por la Secretaría de Tránsito
de Facatativá, decisión que había hecho desaparecer el presupuesto fáctico sobre
el cual se estructuró la actuación disciplinaria y, por ende, impedía atribuirle
responsabilidad disciplinaria alguna. Pese a ello, la autoridad disciplinaria le otorgó
plena credibilidad a las declaraciones de los patrulleros que le impusieron las
órdenes de comparendos [que en últimas no condujeron a ninguna infracción a las
normas de tránsito], sin que existieran otros medios de prueba que las corroboraran;
y desestimó de forma injustificada sus declaraciones y los testimonios rendidos por
las personas que lo acompañaban el día de los hechos; con desconocimiento de los
principios de imparcialidad, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de
inocencia y de la duda razonable, al estructurar la responsabilidad disciplinaria sin
efectuar una valoración integral y objetiva del material probatorio.

8.3. La responsabilidad disciplinaria no surgía por la simple infracción formal de una
norma, sino que exigía la configuración de la ilicitud sustancial, entendida como la
afectación real del deber funcional o del servicio público. A partir de esa premisa,
en el sub judice, dicho presupuesto no se configuró, pues no existía conexidad entre
la conducta atribuida y el ejercicio de la función policial, toda vez que los hechos por
los cuales fue investigado disciplinariamente ocurrieron cuando se encontraba en

6 Samai tribunales, índice 33.

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vacaciones y, por lo tanto, separado temporalmente del servicio; de ahí que la
conducta no guardaba relación con el ejercicio de sus funciones como integrante de
la Policía Nacional ni afectaba el servicio, la función pública o los fines esenciales
del Estado previstos en los artículos 2, 209 y 218 Constitucionales, pues no
interrumpió las labores de la Policía Nacional, no comprometió el cumplimiento de
sus funciones ni puso en riesgo el interés público.

8.4. Al no existir conexidad entre la conducta y la función policial, ni ilicitud
sustancial, ni una debida aplicación del tipo disciplinario no podía estructurarse
responsabilidad disciplinaria alguna. Así las cosas, la autoridad disciplinaria debió
absolverlo del cargo formulado. Es por ello que los actos demandados se habían
expedido con falsa motivación, infracción de las normas en que debían fundarse,
desviación de poder; violación del debido proceso, del derecho de defensa y de « la
buena marcha de la administración», situación que había sido «avalada» por el a quo
al omitir la valoración integral y objetiva del acervo probatorio.

1.5. Trámite de la segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia8.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos».

2.2. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia9, se circunscriben a
establecer:

7 Tal y como se indicó en el auto del 20 de mayo de 2025. Índice 6 de Samai.
8 Así se desprende del informe secretarial del 4 de marzo de 2025. Índice 8 de Samai.

9 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

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12.1. ¿si
la autoridad disciplinaria realizó una correcta adecuación típica de la
conducta atribuida a Michael Fernando Chaparro Zárate?

12.2. ¿si en el trámite disciplinario se demostró que Michael Fernando Chaparro
Zárate incurrió en la conducta investigada y que esta configuró la ilicitud sustancial
exigida para ser sancionado?

13. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizará los cargos
relacionados con la tipicidad de la conducta disciplinaria, la valoración probatoria y
la ilicitud sustancial. Con ese propósito, se expondrá respecto de cada uno de ellos,
el marco normativo y jurisprudencial aplicable y, enseguida, efectuará el análisis del
caso concreto.

2.3. Análisis de la Sala

2.3.1. La tipicidad en el derecho disciplinario

2.3.1.1. Marco normativo y jurisprudencial

14. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional10. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.

15. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme con leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su
turno, la Ley 734 de 2002 establece que el servidor público y el particular solo serían
investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran
descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.

16. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido
proceso»11, así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó
solo al legislador para que estableciera qué conductas constituían una infracción de
carácter disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento
que considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede
duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»12.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
10 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
11 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00

(2388-2010).
12 Sentencia C-135 de 2016.

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Demandante: Michael Fernando Chaparro Zárate

17. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o
sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de
la falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador « definir de forma
abstracta y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio
de funciones públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del
servicio que le ha sido encomendado o por el abuso de su ejercicio13»14.

18. Es decir que este principio comprende dos garantías15: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual
podrá hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados
los elementos estructurales de la conducta antijurídica»16.

19. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar
un servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente17:

«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de la
relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la
efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una relación de
contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones
públicas y el deber presuntamente incumplido.

El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la autoridad
cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se encuentra en el
derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar descritos los comportamientos
disciplinariamente reprochables tiene una mayor flexibilidad al concebido en materia
criminal, ante la dificultad de que la ley haga un listado detallado de absolutamente todas
las conductas constitutivas de falta18; como consecuencia de ello se ha avalado, desde
un punto de vista constitucional19, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y
la formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una amplitud
tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se encuentren consagrados
los deberes, las funciones o las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo,
y que exigen un proceso de hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma
congruente cómo la conducta investigada se subsume en la descrita por la ley».

20.En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada
apuntó a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas
siempre que las remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los

13 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades

por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
14 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
15 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
16 Ibidem.
17 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
18 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las conductas

reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos
disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en
materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad», posición reiterada en sentencias C-818 de 2005
y C-030 de 2012.
19 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-393 de

2006.

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comportamientos censurables», lo cual tiene asidero en que permitir que el operador
disciplinario establezca a su arbitrio la conducta reprochable desconocería el
principio de legalidad previsto en el artículo 29 superior.

21.De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco,
también explicó esta Sección20:

«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818 de
200521, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son “aquellas infracciones
disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado
de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento
normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes,
mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos. Así, la
tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la
norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera
genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones
constituye una infracción disciplinaria”.

En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que apunta
a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su sentido22 bajo
la condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas precedentes que
definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos aspectos de los que
adolece el precepto en blanco» exigencia que trasciende al campo disciplinario, según
lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.

No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para señalar que
los primeros requieren de un suplemento normativo para completar su alcance23,
mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto, como lo ha definido
su creador, es aquel en el cual el legislador no ha determinado de manera completa la
materia de la prohibición, correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición
no está descrita en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”24, afirma
Hans Welzel»25. Es así como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de
tipos según su estructura formal26, mientras que los abiertos ingresan en la división
según su contenido27».

22. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de forma precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación entre la conducta y
la sanción.

2.3.1.2. Análisis sustancial frente al caso concreto

23. La parte demandante sostuvo que la autoridad disciplinaria aplicó
indebidamente el artículo 35, numeral 18, de la Ley 1015 de 2006 y, por ende,
realizó una incorrecta adecuación típica de la conducta atribuida. Para ello alegó,
de una parte, que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Facatativá lo exoneró

20 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
21 En este aparte cita la Sentencia C-401 de 2001.
22 Ver la sentencia 404 de 2001.
23 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad Externado

de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
24 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,

Depalma, 1979, p.6.
25 Gómez Pavajeau. Op. Cit., p. 431.
26 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
27 Samai tribunales, índice 14. Link antecedentes administrativos Carpeta «REGI-2020-141»,

documento «RECIBIDO-REGI1 COMPLETO. Páginas 103 a 117

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de las órdenes de los comparendos impuestos, circunstancia que, a su juicio,
impedía considerar acreditada la comisión de una contravención, y, de otra, que la
autoridad disciplinaria fundamentó la responsabilidad en la expresión « que empañe
o afecte el decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el respeto o el prestigio de la
Institución», pese a que esta había sido declarada inexequible por la Corte
Constitucional mediante la Sentencia C-819 de 2006 y, por tanto, no hacía parte del
ordenamiento jurídico vigente.

24. En consecuencia, los hechos atribuidos no se adecuaban al supuesto previsto
en el artículo 35, numeral 18, de la Ley 1015 de 2006, razón por la cual la autoridad
disciplinaria debió absolverlo del cargo formulado.

25. Pues bien, a través del auto del 16 de septiembre de 202028, el inspector
delegado regional de policía 1, formuló como cargo único la falta prevista en el
artículo 35, numeral 18 de la Ley 1015 de 2006, conforme con el cual constituye
falta grave «incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como contravención,
cuando se encuentre en situaciones administrativas tales como franquicia, permiso,
licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio o en hospitalización».

26. Como sustento de la adecuación típica, explicó que el artículo 35, numeral 18,
de la Ley 1015 de 2006 debía integrarse con las disposiciones de la Ley 769 de
2002, «por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones», en la medida en que estas describen las conductas constitutivas de
las contravenciones a las que remite la norma disciplinaria. En ese sentido, el
capítulo II, relativo a las «[s]anciones por incumplimiento de las normas de tránsito»,
establece en el artículo 130 que «las sanciones por infracciones a las normas de tránsito
se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción» y que el artículo 131
dispone que «los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la
imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción». Con fundamento en esas
disposiciones, precisó que el demandante, quien para la fecha de los hechos se
encontraba en situación administrativa de vacaciones, presuntamente incurrió en
las contravenciones previstas en los literales B.1 «conducir un vehículo sin portar la
licencia de conducción» y F «conducir bajo el influjo del alcohol o negarse a la práctica de
la prueba de alcoholemia» del citado artículo 131, en concordancia con los artículos
150 y 152 (parágrafo 3) ibidem que prevén:

«Artículo 150. Examen. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor
de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que permita determinar
si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias
estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas.

Las autoridades de tránsito podrán contratar con clínicas u hospitales la práctica de las
pruebas de que trata este artículo, para verificar el estado de aptitud de los
conductores.

Artículo 152. Grado de alcoholemia. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley
1696 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> Si hecha la prueba, se establece que el
conductor se encuentra en alguno de los siguientes grados de alcoholemia, incurrirá
en las sanciones respectivas, según el nivel de reincidencia correspondiente de
conformidad con lo indicado a continuación para cada evento:

[…]

28Samai tribunales, índice 14. Link antecedentes administrativos Carpeta «REGI-2020-141»,
documento «RECIBIDO-REGI1 COMPLETO. Páginas 103 a 117.

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Parágrafo 3. Al conductor del vehículo automotor que pese a ser requerido por las
autoridades de tránsito, con plenitud de garantías, no permita la realización de las
pruebas físicas o clínicas a que se refiere la presente ley o se dé a la fuga, se le
cancelará la licencia, se le impondrá multa correspondiente a mil cuatrocientos
cuarenta (1.440) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) y procederá la
inmovilización del vehículo por veinte (20) días hábiles».

27. Que dicha situación se encontraba prevista en la Ley 1015 de 2006, régimen
disciplinario de la Policía Nacional que en el artículo 35, numeral 18, establecía
como falta grave «incurrir en la comisión de una conducta descrita en la ley como
contravención, cuando se encuentre en situaciones administrativas como vacaciones», tipo
disciplinario que había sido declarado exequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-819 de 2006 en los siguientes términos:

«Los miembros de la policía que se encuentran en las situaciones administrativas a que
se refieren las normas acusadas (franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido,
incapacitado, excusado de servicio o en hospitalización), conservan su condición de
servidores públicos de la institución “en servicio activo”, lo que implica que efectivamente
y de manera actual desempeñan un empleo o cargo en esa Institución. Esta
circunstancia hace que aún bajo las situaciones administrativas descritas retengan su
condición de garantes de las condiciones necesarias para el goce efectivo de los
derechos y las libertades ciudadanas, y para el aseguramiento de una convivencia
pacífica (Art. 218 C.P.). Las conductas que según las disposiciones acusadas son
susceptibles de ser sometidas a control disciplinario, aun cuando el servidor público se
encuentre transitoriamente separado del servicio, no son de aquellas que puedan
adscribirse a la esfera privada del miembro de la Policía, se trata de transgresiones del
orden jurídico tipificadas en la ley como delito o contravención, que no obstante tal
circunstancia de separación momentánea del servicio, comportan una ruptura del deber
funcional en su expresión de deber de actuar conforme a la Constitución y a la ley, lo
que eventualmente puede ser objeto legítimo de imputación disciplinaria, siempre y
cuando se establezca la necesaria conexidad entre la conducta delictiva o
contravencional y el menoscabo de la función pública».

28. En los actos administrativos disciplinarios se juzgó únicamente por «incurrir en
la comisión de una conducta descrita en la ley como contravención, cuando se encuentre
en situaciones administrativas como vacaciones». Ciertamente, en el de primera
instancia proferido el 7 de octubre de 202129, se reiteró de manera textual lo
señalado en el auto del 16 de septiembre de 2020 y en el desarrollo del estudio se
aludió a los hechos que dieron lugar a las órdenes de comparendos emitidas por la
autoridad de tránsito en contra del demandante, enmarcados dentro de los eventos
previstos como infracciones de tránsito en la Ley 796 de 2002, a partir del cargo
único formulado, específicamente lo que atañe a las contravenciones previstas en
los literales B.1 «conducir un vehículo sin portar la licencia de conducción» y F «conducir
bajo el influjo del alcohol o negarse a la práctica de la prueba de alcoholemia».

29. Aunque en el acto administrativo de segunda instancia del 20 de enero de
202230, no se desarrolló un acápite específico sobre la tipicidad, ello obedeció a que
el recurso de apelación centró la controversia en la valoración probatoria y en la
ilicitud sustancial. No obstante, la decisión de segunda instancia partió de la

29 Samai tribunales, índice 14. Link antecedentes administrativos Carpeta «REGI-2020-141»,
documento «RECIBIDO-REGI1 COMPLETO. Páginas 177 a 196.
30 Samai tribunales, índice 2, documento 3, 87 y 88.

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adecuación típica efectuada en el auto de formulación de cargos y en el fallo de
primera instancia, de manera que el análisis de los restantes elementos de la
responsabilidad disciplinaria se realizó sobre la base del cargo endilgado,
consistente en incurrir en una conducta descrita en la ley como contravención
mientras el investigado se encontraba en situación administrativa de vacaciones,
integrado con las disposiciones del Código Nacional de Tránsito.

30. Ahora bien, como se desprende del marco normativo expuesto, el artículo 35,
numeral 18, de la Ley 1015 de 2006 prevé un tipo disciplinario en blanco, pues la
disposición no describe directamente la falta, sino que remite a las normas que
describen conductas calificadas por el legislador como contravenciones. Por ello,
para establecer si se configura el supuesto disciplinario, resulta necesario integrar
su contenido con las disposiciones legales que describen tales conductas. En
consecuencia, el juicio de tipicidad consiste en verificar si el comportamiento
atribuido al servidor público encuadra objetivamente en una conducta descrita por
la ley como contravención y si fue ejecutado mientras aquel se encontraba en
alguna de las situaciones administrativas previstas en la norma.

31. Esto obedece a que el legislador no supeditó la configuración de la falta
disciplinaria a la existencia de un comparendo en firme, de una sanción
administrativa o de una declaración de responsabilidad emitida por la autoridad de
tránsito. El tipo disciplinario exige únicamente que el servidor público incurra en una
conducta descrita en la ley como contravención, mientras se encuentre en alguna
de las situaciones administrativas previstas en la norma, circunstancia que debe ser
establecida por el operador disciplinario a partir de las pruebas legalmente
recaudadas dentro de la actuación. Por ello, la imposición, revocatoria o anulación
de un comparendo no constituye un elemento estructural del tipo disciplinario ni
determina, por sí misma, la configuración o exclusión de la tipicidad.

32. Bajo esa perspectiva, la decisión adoptada por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Facatativá no desvirtúa, por sí sola, la adecuación típica realizada
por la autoridad disciplinaria. Esto es así, no porque el procedimiento disciplinario
prevalezca sobre el contravencional, sino porque ambos persiguen finalidades
distintas y responden a presupuestos normativos diferentes. Mientras la autoridad
de tránsito determina si hay lugar a imponer las consecuencias previstas en el
Código Nacional de Tránsito, el operador disciplinario debe establecer si la conducta
atribuida se subsume en el supuesto previsto en el artículo 35, numeral 18, de la
Ley 1015 de 2006, a partir de las pruebas recaudadas dentro del proceso
disciplinario.

33. De otra parte, en cuanto al argumento, según el cual la autoridad disciplinaria
aplicó un aparte del numeral 18 del artículo en cita, que había sido declarado
inexequible por la Corte Constitucional se evidencia que, en el auto de citación a
audiencia y del fallo disciplinario de primera instancia la imputación se formuló
exclusivamente respecto del supuesto consistente en incurrir en una conducta
descrita en la ley como contravención cuando el servidor se encuentre en una
situación administrativa, y no sobre la expresión «que empañe o afecte el decoro, la
dignidad, la imagen, la credibilidad, el respeto o el prestigio de la Institución». En
consecuencia, el reproche formulado por el apelante parte de una premisa que no
se encuentra acreditada en la actuación disciplinaria, pues la autoridad no

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fundamentó la responsabilidad en el aparte declarado inexequible, razón por la cual
no hay lugar a efectuar un análisis adicional sobre este aspecto.

34. En consecuencia, la Sala concluye que la autoridad disciplinaria realizó una
correcta adecuación típica de la conducta atribuida al demandante al supuesto
previsto en el artículo 35, numeral 18, de la Ley 1015 de 2006, sin que la decisión
adoptada por la autoridad de tránsito o la declaratoria de inexequibilidad de un
aparte distinto de esa disposición desvirtúen la configuración del tipo disciplinario
aplicado. En consecuencia, el cargo de apelación no está llamado a prosperar.

2.3.2. La valoración probatoria en los procesos disciplinarios

2.3.2.1. Marco normativo y jurisprudencial

35. La Ley 1015 de 2006 «[p]or medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para
la Policía Nacional» previó que los autos interlocutorios y los fallos proferidos dentro
del proceso disciplinario deberán estar debidamente motivados, en atención a los
principios de razonabilidad y congruencia [art. 18] y que, en lo no previsto, se
aplicarían «los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por
Colombia, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Contencioso Administrativo,
Penal, Penal Militar, Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que [fuera]
compatible con la naturaleza del derecho disciplinario» [art. 20].

36. A su turno, la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, dispuso lo siguiente:

36.1. Artículo 128: toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario debe fundarse en
pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado.

36.2. Artículo 129: el funcionario debe buscar la verdad real. Para ello es obligatorio
investigar con igual rigor todos los hechos y circunstancias que demuestren la
existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que
tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto,
puede decretar pruebas de oficio.

36.3. Artículo 141: las pruebas deben apreciarse conjuntamente de acuerdo con las
reglas de la sana crítica. En toda decisión motivada debe exponerse razonadamente
el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.

37. Es así como al juez le corresponde verificar el grado de solidez de las
inferencias probatorias de la autoridad disciplinaria para constatar si las
conclusiones que fundamentaron la sanción se ajustaron a la realidad y si esta se
estructuró a la luz de los postulados de la sana crítica.

38. Esta Sección ha señalado que aquella —la sana crítica— como criterio de
valoración probatoria, «está edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia y
de la técnica, y las reglas de la experiencia»31. Igualmente, precisó lo que sigue32:

31 Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 11001-03-25-000-2011-00718-
00(2720-11).
32 Ibidem.

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«En cuanto a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios y
dictámenes de los expertos en determinadas materias. A su vez, las reglas de la
experiencia pueden ser individuales y colectivas, como también pueden ser construidas
por conocimientos públicos y privados.33 Una regla de la experiencia plena es la que
tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo público.34 Estas pueden acreditarse por
cualquier fuente de conocimiento, sin que sea necesario una prueba o cierta
formalidad.35».

Así las cosas, si bien no existe una tarifa legal para decir cómo debe acreditarse un
hecho o circunstancia, los razonamientos probatorios pueden apoyarse en diferentes
medios de convicción que lleven al convencimiento sobre algo que ocurrió, lo cual
requiere un proceso racional, ponderado, objetivo, revestido de ecuanimidad y rectitud
de juicio».

39. De acuerdo con lo anterior, las pruebas deben analizarse conjuntamente, de
conformidad con las reglas de la sana crítica, las cuales harán parte de la motivación
del acto sancionador; para ello, es imprescindible que la autoridad señale y haga un
examen crítico de los documentos, testimonios y demás elementos aportados a la
investigación. Dicho de otro modo, no es «dable emitir un fallo sancionatorio en el que
no obre prueba en el proceso que conduzca a la certeza en cuanto a la existencia de la falta
y responsabilidad del investigado»36.

40. En lo que respecta específicamente a la prueba testimonial, la jurisprudencia ha
indicado que para su valoración racional debe aplicarse con mayor rigor las reglas
de la sana critica, específicamente, a partir del examen de 4 parámetros que facilitan
tal apreciación. Así, se ha señalado que debe analizarse37:

40.1. (i) la coherencia de lo declarado, es decir que no presente contradicciones, sin
que este punto por sí solo defina la veracidad de la prueba porque pueden existir
fallas por asuntos de memoria o porque el testigo falso estructure lo manifestado de
manera lógica y cronológica;

40.2. (ii) la contextualización del relato, que implica que el testigo describa el entorno
espacial y temporal en el que ocurrieron los hechos;

40.3. (iii) las corroboraciones periféricas que aluden a que lo aseverado por el testigo
pueda constatarse con otros medios de prueba aportados al proceso que de manera
indirecta den veracidad a lo narrado, como puede ser la coincidencia con lo
declarado por otros testigos sobre un hecho igual;

40.4. (iv) la existencia de detalles oportunistas a favor del declarante, es decir, que
con datos innecesarios busque favorecerse o a una parte. Tales apreciaciones
reflejan falta de objetividad del testigo.

33 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
34 Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación 15001-23-33-000-2015-00502-

01(4235-17).
35 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA.

Décima sexta edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
36 Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2021, radicación 11001-03-25-000-2011-00367-

00 (1380-2011).
37 Sobre el particular ver la sentencia del 29 de agosto de 2019 de la Sección Segunda, Subsección

A, radicado 08001-23-33-000-2014-01034-01(4422-16).

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2.3.2.2. Análisis sustancial frente al caso concreto

41. La parte demandante sostuvo que la autoridad disciplinaria incurrió en una
indebida valoración del material probatorio, pues no se acreditó que hubiera sido
quien conducía el vehículo inmovilizado durante el procedimiento adelantado por la
policía de vigilancia y la unidad de tránsito de Facatativá el 6 de junio de 2019. En
su criterio, la decisión proferida por la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Facatativá, mediante la cual fue absuelto dentro del procedimiento contravencional,
desvirtuó el supuesto fáctico que dio origen a la investigación disciplinaria. No
obstante, la autoridad disciplinaria otorgó plena credibilidad a las declaraciones de
los patrulleros que impusieron las órdenes de comparendo, pese a que estas no
fueron corroboradas por otros medios de convicción y, a su vez, desestimó
injustificadamente tanto su versión de los hechos como los testimonios rendidos por
las personas que lo acompañaban. En consecuencia, afirmó que la sanción
disciplinaria se estructuró con desconocimiento de los principios de imparcialidad,
razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia e in dubio pro disciplinado,
al no efectuarse una valoración integral, objetiva y conforme con las reglas de la
sana crítica del acervo probatorio.

42. Al respecto, corresponde establecer, en primer lugar, si la autoridad disciplinaria
realizó una valoración integral, objetiva y motivada del material probatorio, de
conformidad con las reglas de la sana crítica; y, en segundo lugar, si las pruebas
legalmente recaudadas durante la actuación disciplinaria permitían concluir, que
Michael Fernando Chaparro Zárate incurrió en la falta disciplinaria prevista en el
artículo 35, numeral 18 de la Ley 1015 de 2006, consistente en cometer una
conducta descrita en la ley como contravención mientras se encontraba en situación
administrativa de vacaciones.

43. En cuanto a lo primero, en auto del 16 de septiembre de 202038, se efectuó una
relación de las pruebas recaudadas durante la investigación disciplinaria, entre las
que se encontraban los informes de novedad que dieron origen a la actuación y los
suscritos por los patrulleros que intervinieron en el procedimiento, las declaraciones
de los patrulleros Daniel Leonardo Aguilar Cardona, Wilson Guezguán Medina y
Juan Guillermo Gutiérrez Forero, así como la respuesta rendida por el teniente
coronel José Ricardo Archila Zapata. Además, durante el trámite fueron
incorporados el video del procedimiento y copia del expediente contravencional
adelantado por la Secretaría de Tránsito de Facatativá como se evidencia de la
continuación de la audiencia celebrada el 19 de julio de 202139 y el 1 de septiembre
de 202140.

44. Dentro del acápite de análisis de las pruebas del acto sancionatorio de primera
instancia41, y con base en las reglas de la sana critica se señaló que, de conformidad
con el informe de novedad S-2019-214-SETRA-UNMUN 29.1, el informe S-2019-

38 Samai tribunales, índice 14. Link antecedentes administrativos Carpeta «REGI-2020-141»,
documento «RECIBIDO-REGI1 COMPLETO. Páginas 101 a 117.
39 Samai tribunales, índice 14. Link antecedentes administrativos Carpeta «REGI-2020-141»,

documento «RECIBIDO-REGI1 COMPLETO. Páginas 127 y 128. Según cosnta en el acta de esa
fecha.
40 Samai tribunales, índice 14. Link antecedentes administrativos Carpeta «REGI-2020-141»,

documento «RECIBIDO-REGI1 COMPLETO. Página 173.
41 Samai tribunales, índice 14. Link antecedentes administrativos Carpeta «REGI-2020-141»,

documento «RECIBIDO-REGI1 COMPLETO. Páginas 177 a 196.

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038036-DECUN; las declaraciones de los patrulleros Héctor Pacheco Tolosa,
Daniel Leonardo Aguilar Cardona, Wilson Guezguán Medina y Juan Guillermo
Gutiérrez Forero, el registro en las anotaciones en los libros de minuta; el video del
procedimiento aportado por el agente de tránsito, las órdenes de comparendo, el
expediente del trámite contravencional remitido por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Facatativá y los demás documentos allegados a la actuación, se
había acreditado que el investigado, mientras se encontraba en vacaciones, había
incurrido en una conducta descrita en la ley como contravención al conducir un
vehículo bajo los efectos del alcohol, y no portar la licencia de conducción,
comportamiento que se adecuaba al tipo disciplinario previsto en el artículo 35.18
de la Ley 1015 de 2006, por remisión a las infracciones señaladas en los artículos
131, 150 y 152 de la Ley 769 de 2002, pues las pruebas demostraban que conducía
el vehículo, presentaba aliento alcohólico, desatendió la orden de pare y se negó a
practicarse la prueba de embriaguez.

45. En el acto administrativo de segunda instancia42 se reiteró que la valoración del
acervo probatorio debía realizarse conforme con las reglas de la sana crítica y
descartó que la absolución proferida por la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Facatativá desvirtuara los hechos acreditados dentro de la actuación disciplinaria.
Para sustentar esa conclusión, examinó las anotaciones contenidas en el libro de
minuta y población, las órdenes de comparendo impuestas al demandante, las
declaraciones rendidas por los patrulleros Daniel Leonardo Aguilar Cardona, Wilson
Guezguán Medina y Juan Guillermo Gutiérrez Forero, así como el video del
procedimiento policial, pruebas que, a su juicio, resultaban concordantes entre sí y
permitían concluir que el demandante cometió las referidas conductas [conducía el
vehículo, desatendió la orden de pare, no portaba licencia de conducción y se negó
a practicarse la prueba de embriaguez].

46. En relación con la prueba testimonial, el inspector general explicó que las
declaraciones de los patrulleros Daniel Leonardo Aguilar Cardona, Wilson
Guezguán Medina y Juan Guillermo Gutiérrez Forero reunían condiciones de
credibilidad, por cuanto eran coherentes, precisas y consistentes entre sí,
describían de manera coincidente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que ocurrieron los hechos y no evidenciaban contradicciones, intereses particulares
o propósitos de favorecer indebidamente a alguna de las partes. Además, consideró
que tales testimonios encontraban corroboración en las demás pruebas
documentales y videográficas incorporadas al expediente, razón por la cual les
otorgó pleno mérito demostrativo.

47. Asimismo, sostuvo que el video del procedimiento constituía un elemento de
corroboración objetiva de los testimonios, en cuanto permitía advertir la presencia
del demandante durante el procedimiento, su negativa a practicarse la prueba de
embriaguez y la manifestación de no portar la licencia de conducción, aspectos que
coincidían con lo consignado en los informes de novedad, las órdenes de
comparendo y las declaraciones de los uniformados que intervinieron en el
operativo.

48. En esas condiciones, la autoridad disciplinaria concluyó que el material

42 Samai tribunales, índice 2, documento 3, 87 y 88.

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probatorio había sido apreciado en la primera instancia disciplinaria de manera
integral y conforme con las reglas de la sana crítica, pues los distintos medios de
convicción se corroboraban recíprocamente y permitían tener por demostrada la
conducta imputada, razón por la cual confirmó el fallo disciplinario de primera
instancia.

49. De lo expuesto, la Sala concluye que los actos disciplinarios de primera y
segunda instancia fueron debidamente motivados a partir del análisis conjunto del
material probatorio, cuya valoración atendió los postulados de la sana crítica. En
efecto, la autoridad disciplinaria explicó las razones por las cuales otorgó mérito
demostrativo a cada uno de los medios de convicción y expuso de manera razonada
cómo estos se corroboraban entre sí para sustentar las conclusiones fácticas que
sirvieron de fundamento a la sanción disciplinaria.

50. Definido lo anterior, corresponde determinar si las pruebas legal y
oportunamente recaudadas durante la actuación disciplinaria, apreciadas conforme
con las reglas de la sana crítica, permiten concluir, más allá de toda duda razonable,
que Michael Fernando Chaparro Zárate incurrió en la falta disciplinaria objeto de
investigación o si, por el contrario, el material probatorio no logró desvirtuar la
presunción de inocencia que lo ampara.

51. En primer lugar, en cuanto a las actuaciones iniciales del procedimiento
policial y de tránsito se encuentra lo siguiente:

51.1. De conformidad con lo registrado en los folios 299 y 300 del libro de minuta de
guardia de la Unidad de Tránsito y Transporte de Facatativá, por el patrullero
Alexander Roncancio Virviescas, jefe de la Unidad registró las actuaciones
adelantadas los días 6 y 7 de junio de 201943. En la anotación «19:30» del 6 de junio
de 2019 recibió el servicio «como tránsito 4/3 disponible para 4-2 turno, enterándo[se] de
consignas y novedades para la prestación del servicio 5/N, PT Roncancio». En la
anotación «21:50» registró «a la hora paso revista por los puntos críticos del municipio,
zona rosa la carrera 1, encontrando todo sin novedad». En la anotación «00:48» del 7 de
junio de 2019 dejó la anotación del procedimiento solicitado por la policía de
vigilancia «en apoyo a un vehículo que le realizaban la orden de parada y se da a la fuga,
más adelante lo logran detener y al identificarlos y realizar el registros verifican que el
conductor de nombre Michael Fernando Chaparro Zárate […] presenta aliento alcohólico,
al solicitarle el desplazamiento al hospital San Rafael se niega y manifiesta de forma libre y
espontánea que no desea ir, donde le realizamos el video fílmico especificándole el artículo
152 parágrafo 3 de la Ley 1696 de 2013 donde dicta la sanción máxima de la conducción
bajo influjo de alcohol […] al reiterar que no desea ir al hospital a hacerse la prueba clínica
de embriaguez, se le notifica la orden de comparendo, se le leen los derechos como
infractor, haciéndole entrega de los documentos del vehículo y cédula de ciudadanía con
copia del comparendo».

51.2. Según lo registrado en los folios 115 a 119 del libro de población de la estación
de policía de Facatativá44 el 7 de junio de 2019, se registraron las actuaciones
adelantadas el 6 de junio de 2019 con ocasión del procedimiento de tránsito
relacionado con el vehículo de placas BYO-368.

43 Páginas 13 a 20.
44 Páginas 21 a 32.

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51.2.1.En la anotación de las «00:02» del 7 de junio de 2019 se dejó constancia de
que la patrulla del cuadrante 1-1 integrada por Wilson Guezguán Medina y Juan
Gutiérrez, mientras realizaba labores de vigilancia en la carrera 2 con calle 14,
impartió una orden de pare al vehículo, la cual fue desatendida por su conductor,
quien emprendió la huida hasta ser interceptado en la carrera 3 con calle 15
«arremetiendo» contra ellos; cuando el patrullero Daniel Aguilar Cardona abrió la
puerta trasera del automotor, el conductor reanudó la marcha, circunstancia que
obligó al uniformado a sujetarse e ingresar al vehículo para evitar ser arrastrado, fue
llevado por varias cuadras hasta que se detuvo, momento en que le solicitaron a los
3 ocupantes del vehículo que descendieran y permitieran el registro a persona
«logrando identificar al conductor con el nombre de Michael Fernando Chaparro Zárate» y
a los acompañantes Carlos Arturo Castillo Segura y Alejandro Zorate Rojas.

51.2.1.1. El conductor «se torn[ó] agresivo» y manifestó ser oficial de la Policía Nacional,
«ofreciendo resistencia» para la individualización, razón por la cual solicitaron apoyo
a otras unidades e hicieron uso de la fuerza para trasladarlo a la Estación de Policía
de Facatativá, momento en el que la unidad de tránsito le informó sobre el deber de
realizar la prueba de embriaguez, pero él se había negado a realizarla « a pesar de
su notable estado de alicoramiento»; por lo tanto se le informaba a la policía de control
y vigilancia para los fines pertinentes y firma de quienes intervinieron (los patrulleros
Héctor Pacheco y Daniel Aguilar del cuadrante 1-2 de Facatativá).

51.2.2.En la anotación de las «01:29» se dejó constancia de la entrega de cédula de
ciudadanía y la licencia de tránsito a Michael Fernando Chaparro Zárate por parte
del patrullero Daniel Leonardo Aguilar, y que se había negado a firmar.

51.2.3. En la anotación «01:45» el patrullero Alexander Roncancio Virviescas (placa
oficial A87569) dejó constancia de que la unidad de tránsito asumió el procedimiento
solicitado por la policía de vigilancia respecto del vehículo de placas BYO-368 en la
calle 15 con carrera 2A, aproximadamente a las 00:05. Registró que los cuadrantes
1-2 y 2-2 de vigilancia le habían realizado la señal de pare al vehículo, pero este
había desatendido la orden y emprendido la huida. Una vez interceptado el
automotor, identificaron como conductor a Michael Fernando Chaparro Zárate,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía y manifestó ser miembro activo de
la Policía Nacional, aunque no indicó su grado ni el lugar donde prestaba sus
servicios ni presentó el carné policial.

51.2.3.1. Al iniciar el procedimiento de tránsito le solicitó los documentos del vehículo
y la licencia de conducción, frente a lo cual manifestó que no los portaba. Al
preguntarle si había ingerido bebidas alcohólicas durante las últimas horas, guardó
silencio, razón por la cual le informó que debían desplazarse al Hospital San Rafael
de Facatativá para la práctica del examen clínico de embriaguez a la cual se negó.
Llamó a la central de radio para verificar los datos del « conductor» y si pertenecía a
la policía; para corroborar la información se desplazaron a la estación de policía el
Resbalón. Michael Fernando Chaparro Zárate se negó por segunda vez a realizarse
el examen clínico de embriaguez. Ante la negativa a practicarse el examen,
inmovilizó el vehículo y le impuso las órdenes de comparendo
25269000000022425586, por la infracción F, consistente en «negarse a realizar la
prueba de embriaguez», y 25269000000022425587, por la infracción B1,
correspondiente a «no portar licencia de conducción». Dejó constancia de la entrega

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de la cédula de ciudadanía y las órdenes de comparendo las cuales se había
negado a firmar.

51.3. En el video del procedimiento de tránsito realizado el 7 de junio de 2019 45, se
observa a Michael Fernando Chaparro Zárate en compañía de los uniformados que
atendieron el procedimiento y otras personas fuera de una estación de policía.
Durante la diligencia, los agentes de tránsito le solicitan la licencia de conducción y
los documentos del vehículo, dice que no la tenía y que él « no venía manejando»; el
patrullero le responde «usted venía manejando», él entrega los documentos del
vehículo. Al señalarle que tenían que ir a realizarse la prueba de embriaguez se
negó. Le reiteran la solicitud, se negó nuevamente, de tal manera que proceden con
la lectura del artículo 152, parágrafo 3, de la Ley 1696 de 2013; en ese momento, lo
condujeron dentro de la estación.

51.3.1.Un patrullero le dice que porqué le pregunta por «las esposas», le responde
que porque anteriormente lo habían maltratado; el patrullero manifiesta que lo que
había sucedido era que él no había atendido a la orden de pare del vehículo ni se
había querido bajar de este, que se había tirado al piso y agredido a un compañero
que estaba en la camioneta y lo había arrastrado con el vehículo, lo cual negó. Le
preguntan de nuevo si se quería hacer la prueba de embriaguez y se negó, razón
por la que le leen de nuevo la norma de tránsito y le indican que por negarse a
practicarse dicha prueba le aplicarían el grado máximo y la multa máxima.
Finalmente le preguntaron si había ingerido bebidas alcohólicas y respondió que no.

51.4. El patrullero Alexander Roncancio Virviescas, en calidad de agente de tránsito,
impuso a Michael Fernando Chaparro Zárate las órdenes de comparendo
25269000000022425586 y 25269000000022425587 el 7 de junio de 2019 46, por las
infracciones F, derivada de la negativa a practicarse la prueba de embriaguez, y B1,
por no portar la licencia de conducción. En ambos documentos se dejó constancia
de que el presunto infractor se negó a firmarlos.

51.5. De otro lado, en el informe de novedad S-2019-038036-DECUN del 7 de junio
de 201947, Héctor Pacheco Tolosa y Daniel Leonardo Aguilar Cardona integrantes
de la patrulla cuadrante 1-2, informaron al comandante del Departamento de Policía
Cundinamarca que mientras realizaban actividades de vigilancia en la carrera 2 con
calle 13 de Facatativá, sector denominado zona T, a las 23:30 p.m.
aproximadamente, observaron un vehículo tipo camioneta « en actitud sospechosa»
el cual había desatendido la orden de pare impartida por el patrullero Juan Gutiérrez
Forero y emprendido la huida, lo que dio lugar a una persecución hasta lograr su
inmovilización en la calle 15 con carrera 3.

51.5.1.Cuando el patrullero Daniel Leonardo Aguilar Cardona abrió la puerta trasera
del vehículo, el conductor reanudó el desplazamiento del automotor, razón por la
cual, el uniformado tuvo que sujetarse e ingresar al vehículo para evitar ser
arrastrado, mientras este continuó avanzando varias cuadras hasta que finalmente
fue inmovilizado. El conductor había manifestado ser miembro de la Policía Nacional
sin acreditar esa condición mediante la exhibición del carné institucional,

45 Archivo «CASO DE EMBRIAGUEZm.p4». Video de 0:08:32 minutos.
46 Página 33.
47 Página 11.

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identificándose con la cédula de ciudadanía como Michael Fernando Chaparro
Zárate «quien se movilizaba como conductor del vehículo de placas BYO-368» y que una
vez descendió del automotor, había puesto resistencia «tornándose agresivo e
irrespetuoso» con los uniformados, de tal manera que habían empleado el uso de la
fuerza y las esposas para trasladarlo a la Estación de Policía de Facatativá con el
fin de realizar el procedimiento de inmovilización del vehículo por « encontrarse en
estado de embriaguez» y al negarse a «a realizarse la prueba, […] a firmar el comparendo
de tránsito y anotaciones del libro de la población». Posteriormente, mediante consulta
en el «SIAHT» establecieron que «el conductor» era piloto en el grado de teniente
adscrito a la «DIRAN».

51.6. Según lo registrado en el informe de novedad S-2019-214 SETRA-UNMUN 29.1
del 7 de junio de 201948, el patrullero Alexander Roncancio Virviescas, jefe de la
Unidad de Tránsito y Transporte de Facatativá, informó al jefe seccional de Tránsito
y Transporte de Cundinamarca que, luego de atender el requerimiento efectuado
por la policía de vigilancia al mando del patrullero Héctor Pacheco Tolosa, al llegar
al lugar de los hechos (calle 15 con carrera 2A), se encontró con un vehículo de
placas BYO-368, que «el compañero de policía y vigilancia» le informó que el
«conductor» del vehículo de placas BYO-368 había desatendido una orden de pare
y emprendido la huida; y que, una vez interceptado el vehículo, «el conductor» se
había identificado como Michael Fernando Chaparro Zárate, quien « al parecer
presenta[ba] aliento alcohólico, no le [exhibió] los documentos del vehículo», había
manifestado ser miembro activo de la Policía Nacional, sin mostrar el carné de
identificación policial ni informar el grado ni el lugar de trabajo.

51.6.1. Posteriormente, el patrullero Alexander Roncancio Virviescas le había
solicitado «al conductor» los documentos del vehículo y la licencia de conducción, quien
le manifestó «no portarlos en el momento»; luego le indicó que sería trasladado al
Hospital San Rafael de Facatativá para la práctica del examen clínico de
embriaguez, pero se había negado a ello. Luego de trasladarlo a la Estación de
Policía de Facatativá, le había explicado el procedimiento señalado en el artículo
152, parágrafo 3, de la Ley 1696 de 2013, y las consecuencias de negarse a la
práctica del examen (aplicación del grado máximo y la sanción máxima); sin
embargo, se había negado a realizar el desplazamiento y el examen referido. En
consecuencia, le había inmovilizado el vehículo e impuesto las órdenes de
comparendo 25269000000022425586, por la infracción F «negarse a realizar la
prueba de embriaguez», y 25269000000022425587, por la infracción B.1 « no portar
licencia de conducción». Una vez identificado, le había manifestado que laboraba en
el Servicio Aéreo de la Policía Nacional en Guaymaral, con el grado de subteniente.

51.7. Mediante Oficio S-2019-214 SETRA-UNMUN del 16 de junio de 201949, el jefe
Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca remitió al comandante del
Departamento de Policía Cundinamarca el informe de novedad suscrito por el
patrullero Alexander Roncancio Virviescas, relacionado con el procedimiento de
tránsito adelantado el 7 de junio de 2019 respecto de Michael Fernando Chaparro
Zárate, para que fuera analizado por el Comité de Recepción, Atención, Evaluación
y Trámite de Quejas e Informes (CRAET), con el fin de verificar si el policial había
incurrido en alguna conducta prevista en la Ley 1015 de 2006 que ameritara la

48 Páginas 7 a 9.
49 Página 5.

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apertura de una investigación disciplinaria.

51.8. De conformidad con el Oficio COMAN-ATECI-29.57 del 20 de junio de 201950,
el comandante del Departamento de Policía Cundinamarca remitió al Inspector
Delegado Región de Policía 1 la queja presentada por los patrulleros Héctor
Pacheco Tolosa, Daniel Leonardo Aguilar Cardona y Wilson Guezguán Medina,
para que se adelantara la actuación disciplinaria correspondiente, de conformidad
con la decisión adoptada por el Comité de Recepción, Atención, Evaluación y
Trámite de Quejas e Informes (CRAET) en sesión del 21 de junio de 2019. En la
queja se informó que Michael Fernando Chaparro Zárate, quien se encontraba
administrativamente en vacaciones el 6 de junio de 2019, al observar « un vehículo
sospechoso que trat[ó] de arremeter contra la integridad de ellos dos, posterior al
emprender persecución uno de ellos logr[ó] subirse por la parte de atrás del vehículo
mientras este lo tenía en marcha, luego de llevarlo por varias cuadras logr[ó] hacerlo
descender del vehículo y este manifiest[ó] ser policía pero no present[ó] el carnet policial,
posterior al verificar en el SIATH se evidenci[ó] que el mismo es un señor oficial que labora
en la DIRAN. Se inmoviliz[ó] el vehículo y no se dej[ó] tomar el examen de embriaguez toda
vez que el mismo presenta[ba] estado de alicoramiento, no firm[ó] el comparendo ni
tampoco las anotaciones. Así mismo le realiza[ron] comparendo por no portar licencia de
conducción».

51.9. En segundo lugar, dentro de la actuación administrativa adelantada por
la Secretaría de Tránsito de Facatativá (Cundinamarca), se encuentra acreditado
lo siguiente:

51.9.1.Mediante auto 45 del 14 de junio de 2019, el secretario de Tránsito y
Transporte de Facatativá inició actuación administrativa de interés particular con
ocasión de la inconformidad presentada por Michael Fernando Chaparro Zárate
frente a los comparendos 25269000000022425586 y 25269000000022425587 del
7 de junio de 201951.

59.9.2.En la audiencia pública del 10 de julio de 201952, adelantada por el secretario
de tránsito y transporte dentro del trámite contravencional, Michael Fernando
Chaparro Zárate rindió versión libre. Manifestó que no conducía el vehículo al
momento de los hechos, sino su hermano Jeison Albeiro Chaparro Zárate, quien
había actuado como conductor elegido. Solicitó la práctica de pruebas, entre ellas,
el interrogatorio del agente de tránsito, la declaración de su hermano y la
incorporación de un video de los hechos, las cuales fueron decretadas por la
autoridad de tránsito.

59.9.3.En la continuación de la audiencia inicial del 17 de julio de 2019, Jeison
Albeiro Chaparro Zárate y el agente de policía de tránsito Alexander Roncancio
Virviescas presentaron declaración juramentada e interrogatorio. Así:

59.9.3.1. Jeison Albeiro Chaparro Zárate. El día de los hechos era quien conducía
el vehículo, al haber sido designado como conductor elegido; cuando la Policía de
Vigilancia del Municipio de Facatativá (Cundinamarca) los requirió, tanto él como

50 Páginas 3 y 4.
51 Samai tribunales, índice 2, documento 3. Página 13.
52 De conformidad con lo registrado en el acta de esa fecha. Samai tribunales, índice 2, documento

3. Páginas 18 a 20.

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los demás ocupantes entregaron sus documentos y uno de sus amigos informó que
Michael Fernando Chaparro Zárate era policía, circunstancia que generó una
discusión porque los uniformados insistían en identificarlo pese a que ya se había
identificado como civil. El agente de tránsito llegó posteriormente al lugar y le solicitó
al actor la licencia de conducción, le informó que debía practicarse la prueba de
alcoholemia y asumió que era el conductor. Le explicó al agente de tránsito que él
conducía el vehículo, pero pese a ello, «nunca [l]e pidió [los] documentos ni los del
vehículo, sino se limitó a llevarse a[l] hermano a la estación». La policía de vigilancia «[l]e
pid[ío la] cédula, pero jamás los del carro ni [del] pase» y cuando el agente de tránsito le
preguntó el motivo de la detención, los policías le respondieron «que [ellos]
desobedeci[eron] un pare que ellos [les] realizaron atrás (circunstancia que no es cierta)» y
«jamás le toca[ron] el tema de quién iba manejando»53.

59.9.3.2. El
agente de policía de tránsito Alexander Roncancio Virviescas. Por
solicitud de la policía de vigilancia, acudió al procedimiento adelantado luego de que
inmovilizaran el vehículo de placas BYO 368 por desatender una orden de pare en
la calle 15 con carrera 2. Los uniformados le indicaron que Michael Fernando
Chaparro Zárate no se había identificado de forma adecuada; al evidenciar que
presentaba signos de embriaguez, lo condujo a la estación de policía. El
demandante le entregó la cédula de ciudadanía y los documentos del vehículo, mas
no la licencia de conducción, pues le manifestó que la había dejado en su casa
porque su hermano era el conductor elegido. Ante la negativa de practicarse la
prueba de alcoholemia, le impuso el comparendo correspondiente y, aunque el actor
le afirmó que no conducía el vehículo, desestimó esa manifestación dadas las
circunstancias del procedimiento. No pudo corroborar quién conducía el vehículo
porque, cuando llegó al lugar, todos los ocupantes ya habían descendido de este y,
según la policía de vigilancia, los ocupantes del vehículo no habían acatado la orden
de pare54.

59.9.3.3. Se le corrió traslado a Michael Fernando Chaparro Zárate para que se
pronunciara sobre las pruebas y presentara los alegatos de conclusión. Este solicitó
que se le exonerara del comparendo porque el agente de tránsito no había
verificado por sus propios medios quién conducía el vehículo, llegó al lugar después
de la intervención de la policía de vigilancia quien no lo identificó como conductor
del vehículo, sino que lo referenció como la persona que no había querido
identificarse, de tal manera que había sustentado el comparendo sin corroborar
objetivamente los hechos; y, además, la policía de vigilancia no tenía competencia
para proceder a la detención55.

59.9.4.Mediante la Resolución 2019-01692 del 18 de julio de 2019, la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Facatativá exoneró a Michael Fernando Chaparro Zárate
de las órdenes de comparendos 25269000000022425586 y
25269000000022425587. Señaló que la detención que dio origen a los
comparendos la realizó la Policía de Vigilancia de Facatativá (Cundinamarca),
autoridad sin competencia para ello, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 769
de 2002; el agente de tránsito que los suscribió «no tuvo la oportunidad en tiempo real

53 De conformidad con lo registrado en el acta de esa fecha. Samai tribunales, índice 2, documento

3. Páginas 22 y 23.
54 Samai tribunales, índice 2, documento 3. Páginas 24 y 25.
55 Samai tribunales, índice 14. Link antecedentes administrativos Carpeta «REGI-2020-141»,

documento «RECIBIDO-REGI1 COMPLETO. Páginas 26 y 27.

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ni la información por parte de la Policía de Vigilancia del Municipio de Facatativá de
corroborar que el inculpado era el conductor del vehículo». En consecuencia, «[exist[ía]
una duda razonable respecto a la conducción del vehículo por parte de […] Michael
Fernando Chaparro Zárate», pues no se habían acreditado los elementos suficientes
y necesarios para determinar la ocurrencia de las infracciones impuestas al actor,
por lo tanto, no se le había garantizado el debido proceso en el trámite adelantado
por la policía de vigilancia que dio lugar a las órdenes de comparendo sin una
prueba objetiva de la participación en los hechos56.

59.10. En tercer lugar, el 3 de febrero de 202057, dentro del proceso disciplinario,
se rindieron las siguientes declaraciones:

59.10.1. Patrullero Daniel Leonardo Aguilar Cardona, integrante del cuadrante 1-2
de la Estación de Policía de Facatativá, ratificó el contenido del informe de novedad
y manifestó que, el «7» de junio de 2019 a las «9:30», mientras adelantaba labores
de vigilancia junto con los patrulleros Héctor Pacheco Tolosa, Juan Gutiérrez Forero
y Wilson Guezguán Medina. Él con el patrullero Héctor Pacheco Tolosa observaron
un vehículo que desatendió la orden de pare impartida por el patrullero Juan
Gutiérrez Forero y emprendió la huida, lo que dio lugar a una persecución hasta la
calle 15 con carrera 3. Al abrir la puerta trasera del vehículo para verificar la
situación, el conductor reanudó la marcha, circunstancia que lo obligó a sujetarse e
ingresar al automotor para evitar ser arrastrado, permaneciendo en su interior varias
cuadras hasta que el vehículo fue finalmente inmovilizado, en dicho vehículo se
transportaban 3 personas y que, una vez controlada la situación, solicitaron el apoyo
de la Unidad de Tránsito para que asumiera el procedimiento correspondiente.
Identificó a Michael Fernando Chaparro Zárate como conductor del vehículo porque
logró subir al automotor mientras este continuaba en movimiento y, durante el
recorrido, pudo observar directamente que era quien lo conducía. Una vez detenido
el vehículo, identificaron como conductor a Michael Fernando Chaparro Zárate,
quien manifestó pertenecer a la Policía Nacional; sin embargo, inicialmente no
exhibió el carné institucional. El investigado presentaba aliento alcohólico, tenía
movimientos descoordinados y mostraba signos compatibles con la ingesta de
bebidas embriagantes. Posteriormente, cuando hizo presencia la Unidad de
Tránsito se había negado a practicarse la prueba de embriaguez y a firmar las
actuaciones adelantadas durante el procedimiento de tránsito. Comoquiera que
había adoptado una actitud agresiva (aunque no los agredió, ni utilizó un vocabulario
soez o descortés) y había puesto resistencia al procedimiento, solicitaron apoyo de
otras unidades y emplearon la fuerza y las esposas para trasladarlo a la Estación
de Policía de Facatativá; y que los acompañantes del vehículo descendieron
voluntariamente, permitieron el registro y no opusieron resistencia.

59.10.2. Patrullero Juan Guillermo Rodríguez Forero, integrante del cuadrante 1-2
de la Estación de Policía de Facatativá. Mientras realizaba labores de vigilancia
como patrulla de cuadrante del municipio junto con el patrullero Wilson Guezguán
Medina, en compañía del cuadrante 1-2 conformada por los patrulleros, Daniel
Leonardo Aguilar Cardona y Héctor Pacheco Tolosa, y ante el llamado de Héctor
Pacheco Tolosa, le hizo pare a una camioneta gris que se desplazaba por la carrera

56 Samai tribunales, índice 2, documento 3, páginas 28 a 35.
57Samai tribunales, índice 14. Link antecedentes administrativos Carpeta «REGI-2020-141»,
documento «RECIBIDO-REGI1 COMPLETO. Páginas 26 y 27. Páginas 77 a 79; 83 y 84; y 85 a 87;

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2 entre calles 11 y 15 pero el conductor hizo caso omiso y continuó la marcha, lo
cual lo obligó a retirarse hacia el andén para evitar ser atropellado, razón por la cual,
los patrulleros Héctor Pacheco Tolosa y Daniel Leonardo Aguilar Cardona
emprendieron la persecución del vehículo quienes lo alcanzaron en la carrera 3 con
calle 15, lugar al que llegó posteriormente junto con su compañero Wilson
Guezguán Medina. Héctor Pacheco Tolosa llamó al comandante de la estación
(patrullero Rodríguez) y al jefe de vigilancia (intendente Freddy López) los cuales
llegaron al sitio. Cuando llegó se habían bajado del vehículo 3 personas a las cuales
Héctor Pacheco Tolosa trató de identificarlas solicitándoles las cédulas, verificó los
antecedentes de los vehículos, en ese momento llegaron el comandante de la
estación y el jefe de vigilancia y posteriormente llegó la unidad de tránsito « porque
al parecer estaban bajo los efectos de alicoramiento» entidad idónea para el
procedimiento, quienes eran los encargados de llevarlos a medicina legal y al
hospital posteriormente, la grúa se llevó el vehículo. A continuación, se trasladaron
con el patrullero Alexander Roncancio Virviescas hacia el hospital a realizar la
prueba de alcoholemia. Estuvo presente solo hasta ese momento al no ser su
procedimiento sino del patrullero Héctor Pacheco Tolosa. Al principio del
procedimiento ninguno de los ocupantes del vehículo se identificó como policía, tal
comentario lo supo después, y no había evidenciado quien conducía la camioneta,
hubo una discusión y redujeron a un sujeto, al parecer los ocupantes del vehículo
estaban en estado de embriaguez, pero no podía asegurarlo.

59.10.3. Patrullero Wilson Guezguán Medina, integrante del cuadrante 1-2 de la
Estación de Policía de Facatativá. Mientras se encontraba de servicio en la zona de
los bares, a través del radio, la patrulla conformada por los patrulleros Héctor
Pacheco Tolosa y Daniel Leonardo Aguilar Cardona, solicitaron apoyo al resto de
unidades ante la persecución de un vehículo, al llegar a la carrera 15 con calle 3
lugar de los hechos, se encontraba el vehículo estacionado, interceptado por los
dos patrulleros, observó que estos y los civiles discutían por no haber atendido el
pare. Cuando llegó al lugar Michael Fernando Chaparro Zárate ya había descendido
del vehículo «del puesto del conductor» los otros ocupantes no. Les solicitaron los
documentos para que se identificaran y les pidieron descender del vehículo, les
hicieron registro personal y al vehículo. Héctor Pacheco Tolosa solicitó apoyo a la
patrulla de tránsito y se le informó al comandante de escuadra «intendente López».
Una vez llegaron al sitio, le preguntaron a Michael Fernando Chaparro Zárate qué
rango tenía porque había manifestado que era oficial de policía, pero nunca
contestó; que como había entregado la cédula con eso se había identificado y la
consulta a la central de la DECUN que hicieron en ese momento arrojó que no era
oficial. La unidad de tránsito le solicitó que lo acompañara a la estación de policía,
pero puso resistencia, y procedieron a esposarlo porque tuvo una conducta
agresiva, lo subieron al vehículo y lo trasladaron a la estación; « no se evidenciaba
que estuviera bajo la ingesta de bebidas embriagantes, no lo vio en actitud
desestabilizante». Solo tuvo conocimiento hasta ese momento porque ese no era su
caso sino de los patrulleros Héctor Pacheco Tolosa y Daniel Leonardo Aguilar
Cardona.

60. Del análisis conjunto de los anteriores medios de convicción, la Sala concluye
que la autoridad disciplinaria efectuó una valoración integral, objetiva y razonada
del acervo probatorio, conforme con las reglas de la sana crítica, y que las
inferencias fácticas que sirvieron de fundamento a la sanción disciplinaria

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encuentran respaldo en las pruebas legalmente recaudadas. En efecto, los distintos
medios de convicción no fueron apreciados de manera aislada, sino confrontados
entre sí, lo que permitió reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que ocurrieron los hechos y concluir que Michael Fernando Chaparro Zárate era
quien conducía el vehículo de placas BYO-368 durante el procedimiento adelantado
por la Policía Nacional el 6 de junio de 2019.

61. En primer término, los informes de novedad, las anotaciones efectuadas en el
libro de minuta de la Unidad de Tránsito y Transporte de Facatativá y en el libro de
población de la Estación de Policía, así como las órdenes de comparendo,
constituyen documentos oficiales elaborados de manera contemporánea a los
hechos, cuyos contenidos resultan coincidentes respecto de los aspectos
esenciales del procedimiento. En ellos se dejó constancia de que el vehículo
desatendió la orden de pare impartida por la Policía de Vigilancia, emprendió la
huida, fue interceptado minutos después y que Michael Fernando Chaparro Zárate
fue identificado como su conductor, no portaba licencia de conducción y se negó en
repetidas oportunidades a practicarse el examen clínico de embriaguez.

62. Tales documentos encuentran corroboración en el video del procedimiento, en
el que se observa que el demandante manifestó no portar la licencia de conducción
y rechazó de manera reiterada la práctica del examen de embriaguez, aun después
de que el agente de tránsito le explicó las consecuencias legales derivadas de esa
negativa. Si bien durante la diligencia sostuvo que no era quien conducía el
vehículo, esa afirmación fue controvertida de manera inmediata por los uniformados
que intervinieron en el procedimiento, quienes reiteraron que había sido identificado
como conductor desde el momento mismo de la persecución.

63.Lo anterior constituye un elemento de corroboración objetiva respecto de
aspectos relevantes del procedimiento, en la medida en que coincide con lo
consignado en los informes oficiales y en las órdenes de comparendo acerca de la
negativa del demandante a presentar la licencia de conducción y a practicarse el
examen clínico de embriaguez.

64. A su vez, las declaraciones rendidas dentro del proceso disciplinario por los
patrulleros Daniel Leonardo Aguilar Cardona, Juan Guillermo Rodríguez Forero y
Wilson Guezguán Medina fueron valoradas de manera conjunta por la autoridad
disciplinaria. En particular, el testimonio de Daniel Leonardo Aguilar Cardona reviste
especial relevancia, pues explicó que logró ingresar al vehículo cuando este
continuaba en movimiento para evitar ser arrastrado y, durante ese recorrido,
observó directamente que Michael Fernando Chaparro Zárate era quien lo
conducía. Esta circunstancia fue consistente con el contenido de los informes de
novedad y con lo registrado en los libros oficiales. Por su parte, Wilson Guezguán
Medina declaró que, al llegar al lugar de los hechos, observó que el demandante
descendía del puesto del conductor, mientras que Juan Guillermo Rodríguez
Forero, aunque manifestó no haber observado directamente quién conducía el
automotor, confirmó la persecución del vehículo, la desatención de la orden de pare
y la intervención posterior de la Unidad de Tránsito. Estas diferencias obedecen a
la posición desde la cual cada uniformado percibió los hechos y no afectan la
coherencia del relato en sus aspectos esenciales.

65. Así, aunque no todos los declarantes presenciaron la totalidad de los

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acontecimientos, sus versiones resultan complementarias, pues cada una da cuenta
de los hechos que fueron percibidos directamente por quien declaró, sin que las
diferencias mínimas advertidas (como por ejemplo la hora de la ocurrencia de los
hechos) recaigan sobre aspectos esenciales de la reconstrucción fáctica efectuada
por la autoridad disciplinaria.

66. En ese contexto, no comparte la Sala el argumento del apelante según el cual
los testimonios de los patrulleros carecían de credibilidad por no encontrarse
corroborados por otros medios de prueba. Por el contrario, dichos testimonios
encuentran respaldo en los informes oficiales elaborados inmediatamente después
del procedimiento, en las anotaciones de los libros de minuta y población, en las
órdenes de comparendo y en el video incorporado al expediente, de manera que
satisfacen los criterios de coherencia, contextualización, corroboración periférica y
ausencia de elementos oportunistas a favor del declarante que, conforme con la
jurisprudencia de esta Corporación, orientan la valoración racional de la prueba
testimonial.

67. Tampoco desvirtúa dicha conclusión la decisión adoptada por la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Facatativá dentro del procedimiento contravencional.
Como quedó expuesto al resolver el cargo relacionado con la tipicidad, la absolución
allí proferida obedeció a que el agente de tránsito no presenció directamente la
conducción del vehículo y, por ello, consideró que existía duda razonable para
imponer la sanción administrativa. Sin embargo, dentro del proceso disciplinario se
recaudó un acervo probatorio más amplio, integrado no solo por el expediente
contravencional sino también por los informes de novedad, los libros oficiales, el
video del procedimiento y las declaraciones de los uniformados que intervinieron
directamente en los hechos, elementos que fueron apreciados de manera conjunta
y permitieron superar esa incertidumbre.

68. En consecuencia, la Sala concluye que la autoridad disciplinaria realizó una
valoración integral, objetiva y razonada del material probatorio conforme con las
reglas de la sana crítica. Asimismo, se advierte que las inferencias fácticas que
sustentaron la sanción disciplinaria encuentran respaldo en el acervo probatorio
legalmente recaudado y apreciado de manera conjunta, el cual permite tener por
acreditado, más allá de toda duda razonable, que Michael Fernando Chaparro
Zárate incurrió en la conducta que dio lugar a la formulación del cargo disciplinario.
Por tanto, este cargo de apelación no prospera.

2.3.3. La ilicitud sustancial

2.3.3.1. Marco normativo y jurisprudencial

69. El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 previó que la falta será antijurídica cuando
afecte el deber funcional sin justificación alguna. En términos de esta corporación, para
que una conducta típica sea antijurídica se requiere una afectación injustificada al
deber funcional «como bien jurídico del Estado protegido por el derecho disciplinario»58, a lo
cual se agrega el adjetivo sustancial, es decir que «la actuación u omisión del servidor
público debe desembocar en una afectación material, real y efectiva del buen funcionamiento
del Estado y por tanto del servicio público».

58 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017,

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70. Sobre el particular, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el derecho
disciplinario está integrado por todas las normas que exigen a los servidores públicos
un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En esa línea, las
normas que lo rigen buscan «encausar la conducta de quienes cumplen funciones públicas
mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos
fines y funciones estatales»59. Asimismo:

«Las conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario, en general, son
aquellas que comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público.
En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia ha señalado que se encuentra
integrado por (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación
de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación
del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si
se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas
dimensiones. El incumplimiento al deber funcional es lo que configura la ilicitud sustancial
que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento de definir las faltas
disciplinarias.»

71. Lo anterior impide que las faltas se remitan a conductas que cuestionan la
actuación del servidor público sin que se precisen los deberes funcionales que le
incumben, «como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria
que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta»60
que, se reitera, se materializa en la inobservancia del deber funcional que perturba el
correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines.

72. Dicho en términos de la jurisprudencia de esta corporación, para que exista una
falta disciplinaria es ineludible que la acción u omisión «conlleve una verdadera afectación
de la función pública encomendada al disciplinado, lo que significa que si la ilicitud sustancial
no fue “sustancial” no es posible declarar la responsabilidad disciplinaria»61.

2.3.3.2. Análisis sustancial del caso concreto

73. El actor sostuvo que no se configuró la ilicitud sustancial porque los hechos
ocurrieron cuando se encontraba en situación administrativa de vacaciones y, por
ende, separado temporalmente del servicio. En su criterio, la conducta investigada
no guardó conexidad con el ejercicio de la función policial ni afectó el servicio
público, el cumplimiento de sus funciones o los fines esenciales del Estado previstos
en los artículos 2, 209 y 218 de la Constitución Política. En consecuencia, la
autoridad disciplinaria estructuró la responsabilidad a partir de la simple infracción
formal de las normas de tránsito, sin demostrar una afectación real y material del
deber funcional.

74. Pues bien, como se expuso en el marco normativo, la ilicitud sustancial no se
agota en la constatación de una conducta típica, sino que exige verificar que esta
afectó, de manera real e injustificada, el deber funcional que el ordenamiento
jurídico impone al servidor público.

59 Corte Constitucional, sentencia C-948 de 2002.
60 Ibidem.
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014,
radicación: 11001-03-25-000-2012-00167-00(0728-12).

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75. En ese sentido, en el acto sancionatorio de primera instancia la autoridad
disciplinaria consideró que la ilicitud sustancial se configuró porque el régimen
disciplinario de la Policía Nacional protege el correcto cumplimiento de la función
pública y de los deberes funcionales de sus integrantes. Que la sanción impuesta
no se fundamentó únicamente en la comisión de una contravención de tránsito, sino
en que el comportamiento acreditado constituyó un incumplimiento de los deberes
inherentes a la condición de oficial de la Policía Nacional. Asimismo, que el hecho
de que el investigado se encontrara en vacaciones no lo sustraía del régimen
disciplinario, pues continuaba sometido a un régimen especial de sujeción que le
imponía observar una conducta acorde con los deberes propios de la función
policial.

76. Tales consideraciones fueron confirmadas en el acto administrativo de segunda
instancia, en el que el inspector general precisó que la ilicitud sustancial debía
entenderse como la afectación sustancial de los deberes funcionales y no como la
mera infracción de las normas de tránsito. Que el deber funcional comprende, entre
otros aspectos, el cumplimiento de las funciones propias del cargo, la obligación de
actuar conforme con la Constitución y la ley y el respeto por las prohibiciones que
rigen el ejercicio de la función pública. Bajo ese entendido, la valoración conjunta
del material probatorio permitía concluir que el disciplinado condujo el vehículo,
desatendió la instrucción de pare impartida por los uniformados, no portaba licencia
de conducción, se negó a practicarse la prueba de alcoholemia y generó
complicaciones en el desarrollo del procedimiento comportamientos que
desconocieron los deberes inherentes a su condición de oficial de la Policía
Nacional. Por su grado, formación y experiencia institucional, el demandante
conocía plenamente las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que
disciplinan el ejercicio de la función policial y que, aun encontrándose en
vacaciones, permanecía sometido al régimen especial de sujeción propio de los
miembros de la institución, circunstancia que hacía plenamente exigible el
cumplimiento de tales deberes.

77. Tal razonamiento resulta acorde con la Sentencia C-819 de 2006, en la cual, la
Corte Constitucional al efectuar el juicio de constitucionalidad del artículo 35.18 de
la Ley 1015 de 2006 precisó que los miembros de la Policía Nacional que se
encuentran en situaciones administrativas como vacaciones, permisos, licencias,
incapacidades u hospitalización conservan su condición de servidores públicos en
servicio activo. En consecuencia, aun cuando se encuentren separados
temporalmente de la prestación efectiva del servicio, continúan vinculados por los
deberes funcionales propios de la institución y, por ello, la comisión de una conducta
tipificada en la ley como delito o contravención puede constituir una ruptura del
deber funcional, siempre que exista la necesaria conexidad entre el comportamiento
y el menoscabo de la función pública62.

62 De forma expresa señaló: «Los miembros de la policía que se encuentran en las situaciones

administrativas a que se refieren las normas acusadas (franquicia, permiso, licencia, vacaciones,
suspendido, incapacitado, excusado de servicio o en hospitalización), conservan su condición de
servidores públicos de la institución en servicio activo, lo que implica que efectivamente y de manera
actual desempeñan un empleo o cargo en esa Institución. Esta circunstancia hace que aún bajo las
situaciones administrativas descritas retengan su condición de garantes de las condiciones
necesarias para el goce efectivo de los derechos y las libertades ciudadanas, y para el
aseguramiento de una convivencia pacífica (Art. 218 C.P.). Las conductas que según las
disposiciones acusadas son susceptibles de ser sometidas a control disciplinario, aun cuando el

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78. En el presente asunto, dicha conexidad se encuentra acreditada. Como quedó
demostrado en el análisis probatorio, Michael Fernando Chaparro Zárate, siendo
oficial activo de la Policía Nacional, desatendió una orden de pare impartida por
miembros de la Policía de Vigilancia, no portó la licencia de conducción y se negó
de manera reiterada a practicarse el examen clínico de embriaguez requerido por la
autoridad de tránsito.

79. Finalmente, en atención a los argumentos planteados en el recurso de
apelación, la Sala considera necesario precisar que la declaratoria de
inexequibilidad de la expresión «que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen,
la credibilidad, el respeto o el prestigio de la Institución» no implica que el artículo 35,
numeral 18, de la Ley 1015 de 2006 haya perdido eficacia ni que resulte
improcedente sancionar disciplinariamente al servidor que incurra en una conducta
descrita por la ley como delito o contravención durante una situación administrativa.

80. Precisamente, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de esa
disposición al entendido de que la conducta atribuida debe afectar los fines de la
actividad policial, exigencia que se concreta mediante la verificación de una
afectación real e injustificada del deber funcional y no a partir de consideraciones
relacionadas con la imagen, el prestigio o el decoro institucional. Esta precisión
resulta necesaria porque el recurso asocia la declaratoria de inexequibilidad del
referido aparte con la ausencia de responsabilidad disciplinaria. Sin embargo,
ambos aspectos responden a presupuestos jurídicos diferentes mientras la
inexequibilidad excluyó la afectación del decoro, la dignidad, la imagen, la
credibilidad, el respeto o el prestigio de la institución como fundamento de
responsabilidad disciplinaria, la ilicitud sustancial exige acreditar la afectación real
e injustificada del deber funcional, elemento autónomo de la responsabilidad
disciplinaria que, como quedó demostrado, se encuentra satisfecho en el presente
asunto.

81. En ese contexto, no resulta de recibo el argumento del apelante según el cual
la circunstancia de encontrarse en vacaciones excluía, por sí sola, la afectación del
deber funcional. La separación temporal del servicio no extingue la condición de
servidor público ni releva al miembro de la Policía Nacional del cumplimiento de los
deberes funcionales derivados de su investidura. Precisamente por ello, la Corte
Constitucional condicionó la exequibilidad del artículo 35, numeral 18, de la Ley
1015 de 2006 en el entendido de que la conducta realizada durante una situación
administrativa debe afectar los fines de la actividad policial, exigencia que, en este
caso, se satisface porque el comportamiento acreditado comportó un
desconocimiento del deber funcional de actuar conforme con la Constitución y la
ley, presupuesto indispensable para el cumplimiento de dichos fines, y no porque
hubiese comprometido la imagen o el prestigio institucional.

servidor público se encuentre transitoriamente separado del servicio, no son de aquellas que puedan
adscribirse a la esfera privada del miembro de la Policía, se trata de transgresiones del orden jurídico
tipificadas en la ley como delito o contravención, que no obstante tal circunstancia de separación
momentánea del servicio, comportan una ruptura del deber funcional en su expresión de deber de
actuar conforme a la Constitución y a la ley, lo que eventualmente puede ser objeto legítimo de
imputación disciplinaria, siempre y cuando se establezca la necesaria conexidad entre la conducta
delictiva o contravencional y el menoscabo de la función pública».

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82. Finalmente, sin reabrir el debate relativo a la tipicidad de la conducta, resuelto
en el acápite correspondiente, la Sala considera necesario precisar, en atención a
los argumentos expuestos en el recurso de apelación, que la declaratoria de
inexequibilidad de la expresión «que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen,
la credibilidad, el respeto o el prestigio de la Institución» no implica que el artículo 35,
numeral 18, de la Ley 1015 de 2006 haya perdido eficacia ni que resulte
improcedente sancionar disciplinariamente al servidor que incurra en una conducta
descrita por la ley como delito o contravención durante una situación administrativa.

83. Precisamente, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de esa
disposición al entendido de que la conducta atribuida debe afectar los fines de la
actividad policial, exigencia que se concreta mediante la verificación de una
afectación real e injustificada del deber funcional y no a partir de consideraciones
relacionadas con la imagen, el prestigio o el decoro institucional. En ese sentido, la
precisión resulta pertinente porque el argumento del apelante parte de asociar el
aparte declarado inexequible con la ausencia de responsabilidad disciplinaria,
cuando, en realidad, la afectación real e injustificada del deber funcional constituye
un presupuesto autónomo de la ilicitud sustancial, distinto del aparte retirado del
ordenamiento por la Corte Constitucional.

84. En consecuencia, la Sala concluye que la conducta atribuida a Michael
Fernando Chaparro Zárate afectó de manera real e injustificada el deber funcional
inherente a su condición de oficial activo de la Policía Nacional, no por la eventual
repercusión que hubiera podido tener sobre la imagen de la institución, sino porque
evidenció el incumplimiento de deberes jurídicos que continuaban siendo
plenamente exigibles durante el período de vacaciones y cuya observancia resulta
necesaria para el cumplimiento de los fines de la actividad policial.

85. Además, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso,
correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en que fundó el
escrito de demanda y el recurso de apelación, esto es, que los actos acusados
fueron expedidos de manera irregular, con falsa motivación o desviación de poder;
sin embargo, no logró desvirtuar la presunción de legalidad que los ampara. Por el
contrario, en el expediente contravencional se encuentra suficientemente acreditado
que su conducta se adecuó a lo previsto en el artículo 35, numeral 18 de la Ley 1015
de 2006. En ese orden, este cargo de apelación tampoco está llamado a prosperar.

86. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 16 de julio de 2024
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
que negó las pretensiones de la demanda presentada por Michael Fernando
Chaparro Zárate contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2.4. Costas

87. La condena en costas en la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo está
prevista en el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

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En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

88. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

89. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma63.

90. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

91. No evidencia la Sala que en esta instancia la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual no se condenará en costas en esta instancia.

2. Conclusión

92. Por las razones expuestas en precedencia, se confirmará la sentencia que negó
las pretensiones de la demanda, por cuanto no prosperan los cargos de apelación
relacionados con la tipicidad de la conducta disciplinaria, la valoración probatoria y
la ilicitud sustancial. En efecto, la nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
demostró, a partir de las pruebas legalmente recaudadas y valoradas de manera
integral conforme con las reglas de la sana crítica, que la conducta atribuida a
Michael Fernando Chaparro Zárate se encuadró en las conductas descritas en la
ley como contravenciones a las que remite el artículo 35, numeral 18 de la Ley 1015
de 2006, mientras se encontraba en situación administrativa de vacaciones.
Asimismo, acreditó que dicha conducta afectó de manera real e injustificada el deber
funcional inherente a su condición de oficial activo de la Policía Nacional, sin que la
circunstancia de encontrarse en vacaciones o la decisión adoptada por la autoridad
de tránsito lo eximieran de responsabilidad por la falta disciplinaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de julio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que negó las

63En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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33

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00045-01 (6189-2024)
Demandante: Michael Fernando Chaparro Zárate

pretensiones de la demanda presentada por Michael Fernando Chaparro Zárate
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM

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