Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00164-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00164-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2023-00164-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2023-00164-02 (2847-2024)
Demandante: Juan Manuel Valdés Barcha
Demandada: Procuraduría General de la Nación y Corporación Parque Arví
Tema: Disciplinario. Prescripción de la acción disciplinaria.
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 14 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Juan Manuel Valdés Barcha presentó demanda en
orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos:
1.1. Fallo de primera instancia 129-22 del 1 de abril de 2022, por medio del cual la
Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con funciones de
Juzgamiento lo declaró responsable disciplinariamente y le impuso la sanción
de destitución e inhabilidad general de 10 años por la comisión de la falta
gravísima prevista en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 1010 de 2006
1 En adelante CPACA.
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[acoso laboral].
1.2. Fallo de segunda instancia del 25 de octubre de 2022, dictado por la Sala
Ordinaria de Juzgamiento, mediante el cual se confirmó la anterior decisión.
1.3. Oficio 132 SIAF 3677 expedido por el procurador delegado de juzgamiento 3
que ordenó la ejecución de la sanción.
1.4. Oficio del 1 de febrero de 2023, expedido por el presidente de la Junta Directiva
de la Corporación Parque Arví, por medio del cual se dio por terminado el
contrato de trabajo.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) la cancelación del registro de la
sanción impuesta; (ii) la declaratoria de ineficacia de su despido; (iii) el reintegro a
la Corporación Parque Arví; (iv) el pago de los salarios, seguridad social,
prestaciones legales y sociales causadas desde el momento de la terminación del
contrato hasta su reintegro, así como el de los perjuicios morales en cuantía
equivalente a 100 smlmv2.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
4. Se desempeñó como director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.
5. El 14 de diciembre de 2015 Rusby Cecilia Vargas Almeida, quien ejerció como
coordinadora del Grupo de Gestión de Certificación de Competencias Laborales del
SENA, presentó queja ante la PGN [en contra del actor] por presuntos hechos de
acoso laboral ocurridos en Bogotá, entre los meses de enero y abril de 2015.
6. El 16 de agosto de 2016 la Procuraduría Segunda Distrital dio apertura a la
indagación preliminar en contra de Juan Manuel Valdés Barcha y decretó pruebas.
Fue citado mediante correo electrónico [jmvaldes@sena.edu.co] el 5 de septiembre
de 2016 y la notificación se surtió por edicto fijado y desfijado el 16 y 20 de
septiembre de 2016, respectivamente.
7. El 23 de enero de 2017 se dio apertura formal a la investigación disciplinaria y, el
23 de mayo del mismo año, rindió versión libre.
8. El 19 de abril de 2018, cuando ya habían transcurrido 15 meses, se dispuso la
prórroga del término de investigación por 6 meses más. El 1 de octubre siguiente
se practicaron las declaraciones juramentadas de 5 testigos que comparecieron a
2 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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instancia de la quejosa.
9. El 30 de septiembre de 2019 el procurador segundo distrital de Bogotá remitió el
expediente a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa. El 5 de
noviembre de 2019 se dejó constancia del reparto.
10. A través de auto del 19 de noviembre de 2019 la Procuraduría Segunda Delegada
para la Vigilancia Administrativa declaró cerrada la investigación disciplinaria.
11. El 28 de noviembre siguiente, desde el correo juan.valdes@antioquia.gov.co, el
demandante manifestó: «[e]n atención al oficio recibido el día 28 de noviembre de 2019,
expediente IUS 2015-448672 IUC D-2016-120-883772. Autorizo la notificación para este
proceso al correo electrónico, juan.valdes@antioquia.gov.co».
12. Al día siguiente se le remitió la notificación del auto del 19 de noviembre de 2019
al correo informado y se publicó en el estado del 3 de diciembre.
13. El 30 de septiembre de 2020 la abogada comisionada entregó el expediente por
su retiro de la entidad. Se hizo la reasignación el 9 de febrero de 2021.
14. El 30 de abril de 2021 se dictó el pliego de cargos por la posible comisión de
conductas constitutivas de acoso laboral en los siguientes términos:
«Se reprocha al señor JUAN MANUEL VALDÉS BARCHA [...], en su
condición de director del Sistema Nacional para el Trabajo del Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA para la época de los hechos, presuntamente
haber incurrido en conductas constitutivas de acoso laboral en contra de la
señora RUSBY CECILIA VARGAS ALMEIDA, quien ejercía funciones de
Coordinadora en la Dirección del Sistema Nacional para el Trabajo del
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, al utilizar expresiones
irrespetuosas y ultrajantes dentro de su relación laboral y al descalificar su
trabajo, de manera reiterada, continua y pública, entre los meses de enero y
abril de 2015, hechos que condujeron a que ésta renunciara a la Coordinación
que venía ejerciendo en encargo y solicitara su traslado a otra dependencia
de la Entidad».
15. Mediante la Resolución 216 del 14 de julio de 2021 la procuradora general de la
Nación suspendió los términos en todas las actuaciones disciplinarias desde el 16
al 23 de julio de 2021, debido a la entrada en vigor de la Ley 2094 de 2021.
16. Mediante auto del 29 de julio de 2021 la Procuraduría Segunda Delegada para la
Vigilancia Administrativa remitió por competencia el proceso a la Procuraduría
Delegada para la Moralidad Pública y la Procuraduría Sexta Delegada ante el
Consejo de Estado -reparto-. En el oficio y acta de entrega de expedientes se anotó:
«5. RIESGO DE PRESCRIPCIÓN / CADUCIDAD – Nivel de riesgo de
prescripción/caducidad ALTO - Fecha de prescripción/caducidad (sin contabilizar las
suspensiones de términos decretadas) 23 de enero de 2022». Esto también se consignó
en el oficio del 17 de agosto de 2021.
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17. En auto del 8 de septiembre de 2021 la Procuraduría Sexta Delegada ante el
Consejo de Estado con funciones de juzgamiento avocó el conocimiento de la
investigación, comisionó a un funcionario adscrito a la dependencia y ordenó la
práctica de las pruebas documentales y testimoniales solicitadas por el disciplinado.
18. En auto 96-22 del 14 de marzo de 2022 se corrió el traslado a los sujetos
procesales para que rindieran sus alegaciones finales.
19. El 1 de abril de 2022 se dictó el fallo sancionatorio en el sentido de imponerle la
sanción de destitución e inhabilidad general de 10 años por la comisión de la falta
gravísima derivada del acoso laboral, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 103 de la Ley 1010 de 20064.
20. La notificación se surtió a los correos electrónicos del disciplinado y su apoderado
el mismo 1 de abril de 2022. El 4 de abril de 2022 el apoderado del disciplinado
presentó recurso de apelación y solicitud de nulidad. Al día siguiente se concedió el
recurso de apelación.
21. El 25 de octubre de 2022 la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento resolvió
negar la solicitud de nulidad y confirmar la decisión. La notificación se surtió por
edicto del 6 de diciembre de 2022 y cobró ejecutoria el 9 de diciembre siguiente.
22. El 1 de febrero de 2023 el actor fue «despedido» del cargo de director ejecutivo
de la Corporación Parque Arví con ocasión de la inhabilidad registrada por la PGN.
23. El 3 de febrero de 2023 la Personería Distrital de Medellín abrió investigación
disciplinaria en su contra, con sustento en que él, como director ejecutivo, a
sabiendas de la sanción disciplinaria, continuó prestando el servicio.
3 «Artículo 10. Tratamiento sancionatorio al acoso laboral. El acoso laboral, cuando estuviere
debidamente acreditado, se sancionará así: 1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código
Disciplinario Único, cuando su autor sea un servidor público.»
4 Entre otras cosas, sostuvo lo siguiente: «En los testimonios coinciden en afirmar que el señor
VALDES BARCHA utilizó reiteradamente expresiones directas contra la señora Rusby Cecilia, como
“caída del zarzo”, “que si era boba”, “que manejaba su trabajo como una panadería”, está probado
además que el disciplinado usó en forma pública estas expresiones, en presencia de sus
compañeros de trabajo, por ende, estamos frente a un maltrato laboral, que se tipifica como
modalidad de acoso. Estas expresiones distan de ser coloquialismos, entendidos estos como
palabras o expresiones coloquiales, propias de una conversación informal y distendida. El superior
jerárquico tiene el deber de evaluar las actuaciones laborales de sus subordinados y si las encuentra
satisfactorias en el marco de los compromisos asumidos y de las normas legales o técnicas
aplicables, está facultado (y además obligado) a informarlo así a los subordinados para que estos
aprendan de su superior y corrijan las deficiencias comprobadas en su desempeño. Sin embargo,
esto no autoriza al superior para calificar al subordinado de manera personal. En Colombia, decir
que alguien es caído del zarzo significa que es una persona tonta, boba, ingenua e inmadura. El
comentario, entonces, en boca del disciplinable y dirigido a la quejosa, no es una retroalimentación
o una crítica constructiva sobre el trabajo realizado por ella, con miras a su mejoramiento, sino que
es una crítica personal que raya con el insulto, en particular cuando se dice de manera pública, ante
el equipo y reiterada. [...]»
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24. Por medio de la Resolución 076 del 24 de febrero de 2023, la procuradora general
de la Nación ordenó el control preferente de la investigación iniciada por la
Personería de Medellín. Para tal efecto, argumentó que podría comportar relevancia
disciplinaria y designó a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción
Primera para la Vigilancia Administrativa por presunta violación al régimen de
inhabilidades.
25. El 27 de febrero de 2023 el disciplinado solicitó a la PGN la revocatoria de las
decisiones sancionatorias; sin embargo, no se expidió respuesta alguna.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
26. Como tales se señalaron los artículos 23 de la Convención Americana de
Derechos Humanos; 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; 1, 2, 6, y 9 del Protocolo de San Salvador; 1, 2, 4, 13, 25, 29,
48, 53 y 93 de la Constitución Política; 6, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 21, 29, 30, 72, 101, 102
y 128 de la Ley 734 de 2002; 18 de la Ley 1010 de 2006; 132 de la Ley 1474 de
2011; 1 -parágrafo- del Decreto 564 de 2020; y 8 del Decreto 806 de 2020; en su
concepto, porque:
→ Prescripción de la acción disciplinaria
27. La autoridad falladora de primera instancia desconoció la ley porque consideró
que (i) los 5 años de prescripción debían contarse a partir del auto que dio apertura
a la investigación, esto es el 23 de enero de 2017; (ii) durante ese término el proceso
estuvo suspendido por 70 días, comprendidos entre el 17 de marzo y el 25 de mayo
de 2020, de conformidad con las Resoluciones 128 del 16 de marzo, 136 del 24 de
marzo, 48 del 3 de abril, 173 del 16 de abril, 184 del 24 de abril y 204 del 8 de mayo
de 2020 -todas expedidas por el procurador general de la Nación-, así como del
Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo del mismo año; y (iii) durante esos 70 días
estuvo suspendida la acción disciplinaria, por lo tanto, se sumaban al término de
prescripción que inicialmente vencía el 23 de enero de 2022; en ese orden, la fecha
límite se ampliaba hasta el 2 de abril de 2022.
28. En el Decreto 564 de 2020 se previó la suspensión de términos de caducidad y
prescripción y en su parágrafo dispuso que no era aplicable en materia penal,
disposición que debía extenderse a los procesos disciplinarios por vía de los
principios pro homine e integración normativa, toda vez que en ambos operaba de
manera fundante el ius puniendi y la presunción de inocencia. Así lo sostuvo la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 4 de agosto de 2021, en el proceso
68001-11-02-000-2017-01800-01, con ponencia del magistrado Mauricio Fernando
Rodríguez Tamayo, así como la PGN el 10 de noviembre de 2022, en la
investigación IUS 2016-160997 [que declaró terminada la actuación y archivó las
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diligencias].
29. Por lo anterior, en el sub examine también debió terminarse el proceso
disciplinario, pues el auto que dio apertura a la investigación se dictó el 23 de enero
de 2017 y la prescripción operó el 23 de enero de 2022; sin embargo, la decisión de
primera instancia se dictó hasta el 1 de abril de 2022 y se notificó el «6» del mismo
mes y año, «es decir que pasaron 73 días más de operada la prescripción para emanar el
fallo de primer nivel, sin contar que la decisión disciplinaria terminó realmente el 06 de
diciembre de 2022 con la notificación por edicto del fallo de segunda instancia expedido el
25 de octubre de 2022». Por consiguiente, no solo se vulneró el derecho al debido
proceso, sino también el de igualdad, pues la decisión citada, expedida por la PGN,
se adoptó en un proceso seguido contra un fiscal, precisamente, por acoso laboral.
30. La notificación del fallo de primera instancia ocurrió el 1 de abril de 2022 a las
16:12:04 horas y, a las 16:23, se expidió un oficio que fue enviado a los correos
electrónicos «juanmvaldes@gmail.com» y «pauldavidsolarte@gmail.com», sin que se
hubiera autorizado dicha forma de notificación. Si bien en noviembre de 2019 solicitó
que se le enviaran las notificaciones a la dirección «juan.valdes@antioquia.gov.co»,
esta cuenta era diferente de la que «sin explicación alguna» habilitó la Procuraduría
para realizar la antes referida. En consecuencia, la notificación personal no pudo
surtirse el 1 de abril de 2022 «por la ausencia o falta de aceptación de la autorización del
disciplinado y su apoderado para ser notificados a través de este canal».
→ Caducidad de la acción disciplinaria
31. Debía atenderse que el término inició -por lo menos- el 1 de mayo de 2015,
comoquiera que Rusby Cecilia Vargas Almeida siempre fue clara en manifestar que
los hechos ocurrieron entre enero y abril de 2015; en consecuencia, de conformidad
con el artículo 18 de la Ley 1010 de 2005, el plazo para radicar la queja disciplinaria
culminó el 1 de noviembre de 2015 y solo hasta el 14 de diciembre siguiente lo hizo,
es decir, 1 mes y 14 días después.
32. No obstante, la autoridad disciplinaria justificó la actuación en que se «estaban
realizando» algunas actividades por parte del Comité de Convivencia Laboral del
SENA y que era obligación de este remitir la queja ante la PGN a pesar de que en
la Ley 1010 de 2006 no se mencionó que ese trámite interrumpía el término de
caducidad de las acciones por acoso laboral y, menos aún, cuando la denunciante
podía iniciar la acción en cualquier momento.
→ Defecto fáctico
33. Las autoridades disciplinarias no respetaron la ritualidad probatoria prevista en
el artículo 128 -y siguientes- de la Ley 734 de 2002 y dejaron de valorar medios de
prueba que resultaban determinantes para solucionar el problema jurídico del
supuesto acoso laboral, tales como las documentales requeridas al SENA y los
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testimonios de Carlos Hernán Vargas, Iván Ernesto Rojas Guzmán, Lady Yanery
Hincapié Rozo, Luis Gabriel Bernal Arboleda, Kenny Daniels Dumar y Juliana
Alejandra Osorio Urrego.
34. En el fallo de primera instancia solo se anotó que los testigos declararon que
los hechos no les constaba y que no podían constituir una negación sobre su
ocurrencia, con lo que se evidenciaba que no hizo ningún análisis a diferencia de
los solicitados por la quejosa, frente a los cuales realizó «una transliteración de sus
dichos en el cuerpo de la decisión y luego un análisis en conjunto, lo que denota[ba] un
ejercicio probatorio desbalanceado con un interés en fortalecer a la parte quejosa y pasar
por alto las pruebas del disciplinado».
1.2. Admisión de la demanda
35. Mediante auto del 15 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó la pretensión relacionada con la nulidad del Oficio 231 SIAF
3677 con sustento en que no eran susceptibles de control los actos de trámite y de
ejecución. En lo demás, admitió la demanda contra la PGN y la Corporación Parque
Arví.
36. La PGN presentó solicitud de nulidad y recurso de reposición contra la anterior
decisión5; sin embargo, el 1 de agosto de 2023 se confirmó y negó la solicitud de
nulidad.
1.3. Medida cautelar
1.3.1. Solicitud presentada por la parte actora
37. En el escrito de la demanda, Juan Manuel Valdés Barcha solicitó que se
suspendieran provisionalmente los efectos del acto acusado. Para tal efecto,
argumentó lo que sigue:
38. Se afectaron sus derechos al trabajo, mínimo vital, dignidad y seguridad social
porque (i) conocido públicamente el fallo sancionatorio empezaron «a llover una serie
de ataques mediáticos [en su contra], buscando su salida de la Corporación Arví» lo que
llevó a que el 1 de febrero de 2023 dicha entidad terminara de manera unilateral su
contrato de trabajo «sin más razones que la sanción de destitución e inhabilidad general
[...]».
5 Porque (i) el medio de control no era la vía procesal adecuada para cuestionar la legalidad de las
decisiones sancionatorias porque se dictaron en vigencia de la Ley 1952 de 2019, modificada por la
Ley 2094 de 2021, que le otorgó funciones jurisdiccionales, por lo tanto, debían ser revisadas por la
Jurisdicción de lo contencioso – administrativo en los términos allí establecidos a través del recurso
extraordinario de revisión; (ii) los efectos de la sentencia C-030 de 2023 no eran aplicables al caso
porque la notificación del fallo de segunda instancia se surtió el 6 de diciembre de 2022; y (iii) no se
le notificó personalmente el auto admisorio.
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39. Asimismo, el 3 de febrero de 2023 la Personería Distrital de Medellín decidió
abrir investigación en su contra con fundamento en que, a sabiendas de la decisión
disciplinaria y la «inhabilidad sobreviniente», continuó prestando sus servicios. El 16
de mayo de 2023 la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia
Administrativa corrió traslado por 10 días para presentar alegatos de conclusión, es
decir que se iba a «proceder a calificar el mérito de las pruebas allegadas al proceso, en
aras de formalizar otra sanción».
40. La decisión sancionatoria [viciada por los cargos expuestos en la demanda] no
solo perjudicó irremediablemente sus derechos laborales, sino también su entorno
familiar y personal porque los medios de comunicación y otros órganos de control
hicieron «fuertes señalamientos en su contra, perjudicando su buen nombre, su honra e
inclusive su hoja de vida para desempeñar funciones en lo público y lo privado».
1.3.2. Auto que resolvió la medida cautelar
41. En proveído del 1 de agosto de 2023 se resolvió negar la suspensión provisional
solicitada por la parte actora, con fundamento en lo siguiente:
42. En virtud del artículo 88 del CPACA, las resoluciones expedidas por la PGN que
suspendieron los términos de prescripción de los procesos disciplinarios se
presumían legales, por lo tanto, seguían produciendo efectos legales y, en ese
sentido, las acciones disciplinarias se suspendieron desde el 17 de marzo hasta el
25 de mayo de 2020, para un total de 70 días. En lo que concernía a la providencia
dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de acuerdo con la
jurisprudencia, se trataba de un análisis que correspondía al fondo del asunto y no
a la medida cautelar.
43. Se demostró que (i) el 23 de enero de 2017 se abrió la investigación
disciplinaria; (ii) el fallo de primera instancia se dictó el 1 de abril de 2022 y se notificó
el mismo día; y (iii) la prescripción ocurría el 2 de abril de 2022; en consecuencia,
como la decisión se dictó un día antes, no ocurrió el fenómeno de la prescripción.
44. La queja se presentó el 30 de abril de 2015 con la finalidad de empezar los
trámites preventivos por hechos acontecidos entre enero y abril de 2015. Entonces,
si las últimas acciones alegadas se realizaron en abril, la caducidad -en principio-
se presentaba en octubre de 2015; sin embargo, como se radicó queja ante la
entidad empleadora en abril con la finalidad de iniciar el trámite preventivo, se debía
entender que dicho fenómeno no aconteció.
45. No existía prueba para sustentar el menoscabo de las disposiciones invocadas
porque no se acreditó la vulneración de normas superiores; tampoco se evidenciaba
objetivamente que causaran un perjuicio irremediable; y no existía argumentación
ni pruebas que permitieran inferir a través de la ponderación de intereses que
resultaba más gravoso para el interés general negar la medida.
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1.3.3. Recurso de apelación
46. Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación.
Para su sustentación, volvió sobre lo expresado en la demanda y en la solicitud y,
adicionalmente, sostuvo lo siguiente:
47. El a quo desconoció la sentencia C-213 de 2020 dictada por la Corte
Constitucional, mediante la cual se fijó el criterio respecto de la suspensión de los
términos de prescripción cuando se ejercía el ius puniendi del Estado y, si bien se
refirió a este fenómeno en materia penal, debía hacerse extensiva al proceso
disciplinario por la misma hermenéutica que desde el año 2008 se zanjó, esto es
que este constituía una forma de ejercicio de la potestad sancionadora y, como tal,
debía estar fundado en principios y valores constitucionales y asegurar la vigencia
de los elementos propios del debido proceso.
48. La PGN a través de las resoluciones dictadas en el año 2020 prorrogó la
suspensión de términos hasta el 25 de mayo de 2020, pero no se interrumpió el
término de prescripción de manera expresa como lo sostuvo el a quo, máxime
porque la entidad no contaba con la competencia para tomar una decisión en tal
sentido.
1.3.4. Trámite del recurso de apelación
49. Como el auto que negó la medida cautelar fue notificado el 2 de agosto de 2023
y el recurso de apelación se interpuso el 4 del mismo mes y año, en proveído del 5
de septiembre de 2023 se concedió en el «efecto suspensivo» [sic].
50.El proceso fue repartido al despacho ponente para resolver el recurso
mencionado el 10 de octubre de 2023.
1.4. Contestación de la demanda
51. La PGN guardó silencio. Por su parte, la Corporación Parque Arví se opuso a
las pretensiones de la demanda con sustento en lo siguiente:
52. Respecto de las pretensiones primera [nulidad de los actos], tercera
[cancelación de los registros] y novena [pago de perjuicios] debía declararse la falta
de legitimación en la causa por pasiva porque se dirigieron en contra de la PGN.
Sobre las demás, la carga argumentativa era insuficiente para determinar que el
posible restablecimiento lo debía asumir la corporación.
53. La relación laboral del demandante se enmarcó en un contrato laboral y
cualquier conflicto que se presentara no era del conocimiento del juez de lo
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contencioso - administrativo, por lo tanto, debían declararse las excepciones de
ineptitud sustantiva de la demanda y falta de jurisdicción.
1.5. Auto que resolvió excepciones
54.El 21 de noviembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
no probadas las excepciones propuestas por la Corporación Parque Arví6. La
demandada presentó recurso de apelación y, en proveído del 12 de diciembre de
2023 se adecuó al de reposición y se confirmó la decisión.
1.6. La sentencia apelada
55. Mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 20247, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió negar las pretensiones de la demanda y
no imponer condena en costas.
56. Para tal efecto, se detuvo en el marco jurídico del control judicial al poder
disciplinario y resolvió el caso concreto así:
→ Prescripción de la acción disciplinaria
57. De conformidad con el artículo 88 del CPACA, las resoluciones expedidas por
la PGN que suspendieron los términos de la prescripción se presumían legales,
pues no existía prueba que demostrara que fueron suspendidas o declaradas nulas.
Además, (i) las funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial eran
diferentes de las asignadas a aquella, de conformidad con los artículos 257-A de la
Constitución y 111 de la Ley 270 de 1996; (ii) si bien en la providencia citada por el
demandante se anotó que el Decreto 564 de 2020 no estableció la suspensión de
términos de prescripción, lo cierto era que sus decisiones eran de naturaleza
jurisdiccional; y (iii) la PGN no acudió al Decreto 564 de 2020, sino a la Resolución
128 del 16 de marzo de 2020.
58. Tampoco era aplicable el precedente invocado porque se refirió al Decreto 417
de 2020 y en las actuaciones administrativas rigió el Decreto 491 de 2020. Frente a
este, la Corte indicó que era proporcional y procedente la suspensión de términos
porque tenía como fin evitar que las autoridades del Estado pusieran en riesgo su
salud para adelantar actuaciones con la misma celeridad; por consiguiente, debía
comprenderse que los términos de prescripción de las actuaciones disciplinarias se
suspendieron desde el 17 de marzo hasta el 25 de mayo de 2020, es decir, por 70
6 Para el efecto, expuso que (i) aunque el actor no dedicó un acápite para atacar la legalidad del
oficio del 1 de febrero de 2023 que dio por terminado «el nombramiento», era consecuencial de la
sanción disciplinaria adoptada por la PGN; (ii) el litigio se centró en la sanción disciplinaria, la cual
es susceptible de control ante la Jurisdicción de lo contencioso – administrativo, pero el fuero de
atracción permitía establecer la responsabilidad de las 2 entidades demandadas.
7 Visible a folios 440 - 459 del cuaderno principal del expediente.
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días.
59. En ese orden, aunque la prescripción ocurría -en principio- el 23 de enero de
2022 porque se ordenó la apertura de la investigación el mismo día y mes de 2017,
lo cierto es que el término se extendió hasta el 2 de abril de 2022; por consiguiente,
como el fallo de primera instancia se dictó el día anterior, no operó dicho fenómeno.
60. Respecto de la notificación por medios electrónicos, se demostró que el actor
concedió poder al abogado Paúl David Solarte López, quien presentó memorial en
el que solicitó que esta se realizara al correo «pauldavidsolarte@gmail.com», tal como
ocurrió el 1 de abril de 2022 a las 4:23 p.m.; además, la parte actora se entendió
notificada porque el profesional presentó recurso de apelación el 4 de abril de 2022,
es decir, el primer día hábil siguiente a la notificación, sin que expresara reparo
alguno «de no ser el canal indicado ni adecuado para ello».
61. Como al expediente solo se aportó la providencia que archivó la investigación
disciplinaria adelantada por la PGN con el número IUS-2016-260997, no se podía
efectuar el examen de igualdad, pues no bastaba con que se citara un acápite de la
providencia que dio por terminado otro proceso, sino que debían estudiarse todas
las razones por las cuales se finalizó la investigación y si se ajustaba a una situación
similar a la del actor.
62. Al examinar la decisión de la Procuraduría Regional de Antioquia del 26 de
agosto de 2020 (núm. 05 165-170), se evidenciaba que era un proceso tramitado
por la Personería en el que no se dictó acto de suspensión de los términos de
prescripción, por lo tanto, la situación no era similar a la del demandante. Y, frente
a la decisión del 10 de noviembre de 2022 dictada por la Procuraduría Delegada de
Instrucción 2 (núm. 05 157-164), tampoco representaba la violación al derecho a la
igualdad porque se expidió después de los fallos sancionatorios acusados.
→ Caducidad de la acción disciplinaria
63. Era aplicable el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006 que estableció un término
de caducidad especial de 6 meses y, para que este no se presentara, era necesario
que las víctimas de acoso presentaran la queja con la finalidad de iniciar los trámites
preventivos o sancionatorios. En efecto, el artículo 9 estableció unas medidas
preventivas que les permitía poner la situación en conocimiento mediante una
denuncia escrita y que incluían la solicitud a una institución de conciliación
autorizada, con el fin de que amigablemente se superara la situación.
64. La caducidad se interrumpía si la víctima radicaba queja para iniciar las medidas
preventivas o las disciplinarias. «Por ello, la afirmación del apoderado actor de que la
queja debía presentarse ante la Procuraduría antes de los 6 meses no est[aba] acorde con
la Ley y la Jurisprudencia, ya que [...] este fenómeno no aconte[cía] cuando se present[aba]
queja ante la entidad empleadora para iniciar el trámite del artículo 9º de la Ley 1010 de
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2006 o las del art. 10 de la misma norma».
65. En el caso, la queja por acoso laboral se presentó el 30 de abril de 2015 con la
finalidad de comenzar con los trámites preventivos, por lo tanto, como las últimas
acciones alegadas se realizaron en abril de 2015, en principio la caducidad se
presentaba en octubre de 2015; no obstante, al haber radicado queja ante la entidad
empleadora en abril con la finalidad de iniciar el trámite preventivo de acoso laboral,
se entendía que dicho fenómeno no operó.
→ Defecto fáctico
66. En relación con la falta de valoración de las pruebas solicitadas por el
disciplinado, se evidenciaba que (i) a Carlos Hernán Vargas no le constaban los
hechos porque remitió la queja de acoso laboral por competencia; (ii) Iván Ernesto
Rojas Guzmán solo estuvo en 2 reuniones «recibiendo el cargo al accionante»; (iii)
Lady Yanery Hincapié Rozo desempeñó el cargo desde el municipio de Manizales,
por lo tanto, no tenía noción de lo acontecido en Bogotá; (iv) Kenny Daniels Dumar
dijo que no recordaba el escenario; y (v) Juliana Alejandra Osorio Urrego afirmó que
no había laborado con la quejosa; por consiguiente, el examen de la autoridad
disciplinaria fue acertado.
67. Si bien dichos declarantes manifestaron que el actor realizó una excelente labor
en el SENA y que era exigente, ello no desvirtuaba por sí solo el cargo de acoso
laboral contra Rusby Cecilia Vargas Almeida. Además, si bien era cierto que Luis
Gabriel Bernal Arboleda afirmó que nunca había observado malos tratos hacia ella,
no lo era menos que Dina Heydi Ahmad Fonseca, Claudia Patricia Acosta Paternina,
Gloría Esperanza Robles García, Santos Eliécer Vera Argüelles y Ayda Luz
Martínez expresaron que el actor empleaba frases desobligantes.
68. Las pruebas documentales tenían relación con las funciones que desempeñaba
la quejosa, pero ninguna tenía la fuerza para desvirtuar los testimonios de las
personas que constataron el maltrato, máxime cuando no argumentó cómo tales
documentos demostraban que no se había presentado la conducta sancionada.
1.7. El recurso de apelación
69. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así:
→ Prescripción de la acción disciplinaria
70. El argumento dirigido a que los actos que suspendieron los términos de
prescripción de las acciones disciplinarias gozaban de presunción de legalidad
constituía una «interpretación contraevidente» que desconocía la ley, los tratados
internacionales y la jurisprudencia, pues la disposición solo se podía adoptar a
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través de una norma de rango legal que, incluso, desconocería la Constitución
Política porque en su artículo 214.2 se previó que durante los estados de excepción
no podían suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales, en
línea con el artículo 54 de la Ley 137 de 1994.
71. En el Decreto 417 de 2020 no se suspendieron los términos de caducidad y
prescripción en materia disciplinaria; en la Resolución 0128 del 16 de marzo del
mismo año se ordenó pero sin especificar que se trataba de dicho fenómeno
[prescripción], máxime si se tenía en cuenta que su objeto no era otro que garantizar
el debido proceso y el derecho a la defensa; y el Decreto 491 de 2020 estableció
que mientras durara la suspensión no correrían los términos de caducidad y
prescripción, es decir que se buscaba proteger y garantizar los derechos y libertades
de las personas y, aun si se comprendiera que dichas normas no eran claras
respecto a cuáles términos de caducidad y prescripción se referían, se debía acudir
al artículo 44 de la Ley 153 de 1887.
72. El a quo desconoció la sentencia C-213 de 2020 que, si bien se refería a asuntos
de naturaleza penal, debían extenderse a los disciplinarios, en razón a que se
trataba del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado; ello, aunado a que la
Corte Constitucional también sostuvo que la persona investigada tenía derecho a
gozar de las mismas garantías que estructuraban el derecho penal.
73. La conclusión del a quo, concerniente a que no era aplicable la providencia del
4 de agosto de 2021 dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no era
coherente con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-692 de 2008
y la PGN en la providencia del 10 de noviembre de 2022, dictada en el proceso
disciplinario IUS 2016-260997 IUC D-2016-654-894821, seguido en contra de un
fiscal por presunto acoso laboral.
74. Se vulneró el derecho a la igualdad porque la PGN, en 3 casos similares, aplicó
de manera diversa la postura, es decir, en 2 no tuvo en cuenta la suspensión de
términos de prescripción y en 1 sí la contabilizó y sancionó al ciudadano «cuando la
norma, la doctrina y la jurisprudencia [era] clara que la suspensión de los términos de
prescripción no opera[ban] en materia disciplinaria como garantía al disciplinado»; en
consecuencia, debía acudirse al artículo 15 de la Ley 734 de 2002.
75. La decisión de la PGN no se adoptó en los términos legales, toda vez que el
auto de apertura de la investigación se dictó el 23 de enero de 2017 y el fallo de
primera instancia se expidió el 1 de abril de 2016, es decir, superados los 5 años
previstos en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.
76. Tampoco era cierto lo relacionado con la autorización de notificación por medios
electrónicos, comoquiera que se requería la aceptación expresa del investigado o
su defensor y el documento con el que el a quo sustentó la decisión no aplicaba
para que la entidad pudiera realizarla. Además, si bien inicialmente el disciplinado
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autorizó las notificaciones al correo «juan.valdes@antioquia.gov.co», la PGN remitió
el correo a una dirección distinta. Esto, aunado a que en el oficio se le informó que
esta se surtía de acuerdo con el Decreto 806 de 2020, según el cual se hacía
efectiva pasados 2 días, es decir, la notificación se entendía verificada el 6 de abril
de 2022, cuando ya había operado la prescripción.
→ Caducidad de la acción disciplinaria
77. La conclusión del a quo fue errada porque los términos iniciaron, por lo menos,
el 1 de mayo de 2015 porque la quejosa manifestó expresamente que los supuestos
hechos de acoso laboral se originaron entre enero y abril de 2015, por lo tanto, el
plazo para radicarla culminó el 1 de noviembre de 2014. Además, la Ley 1010 de
2006 no mencionó que los trámites ante el Comité de Convivencia Laboral
interrumpían el término de caducidad de las acciones por acoso laboral y, menos
aún, cuando la denunciante podía iniciar la acción en cualquier momento, como en
efecto lo hizo el 14 de diciembre de 2015, cuando ya se había superado el plazo.
→ Defecto fáctico
78. Si bien el a quo realizó un pronunciamiento sobre la valoración probatoria, debía
considerarse que la decisión de la PGN se fundamentó en unos testimonios
parcializados y desconoció otras pruebas que tenían amplia trascendencia en el
proceso, tales como los testimonios y documentos reseñados en la demanda. No
obstante, la autoridad valoró las declaraciones de la quejosa, lo que denotaba «un
ejercicio probatorio desbalanceado con un interés en fortalecer a la parte quejosa y pasar
por alto las pruebas del disciplinado».
79. Igualmente, el operador de segunda instancia indicó que todos los testimonios
daban cuenta de los tratos despectivos y humillantes hacia la quejosa sin valorar
los 6 testimonios solicitados por la defensa, «amén de las pruebas documentales, cuya
valoración en conjunto hubiesen desestimado la integralidad probatoria que pregon[ó] el
sancionador y hubiesen cambiado ostensiblemente la visión general de la situación».
1.8. Trámite en segunda instancia
80. En auto del 28 de junio de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia dictada el 14 de marzo de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
81. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
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conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Cuestión previa
82. En la demanda, Juan Manuel Valdés Barcha solicitó la suspensión provisional
de los actos acusados; sin embargo, la medida cautelar fue negada por el a quo
mediante proveído del 1 de agosto de 2023.
83.Contra esa decisión, la parte actora presentó recurso de apelación, el cual fue
concedido el 5 de septiembre de 2023 y repartido el 10 de octubre de la misma
anualidad, sin que a la fecha se haya resuelto.
84. Entonces, sería del caso dar cumplimiento al artículo 323 del Código General
del Proceso, según el cual «[e]n caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá
en esta todas las apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere
posible»; sin embargo, comoquiera que en esta etapa procesal se dictará la
sentencia, por sustracción de materia la Sala se releva de hacer el análisis
correspondiente y ordenará a la Secretaría de esta Sección que, en el trámite de la
medida cautelar, se deje la anotación a que haya lugar.
2.3. Problemas jurídicos
85. Corresponde a esta instancia resolver los siguientes interrogantes:
85.1. ¿Operó la prescripción de la acción disciplinaria porque no se suspendieron
los términos con ocasión de la pandemia Covid-19?
85.2. En caso negativo, ¿operó la caducidad de la acción disciplinaria porque
Rusby Cecilia Vargas Almeida no presentó la queja dentro de los 6 meses,
tal como lo estableció el artículo 8 de la Ley 1010 de 2006?
85.3. Y de superarse el interrogante anterior, ¿las autoridades disciplinarias
incurrieron en un defecto fáctico porque no valoraron en debida forma las
pruebas aportadas?
86. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala resolverá las
preguntas formuladas en su orden; para tal efecto, en los acápites correspondientes
se incluirá el marco normativo y jurisprudencial, así como el caso concreto de cada
cargo.
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2.4. La prescripción de la acción disciplinaria
2.4.1. Marco normativo y jurisprudencial
87. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002 previó que «[l]a acción disciplinaria prescribirá
en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando
fuer[an] varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumpl[ía]
independientemente para cada una de ellas»8.
88. Al respecto, en la sentencia de unificación proferida el 29 de septiembre de 20099
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, se hicieron
las siguientes precisiones:
«Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para
que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a
continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera
que la tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción
disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse
y notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el
proceso disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como
constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad
de la administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados
como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior
cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación
sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del
administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada "vía
gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o
no los recursos que legalmente procedan contra el acto.
[...]
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar
el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra
el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia
que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del investigado, a su
arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la sanción, porque en
muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del
trámite de notificación de las providencias.»
8 Derogado por la Ley 1952 de 2019, la cual estableció en su artículo 33 lo relativo a la prescripción
de la acción disciplinaria. Este artículo, a su vez, fue modificado por la Ley 2094 de 2021, el cual
entró en vigor el 29 de diciembre de 2023.
9 Radicación 11001-03-15-000-2003-00442-01(S)IJ.
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89. Criterio que se mantuvo en la sentencia proferida el 21 de mayo de 201910
[también por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo]. En esta oportunidad se
explicó lo que a continuación se transcribe:
«La mencionada sentencia del 29 de septiembre de 2009 es la postura actual
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el sentido de señalar
respecto de la aplicación de la prescripción regulada en las Leyes 25 de 1974 y
23 de 1984, que en el régimen sancionatorio disciplinario “la sanción se impone
de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad,
se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa
sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los
recursos de la vía gubernativa” [...].
[...]
91. Entonces, de acuerdo con este fallo del 29 de septiembre de 2009, la Sala
reitera que la sanción disciplinaria se entiende impuesta con la expedición y
notificación del acto principal que la contiene, siendo éste el que concluye la
actuación administrativa y que se tiene en cuenta para efectos de la interrupción
de la prescripción de la acción disciplinaria.»
90. De acuerdo con lo expuesto, dentro de los 5 años que prevé la norma se deberá
expedir y notificar el acto primigenio que impone la sanción porque con este se
concluye la actuación administrativa, en razón a que el recurso es facultativo del
disciplinado y la decisión se circunscribe a examinar la decisión y a revocarla,
modificarla o confirmarla, según el caso.
2.4.2. Caso concreto
91. En el recurso de apelación, la parte demandante alegó que la interpretación
relacionada con la prescripción de la acción disciplinaria era «contraevidente» porque
no se suspendieron los términos de prescripción en materia disciplinaria y, si bien
así se ordenó en la Resolución 128 del 16 de marzo de 2020, no se especificó si se
trataba de dicho fenómeno. Además, al tratarse del ejercicio punitivo del Estado,
debían aplicarse las mismas garantías que regían en el derecho penal, tal como lo
sostuvo la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en pronunciamiento del 4 de
agosto de 2021.
92. Pues bien, mediante la Resolución 128 del 16 de marzo de 2020 «[p]or medio
de la cual se suspenden términos en las actuaciones disciplinarias de la Procuraduría
General de la Nación como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19»,
suscrita por el procurador general de la Nación en ejercicio de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias y, en especial, las previstas en el artículo
7 del Decreto 262 de 2000, se resolvió «[s]uspender términos en todas las actuaciones
disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, a partir del martes diecisiete
(17) de marzo de dos mil veinte (2020) hasta el martes treinta y uno (31) de marzo de dos
10 Radicación 11001-03-25-000-2011-00371-00
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mil veinte (2020)».
93. Esta medida fue prorrogada mediante la Resolución 136 del 24 de marzo de
2020 hasta el viernes 3 de abril siguiente, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO PRIMERO. PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS
TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría
General de la Nación hasta el viernes tres (3) de abril de dos mil veinte (2020),
inclusive.
PARÁGRAFO. Esta medida no implica la inactividad de las autoridades
disciplinarias, quienes podrán, durante este periodo, proferir las decisiones a
que haya lugar.
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente disposición no se aplicará para los casos
en que se designe funcionario especial o en los cuales el Procurador General
de la Nación determine, por acto especial, continuar el trámite procesal en los
términos ordinarios.
ARTÍCULO TERCERO. La autoridad disciplinaria adoptará las medidas
necesarias para dar estricto cumplimiento a lo ordenado en los artículos
anteriores y coordinará con los servidores a su cargo el trabajo que se deba
adelantar desde sus residencias.
ARTÍCULO CUARTO. De presentarse alguna situación relevante sobre la
ejecución de lo dispuesto, la autoridad disciplinaria la reportará ante el
Despacho del Procurador General de la Nación, para que se tomen las
medidas necesarias y se efectivice la acción disciplinaria.»
94. Luego, mediante las resoluciones 148 del 3 de abril11, 173 del 16 de abril12, 184
del 24 de abril13 y 204 del 8 de mayo14 de 2020 se extendió la suspensión de
términos en la PGN hasta el 25 de mayo de 2020, inclusive, para un total de 70
días15.
95. Por su parte, en el Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 202016, aplicable
a «todos los organismos y entidades que conforma[ban] las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e
independientes del Estado, y a los particulares cuando cumpl[ieran] funciones públicas»
[denominadas «autoridades»]17, se consideró:
11 Que prorrogó la suspensión de términos hasta el 17 de abril de 2020, inclusive.
12 Que prorrogó la suspensión de términos hasta el 24 de abril de 2020, inclusive.
13 Que prorrogó la suspensión de términos hasta el 11 de mayo de 2020, inclusive.
14 Que prorrogó la suspensión de términos hasta el 25 de mayo de 2020, inclusive.
15 Debe precisarse que ninguno de los actos mencionados, incluidos los referidos en los párrafos 92
y 93, fueron objeto de análisis en sede de control inmediato de legalidad.
16 «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y
se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
17 Artículo 1.
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«Que de conformidad con lo anterior se hace necesario tomar medidas en
materia de prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del
Estado, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia mediante
el distanciamiento social, flexibilizando la prestación del servicio de forma
presencial y estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de
medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre
los servidores públicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y
efectividad del servicio.
[...]
Que es necesario tomar medidas para ampliar o suspender los términos
cuando el servicio no se pueda prestar de forma presencial o virtual, lo
anterior, sin afectar derechos fundamentales ni servicios públicos
esenciales.»
96. Por lo anterior, se dispuso —entre otras cosas— lo siguiente:
«Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social
las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia,
podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La
suspensión afectara todos los términos legales, incluidos aquellos
establecidos en términos de meses o años.
La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en
algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que
los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis
que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa
evaluación y justificación de la situación concreta.
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se
reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción
o firmeza previstos en la Ley que regule la materia.
Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo
también aplicara para el pago de sentencias judiciales.
Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los
ministerios, que manejen recursos de seguridad social y que sean
administrados a través de contratos fiduciarios, podrán suspender los
términos en el marco señalado en el presente artículo.
Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos
establecidos en la normatividad vigente para la atención de las prestaciones
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y en consecuencia no se causaran intereses de mora.
Parágrafo 3. La presente disposición no aplica a las actuaciones
administrativas o jurisdiccionales relativas a la efectividad de derechos
fundamentales.» [se resalta]
97. Al revisar la constitucionalidad de este decreto en la sentencia C-242 de 2020,
la Corte Constitucional consideró que el artículo 6º se ajustó a la Constitución. Para
tal efecto, precisó que (i) perseguía una finalidad legítima como era superar las
afectaciones causadas al desarrollo de las distintas actividades a cargo de las
autoridades debido a las restricciones implementadas para enfrentar la pandemia
originada por el coronavirus Covid-19; (ii) era una medida adecuada porque
otorgaba la posibilidad de interrumpir algunos procesos a fin de que las autoridades
pudieran retomar de forma organizada sus actividades; y (iii) también era
proporcional porque, a pesar de que afectaba la celeridad de los trámites, se trataba
de una medida que no aplicaba para actuaciones que versaran «sobre asuntos
iusfundamentales», razón por la cual solo se podía acudir a dicha figura frente a
asuntos de índole legal o reglamentario. A lo anterior agregó:
«6.154. En relación con dicho aspecto, la Corte estima que limita el grado de
afectación del principio constitucional de celeridad en las actuaciones, porque
garantiza que los asuntos que versan sobre los bienes más preciados del ser
humano no se vean suspendidos, y que la misma sólo aplique a causas en
las que se debaten puntos de menor valía en el sistema de valores
implementado en la Carta Política.
[...]
6.158. En cuarto lugar, esta Sala observa que la medida examinada tiene en
cuenta que la suspensión de términos puede llegar a afectar los tiempos de
caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley y, a efectos de evitar una
vulneración al debido proceso, señala que los mismos no correrán durante el
plazo en que se utilice la figura.»
98. Obsérvese que el decreto legislativo citado tuvo como objeto garantizar los
derechos y libertades de las personas y para ello adoptó la medida de autorizar la
suspensión de los términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales y,
aunque señaló que durante la medida no correrían los de caducidad y prescripción,
exceptuó aquellas relativas a la efectividad de los derechos fundamentales. Incluso,
la Corte Constitucional sostuvo que la medida no aplicaba para las actuaciones que
versaran sobre asuntos ius fundamentales.
99. En lo que respecta al derecho disciplinario, la jurisprudencia ha señalado que
es una forma de ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y, por lo tanto,
«debe estar fundado en principios y valores constitucionales y asegurar en todo momento
la vigencia de los elementos propios de la garantía del debido proceso»18; asimismo, como
18 Corte Constitucional, sentencia C-692 de 2008.
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se trata del ejercicio del ius puniendi, el disciplinado «tiene derecho a gozar de las
mismas garantías que estructuran el derecho penal»19.
100. Dentro de esas garantías a favor del disciplinado se encuentra la prescripción
que es «un instituto jurídico liberador»20 en el que la administración o la PGN «dejan
vencer el plazo señalado por el legislador [...] sin haber adelantado y concluido el proceso
respectivo, con decisión de mérito»21. Además, su fin está unido al derecho que tiene
el disciplinado a que se defina su situación jurídica, tal como se sostuvo en la
sentencia C-401 de 2010:
«Para la Corte, la potestad sancionatoria no puede quedar indefinidamente
abierta y “(…) si el Estado no ejercita el derecho que tiene de adelantar y fallar
la investigación disciplinaria en el tiempo fijado por el legislador, ya sea por
desinterés, desidia o negligencia no puede el empleado público sufrir las
consecuencias que de tales hechos se derivan, sino la misma Administración
por incuria, incapacidad o ineficiencia.”
Puntualizó la Corporación que, como parte del debido proceso, la obligación
de adelantar las investigaciones sin dilaciones injustificadas se aplica a toda
clase de actuaciones, y que, por consiguiente “[l]a justicia impartida con
prontitud y eficacia no sólo debe operar en los procesos penales -criminales-
, sino en los de todo orden, administrativos, contravencionales, disciplinarios,
policivos, etc.”»
101. Ciertamente, esta figura hace parte del núcleo esencial del debido proceso22, el
cual -a su vez- comporta la culminación definitiva de la acción con efectos de cosa
juzgada, respeta el principio de seguridad jurídica y protege la presunción de
inocencia prevista en el artículo 29 de la Constitución Política; de ahí que deba ser
entendida como una «medida de protección al procesado» que contiene una respuesta
definitiva fundada en derecho que pone fin a la acción iniciada23.
102. En ese orden, el derecho disciplinario es un ejercicio de la potestad
sancionadora del Estado que está limitado y regulado por principios constitucionales
y derechos fundamentales como el debido proceso que aborda, sin duda, la garantía
de que el proceso disciplinario se defina en los términos legales.
103. Bajo ese entendido, si bien es cierto que el legislador extraordinario habilitó a
las autoridades para suspender los términos de las actuaciones administrativas y,
por consiguiente, de los fenómenos de prescripción y caducidad, también lo es que
estas disposiciones no podían aplicarse a aquellas que involucraran derechos
fundamentales como en el caso de la prescripción de las acciones disciplinarias
[debido proceso y seguridad jurídica].
19 Ibidem.
20 Sentencia C-401 de 2010.
21 Ibidem.
22 Sentencia C-556 de 2001.
23 Ibidem.
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104. Lo anterior es así, además, porque si bien es cierto que con ocasión del estado
de excepción declarado se podían adoptar las medidas necesarias para conjurar la
crisis, también lo es que la misma Ley 137 de 199424 previó que en ningún caso se
podía «afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales» y asimismo que,
«cuando un derecho a una libertad fundamentales [pudieran] ser restringidos o su ejercicio
reglamentado mediante decretos legislativos de Estados de Excepción, estos no [podrían]
afectar el núcleo esencial de tales derechos y libertades» [sic] [art. 7].
105. En efecto, el mismo legislador extraordinario, al adoptar medidas para la
garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia en el Decreto 564
de 2020, estableció que «la suspensión de los términos de prescripción y caducidad [...]
no [era] aplicable en materia penal», garantía que debe extenderse a los procesos
disciplinarios no solo porque ambos representan el ejercicio del ius puniendi, sino
además porque —como supra se indicó— se deben aplicar las garantías a los
procesados en igualdad de condiciones.
106. Ciertamente, en la sentencia C-213 de 2020, al examinar la constitucionalidad
del Decreto 564 de 2020, la Corte Constitucional puntualizó lo siguiente:
«Respecto de la no suspensión de los términos de prescripción en
materia penal, la Sala estima que dicha medida se encuentra directamente
relacionada con los principios de dignidad humana y de libertad, así como con
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia del procesado en la materia penal, pues pretende que la definición
de su situación jurídica se lleve a cabo en un tiempo prudencial y razonable,
así como la efectividad de la pena.
En ese sentido, esta Corte considera que durante los estados de excepción
no es posible suspender el plazo para resolver la situación jurídica de los
procesados, ni los que pretenden agotar las etapas procesales, en tanto ello
hace parte del núcleo esencial de las funciones de investigación y
juzgamiento, las cuales son funciones básicas del debido proceso sustancial
de los procesados. Si se permitiera, durante los estados de excepción, la
suspensión de los términos de prescripción de la acción penal (artículos 83 a
86 del Código Penal), como límite al ejercicio del poder punitivo estatal, se
haría nugatoria la garantía de temporalidad que se deriva de los principios de
dignidad humana y de libertad y que implican que, pasado el tiempo previsto
en la ley para poder reprimir la conducta punible, la sanción ha perdido
necesidad y el Estado, sobre quien pesa la carga de desvirtuar la presunción
de inocencia, ya no disponga de la posibilidad de proferir el reproche punitivo.
Igualmente, al amparo del artículo 28 de la Constitución, no es posible
suspender, en razón del estado de excepción, los términos de prescripción de
las penas (artículos 89 a 91 del Código Penal), como circunstancias que
extinguen la sanción penal (artículo 88.4 del Código Penal). Por lo tanto, al no
ser legítima la suspensión de términos de prescripción de la acción penal y
los de las penas, fundada en circunstancias propias de un estado de
excepción, los deberes de investigar y juzgar los delitos, que recaen sobre el
24 «Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia»
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Estado, tampoco admiten, congruentemente con lo anterior, ser suspendidos
en razón de circunstancias excepcionales. Por lo tanto, en lo que concierne a
la prescripción, no existe inconstitucionalidad alguna al haber excluido la
materia penal, de las medidas de suspensión de términos.» [se resalta]
107. A pie de página, la Corte definió la prescripción de la acción penal de manera
idéntica que la acción disciplinaria, esto es que «es una institución de orden público,
en virtud de la cual el Estado cesa su potestad punitiva -ius puniendi- por el término
señalado en la respectiva ley»25, a lo que agregó que «el sindicado [no] tiene el deber
constitucional de esperar indefinidamente que el Estado califique el sumario o profiera una
sentencia condenatoria»26.
108. De ese modo, si en ambos casos la acción representa el ejercicio sancionador
del Estado y se aplica la prescripción por el cumplimiento del término para resolver
la situación jurídica de los procesados, las garantías deben ser las mismas, máxime
si se tiene en cuenta que están involucrados derechos fundamentales como la
seguridad jurídica y el debido proceso.
109. Aunado a lo anterior, en la sentencia dictada por esta Subsección el 12 de
septiembre de 202327, al resolver una acción de tutela presentada contra los
magistrados de las Comisiones Nacional y Seccional Tolima de Disciplina Judicial,
también se precisó que la prescripción garantiza que el disciplinado no esté sujeto
indefinidamente al poder corrector y que se salvaguarden los principios antes
mencionados. Ello, para sostener lo que sigue:
«Ahora bien, debe advertirse que la suspensión de términos prevista en el
Decreto 564 de 2020 no opera en asuntos atañederos al uis puniendi estatal,
dentro de los que se encuentran los penales (que fueron expresamente
excluidos) y disciplinarios, comoquiera que involucran acciones de carácter
público cuyo ejercicio está en cabeza del Estado, por ende, su desarrollo no
está supeditado a las actuaciones que surtan las partes, como ocurre en un
proceso ordinario, de ahí que no sea dable fijar cuestiones como la
mencionada medida [...].
[...]
Cabe advertir que de aceptarse la postura de que la suspensión de términos
opera en relación con la prescripción de la acción disciplinaria, conllevaría
que, además de transgredir las prerrogativas superiores del procesado, en
especial, la del debido proceso, se desconozca que tiene una naturaleza
similar a los asuntos penales28, los cuales, se reitera, sí fueron excluidos
expresamente de la medida.
25 Para ello citó la sentencia C-416 de 2002.
26 Y acudió a la sentencia C-176 de 1994.
27 Radicación 11001-03-15-000-2023-04344-00.
28 Corte Constitucional, sentencia C-181 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra: «[…] la Corte
reconoció que en su condición de derecho punitivo, el derecho disciplinario se acerca íntimamente a
las previsiones del derecho penal, siéndole aplicables muchos de los principios que orientan y guían
esta disciplina del derecho […]».
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Asimismo, asumir que la exclusión de la suspensión de términos señalada en
el Decreto 564 de 2020 solo opera en el ámbito penal, sería ignorar la regla
jurisprudencial de la Corte Constitucional29, según la cual el disciplinado tiene
las mismas prerrogativas del procesado penalmente, en virtud de los
principios de favorabilidad, defensa, entre otros.»
110. Esta decisión, a su vez, se respaldó en la providencia del 4 de agosto de 2021
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial30, en la cual se argumentó
que la exclusión de los asuntos penales prevista en el Decreto 564 de 2020 era «fiel
reflejo de la voluntad del legislador de excluir el ámbito de aplicación de la norma a todas
aquellas disciplinas de carácter jurisdiccional en las cuales el Estado detenta el ejercicio de
la acción, como es el caso del derecho disciplinario, más allá de que hubiera sido deseable
incluirlo expresamente, como reconocimiento de su consabida autonomía en el contexto
actual del derecho colombiano». Igualmente, se anotó:
«Y aunque bien hubiera podido una norma de excepción aliviar a la
jurisdicción disciplinaria con la suspensión del término de prescripción de la
acción disciplinaria, de modo que pudiera disponer de un plazo adicional para
ejercer la misma, equivalente al periodo en que permanecieron los efectos de
la pandemia sobre el aparato de justicia, lo cierto es que en este caso no lo
hizo.
En consecuencia, cualquier intento por forzar el contenido de la norma para
aplicar el beneficio de la suspensión de términos a la jurisdicción disciplinaria
sería, indiscutiblemente, una interpretación extensiva a todas luces prohibida
cuando se trata de garantías sustanciales propias del derecho sancionatorio,
como lo es la institución de la prescripción.»
111. Precisamente, este pronunciamiento fue citado por la parte demandante para
respaldar su argumento, ante el cual el a quo sostuvo que dicha decisión no era
aplicable a la PGN porque esta «emit[ía] decisiones administrativas» y, de cualquier
modo, no acudió al Decreto 564 de 2020 para suspender los procesos disciplinarios.
Al respecto, ha de señalarse que, si bien es cierto que se trata de órganos diferentes
que tienen funciones distintas [una jurisdiccional y la otra administrativa 31], también
lo es que los derechos de los disciplinados y la connotación sancionadora se
presenta en ambos casos; por tal razón, acudir a ese criterio diferenciador no solo
desconoce el derecho a la igualdad, sino que pasa por alto que se trata de distintas
expresiones del ejercicio punitivo que, sin importar la autoridad, deben garantizar el
mismo trato a los investigados.
29 Sentencia C-692 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa: «[…] la Corte ha considerado
obligatorio el respeto del principio de favorabilidad, de conformidad con el cual la ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Frente
a este punto, ha advertido que aún cuando el artículo 29 de la Constitución se refiere a la aplicación
del principio en materia penal, ello […] no impide que el legislador lo extienda a otros ámbitos del
derecho sancionador, como el disciplinario. Tampoco conduce a que el juez deba interpretar
restrictivamente esta garantía, que tiene pleno sentido y especial relevancia dentro de un estado
social de derecho en otros contextos punitivos diferentes al penal […]».
30 Radicación 68001-11-02-000-2017-01800-01.
31 Lo cual fue expuesto también en la sentencia C-030 de 2023 dictada por la Corte Constitucional.
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112. Y es que, la jurisprudencia ha sido pacífica en que las garantías del sistema
penal deben ser aplicadas a las acciones disciplinarias, con mayor razón cuando se
trata de asuntos de la misma naturaleza, pero que son adelantados por autoridades
diferentes como en el caso que se examina; de ahí que el precedente invocado por
la parte actora, también alusivo al ámbito disciplinario, sí sea aplicable al sub
examine.
113. Aunado a lo anterior, la Sala coincide con el demandante en que el propósito de
las medidas adoptadas para conjurar la crisis derivada de la pandemia se
circunscribió a proteger las garantías y derechos fundamentales de las personas,
tan así que en las consideraciones del Decreto 491 de 2020 se consignó que las
entidades y organismos del Estado «deben proteger y garantizar los derechos y
libertades de las personas», razón por la cual no podía utilizarse para mermar aquella
garantía de que la acción disciplinaria se definiera en el plazo previsto en la ley.
114. Ahora bien, de acuerdo con las documentales que reposan en el expediente, el
23 de enero de 2017 se dictó el auto que ordenó abrir la investigación, es decir que
el término de 5 años previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 feneció el 23
de enero de 2022; sin embargo, el fallo de primera instancia se dictó hasta el 1 de
abril de 2022, lo que significa que, tal como lo sostuvo la parte actora, operó la
prescripción de la acción disciplinaria.
115. Aunque lo anterior basta para acceder a las pretensiones de la demanda,
también es importante señalar que al expediente disciplinario se anexó la
Resolución 216 del 14 de julio de 2021, mediante la cual la procuradora general de
la Nación suspendió los términos en todas las actuaciones disciplinarias a partir del
16 de julio y hasta el 23 de julio de 2021.
116. Esta se sustentó en que entró en vigencia la Ley 2094 de 2021, la cual «atribuyó
funciones jurisdiccionales a la PGN« y, por tal razón, mediante la Resolución 207 del 7
de julio de 2021 se dispuso «asignar y distribuir las funciones jurisdiccionales
disciplinarias en primera y segunda instancia, determinar los funcionarios competentes para
adelantar la etapa de instrucción y juzgamiento, así como aquellos que conocerán los
recursos de apelación y queja» y con la Circular 015 de 2021 se establecieron las
directrices para la operatividad del acto anterior, «referida a todas las actuaciones
disciplinarias en curso, su digitalización, el envío a funcionarios de conocimiento, entre otros
asuntos».
117. Igualmente, se adjuntó la constancia secretarial del 26 de julio de 2021 en la
que se anunció la parte resolutiva de dicho acto y se precisó que se aplicaba [entre
otros] a la investigación E-448672 D-2016-120-88377232 que correspondía a la
32 Así se consignó en la constancia:
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adelantada contra Juan Manuel Valdés Barcha:
118. La parte resolutiva de dicho acto administrativo se redactó en los mismos
términos que la Resolución 128 del 16 de marzo de 2020 [que suspendió los
términos con ocasión de la pandemia Covid-19]; obsérvese:
Resolución 128 del 16 de marzo de 2020 Resolución 216 del 14 de julio de 2021
«ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER «ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER
TÉRMINOS en todas las actuaciones LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones
disciplinarias a cargo de la Procuraduría disciplinarias a cargo de la Procuraduría
General de la Nación, a partir del martes General de la Nación, a partir del viernes 16
diecisiete (17) de marzo de dos mil veinte de julio de 2021 hasta el 23 de julio del
(2020) hasta el martes treinta y uno (31) de mismo año -inclusive-.
marzo de dos mil veinte (2020).
ARTÍCULO SEGUNDO: Cada operador
ARTÍCULO SEGUNDO. Cada operador disciplinario adoptará las medidas
disciplinario adoptará las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de
necesarias para dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo anterior y
lo ordenado en el artículo anterior y coordinará con los servidores a su cargo las
coordinará con los servidores a su cargo las actividades a realizar en ese período.
actividades a realizar en este periodo.
ARTÍCULO TERCERO: De presentarse
ARTÍCULO TERCERO. De presentarse alguna situación particular respecto de la
alguna situación relevante sobre la ejecución de lo dispuesto, el responsable
ejecución de lo dispuesto, cada operador deberá reportarla a la Secretaría Privada
disciplinario reportará tal situación ante la del Despacho de la Señora Procuradora
Secretaría Privada del Despacho del General de la Nación.»
Procurador General de la Nación.»
119. Sin embargo, la resolución mencionada no fue tenida en cuenta por los
operadores para calcular la prescripción. En el fallo de primera instancia del 1 de
abril de 2022, la PGN expuso:
«10.2 Vigencia de la acción disciplinaria
De acuerdo a lo prescrito en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado
por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, aplicable en el presente caso, el
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Radicado: 25000-23-42-000-2023-00164-02 (2847-2024)
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término de prescripción de la acción disciplinaria es de cinco (5) años,
contados a partir de la fecha del auto que abre la investigación disciplinaria
(para este caso, el 23 de enero de 2017). Durante ese término el presente
proceso estuvo suspendido durante 70 días entre el 17 de marzo de 2020 y
el 25 de mayo de 2020 de conformidad con las Resoluciones 128 del 16 de
marzo de 2020, 136 del 24 de marzo de 2020, 48 del 3 de abril de 2020, 173
del 16 de abril de 2020, 184 del 24 de abril y 204 del 8 de mayo de 2020,
todas ellas del Despacho del Procurador General de la Nación; lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Legislativo 491 del
28 de mayo de 2020, en lo pertinente declarado exequible por la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-242 del 9 de julio de 2020 (MM PP:
Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger). Durante
estos 70 días estuvo suspendida la acción disciplinaria, por lo que los mismos
se suman al término de prescripción mencionado, que inicialmente vencería
el 23 de enero de 2022, vencimiento que entonces se produciría el 2 de abril
de 2022. Por lo tanto, la acción disciplinaria se encuentra vigente a la fecha.»
120. Y, en el mismo sentido, la autoridad disciplinaria de segunda instancia sostuvo
el 25 de octubre de 2022:
«Para que dentro del asunto operase el término prescriptivo de la acción
debemos tener en cuenta la fecha de inicio de la investigación formal que fue
el día 23 de enero de 2017 y al sumar 70 días de la suspensión de términos
por la Pandemia Covid-19, decretado por el Gobierno Nacional, es evidente
que la fecha de prescripción no ha ocurrido por cuanto el fallo se profirió antes
de la ocurrencia de dicho fenómeno jurídico, es decir, el 1 de abril de 2022,
quedando ejecutoriado con la notificación que se surtió durante ese mismo
día (1 de abril de 2022) por vía correo electrónico al disciplinado y su
defensa.»
121. Lo anterior muestra que, a pesar de la identidad en la parte resolutiva de las
resoluciones, las autoridades disciplinarias les dieron un trato distinto: mientras las
primeras —a su juicio— suspendieron el término de prescripción de la acción
disciplinaria, la expedida en 2021 no, lo cual denota una diferencia en la
interpretación respecto del alcance de la disposición.
122. Y es que, si bien es cierto que una obedeció a la emergencia económica,
ecológica y sanitaria y la otra no, también lo es que la Resolución 128 del 16 de
marzo de 2020 fue expedida antes del Decreto legislativo 491 [28 de marzo de
2020], lo que lleva a concluir que a la suspensión de términos allí adoptada no podía
dársele el alcance de suspender la prescripción de la acción como lo hicieron las
autoridades disciplinarias, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una
disposición que, al hacer parte del debido proceso, corresponde exclusivamente al
legislador33.
33 Al respecto se puede consultar la sentencia expedida por la Sala Especial de Decisión Doce el 7
de julio de 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-01192-00A, en la cual se indicó: « al tratarse de
normas ligadas a la guarda del debido proceso, de conformidad con el artículo 152 Superior, refieren
a un derecho fundamental, para cuya regulación se requiere de reserva legal, forma en la que
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123. A ello se suma que, aunque en el Decreto 417 de 2020 34 se indicó que «se
[hacía] necesario expedir normas de orden legal que flexibili[zaran] la obligación de atención
personalizada al usuario y se permit[iera] incluso la suspensión de términos legales en las
actuaciones administrativas y jurisdiccionales», lo cierto es que (i) fue expedido después
de la Resolución 128 del 16 de marzo, esto es el 17 del mismo mes; y (ii) su parte
resolutiva se circunscribió a declarar el estado de excepción y a señalar que se
emitirían los decretos legislativos que desarrollaran las medidas anunciadas en la
parte considerativa, pero nada más.
124. Pero, además, la Resolución 128 de 2020 también fue objeto de interpretación
en la PGN, pues en la investigación IUS 2016-260997 IUC D-2016-654-894821,
adelantada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 para la
Vigilancia Administrativa contra un funcionario de la Fiscalía General de la Nación,
el 10 de noviembre de 2022 se ordenó la terminación de la actuación y el archivo
de las diligencias por lo siguiente:
«También es pertinente anotar que, si bien con ocasión de la declaratoria de
emergencia económica, ecológica y sanitaria, los términos en las acciones
disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación fueron
suspendidos entre el 17 de marzo y el 25 de mayo de 2020 inclusive, y
posteriormente entre el 16 y el 23 de julio de 2021, mediante la Resolución
216 de 2021, tales suspensiones no tienen efecto alguno sobre la contabilidad
de los plazos de caducidad o de prescripción, pues éstos tienen un efecto
liberador para el disciplinado, en tanto que constituye el máximo tiempo con
que cuenta el ente estatal para ejercer el ius puniendi del que es su titular,
aunado que para la fecha en que se produjo el fenómeno jurídico referido, el
proceso no estaba en esta entidad, sino en el antes Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, hoy Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca.
Dicho de otro modo, siendo el término de caducidad y de prescripción una
limitante al ius puniendi en cabeza del Estado, no está habilitado éste último
para suspender un lapso que, precisamente corre en su contra, y que
favorece al disciplinado. Una interpretación en dicho sentido terminaría
habilitando al accionante a que modifique los plazos que tiene fijados por el
propio ordenamiento jurídico, para poder ejercer la titularidad de las acciones
que posee.
Desde luego, el procurador tiene la facultad de suspender los términos de los
procesos que se adelantan en la entidad y que correspondan a etapas de las
actuaciones, sin embargo, dicha facultad no cobija la posibilidad de afectar
términos favorables a los disciplinados que, además, son de carácter legal.»
[se resalta]
efectivamente están consagradas tales disposiciones dentro de nuestro ordenamiento, tal como
antes se puso de presente cuando se aludió al contenido de la Ley 734 de 2002 en materia de
actuaciones administrativas disciplinarias, sin que de esta se derive autorización a las autoridades
que ejercen control disciplinario para suspender los términos de ley, ni hace remisiones sobre
suspensión o interrupción a las normas del procedimiento civil.»
34 «Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio Nacional».
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125. Aunque esta decisión —citada por la parte actora y consultada en la página web
de la PGN35— es posterior a los fallos disciplinarios examinados y por tal razón no
puede tenerse en cuenta para aplicar el artículo 15 de la Ley 734 de 2020 36 [como
se solicitó en el recurso], sí evidencia la diferencia de interpretaciones frente al
alcance de las resoluciones que suspendieron los términos con ocasión de la
pandemia Covid-19 y se acompasa con lo aquí expuesto, esto es que no podía
extenderse a la garantía de prescripción de la acción disciplinaria.
126. En consecuencia, la Sala considera que en el sub examine no se suspendieron
los términos de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria y, por tal razón,
para el caso concreto operó el primer fenómeno mencionado. De ese modo, las
consideraciones expuestas en los fallos acusados no solo desconocieron las
garantías del disciplinado, sino que justificaron falsamente que la suspensión de
términos obedeció al Decreto Legislativo 491 de 2020.
127. Por lo expuesto, la Sala se releva de resolver los demás problemas jurídicos,
en tanto se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accederá
a la pretensión de nulidad de los actos acusados.
2.5. El restablecimiento del derecho
128. Con el fin de dar respuesta a las solicitudes del actor, la Sala examinará las
pretensiones de la demanda por separado.
2.5.1. Pretensión «tercera»
129. El actor pidió que «se orden[ara] a la División de Registro y Control de la Procuraduría
General de la Nación, cancelar el registro de la sanción impuesta al señor Juan Manuel
Valdés Barcha identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.562.815».
130. Al consultar la página web de la PGN se evidencia que, a la fecha, se encuentra
vigente la anotación de las sanciones37:
35 Enlace de consulta:
https://www.procuraduria.gov.co/sim/relatoria/.webdocumento?accion=verDocumentoWeb&element
Id=PR
qwODUCCION/RELATO_DATA_TYPE/2023/01/30/202301301100320.DOCX&docId=238204&mod
e=1#page=inline,,toolbar=no,location=no,status=yes,menubar=no,resizable=yes,scrollbars=yes
36 «Artículo 15. Igualdad ante la ley disciplinaria. Las autoridades disciplinarias trataran de modo
igual a los destinatarios de la ley disciplinaria, sin establecer discriminación alguna por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.»
37 Enlace de consulta: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Consulta-de-Antecedentes.aspx
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131. En consecuencia, se ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación
para que registre esta decisión en el Sistema de Información de Registro de
Sanciones e Inhabilidades -SIRI- y proceda a efectuar la correspondiente
desanotación de las sanciones impuestas.
2.5.2. Pretensiones «cuarta» a «séptima»
132. En la demanda se pidió lo siguiente:
«CUARTA: Se DECLARE la nulidad Acto administrativo contenido en Oficio
de febrero 01 de 2023, expedido por la Presidente de la Junta Directiva del
Parque ARVÍ, por medio del cual se da por terminado unilateralmente un
contrato de trabajo.
QUINTA: Se DECLARE la ineficacia de la terminación de la desvinculación o
despido laboral del señor Juan Manuel Valdés Barcha identificado con la
cédula de ciudadanía No. 98.562.815.
SEXTA: Como resultado de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho se ordene a la Corporación Parque ARVÍ, a realizar el reintegro del
señor Juan Manuel Valdés Barcha identificado con la cédula de ciudadanía
No. 98.562.815 al cargo de Director Ejecutivo.
SÉPTIMA: Se DECLARE que una vez se realice el reintegro del señor Juan
Manuel Valdés Barcha identificado con la cédula de ciudadanía No.
98.562.815, al cargo de Director Ejecutivo, el mismo se dé sin solución de
continuidad ordenando al nominador cancelar los salarios dejados de percibir
en el mismo rango, cotizaciones a la seguridad social, prestaciones legales y
sociales causadas desde el momento de la terminación del contrato y hasta
la fecha de su reintegro.»
133. En el auto del 15 de junio de 2023, el tribunal examinó los actos demandados
para: (i) rechazar la pretensión «relacionada con la nulidad del Oficio 231 SIAF 3677»,
con sustento en que solo se podían demandar «actos de naturaleza definitiva y no actos
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de trámite o ejecución, como en este caso»; y (ii) admitir la demanda respecto de las
demás pretensiones. No obstante, no realizó el examen del oficio expedido por la
presidenta de la Junta Directiva de la Corporación Parque Arví, por el cual se dio
por terminado unilateralmente el contrato de trabajo.
134. Para desatar lo relacionado con la pretensión cuarta, es menester precisar que,
según el certificado de existencia y representación, la Corporación Parque Arví se
constituyó en el año 2007 como «una entidad Sin Ánimo de Lucro». Lo mismo se
verifica en sus estatutos, en los cuales se anotó:
«ARTÍCULO 1: Nombre y Naturaleza. La Corporación Parque Arví es una
entidad sin ánimo de lucro, creada por entidades públicas y personas jurídicas
de derecho privado, con fundamento en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
La Corporación es una entidad de naturaleza pública, en la modalidad de
descentralizada por servicios del Municipio de Medellín.
Podrá utilizar también como sigla PARQUE ARVÍ para todos los efectos
legales.»
135. La norma citada en los estatutos, esto es el artículo 96 de la Ley 489 de 199838
dispuso que, cuando «surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a
las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad
común». Además, la junta directiva estaba compuesta por el municipio de Medellín,
Empresas Públicas de Medellín [EPM], el departamento de Antioquia, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, la Universidad EAFIT y la Corporación Interactuar, es decir, su naturaleza
era mixta.
136. De otro lado, sobre el régimen legal aplicable, en estos [los estatutos] se dispuso
lo que sigue:
«ARTÍCULO 4: Régimen Legal Aplicable. La Corporación está sujeta a las
normas de derecho privado, no obstante, se deberán observar principios de
la función administrativa y la gestión fiscal cuando se administren recursos
públicos.
El régimen Laboral de sus trabajadores se sujetará a las disposiciones del
Código Sustantivo del Trabajo y a las normas que lo adicionan o
complementan.
La Corporación Parque Arví deberá contar con un manual de contratación,
que garantice el cumplimiento de la gestión fiscal cuando se gestionen y
administren recursos públicos.»
137. Ahora, en el expediente se encuentran (i) el «[c]ontrato individual de trabajo a
38 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-671 de 1999.
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término indefinido» del 10 de noviembre de 2022 suscrito por esa corporación con
Juan Manuel Valdés Barcha que demuestra que ejercía las labores de director
ejecutivo; y (ii) el oficio del 1 de febrero de 2025, mediante la cual se comunicó la
terminación de dicha relación así:
«Lamentamos informar que por motivos ajenos a la voluntad de las partes el
contrato laboral a término indefinido que usted suscribió el día 10 de
noviembre de 2022 y con fecha de inicio del 16 de noviembre de 2022 con la
Corporación Parque Arví, se da por terminado a partir de la fecha por la
entidad Contratante.
De antemano agradecemos la labor realizada durante el tiempo que estuvo
como director de la Corporación Parque Arví, reconociendo sus calidades
personales y profesionales.
Las razones de la terminación del contrato laboral obedecen a la sanción de
destitución e inhabilidad general registrada en el certificado el Sistema de
Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), de la
Procuraduría General de la Nación, la cual es sobreviniente siendo verificada
posteriormente por el contratante, Corporación Parque Arví, a través de la
plataforma antes mencionada.
Teniendo en cuenta lo anterior la Junta Directiva de la Corporación Parque
Arví en reunión No 152 del 01 de febrero de 2023, y acogiendo la
recomendación del Comité Jurídico, el cual concluyó que “…luego de analizar
la normativa y la jurisprudencia citada se concluye que: la inhabilidad general
en la que se encuentra incurso el actual Director de la Corporación le impide
continuar con el contrato laboral que actualmente tiene suscrito con la
Corporación Parque Arví. En consecuencia, se debe actuar conforme lo
establece el artículo 41 del Código General Disciplinario para las inhabilidades
sobrevivientes”,(Se anexa acta del Comité Jurídico) la Junta Directiva tomó la
determinación de terminar el contrato laboral individual de trabajo a término
indefinido.
Así las cosas, se da por terminado el contrato de trabajo el día 01 de febrero
de 2023, reiterando nuevamente que esta terminación no obedece a factores
del desempeño laboral ni a sus calidades como ser humano.» [sic]
138. Lo expuesto permite discurrir que el oficio mencionado no es susceptible de
control jurisdiccional, en razón a que (i) fue expedido por la junta directiva de la
Corporación Parque Arví, organismo sin ánimo de lucro regido por el derecho
privado; y (ii) se limitó a comunicar la terminación del contrato de trabajo con
ocasión de la sanción disciplinaria impuesta por la PGN, es decir, la ejecutó, nada
más.
139. También es del caso precisar que, tal como se anotó en los estatutos y lo
sostuvo la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, «las personas que
prestan sus servicios en dichas entidades [corporaciones sin ánimo de lucro mixtas o
descentralizadas indirectas por servicios] no tienen el carácter de servidores públicos y en
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sus relaciones laborales se rigen por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo»39.
En el caso bajo estudio, Juan Manuel Valdés Barcha se desempeñó como director
ejecutivo, es decir, como representante legal de la corporación40 y, aunque al tenor
de la Ley 80 de 199341 se consideraba servidor público para los efectos de dicha
norma, su régimen laboral seguía rigiéndose por el derecho privado tal como se
anotó en los estatutos.
140. Ahora, la Sala también observa que, en la contestación de la demanda, la
Corporación Parque Arví manifestó que se debía declarar la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva porque (i) los actos sancionatorios fueron
expedidos por la PGN; (ii) no participó en la investigación y tampoco incidió para
tomar la decisión sancionatoria; y (iii) se limitó a ejecutar la orden en virtud de lo
previsto en el artículo 41 de la Ley 1952 de 2019. Asimismo, propuso las
excepciones de inepta demanda y falta de jurisdicción.
141. En auto del 21 de noviembre de 2023, el a quo declaró no probadas las
excepciones de «inepta demanda» y «falta de jurisdicción», pero nada mencionó sobre
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, razón por la cual la
Sala procede a efectuar el pronunciamiento a continuación:
142. La legitimación en la causa se entiende en dos sentidos: (i) de hecho o
procesal; y (ii) material o sustancial. Su diferencia, en términos de la jurisprudencia,
se da por lo siguiente:
«[…] la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la
doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho
y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la
relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por
intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida
de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado;
quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien
cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la
notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio, la legitimación
material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla
general, en el hecho origen de la formulación de la demanda,
independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido
demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será
legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes
participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de
39 Concepto 1348 del 5 de julio de 2001.
40 Según el certificado de existencia y representación legal y sus estatutos.
41 Artículo 2 [de la definición de entidades, servidores y servicios públicos], numeral 2 [denominación
de servidores públicos], literal a) que prevé: «[l]as personas naturales que prestan sus servicios
dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las
asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará
exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor
o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación
de aquéllas.»
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la demanda.»42
143. Al revisar la demanda, aunque se incluyeron pretensiones que vinculaban a la
Corporación Parque Arví, no se observa que se haya formulado reproche alguno en
su contra, pues la argumentación se dirigió, exclusivamente, a demostrar la
ilegalidad de los fallos disciplinarios dictados por la PGN. En ese sentido,
comoquiera que aquella entidad no participó en la expedición de los actos acusados,
se declarará probada la excepción de falta de legitimación material por pasiva.
144. Agrégase a lo expuesto que, en el auto del 23 de agosto de 2024, el a quo fijó
el litigio en los siguientes términos:
«Como problemas jurídicos se formulan los siguientes, sin perjuicio de que en
la sentencia se haga referencia a otros o se ajuste la formulación del aquí
indicado:
1. ¿La autoridad disciplinaria violó el debido proceso, desconocimiento de
normas superiores y falta de competencia, por cuanto para el momento del
fallo sancionatorio se había presentado el fenómeno de la prescripción de la
responsabilidad disciplinaria?
2. ¿La entidad demandada profirió la sanción disciplinaria, con violación al
debido proceso, desconocimiento de normas superiores y falta de
competencia por existir caducidad de la acción disciplinaria?
3. ¿Los actos administrativos acusados de nulidad incurrieron en “defecto
fáctico” al desconocer los elementos de hecho, probatorios y jurisprudenciales
necesarios para sancionar, por ello corresponde declararse su nulidad o, por
el contrario, se realizó una debida valoración de la prueba y jurisprudencial,
debiéndose declararlos ajustados a derecho?»
145. Además de lo expuesto, es necesario precisar que el oficio dictado por la junta
directiva no es susceptible de control ante la Jurisdicción de lo contencioso –
administrativo por tratarse de una decisión emitida por una entidad de naturaleza
privada [sin ánimo de lucro].
146. Entonces, como se declarará probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva, el oficio expedido por la junta directiva no es objeto de control
en esta jurisdicción y ninguno de los sujetos procesales presentó recurso en contra
de la decisión que fijó el litigio, no se efectuará pronunciamiento alguno respecto de
las pretensiones cuarta, quinta, sexta y séptima.
2.5.3. Pretensión octava
147. El actor pidió que se ordenara «a la Procuraduría General de la Nación y/o a la
42 Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, expediente 14452. En el mismo sentido:
sentencias del 4 de febrero de 2010, radicación: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720) y del 30
de enero de 2013, radicación: 25000-23-26-000-2010-00395-01(42610).
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Corporación Parque Arví, el pago de los salarios y prestaciones legales y sociales causadas
desde el momento de la desvinculación y hasta la fecha de su reintegro».
148. Pues bien, como se expuso en el acápite anterior, la terminación del contrato a
término indefinido obedeció a las sanciones de destitución e inhabilidad general
impuestas por la PGN, así como a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1952 de
2019 sobre las «inhabilidades sobrevinientes». A la par, con la certificación expedida
el 1 de abril de 2023 por la coordinadora de gestión humana de la Corporación
Parque Arví se demostró que (i) la remuneración mensual del actor correspondía a
«1,39 salarios mínimos integrales incluido el factor prestacional del treinta por ciento (30%),
el cual [incluía] todo concepto remuneratorio y prestacional, excepto las vacaciones» [sic];
y (ii) para el año 2023, el salario era de «[v]einte millones novecientos sesenta y un mil
doscientos pesos m.l. ($20.961.200).
149. Así las cosas, comoquiera que el Decreto 4689 de 200543 previó en su artículo
1º que «los créditos judicialmente reconocidos, las conciliaciones y los laudos arbitrales
deberán ser remitidos por la autoridad judicial o la administrativa que los reciba, al órgano
condenado u obligado» y la sanción disciplinaria implicó para Juan Manuel Valdés
Barcha la terminación del contrato de trabajo a término indefinido que había suscrito
con la Corporación Parque Arví, se condenará a la Procuraduría General de la
Nación a que, con cargo a su presupuesto, pague los salarios integrales desde el
momento de su retiro [1 de febrero de 2023] hasta la fecha de ejecutoria de esta
sentencia, en los mismos términos de la certificación antes referida [§147].
150. Los valores reconocidos en esta sentencia se deberán actualizar de acuerdo
con la fórmula que se describe a continuación:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
151. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), por cuenta de los emolumentos reconocidos, por el guarismo que resulta de
dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que
debería efectuarse el pago).
152. La sentencia se cumplirá en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
2.5.4. Pretensión «novena»
153. El actor solicitó que se condenara a «la Procuraduría General de la Nación [al] pago
de 100 S.M.L.M.V, por los daños morales causados [...]».
43 «[P]or el cual se modifica el artículo 37 del Decreto 359 de 1995, "por el cual se reglamenta la Ley
179 de 1994"».
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154. Esta Subsección ha señalado que el perjuicio moral tiene existencia autónoma y
se configura una vez satisfechas las condiciones generales para su reconocimiento,
a saber: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que
tenga relación con un bien jurídicamente tutelado44. Asimismo, se ha detenido en la
necesidad de que, quien pretende el reconocimiento de perjuicios morales, debe
acreditar su ocurrencia.
155. En ese orden, para que proceda el reconocimiento de la indemnización por
concepto de perjuicios morales generados por una sanción disciplinaria irregular, es
necesario convencer plenamente al juez de la existencia de una alteración
emocional causada por la sanción y la publicidad de aquella, de tal manera que
este, dentro de su discrecionalidad judicial, determine la magnitud del dolor,
aflicción, tristeza o congoja y, con fundamento en ello, la indemnización a
reconocer45.
156. En el caso bajo examen la Sala no encuentra sustento probatorio para su
reconocimiento. Si bien en la medida cautelar se incluyeron enlaces de distintas
páginas que informaron sobre la inhabilidad, lo cierto es que ello no demuestra la
aflicción, congoja o tristeza que pudo producir la decisión sancionatoria; en
consecuencia, esta pretensión será negada.
2.6. Conclusión
157. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala revocará la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones y, en su
lugar, se declarará la nulidad de los actos sancionatorios, toda vez que la
suspensión de términos ordenada por el procurador general de la Nación no podía
extenderse a los fenómenos de prescripción y caducidad de la acción disciplinaria.
Asimismo, (i) se ordenará, a título de restablecimiento del derecho, el pago de los
salarios integrales de percibir desde el momento de su retiro de la Corporación
Parque Arví —1 de abril de 2023— hasta la ejecutoria de esta sentencia; y (ii) se
declarará la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Corporación Parque Arví y no se realizará pronunciamiento alguno sobre las
pretensiones formuladas en su contra.
2.7. Costas
158. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.
44 Sentencia del 13 de abril de 2023, expediente 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-2020).
45Subsección B, sentencia del 10 de julio de 2014, radicación: 52001-23-31-000-2006-00268-
01(0354-09).
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159. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201646, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
160. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal;
en consecuencia, como la sentencia será revocada, no se condenará en costas en
ninguna instancia.
2.8. Reconocimiento de personería para actuar
161. Al plenario se aportó poder otorgado por Jorge Humberto Serna Botero, en
calidad de jefe de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, a la
abogada Sandra Patricia Duarte Hernández, identificada con cédula de ciudadanía
51.997.263 y tarjeta profesional 190.461 del C.S. de la J. Comoquiera que se
adjuntaron los documentos que soportan el mandato, se le reconocerá personería
para actuar.
46 Subsección B, expediente 1908-2014.
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Radicado: 25000-23-42-000-2023-00164-02 (2847-2024)
Demandante: Juan Manuel Valdés Barcha
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 14 de marzo de 2024, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone:
Segundo. Declarar probada la excepción de «falta de legitimación en la causa por
pasiva» propuesta por la Corporación Parque Arví y, en consecuencia, abstenerse
de hacer pronunciamiento alguno respecto de las pretensiones formuladas en su
contra.
Tercero. Declarar la nulidad de los fallos disciplinarios del 1 de abril de 2022 y 25
de octubre de 2022, expedidos por la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo
de Estado con Funciones de Juzgamiento Disciplinario y la Sala Disciplinaria
Ordinaria de Juzgamiento, respectivamente, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta sentencia.
Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Procuraduría
General de la Nación que registre esta decisión en el Sistema de Información de
Registro de Sanciones e Inhabilidades -SIRI- y, en consecuencia, proceda a eliminar
la correspondiente anotación de las sanciones impuestas.
Igualmente, condenar a la Procuraduría General de la Nación a pagar a Juan
Manuel Valdés Barcha, de manera indexada, de acuerdo con la fórmula señalada
en la parte motiva, los salarios integrales dejados de percibir como consecuencia
de la sanción anulada desde el 1 de febrero de 2023 [terminación del contrato
suscrito con la Corporación Parque Arví] hasta la fecha de ejecutoria de esta
sentencia.
Para tal efecto, en lo que concierne al año 2023, deberá tenerse en cuenta la
certificación expedida el 1 de febrero de 2023 por la coordinadora de Gestión
Humana de la Corporación Parque Arví —citada en la parte motiva de esta
providencia— y, para los años 2024 y 2025, la información que la corporación
mencionada proporcione respecto del salario del director ejecutivo.
Quinto. Negar la pretensión relativa al pago de los perjuicios morales.
Sexto. Sin condena en costas en ambas instancias.
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Radicado: 25000-23-42-000-2023-00164-02 (2847-2024)
Demandante: Juan Manuel Valdés Barcha
Séptimo. La sentencia se deberá cumplir en los términos de los artículos 192 y 195
del CPACA.
Octavo. Reconocer personería para actuar en representación de la Procuraduría
General de la Nación a Sandra Patricia Duarte Hernández, identificada con cédula
de ciudadanía 51.997.263 y tarjeta profesional 190.461 del C.S. de la J., en los
términos del poder aportado.
Noveno. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Décimo. Ordenar a la Secretaría de la Sección que, en el sistema de información
Samai, realice las anotaciones correspondientes dirigidas a dar por terminado el
trámite del recurso de apelación contra el auto que negó la medida cautelar de
suspensión provisional de los actos acusados en el proceso 25000-23-42-000-2023-
00164-01.
Undécimo. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las
anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
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