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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00322-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00322-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la providencia del quince (15) de Junio de Dos Mil Veintitrés (2023), dictada por el Tribunal Administrativo de Tolima, por medio de la cual, se declaró no probada la excepción de “pago total de la obligación”, y se ordenó no seguir adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR, el numeral quinto de la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva. Número Interno: 5825-2025 Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores Demandada: UGPP TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias. CUARTO: Por SECRETARÍA, ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00322-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026).

Radicado : 73001-2333-000-2021-00322-01 (5285-2023)1
Demandante : María Edilma Villada de Marín (q. e. p. d), sucesores2
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP3
Medio de control : Ejecutivo
Tema : Reliquidación de la pensión post mortem - Excepción de no
pago total de la obligación
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por el ejecutado, contra la providencia
del Quince (15) de Junio de Dos Mil Veintitrés (2023), dictada por el Tribunal
Administrativo de Tolima, por medio de la cual, se declaró no probada la excepción de
«pago total de la obligación» y ordenó seguir adelante la ejecución.

I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda4

1.1.1 Hechos

La demandante, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra
de la UGPP, para que se declarara la anulación de los siguientes actos administrativos:

• Resolución N°. RDP 050596 del Treinta (30) de noviembre de Dos Mil Quince
(2015), por medio de la cual, la UGPP negó la reliquidación de la pensión de vejez

1
Expediente electrónico
2 samai, actuaciones del tribunal de origen, indice 44. El Tribunal resuelve la sucesión procesal
3
En adelante, UGPP.
4
Samai, actuaciones del tribunal de origen, indice 20

Número Interno: 5825-2025
Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

post mortem, siendo beneficiaria la señora MARÍA EDILMA VILLADA DE MARIN
(q. e. p. d)
• Resoluciones números RDP 002258 del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil
Dieciséis (2016) y RDP 008744 del Veintiséis (26) de febrero Dos Mil Dieciséis
(2016), mediante las cuales, la entidad demandada resolvió respectivamente, los
recursos de reposición y apelación interpuestos por la demandante en contra de
la resolución primigenia, confirmándola en todas sus partes, en concordancia con
los planteamientos expuestos en parte precedente.

A título de restablecimiento, solicitó: i) la reliquidación del ingreso base de liquidación de
la primera mesada pensional que debe recibir la beneficiaria, calculándose la cuantía en
el equivalente al 75%, de todos los factores salariales devengados por el causante, señor
LUIS CARLOS MARÍN CRUZ, durante su último año de servicios, comprendido entre el
Primero (1) de Enero al Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y
Cuatro (1994). ii) una vez reliquidada se condene a la UGPP a pagar la diferencia entre
lo pagado y lo que ha debido pagar, desde el Cuatro (4) de Julio de Dos Mil Once (2011),
hasta cuando se efectúe el pago reajustado de la pensión de sobreviviente, en el
porcentaje y periodo reconocido por la entidad accionada a la demandante; iii) y, pago de
los intereses por mora, previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

El Tribunal Administrativo de Tolima, mediante sentencia del Veintiséis (26) de
SEPTIEMBRE de Dos Mil Diecisiete (2017), accedió a las pretensiones y declaró la
nulidad total de todos los actos demandados y, ordenó a la UGPP, indexar la primera
mesada pensional de la actora y a reliquidar su pensión de vejez, teniendo en cuenta el
75% de todos los factores salariales, devengados en el último año de servicios por su
difunto esposo, señor LUIS CARLOS MARÍN CRUZ (q.e.p.d.), esto es, entre el Primero
(1) de Enero y el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994), incluyendo entonces, la asignación básica, las horas extras, el valor por feriados,
la prima de alimentación, los gastos de representación, la prima técnica y las
correspondientes doceavas (1/12) partes de la prima semestral, la prima de vacaciones
y la prima de navidad; así como, pagar las diferencias que resulten de tal operación
debidamente actualizadas.

Además, de aplicar los ajustes de ley pertinentes, efectuar los descuentos
correspondientes al sistema de seguridad social y cumplir la providencia conforme al
artículo 192 del CPACA, con imposición de costas.

Número Interno: 5825-2025
Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

La citada providencia, fue confirmada parcialmente por la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado, a través de la sentencia del nueve (09) de Julio de Dos Mil
Veinte (2020), modificándose el numeral 4 de la sentencia de primera instancia:

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, a reliquidar la pensión de sobrevivientes a la señora MARIA
EDILMA VILLADA DE MARÍN, teniendo en cuenta el 75% del salario promedio devengado en los
últimos nueve meses de servicios por su difunto esposo señor LUIS CARLOS MARIN CRUZ, esto
es, con la inclusión de la asignación básica, gastos de representación, prima técnica, remuneración
por trabajo dominical o festivo y horas extras en jornada nocturna, en consonancia con las razones
expuestas en la parte motiva de estas sentencia »

1.1.2 Pretensiones

La parte actora promovió proceso ejecutivo contra la UGPP, con el propósito de obtener
el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Tolima, mediante
sentencia del Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), y confirmada
parcialmente el nueve (09) de Julio de Dos Mil Veinte (2020), por la Subsección A, de la
Sección Segunda, del Consejo de Estado.

Solicitó librar mandamiento de pago, por:

• La condena impuesta consistente en la reliquidación de la pensión de
sobrevivientes de la señora MARÍA EDILMA VILLADA DE MARÍN, debidamente
indexada, teniendo en cuenta el 75% del salario promedio devengado en los
últimos nueve meses de servicios, por su difunto esposo señor LUIS CARLOS
MARÍN CRUZ, esto es, con la inclusión de la asignación básica, gastos de
representación, prima técnica, remuneración por trabajo dominical o festivo y
horas extras en jornada nocturna. La primera mesada pensional, debidamente
indexada, deberá cifrarse en la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 ($1.215.934).

• Las diferencias existentes entre lo pagado y debido pagar, de acuerdo a lo
ordenado en el ordinal quinto de la providencia condenatoria, desde el Nueve (9)
de Octubre de Dos Mil Doce (2012), hasta el día en que se incorpore en la mesada
pensional el respectivo reajuste, sumas que deberán ser actualizadas. Esta
pretensión, liquidada a la fecha de ejecutoria del fallo (30 de septiembre de 2020),
se estima en la cuantía de $78.799.598,80.

Número Interno: 5825-2025
Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

• Los intereses moratorios, por el pago tardío de las diferencias surgidas entre lo
pagado y lo debido pagar, como consecuencia de la inclusión de factores
salariales adicionales, calculados al DTF, conforme al artículo 192 del CPACA, a
partir del Primero (1) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020) «día siguiente a la
ejecutoria», hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de Dos Mil Veintiuno (2021) «fecha

en que se cumplieron los 10 meses». Esta pretensión se estima en la suma de

$1.397.342,56.

• Los intereses moratorios liquidados sobre el capital pendiente de pago, desde el 1º
de agosto de 2021, los cuales, se determinan de acuerdo a lo establecido en el
numeral 4 del artículo 195 del C.P.A.C.A., y que se seguirán causando hasta el pago
total de la obligación.

• Las diferencias que se han seguido causando, desde el 1º de octubre de 2020 (día
posterior a la ejecutoria del fallo de segunda instancia) y hasta cuando se incluya en
nómina de pensionados, el valor de las diferencias adeudadas, junto con los
respectivos intereses de mora.

– Las costas liquidadas en primera instancia y por las que debe ser condenada la
parte ejecutada, por el presente asunto.

1.2 Mandamiento de pago5

El Tribunal Administrativo de Tolima, mediante providencia del Catorce (14) de Diciembre
de Dos Mil Veintiuno (2021), dispuso librar mandamiento ejecutivo a favor de la señora
María Edilma Villada de Marín (q.e.p.d) y en contra de la UGPP, a fin de dar cumplimiento
a las órdenes judiciales.

En efecto determinó que, la condena impuesta, ordena la reliquidación de la pensión de
sobrevivientes de la señora María Edilma Villada de Marín, tomando como base el 75 %
del salario promedio devengado por el causante en los últimos nueve meses de servicio,
con la inclusión de todos los factores salariales legalmente procedentes, como asignación
básica, gastos de representación, prima técnica, remuneración por trabajo dominical o

5
Samai, actuaciones del tribunal de origen, índice 4

Número Interno: 5825-2025
Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

festivo y horas extras nocturnas. En virtud de ello, la primera mesada pensional indexada
se fija en la suma de $1.215.934,50.

Asimismo, ordenó el pago de las diferencias, entre lo efectivamente cancelado y lo que
debió pagarse, desde el 9 de octubre de 2012, hasta la incorporación del reajuste en la
mesada pensional, valores que deberán ser actualizados conforme a la fórmula
establecida en la sentencia. A la fecha de ejecutoria del fallo (30 de septiembre de 2020),
dichas diferencias ascienden a $78.799.598,80, previa aplicación de las deducciones
legales por aportes al sistema de salud y pensiones.

Igualmente, condenó al pago de intereses moratorios por el pago tardío de dichas
diferencias: inicialmente, conforme a la DTF y al artículo 192 del CPACA, desde el
Primero (1) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020), hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de
Dos Mil Veintiuno (2021), por un valor estimado de $1.397.342,56, y posteriormente, a
partir del Primero (1) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), de acuerdo con lo previsto
en el artículo 195 del CPACA, hasta la cancelación total de la obligación.

Finalmente, ordena el pago de las diferencias que continúen causándose, desde el
Primero (1) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020), hasta la inclusión definitiva en nómina
del valor adeudado, junto con los intereses de mora correspondientes, así como, el pago
de las costas procesales, fijadas en primera instancia y las derivadas del presente trámite.

1.3 Contestación de la demanda6

Dentro del término de traslado de la demanda, la UGPP se opuso a las pretensiones y
propuso la excepción de pago total de la obligación. Señaló que, dio cumplimiento a los
fallos judiciales, mediante la Resolución No. RDP 028622 del diez (10) de diciembre de
dos mil veinte (2020), por medio de la cual, reliquidó la pensión de vejez post mortem,
causada con ocasión del fallecimiento del señor Luis Carlos Marín Cruz, fijándola en la
suma de $728.110, con causación a partir del veintiuno (21) de noviembre de dos mil
cuatro (2004), y efectos fiscales desde el nueve (9) de octubre de dos mil doce (2012),
en aplicación de la prescripción trienal.

Indicó que, dicho acto fue dejado sin efectos, en virtud del principio de favorabilidad y en
cumplimiento de un fallo constitucional y que, mediante la Resolución No. RDP 11608 del

6
, samai, actuación tribunal de origen, índice 25

Número Interno: 5825-2025
Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se dispuso continuar pagando a la
ejecutante la suma de $1.558.430,57, conforme al historial de pagos del FOPEP.

Precisó que, la prestación causada en vida por el causante, fue liquidada en dos
oportunidades, inicialmente por $358.000 y posteriormente por $769.690,09, ambas con
efectos, desde el Veintiuno (21) de noviembre de Dos Mil Cuatro (2004). En ese sentido,
sostuvo que, la señora María Edilma Villada de Marín, actualmente percibe el valor total
de la mesada pensional y de la mesada inicial, razón por la cual, no procede un nuevo
ajuste en los términos solicitados.

Adujo que, según el historial del FOPEP, en agosto de dos mil veintiuno (2021), se pagó
la suma de $1.583.521,30 por concepto de mesada pensional y $681.565,70 por
diferencias reconocidas a favor de la ejecutante, motivo por el cual, no existen saldos
pendientes ni lugar al reconocimiento de intereses moratorios.

En consecuencia, la UGPP sostuvo que no hay lugar al pago de nuevas diferencias
pensionales bajo los parámetros fijados en la demanda ejecutiva. Asimismo, señaló que
no procede librar mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios, en la
medida en que, conforme al historial del FOPEP, se han cancelado en su totalidad los
emolumentos causados.

Finalmente, precisó que, verificados los certificados de factores salariales obrantes en el
expediente, en ninguno de ellos se registra suma alguna devengada por el causante
durante el año 1994 por concepto de gastos de representación y/o prima técnica. En tal
sentido, afirmó que el cumplimiento inicial del fallo primigenio se realizó con fundamento
en las pruebas aportadas por la parte interesada, teniendo en cuenta únicamente la
asignación básica y las horas extras.

1.4 Sentencia de primera instancia7

El Tribunal Administrativo de Tolima, mediante providencia del quince (15) de Junio de
Dos Mil Veintitrés (2023), declaró no probada la excepción de pago de la obligación y
ordenó seguir adelante con la ejecución, condenando en costas.

7
Samai, actuación del Tribunal de origen, índice 55.

Número Interno: 5825-2025
Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

Indicó el A-quo que, las providencias judiciales que sirven de base para la ejecución,
ordenaron de manera expresa a la UGPP: (i) indexar la primera mesada pensional del
causante, conforme al IPC, desde el Treinta (31) de Diciembre de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994), hasta el Nueve (9) de Mayo de Dos Mil Doce (2012); (ii)
reliquidar la pensión de sobrevivientes de la señora María Edilma Villada de Marín,
tomando como base el 75 % del salario promedio de los últimos nueve meses de servicio,
con inclusión de todos los factores salariales certificados (asignación básica, gastos de
representación, prima técnica, remuneración por trabajo dominical o festivo y horas extras
nocturnas); (iii) pagar de manera actualizada las diferencias causadas desde el nueve (9)
de Octubre de Dos Mil Doce (2012), hasta la incorporación del reajuste en la mesada; (iv)
efectuar las deducciones legales correspondientes; y (v) cancelar las costas procesales
impuestas.

No obstante, pese a que la beneficiaria solicitó el cumplimiento del fallo en noviembre de
2020 y aportó las certificaciones salariales correspondientes «incluidas las del año 1994», la
UGPP expidió la Resolución RDP 028622 del Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Veinte
(2020), en la cual, solo tuvo en cuenta la asignación básica y las horas extras, excluyendo
injustificadamente los demás factores salariales, aun cuando estos estaban debidamente
certificados por el empleador. Esta actuación produjo un resultado contrario al fallo
judicial, pues la mesada pensional no aumentó, sino que se redujo de $769.690 a
$728.110, vulnerando los derechos fundamentales de la beneficiaria al mínimo vital y a
la seguridad social, y desconociendo abiertamente las decisiones judiciales.

Dicha situación motivó la interposición de una acción de tutela, que fue resuelta
favorablemente por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito y confirmada por
el Tribunal, ordenándose dejar sin efectos la resolución de cumplimiento y mantener el
pago de la mesada, conforme a la Resolución 9231 de 2005, orden que fue acatada por
la UGPP.

En consecuencia, la Sala advirtió, que la UGPP no acreditó el cumplimiento efectivo del
fallo declarativo, pues, lejos de actualizar y reliquidar correctamente la prestación, utilizó
un acto administrativo de cumplimiento, para disminuir el valor de la mesada, omitiendo
la inclusión de factores salariales plenamente probados. Concluyó que, ello ha generado
diferencias económicas a favor de la ejecutante, desde el Nueve (9) de Octubre de Dos
Mil Doce (2012), las cuales, no han sido reconocidas ni pagadas, razón por la cual, no
prosperó la excepción de pago total de la obligación e impuso continuar con la ejecución

Número Interno: 5825-2025
Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

del crédito.

1.5 Recurso de apelación8

La parte ejecutada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, solicitando su revocatoria, al insistir que, se configuró el pago total de la
obligación. Para sustentar su inconformidad, reiteró los mismos argumentos expuestos
en el escrito de excepciones.

En efecto, afirma que dio cumplimiento a los fallos judiciales mediante la Resolución RDP
028622 de 2020, con la cual, reliquidó la pensión post mortem del señor Luis Carlos Marín
Cruz, fijándola en $728.110, con efectos fiscales desde el Nueve (9) de Octubre de Dos
Mil Doce (2012). Indicó que, dicho acto fue dejado sin efectos por favorabilidad y, en
cumplimiento de un fallo de tutela, se ordenó continuar pagando a la ejecutante, la suma
de $1.558.430,57, conforme al historial del FOPEP.

Sostuvo que, la prestación fue liquidada en dos oportunidades y que la beneficiaria
actualmente percibe el valor total de la mesada, sin que proceda un nuevo reajuste.
Señaló que, según el historial del FOPEP, se han cancelado las mesadas y diferencias
reconocidas, por lo que no existen saldos pendientes, ni intereses moratorios a su cargo.

Afirmó que, los certificados salariales del año 1994, no acreditan el pago de gastos de
representación ni prima técnica, razón por la cual, el cumplimiento inicial del fallo, se
efectuó únicamente con base en la asignación básica y las horas extra.

Por otra parte, la UGPP expone las limitaciones presupuestales a las que está sometida,
al carecer de recursos propios y depender de las apropiaciones del Presupuesto General
de la Nación. Explica que, el pago de sentencias y conciliaciones debe sujetarse a los
principios y procedimientos del régimen presupuestal, lo que impide efectuar
desembolsos inmediatos, cuando no existe disponibilidad presupuestal, sin que ello
pueda considerarse un incumplimiento. Este planteamiento se apoya en la jurisprudencia
constitucional, que ha reconocido la razonabilidad de establecer plazos y procedimientos
especiales para el cumplimiento de obligaciones a cargo del Estado.

8
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 59

Número Interno: 5825-2025
Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

Finalmente, la UGPP argumenta que, las sumas pagadas deben imputarse al capital y
no a los intereses, dado que, las reglas del Código Civil sobre imputación de pagos, no
son aplicables a las obligaciones del sistema de seguridad social, las cuales se rigen por
normas especiales y constitucionales que consagran la destinación específica de los
recursos pensionales. En consecuencia, advierte que, continuar con la ejecución
implicaría un doble pago por el mismo concepto y una indebida desviación de recursos
públicos.

Con fundamento en lo anterior, solicita que se declare probada la excepción de pago total
de la obligación, y que se revoque la decisión apelada, al considerar que la UGPP ha
cumplido cabalmente con las órdenes contenidas en el fallo objeto de ejecución.

1.6 Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del Dieciocho (18) de diciembre de
20239, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021, que modificó el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA)10, no se corrió traslado para alegar.

II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA11, en concordancia con lo previsto en el
artículo 15 del reglamento de esta Corporación12.

2.2 Problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos por el ejecutado, corresponde a esta
Subsección, en primera medida, determinar si le asiste razón al A-quo al haber declarado

9
Samai, índice 5.
10
Cabe anotar que, mediante auto de unificación del 12 de septiembre de 2023, M.P. Oswaldo Giraldo López, Exp. 11001 0315 000 2023 00857 00, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo estableció la siguiente regla de unificación: “El régimen aplicable para la procedencia y trámite del recurso
de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 2080 de 2021 contra una sentencia proferida en un proceso ejecutivo es el previsto en el artículo 247
del CPACA.”.
Samai 21
11
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
12
Contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

Número Interno: 5825-2025
Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

no probada la excepción de pago total de la obligación y, en consecuencia, ordenó seguir
adelante con la ejecución.

2.3 Marco jurídico

2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo

El proceso ejecutivo, busca «asegurar que el titular de una relación jurídica que crea obligaciones
pueda obtener, por medio de la intervención estatal, el cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a
ejecutar la prestación a su cargo, si ello es posible, o si no, conduciéndolo a que indemnice los perjuicios
patrimoniales que su inobservancia ocasionó»13.

El instrumento que sirve como base del recaudo en el proceso ejecutivo, se denomina
título ejecutivo, que se define como el «documento que representa una declaración de la voluntad
del juez o de las partes, es aquél que trae aparejada la ejecución, o sea, en virtud del cual cabe proceder
sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso, a fin de satisfacer el capital o principal
debido, más los intereses y costos»14.

Pues bien, el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que, constituyen título ejecutivo, las sentencias debidamente
ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante
las cuales, se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias; entre otros.

A su vez, el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil establece que, se «pueden
demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba
contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme
a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía
aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia (…)»

De esta norma se desprenden, por un lado, las características de la obligación, esto es,
que sea clara, expresa y exigible, por otro, que debe estar consignada en un documento
y, finalmente, que además de los documentos que provengan del deudor o causante, las

13
López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá: DUPRÉ Editores.
14
Carnelutti, Francesco. (1942). Instituciones del nuevo procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch.

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Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

sentencias de condena o cualquier otra providencia judicial con fuerza ejecutiva, son
títulos ejecutivos.

En cuanto a los atributos del título ejecutivo tenemos que, la obligación es expresa si se
encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una
interpretación normativa. Es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente
señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación. Y, es
exigible cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando
dependiendo de ellos ya se han cumplido15.

Así mismo, tenemos que esta Subsección en providencia del 30 de mayo de 202416,
dispuso que «cuando se pretende el cumplimiento de una obligación a cargo del Estado, el título
ejecutivo se constituye exclusivamente en la sentencia, no solo porque el artículo 297 del CPACA no
condicionó su integración con el acto administrativo de cumplimiento, sino además porque no se cumplen
con los requisitos para que pueda ser catalogado como título complejo, pues no existe una relación
inescindible entre estos para determinar su claridad y exigibilidad».

En ese contexto, una vez se allegan los documentos correspondientes y antes de dar
inicio al proceso ejecutivo, corresponde al juez verificar, si el título ejecutivo cumple con
los requisitos legales, esto es, contiene una obligación clara, expresa y exigible a cargo
del demandado.

2.3.2 La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago

Sobre la carga probatoria en los procesos ejecutivos que versen sobre obligaciones de
pagar sumas de dinero y en los cuales se formule la excepción de pago, esta subsección
ha sostenido que, para que «el juez pueda dar por acreditado dicho pago, el deudor debe aportar
pruebas que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tanto del capital como de los intereses cuando
exista retardo, no bastando con la expedición de los actos administrativos que den cumplimiento a lo
ordenado en los fallos judiciales»17.

En estos eventos, es la parte ejecutada, quien tiene la carga de la prueba respecto del
pago total de la obligación, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 del CGP, 103 del
CPACA y 1757 del Código Civil. Si no se demuestra el cumplimiento total de la obligación,

15
Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
16
C.E. Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 30 de mayo de 2024, C.P. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR, Radicación:
25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022)
17
Así quedó expuesto, entre otras, en la sentencia de fecha 30 de mayo de 2024, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar.

Número Interno: 5825-2025
Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

el juez deberá ordenar seguir adelante con la ejecución, en tanto el título ejecutivo
conserva su fuerza ejecutiva y el crédito permanece insatisfecho.

2.4 Análisis del caso concreto

En principio, el título ejecutivo en el presente proceso, está constituido exclusivamente
por las sentencias debidamente ejecutoriadas, proferidas el Veintiséis (26) de Septiembre
de Dos Mil Diecisiete (2017), por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Nueve (9) de
Julio De Dos Mil Veinte (2020), por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado, providencias que ordenaron de manera clara, expresa y exigible:

(i) la indexación de la primera mesada pensional;
(ii) la reliquidación de la pensión de sobrevivientes con base en el setenta y cinco
por ciento (75 %) del salario promedio de los últimos nueve (9) meses de
servicios del causante;
(iii) la inclusión de los factores salariales expresamente señalados en la parte
resolutiva, a saber: asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
remuneración por trabajo dominical o festivo y horas extras en jornada
nocturna;
(iv) el pago actualizado de las diferencias causadas desde el nueve (9) de octubre
de dos mil doce (2012); y
(v) la cancelación de los intereses moratorios y costas procesales.

Ahora bien, la UGPP sostiene haber dado cumplimiento a las órdenes judiciales
impartidas, mediante la expedición de las Resoluciones RDP 028622 del diez (10) de
Diciembre de Dos Mil Veinte (2020), RDP 11608 del Siete (7) de Mayo de Dos Mil
Veintiuno (2021) y 018020 del Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veintiuno (2021), con
ocasión de las cuales «según afirma» se efectuaron los pagos de la mesada pensional
debidamente indexados.

No obstante, la Sala advierte una imprecisión sustancial en tal afirmación. En efecto, la
Resolución RDP 028622 del Diez (10) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), a través
de la cual, la entidad manifestó haber acatado lo ordenado en las providencias judiciales,
liquidó la pensión de vejez únicamente con base en los factores de asignación básica y
horas extras. Dicho acto administrativo fue dejado sin efectos por orden judicial en sede
de tutela, al considerarse que la decisión adoptada vulneró los derechos fundamentales

Número Interno: 5825-2025
Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

al mínimo vital y al debido proceso de la beneficiaria, en tanto, redujo el valor de la
mesada pensional, en contravía de lo dispuesto por el juez ordinario.

Esta circunstancia, dio lugar a la expedición de la Resolución RDP 11608 del Siete (7) de
Mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), posteriormente modificada por la Resolución 018020
del Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veintiuno (2021), mediante las cuales, se ordenó
continuar pagando la mesada pensional en el monto que inicialmente venía percibiendo
la señora María Edilma Villada «de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 9231 de 2005 18»,
situación que, precisamente, dio origen a la presente demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, evidenciando así, el desacato de las órdenes impartidas en
el proceso declarativo.

En efecto, tal como lo advirtió el Tribunal de primera instancia, de los certificados de pago
reflejados en el historial del FOPEP, elaborados por la propia UGPP y allegados al
proceso por la parte ejecutada19 «en particular los relacionados con las Resoluciones 45514 del 9
de mayo de 2012; 11608 del 7 de mayo 2021; 28622 del 10 de diciembre de 2020; 15876 del 21 de junio
de 2022; 20979 del 19 de diciembre de 2011, los valores de liquidación y su indexación», no se

desprende que se hubiesen incorporado de manera completa, clara y verificable los
factores salariales expresamente ordenados en las sentencias judiciales, ni que se
hubiese efectuado una correcta determinación de la primera mesada pensional, ni de las
diferencias causadas. De hecho, no se evidencia, los valores efectivamente reconocidos
y pagados.

Vistas así las cosas, no se configura el pago total de la obligación, pues, se encuentra
demostrado que, al haberse dejado sin efectos la «Resolucion RDP 028622 del diez (10) de
diciembre de Dos Mil Veinte (2020)» persiste el incumplimiento de las providencias judiciales

proferidas, en el marco del proceso declarativo de nulidad y restablecimiento del derecho.

En este punto, resulta pertinente recordar que, la excepción de pago total de la obligación,
exige una prueba plena e inequívoca del cumplimiento integral del título ejecutivo, lo cual,
implica demostrar no solo la expedición de actos administrativos de cumplimiento, sino la
efectiva cancelación de todas las sumas ordenadas, conforme a los parámetros definidos
por el juez de conocimiento.

18
Proferida por la Jefe de la oficina Jurídica de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, fue decidido e recurso de reposición interpuesto por el señor
LUIS CARLOS MARIN CRUZ, en contra de la Resolución N°. 26331 del 05 de septiembre de 2005, modificándola, en el sentido que incrementó la
cuantía del monto de la mesada pensional a la suma de $796.690,99.- Información relacionada en la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2017
emitida por el Tribunal Administrativo de Tolima. Samai, actuación del Tribunal de origen, índice 55,- archivo 006Anexos demanda, pagina 8
19
Samai, índice 59 del Tribunal de origen

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Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

• Sobre la alegada limitación presupuestal como justificación del
incumplimiento

La Sala no acoge el argumento de la UGPP según el cual, las limitaciones presupuestales
justifican el incumplimiento del pago ordenado judicialmente. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa ha sido reiterada en señalar
que, la falta de disponibilidad presupuestal no constituye una excusa válida para eludir o
diferir el cumplimiento de sentencias que reconocen derechos laborales y pensionales,
los cuales, tienen una especial protección constitucional por su estrecha relación con el
mínimo vital y la seguridad social.

La Sala considera que, el ordenamiento prevé procedimientos para la programación
presupuestal del pago de condenas contra el Estado, tales mecanismos no pueden
desnaturalizar ni condicionar la efectividad del derecho reconocido, ni eximir a la entidad
condenada de su obligación de dar cumplimiento integral y oportuno a las providencias
judiciales ejecutoriadas.

En consecuencia, la invocación genérica de restricciones presupuestales por parte de la
UGPP, no desvirtúa la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, ni acredita
el pago total de la condena impuesta, razón por la cual, dicho argumento no resulta de
recibo para efectos de la excepción propuesta.

• Imputación de pagos directamente a capital

Respecto a este planteamiento, el ejecutado tiene razón en punto a que, no se puede
aplicar el artículo 1653 del Código Civil, bajo la regla jurisprudencial adoptada por la
Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia del 30 de mayo del 2024, al interior del
expediente 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022), consejero ponente, Juan
Enrique Bedoya, pues, las pretensiones son de contenido pensional. Expresa la regla:

«[…] la Sala considera que por la naturaleza de los recursos que se destinan al pago de las
condenas pensionales, el marco normativo presupuestal de las entidades y los abonos que
provengan del Sistema General de Pensiones deben dirigirse exclusivamente a satisfacer la
obligación por concepto de mesadas e indexación.»

Acorde con lo anterior, todo abono se aplicará directamente a capital, sin que ello,
implique un doble pago por el mismo concepto y una indebida desviación de recursos

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Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

públicos, pues el A-quo no manifestó ni expuso que, en caso de abono, se destinaría
primero a intereses.

• Consideraciones finales

En el presente caso, la UGPP no logró desvirtuar la existencia de diferencias económicas
a favor de la parte ejecutante, ni acreditó que los pagos efectuados, se ajustaran
estrictamente a lo ordenado en las providencias judiciales.

Así las cosas, la Sala concluye que, no se encuentra acreditado el pago total de la
obligación, razón por la cual, la excepción propuesta no está llamada a prosperar. En
consecuencia, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima, que
declaró no probada la excepción de pago total de la obligación y ordenó seguir adelante
con la ejecución.

2.5 Condena en costas

No habrá lugar a la condena en costas en ninguna de las instancias, puesto que, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues no se demostró
temeridad ni mala fe por la parte vencida. En consecuencia, se revocará el numeral quinto
del fallo apelado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la providencia del quince (15) de Junio de Dos
Mil Veintitrés (2023), dictada por el Tribunal Administrativo de Tolima, por medio de la
cual, se declaró no probada la excepción de “pago total de la obligación”, y se ordenó no
seguir adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: REVOCAR, el numeral quinto de la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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Demandante: María Edilma Villada de Marín-sucesores
Demandada: UGPP

TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.

CUARTO: Por SECRETARÍA, ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen, para lo de su cargo, previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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