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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2024-00129-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2024-00129-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR integralmente la sentencia del once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante la cual, se ordenó seguir adelante con la ejecución, de conformidad con las razones expuestas. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2024-00129-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2024-00129-01 (3413-2025)1
Demandante: Jhon Jairo Mahecha Fajardo
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia – Dirección Cárcel Distrital de
Varones y Anexo de Mujeres
Medio de control: Ejecutivo
Tema: Reconocimiento de intereses moratorios – Excepción de
pago – Régimen aplicable al reconocimiento de intereses
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada, contra
la sentencia del once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda ejecutiva.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado, presentó demanda ejecutiva,
en orden a que se librara mandamiento de pago a su favor, y en contra del Distrito
Capital de Bogotá – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia – Dirección
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, por la suma de $6.339.877, por
concepto de capital “pendiente de cancelar, toda vez que la entidad realizó un pago parcial por

1
Expediente electrónico.
2
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4

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Número Interno: 3413-2025
Demandante: Jhon Jairo Mahecha Fajardo
Demandada: Bogotá D.C. – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

valor neto de $12.951.034 el 11 de mayo de 2021”, cuando, según sostuvo, la suma a

sufragar era de $19.920.911, por el período comprendido entre el primero (1º) de
marzo de dos mil diez (2010) y el treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012).

2. En línea con lo anterior, la parte ejecutante solicitó: (i) el reconocimiento y pago
de intereses a tasa DTF y moratorios liquidados a la tasa máxima, con sujeción a lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA, desde el cinco (5) de marzo de dos
mil veinte (2020), fecha de ejecutoria de la sentencia ordinaria, hasta el once (11)
de mayo de dos mil veintiuno (2021), fecha de notificación de la Resolución Nº. 0195
del seis (6) de mayo de la referida anualidad, a través de la cual se ordenó el pago
“de manera parcial e incompleta, por un valor de $12.951.034”; (ii) el reconocimiento y pago
de los intereses moratorios, liquidados a la tasa máxima (sic), desde el trece (13)
de mayo de dos mil veintiuno (2021), hasta la fecha en la que se realice el pago
total de la obligación, respecto al saldo insoluto del capital omitido al momento del
pago parcial, el cual asciende a la suma de $6.339.877; y (iii) que se condene en
costas a la entidad ejecutada, atendiendo al criterio del artículo 188 del CPACA.

1.2. Los hechos3.

3. Narró que, mediante sentencia del catorce (14) de enero de dos mil dieciséis
(2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del Rad.
Nº. 25000234200020130581600, declaró la nulidad del Oficio 20133330056401 del
cuatro (4) de marzo de dos mil trece (2013), expedido por la Secretaría de Gobierno
de Bogotá D.C., mediante el cual, se negó el reconocimiento, la liquidación y pago
de horas extras, recargos nocturnos ordinarios y festivos, días compensatorios,
reliquidación de factores salariales y prestacionales desde el dos mil diez (2010).
Asimismo, declaró la nulidad del oficio a través del cual se resolvió la reposición.

4. Expuso que, como consecuencia de lo anterior, el Tribunal ordenó: (i) pagar al
demandante el valor correspondiente a cincuenta (50) horas extras al mes, desde
el cuatro (4) de febrero de dos mil diez (2010), al dieciocho (18) de junio de dos mil
doce (2012), y desde el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), hasta
la fecha del retiro, con fundamento en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de
1978; (ii) pagar el reajuste de los recargos nocturnos y el trabajo dominical y festivo

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Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4.

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Número Interno: 3413-2025
Demandante: Jhon Jairo Mahecha Fajardo
Demandada: Bogotá D.C. – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

laborado, durante los períodos antes anotados, “empleando para el cálculo de los mismos
factores de 190 horas mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no 240, y pagar
las diferencia que resulten a favor del demandante”; y (iii) reliquidar las cesantías a favor del

actor, teniendo en cuenta el valor de las cesantías reconocidas y pagadas durante
el tiempo referido, con el valor que surja por concepto de horas extras, dominicales
y festivos, como consecuencia de la reliquidación. Por último, ordenó efectuar los
ajustes de valor sobre las sumas resultantes a favor del señor Mahecha Fajardo.

5. Indicó que, a través de la sentencia del trece (13) de febrero de dos mil veinte
(2020), la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, confirmó el
fallo de primera instancia. Agregó que, por medio de la petición del dieciocho (18)
de noviembre de dos mil veinte (2020), con el Rad. 20205410565621, le solicitó a
la entidad el cumplimiento de las respectivas providencias, allegando las copias de
las mismas, con las respectivas constancias de ejecutoria.

6. Sostuvo que, mediante la Resolución Nº. 195 del seis (6) de mayo de dos mil
veintiuno (2021), notificada el once (11) del mismo mes y año, la entidad dio
cumplimiento a las sentencias relacionadas supra, en el sentido de reconocer y
ordenar el pago de $12.951.034. Resaltó que, en la parte considerativa del acto en
cita, se trajo a colación una liquidación que se “apartó de lo ordenado en la sentencia, toda
vez que allí se tiene en cuenta el 50% de 44 horas mensuales ”, dándose así alcance al

Acuerdo Distrital 03 de 1999. Puntualizó que: “no se realizó el debido reconocimiento de
las horas extras ni la reliquidación de recargos del 35%, 200% y 235% y las cesantías (…) ”.

7. Advirtió que, al efectuar la liquidación detallada, mes a mes, y teniendo en cuenta
los desprendibles de pago y las planillas de turnos expedidas por la Secretaría de
Gobierno del Distrito, el valor reclamado asciende a la suma de $19.920.911.

8. Puso de presente que, el Concejo Distrital de Bogotá, por medio del Acuerdo 637
de 2016, creó el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por lo que, según adujo, la
Secretaría de Gobierno tiene como sucesora procesal a esta última dependencia.

1.3. Mandamiento ejecutivo4.

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Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 3413-2025
Demandante: Jhon Jairo Mahecha Fajardo
Demandada: Bogotá D.C. – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

9. Mediante proveído del veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025),
el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, libró mandamiento de pago, en los siguientes términos:

“1. LIBRAR mandamiento de pago parcial en contra de Bogotá D.C. – Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia – Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
y a favor del señor Jhon Jairo Mahecha Fajardo, identificado con la cédula de ciudadanía Nº
14.324.013, en los siguientes términos:

• Saldo insoluto por concepto de horas extras debidamente indexadas a la ejecutoria
de la sentencia que excedan las 190 horas mensuales, la reliquidación del trabajo
en días de descanso obligatorio, dominicales y festivos, y los recargos ordinarios
como festivos nocturnos y reliquidación de las cesantías causadas desde marzo de
2010 (prescripción trienal) hasta mayo de 2012 (retiro de servicio): $2.020.841,73.

• Por los intereses a la tasa DTF por los primeros 10 meses desde el 6 de marzo de
2020 (día siguiente a la ejecutoria) hasta el 6 de junio de 2020 (vencimiento de los 3
meses) y desde el 19 de noviembre de 2020 (presentación de la petición) hasta el 6
de enero de 2021 (vencimiento de los 10 meses) y a una tasa comercial desde el 7
de enero de 2021 (día siguiente al vencimiento de los 10 meses) hasta el 10 de mayo
de 2021 (día anterior al pago parcial), sobre la suma de $14.971.875,73 (capital
causado a la ejecutoria): $1.333.714,55

• Por los intereses sobre el capital insoluto del capital a la ejecutoria de la sentencia
de $2.020.841,73 que se deberán liquidar desde el 11 de mayo de 2021 (fecha del
pago parcial) hasta cuando se efectúe su pago total.

2. NO LIBRAR mandamiento de pago por las demás sumas solicitadas por la parte
ejecutante, de conformidad con lo expuesto.

3. Sobre las costas se decidirá en el momento de proferir sentencia.

4. ADVERTIR a la entidad ejecutada que dispone de cinco (5) días hábiles para cancelar las
anteriores sumas de dinero y/o diez (10) días hábiles para proponer excepciones, los cuales
se contarán a partir del día siguiente a la notificación del presente mandamiento ejecutivo”.

10. En la motivación de la providencia, el Tribunal expuso que, de conformidad con
los elementos de juicio allegados al plenario, al ejecutante se le debía pagar la suma
de $14.971.875.73, por concepto de horas extras debidamente indexadas a la fecha
de la ejecutoria de la sentencia; la reliquidación del trabajo en días de descanso
obligatorio, dominicales y festivos; y los recargos ordinarios como festivos
nocturnos; así como la reliquidación de las cesantías causadas desde marzo de dos
mil diez (2010), por prescripción trienal, hasta mayo de dos mil doce (2012), fecha
del retiro del servicio. No obstante, advirtió que la ejecutada efectuó un pago por
$12.951.034 el once (11) de mayo de dos mil veintiuno (2021), quedando así un
saldo insoluto a favor del ejecutante por la suma de $2.020.841,73.

11. En punto a los intereses moratorios, destacó que, con base en lo establecido en
los artículos 192 y 195, se evidenciaba: (i) que la sentencia cobró ejecutoria el cinco
(5) de marzo de dos mil veinte (2020); (ii) que la petición de cumplimiento se

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Número Interno: 3413-2025
Demandante: Jhon Jairo Mahecha Fajardo
Demandada: Bogotá D.C. – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

presentó el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020), es decir, con
posterioridad a los tres (3) meses previstos en la ley; (iii) por ello, se reconocerían
los intereses a la tasa DTF por los primeros diez (10) meses, desde el seis (6) de
marzo de dos mil veinte (2020), día siguiente a la ejecutoria, hasta el seis (6) de
junio de dos mil veinte (2020), fecha de vencimiento de los tres (3) primeros meses,
y desde el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020), fecha de
presentación de la solicitud de cumplimiento, hasta el seis (6) de enero de dos mil
veintiuno (2021), fecha de vencimiento de los diez (10) meses; y a una tasa
comercial desde el siete (7) de enero del mismo año, día siguiente al vencimiento
de los diez (10) meses, hasta el diez (10) de mayo de dicha calenda, día anterior al
pago parcial, sobre la suma de $14.971.875.73 (capital causado a la ejecutoria).

12. Teniendo en cuenta, el A-quo dispuso librar mandamiento de pago por la suma
de $1.333.714.55, por concepto de intereses moratorios, en los términos reseñados
en precedencia. Comoquiera que la parte ejecutada efectuó un pago por la suma
de $12.951.034, advirtió que, del capital causado a la ejecutoria de la sentencia, por
$14.971.875.73, queda un saldo insoluto de $2.020.841.73, respecto del cual los
intereses se deberían liquidar desde el once (11) de mayo de dos mil veintiuno
(2021), fecha del pago parcial, hasta cuando se efectúe su pago total.

1.4. Contestación de la demanda ejecutiva5.

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Índice 00036 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 3413-2025
Demandante: Jhon Jairo Mahecha Fajardo
Demandada: Bogotá D.C. – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

13. A través del memorial radicado el once (11) de marzo de dos mil veinticinco
(2025), la apoderada de la entidad convocada se opuso a las pretensiones de la
demanda ejecutiva. En lo atinente a las pretensiones, manifestó que el demandante
reclama unas sumas que ya fueron objeto de pago por parte de la accionada, y que
dichas sumas atendieron a lo señalado en las providencias base de recaudo.

14. Puso de presente que, al examinar la liquidación presentada, y contrastarla con
los antecedentes administrativos, llegó a la conclusión que aquella “ no cumple con la
normatividad vigente para ese momento y desconoce la correcta aplicación a las semanas
trabajadas, resaltando las 44 horas máximas semanales permitidas por decreto ”. Además, señaló

que las novedades administrativas que derivaron en la no prestación del servicio en
ciertos períodos, como vacaciones, incapacidades, permisos y comisiones, afectan
directamente el reconocimiento de recargos y horas extras. En lo que toca a los
intereses moratorios, manifestó que no existe razón jurídica para su reconocimiento.

15. Invocó la excepción de pago total de la obligación, para lo cual insistió en que,
las sumas cuyo pago se ordenó fueron sufragadas mediante la Resolución Nº. 195
del seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021), por un valor de $12.951.034.
Explicó que, tanto el grupo de nómina, como la dirección de talento humano de la
entidad, realizaron la respectiva liquidación, concluyendo que la suma que fue
pagada atiende a la normativa vigente (Decreto 1042 de 1978), a lo ordenado en
sede judicial, y a la prestación efectiva del servicio. Incluso, anotó que, para tal
efecto, se revisaron las planillas con los turnos del personal del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.

16. Hizo referencia a la “improcedencia del mandamiento de pago por la doble ejecución de la
sentencia”. Sobre este particular, aludió al cumplimiento de la sentencia y a que la

misma “no puede ejecutarse tantas veces lo considere el demandante, ni hacerse uso de la primera
copia de la sentencia que presta mérito ejecutivo tantas veces lo considere el acreedor, toda vez que
la entidad ya canceló las sumas de dinero que corresponden a los conceptos referidos en la mismas,
haciendo tránsito a cosa juzgada”. Arguyó que, en su momento, el demandante recibió el

pago sin manifestar oposición alguna, o sin reintegrar la suma que estimó incorrecta.

17. Agregó que, en el caso de autos, se está frente a una obligación clara, expresa
y exigible inexistente, comoquiera que, en su criterio, el documento soporte para
librar el mandamiento de pago corresponde a la liquidación efectuada por el

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Número Interno: 3413-2025
Demandante: Jhon Jairo Mahecha Fajardo
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despacho, “que en sí mismo no contiene una obligación clara expresa y exigible ”. Destacó que
lo propio ocurre con la liquidación aportada por la parte ejecutante. Por último,
solicitó que, en caso de no prosperar los argumentos de defensa, el juez de
instancia se abstenga de condenar en costas y agencias en derecho.

1.5. La sentencia de primera instancia6.

18. Mediante sentencia del once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025), el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
rechazó por improcedentes las excepciones de “improcedencia del mandamiento de pago
por la doble ejecución de la sentencia; inexistencia de la obligación clara, expresa y exigible; y costas
procesales y agencias en derecho”; declaró no probada la excepción de pago; y ordenó

seguir adelante con la ejecución. Al respecto, en la parte resolutiva se dispuso:

“PRIMERO: Rechazar por improcedentes las excepciones de improcedencia del
mandamiento de pago por la doble ejecución de la sentencia, pagos efectuados por la
entidad para el cumplimiento de las sentencias, inexistencia de la obligación clara, expresa
y exigible y costas procesales y agencias en derecho, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: Declarar no probada la excepción de pago, por lo antes expuesto.

TERCERO: Seguir adelante con la ejecución a favor del señor Jhon Jairo Mahecha Fajardo,
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 14.324.013, y en contra de Bogotá D.C. -
Secretaría de Gobierno – ahora Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia – Dirección
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, como se ha explicado en esta providencia,
para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento de pago proferido
en el proceso ejecutivo de la referencia.

CUARTO: En los términos expuestos por el artículo 446 del C. G. del P., cualquiera de las
partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los
intereses causados hasta la fecha de su presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el
mandamiento de pago, adjuntando los documentos que la sustenten si fueren necesarios.

QUINTO: Sin condena en costas, por lo antes expuesto”.

19. Aclaró que, en el sub-lite, el título ejecutivo complejo está conformado por la
sentencia del catorce (14) de enero de dos mil dieciséis (2016), proferida por esa
Corporación; por la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección “B”
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de fecha trece (13) de febrero de
dos mil veinte (2020), mediante la cual, se confirmó el fallo primigenio; y por la
Resolución Nº. 195 del seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021), a través de la
cual la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia dio cumplimiento a las
providencias base de recaudo, al ordenar un pago por la suma de $12.951.034.

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Índice 00053 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 3413-2025
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Demandada: Bogotá D.C. – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

20. Con base en los elementos valorados, concluyó que la parte ejecutada no
demostró haber dado cabal cumplimiento a las providencias judiciales, “ toda vez que
al momento de librar mandamiento ejecutivo la Sala Unitaria procedió a verificar si la entidad
ejecutada había cumplido o no la sentencia, para lo cual efectuó la liquidación de la condena en la
forma que consideraba legal en virtud a lo establecido en el artículo 430 del C. G. de P.”. Para tal

fin, reiteró que al señor Mahecha Fajardo se le debió pagar la suma de
$14.971.875.73, “por concepto de horas extras debidamente indexadas a la ejecutoria de la
sentencia que excedan las 190 horas mensuales, la reliquidación del trabajo en días de descanso
obligatorio, dominicales y festivos, y los recargos ordinarios como festivos nocturnos y reliquidación
de las cesantías causadas desde marzo de 2010 (prescripción trienal) hasta mayo de 2012 (retiro
de servicio)”. Empero, evidenció que la ejecutada pagó un valor de $12.951.034,

quedando un saldo insoluto a favor del ejecutante por la suma de $2.020.841.73.

21. Con respecto a los intereses moratorios, el A-quo nuevamente trajo a colación
los argumentos expuestos en el mandamiento de pago, así como la tabla contentiva
de la liquidación de intereses, la cual arrojó la suma de $1.333.714.55, comprensiva
de aquellos causados desde el seis (6) de marzo de dos mil veinte (2020), día
siguiente a la ejecutoria, hasta el seis (6) de junio de ese mismo año, y desde el
diecinueve (19) de noviembre, fecha de presentación de la solicitud, hasta el diez
(10) de mayo de dos mil veintiuno (2021), día anterior a la fecha del pago parcial.

1.6. El recurso de apelación7.

22. Mediante memorial del primero (1º) de septiembre de dos mil veinticinco (2025),
la entidad ejecutada solicitó revocar la sentencia de primera instancia, mediante la
cual, se ordenó seguir adelante con la ejecución. Como fundamento de la solicitud,
aludió al error en la valoración probatoria y la violación al debido proceso, en la
medida en que, a su juicio, el A-quo desconoció el alcance de la Resolución Nº. 195
del seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021), los comprobantes de pago y las
planillas de nómina, con las cuales se demuestra el cumplimiento de la obligación.
Aseveró que la omisión en la valoración integral de las pruebas documentales
vulnera el principio de contradicción probatoria y el derecho al debido proceso.

23. Señaló que, en el asunto de marras, el Tribunal se limitó a reiterar su propia
liquidación, “sin justificar la desestimación de los documentos técnicos aportados por la entidad ”.

7
Índice 00056 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Demandante: Jhon Jairo Mahecha Fajardo
Demandada: Bogotá D.C. – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Reprochó que el juez de primer grado no haya tenido en cuenta el reporte de
novedades administrativas, el cual se extiende desde febrero de dos mil diez (2010),
hasta abril de dos mil diecisiete (2017), y que incluye vacaciones, incapacidades,
licencias no remuneradas, licencia de paternidad y ausencia de registro en planilla.

24. Aseguró que existió un “error en la aplicación del régimen de intereses moratorios”, toda
vez que, las sentencias base de recaudo aplicaron los artículos 192 y 195 del
CPACA para liquidar los intereses moratorios, cuando lo correcto era -en sus
términos- aplicar el Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, en la
medida en que era dicho estatuto el que regía al momento de la presentación de la
demanda ordinaria que dio lugar a la imposición de la condena. Anotó que dicho
error debía ser subsanado, comoquiera que la aplicación indebida del CPACA
conduce a una liquidación “desproporcionada e injustificada” en perjuicio de la entidad.

25. Reafirmó que no existe una obligación ejecutiva, a causa del pago que ya fue
efectuado. En esa línea, sostuvo que la “insistencia en continuar con la ejecución desconoce
la eficacia del acto administrativo de cumplimiento y conduce a una doble ejecución sobre los mismos
hechos”, circunstancia que vulnera, en criterio de la ejecutada, el principio de

seguridad jurídica y deviene en un enriquecimiento sin justa causa.

26. Indicó que, en caso de no accederse a las anteriores solicitudes, debe
procederse con la práctica de una nueva liquidación contable por parte de un “perito
judicial” o del grupo de nómina de la entidad, en la cual se incorporen las novedades

administrativas (v.gr. vacaciones, incapacidades y licencias), así como, la
documentación de soporte aportada que se encuentra dentro del expediente.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia8.

27. Mediante el auto del doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), el
despacho ponente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
modificado en lo pertinente por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el fallo de primera
instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para
fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público, ni de los demás sujetos procesales.

8
Índice 00004 del Samai.

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Número Interno: 3413-2025
Demandante: Jhon Jairo Mahecha Fajardo
Demandada: Bogotá D.C. – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

28. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 9 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

29. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

(i) ¿El Tribunal incurrió en un error en la valoración probatoria, con el cual,
se vulneró el derecho al debido proceso de la entidad accionada?
(ii) ¿Existió un error en la aplicación del régimen de intereses moratorios, al
privilegiarse la observancia de los artículos 192 y 195 del CPACA,
cuando, en criterio de la entidad ejecutada, debía observarse lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo - CCA, en atención a la fecha de
presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho?
(iii) ¿Se encuentra acreditada la excepción de pago total de la obligación
alegada por la entidad, con cuya acreditación se torna inane seguir
adelante con la ejecución, en los términos ordenados por el A-quo?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Generalidades del proceso ejecutivo.

30. De acuerdo con la doctrina especializada, el proceso ejecutivo busca “asegurar
que el titular de una relación jurídica que crea obligaciones pueda obtener, por medio de la
intervención estatal, el cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su
cargo, si ello es posible, o si no, conduciéndolo a que indemnice los perjuicios patrimoniales que su

9
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

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Número Interno: 3413-2025
Demandante: Jhon Jairo Mahecha Fajardo
Demandada: Bogotá D.C. – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

inobservancia ocasionó” 10 . El instrumento que sirve como base del recaudo en el

proceso ejecutivo se denomina título ejecutivo, que se define como el “documento que
representa una declaración de la voluntad del juez o de las partes, es aquél que trae aparejada la
ejecución, o sea, en virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del
deudor moroso, a fin de satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y costos”11.

31. Pues bien, el artículo 297 del CPACA establece que, constituyen título ejecutivo:
(i) las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias; (ii) las decisiones en firme proferidas en desarrollo de
los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades
públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y
exigible; (iii) los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con
el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de
liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo
de las partes intervinientes en tales actuaciones; y (iv) las copias auténticas de los
actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el
reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y
exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa.

32. A su vez, el artículo 422 del Código General del Proceso (así como el texto
original del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil), prevén que pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan
plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida
por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen
honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.

33. De la norma en cita se desprenden las características de la obligación, a saber,
que sea clara, expresa y exigible; que esté consignada en un documento; y,
finalmente, que además de los documentos que provengan del deudor -o del
causante, según el caso-, las sentencias de condena, o cualquier otra providencia

10
López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá: DUPRÉ Editores.
11
Carnelutti, Francesco. (1942). Instituciones del nuevo procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch.

12

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Demandada: Bogotá D.C. – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

judicial con fuerza ejecutiva, revisten el carácter de títulos ejecutivos.

34. En cuanto a los atributos del título ejecutivo, se tiene que, la obligación es
expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una
presunción legal o una interpretación normativa; es clara, cuando sus elementos
aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o
sujetos de la obligación; y es exigible cuando no depende del cumplimiento de un
plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido12.

35. Asimismo, es dable sostener que, esta Sala de Subsección, en providencia del
treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)13 dispuso que, “cuando se pretende
el cumplimiento de una obligación a cargo del Estado, el título ejecutivo se constituye exclusivamente
en la sentencia, no solo porque el artículo 297 del CPACA no condicionó su integración con el acto
administrativo de cumplimiento, sino además porque no se cumplen con los requisitos para que
pueda ser catalogado como título complejo, pues no existe una relación inescindible entre estos para
determinar su claridad y exigibilidad”. En ese contexto, una vez se allegan los documentos

correspondientes, y antes de dar inicio al proceso ejecutivo, corresponde al juez
verificar si el título ejecutivo cumple con los requisitos legales, esto es, si contiene
una obligación clara, expresa y exigible.

2.3.2. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago

36. Sobre la carga probatoria en los procesos ejecutivos que versen sobre
obligaciones de pagar sumas de dinero, y en los cuales se formule la excepción de
pago, esta Subsección ha sostenido que, para que “el juez pueda dar por acreditado dicho
pago, el deudor debe aportar pruebas que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tanto del
capital como de los intereses cuando exista retardo, no bastando con la expedición de los actos
administrativos que den cumplimiento a lo ordenado en los fallos judiciales 14.

37. En estos eventos, es la parte ejecutada la que tiene la carga de la prueba frente
al pago de la obligación, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 del CGP, 103
del CPACA y 1757 del Código Civil. Si no se demuestra el cumplimiento total de la
obligación, el juez deberá ordenar seguir adelante con la ejecución, en tanto el título
ejecutivo conserva su fuerza ejecutiva y el crédito permanece insatisfecho.

12
Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 30 de mayo de
2024, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Radicación: 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022)
14
Así quedó expuesto, entre otras, en la sentencia de fecha 30 de mayo de 2024, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

13

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38. En lo atinente la orden de seguir adelante con la ejecución, esta Sala, en
providencia del Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017)15, precisó que:
“la orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título ejecutivo se ajusta por
completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe proceder a honrar la obligación insatisfecha.
En esta etapa, queda agotada la defensa del ejecutado y lo que queda por resolver, es únicamente
la satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí que las acciones que
debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la orden de seguir adelante con la ejecución,
estarán entonces encaminadas exclusivamente a obtener el pago a favor del acreedor y una vez ese
hecho se produzca, se deberá disponer la terminación del proceso ejecutivo ”.

39. En consonancia con lo expuesto, esta misma Sala de Subsección, en sentencia
del dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025) 16 , reafirmó que, la
naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título ejecutivo se ajuste
a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo del deudor, pues,
es en la etapa siguiente, esto es, la liquidación del crédito, que se determinará con
exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los abonos o pagos
efectuados. De igual manera, así lo explicó la Corte Constitucional17, al sostener
que: “en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que se ha
señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide en el fondo sobre la
existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo exigible; y (iii) también está
plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad monetaria en la que fue contraída dicha
obligación. Así las cosas, las operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del
monto a pagar en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se
establece a partir del tiempo trascurrido desde que la obligación se hizo exigible ”.

2.4. Hechos probados.

40. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Mediante la sentencia del catorce (14) de enero de dos mil dieciséis (2016)18, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado con

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Auto del 18 de mayo de
2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de octubre
de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 68001-23-33-000-2018-00871-01 (2234-2024).
17
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-814 de 2009.
18
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4, págs. 18-44.

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el Rad. 25000234200020130581600, declaró, por un lado, la nulidad parcial del acto
contenido en el Oficio Nº. 20133330056401 del cuatro (4) de marzo de dos mil trece
(2013), expedido por la dirección de gestión humana de la Secretaría de Gobierno
de Bogotá D.C., mediante el cual se negó el reconocimiento, liquidación y pago de
horas extras, recargos nocturnos ordinarios y festivos, días compensatorios,
reliquidación de factores salariales y prestacionales desde el dos mil diez (2010), y,
por el otro lado, la nulidad de la Resolución Nº. 133 del dieciocho (18) de abril de
dos mil trece (2013), emanada de la dirección de gestión humana, a través del cual
se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo anterior,
confirmándolo en todas sus partes. Como consecuencia de lo anterior, dispuso:

“(…) TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a Bogotá, D.C.- Secretaría de Gobierno Distrital
– Cuerpo de Seguridad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, a reconocer y
pagar a favor del señor Jhon Jairo Mahecha Fajardo, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 14.324.013, el valor correspondiente a cincuenta horas (50) extras al mes,
desde el 4 de febrero de 2010 al 18 de junio de 2012 y del 26 de noviembre de 2013 a la
fecha de su retiro, con fundamento en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de 1978, acorde
con la prueba documental allegada al proceso, liquidadas con base en el factor hora que
resulte de dividir la asignación básica mensual sobre el número de horas mensuales de la
jornada ordinaria laboral (190).

CUARTO: CONDENAR a Bogotá D.C.- Secretaría de Gobierno Distrital – Cuerpo de
Seguridad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, a reconocer y pagar a favor
del demandante el reajuste de los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos
laborados desde el 4 de febrero de 2010 al 18 de junio de 2012 y del 26 de noviembre de
2013 a la fecha de su retiro, empleando para el cálculo de los mismos el factor de 190 horas
mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no 240, y pagar las diferencias
que resulten a favor del demandante, entre lo pagado por el Distrito y lo que debió pagarse
por tales conceptos como resultado del reajuste.

QUINTO: CONDENAR a la entidad demandada a reliquidar las cesantías a favor del
demandante teniendo en cuenta el valor de las cesantías reconocidas y pagadas a partir del
4 de febrero de 2010 al 18 de junio de 2012 y del 26 de noviembre de 2013 a la fecha de su
retiro con el valor que surja por concepto de las horas extras y dominicales y feriados, como
consecuencia de la reliquidación.

SEXTO. DECLARAR no probada la excepción de prescripción parcial de las pretensiones
formulada por la entidad demandada, por las razones expuestas.

SÉPTIMO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto.

OCTAVO. CONDENAR a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor de la parte demandante según el índice de precios al consumidor, de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA y atendiendo a lo señalado en la
parte motiva.

NOVENO. Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos establecidos en el artículo
192 del CPACA (…)”.

b) Por medio de la sentencia del trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020)19, la

19
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4, págs. 50 y siguientes.

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Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, confirmó la sentencia de
primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En
dicha oportunidad, el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
se contrajo a advertir lo siguiente: (i) que “al decidir aplicar el artículo 33 del Decreto 1042
de 1978, se incurre en un imprecisión por cuanto dicha normativa se refiere a la jornada laboral
ordinaria de 44 horas semanales para empleados con funciones de oficinistas, y no a una jornada
especial característica que se configura en el servicio que presta el personal operativo del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia de la Cárcel Distrital”; (ii) que la entidad ha reconocido, liquidado y

pagado el tiempo suplementario trabajado por los guardianes de la Cárcel Distrital
“bajo el sistema de recargos, ya que el pago de horas extras se encuentra limitado tanto por la norma
general (artículo 35 del Decreto 1042 de 1978 que no permite el pago de más de 50 horas extras
mensuales) como por la Distrital (artículo 4º del Acuerdo 03 de 1999)”; (iii) que, por la naturaleza

de la actividad desarrollada, dicha labor no está sujeta a la jornada ordinaria de
trabajo, sino a una jornada especial regulada por el Distrito, como empleador; y (iv)
que ha pagado el valor del trabajo suplementario, habitual y recargos, entre otros.

c) La providencia en cita fue notificada a los sujetos procesales, a través de medios
electrónicos, el dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020), quedando debidamente
ejecutoriada el cinco (5) de marzo de la anualidad en comento20.

d) Mediante oficio presentado el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte
(2020)21, tramitado con el Rad. Nº. 20205410565621, el apoderado del demandante
le solicitó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá
D.C. el cumplimiento de las sentencias base de recaudo, propósito para el cual
aportó la copia auténtica de las providencias de primera y segunda instancia.

e) Mediante la Resolución Nº. 0195 del seis (6) de mayo de dos mil veintiuno
(2021)22, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C.
dio cumplimiento a las decisiones antes relacionadas, proferidas en el seno de esta
jurisdicción. En el acto administrativo en cita, la entidad ejecutada dispuso:

“ARTÍCULO 1°.- Dar cumplimiento a la sentencia proferida el 14 de enero de 2016 por el
Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, en el proceso radicado con el No.
25000-23-42-000-2013-05816-01 de JHON JAIRO MAHECHA FAJARDO contra Distrito
Capital - Secretaría de Gobierno - Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres,

20
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4, pág. 73.
21
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4, págs. 74 y siguientes.
22
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4, págs. 78 y siguientes.

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y en consecuencia reconocer y ordenar pagar la suma de DOCE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PEROS ($12.951.034)
M/CTE, de conformidad con lo allí decidido y lo expuesto en la parte motiva. PARÁGRAFO.
• E) pago de la sentencia a que se refiere la presente resolución se hará con cargo Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 716 de 2021- Rubro 131050701 "Sentencias" del
Presupuesto de Gastos de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.

ARTÍCULO 2°.- Ordénese a la Dirección Financiera de la Secretaría, expedir el/los
respectivo/s Certificado/s de Registro Presupuestal y pagar la suma de DOCE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS ($12.951.034)
M/CTE, de la siguiente forma:

a. ОСНО MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS ($8.497.439) M/CTE, a favor del señor JHON JAIRO
MАНЕСНА FAJARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.324.013, mediante
consignación o giro a su cuenta de ahorros N° 9232055159 del Banco SCOTIABANK
COLPATRIA S.A, que corresponden al setenta por ciento (70%) del valor total a pagar, en
cumplimento a la sentencia aquí referida.

b. CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS ($4.453.595) M/CTE, a su apoderado señor JATRO
SARMIENTO PATARROYO identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.191.989 de
Bogotá y Tarjeta Profesional No. 62.110 del Consejo Superior de la Judicatura, a la cuenta
de ahorros No. 24501263944 del Banco Caja Social, valor equivalente al 30% de la
liquidación tonal a pagar al demandante (…)”.

f) Con la demanda, el ejecutante aportó copia de: (i) los comprobantes de pago23
para el período comprendido entre febrero de dos mil diez (2010) y agosto de dos
mil doce (2012); (ii) y las planillas de horas extras, recargos nocturnos, festivos y
dominicales24 desde enero de dos mil diez (2010), hasta enero de dos mil doce
(2012), documentos expedidos por la dirección de la Cárcel Distrital.

g) A través del auto del veinticinco (25) de junio de dos mil veinticuatro (2024), el
despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le concedió a
la parte ejecutada -previo a pronunciarse sobre el mandamiento de pago- el término
de diez (10) días, a efectos de allegar las certificaciones de salarios devengados; el
número de horas laboradas por mes; el número de recargos del 35%, 200% y 235%
laborados y el valor pagado por tales conceptos, desde febrero de dos mil diez
(2010). En respuesta del veintiuno (21) de junio de dos mil veinticuatro (2024)25, la
dirección de gestión humana del ente distrital adjuntó los soportes de pago, con
ocasión de las sentencias base de recaudo, “por la suma de $19.904.594”; y, en relación
con la orden encaminada a certificar los salarios, horas extras y recargos, señaló
que no contaba con la información requerida, “habida cuenta que la Secretaría Distrital de

23
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
4DEMANDADIGITAL_DESPRENDIBLESJOHNMAH(.pdf) NroActua 4
24
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
3DEMANDADIGITAL_PLANILLASJHONJAIROMA(.pdf) NroActua 4
25
Índice 00018 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 21RECIBE
MEMORIAL_ANX202417665_3pdf(.pdf) NroActua 18.

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Seguridad, Convivencia y Justicia fue creada mediante el artículo 4º del Acuerdo Distrital 637 de
2016, como organismo rector del sector central, es decir, años después de la información que solicita
ese Tribunal”. En tal virtud, remitió el requerimiento a la Secretaría de Gobierno.

h) Mediante el memorial 26 radicado el veintiséis (26) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024), la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. remitió, con
destino al proceso, la certificación de salarios devengados, con la relación de horas
totales laboradas al mes (día y noche), recargos nocturnos pagados al 35%,
dominicales y festivos diurnos pagados al 200%, dominicales y festivos nocturnos
pagados al 235%, horas extras del 175% y 275%, y el total de tiempo suplementario.

i) Con el escrito de contestación, la entidad ejecutada aportó: (i) la orden de pago
Nº. 1418 del veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), por el valor de
$8.497.43927; (ii) la orden de pago Nº. 1419 de la fecha antes referida, por el valor
de $4.453.59528; (iii) así como un documento Excel contentivo de la liquidación
efectuada por la entidad, por los conceptos reclamados por el accionante.

2.5. Análisis del caso concreto.

41. En el asunto sub examine, se tiene que, mediante la sentencia del catorce (14)
de enero de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho tramitado con el Rad. Nº. 25000234200020130072600(01), confirmada
luego por esta Sala de Subsección, a través de la sentencia del trece (13) de febrero
de dos mil veinte (2020)29, se declaró la nulidad de los actos enjuiciados, por medio
de los cuales, la entidad demandada negó el reconocimiento, liquidación y pago de
horas extras, recargos nocturnos ordinarios y festivos, días compensatorios, y la
reliquidación de factores salariales y prestacionales desde el dos mil diez (2010).

42. En las providencias base de recaudo se ordenó a la ahora ejecutada a: (i) pagar
a favor del señor Jhon Jairo Mahecha Fajardo, el valor correspondiente a cincuenta
horas (50) extras al mes, desde el cuatro (4) de febrero de dos mil diez (2010), al

26
Índice 00027 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
27RECIBEMEMORIAL_120244100451911_0000(.pdf) NroActua 27
27
Índice 00036 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 43_MemorialWeb_Anexos-
OP1418JHONMEHECH(.pdf) NroActua 36.
28
Índice 00036 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 42_MemorialWeb_Anexos-
OP1419JHONMEHECHA(.pdf) NroActua 36.
29
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4, págs. 50 y siguientes.

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dieciocho (18) de junio de dos mil doce (2012), y del veintiséis (26) de noviembre
de dos mil trece (2013), a la fecha del retiro, con fundamento en los artículos 36 a
38 del Decreto 1042 de 1978, y “acorde con la prueba documental allegada al proceso,
liquidadas con base en el factor hora que resulte de dividir la asignación básica mensual sobre el
número de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral (190)”; (ii) pagar al actor el reajuste

de los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos, laborados durante
el período señalado supra, “empleando para el cálculo de los mismos el factor de 190 horas
mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no 240, y pagar las diferencias que
resulten a favor del demandante, entre lo pagado por el Distrito y lo que debió pagarse por tales
conceptos como resultado del reajuste”; y (iii) reliquidar las cesantías, teniendo en cuenta

el valor de aquellas reconocidas y pagadas en las mismas fechas indicadas, “ con el
valor que surja por concepto de las horas extras y dominicales y feriados, como consecuencia de la
reliquidación”. Aunado a ello, se ordenó a la accionada el cumplimiento de la sentencia

en los términos consignados en los artículos 187 y 192 del CPACA.

43. El señor Jhon Jairo Mahecha Fajardo promovió demanda ejecutiva, en orden a
que se librara mandamiento por la suma de $6.339.87730, como valor pendiente por
sufragarse, al advertir que la entidad realizó un pago parcial por $12.951.034,
debiendo asumir el equivalente a $19.920.911, cifra que sustentó así:

Horas extras diurnas $8.980.113
Reliquidación recargos 35% $950.418
Reliquidación recargos 200% $1.495.113
Reliquidación recargos 235% $1.392.194
Reliquidación cesantías $907.127
Total (sin indexar) $13.717.965
Indexación $5.572.946
Total (indexado) $19.920.911

44. En la sentencia objeto del recurso de apelación, proferida dentro del proceso
ejecutivo de la referencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, declaró no probada la excepción de pago formulada por
la entidad, al tiempo que rechazó por improcedentes los demás medios exceptivos
alegados. En su lugar, ordenó seguir adelante con la ejecución a favor del señor
Mahecha Fajardo, y en contra de la entidad, por la suma de $2.020.841,73 como
saldo insoluto del capital reclamado (siendo $14.971.875,73 el capital causado a la
fecha de ejecutoria de la sentencia, y $12.951.034 el valor sufragado por la entidad),
y, a su vez, por el valor de $1.333.714,55, por concepto de intereses moratorios.

30
Suma relacionada en el acápite de pretensiones de la demanda ejecutiva.

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45. Para el cálculo de los intereses, el A-quo tuvo en cuenta que: (i) la sentencia
cobró ejecutoria el cinco (5) de marzo de dos mil veinte (2020); (ii) la petición de
cumplimiento se presentó el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020),
es decir, con posterioridad a los tres (3) meses previstos en la ley; (iii) por ello, se
reconocerían los intereses a la tasa DTF por los primeros diez (10) meses, desde el
seis (6) de marzo de dos mil veinte (2020), día siguiente a la ejecutoria, hasta el seis
(6) de junio de dos mil veinte (2020), fecha de vencimiento de los tres (3) primeros
meses, y desde el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020), fecha de
presentación de la solicitud de cumplimiento, hasta el seis (6) de enero de dos mil
veintiuno (2021), fecha de vencimiento de los diez (10) meses, y a una tasa
comercial desde el siete (7) de enero del mismo año, día siguiente al vencimiento
de los diez (10) meses, hasta el diez (10) de mayo de dicha calenda, día anterior al
pago parcial, sobre la suma de $14.971.875.73 (capital causado a la ejecutoria).

46. Inconforme con la decisión anterior, la entidad ejecutada interpuso el recurso de
apelación, medio de impugnación que se sustentó en los siguientes motivos de
inconformidad, a saber: (i) el alegado error en la valoración de las pruebas y la
vulneración del debido proceso, derivado de haberse omitido -a juicio de la
recurrente- los comprobantes de pago, las planillas de nómina y el reporte de
novedades administrativas; (ii) el error en la aplicación del régimen de intereses
moratorios; y (iii) la inexistencia de obligación ejecutiva por el pago ya efectuado.

47. Para efectos metodológicos, la Sala procederá con el estudio de los reparos
esgrimidos por la entidad, en el orden en que fueron relacionados en la alzada.

2.5.1. Sobre el error en la valoración de las pruebas y el debido proceso.

48. En este punto, la entidad recurrente sostuvo que se valoraron en indebida forma
los elementos de juicio allegados al plenario, para lo cual arguyó que el A-quo
desconoció el valor probatorio de la Resolución Nº. 195 del seis (6) de mayo de dos
mil veintiuno (2021), así como, los comprobantes de pago, las planillas de nómina
y el reporte de novedades administrativas, las cuales alega que no se tuvieron en
cuenta. Aseveró, además, que el Tribunal se limitó a reiterar su propia liquidación.

49. En aras de resolver el primer problema planteado, la Sala empieza por referirse

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a lo dispuesto en la providencia base de recaudo. En dicha oportunidad, el juez de
primer grado analizó los requisitos previstos en el Decreto 1042 de 1978 y encontró
acreditado que el señor Mahecha Fajardo, como miembro del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia de la Dirección de la Cárcel Distrital, trabajó jornadas de veinticuatro
(24) horas de labor, por veinticuatro (24) horas de descanso, que explicó así: “ jornada
laboral que incluye horas diurnas y nocturnas, alternando en una semana 4 días de trabajo (semana
1) y 3 de descanso, y en la semana siguiente, 3 días de labor (semana 2) y 4 de descanso, por lo
que en la primera semana en mención laboraba 96 horas (24*4) y en la otra 72 (24*3), lo que arroja
un promedio de 360 horas laboradas en el mes, superando de esta forma la jornada ordinaria legal
de 44 horas semanales que equivalen a 190 horas mensuales. Así las cosas, el demandante trabajó
360 horas mensuales por el sistema de turnos (24 x 24) y si la jornada ordinara es de 190 horas
mensuales, entonces aquél laboró 170 horas adicionales a la jornada ordinaria, es decir, tiempo
extra, horas de las cuales sólo se pueden pagar en dinero 50 horas extras al mes, de conformidad
con los límites establecidos por el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978 ”.

50. En tal virtud, atendiendo a las disposiciones del Decreto 1042 de 1978, y a las
pruebas incorporadas al proceso -ordinario-, el Tribunal efectuó la liquidación del
trabajo suplementario, recargos y demás conceptos, en los siguientes términos:

Liquidación para el período comprendido entre febrero y diciembre de 2010

Liquidación para el período comprendido entre enero y diciembre de 2011

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Liquidación para el período comprendido entre enero y junio de 2012

51. A través del memorial31 del veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro
(2024), la entidad ejecutada remitió, con destino a este proceso, la certificación de
salarios devengados, con la relación de horas totales laboradas al mes (día y
noche), recargos nocturnos pagados al 35%, dominicales y festivos diurnos
pagados al 200%, dominicales y festivos nocturnos pagados al 235%, horas extras
del 175% y 275%, y el total de tiempo suplementario. La información consignada en
las certificaciones se acompasa con aquella que el juez ordinario tuvo en cuenta.

(…)

31
Índice 00027 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
27RECIBEMEMORIAL_120244100451911_0000(.pdf) NroActua 27

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(…)

52. Mediante la Resolución Nº. 0195 del seis (6) de mayo de dos mil veintiuno
(2021)32, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C.
dio cumplimiento a la sentencia del catorce (14) de enero de dos mil dieciséis
(2016)33, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y a la sentencia
del trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020)34, mediante la cual, esta Sala de
Subsección confirmó la providencia anterior, que accedió a las pretensiones de la
demanda. En el citado acto administrativo, la entidad estimó el total de horas extras
y recargos en $9.077.811; las cesantías en $1.016.488; los intereses a las cesantías
en $121.979; y la indexación de tales conceptos en $4.629.038, sumas a las que se
les descontaron los respectivos valores en salud y pensión (equivalentes a
$1.894.281), para un total a pagar -en criterio del ente ejecutado- de $12.951.034.

53. Para realizar la respectiva liquidación, en la Resolución de la referencia no se
acudió a una relación precisa y detallada de los recargos, el trabajo suplementario
y compensatorios reconocidos -o por reconocer- para el período reclamado. Incluso,

32
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4, págs. 78 y siguientes.
33
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4, págs. 18-44.
34
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4, págs. 50 y siguientes.

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no pasa inadvertido que, con el escrito de contestación, la entidad ejecutada aportó:
(i) las órdenes de pago Nº. 1418 y Nº. 1419, del veinte (20) de mayo de dos mil
veintiuno (2021), por el valor total de $12.951.03435; (ii) así como un documento de
Excel36 contentivo de los cálculos efectuados por la entidad, en el que se observa,
en la hoja denominada “liquidación”, que el valor total a favor del señor Jhon Jairo
Mahecha Fajardo, quien se desempeñó como “guardián, código 485, grado 15”, asciende
a $17.965.363 por todo el período analizado (2,312 días liquidados, desde febrero
de 2010, hasta diciembre de 2017, con algunas interrupciones), menos los valores
compensatorios pagados en el dos mil once (2011), por el monto de $3.120.048, y
los descuentos en seguridad social por $1.894.281, para un total de $12.951.034.

53.1. Al contrastar el total de horas laboradas, las horas extras (diurnas y
nocturnas), y los recargos discriminados en el documento en cita, con aquellos
efectivamente certificados por la dirección de talento humano del Distrito Capital de
Bogotá, para el período comprendido entre febrero de dos mi diez (2010) y mayo de
dos mil doce (2012), se observan notorias diferencias, puesto que, para el cálculo,
se consideraron menos horas que aquellas que fueron certificadas por la entidad.

54. Ahora bien, en el marco del proceso ejecutivo, el señor Mahecha Fajardo solicitó
la diferencia del capital que debió pagar la entidad, “ correspondiente al período
comprendido entre el 1º de marzo de 2010 al 31 de mayo de 2012 ”. En el auto que libró

mandamiento de pago, y en la sentencia que ordenó seguir adelante con la
ejecución, el A-quo, para la determinación de los respectivos valores, tuvo en cuenta
las pruebas documentales que fueron incorporadas -con su valor legal- al dossier,
entre ellas, las certificaciones expedidas por la misma entidad accionada.

54.1. Producto de la valoración de los medios de convicción aportados, el Tribunal
encontró que: (i) por un lado, al ejecutante se le debía pagar la suma de $13.820.129
por concepto de recargos, trabajo suplementario y compensatorios, causados
desde marzo de dos mil diez (2010), hasta mayo de dos mil doce (2012); y (ii) por
el otro lado, la suma de $1.151.682,75, por concepto de la reliquidación de las
cesantías causadas en el período antes anotado, para un total de $14.971.875.
Ahora, como al actor se le hizo un pago parcial por $12.951.034, quedó un saldo

35
Índice 00036 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 43_MemorialWeb_Anexos-
OP1418JHONMEHECH(.pdf) NroActua 36.
36
Índice 00036 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 40_MemorialWeb_Anexos-
JhonJairoMahechaF(.xls) NroActua 36.

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insoluto de $2.020.841,73, al que se sumó el interés moratorio causado por
$1.333.714,55. En punto a la liquidación de los conceptos señalados, el Tribunal37
se valió de la información que reposa en las certificaciones aportadas, así:

(…)

55. Con base en lo expuesto, se evidencia que, contrario a lo argüido por la entidad
apelante, el juez de primera instancia sí tuvo en cuenta los comprobantes de pago,
las planillas de turnos, las certificaciones de salarios devengados y del total de horas

37
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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laboradas, así como la Resolución Nº. 0195 del seis (6) de mayo de dos mil veintiuno
(2021)38, elemento que, justamente, fue debidamente valorado, al punto de imputar
el pago parcial que allí se dispuso al total de las sumas reclamadas por el actor.

56. Aunque en el recurso de alzada la ejecutada incorporó una tabla con “novedades”
y “situaciones administrativas” que debían tenerse en cuenta para el período
comprendido entre febrero de dos mil diez (2010) y abril de dos mil diecisiete (2017),
lo cierto es que: (i) tales extremos temporales superan el tiempo de trabajo
suplementario -y demás conceptos- reclamados por el actor, el cual -fuerza insistir-
va desde el primero (1º) de marzo de dos mil diez (2010), hasta el treinta y uno (31)
de mayo de dos mil doce (2012); y (ii) en gracia de discusión, las certificaciones
valoradas, expedidas por la dirección de talento humano, ya contenían, en la
columna de “observaciones”, las novedades a tener en cuenta. Por ejemplo, en la del
año dos mil doce (2012), se precisó el período de vacaciones, así como la fecha de
retiro. Por tales razones, no son de recibo los argumentos esgrimidos por la entidad.

57. Aunado a ello, la Sala no observa que, en el curso del proceso, el Tribunal haya
desconocido los elementos que integran el núcleo esencial del debido proceso, en
perjuicio de la entidad, máxime, cuando: se ha observado la garantía al juez natural;
se han respetado las formas propias del proceso ejecutivo, sin pretermitirse etapas
esenciales del trámite; la entidad ha sido notificada en debida forma de las
providencias proferidas en su seno, y ha tenido la oportunidad de ejercer el derecho
de defensa y contradicción, de solicitar y aportar pruebas, de impugnar decisiones
motivadas y de desplegar sendas actuaciones en defensa de sus intereses.

58. Como corolario de lo anterior, la Sala considera que el primer reparo expuesto
en el recurso de apelación no tiene vocación de prosperidad.

2.5.2. Sobre la norma aplicable al caso concreto.

59. En la alzada, la entidad manifestó que: “el fallo apelado aplicó los artículos 192 y 195
del CPACA (Ley 1437 de 2011) para liquidar intereses moratorios, cuando lo correcto era aplicar el
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), que regía al momento de interposición de
la demanda ordinaria que dio lugar a la condena”. Este motivo de inconformidad tampoco

38
Índice 00004 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
2DEMANDADIGITAL_JHONJAIROMAHECHAFAJA(.pdf) NroActua 4, págs. 78 y siguientes.

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es de recibo para la Sala, por las razones que se pasan a explicar.

60. La Ley 1437 de 2011 o CPACA entró en vigor el dos (2) de julio de dos mil doce
(2012). La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el actor,
tramitada dentro del Rad. Nº. 25000234200020130581600(01), que concluyó con
las sentencias base de recaudo, se radicó en el dos mil trece (2013), esto es, bajo
la égida de las reglas del referido estatuto procesal. Lo propio ocurrió con la
demanda ejecutiva, la cual se presentó -y tramitó- en vigencia del CPACA.

61. Esta Sala de Subsección, en sentencia del doce (12) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024)39, precisó que, si la condena se impuso en vigencia del CCA, los
intereses se deberán calcular hasta el momento del pago al tenor de este último.
Además, reiteró lo señalado por la Subsección “A”, en la sentencia del treinta y uno
(31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)40, en la cual se indicó que:

“Pues bien, la Subsección no comparte que el régimen de los intereses moratorios deba
definirse a partir de las normas que se encuentren vigentes durante su causación, por cuanto
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 determinó que aquel código solo se aplicaría a los
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada de su vigencia y que los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la Ley 1437 de 2011 seguirían rigiéndose y culminarían de
conformidad con el régimen jurídico anterior, esto es, el CCA.

Lo anterior, debido a que el sentido de la norma de transición del artículo 308 era claro: las
disposiciones del CPACA -que incluyen la regulación de los intereses de mora- rifen los
procesos nuevos, lo que comprende la sentencia y sus efectos; en cambio, las normas del
CCA rigen los procesos anteriores, lo que también incluye la sentencia y sus efectos. Por
tanto, si el régimen de intereses de mora es diferencial en ambos estatutos, así mismo se
aplicarán según la normativa que rigió el proceso. Asimismo, es improcedente combinar los
regímenes de intereses de ambos estatutos -lo que sucedería cuando el pago de una
sentencia dictada en un proceso regido por el CCA termina cubierta por la norma de intereses
del CPACA-, porque esta mixtura no hace parte de la filosofía con que el artículo 308 de la
Ley 1437 separó las dos normativas, independientemente de los efectos, positivos o
negativos, que ello genere para el deudor.

De esta manera, se cambia la posición que hasta el momento se ha venido
desarrollando sobre el régimen de los intereses moratorios a través de la teoría de la
causación, con el objeto de señalar que debe acudirse a la fecha de instauración de la
demanda ordinaria que dio origen al proceso ejecutivo, para determinar cuál es la
normativa aplicable en dicho sentido, esto es, si fue presentada antes o después de la
vigencia del CPACA. En otros términos, si la demanda ordinaria se instauró antes de la
entrada en vigencia del CPACA, los intereses moratorios que corresponde liquidar en
el proceso ejecutivo son aquellos que el artículo 177 del CCA, pero si esta fue
interpuesta después de la entrada en vigencia del CPACA, los intereses moratorios
son los del artículo 195 del CPACA”.

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de
septiembre de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2016-05857-01 (2999-2021).
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 31 de agosto
de 2023, Radicación 25000-23-42-000-2017-01449-02 (3101-2022).

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62. Dicho lo anterior, al amparo de la teoría de la causación, según la cual debe
acudirse a la fecha de presentación de la demanda ordinaria que dio origen al
proceso ejecutivo, para determinar cuál es la normativa aplicable en dicho sentido,
esto es, si fue presentada antes o después de la vigencia del CPACA, se tiene que,
en el caso de autos, la condena fue impuesta en vigencia de dicho Código, motivo
por el cual, las disposiciones que gobiernan la causación de intereses son las
contenidas en los artículos 192 y 195 ibidem, y no las del 177 del CCA. En esa línea,
no es cierto, como equivocadamente lo censuró la entidad, que el régimen aplicable
era el del CCA y que, en tal virtud, debía subsanarse el “error de derecho” advertido.

2.5.3. Sobre el pago total de la obligación.

63. La entidad apelante alegó que, a través de la Resolución Nº. 0195 del seis (6)
de mayo de dos mil veintiuno (2021), efectuó el pago total de la obligación, derivada
de las sentencias que constituyen el título ejecutivo. Anotó que: “ la insistencia en
continuar con la ejecución desconoce la eficacia del acto administrativo de cumplimiento y conduce
a una doble ejecución sobre los mismos hechos, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica ”.

64. La Sala reitera que, para que la excepción de pago promovida en el curso del
proceso ejecutivo prospere, es necesario que la entidad interesada despliegue las
conductas procesales necesarias, y aporte los medios de convicción conducentes,
pertinentes y útiles, para acreditar que ha cumplido con las obligaciones inherentes
a la ejecución. En tal sentido, resulta claro que, de acuerdo con lo normado por el
artículo 167 del CGP, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” , principio que debe atenderse en la

presente actuación, y sobre la cual esta Sala de Subsección ha establecido 41:

“(…) 87. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla en
su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los intereses
cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil 42.

88. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor debe
aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis que ha
prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de septiembre de
2021, en la cual se consideró lo siguiente 43: «De lo expuesto la Sala no puede concluir nada
distinto a que la deuda sigue pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los
aludidos actos administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales,
no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el pago total, pues

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 30 de mayo de
2024; expediente 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.
42
«Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención
contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda comprende el de los
intereses e indemnizaciones que se deban.»
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).

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de los argumentos de su apelación no se puede extraer que la obligación esté plenamente
satisfecha ante la liquidación efectuada por el a quo.»

89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la obligación recae
exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del CPACA y 167 del Código
General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen
funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las
cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y, también que «incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.”

65. En el sub judice, el acto administrativo aportado por la entidad ejecutada no
permite colegir que se hayan cumplido a cabalidad las sentencias base de recaudo,
habida cuenta que: (i) como se expuso en renglones precedentes, la liquidación del
tiempo suplementario a favor del actor no se acompasa con la información que
reposa en las certificaciones, planillas y constancias expedidas por la entidad, ni
atiende, en sentido estricto, a lo ordenado por el juez de la nulidad y el
restablecimiento del derecho; (ii) y, de acuerdo con los elementos de juicio
incorporados, no obra prueba del pago de los intereses causados.

66. En la sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)44, esta
Sección reafirmó que, “la excepción de pago total de la obligación, exige una prueba plena e
inequívoca del cumplimiento integral del título ejecutivo, lo cual implica demostrar no solo la
expedición de actos administrativos de cumplimiento, sino la efectiva cancelación de todas las sumas
ordenadas, conforme a los parámetros definidos por el juez de conocimiento ”. Así pues, la Sala

concluye que la excepción de pago que se invoca, no se encuentra demostrada y,
en esa medida, los argumentos de la apelación no tienen la aptitud suficiente que
conduzca a revocar el fallo de instancia y, de suyo, para impedir que se siga
adelante con la ejecución, como en efecto lo dispuso el juez de instancia.

67. Para la Sala, no pasa inadvertido que, a través de la pluricitada Resolución Nº.
0195 del seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021), esto es, antes de iniciado el
proceso ejecutivo, la entidad demandada reconoció -y pago- $12.951.034, los
cuales, si bien no configuran un pago total, de la obligación, constituyen un pago
parcial que deberá ser tenido en cuenta al momento de liquidarse el crédito.

68. Sobre este particular, se impone recordar que, con arreglo a lo señalado en la
sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), proferida por esta

44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 29 de enero
de 2026, Rad. 73001-2333-000-2021-00322-01 (5285-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Sala de Subsección45, las excepciones señaladas en el artículo 442 del CGP sólo
se alegarán cuando se trate de hechos posteriores a la sentencia condenatoria, pero
antes de proferirse el mandamiento ejecutivo. En la providencia en comento, se
hicieron las siguientes precisiones: (i) la excepción de pago procederá cuando la
obligación se cumplió después de haberse proferido la sentencia objeto de recaudo,
y antes de la presentación de la demanda; (ii) cuando se trate de pagos realizados
después de esa etapa procesal, se deberá tomar como un abono; y (iii) nada impide
que en la liquidación del crédito se puedan efectuar los respectivos descuentos.

69. Vistas así las cosas, es claro que, aunque no se configuró la excepción de pago
total, sí es dable sostener que, previo al mandamiento ejecutivo, la entidad efectuó
un pago que deberá tenerse en cuenta al proseguirse con la liquidación del crédito.

2.5.3. Sobre la necesidad de realizar una nueva liquidación del crédito.

70. Pese a que no se erige como un reparo autónomo del recurso de apelación, la
entidad hizo énfasis en la necesidad de adelantar una nueva liquidación del crédito
“que incorpore las novedades administrativas y la documentación de soporte aportada que se
encuentra dentro del expediente”. Frente a ello, esta Sala debe advertir que la naturaleza

de esta decisión se circunscribe a verificar que el título ejecutivo se ajuste a la
legalidad, y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo del deudor, pues, es
en una etapa subsiguiente, es decir, la de liquidación del crédito, en la que se
determinará con exactitud el monto de la deuda, así como los pagos efectuados.

71. Así lo ha entendido la Corte Constitucional46, al precisar que, en la etapa de
liquidación: (i) ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que se ha señalado
la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide en el fondo
sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo exigible;
y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad
monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Por lo tanto, “las operaciones que
restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional, si es el
caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir del tiempo trascurrido desde

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 30 de mayo
de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
46
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-814 de 2009.

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que la obligación se hizo exigible (…)”. De igual manera, esta Sala de Subsección47 ha

sostenido que la liquidación del crédito es “un acto procesal encaminado a precisar y
concretar el valor de la ejecución, con la previa realización de las operaciones matemáticas que se
requieran e incluyendo los distintos ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de
pago y luego se ordenó seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-”.

72. Como colofón, la Sala aclara que, para resolver el recurso de apelación, no se
erige como presupuesto la realización de una nueva liquidación del crédito en los
términos señalados, comoquiera que, dicha etapa es ajena a esta instancia.

73. Siendo así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por
medio de la cual, se ordenó seguir adelante con la ejecución.

2.6. Conclusiones.

74. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
concluye que, los argumentos esgrimidos por la entidad accionada en el recurso de
apelación no tienen vocación de prosperidad, toda vez que: (i) no se acreditaron
irregularidades en la valoración probatoria, ni se demostró la alegada vulneración al
debido proceso; (ii) no se configuró un error al aplicar las disposiciones del CPACA
en materia de causación de intereses; y (iii) no se acreditó el pago total de la
obligación derivada de las sentencias base de recaudo. Por los motivos expuestos,
se confirmará la sentencia apelada, que ordenó seguir adelante con la ejecución.

2.7. Condena en costas.

75. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

47
Citado en la sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,
sentencia del 12 de septiembre de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2016-05857-01 (2999-
2021);

31

Número Interno: 3413-2025
Demandante: Jhon Jairo Mahecha Fajardo
Demandada: Bogotá D.C. – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR integralmente la sentencia del once (11) de agosto de dos
mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “A”, mediante la cual, se ordenó seguir adelante con
la ejecución, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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