Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2025-00064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2025-00064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2025-00064-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C. Tres (3) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 63001-2333-000-2025-00064-01 (1276-2026)
Demandante: Augusto González Peralta
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
Medio de Nulidad y Restablecimiento Del Derecho
Control:
Tema: Asuntos Disciplinarios
Decisión: Sentencia - Segunda Instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia del Once (11) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026),
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1.1 Pretensiones
1. El señor Augusto González Peralta, por conducto de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitando
la nulidad de los siguientes actos administrativos:
i) Fallo de primera instancia, del Tres (03) de octubre de Dos Mil
Veintitrés (2023), proferido por la sala ordinaria de juzgamiento,
dentro del proceso disciplinario con radicación IUS-E 2018-161638
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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00003.
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Número Interno: 1276-2026
Demandante: Augusto González Peralta
Demandado: Procuraduría General de la Nación
y IUC-D-2019-1246780, en el cual, se sancionó al demandante con
destitución e inhabilidad general, por el término de 14 años.
ii) Fallo de segunda instancia, proferido por la Procuraduría General
de la Nación, el Ocho (08) de enero de Dos Mil Veinticinco (2025),
mediante el cual, se confirmó la decisión de primera instancia.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el pago de perjuicios
materiales, por concepto de lucro cesante, inmateriales, por perjuicio moral, y
por la vulneración de bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados.
1.2 Hechos
3. El señor Augusto González Peralta, fue secretario de Hacienda
Municipal de Armenia - Quindío, entre los años Dos Mil Dieciséis (2016) y Dos
Mil Dieciocho (2018).
4. Fue vinculado al proceso disciplinario con radicación E-2018-161638-
IUC-D-2018-1108380, debido a que, el señor Fernando León Diez Cardona,
representante legal de contratistas del proyecto de valorización de Armenia,
declaró haberle entregado al demandante, dinero de manera informal.
5. Ante la compulsa de copias, el Trece (13) de diciembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación
Estatal, abrió investigación, para esclarecer las circunstancias de la
declaración, y determinar si, existía o no, falta disciplinaria.
6. El Diez (10) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022) se profirió auto de
cierre de la investigación disciplinaria por parte del Despacho de conocimiento,
frente al cual, el hoy demandante interpuso recurso de reposición para la
práctica de pruebas adicionales, lo cual, fue resuelto de manera favorable.
7. El Diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Veintidós (2022), en vigencia de
la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación
Estatal, corrió traslado para la presentación de alegatos precalificatorios, los
cuales fueron debidamente presentados el Diez (10) de junio de Dos Mil
Veintidós (2022).
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Número Interno: 1276-2026
Demandante: Augusto González Peralta
Demandado: Procuraduría General de la Nación
8. El veintiuno (21) de junio de Dos Mil Veintidós (2022), se formuló pliego
de cargos por la procuraduría instructora, imputando al demandante la falta
disciplinaria prevista en el numeral primero del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, por considerar que, se asimilaba a lo previsto en el artículo 406 del
Código Penal, que contempla el delito de cohecho impropio, calificada como
falta gravísima a título de dolo.
9. Surtida la actuación disciplinaria, el Tres (03) de octubre de Dos Mil
Veintitrés (2023), a través de acta número 26, se profirió fallo de primera
instancia por parte de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, en el que se
declaró probado y no desvirtuado, el único cargo formulado, imponiendo al
demandante, la sanción de destitución e inhabilidad general, por el término de
catorce años.
10. El accionante interpuso recurso de apelación, alegando deficiencias
probatorias, indebida adecuación típica e inexistencia de falta disciplinaria.
11. El Trece (13) de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), el señor González
Peralta presentó petición ante la Procuraduría General de la Nación, radicado
con el número E-2024-384646, solicitando la aplicación del principio de
favorabilidad por transición normativa y pro homine, a efectos de decretar la
prescripción.
12. El Ocho (08) de enero de Dos Mil Veinticinco (2025), la Procuraduría
General de la Nación, decidió en segunda instancia el recurso de apelación,
confirmando en su integridad el fallo de primera instancia y negando el
pedimento de prescripción extintiva.
13. El señor González Peralta sufrió afectaciones laborales, contractuales,
económicas y morales, porque la inhabilidad le impidió continuar su trayectoria
profesional en el sector público, lo que ha comprometido su capacidad de
cumplir obligaciones financieras como un crédito hipotecario, generando
perjuicios personales y familiares.
1.3 Normas violadas y concepto de violación
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Número Interno: 1276-2026
Demandante: Augusto González Peralta
Demandado: Procuraduría General de la Nación
14. La parte demandante invocó como normas vulneradas, los artículos 2 y
209 de la Constitución Política; el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011; los
artículos 132 de la Ley 1474 de 2011; la Ley 2094 de 2021; y el artículo 33 de
la Ley 1952 de 2019.
15. Como concepto de violación, argumentó que, la Procuraduría General
de la Nación concluyó, sin respaldo probatorio que, la entrega de Siete
Millones Quinientos Mil Pesos ($7.500.000), hecha por el señor Fernando
León Diez Cardona, constituía una conducta delictiva, pese a que, el principal
testigo de la hipótesis sancionatoria, nunca indicó que su móvil de ayuda
económica, haya sido proporcionada para que realizara una u otra gestión a
su favor, señalando así, que este aspecto es de la mayor importancia desde
la tipicidad de la conducta endilgada, es decir el cohecho impropio.
16. Señaló que el interés no podía enmarcarse en las competencias que
tenía el señor González Peralta como director del Departamento
Administrativo de Hacienda Municipal, tampoco, en la función específica que
estaba comprometida en forma cierta y directa con la celebración, ejecución,
pago o liquidación de los contratos de obra 012 y 031 de 2015 y además, con
los testimonios de los señores Claudia Patricia Salcedo Solano, Gladys Orjuela
Ospina y Luis Alberto Torres Soto, se corroboró que, el demandante no tenía
injerencia en el trámite de cuentas, ni en la realización de proyecciones
presupuestales.
17. Adujo que, el testimonio del señor Gustavo Adolfo Pineda Aguirre, quien
fue el profesional del derecho que instruyó todas las modificaciones a los
contratos de obra 012 y 031 de 2014, incluyendo la reducción de los valores
de aquellos, señaló que, el demandante nunca intervino en actividades
relacionadas con las resultas de estos negocios jurídicos y tampoco tenía
injerencia en su suerte.
18. Consideró que, no se requiere para el ilícito disciplinario, solamente el
recibo de dinero, sino que, el mismo esté orientado a un asunto sometido al
interés o conocimiento del servidor público que recibe la utilidad. Reprochó
que, en las decisiones disciplinarias, solamente bastaba el recibo de dinero, lo
que es ostensiblemente impreciso y poco veraz, por cuanto, el que se tenga
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Número Interno: 1276-2026
Demandante: Augusto González Peralta
Demandado: Procuraduría General de la Nación
un asunto específico sometido a conocimiento y que derive en la entrega de
dineros hace parte del núcleo esencial del bien jurídico protegido. Es decir, si
no se tiene un asunto sometido a conocimiento de este funcionario público la
conducta se torna atípica y el cuestionamiento funcional o de servicio público,
es al menos discutible.
19. Argumentó que, la tipicidad de la conducta requiere que, la prueba
determine el móvil de la decisión, lo cual, constituye una máxima elemental de
un principio como la necesidad, por lo tanto, no es plausible la inferencia de
una conducta delictiva con incidencia disciplinaria, a partir de un abstracto
estudio de un manual de funciones, cuando quiera que, el principio de acto,
requiere una intervención específica o acto positivo, desde el que pueda
inferirse el animus delictivo, máxime cuando el señor Diez Cardona en su
testimonio reiteró que la ayuda económica fue desinteresada, «de bacanería»,
«con recursos personales», y sin ningún tipo de idea retributiva.
20. Adicionalmente, sostuvo que, se infringieron normas aplicables al caso,
por desconocer los principios de favorabilidad y pro homine, ya que, la Ley
1952 de 2019 tuvo su vigencia desde el Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil
Veintidós (2022), de conformidad con sus artículos 263 y 265. En ese orden
de ideas, la normativa actual de la prescripción extintiva de la sanción
disciplinaria, tuvo su entrada en vigencia el Veintinueve (29) de diciembre de
Dos Mil Veinticuatro (2024), por mandato de la Ley 2094 de 2021, por lo tanto,
la prescripción extintiva opera a los cinco años desde los hechos, término que,
ya se encontraba cumplido para la fecha del fallo de primera instancia, en
consecuencia, la Procuraduría debió declarar prescrita la acción disciplinaria y
no lo hizo, lo que constituye otra causal de nulidad de los actos acusados.
2. Contestación de la demanda2
21. La Procuraduría General de la Nación, se opuso a las pretensiones de
la demanda, aduciendo que, actuó de conformidad con la Constitución y la ley.
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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00014.
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Demandante: Augusto González Peralta
Demandado: Procuraduría General de la Nación
22. Inicialmente, refirió que, el juez de legalidad de los actos
administrativos, debe revisar la corrección hermenéutica en la apreciación
probatoria, pero no puede constituirse en un juez de corrección de la decisión
disciplinaria.
23. Adicionalmente, adujó, que el demandante no demuestra ninguna
causal de nulidad prevista en el artículo 84 del entonces Código Contencioso
Administrativo, y, lo que hace es intentar reabrir el debate probatorio,
queriendo convertir la acción judicial, en una nueva instancia del proceso
disciplinario, lo cual es improcedente, haciendo referencia a las distintas
etapas de la actuación disciplinaria.
24. Indicó que, la demandada estaba habilitada para suspender términos
durante la emergencia sanitaria en el año 2020, por lo tanto, al sumarle los 70
días de suspensión al plazo de cinco años, la acción disciplinaria no estaba
prescrita al momento del fallo de primera instancia.
25. Además, se encuentra debidamente identificado en el expediente
disciplinario que, el auto que ordenó la apertura de la investigación, es del
Trece (13) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), situación que es,
claramente explicada y motivada en las decisiones de primera y segunda
instancia, por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento y el Despacho de
la Procuraduría General de la Nación; al señalar que, dentro de los 5 años
siguientes a los hechos, se expidió el auto de apertura del proceso
disciplinario, con lo que no se afecta la caducidad, y, desde el auto de apertura
hasta el fallo de primera instancia, no habían transcurrido más de 5 años, razón
por la que, no se afecta la prescripción.
26. Concluyó que, no hubo falsa motivación porque las decisiones
disciplinarias tuvieron fundamentos probatorios; tuvieron una motivación clara
y coherente; y se constató que, el demandante recibió dinero de un contratista
por razones indebidas, configurándose una conducta típica de cohecho
impropio, afectando la moralidad pública, además añadió que, los fallos
analizaron correctamente la ilicitud sustancial con base en el acervo
probatorio, la conducta fue calificada como dolosa, basada en: i) El
conocimiento del funcionario sobre la irregularidad; ii) La aceptación
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Número Interno: 1276-2026
Demandante: Augusto González Peralta
Demandado: Procuraduría General de la Nación
consciente de dinero del contratista; iii) Su rol y funciones en la administración
tributaria y financiera municipal.
27. Finalmente, formuló las siguientes excepciones: Plena conformidad del
acto administrativo demandado con la normatividad y la jurisprudencia
aplicables en procesos disciplinarios, inexistencia de prescripción de la acción
disciplinaria, falsa motivación del acto administrativo, nulidad por no existir
plena prueba que condujera a la certeza de la existencia de la falta reprochada
al investigado, de la presunta violación al principio de tipicidad, de la presunta
violación al debido proceso, de la presunta vulneración del principio de ilicitud
sustancial, del presunto incorrecto análisis de la culpabilidad, principio in dubio
pro disciplinado, carga de la prueba, inexistencia del derecho pretendido,
excepción genérica.
3. Sentencia de primera instancia3
28. El Tribunal Administrativo de Quindío Sala Quinta de Decisión,
mediante sentencia del Once (11) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026),
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:
«PRIMERO: ACCEDER parcialmente a las pretensiones de la demanda,
declarando la nulidad de los actos acusados: decisión sancionatoria de
primera instancia proferida por la Sala Ordinaria de Juzgamiento el 3 de
octubre de 2023, aprobada mediante Acta de Sala 26, dentro del proceso
disciplinario IUS-E-2018-161638 y IUC D-2019-1246780 y la decisión de
segunda instancia proferida por el despacho de la señora Procuradora General
de la Nación el 8 de enero de 2025, dejando sin efectos la sanción impuesta
por la accionada.
SEGUNDO: Negar las demás pretensiones.
TERCERO: Sin lugar a condena en costas en esta instancia.
(…)».
29. En sustento de su decisión, el A-quo refirió que, para la época de los
hechos regía el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo
132 de la Ley 1474 de 2011, por lo que, existían dos términos diferentes, uno
de caducidad, equivalente a 5 años, contados desde la comisión de la falta sin
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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00035.
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Demandante: Augusto González Peralta
Demandado: Procuraduría General de la Nación
que se presentara apertura de la investigación, y, otro de prescripción, contado
desde dicha apertura, sin decisión de responsabilidad.
30. Precisó que, en el proceso disciplinario, se formuló pliego de cargos el
Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Veintidós (2022), por lo tanto, no es posible
aplicar el término de caducidad, dado que, si el último hecho se produjo en
octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), ese plazo se cumplía en octubre de Dos
Mil Veintidós (2022), siempre que, no se hubiera ordenado apertura de
investigación.
31. Advirtió que, la apertura de la investigación tuvo ocurrencia, el Trece
(13) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), entonces, corrían cinco años
hasta el Trece (13) de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), adoptándose
decisión de primera instancia el Tres (03) de octubre de Dos Mil Veintitrés
(2023) y de segunda instancia el Ocho (08) de enero de Dos Mil Veinticinco
(2025), por lo tanto, «la prescripción habría operado».
32. No obstante, señaló que, en el interregno de la investigación, se expidió
el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 7 de Ley 2094
de 2021, la cual, entró a regir a partir de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023).
33. En el caso concreto, sostuvo que, aplicando esta norma, para la época
de consumación de la falta disciplinaria, se tenían 5 años para que operara la
prescripción, los cuales se cumplían en octubre del Dos Mil Veintidós (2022),
y solo podía interrumpirse con una decisión de fondo de primera instancia que,
se dio en octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), es decir, por fuera de término.
34. Añadió que, hubo suspensión de términos por la emergencia del covid,
entre el Diecisiete (17) de marzo y el Veinticinco (25) de mayo de Dos Mil
Veinte (2020), es decir por dos meses, 8 días, con los cuales, tampoco se
alcanza a llegar, hasta la fecha en que se profirió el acto sancionatorio de
primera instancia.
35. Pese a que, contempló que se estableciera que la decisión disciplinaria
de primera instancia se produjo antes de diciembre de 2023, y la prescripción
no operaría, el fallo de segunda instancia se profirió el Ocho (8) de enero de
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Demandante: Augusto González Peralta
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Dos Mil Veinticinco (2025), cuando la norma más favorable ya estaba vigente,
operando la prescripción de la acción disciplinaria, y en consecuencia, declaró
la nulidad de los actos sancionatorios demandados.
36. Frente al cargo relativo a la indebida valoración probatoria, adujo que,
la prueba recaudada fue suficiente y adecuadamente valorada, para concluir
que, se había incurrido en la falla disciplinaria, toda vez que, si bien no se
aprecia de manera directa, una competencia del accionante en el manejo de
recursos de valorización, ni injerencia en el pago de cuentas, sí se demostró
su participación en los análisis financieros, referentes a la disminución de los
valores y reducción de obras, decisiones encaminadas a la no terminación de
los contratos, situación que, no solo favorecía al ente territorial, sino las
expectativas del contratista, argumentos que no se desvirtuaron en sede
disciplinaria.
37. Frente a los perjuicios reclamados, precisó que, el accionante reconoció
el recibo de dineros y fue ello lo que generó la actividad disciplinaria en su
contra, sin que las afectaciones propias del proceso disciplinario, permitan
pregonar un perjuicio atribuible a la entidad accionada, pues, al momento de
la ocurrencia de los hechos, el demandante era sujeto disciplinable y estaba
sometido a la vigilancia del Estado y el control disciplinario desarrollado por la
Procuraduría, en el cumplimiento de sus deberes legales, siendo una carga
que, el demandante debía soportar, denegando la indemnización de perjuicios.
4. El recurso de apelación4
38. La Procuraduría General de la Nación, se opuso a la decisión de primera
instancia, indicando que, el A-quo cometió un yerro, porque la realidad fáctica
del proceso disciplinario, no se acompasa con la aplicación del precedente
jurisprudencial tenido en cuenta para declarar el término extintivo de la acción
disciplinaria, ante el tránsito de las legislaciones, y, en aplicación del principio
de favorabilidad.
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Demandante: Augusto González Peralta
Demandado: Procuraduría General de la Nación
39. Consideró que, la decisión desconoce el precedente del mismo tribunal
y de esta Corporación en materia de prescripción, así como, sobre la
suspensión de términos por el estado de emergencia económica, social y
ecológica, declarado por el COVID-19.
40. Insistió que, el auto de apertura de la investigación disciplinaria, data
del Trece de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por lo tanto, la entidad
tenía hasta el (13) de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), para emitir y
notificar el fallo de primera instancia, como bien lo refiere el Tribunal
Administrativo del Quindío, y, comoquiera que, fue expedido el Tres de octubre
de Dos Mil Veintitrés (2023), y notificado el dieciocho subsiguiente, la decisión
fue adoptada dentro de los términos dispuestos para tal fin.
41. Sostuvo que, para que no se configurara la prescripción el fallo de
segunda instancia, según el precedente del Consejo de Estado debía ser
proferido y notificado al disciplinado, antes que transcurrieran 2 años desde la
notificación del fallo de primera instancia, es decir, antes del Dieciocho (18) de
octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), como en efecto ocurrió, ya que fue
proferido el Ocho (08) de enero de Dos Mil Veinticinco (2025) y debidamente
notificado al demandante y su apoderado, el Trece (13) de enero de Dos Mil
Veinticinco (2025), concluyendo que, no habría lugar a declarar la nulidad de
los fallos disciplinarios.
42. Reprochó la aplicación del principio de favorabilidad al presente asunto,
por cuanto, el tránsito legislativo de las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021,
es posterior a la culminación del procedimiento disciplinario, el cual, cursó y
culminó, al amparo de la Ley 734 de 2002, con anterioridad a la entrada en
vigencia del artículo 33 de la Ley 1952, dado que, no es viable aplicar de
manera retroactiva un régimen regulatorio, máxime, cuando este ya se
encuentra debidamente terminado y las situaciones jurídicas concretas y
personales, fueron definidas a la luz de esa normativa anterior.
43. Finalmente, solicitó revocar la sentencia apelada, puesto que, no ocurrió
el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria y, la demandada actuó
de conformidad con la Constitución y la ley en el trámite disciplinario, aunado
al hecho que, durante todas las etapas se le garantizó el legítimo derecho a
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Demandante: Augusto González Peralta
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defenderse y contradecir las decisiones tomadas al interior del proceso
sancionatorio.
5. Trámite de segunda instancia
44. Con auto de Primero (1) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026) 5, el
consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA y, al no existir
pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para
fallo.
6. Escrito presentado por la parte demandante
45. El señor González Peralta, por medio de apoderado judicial, presentó
escrito, en el cual solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por
cuanto, la decisión recurrida se encuentra debidamente sustentada en el
marco normativo aplicable.
46. Sostuvo que, se acreditó conforme a la jurisprudencia, la operancia de
un tránsito legislativo, de la Ley 734 a 2002 a la Ley 1952 de 2019, y, al
momento de la decisión de segunda instancia, ya estaba vigente la segunda,
razón por la cual, conforme al Código General Disciplinario, al contener una
preceptiva prescriptiva más favorable que la de su normativa predecesora,
obligaba a un estudio de favorabilidad.
47. Añadió que, el A-quo no efectuó una aplicación retroactiva de una
norma posterior, ni desconoció el régimen jurídico vigente al momento de la
ocurrencia de los hechos, a contrario sensu, el juez reconoció que, la actuación
disciplinaria se inició bajo la vigencia de la Ley 734 de 2002, pero advirtió que,
la decisión que definió de manera definitiva la situación jurídica del
disciplinado, fue proferida cuando ya se encontraba plenamente vigente una
regulación más favorable en materia de prescripción, es decir, la Ley 1952 de
2019.
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Expediente digital- Samai – Índice 00004.
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Número Interno: 1276-2026
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48. Afirmó que, la apelación referenció sentencias, en las que los fallos fueron
proferidos con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo 33 de la Ley 1952
de 2019, y en el caso estudiado obedeció a unas circunstancias fácticas y
temporales completamente diferentes a las que concurren en el presente asunto,
además adujo que, el Ministerio Público reconoció expresamente que, la
aplicación del principio de favorabilidad puede conducir a la observancia de
disposiciones contenidas en una regulación posterior, incluso frente a
situaciones que se encuentran regidas por un régimen normativo anterior,
cuando aquellas otorgan mayores garantías al disciplinado.
7. Concepto del Ministerio Público6
49. La Procuraduría Delegada de Intervención 7, ante el Consejo de Estado
rindió concepto, argumentando que, a partir del Veintinueve (29) de junio de
Dos Mil Veintiuno (2021), entró a regir el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021,
relativo a las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la
Nación, y, las demás disposiciones de la Ley 2094 de 2021 y de la Ley 1952
de 2019, entraron a regir nueve (9) meses después de su promulgación, esto
es, a partir del Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022).
50. Sin embargo, precisó que, la vigencia de esta norma, debía tener en
cuenta que: (a) Los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del
pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su
trámite hasta finalizar, bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002; y, (b) En
los demás eventos, se aplicará el procedimiento previsto en el CGD y, que el
artículo 7 de la Ley 2094 de 2021, que modificó el artículo 33 de la Ley 1952
de 2019 (sobre la prescripción de la acción disciplinaria), entraría en vigencia
treinta meses (30) después de su promulgación, esto es, a partir del
Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023). Entretanto, estaría
vigente en materia de prescripción de la acción disciplinaria, el artículo 30 de
la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011.
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51. Por lo tanto, advirtió que, el fallo disciplinario de segunda instancia, tiene
fecha del Ocho (08) de enero de Dos Mil Veinticinco (2025), y, en ese orden
de ideas, la sanción disciplinaria orbitaba dentro la prescripción establecida en
el marco disciplinario de la Ley 734 de 2002, sin que a la fecha de la
notificación del fallo de primera instancia, ni para la fecha del fallo de segunda
instancia, hubiera operado la prescripción, conforme los artículos 30 de la Ley
734 de 2002 y del artículo 33 de la Ley 2094 de 2021.
52. Concluyó que, la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2094 de 2021 no resultan
aplicables al caso en concreto, puesto que aplicar el principio de favorabilidad
a un proceso disciplinario regido por la Ley 734 de 2002 y sus reformas,
conlleva una conducta contraria a las normas en comento, dado que, no es
viable aplicar de manera retroactiva un régimen regulatorio, máxime, cuando
este ya se encuentra debidamente terminado y las situaciones jurídicas
concretas y personales, fueron definidas a la luz de esa normativa anterior,
razones por las cuales, solicitó revocar la sentencia de primera instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
53. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA.
54. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 328 7 del Código
General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
7
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
14
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55. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
i) ¿La prescripción de la acción disciplinaria, que dio sustento a la
declaratoria de nulidad de los fallos disciplinarios por parte del
Tribunal Administrativo del Quindío, desconoce las normas y
precedentes jurisprudenciales que rigen la materia?
56. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Caso concreto
y 2.5. Condena en costas.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Del término de prescripción en materia disciplinaria
57. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, Modificado por la Ley 1474 de
2011, vigente para el momento en que acaecieron las circunstancias fácticas
que dieron lugar a la actuación disciplinaria, consagra lo siguiente:
« La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la
ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación
disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya
cesado el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique».
58. La Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo8, en sentencia de
Veintinueve (29) de septiembre de Dos mil Nueve (2009), estableció que, el
término de prescripción de 5 años se interrumpe con la expedición del acto
principal y su respectiva notificación al disciplinado, por ser este el que define
la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria y concreta la
voluntad de la administración, siendo esta la posición pacífica y unificada que
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del Veintinueve (29) de septiembre de
Dos Mil Nueve (2009), radicado No. 11001031500020030044201.
15
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desde dicho momento ha venido aplicando esta Corporación. Al respecto,
sostuvo:
«(…) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para
que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a
continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera
que la tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción
disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse
y notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el
proceso disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como
constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad
de la administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados
como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior
cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación
sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del
administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada "vía
gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o
no los recursos que legalmente procedan contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y
regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto que
impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, que se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, dispuestos
para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa
respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta
la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese
lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto
que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra el término
para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia que no
contempla y permite, finalmente, dejar en manos del investigado, a su arbitrio,
la determinación de cuándo se "impone" la sanción, porque en muchas
ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del trámite de
notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del término de
prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta comprendida la
notificación del acto administrativo que resuelve el último recurso de la vía
gubernativa. Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término
de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta,
significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
16
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expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. (…)».
59. Pese a que dicha providencia fue proferida en el año 2009, en vigencia
de la modificación efectuada bajo la Ley 1474 de 2011, se considera continuó
aplicándose, a efectos de contar los 5 años del término de prescripción, desde
el auto de apertura de la investigación disciplinaria, hasta el fallo disciplinario
de primera instancia.
60. Ahora bien, la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021,
reguló el término de prescripción de la acción disciplinaria, disponiendo:
«La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas
instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente
o continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas,
cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la
prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.
La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años
desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de
segunda instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código,
el término de prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos
casos, se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años
desde la notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión
de segunda instancia.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.»
61. De igual manera, la Ley 2094 de 2021, estableció en el parágrafo 2 del
artículo 73 que, el término prescriptivo dispuesto en la Ley 1952 de 2019,
entraría en vigencia transcurridos treinta meses a partir de su promulgación,
esto es, desde el Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023).
2.4. Caso concreto
2.4.1 Análisis de la prescripción de la acción disciplinaria
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62. En el sub lite, le corresponde a la Sala establecer si, a partir de la fecha
de expedición y notificación de los fallos disciplinarios, en el presente asunto
se configura o no, la prescripción de la acción disciplinaria.
63. De acuerdo con el expediente disciplinario IUS-E 2018-161638 y IUC-
D-2019-1246780, el auto de apertura de la investigación, data del Trece (13)
de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019) 9.
64. Por su parte, el pliego de cargos formulado al disciplinado, el Veintiuno
(21) de junio de Dos Mil Veintidós10, establece que, los hechos que dieron lugar
a la actuación disciplinaria, ocurrieron entre los años 2016 y 2017, por
presuntamente recibir una suma de aproximadamente Trece Millones de
Pesos ($13.000.000), por parte del señor Augusto González Peralta, en su
calidad de director del Departamento Administrativo de Hacienda del municipio
de Armenia – Quindio, y, del señor Fernando León Diez Cardona, en su
condición de contratista de la entidad territorial.
65. El cargo formulado, se sustentó en el numeral primero del artículo 48
de la Ley 734 de 200211, por la posible incursión en la conducta descrita en el
artículo 406 del Código Penal, relativa al cohecho impropio 12, calificando
provisionalmente la falta, como gravísima a título de dolo.
66. El fallo disciplinario de primera instancia, fue proferido por la Sala
Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la
Nación, el Tres (3) de octubre de Dos mil Veintitrés (2023) 13, y, notificado por
medios electrónicos, el Dieciocho de octubre siguiente14, mediante el cual, se
9
Aplicativo Samai – gestión en otros despachos, índice 14 - 26_MemorialWeb_CONTESTACION(.pdf) NroActua
14.D-2018-12467810 – del fol.1 al 209.pdf. folios 75 a 79.
10
Aplicativo Samai – gestión en otros despachos, índice 14 - 26_MemorialWeb_CONTESTACION(.pdf) NroActua
14.D-2018-12467810 – del fol.1 al 209.pdf. folios 215 al 235.
11
«ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título de dolo, cuando
se cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.»
12
Artículo 406 del Código Penal:
«El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o
indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro
(64) a ciento veintiséis (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de
ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su
conocimiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de cuarenta (40) a setenta y
cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por ochenta (80) meses.»
13
Aplicativo Samai – gestión en otros despachos, índice 14 - 26_MemorialWeb_CONTESTACION(.pdf) NroActua
14.D-2018-12467810 – Cuaderno No. 2 - del fol.1 al 211.pdf. folios 248 al 277.
14
Aplicativo Samai – gestión en otros despachos, índice 14 - 26_MemorialWeb_CONTESTACION(.pdf) NroActua
14.D-2018-12467810 – Cuaderno No. 2 - del fol.1 al 211.pdf. folios 278 y 279.
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declaró probado el cargo único de responsabilidad disciplinaria, atribuido al
hoy demandante, e imponiendo la sanción de destitución y la accesoria de
inhabilidad general, por el término de catorce años.
67. La decisión disciplinaria de segunda instancia, fue proferida por la
procuradora general de la Nación, el Ocho (8) de enero de Dos Mil Veinticinco
(2025)15, confirmando integralmente la decisión anterior, siendo notificada por
correo electrónico16, el Trece (13) del mismo mes y año.
68. A partir del recuento procesal referenciado, la Sala encuentra que, de
acuerdo con la fecha en que fue proferido el pliego de cargos, a la actuación
disciplinaria, le era aplicable la Ley 2094 de 2021, mediante la cual, se reformó
el Código General Disciplinario. Dicho dispositivo prevé en su artículo 263, lo
siguiente:
«ARTÍCULO 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los
procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o
instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar
bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará
el procedimiento previsto en esta ley.
(…)»
69. La norma en comento, al regular lo relativo a las vigencias y
derogatorias, en el artículo 73, estableció:
«ARTÍCULO 73. Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual
quedará así:
Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la
presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de
reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante
este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus
reformas.
(…)
PARÁGRAFO 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a regir treinta meses
(30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el
artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474
de 2011.».
15
Aplicativo Samai – gestión en otros despachos, índice 14 - 26_MemorialWeb_CONTESTACION(.pdf) NroActua
14.D-2018-12467810 – Cuaderno No. 2 - del fol.1 al 211.pdf. folios 306 al y 329.
16
Aplicativo Samai – gestión en otros despachos, índice 14 - 26_MemorialWeb_CONTESTACION(.pdf) NroActua
14.D-2018-12467810 – Cuaderno No. 2 - del fol.1 al 211.pdf. folios 306 al y 329.
19
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70. Conforme a los preceptos normativos expuestos, la entrada en vigencia
de la Ley 2094 de 2021, de manera general, data del Veintinueve (29) de
marzo de Dos Mil Veintidós (2022).
71. Vistas así las cosas, la primera conclusión a la que arriba la Sala, es
que, el pliego de cargos dentro de la actuación disciplinaria, fue expedido el
Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Veintidós (2022), esto es, con posterioridad
a la vigencia de la Ley 2094 de 2021, y, por lo tanto, se debe aplicar el
procedimiento previsto en esta normativa.
72. Sin embargo, dado que, la norma relativa a la prescripción de la acción
disciplinaria, en el marco de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094
del 2021, solo entró a regir 30 meses después de la promulgación de esta
última, esto es el Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023),
al haberse proferido el fallo disciplinario de primera instancia el Tres (3) de
octubre de Dos mil Veintitrés (2023), el análisis del término prescriptivo, se
regía por la Ley 734 de 2002, con la modificación contenida en la Ley 1474 de
2011, esto es, cinco años contados desde el auto de apertura de investigación.
73. En este punto, la Sala recuerda que, el auto de apertura de la
investigación fue expedido el Trece (13) de diciembre de Dos Mil Diecinueve
(2019), razón por la cual, al momento de la decisión disciplinaria de primera
instancia, solo habían transcurrido aproximadamente tres años y 9 meses.
74. En consecuencia, resulta diáfano para la Sala que, la decisión
disciplinaria de primera instancia, se profirió respetando los términos
prescriptivos que regían la materia a la fecha de su expedición.
75. No obstante lo anterior, al momento de proferirse el fallo disciplinario de
segunda instancia, esto es, el Ocho (8) de enero de Dos Mil Veinticinco (2025),
la prescripción de la acción disciplinaria, consagrada en el artículo 33 de la Ley
1952 de 2019, modificado por el artículo 7 de la Ley 2094 de 2021 ya había
entrado en vigencia; norma que regula lo siguiente:
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«ARTÍCULO 33. PRESCRIPCIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN
DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados
para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de
carácter permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto
y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la
prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.
La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años
desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de
segunda instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código,
el término de prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos
casos, se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años
desde la notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión
de segunda instancia.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique. 17»
17
«ARTÍCULO 52. FALTAS RELACIONADAS CON LA INFRACCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
1. Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, por razón de su pertenencia al mismo, cualquiera de
los actos mencionados a continuación:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total
o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
2. Incurrir en graves infracciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario conforme los
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia.
3. Someter a una o más personas a arresto, detención, secuestro o cualquier privación de la libertad, seguida de la
falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la
persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
4. Infligir a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.
5. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos que una persona o un grupo de ellas se desplace de su
hogar o de su lugar de residencia, o abandone sus actividades económicas habituales.
6. Privar arbitrariamente a una persona de su vida.»
21
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76. En relación con el fenómeno prescriptivo, la Corte Constitucional en la
Sentencia C- 556 de 2001, concretó el criterio que pasa a exponerse:
«Es decir que al tiempo que la prescripción constituye una sanción frente a la
inactividad de la administración, el fin esencial de la misma, está íntimamente
ligado con el derecho que tiene el procesado a que se le defina su situación
jurídica, pues no puede el servidor público quedar sujeto indefinidamente a una
imputación, lo que violaría su derecho al debido proceso y el interés de la propia
administración a que los procesos disciplinarios concluyan.»
77. Asimismo, en la Sentencia SU – 126 de 2022, dicha Corporación,
puntualizó frente al régimen sancionatorio en general, lo siguiente:
«33. Otra característica esencial de la prescriptibilidad de las acciones y
penas del derecho penal (y sancionatorio en general) es la dualidad de sus
fines. En efecto, por una parte, la referida prescriptibilidad impone un castigo al
Estado por la inactividad que lleva al incumplimiento de algunos de sus
principales cometidos. Se trata de una sanción por el deficiente ejercicio de la
potestad punitiva con que la Administración cuenta para garantizar el respeto
de los derechos y libertades constitucionales, la convivencia pacífica u otros
bienes jurídicos protegidos. Este castigo al Estado consiste en la imposibilidad
que este tendría para perseguir -o seguir persiguiendo- a los presuntos
transgresores de las normas y/o conductas que se prohíben. Más
concretamente, se trata de la cesación de su ius puniendi “por haber dejado
vencer el plazo señalado por el legislador para el ejercicio de la acción (…) sin
haber adelantado las gestiones necesarias tendientes a determinar la
responsabilidad del infractor de la ley (…)”18.
34. Por otra parte, como consecuencia de la sanción al Estado, pero como
un fin en sí mismo, la prescripción de la acción sancionatoria opera en
favor del procesado. Justamente, como el ejercicio del ius puniendi puede
implicar la afectación de derechos constitucionales - en el caso más extremo, la
privación de la libertad – la prescripción de la acción sancionatoria busca
proteger el derecho que tiene todo individuo a que se le defina su situación
jurídica19. En otras palabras, la prescripción de la acción que se sigue en contra
de una persona la “libera (…) de la incertidumbre que supone la existencia de
un proceso (…) en su contra”20; esto, habida cuenta de que nadie “puede quedar
sujeto perennemente a la imputación que se ha proferido en su contra”21.
Además, la prescripción de la acción sancionatoria defiende la seguridad
jurídica pues “ni el sindicado tiene el deber constitucional de esperar
indefinidamente que el Estado califique el sumario o profiera una sentencia
condenatoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los
autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la
comunidad”22. 23» (negrillas de la Sala)
18
C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
19
Ver, por ejemplo, las sentencias C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y SU-433 de 2020 (MP Alejandro
Linares Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas)
20
Sentencia SU-433 de 2020 (MP Alejandro Linares Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas)
21
Sentencia C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
22
Sentencia C-176 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero), citada en Sentencia C-1033 de 2006 (MP Álvaro Tafur
Galvis)
23
Sobre el doble fin o connotación de la prescripción de las acciones sancionatorias, pueden consultarse, entre otras,
las sentencias C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-1033 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-401
22
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78. Para la Sala es claro, con base en los referentes jurisprudenciales
relacionados que, en materia sancionatoria y en específico en el proceso
disciplinario, la prescripción comporta una garantía para el administrado, razón
por la cual, resulta verificable en la actuación procesal.
79. Asimismo, resulta preponderante para la Sala, aclarar que, tal como
acontece en materia penal, el fenómeno prescriptivo debe analizarse
acompasado con el principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 8 de
la Ley 1952 de 2019, norma que, de manera explícita, tanto en materia
sustancial como procesal, prevé lo siguiente:
«ARTÍCULO 8o. FAVORABILIDAD. En materia disciplinaria la ley permisiva o
favorable, sustancial o procesal de efectos sustanciales, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este
principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto
en la Constitución Política.»
80. Conforme a la norma referenciada, la Sala encuentra que, la voluntad
del legislador fue, abordar el principio de favorabilidad de manera amplia, que
abarque tanto lo procesal como lo sustancial, e incluso procesal de efectos
sustanciales, dejando establecido normativamente, la aplicación preferente de
la norma permisiva o favorable, sin ningún condicionamiento.
81. En este punto, es menester reproducir el análisis efectuado por la Corte
Constitucional, sobre el principio de favorabilidad frente al fenómeno
prescriptivo en materia penal, en la Sentencia SU- 126 de 2022, el cual, mutatis
mutandi, debe ser aplicado en el proceso disciplinario, habida cuenta que, uno
y otro hacen parte de la potestad sancionadora del Estado:
«35. Ahora bien, para la Corte es claro que la explicada doble connotación de
la prescripción de la acción penal, como especie de derecho sancionatorio, no
admite una interpretación que favorezca la efectividad de la potestad sancionatoria
del Estado pero que obre en detrimento de la garantía que tiene el procesado para
liberarse de la imputación que aquel le haga, por el mero transcurso del tiempo.
Permitir tal hermenéutica implicaría aceptar una interpretación in malam parte -
perjudicial para el procesado – y nugatoria del favor libertatis que se inclina por la
libertad del sindicado. Así, definidos por el Legislador los términos de la
prescripción de la acción penal, la interpretación de las normas
correspondientes debe siempre hacerse buscando la lectura que
de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y SU-433 de 2020 (MP Alejandro Linares Cantillo y José Fernando
Reyes Cuartas).
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mayormente favorezca su provecho por parte del sujeto acusado y que
propenda por su liberación. Tal tesis surge de la literalidad del tercer inciso del
artículo 29 de la Carta Política (debido proceso), según la cual
“En materia penal, la ley permisiva y favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de manera preferente a la restrictiva o
desfavorable”
36. Más aun, solo una interpretación normativa como la recién señalada
resulta acorde con el principio pro homine que impregna la dogmática
constitucional nacional así como los tratados de derechos humanos ratificados
por Colombia. Justamente, sobre este particular, en Sentencia C-438 de 201324
la Sala Plena de esta Corporación explicó que
“El Estado colombiano, a través de los jueces y demás asociados,
por estar fundado en el respeto de la dignidad humana (artículo 1º
de la Constitución) y tener como fines garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes (artículo 2º), tiene la obligación
de preferir, cuando existan dos interpretaciones posibles de una
disposición, la que más favorezca la dignidad humana. Esta
obligación se ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia “principio
de interpretación pro homine” o “pro persona”. A este principio se ha
referido esta Corporación en los siguientes términos:
“El principio de interpretación <pro homine>, impone
aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más
favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia
de aquella interpretación que propenda por el respeto de la
dignidad humana y consecuentemente por la protección,
garantía y promoción de los derechos humanos y de los
derechos fundamentales consagrados a nivel
constitucional”[2925].
Éste es entonces un criterio de interpretación que se fundamenta en las
obligaciones contenidas en los artículos 1° y 2º de la Constitución antes
citados y en el artículo 93, según el cual los derechos y deberes
contenidos en la Constitución se deben interpretar de conformidad con
los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En lo
que tiene que ver con los derechos, los mencionados criterios
hermenéuticos se estipulan en el artículo 5° del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos[3026] y el artículo 29 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[3127]. Adicionalmente, se debe
24
MP Alberto Rojas Ríos.
25
[29] Sentencia T-171 de 2009.
26
[30] Artículo 5: 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho
alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de
cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en
él. // 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos
o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
27
[31] Artículo 29. Normas de Interpretación: Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el
sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
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afirmar que estos criterios configuran parámetro de constitucionalidad,
pues impiden que de una norma se desprendan interpretaciones
restrictivas de los derechos fundamentales.
El principio pro persona, impone que “sin excepción, entre dos o
más posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que
resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más
amplia del derecho fundamental”[3228]. (…)” (subraya y negrilla fuera
de texto)
37. En suma, el principio de favorabilidad en materia penal surge del principio
de dignidad que estipulan los artículos 1º y 2º de la Carta Política, del derecho al
debido proceso que prevé el artículo 29 ídem y de los tratados internacionales
sobre derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad a que se
refiere el artículo 93 superior. (…)»
82. Con base en los criterios anteriormente mencionados, en garantía de
los principios pro homine y pro persona, el análisis de la aplicación del término
prescriptivo en materia disciplinaria, a partir del principio de favorabilidad, debe
efectuarse en pro del procesado y no, en favor de ius puniendi del Estado.
83. Integrando la interpretación anteriormente expuesta al sub judice, una
vez entró en vigencia el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, esto es, el
Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), le correspondía al
operador disciplinario de segunda instancia, en virtud del principio de
favorabilidad, aplicar dicha normativa, es decir, contabilizando los 5 años
dispuestos en la norma, desde la consumación del hecho que dio lugar a la
actuación disciplinaria, que para el caso concreto, de acuerdo con el pliego de
cargos, tuvo lugar entre los años 2016 y 2017.
84. Comoquiera que, no se estableció una fecha cierta en las anualidades
referidas, aun tomando el último día del año 2017, los cinco años se cumplirían
el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veintidós (2022), momento para
el cual, no se había proferido decisión disciplinaria de primera instancia, lo que
da lugar a la operancia de la prescripción de la acción disciplinaria, en los
términos del artículo 33 de la Ley 1952 de 2021, modificado por el artículo 7
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; // b) limitar el goce y ejercicio de cualquier
derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con
otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano
o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y // d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
28
[32] Sentencia T-085 de 2012.
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de la Ley 2094 de 2021.
85. Aunque la Procuraduría General de la Nación en el recurso de alzada,
pone de presente la suspensión de términos fruto de la emergencia
económica, social y ecológica derivada del COVID 19, a efectos que se sumen
dichos tiempos al conteo de la prescripción, la Sala debe señalar que, dicha
discusión ya fue zanjada por esta Subsección, en sentencia del Veintisiete (27)
de junio de Dos Mil Veinticinco (2025) 29 , en la cual, se concluyó que, «no podía
extenderse a la garantía de prescripción de la acción disciplinaria.», en ese orden
de ideas, no es factible un conteo distinto de la prescripción, al efectuado en
el párrafo que antecede.
86. Así las cosas, el criterio de favorabilidad adoptado por la Sala en este
proceso, coincide con el análisis efectuado por la Sala Primera Especial de
Decisión de la Corporación, en la sentencia de cinco de Diciembre de Dos Mil
Veinticinco (2025)30, en la que se adujo:
«(…) Así, tanto en el CDU como en el CGD se consagra el principio de
favorabilidad en materia disciplinaria, y en el CGD se precisó que la ley más
favorable puede ser “(…) sustancial o procesal de efectos sustanciales”.
Adicionalmente, se ha reconocido la favorabilidad “como un principio orientador
para el operador jurídico, no de la interpretación de la ley, sino respecto de la
escogencia de la ley aplicable al caso cuando hay sucesión de leyes en el
tiempo”. (…)
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en providencia del 31 de enero de
2024, se pronunció sobre la prescripción de la acción disciplinaria en aplicación
del principio de favorabilidad, en los siguientes términos:
En ese orden de ideas, la prescripción de la acción disciplinaria es un instituto
regulado tanto en la Ley 734 de 2002 como la Ley 1952 de 2019 y su eventual
aplicación ultractiva o retroactiva, no desfigura en lo absoluto el marco
procedimental establecido en estas, ni desquicia las reglas de tránsito
normativo. Por el contrario, analizada conforme al principio de favorabilidad, se
impone como garantía fundamental de obligada consideración, bajo el
entendido de que por encima de la rigidez de los marcos rituales de vigencia
general, el procesado tiene derecho a que en su caso se aplique aquella norma
más beneficiosa.
Es así como en la verificación del tránsito legislativo, la autoridad debe recordar
que la aplicación del artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 a procesos gobernados
29
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B. Radicado No. 25000-23-42-000-2023-00164-02 (2847-
2024). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Primera Especial de Decisión. Expediente 11001-
03-15-000-2024-06216-00. M.P. Wilson Ramos Girón.
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por la Ley 734 de 2002, no puede darse de manera parcializada, por lo que
examinará si al margen de la expedición del auto de apertura de investigación
disciplinaria, han transcurrido cinco años desde la comisión de la falta hasta que
se haya notificado el fallo de primera instancia. De ser así, el principio de
favorabilidad obliga a que de oficio sea decretada la terminación del
procedimiento al haber operado la prescripción de la acción disciplinaria.
(…) Lo que no puede ser de recibo bajo ninguna interpretación, es postular que
como el proceso se encuentra en sede de apelación y entró a regir plenamente
la Ley 1952 de 2019, entonces la regla a aplicar en punto de la prescripción
sería el aparte de la nueva ley que regula los dos años para la segunda
instancia, ya que por esa vía, en la práctica se estaría creando una lex tertia
según la cual, mantiene vigente apartes de la Ley 1474 de 2011 para efectos
de sostener el término de caducidad, y simultáneamente predica la vigencia de
la prescripción sustentada en el nuevo término, lo cual es abiertamente
violatorio de las garantías procesales, y termina de paso en una contradicción
lógica, ya que si se sostiene a toda costa la vigencia de la Ley 734 de 2002,
inexorablemente tendría que reconocerse que en la misma impera igualmente
la favorabilidad como principio rector y debe interpretarse siempre, en favor del
procesado.
Teniendo en cuenta que el análisis dentro del recurso extraordinario de revisión
conlleva un estudio de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de la
actuación disciplinaria, le corresponde a esta Sala Especial de Decisión verificar
si la autoridad disciplinaria dio aplicación al principio de favorabilidad, es decir,
si empleó la disposición vigente que resultara más beneficiosa para el
disciplinado al momento de proferir la decisión.
Entonces, en el caso concreto se tiene que, el artículo 33 de la Ley 1952 de
2019, prevé que, la acción disciplinaria prescribe dentro del término de cinco
años, «(…) contados para las faltas de ejecución instantánea desde el día de
su consumación, para las de ejecución permanente o continuada, desde la
realización del último acto y para las omisivas, desde cuando haya cesado el
deber de actuar. La prescripción se interrumpirá con la adopción y notificación
del fallo de primera o única instancia».
Así, el CGD resulta más favorable al disciplinado, porque si bien el término para
emitir y notificar la decisión de primera instancia sigue siendo cinco (5) años,
con la Ley 1952 de 2019 se cuenta desde los hechos, y no desde el auto de
apertura de la investigación disciplinaria o de citación a audiencia.
Bajo el anterior supuesto, se reitera que, la conducta ocurrió el 27 de noviembre
de 2015, por lo que el término de cinco años descrito en el CGD se cumplió el
27 de noviembre de 2020, y teniendo en cuenta los 70 días de suspensión por
la emergencia del Covid-19, dicho término se extendió hasta el 5 de febrero de
2021. Sin embargo, la decisión de primera instancia se notificó el 7 de
noviembre de 2023, esto es, 2 años, 9 meses y 2 días después, por lo que se
configuró la prescripción de la acción disciplinaria.
Por ende, la Sala declarará probada la prescripción de la acción disciplinaria,
se relevará de analizar las demás circunstancias que componen el estudio
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integral, y dejará sin efecto la sanción impuesta al señor Uber Alfonso Gutiérrez
Carvajal, dentro del expediente disciplinario IUS-2016-51003 / IUC-D-2016-613-
834398.»
87. La Sala concluye que, ante la ocurrencia del fenómeno prescriptivo, el
operador disciplinario de segunda instancia, no podía pronunciarse de fondo
sobre el asunto puesto a su conocimiento, sino revocar la decisión, declarando
la extinción de la acción disciplinaria.
88. En consecuencia, si bien es cierto, previo a la vigencia de la Ley 1952
de 2019, existía un criterio jurisprudencial según el cual, el término prescriptivo
debía atemperarse a los postulados de la Ley 734 de 2002, con la modificación
contenida en la Ley 1474 de 2011, tampoco es menos cierto que, en vigor del
Código General Disciplinario, existe una norma más favorable que, debe ser
atendida en todos los casos por los operadores disciplinarios, tal como lo
estableció la Sala mayoritaria, en sentencia del Catorce (14) de mayo de Dos
Mil Veintiséis (2026), en el expediente con radicación
25000234200020240053201.
89. Siendo así las cosas, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones, en el sentido de
declarar la nulidad de las decisiones disciplinarias, ante la ocurrencia del
fenómeno prescriptivo.
2.5 Condena en costas
90. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
2.6. Conclusión
Al verificarse la ocurrencia del fenómeno prescriptivo en el presente asunto,
habida cuenta de la vigencia de la norma más favorable, debe confirmarse la
decisión de instancia, que declaró la nulidad de los actos enjuiciados.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, la sentencia del Once (11) de marzo
de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Quinta de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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