Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00090-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00090-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2023-00090-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-42-000-2023-00090-01 (0674-2025)
Demandante: Néstor Camelo Piñeros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Vinculado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM)
Temas: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general para
ocupar cargos públicos. La tipicidad en el marco de la
responsabilidad disciplinaria.
Decisión: Revocar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 13 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de las siguientes decisiones:
i) fallo de primera instancia de fecha 14 de octubre de 2021, mediante el cual se
impuso el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general por el término
de 13 años1 y; ii) fallo de fecha 27 de mayo de 2022, por medio del cual se redujo
a 10 años la aludida restricción2.
3. Como restablecimiento del derecho se exigió la eliminación de las anotaciones
negativas en los registros de antecedentes disciplinarios.
4. Hechos. El 9 de octubre de 2019 la Contraloría General de la República visitó las
instalaciones de la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
(ALFM), ubicada en el municipio de Cota (Cundinamarca).
5. En dicha entidad se encontraban vinculados los señores Víctor Manuel Carvajal
Calderón, Néstor Camelo Piñeros y Jorge Enrique Valderrama Lugo. La Oficina de
Control Interno Disciplinario (OCID) de la mencionada agencia consideró que este
último funcionario, quien tenía conocimiento de la existencia de unos alimentos
vencidos —mayonesa—, ideó un plan irregular para evitar que la autoridad fiscal
encontrara hallazgos durante la inspección.
1 Folios 21 a 144 del PDF «7_ED_EXPEDIENTE_06DEMANDAPODERANEX» del expediente digital, el cual
puede ser descargado en la opción de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
2 Folios 145 a 227 ibidem.
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Demandante: Néstor Camelo Piñeros
6. Ese procedimiento se materializó el día anterior a la revista, cuando 2 camiones
de propiedad de la agencia retiraron la mercancía almacenada en las bodegas de
la institución. Que el mismo día de la inspección el señor Valderrama Lugo presentó
una factura de venta falsa, que posteriormente fue anulada por el mismo.
7. Producto de estas actuaciones se iniciaron las investigaciones disciplinarias en
contra de esos servidores. Al señor Camelo Piñeros le fue imputada la falta prevista
en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en «[r]ealizar
objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable
a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de
la función o cargo, o abusando del mismo», conducta descrita en el artículo 417 del
Código Penal3.
8. Al demandante se le reprochó que «siendo el director de la Regional Centro con
anterioridad al 8 de octubre de 2019, tuvo conocimiento y coadyuvó con su silencio
a la estructuración de un plan mendaz con otros funcionarios de la ALFM, tendiente
a engañar a la administración y al personal que hacía parte de una delegación de la
Contraloría General de la República; quienes para la fecha 9 de octubre de 2019
inspeccionarían las instalaciones de dicha regional».
9. El 14 de octubre de 2021 se profirió el fallo de primera instancia, mediante el cual
se declaró disciplinariamente responsable al señor Néstor Camelo Piñeros con el
correctivo de destitución e inhabilidad general por 13 años. Esta penalidad fue
reducida a 10 años en el fallo de segunda instancia, al considerarse que la conducta
fue cometida a título de culpa gravísima y no de dolo.
10. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 42, 44, 46 y numeral 1.° del 48 de la Ley 734 de 2002. Al
desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante invocó la
atipicidad de la conducta, al considerar que la naturaleza del delito de omisión de
denuncia es dolosa e intencional, lo cual exige que el servidor público efectivamente
conozca de la realización del hecho delictivo al interior de la administración. De ahí
que dicho discernimiento como presupuesto estructurador del ilícito penal no puede
ser un rumor ni debe carecer de veracidad.
11. Además, adujo que la exigencia de exteriorizar de manera inmediata los hechos
punibles no debe entenderse ni interpretarse de forma literal, en tanto que, una cosa
es la situación fáctica y otra el juicio de valor sobre esa acción.
12. En ese sentido, aseguró que la OCID no tuvo en cuenta que el coronel envió
memorandos a su superior en el que informó sobre los episodios ocurridos el 9 de
octubre de 2019, dentro de un tiempo razonable.
3 «Artículo 417. Abuso de autoridad por omisión de denuncia. El servidor público que teniendo conocimiento
de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la
autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público».
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13. Por otra parte, afirmó que, a diferencia de las consideraciones a las que llegaron
las autoridades disciplinarias, nunca hizo parte de un plan con los demás
investigados, porque este jamás existió, ni mucho menos se enteró de la factura
falsa. La supuesta frase «ustedes verán como (sic) arreglan eso» no fue verificada
al interior del proceso, y aunque se aceptara como cierta, no tiene el alcance para
configurar un mandato orientado a contravenir el orden jurídico.
14. Finalmente, manifestó que la sanción fue desproporcionada, pues no se
atendieron las exigencias establecidas en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002,
máxime cuando, ante la ausencia de pruebas, debió ser absuelto de toda
responsabilidad disciplinaria.
15. Contestación de la demanda. Dentro de la oportunidad legal, la ALFM ejerció
su derecho de defensa y contradicción de la siguiente manera4:
16. Después de pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de la demanda,
propuso las siguientes excepciones: «caducidad de la acción», «presunción de
legalidad de los actos administrativos y el respeto a la doble instancia procesal
disciplinaria», «no cumplimiento de deberes con incidencia disciplinaria a funcionario
público de alta jerarquía».
17. Como sustento de la primera, explicó que: i) el fallo disciplinario de segunda
instancia fue notificado el 2 de junio de 2022; ii) la solicitud de conciliación se
presentó el 5 de agosto siguiente; iii) la constancia de asunto no conciliable fue
expedida el día 24 de ese mismo calendario y iv) la demanda fue radicada el 11 de
noviembre de 20225.
18. Para justificar la tercera excepción, indicó que el accionante omitió denunciar los
hechos que de manera sistemática y desde el mes de mayo de 2019 se estaban
presentando en la regional a su cargo, en materia de víveres dispuestos para la
alimentación del personal militar, de conformidad con lo dispuesto en la directiva
permanente 024 del 31 de octubre de 2017, el artículo 209 constitucional y el artículo
22 de la Ley 734 de 2002.
4 PDF 27 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de «Gestionar documentos» de la
plataforma SAMAI de primera instancia.
5 Esta excepción fue declarada no probada por el operador judicial de primera instancia, toda vez que entre la
notificación de la Resolución nro. 1042 del 10 de junio de 2022 —mediante la cual se hizo efectiva la sanción
de destitución e inhabilidad— y la fecha de presentación de la demanda —27 de septiembre de esa misma
anualidad— no transcurrieron los cuatro (4) meses previstos en el artículo 164 del CPACA. Ello, sin contar que
el 5 de agosto de 2022 se presentó solicitud de conciliación extrajudicial, actuación que suspendió el término
hasta el 24 del mismo mes y año. Aclaró el tribunal que la demanda no fue radicada el 11 de noviembre de
2022, como lo sostuvo la entidad demandada, sino el 27 de septiembre de esa anualidad, fecha en la cual fue
presentada ante el Consejo de Estado, corporación que posteriormente la remitió por competencia mediante
auto del 9 de noviembre de 2022. Ahora bien, debe precisarse que, a diferencia de la forma de contabilización
efectuada por el tribunal, el término de caducidad debía empezar a contarse a partir del día siguiente a la
notificación del fallo disciplinario de segunda instancia, habida cuenta de que el señor Néstor Camelo Piñeros
no se encontraba prestando servicio alguno para la fecha de expedición de los actos sancionatorios. Por
consiguiente, no resulta aplicable la regla especial relacionada con la ejecución de la sanción disciplinaria frente
a servidores públicos que se encuentran en ejercicio del cargo. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que
el fallo disciplinario de segunda instancia fue notificado el 2 de junio de 2022, el término de cuatro (4) meses
vencía el 2 de octubre de esa anualidad. En consecuencia, como la demanda fue radicada el 27 de septiembre
de 2022, se concluye que fue presentada dentro de la oportunidad prevista en la norma.
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19. Por último, manifestó que «[l]a conducta del señor CAMELO PIÑEROS no se dio
de manera dolosa como para inferir que conociendo previamente de las conductas
ilícitas, dejó de presentar las correspondientes denuncias, y es que como en efecto
se dejó claro en el fallo de ad quem disciplinario, el señor CAMELO PIÑEROS omitió
sus funciones en materia de control y vigilancia y ello facilitó que sus subalternos
referidos actuaran ilícitamente en un ejercicio criminal soterrado, es por ello que la
variación de la calificación de la conducta disciplinaria tuvo una modificación
fundamental el cual varió de conducta dolosa en primera instancia a conducta
culposa gravísima, reduciendo con ello la inhabilidad general de trece (13) a diez
(10) años manteniéndose así la categoría de falta gravísima de conformidad al
artículo 44 de la ley 734 de 2002».
20. Sentencia de primera instancia6. El 13 de diciembre de 2024, la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió fallo en
el que negó las pretensiones de la demanda. Para llegar a esa conclusión, consideró
que:
21. La falta disciplinaria descrita en el numeral 1.º del artículo 48 de la Ley 734 de
2002 (sic) puede configurarse a título de dolo como de culpa, razón por la cual la
modalidad culposa también genera responsabilidad disciplinaria.
22. En lo relacionado con el supuesto plan entre los señores Néstor Camelo Piñeros,
Jorge Enrique Valderrama y Víctor Manuel Carvajal para engañar a la comisión de
la Contraloría General de la República, así como respecto de la frase «ustedes verán
como arreglan eso», el tribunal, luego de remitirse al fallo de segunda instancia
disciplinario, indicó que «no se evidencia que la responsabilidad disciplinaria del
señor Néstor Camelo Piñeros esté basada en su participación en el supuesto
acuerdo realizado por sus subalternos para el ocultamiento de los productos
vencidos, faltantes y sobrantes en el inventario, como tampoco en la errada
interpretación de sus palabras el día anterior a la auditoría, pero sí en el
incumplimiento de los deberes que le imponían el cargo, respecto del manejo y
control de inventarios».
23. Así las cosas, a juicio del a quo, los fallos disciplinarios efectuaron un análisis
individual y conjunto de las pruebas allegadas al expediente y, con fundamento en
ellas, concluyeron que el demandante incurrió en la falta disciplinaria por la cual fue
sancionado.
24. En conclusión, la parte actora no logró desvirtuar las conclusiones a las que
llegaron los fallos disciplinarios, pues las pruebas recaudadas y valoradas en el
proceso surtido por la ALFM dieron cuenta del incumplimiento de los deberes que
le imponían el cargo respecto del manejo y control de inventarios, teniendo en
cuenta que el proceso del vencimiento del producto mayonesa se extendió desde el
mes de mayo hasta el mes de octubre de 2019, tiempo suficiente para que el
demandante, en calidad de director regional, al momento de firmar los inventarios
6 PDF 50 del expediente digital, ejusdem.
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mensuales advirtiera lo que estaba sucediendo con dicho producto, y lo pusiera en
conocimiento de la autoridad competente, quedando por tanto demostrada la falta
por la cual fue sancionado.
25. Recurso de apelación7. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado del
señor Néstor Camelo Piñeros la recurrió en apelación en los siguientes términos:
26. El tribunal no tuvo en cuenta que, para la configuración del delito de abuso de
autoridad por omisión de denuncia, se requiere necesariamente una conducta
dolosa y no culposa. Por tanto, si la imputación disciplinaria se estructuró sobre la
base de la comisión de un delito que no admite realización culposa, entonces la
formulación de cargos resultaba errónea e ilegal y, por consiguiente, susceptible de
anulación.
27. Indicó que nadie puede ser condenado en el ámbito penal por el inexistente
delito de abuso de autoridad por omisión involuntaria y gravísimamente culposa de
denuncia. En consecuencia, si tal presupuesto resulta jurídicamente imposible de
cumplir, tampoco puede ser válida una imputación disciplinaria construida sobre la
base de un ilícito que solo admite modalidad dolosa.
28. En conclusión, sostuvo que el coronel Camelo se le imputó un delito con
trascendencia disciplinaria cuya realización únicamente es posible a título de dolo y
no de culpa.
29. Finalmente, solicitó que se tuvieran en cuenta los argumentos expuestos en el
salvamento de voto de la sentencia apelada.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
30. La admisión del recurso. Mediante Auto de fecha 28 de marzo 20258 se
admitió el citado recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley únicamente
intervino el Agente del Ministerio Público ante esta Corporación9, quien solicitó
revocar la decisión de primera instancia, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
31. No existió identidad entre la conducta desplegada por el actor y la falta
disciplinaria que le fue imputada, en razón a que el incumplimiento de las funciones
inherentes al cargo relacionadas con el control de inventarios, derivado de la
inobservancia de los deberes previstos en el manual de funciones y en la Directiva
Permanente 024 de 2017, correspondía realmente a la falta disciplinaria de
«incumplimiento de deberes», catalogada como grave.
32. No se demostró que el demandante hubiera tenido conocimiento de la comisión
de una conducta punible y que, pese a ello, se hubiera abstenido de formular la
7 PDF 54 del expediente digital, ib.
8 Índice 4 de la plataforma SAMAI.
9 Índice 9, ib.
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respectiva denuncia. A lo sumo, se acreditó que conoció de comportamientos
eventualmente constitutivos de falta disciplinaria, mas no de un delito propiamente
dicho.
II. CONSIDERACIONES
33. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para resolver el aludido
recurso de apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.10
34. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por el
recurrente, se debe establecer sí: ¿La falta disciplinaria por la que fue sancionado
el señor Néstor Camelo Piñero se estructuró a partir de un indebido juicio de
adecuación típica?
El caso concreto. La resolución del interrogante planteado.
35. Interrogante único: ¿La falta disciplinaria por la que fue sancionado el señor
Néstor Camelo Piñero se estructuró a partir de un indebido juicio de adecuación
típica?
36. Esta corporación, en la sentencia de unificación del 9 de agosto de 201611, varió
la tesis que tenía respecto del control integral de los actos disciplinarios por parte
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Al respecto, destacó la
providencia que la integralidad está sujeta a los siguientes parámetros:
«1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2)
La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de
cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4)
La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las
irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso
administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo
caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control
de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial
integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El
juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»
(Énfasis de la Sala).
37. Lo anterior significa que el juez contencioso está facultado para ejercer control
integral sin restricción alguna, únicamente respecto del trámite interno del proceso
disciplinario, es decir, frente a la situación fáctica, probatoria y jurídica sometida a
su estudio.
38. La tipicidad. Conforme al artículo 16 de la Ley 734 de 2002, el derecho
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente nro. 11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-11).
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disciplinario cumple una doble función: preventiva y correctiva. En esa medida, no
solo busca evitar comportamientos contrarios al orden jurídico, sino también corregir
aquellos que afectan la buena marcha de la administración y comprometen la
efectividad de los fines estatales y de los principios que orientan la función pública12.
39. Para alcanzar esos fines, el artículo 23 ibidem concibió la falta disciplinaria como
la incursión en cualquiera de las conductas previstas en ese código que conlleve el
incumplimiento de los deberes, la extralimitación en el ejercicio de los derechos o
las funciones, el desconocimiento de régimen de prohibiciones o la vulneración del
sistema de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y/o de los conflictos de
intereses, siempre que no medie una causal de exclusión de responsabilidad.
40. A esta exigencia previa, derivada del debido proceso y del principio de legalidad,
se le denomina «tipicidad»13, la cual demanda que el legislador describa de manera
completa, clara e inequívoca los comportamientos sancionables, de modo que se le
permita a sus destinatarios conocer con anterioridad las acciones y omisiones
prohibidas y, además, las sanciones que amerita su realización. En sentencia C-
030 de 201214, la Corte Constitucional expresó:
«[…] En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que
hace parte esencial del principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, de manera
que se exige que “la abstracta descripción que tipifica el legislador con su
correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario
conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la
indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”. Así mismo, ha
expresado que con base en este principio “el legislador no solo esta obligado a
describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones
disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de
manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los
comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta donde llega la
protección jurídica de sus propios actos o actuaciones […]».
41. En consecuencia, este elemento, además de exigir del legislador su
determinación completa, clara y concreta, también requiere del operador
disciplinario un juicio lógico – jurídico riguroso, en orden a precisar si la conducta
investigada se subsume íntegramente en la descripción legal concebida como falta.
42. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el que las
conductas delictivas están taxativamente fijadas por el legislador, en el derecho
disciplinario ha sido imposible catalogar todos los comportamientos constitutivos de
12 En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho disciplinario,
la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño de los
servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su comportamiento en lo
referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran,
limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser
desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes
sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)
13 En el artículo 4 del CDU se establece «[e]l servidor público y el particular en los casos previstos en este
código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos
como falta en la ley vigente al momento de su realización.»
14 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
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falta. Por tanto, se ha autorizado y validado el uso de tipos abiertos y/o en blanco,
en orden a garantizar la precisión típica frente al proceder del servidor público,
mediante la remisión a un conjunto sistemático de normas que regulan la función
pública y, además, establecen los deberes y prohibiciones que deben ser
respetados durante su ejercicio, so pena de las sanciones dimanadas de su
incumplimiento.
43. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la providencia que se viene
citando, expresó:
«[…] 5.5 En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta
Corporación ha admitido la validez, desde el punto de vista constitucional, de que
las normas que fijen deberes o faltas disciplinarias constituyan “tipos abiertos” o
“conceptos jurídicos indeterminados”.
(i) El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace referencia a “aquellas infracciones
disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado
detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un
complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se
consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los
servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina
por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la
prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento
de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción
disciplinaria”15».
44. En consecuencia, el concepto jurídico de tipos abiertos en materia disciplinaria
hace referencia a una regulación genérica con una textura normativa abierta que,
por tanto, amerita un complemento legal para su interpretación y aplicación, y en
consecuencia, remite para su determinación en concreto a aquellas disposiciones
que consagran los deberes, las obligaciones, los mandatos y/o las prohibiciones
para los diferentes servidores públicos.
45. Por su parte, frente a los llamados «tipos en blanco», ha considerado la Corte
que se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles constitucionalmente, en los
casos en que el correspondiente reenvío normativo permita al operador jurídico
establecer y determinar inequívocamente el alcance de la conducta reprochable y
de la sanción correspondiente. Así, en principio, es válido el establecimiento de tipos
disciplinarios que ostentan un grado de determinación menor que los tipos penales,
sin que ello signifique que la imprecisión en la descripción de la conducta
sancionable conduzca a la violación del principio de tipicidad16.
46. Así mismo, ha sostenido la jurisprudencia de esa Corte que las razones
constitucionales que justifican la validez de los tipos en blanco o abiertos en el
derecho disciplinario, se encuentran en la necesidad de salvaguardar el principio de
eficiencia de la función pública, consagrado en el artículo 209 Superior. En este
sentido, esa corporación ha reconocido que:
15 Sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y; C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
16 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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«[…] se justifica este menor requerimiento de precisión en la definición del tipo
disciplinario por el hecho que de asumir una posición estricta frente a la aplicación
del principio de tipicidad en este campo llevaría simplemente a transcribir, dentro de
la descripción del tipo disciplinario, las normas que consagran los deberes,
mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos”,20 y que “exigir una
descripción detallada en la ley disciplinaria de todos los comportamientos
susceptibles de sanción, conduciría en la práctica a tener que transcribir todo el
catálogo de deberes, mandatos y prohibiciones que se imponen a los servidores
públicos en las distintas normas jurídicas, traduciéndose dicha exigencia en un
obstáculo para la realización coherente, ordenada y sistemática de la función
disciplinaria y de las finalidades que mediante ella se pretenden, cuales son, “la
prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del
cumplimiento de los fines y funciones del Estado” […]17».
47. Todo lo anterior exige por parte del operador disciplinario el despliegue de un
juicio de adecuación típica enmarcado dentro del principio de razonabilidad, en el
que se empleen criterios lógico-jurídicos que le permitan determinar con claridad y
certeza y a partir de las remisiones normativas pertinentes, la existencia de la falta
censurada.
48. Para resolver este planteamiento, la Sala estima necesario remitirse al pliego de
cargos formulado el 27 de mayo de 202118 por la Oficina de Control Interno
Disciplinario de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el cual quedó
plasmado de la siguiente manera:
«LA DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA INVESTIGADA,
CON INDICACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR
EN QUE SE REALIZÓ.
La demostración objetiva de la falta disciplinaria, constituye el aspecto objetivo en
que se funda la potestad disciplinaria y se refiere a la adecuación de la conducta del
implicado y/o implicados a la descripción legal de la irregularidad que se investiga e
imputa -principio de legalidad-, lo mismo que a su carácter antijurídico derivado de
la infracción del deber funcional sin justificación alguna -ilicitud sustancial-.
En la presente actuación disciplinaria se investiga al exfuncionario NÉSTOR
CAMELO PIÑEROS, porque siendo el Director de la Regional Centro posiblemente
con anterioridad al 08 de octubre de 2019, tuvo conocimiento y presuntamente
coadyuvo con su silencio a la estructuración de un plan mendaz con otros
funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, tendiente a engañar a
la administración y al personal que hacía parte de una delegación de la Contraloría
General de la República; quienes para la fecha 09 de octubre de 2019,
inspeccionarían las instalaciones de dicha regional.
Visita de control que, probablemente se vio burlada con la conducta aparentemente
desplegada por el funcionario JORGE ENRIQUE VALDERRAMA LUGO,
Coordinador de Abastecimiento de la Regional Centro y encargado de las funciones
del líder del Centro de Abastecimiento Distribución y Servicios -CADS-, quien
presuntamente se dio a la tarea de simular una venta, ocultar mercancía de la
entidad y extender la factura de venta No. 1905006747 de fecha 09 de octubre de
2019 con destino a la Escuela Militar por valor de $94.828.288, con información que
17 Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis y Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil,
reiterado en la Sentencia C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
18 Folios 30 a 126 del PDF «folios 361 a 433» de los antecedentes disciplinarios, el cual puede ser descargado
en la opción de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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posiblemente estaría alejada de la realidad.
Acción presunta que, al parecer se materializó con la finalidad de ocultar y demostrar
ante la Contraloría General de la República datos espurios y no ajustados a la
realidad, como era que no existían faltantes y otras inconsistencias, como aquella
relacionada con el vencimiento de una mayonesa.
En cuanto al modo, se estima que se estructuró cuando el exfuncionario CAMELO
PIÑEROS, siendo el líder de la Regional Centro, tuvo conocimiento del andamiaje
engañoso que probablemente edificaron sus subalternos, el cual, como ya se dijo,
presuntamente tuvo como fin primordial el engañar a los funcionarios orgánicos de
la Contraloría General de la República, ante la visita de verificación que los referidos
efectuarían el pasado 09 de octubre de 2019 y se presume que, días antes de la
visita de inspección el exfuncionario CAMELO PINEROS, probablemente contribuyó
con su silencio en la presunta realización de la conducta engañosa aparentemente
ejecutada por el Coordinador de Abastecimiento de la Regional Centro y otros,
absteniéndose de denunciar ante el órgano de investigación correspondiente
Fiscalía General de la Nación- los fácticos antes enunciados.
Y en lo que concierne a las circunstancias del lugar donde pudo haberse realizado
la conducta investigada, las pruebas acreditarían que, esta se materializó en el
municipio de Cota (Cundinamarca).
LAS NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE
VIOLACIÓN, CONCRETANDO LA MODALIDAD ESPECÍFICA DE LA
CONDUCTA.
De acuerdo con los hechos investigados, el exfuncionario NÉSTOR CAMELO
PIÑEROS, al haber supuestamente guardado silencio ante el supuesto
conocimiento de la estructuración de un aparente plan mentiroso, tendiente a
engañar a la administración y al personal que hacía parte de una delegación de la
Contraloría General de la República de la manera como se enunció en líneas
precedentes, pudo haber infringido a partir del 8 de octubre de 2019, el ilícito descrito
en el artículo 48, numeral 1.° de la Ley 734 del 05 de febrero de 2002 “por medio del
cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Único cargo
Este encuentra adecuación típica en la Ley 734 del 05 de febrero de 2002 – LIBRO
II, PARTE ESPECIAL, TÍTULO ÚNICO, LA DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS
DISCIPLINARIAS EN PARTICULAR, CAPÍTULO I. Faltas gravísimas. Artículo 48.
Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
“realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley
como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón o
con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o abusando del
mismo”. (Negrita y subrayado fuera del texto original y se utiliza para precisar
la imputación).
Reproche provisional que está soportado en las pruebas documentales y
testimoniales que esta instancia disciplinaria referirá en el acápite correspondiente,
atendiendo lo establecido en el artículo 163, numeral 5°, de la norma ibidem;
precisando que, el cargo endilgado al ser desentrañado gramaticalmente queda de
la siguiente manera: Realizar objetivamente una descripción típica consagrada
en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón
del cargo.
[…]
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Tipo en blanco, que basado en el principio de legalidad exige ser armonizado o
complementado con la conducta penal de orden descriptivo, que para esta jefatura
disciplinaria está tipificada en el artículo 417 de la Ley 599 del 24 de julio de 2000
de la siguiente manera: abuso de autoridad por omisión de denuncia;
comportamiento antijurídico redactado por el legislador de la siguiente manera:
[…]
CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En lo que respecta a la conducta descrita en la ley como delito arriba señalada, se
debe decir que puede configurarse, cuando el sujeto activo cualificado servidor
público-, tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible, la cual no
requiera de querella, es decir, que su investigación debe iniciarse de oficio y que
dicho servidor -que conoce de la realización del ilícita-, se abstiene de poner en
conocimiento de la autoridad correspondiente, el acto injusto, incurre en el tipo penal
del orden descriptivo; situación que al parecer se dio en el actuar del exfuncionario
NÉSTOR CAMELO PIÑEROS.
Es así que, para hacer aún más perceptible el contexto de cómo pudo haberse
infringido el tipo disciplinario endilgado al exfuncionario CAMELO PIÑEROS, esta
Sede Disciplinaria, ve la necesidad de explicar primero la estructura gramatical del
tipo penal y después la conducta disciplinaria atribuida al antes mencionado, es
decir, el ilícito disciplinario fijado en el artículo 48, numeral 1" de la Ley 734 del 05
de febrero de 2002.
En cuanto al tipo penal
El tipo penal que complementó la conducta disciplinaria endilgada al exfuncionario
NÉSTOR CAMELO PIÑEROS -abuso de autoridad por omisión de denuncia-, tiene
la siguiente estructura gramatical, así:
“el servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta
punible”. El tipo penal requiere de un sujeto cualificado y especial, por cuanto debe
ser un servidor público, que conoce de la realización de una conducta punible, cómo
pudo haber ocurrido con el plurimencionado exfuncionario CAMELO PIÑEROS,
quien supuestamente se enteró y coadyuvó con su silencio en la materialización
de los aparentes actos ilícitos -falsedad ideológica en documento público-
posiblemente cometidos por sus subalternos funcionales JORGE ENRIQUE
VALDERRAMA LUGO, coordinador de Abastecimiento de la Regional Centro y el
exfuncionario VÍCTOR MANUEL CARVAJAL CALDERÓN, líder del Centro de
Abastecimiento Distribución y Servicios -CADS-.
“cuya averiguación deba adelantarse de oficio”. Continuando con el análisis del tipo
penal que complementa el cargo enrostado al exfuncionario CAMELO PIÑEROS, se
debe indicar que el ingrediente normativo del mismo, también exige que el ilícito
conocido por el sujeto activo cualificado, debe investigarse de manera oficiosa, esto
es, que no requiera querella de parte; también se debe tener en cuenta que por
disposición del artículo 74 de la Ley 906 del 31 de agosto de 2004 -por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal-, el delito que posiblemente fue conocido
por el investigado, esto es, falsedad ideológica en documento público, no se
encuentra dentro de las infracciones que para dar inicio a la acción penal, requieran
de querella, lo que significa, que debe investigarse oficio…».
49. Del antedicho pliego se extrae que al actor se le reprochó que, a pesar de
conocer de la comisión del delito de falsedad ideológica en documento público,
omitió denunciar esa situación ante las autoridades competentes.
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50. Con fundamento en tales consideraciones, la Oficina de Control Interno
Disciplinario de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares profirió fallo el 14 de
octubre de 202119, mediante el cual sancionó a los señores Víctor Manuel Carvajal
Calderón, Néstor Camelo Piñeros y Jorge Enrique Valderrama Lugo. En lo que
respecta al hoy demandante, el correctivo impuesto fue de destitución e inhabilidad
general por el término de trece (13) años. A continuación, se transcriben unos
apartados relevantes de dicha providencia.
«En esta causa disciplinaria se investiga al exfuncionario NÉSTOR CAMELO
PIÑEROS, porque siendo el Director de la Regional Centro con anterioridad al 08
de octubre de 2019, tuvo conocimiento y coadyuvó con su silencio a la estructuración
de un plan mendaz con otros funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares, tendiente a engañar a la administración y al personal que hacía parte de
una delegación de la Contraloría General de la República; quienes para la fecha 09
de octubre de 2019, inspeccionarían las instalaciones de dicha regional.
Visita de control que, se vio burlada con la conducta desplegada por el funcionario
JORGE ENRIQUE VALDERRAMA LUGO, Coordinador de Abastecimiento de la
Regional Centro y encargado de las funciones del líder del Centro de Abastecimiento
Distribución y Servicios -CADS-, quien se dio a la tarea de simular una venta, ocultar
mercancía de la entidad y extender la factura de venta No. 1905006747 del 09 de
octubre de 2019 con destino a la Escuela Militar General JOSÉ MARÍA CORDOBA,
por valor de $94.828.288, con información que estaba alejada de la realidad.
Acción que se materializó con la finalidad de ocultar y demostrar ante la Contraloría
General de la República datos espurios y no ajustados a la realidad, como era que
no existían faltantes y otras inconsistencias, como aquella relacionada con el
vencimiento de una mayonesa.
Entonces, la conducta investigada se estructuró cuando el exfuncionario CAMELO
PIÑEROS, siendo líder de la Regional Centro, tuvo conocimiento del andamiaje
engañoso que idearon y edificaron sus subalternos, el cual, como ya se dijo, se
instituyó con el fin primordial de engañar a los funcionarios orgánicos de la
Contraloría General de la República, ante la visita de verificación que los referidos
efectuarían el pasado 09 de octubre de 2019 y se acreditó que, días antes de la
visita de inspección el exfuncionario CAMELO PIÑEROS, contribuyó con su silencio
en la realización de la conducta engañosa ejecutada por el Coordinador de
Abastecimiento de la Regional Centro y otros funcionarios de la entidad,
absteniéndose de denunciar ante el órgano de investigación correspondiente -
Fiscalía General de la Nación- los fácticos antes enunciados, los cuales se
materializaron en el municipio de Cota (Cundinamarca)».
51. Por su parte, en el fallo disciplinario de segunda instancia20 se modificó la
sanción impuesta al señor Néstor Camelo Piñeros, con fundamento en los
siguientes motivos:
«Observación: Para el momento de los hechos el señor Néstor Camelo Piñeros
fungía como Director de la Regional Centro.
La política establecida por la Dirección General de la ALFM., para el manejo de los
inventarios de la entidad, en el momento de los hechos estaba condensada la -
DIRECTIVA PERMANENTE 024 de 21 de octubre de 2017, se debe hacer precisión
19 Folios 21 a 144 del PDF «7_ED_EXPEDIENTE_06DEMANDAPODERANEX» del expediente digital, el cual
puede ser descargado en la opción de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, en primera instancia.
20 Folios 145 a 227, ibidem.
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que el objeto de esta política de la Entidad, fue emitir instrucciones para el manejo
de inventarios y sobre todo emitir políticas de control de estos.
De otra parte es primordial dejar sentado que la Directiva en mención, estaba
dirigida, entre otros funcionarios de la ALFM., a los Directores de las Regionales, lo
anterior porque son los que objetivamente tienen el contacto directo con la línea de
negocio - Catering -, que es la que de una manera práctica mueve los inventarios
de clase I y clase III de manera permanente – Diaria.
[…]
Como se aprecia a continuación, el cumplimiento de la función de control de
inventarios, se constituye en uno de los pilares funcionales y estructurales de la
ALFM., razón por la cual se le da este tipo de encargo de manera directa al Director
de la Regional. Basta con revisar el instructivo para el diligenciamiento de cada uno
de los anexos señalados por la directiva, para poder verificar que en todos se exige:
"Nombre claro y firma del Director de la Regional".
[…]
Así mismo la Directiva Permanente 024 de 31 de octubre de 2017, fija entre otras
las siguientes funciones a los Directores Regionales, en donde taxativamente se le
impone el deber de denuncia, para que se inicien las diferentes acciones de orden
disciplinario…
[…]
Se complementa lo traído, con el cuadro de vencimientos del producto mayonesa
visto a folio 06 de esta providencia, en donde se aprecia de manera clara que los
vencimientos del producto de la mayonesa, se iniciaron en el mes de mayo y
terminaron en el mes de octubre de 2019.
Fecha de recepción Presentación Cantidad Fecha de
BMC Producto (unidades) vencimiento
8-Nov-2018 Mayonesa Garrada 300 Oct-2019
10-Dic-2018 Mayonesa Garrada 1.200 Jul-2019
30-Ene-2019 Mayonesa Garrada 200 Ago-2019
19-Feb-2019 Mayonesa Garrada 200 Sep-2019
11-Mar-2019 Mayonesa Garrada 200 Oct-2019
Total 2.100
Fecha de recepción Presentación Cantidad Fecha de
BMC Producto (unidades) vencimiento
Mayonesa Doy Pack*
8-Nov-2018 3.000 Jun-2019
200 Gr.
Mayonesa Doy Pack*
10-Dic-2018 13.500 Jul-2019
200 Gr.
Mayonesa Doy Pack*
11-Dic-2018 13.500 Jul-2019
200 Gr.
Mayonesa Doy Pack*
31-Ene-2019 3.000 May-2019
200 Gr.
11-Feb-2019 (por Mayonesa Doy Pack*
168 May-2019
compensación) 200 Gr.
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Fecha de recepción Presentación Cantidad Fecha de
BMC Producto (unidades) vencimiento
Mayonesa Doy Pack*
19-Feb-2019 3.000 Sep-2019
200 Gr.
Mayonesa Doy Pack*
11-Mar-2019 3.000 Oct-2019
200 Gr.
Advierte la defensa técnica; que la omisión de denuncia implica el -
CONOCIMIENTO -. Que es el conocimiento y la convicción sobre el mismo el que
hacer surgir el deber de denuncia, pero que además, debe primar un juicio de valor
sobre ese conocimiento. Sostiene además, que una vez obtenido el conocimiento -
17 de octubre de 2019, su defendido el señor Néstor Camelo Piñeros, envió su
primer memorando el cual fue secundado por otro del día 23 del mismo mes y año.
Al respecto y con la finalidad de dar un máximo de objetividad en el análisis del
conocimiento, como ya de trajo en esta providencia, existen dos premisas que no
pueden ser desconocidas.
La primera de ellas hace referencia con lo taxativamente contenido en la directiva
024 de 2017 - que establece como mandato, la necesidad de hacer un inventario
mensual de todo el – Subgrupo Comedores de Tropa -, además de ordenar el cruce
cuatrimestral del valor de los inventarios con las cuentas fiscales y contables. Pero
además en las instrucciones para el diligenciamiento de los anexos, exige, para
cada uno de ellos: "Nombre claro y firma del Director de la Regional"
La segunda premisa hace referencia al proceso de vencimiento de la mayonesa.
Como esta condensado en el fol. No. 6 y trasladado al folio 62 de esta providencia,
se aprecia con llana nitidez, que este proceso de vencimiento de la mayonesa, se
inició en el mes de mayo de 2019 y terminó en octubre del mismo año; el proceso
se desarrolló durante seis (6) meses., de donde se concluye sin tanto esfuerzo que
con la verificación y cierre de inventarios del mes de mayo de 2019, el Director de
la Regional Néstor Camelo Piñeros, debió conocer, de primera mano el inicio de un
proceso de vencimientos de la materia prima - mayonesa - el cual se prolongó en el
tiempo hasta el mes de octubre de 2019. Por lo menos, el Director Regional debió
firmar el inventario del mes de Mayo y así sucesivamente, debió firmar los
inventarios hasta inclusive los del mes de octubre de 2019.
Con lo anterior se concluye, que el señor Director de la Regional Néstor Camelo, SÍ,
conocía desde el mes de mayo de 2019 el proceso de la mayonesa y que solo lo
expresó en sus memorandos el día 17 y 23 de octubre de 2019, después de hecho
el hallazgo por parte del Jefe de Patrimonio de la Entidad. Con esto se concluye en
razón a las reglas de la lógica, que el Director de la Regional, sí tuvo conocimiento,
pues la sola firma de los inventarios mensuales fue razón suficiente para ello.
De otra parte, también ordena la directiva, hacer, enviar con la firma del Director
Regional al nivel central, del inventario cuatrimestral [abril y septiembre, para el
lapso del examen], otra razón suficiente para que se enterara de lo que estaba
sucediendo en la regional con respecto a la mayonesa.
En ese escenario no se pueden sacar sino dos conclusiones:
• ¿El director Regional Centro -2019, firmo (sic) los inventarios sin darse
cuenta los que firmaba? Con esta premisa se confirmaría la falta total de
control y el incumplimiento de todas las funciones asignadas en el Manual
de Funciones de la ALFM., además del incumplimiento de las diferentes
políticas funcionales de la Entidad. [Directiva 024 (manejo de inventarios) y
el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento, etc.]
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• Contrario sensu a lo dicho, la segunda hipótesis es que el Director de la
Regional, Néstor Canelo Piñeros, SI, se enteró, del proceso de vencimiento
de la mayonesa, pero confió en poder evitar el resultado final, lo que suponía
la ejecución de movimientos mensuales proyectados en el manejo de los
inventarios, con la finalidad de deshacerse del producto vencido, de manera
disimulada.
[…]
Como servidor público, el señor Néstor Camelo Piñeros, conocía el deber de
denuncia que le asiste, pero más allá de lo dicho, la directiva 024 de manera expresa
le informa que en caso de faltantes o de materia prima vencida o de faltantes de
inventarios, debe hacer un informe dirigido a la Oficina de Control Interno
Disciplinario para que se adelanten las investigaciones del caso; también le informa
que en caso de sobrantes de inventarios, estos deben ser dados de alta en la
plataforma tecnológica ERP-SAP, y no ocultarlos como en efecto se hizo.
[…]
Dando alcance a la argumentación presentada por la defensa, respecto a la
declaración del señor Víctor Manuel Carvajal Calderón, contenida en medio
magnético, la Segunda Instancia hace evidente, que situación similar se encuentra
respecto de la declaración del señor Jorge Enrique Valderrama Lugo, las dos
declaraciones se allegaron al proceso por ser parte integral de orden probatorio
dentro de la Investigación Administrativa No. 100-ALSG-19,114 adelantada por los
hechos aquí investigados, en donde se procuró encontrar el responsable
administrativo - Responsabilidad Fiscal –.
Como se advirtió las declaraciones de los señores Jorge Valderrama y del señor
Víctor Manuel Carvajal, fueron vertidas en la diligencia de versión libre, dentro de la
investigación No. (sic) 100_ALSG-19. Por tratarse de ser una diligencia de versión
libre, como bien lo advierte el funcionario delegado para la práctica de la diligencia,
NO, se hace bajo la gravedad del juramento. Los dos versionistas hacen una clara
referencia de los hechos relacionados con el manejo del CAD'S - Cota,
especialmente con el proceso de vencimiento de la mayonesa. Dentro de sus
manifestaciones, abiertamente advierten que el proceso de vencimiento del
producto mayonesa, fue puesto en conocimiento del Director de la Regional, en
diferentes oportunidades. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el objeto
de la investigación administrativa es justamente buscar y fijar la responsabilidad -
Administrativa - por el daño o perdida de los bienes del Estado, ante estas
afirmaciones en contra de terceras personas, el funcionario instructor debió, en
medio de la diligencia, juramentar al versionista, volver a hacer la pregunta y recibir
la respuesta dada, para luego si, levantar el juramente y continuar con la versión
libre. Es claro que el requisito de práctica de la prueba no cumplió con esta
formalidad legal, esencial desde el punto de vista procesal cuando de cargos a
terceros se trata.
Este requisito de ilegalidad, que no de ilicitud, pudo haberse subsanado dentro de
la presente investigación - Disciplinaria -, en el momento de aducción a la misma,
por una doble vía:
La primera de ellas, - Por vía del Señor Funcionario Comisionado -, corriendo
traslado de la prueba a las partes, para que estas la pudieran controvertir la prueba
trasladada y aducida al proceso.
La segunda forma, debió ser originada en el estudio juicioso del proceso, por parte
de la defensa técnica, quien de haberlo hecho, en la oportunidad procesal
correspondiente, hubiera pedido la ampliación de la denuncia presentada en la
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versión libre, esta vez ya bajo juramento y con la presencia de su defendido o de su
defensa técnica.
En este sentido, retomando las palabras de la Corte, esta prueba no genera
nulidad del proceso en ninguno de sus apartes, pero si debe ser excluida del
mismo; con lo que en el momento de hacer la valoración probatoria
correspondientes, no puede ser tenida en cuenta como prueba de cargo, en
contra del señor Néstor Camelo Piñeros. De esta manera, se atiende
positivamente el planteamiento esgrimido por la Defensa Técnica.
Así las cosas, se rompe el esquema tenido en cuenta para fincar la responsabilidad
por las defraudaciones. Lo anterior teniendo en cuenta que no está demostrado
en el proceso de forma fehaciente y objetiva la participación del señor Néstor
Camelo Piñeros, en un concierto en donde se definió la forma como se
ocultarían los víveres - vencidos, Faltantes y sobrantes en el inventario -. El
hecho de haberse presentado la noche de los hechos en las Instalaciones del
CAD'S, de haber visto allí unos vehículos, de haber intercambiado palabras
con el señor Valderrama y el señor Carvajal, allí presentes, no significa que
haya sido parte de un planeamiento detallado y menos que con su presencia
haya hecho un aporte para la comisión de las conductas ilícitas que hoy
investiga la Fiscalía y que son el fundamento de este quehacer procesal en
medio de la presente investigación disciplinaria.
En gracia de discusión la Segunda Instancia, acepta que en el momento de su paso
por el CAD'S, después de las 8 de la noche, del día 08 de octubre de 2019 y ante la
inminencia de la auditoría del siguiente día; les haya dicho al coordinador de
abastecimiento – señor Valderrama y al administrador del CADS, señor Carvajal,
que solucionaran los asuntos pendientes y que al otro día, no tendrían por qué
encontrarse hallazgos por parte de la CGR. Eso en manera alguna significa para
esta instancia procesal, que haya dado instrucciones de la forma como hacer
una venta y su respectiva factura a la EMC., de que elementos, cargar en los
vehículos, de dar instrucciones para el ocultamiento de estos luego del cargue
y mucho menos de no dar de alta los elementos sobrantes. [Eso no está
demostrado en el proceso].
En gracia de discusión también para la Segunda Instancia, aceptaría el
conocimiento de la mayonesa vencida, pero es evidente que al momento de su paso
por el CAD'S, aún no se conocía de manera real las cantidades y valores de los
víveres sobrantes y faltantes en el inventario. Recuérdese que el valor de los viveres
faltantes, fueron incluidos también en la factura ficticia subida a la plataforma como
venta a la EMC. Prueba de lo anterior es que la factura ficticia fue subida con el
usuario JVALDERRAMA, el día 09 de octubre de 2019. Como también es prueba,
que los vehículos fueron ocultados no la noche de los hechos, sino el día siguiente,
esto es el 09 de octubre de 2019, lo que significa que al momento del vespertino
paso por el CAD'S, por parte del Director de la Regional, tanto el Coordinador de
abastecimientos y administrador del CAD'S en funciones, señor Valderrama, como
el titular señor Carvajal, aun no conocían los resultados finales del inventario que
estaban haciendo.
[…]
Para la Segunda Instancia es perfectamente claro, que al director de la
Regional, le asistía un deber directo con el manejo y control de los inventarios
de víveres que manejaba el Subgrupo de Alimentación, durante su gestión
como Director Regional. Tengamos en cuenta que el resultado final fue el valor de
$45.523.590.oo representados en mayonesa vencida, ubicada dentro de uno de los
camiones, el valor de 49.302.698.oo representado en víveres faltantes, que no
fueron incluidos en la factura ficticia subida al sistema como venta -ficticia- a la
EMC., y el valor de 18.934.634.oo, representado en víveres que fueron ubicados
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
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dentro de un camión. De otra parte que los dos vehículos que contenían los víveres
vencidos y sobrantes fueron ocultados, durante más de 8 días. También es
importante dejar sentado que el proceso de vencimiento del producto mayonesa se
presentó seis (6) meses, dejando claro también durante los meses de mayo, junio,
julio, agosto, septiembre y octubre, hubo vencimientos y que estos no fueron
informados. (Énfasis de la Sala)
[…]
Si el Director de la Regional Centro señor Néstor Camelo Piñeros, hubiera
cumplido con el deber funcional que le imponía el cargo y a directiva 024 de
31 de octubre de 2017, respecto del manejo y control de los inventarios, en el
mismo mes de mayo de 2019, hubiera puesto el asunto en conocimiento de la
Dirección General, téngase en cuenta, que la misma directiva -024-2017, imparte
las instrucciones de lo que se debe hacer en estos casos. Ante esta omisión en el
control y puesta en conocimiento del escalón superior de los hechos sucedidos, se
desarrolló también todo lo relacionado con el manejo de los faltantes y sobrantes de
inventarios…
Entonces, lo que tenemos en el escenario, es que la falta de denunciar los hechos,
que estaban sucediendo en el seno de la Regional Centro, en un momento
determinado se convierte en un aporte eficaz a la comisión de las conductas ilícitas
y dolosas por parte de los señores Carvajal y Valderrama. Quizá, tal y como lo
manifiesta la defensa, el actuar del señor Camelo Piñeros no fue doloso, - Dolo Malo
-, en el entendido de que su actuar dentro del acuerdo para hacer una venta
simulada a nombre de la EMC., hacer la factura y subirla a la plataforma ERP-SAP,
para descargar víveres vencidos y víveres faltantes, además de ocultar en los
vehículos, los primeros, más los víveres sobrantes, no está demostrado; no obstante
lo que sí es evidente, es que con la falta de control, enmarco su actuar dentro de
conductas omisivas de tipo sucesivo, [Mayo - Octubre], que condujeron
inexorablemente a generar un margen de libre albedrío en sus subalternos para
actuar como lo hicieron.
Por esta razón, la Segunda Instancia cambia la calificación de la forma de
concurrencia a la FALTA GRAVÍSIMA imputada por la Primera Instancia y califica el
comportamiento como una falta gravísima a que concurrió a título de CULPA
GRAVÍSIMA, y no dolosa como allí está dicho; en tanto su comportamiento cumple
los requisitos exigidos por la norma contenida en el canon 44 de la Ley 734 de 2002,
así: Habrá falta gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por:
Ignorancia supina: Lo anterior porque el señor Director de la Regional, podía y debía,
por lo menos, conocer las funciones de su cargo de una forma tan meridiana que
por el solo deber, lo obligaría a su cumplimiento.
Desatención elemental o violación manifiesta a reglas de obligatorio cumplimiento.
Resulta elemental, para el nivel ejecutivo más alto de la Regional, verificar lo que
firma, [no verificó los inventarios que firmó], de otra parte, las funciones propias del
cargo, las funciones de la directiva 024 de 2017, las funciones del Manual de Buenas
Prácticas de Abastecimientos, y demás políticas que rigen la parte administrativa y
operativa de la ALFM, son reglas de obligatorio cumplimiento, por lo que se deben
conocer, ejecutar y hacer que se ejecuten por parte del personal subalterno.
Atendiendo a la modalidad de culpa en la concurrencia de la falta endilgada por la
primera instancia, se dispondrá, para el señor Néstor Camelo Piñeros, reducir el
tiempo de inhabilidad general de trece (13) a diez (10) años».(Énfasis de la Sala)
52. En el sub examine, la autoridad disciplinaria aseguró que la conducta
desplegada por el actor era típica, en tanto que la omisión del señor Néstor Camelo
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Piñeros de denunciar la presunta falsedad ideológica en documento público —
factura de venta—, se adecuaba a la falta gravísima prevista en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pues así quedó delimitado tanto en el pliego de
cargos como en el fallo disciplinario de primera instancia.
53. Sin embargo, en el fallo de segunda instancia, pese a disminuirse la sanción, se
introdujeron consideraciones sustancialmente distintas, dado que allí se concluyó
que no estaba demostrado que el actor hubiera tenido conocimiento de la supuesta
falsedad ni que hubiese participado en un plan orientado a engañar a la Contraloría
General de la República. Por el contrario, se afirmó que la conducta constitutiva de
falta disciplinaria radicó en el incumplimiento de los deberes funcionales inherentes
a su cargo, específicamente por no reportar oportunamente el vencimiento de
productos desde el mes de mayo de 2019, fecha en la que estos comenzaron a
caducar.
54. Lo anterior es sinónimo inequívoco de la vulneración al principio de congruencia
e indebida tipificación de la responsabilidad disciplinaria, como pasa a explicarse:
55. En primer lugar, el incumplimiento de los deberes funcionales relacionados con
la supervisión, control o verificación de alimentos destinados al abastecimiento de
unidades militares puede constituir una falta por omisión o extralimitación en el
ejercicio de funciones, especialmente cuando el servidor público desatiende
obligaciones inherentes a su cargo. Este tipo de conducta está catalogada en las
normas disciplinarias como leve o grave, según las circunstancias del caso.
56. En segundo lugar, el abuso de autoridad por omisión de denuncia tiene una
connotación más delicada, pues supone que el servidor público conocía la posible
comisión de un delito o irregularidad y, aun así, omitió ponerlo en conocimiento de
la autoridad competente. En el ámbito disciplinario, dicha conducta está enumerada
como falta gravísima, precisamente porque compromete los deberes de moralidad,
transparencia y colaboración con la administración de justicia.
57. Así las cosas, mientras la primera conducta gira en torno al incumplimiento de
deberes funcionales propios del cargo, la segunda se estructura a partir del silencio
u omisión del deber de denunciar hechos presuntamente ilícitos conocidos en
ejercicio del empleo. Por consiguiente, no pueden confundirse ni subsumirse
automáticamente una en la otra, pues responden a supuestos fácticos y jurídicos
autónomos.
58. De ahí que, para que proceda una sanción por omisión de denuncia resulta
indispensable acreditar que el disciplinado tuvo conocimiento cierto y concreto del
hecho presuntamente delictivo que debía denunciar. Por ello, si —como se indicó
en el fallo disciplinario de segunda instancia—, el demandante nunca se enteró de
la supuesta falsedad documental ni participó en un plan relacionado con facturas
falsas, se desdibuja uno de los elementos esenciales de la conducta, esto es, el
entendimiento efectivo del ilícito omitido. En tal escenario, la consecuencia
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disciplinaria asociada a la omisión de denuncia carecería de sustento jurídico
suficiente.
59. Por tal motivo, mal podía exigírsele el cumplimiento de un deber de denuncia
respecto de hechos desconocidos, pues la configuración de dicha conducta exige
acreditar, de manera cierta, que el servidor público tenía conocimiento efectivo de
la posible comisión del ilícito y, aun así, decidió omitir ponerlo en manos de la
autoridad competente.
60. Ahora bien, el omitir comunicar a la Dirección General de las Agencia Logística
de las Fuerzas Militares la información relacionada con el vencimiento de las
mayonesas desde el mes de mayo de 2019 no se subsume en la falta disciplinaria
prevista en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, sino en todo caso,
en una eventual infracción relacionada con el incumplimiento de deberes
funcionales.
61. Cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional21 y de esta
corporación22 ha sido uniforme en señalar que el ejercicio de la potestad
sancionadora del Estado, la administración debe demostrar: i) que la conducta por
la que se acusa a una persona, es un comportamiento previsto como falta, ii) que
su ocurrencia se encuentra efectivamente probada; y iii) que la autoría y
responsabilidad es atribuible al sujeto investigado. Solo superados estos
presupuestos es posible desvirtuar la presunción de inocencia. (Énfasis de la Sala).
62. Así las cosas, a juicio de la Sala, tal deficiencia impide tener por configurados
los elementos estructurales del tipo disciplinario, razón por la cual la conducta
atribuida al demandante resulta atípica.
63. Por lo anterior y conforme al análisis normativo, jurisprudencial y probatorio
expuesto, se revocará la sentencia proferida en primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar, se emitirán las siguientes órdenes:
66.1. Declarar la nulidad parcial de los fallos disciplinarios proferidos el 14 de
octubre de 2021 y el 27 de mayo de 2022, únicamente en lo relacionado
con la sanción impuesta al señor Néstor Camelo Piñeros.
66.2. Retirar del registro de antecedentes disciplinarios la anotación realizada
con ocasión de la decisión disciplinaria cuya nulidad se declarará en esta
providencia.
64. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
21 Corte Constitucional, sentencia T-969/09.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., C.P. William Hernández Gómez, sentencia del 11 de
julio de 2020, expediente nro. 25000-23-42-000-2016-03623-01 (2838-2019).
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reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
67. En consecuencia, se condenará a la parte demandada a pagar las costas en
ambas instancias, por cuanto resultó vencida en el presente asunto. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 13 de diciembre de 2024, a través de la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovió el señor Néstor Camelo Piñeros en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional y de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. En
su lugar, se dispone lo siguiente:
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial del fallo de primera instancia expedido
el 14 de octubre de 2021 por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Agencia
Logística de las Fuerzas Militares, a través del cual sancionó al demandante con la
medida de destitución e inhabilidad general por el término de 13 años, así como del
fallo de segunda instancia proferido el 27 de mayo de 2022 por el director general
de la mencionada agencia, que redujo a 10 años esa sanción.
TERCERO. ORDENAR a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que retire
del registro de antecedentes disciplinarios la anotación realizada con ocasión de la
decisión disciplinaria cuya nulidad se declarará en esta providencia
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CUARTO. CONDENAR a la parte demandada a pagar las costas en ambas
instancias. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
QUINTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
sentencia DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.
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