Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00702-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00702-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-00702-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 68001-23-33-000-2017-00702-01(2342-2025)1
Demandante: Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones
Medio de control: Ejecutivo
Tema: Reliquidación de la primera mesada
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
contra la sentencia del diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se ordenó
seguir adelante con la ejecución.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda ejecutiva.
1.1. Pretensiones2.
1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda
ejecutiva, en orden a que se librara mandamiento de pago a su favor, y en contra
de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por la suma de
$58.981.501, derivada de la sentencia del doce (12) de febrero de dos mil catorce
(2014), ejecutoriada el veintiséis (26) del mismo mes y año, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, tramitado con el Rad. Nº. 0440-2013.
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Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
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Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 001DemandayAnexos.
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Número Interno: 2342-2025
Demandante: Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
2. En línea con lo anterior, la parte ejecutante solicitó: el pago de los intereses
moratorios (equivalente a 1.5 veces el interés corriente), causados desde el cuatro
(4) de septiembre de dos mil catorce (2014), hasta el treinta (30) de agosto de dos
mil quince (2015); el incremento de los salarios desde la fecha del pago, hasta la de
la presentación de la demanda ejecutiva; y la condena en costas a la demandada.
1.2. Los hechos3.
3. Narró que la señora Gloria Amparo Rodríguez Buitrago promovió una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el entonces Instituto de Seguros
Sociales – ISS, luego Colpensiones, con miras a controvertir la legalidad de las
Resoluciones Nº. 031911 del veintiséis (26) de octubre de dos mil diez (2010), Nº.
025976 del veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011) y Nº. 14836 del veintiséis
(26) de abril de dos mil doce (2012), por medio de las cuales se negó la reliquidación
de la pensión de vejez que le fue reconocida a la parte ejecutante.
4. Señaló que, mediante sentencia del doce (12) de febrero de dos mil catorce
(2014), el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de los actos
enjuiciados y, como consecuencia de lo anterior, ordenó la reliquidación de la
pensión de vejez de la actora. Indicó que, desde la ejecutoria de la providencia en
cita, de fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014), transcurrieron
más de diez (10) meses para hacer exigible la obligación, en los términos del artículo
192 y siguientes del CPACA. A su vez, precisó que, a través del oficio del cuatro (4)
de septiembre de dos mil catorce (2014), solicitó a Colpensiones el cumplimiento de
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
5. Adujo que, por medio de la Resolución Nº. GNR 211074 del tres (3) de septiembre
de dos mil quince (2015), Colpensiones dio cumplimiento del fallo judicial y, en tal
sentido, ordenó la reliquidación de la pensión de la actora y el pago del retroactivo,
así: (i) la suma de $145.038.535 por concepto del retroactivo de mesadas
pensionales causadas entre el primero (1º) de junio de dos mil diez (2010), hasta el
treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015); (ii) la suma de $11.328.615
ordenada por concepto de retroactivo de las mesadas pensionales adicionales
causadas durante el período antes referido; (iii) la suma de $5.170.313 por concepto
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Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 001DemandayAnexos.
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Número Interno: 2342-2025
Demandante: Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
de indexación de diferencias pensionales causadas entre el primero (1º) de junio de
dos mil diez (2010) hasta el veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014),
día anterior a la ejecutoria de la providencia judicial; (iv) la suma de $1.381.125 por
concepto de intereses moratorios causados entre el primero (1º) de junio de dos mil
diez (2010), hasta el treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015).
6. En punto a los intereses moratorios, señaló que, dando aplicación a los artículos
192 y 195 del CPACA, los intereses se causaron desde la presentación de la
solicitud el cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014), hasta el veintiséis
(26) de diciembre de dos mil catorce (2014), en tasa igual al DTF, y desde ese
momento, hasta el ingreso a nómina, a tasa igual al interés comercial. Precisó que,
del retroactivo pensional, era dable efectuar los descuentos legales en salud.
7. Aseguró que la entidad demandada, al expedir la Resolución Nº. GNR 211074
del tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015), desconoció la orden emanada
del Tribunal Administrativo del Santander, en la medida en que no reliquidó la
pensión en debida forma. Al respecto, explicó que el valor de “la reliquidación de la
pensión de jubilación, más la indexación, más los intereses moratorios al 1.5 del corriente ”, arroja
como resultado la suma de $58.981.501, que se le adeudan a la ejecutante.
8. Finalmente, anotó que la sentencia -que se encuentra ejecutoriada- contiene una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, por lo que reúne los requisitos del
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, y presta mérito ejecutivo.
1.3. Mandamiento ejecutivo4.
9. Mediante proveído del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018), el
despacho sustanciador del Tribunal Administrativo Santander libró mandamiento de
pago a favor de Gloria Amparo Rodríguez Buitrago, y en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones, por la suma de $58.981.501, “correspondiente a la suma que
adeuda la demandada más el incremento de salarios desde el día que le pagaron hasta la fecha ”,
más los intereses de mora que se causaran, los cuales serían objeto de liquidación.
10. La suma antes relacionada se obtuvo de restarle al valor de la liquidación
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Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 008AutoLibraMandamiento.
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Número Interno: 2342-2025
Demandante: Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
realizada por la parte actora, correspondiente a $221.900.079, la suma pagada por
la entidad en virtud de la Resolución Nº. GNR 211074 del tres (3) de septiembre de
dos mil quince (2015), equivalente a $162.918.578, para un total de $58.981.501.
1.4. Contestación de la demanda ejecutiva5.
11. A través del memorial contentivo de las excepciones contra el mandamiento de
pago, la entidad ejecutada explicó que, mediante Resolución Nº. 271074 del tres (3)
de septiembre de dos mil quince (2015), dio cumplimiento al fallo judicial proferido
por el Tribunal Administrativo de Santander, reconociendo los siguientes conceptos:
LIQUIDACIÓN RETROACTIVO
CONCEPTO VALOR
Mesadas $145.038.535
Mesadas adicionales $11.328.615
Fondo solidaridad mesadas 0.00
Fondo solidaridad mesadas adicionales 0.00
Incrementos 0.00
Indexación $5.170.313
Intereses de mora $1.381.125
Descuentos en salud $17.404.700
Pagos ordenados – sentencia 0.00
Pagos ya efectuados 0.00
Valor a pagar $145.513.888
12. Expuso que, de conformidad con lo ordenado en la sentencia base de recaudo,
se efectuó la liquidación así, IBL: $5.340.230 x 75% = $4.005.173. Añadió que el
disfrute de la pensión sería a partir del primero (1º) de junio de dos mil diez (2010).
Con base en los valores reconocidos, adujo que “existe un cumplimiento total del fallo que
se ejecuta, siendo ingresado a nómina desde el momento de su reconocimiento”.
13. Resaltó la falta de exigibilidad del título, para lo cual sostuvo que “ el título que se
ejecuta no es exigible, en consideración a que se cobra una liquidación, junto al retroactivo, que no
tienen fundamentos matemáticos, ni jurídicos, en razón a que la liquidación de la mesada pensional
de la parte demandante fue calculada con el 75% promedio mensual de los factores salariales
devengados en el último año de servicios, de acuerdo a la certificación expedida por el empleador ”.
Puntualizó que las sentencias causan intereses desde su ejecutoria por los tres (3)
primeros meses, y que su causación cesa hasta tanto los beneficiarios no soliciten
el cumplimiento de la providencia, aportando la documentación necesaria para el
efecto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 177, inciso 6º, del CCA y en el artículo
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Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 015ExcepcionesContraMandamientoPago.
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Número Interno: 2342-2025
Demandante: Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
192 del CPACA. A partir de lo expuesto, aseveró que el mandamiento de pago
objeto de censura no tuvo en cuenta las referidas normas.
14. En línea con lo expuesto, propuso las siguientes excepciones: (i) pago de la
obligación; (ii) prescripción de la acción ejecutiva y caducidad; (iii) la genérica o
innominada; y (iv) la inembargabilidad de los recursos de Colpensiones.
1.5. La sentencia de primera instancia6.
15. Mediante la sentencia del diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025),
el Tribunal Administrativo de Santander resolvió: declarar no probada la excepción
de caducidad; declarar probada la excepción de pago parcial; y ordenar seguir
adelante con la ejecución. Al respecto, en la parte resolutiva dispuso:
“PRIMERO. DECLARASE NO PROBADA la excepción de “Caducidad”, propuesta la
entidad ejecutada; de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. DECLARASE PROBADA la excepción de “pago parcial”; de conformidad con
las razones expuestas.
TERCERO. ORDÉNESE seguir adelante con la ejecución en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, NO por el valor señalado en el mandamiento de
pago, sino por el VALOR que resulte de la liquidación del crédito atendiendo los parámetros
dispuestos en esta providencia.
CUARTO. De conformidad con el artículo 446 del CGP, REQUIÉRASE para que dentro de
los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, cualquiera de las partes
presente la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados
hasta la fecha de su presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo.
Presentada la liquidación del crédito, por Secretaría DÉSELE el trámite dispuesto en el
numeral 2 del artículo 446 del CG y, una vez vencido el traslado, INGRESE el proceso al
Despacho, para decidir si se aprueba o modifica la liquidación y, de ser necesario, resolver
las objeciones relativas al estado de la cuenta que fueran formuladas.
QUINTO. Sin CONDENA EN COSTAS”.
16. En lo que toca a la caducidad de la acción ejecutiva, recordó que, de acuerdo
con lo dispuesto en el numeral 2º, literal k), del artículo 164 del CPACA, el término
para solicitar la ejecución de decisiones judiciales es de cinco (5) años contados a
partir de la exigibilidad de la obligación. Así, precisó que el término se cuenta a partir
de la fecha en que se hace exigible la obligación reclamada, es decir, si fue expedida
en vigencia del Decreto 01 de 1984 (CCA) será de 18 meses de conformidad con el
artículo 173 y, si por el contrario se expidió bajo la Ley 1437 de 2011 - CPACA,
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Índice 00086 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
59Sentenciaantic_201700702SentenciaAn(.pdf) NroActua 86.
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Número Interno: 2342-2025
Demandante: Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
corresponderá a 10 meses como lo dispone el artículo 192 ibidem.
17. En el caso de autos, advirtió que no feneció el plazo extintivo para el ejercicio
oportuno del derecho de acción, comoquiera que: (i) mediante la sentencia del doce
(12) de febrero de dos mil catorce (2014), el Tribunal Administrativo de Santander
ordenó “reajustar y pagar” la pensión de jubilación de la accionante, aplicando el 75%
del salario promedio devengado durante el último año de prestación de servicios,
incluyendo todos los factores percibidos en ese interregno, salvo la bonificación por
recreación; (ii) la sentencia quedó ejecutoriada el veintiséis (26) de febrero de dos
mil catorce (2014); (iii) de conformidad con lo preceptuado por el artículo 192 del
CPACA, la sentencia objeto de ejecución se hizo exigible después de diez (10)
meses desde la ejecutoria, esto es, a partir del veintisiete (27) de diciembre de dos
mil catorce (2014), por lo que el plazo máximo para incoar la demanda fenecía, en
línea de principio, el veintiocho (28) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), pero,
por tratarse de un día inhábil, hasta el once (11) de enero de dos mil veinte (2020);
y (iv) la demanda se radicó el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
18. Con respecto a la excepción de pago, el A-quo resaltó que Colpensiones, en
cumplimiento de la sentencia base de recaudo, expidió la Resolución Nº. GNR
271074 del tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015), en virtud de la cual
“reajustó” la mesada pensional a favor de la señora Rodríguez Buitrago, en la suma
de $4.005.173, correspondiente al mes de junio de dos mil diez (2010). Para
determinar el IBL, la entidad tuvo en cuenta los siguientes factores: asignación
salarial; factor salarial de vacaciones; factor nacional de enero 2010 (sic);
bonificación por servicios prestados; incentivo de gestión; incentivo grupal; prima de
navidad; prima de servicios; prima técnica y la prima de vacaciones.
19. Sostuvo que, a partir de las pruebas que reposan en el plenario, procedió a
efectuar la liquidación de la primera mesada devengada por la señora Rodríguez
Buitrago, esto es, la causada a partir del primero (1º) de junio de dos mil diez (2010),
con fundamento en los precisos términos dictados en la sentencia cuyo
cumplimiento se pretende, la cual arrojó la suma de $4.110.644. En tal sentido,
advirtió que, entre la liquidación efectuada en sede judicial, y aquella realizada por
la entidad ejecutada, se avizoraba una “diferencia sustancial”, habida cuenta que la
dispuesta por la entidad, ascendía a $4.005.173, puesto que, en su criterio, para
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Número Interno: 2342-2025
Demandante: Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
dicho cálculo no se contempló al “factor nacional correspondiente al mes de junio de 2009”.
20. Así las cosas, estimó que, al contrastar el mandato contenido en la providencia
objeto de ejecución, frente al acto mediante el cual la entidad ejecutó dicha orden,
era claro para “la Sala que el pago efectuado no se realizó con apego a la orden judicial; luego,
no puede considerarse que la obligación se encuentra satisfecha ”. En ese orden, negó la
excepción propuesta, al entender que el pago efectuado fue parcial, razón por la
cual concluyó que no se satisfizo en real forma la obligación crediticia bajo examen.
1.6. El recurso de apelación7.
21. Mediante memorial del diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025), la entidad
ejecutada interpuso recurso de apelación, con arreglo al cual solicitó revocar
integralmente la sentencia del diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025).
22. Para sustentar el recurso de alzada, insistió en que, para dar cumplimiento a la
sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, efectuó
la liquidación de la primera mesada, así: “IBL: $5,340,230 x 75.00 = $4,005,173
pesos”, con efectividad a partir del primero (1º) de junio de dos mil diez (2010).
23. En línea con lo expuesto, reafirmó que, para el propósito antes anotado, en la
Resolución GNR Nº. 271074 del tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015),
reconoció los siguientes conceptos: (i) la suma de $145,038,535.00, por concepto
de retroactivo de mesadas pensionales ordinarias, causadas entre el primero (1º)
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Índice 00094 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 2342-2025
Demandante: Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
de junio de dos mil diez (2010), y el treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince
(2015); (ii) la suma de $11,328,615.00, por concepto de retroactivo de mesadas
pensionales adicionales, causadas durante el período antes referido; (iii) la suma
de $5,170,313.00, por concepto de indexación de diferencias pensionales, derivada
del período comprendido entre el primer (1º) de junio de dos mil diez (2010) y el
veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014), día anterior a la ejecutoria de
la providencia judicial; (iv) la suma de $1,381,125.00, por concepto de intereses
moratorios; y (v) por último, anotó que, del total del retroactivo, se descontó la suma
de $17,404,700.00, por descuentos legales, para un total de $145.513.888.00.
24. Sobre esa base, hizo hincapié en que la entidad dio cumplimiento pleno a la
sentencia que se ejecuta, por lo cual estimó configurada la excepción de pago total
de la obligación, sin que existan acreencias a favor de la parte demandante.
25. Por último, refirió que “las sentencias causan intereses desde su ejecutoria por los primeros
3 meses, esta causación cesa hasta tanto los beneficiarios no se acercarán a la entidad a hacerla
efectiva, aportando la documentación necesaria para el cumplimiento (inciso 6º del artículo 177 del
CCA, actualmente el artículo 192 del CPACA)”, y que, en atención a ello, el mandamiento
de pago no fue liquidado conforme a las mentadas normas.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia8.
26. Mediante el auto del quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), el
despacho ponente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
modificado en lo pertinente por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el fallo de primera
instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para
fallo, con pronunciamiento del Ministerio Público y de la entidad demandada.
1.7.1. Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones9.
27. A través del memorial de fecha diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025),
reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, a partir de los cuales
solicitó que se “absuelva” a la entidad de todas las pretensiones de la demanda.
8
Índice 00004 del Samai.
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Índice 00010 del Samai.
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Número Interno: 2342-2025
Demandante: Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
1.7.3. Concepto del Ministerio Público10.
28. Por medio del concepto del veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco
(2025), la Procuraduría Delegada de Intervención 8 solicitó confirmar la sentencia
apelada, al considerar que el recurso de apelación “se encuentra infundado al reiterar
tautológicamente el valor del IBL empleado para ejecutar el fallo declarativo, sin análisis alguno sobre
el promedio de los valores de cada factor salarial (…) con miras a sortear las contradicciones o
inconsistencias presentadas en el acto de ejecución de la accionada ”. Para el efecto, señaló
que, en la Resolución GNR Nº. 271074 del tres (3) de septiembre de dos mil quince
(2015), Colpensiones tuvo en cuenta los mismos emolumentos considerados por el
A-quo, para cálculo del respectivo IBL (determinante para la liquidación de la
primera mesada. Empero, el cálculo realizado por el Tribunal fue superior.
29. Adujo que, mientras Colpensiones determinó un IBL equivalente a $5.340.230,
el Tribunal encontró -con los mismos datos- que dicha suma ascendía a $5.480.858.
Esta diferencia, a su juicio, derivó en que la aplicación de la correspondiente tasa
de reemplazo al IBL arrojase un valor de mesada pensional superior a favor de la
ejecutante, con lo cual, la orden judicial de fondo se mantuvo, en cuanto a seguir
adelante con la ejecución, actualizándose con la respectiva liquidación del crédito.
30. Indicó que, en el recurso de alzada, la entidad ejecutada se limitó a reproducir
el valor del IBL que estableció -en su momento- en sede administrativa, por el valor
de $5.340.230, es decir, “que no analizó ni controvirtió la sumatoria de valores por el promedio
de cada factor salarial que contablemente calculó el juez colegiado de primer grado ”, así:
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Índice 00012 del Samai.
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Demandante: Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
31. Bajo ese contexto, conceptuó que, en la liquidación efectuada por la entidad, se
avizoran inconsistencias y contradicciones, por lo que, los reparos esgrimidos en la
alzada no cumplen los propósitos establecidos en los artículos 320 y 322 del CGP
y, al ser un “recurso infundado sin mayores soportes aritméticos ni financieros, en la perspectiva
de la fundamentación de las acciones ejecutiva”, sugirió confirmar el fallo recurrido.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
32. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 11 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
33. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
(i) ¿El Tribunal Administrativo de Santander incurrió en un error al efectuar
la liquidación de la primera mesada pensional de la ejecutante, en
atención a los términos definidos en la sentencia base de recaudo?
(ii) ¿Se configuró la excepción de pago total de la obligación y, en caso
afirmativo, debe revocarse el fallo de primera instancia, por medio del cual
se ordenó seguir adelante con la ejecución?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. Generalidades del proceso ejecutivo.
34. De acuerdo con la doctrina especializada, el proceso ejecutivo busca “asegurar
11
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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Número Interno: 2342-2025
Demandante: Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
que el titular de una relación jurídica que crea obligaciones pueda obtener, por medio de la
intervención estatal, el cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su
cargo, si ello es posible, o si no, conduciéndolo a que indemnice los perjuicios patrimoniales que su
inobservancia ocasionó” 12 . El instrumento que sirve como base del recaudo en el
proceso ejecutivo se denomina título ejecutivo, que se define como el “documento que
representa una declaración de la voluntad del juez o de las partes, es aquél que trae aparejada la
ejecución, o sea, en virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del
deudor moroso, a fin de satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y costos”13.
35. Pues bien, el artículo 297 del CPACA establece que, constituyen título ejecutivo:
(i) las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias; (ii) las decisiones en firme proferidas en desarrollo de
los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades
públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y
exigible; (iii) los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con
el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de
liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo
de las partes intervinientes en tales actuaciones; y (iv) las copias auténticas de los
actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el
reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y
exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa.
36. A su vez, el artículo 422 del Código General del Proceso (así como el texto
original del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil), prevén que pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan
plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida
por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen
honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.
37. De la norma en cita se desprenden las características de la obligación, a saber,
12
López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá: DUPRÉ Editores.
13
Carnelutti, Francesco. (1942). Instituciones del nuevo procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch.
12
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que sea clara, expresa y exigible; que esté consignada en un documento; y,
finalmente, que además de los documentos que provengan del deudor -o del
causante, según el caso-, las sentencias de condena, o cualquier otra providencia
judicial con fuerza ejecutiva, revisten el carácter de títulos ejecutivos.
38. En cuanto a los atributos del título ejecutivo, se tiene que, la obligación es
expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una
presunción legal o una interpretación normativa; es clara, cuando sus elementos
aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o
sujetos de la obligación; y es exigible cuando no depende del cumplimiento de un
plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido14.
39. Asimismo, es dable sostener que, esta Sala de Subsección, en providencia del
treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)15 dispuso que, “cuando se pretende
el cumplimiento de una obligación a cargo del Estado, el título ejecutivo se constituye exclusivamente
en la sentencia, no solo porque el artículo 297 del CPACA no condicionó su integración con el acto
administrativo de cumplimiento, sino además porque no se cumplen con los requisitos para que
pueda ser catalogado como título complejo, pues no existe una relación inescindible entre estos para
determinar su claridad y exigibilidad”. En ese contexto, una vez se allegan los documentos
correspondientes, y antes de dar inicio al proceso ejecutivo, corresponde al juez
verificar si el título ejecutivo cumple con los requisitos legales, esto es, si contiene
una obligación clara, expresa y exigible.
2.3.2. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago
40. Sobre la carga probatoria en los procesos ejecutivos que versen sobre
obligaciones de pagar sumas de dinero, y en los cuales se formule la excepción de
pago, esta Subsección ha sostenido que, para que “el juez pueda dar por acreditado dicho
pago, el deudor debe aportar pruebas que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tanto del
capital como de los intereses cuando exista retardo, no bastando con la expedición de los actos
administrativos que den cumplimiento a lo ordenado en los fallos judiciales 16.
41. En estos eventos, es la parte ejecutada la que tiene la carga de la prueba frente
al pago de la obligación, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 del CGP, 103
14
Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminostrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 30 de mayo
de 2024, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Radicación: 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022)
16
Así quedó expuesto, entre otras, en la sentencia de fecha 30 de mayo de 2024, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
13
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del CPACA y 1757 del Código Civil. Si no se demuestra el cumplimiento total de la
obligación, el juez deberá ordenar seguir adelante con la ejecución, en tanto el título
ejecutivo conserva su fuerza ejecutiva y el crédito permanece insatisfecho.
42. En lo atinente la orden de seguir adelante con la ejecución, esta Sala, en
providencia del Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017)17, precisó que:
“la orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título ejecutivo se ajusta por
completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe proceder a honrar la obligación insatisfecha.
En esta etapa, queda agotada la defensa del ejecutado y lo que queda por resolver, es únicamente
la satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí que las acciones que
debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la orden de seguir adelante con la ejecución,
estarán entonces encaminadas exclusivamente a obtener el pago a favor del acreedor y una vez ese
hecho se produzca, se deberá disponer la terminación del proceso ejecutivo ”.
43. En consonancia con lo expuesto, esta misma Sala de Subsección, en sentencia
del dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025) 18 , reafirmó que, la
naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título ejecutivo se ajuste
a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo del deudor, pues,
es en la etapa siguiente, esto es, la liquidación del crédito, que se determinará con
exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los abonos o pagos
efectuados. De igual manera, así lo explicó la Corte Constitucional19, al sostener
que: “en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que se ha
señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide en el fondo sobre la
existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo exigible; y (iii) también está
plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad monetaria en la que fue contraída dicha
obligación. Así las cosas, las operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del
monto a pagar en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se
establece a partir del tiempo trascurrido desde que la obligación se hizo exigible ”.
2.4. Hechos probados.
44. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:
a) Mediante sentencia del doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014), el Tribunal
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Auto del 18 de mayo de
2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de octubre
de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 68001-23-33-000-2018-00871-01 (2234-2024).
19
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-814 de 2009.
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Administrativo de Santander, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho tramitado con el Rad. Nº. 6800123330002013004400020, declaró la nulidad
parcial de la Resolución Nº. 031911 del veintiséis (26) de octubre de dos mil diez
(2010), la nulidad “absoluta” de la Resolución Nº. 025967 del veintinueve (29) de julio
de dos mil once (2011), la nulidad del acto ficto derivado del silencio administrativo
negativo por la falta de respuesta al recurso interpuesto contra la decisión
primigenia, y de la Resolución Nº. 14836 del veintiséis (26) de abril de dos mil doce
(2012), a través de las cuales se negó la reliquidación de la pensión de jubilación,
con el 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicios,
incluyendo todos los factores devengados en dicho interregno, al amparo del
régimen de la Ley 33 de 1985, y dando aplicación al criterio jurisprudencial vigente
para la época, entre ellos, el contenido en la sentencia del cuatro (4) de agosto de
dos mil diez (2010), proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
Como consecuencia de lo anterior, se ordenó a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, “reajustar y pagar” a favor de la señora Gloria Amparo
Rodríguez Buitrago, la pensión de jubilación “aplicando lo consagrado en el artículo 1º de
la Ley 33 de 1985, esto es, equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios, teniendo en cuenta los factores salariales contenidos en
la certificación visible a folios 24 a 29, salvo la bonificación por recreación”, sin que hubiere
operado el fenómeno de la prescripción. En la misma oportunidad, se dispuso que
las sumas insolutas que se derivaran de la reliquidación, serían canceladas (sic) a
la parte demandante, previa actualización mes a mes de las mismas. Contra la
sentencia en cita, no obra prueba que se haya interpuesto recurso de apelación.
b) Según la constancia del veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014),
expedida por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, la sentencia
del doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014) fue notificada en estrados y quedó
ejecutoriada el veintiséis (26) de febrero de la referida anualidad21.
c) Mediante petición radicada el cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce
(2014)22, el apoderado de la señora Gloria Amparo Rodríguez Buitrago le solicitó a
20
Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 001DemandayAnexos.
21
Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 001DemandayAnexos, pág. 93.
22
Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 001DemandayAnexos, pág. 27.
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la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones el cumplimiento de la
sentencia del doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014).
d) Mediante la Resolución Nº. GNR 271074 del tres (3) de septiembre de dos mil
quince (2015)23, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en
cumplimiento del fallo judicial dictado en el marco del proceso declarativo, ordenó
reliquidar a favor de la señora Gloria Amparo Rodríguez Buitrago una pensión
mensual vitalicia de vejez, en los siguientes términos y cuantías:
Valor mesada al primero (1º) de junio de 2010 $4.005.173
Valor mesada para el 2011 $4.132.137
Valor mesada para el 2012 $ 4.286.266
Valor mesada para el 2013 $ 4.390.851
Valor mesada para el 2014 $ 4.476.034
Valor mesada para el 2015 $ 4.639.857
En el citado acto, se reconoció un valor a pagar, por concepto de retroactivo,
incrementos e indexación de $145.513.888 pesos. La prestación reliquidada, y el
retroactivo, sería ingresada a la nómina de septiembre de dos mil quince (2015).
e) De acuerdo con el expediente administrativo que se incorporó al dossier
procesal24, se tiene que, a través de la certificación expedida por el jefe de la división
administrativa y financiera de la dirección seccional de Bucaramanga de la DIAN,
durante el último año de servicios, comprendido entre el treinta y uno (31) de mayo
de dos mil nueve (2009), y el primero (1º) de junio de dos mil diez (2010)25, la parte
actora devengó los siguientes factores: asignación básica; incentivo de desempeño
de gestión; incentivo desempeño grupal; prima de servicios; bonificación de
servicios prestados; prima de navidad; vacaciones; prima de vacaciones; factor
salarial de vacaciones; factor nacional; y la bonificación de recreación, aunque este
último factor fue excluido por el Tribunal en el proceso declarativo.
f) Mediante sentencia del veintisiete (27) de agosto de dos mil diez (2010), el
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga, dentro del Exp. 2009-
255, declaró la nulidad parcial del Oficio Nº. 00360 del catorce (14) de noviembre
de dos mil ocho (2008), y de la Resolución Nº. 626 del veintidós (22) de enero de
23
Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 001DemandayAnexos, pág. 31.
24
Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 015.1 CC63283364.
25
Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 015.1 CC63283364.
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dos mil nueve (2009), expedidas por la DIAN, mediante las cuales se negó el
reconocimiento y pago de la prima técnica a favor de la ahora demandante. Como
consecuencia de lo anterior, ordenó a la entidad demandada a reconocer y pagar la
prima técnica, en el porcentaje a que tenía derecho la señora Rodríguez Buitrago,
con arreglo a los Decretos 1661 y 2164 de 1991, y la Resolución Nº. 8011 de 1995,
desde el veintidós (22) de septiembre de dos mil cinco (2005), hasta la fecha de
pago. Dicha providencia fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander,
a través de la sentencia del diecinueve (19) de agosto de dos mil once (2011).
2.5. Análisis del caso concreto.
45. En el asunto sub examine, se tiene que, a la señora Gloria Amparo Rodríguez
Buitrago, mediante la sentencia del doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014),
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con el Rad. Nº. 6800123330002013004400026, le fue
ordenada la reliquidación de la pensión de vejez, en cuantía del 75% del salario
promedio devengado durante el último año de prestación de servicios, incluyendo
todos los factores percibidos en ese interregno, salvo la bonificación por recreación.
46. En la sentencia base de recaudo, el Tribunal tuvo en cuenta que la señora
Rodríguez Buitrago era beneficiaria del régimen de la Ley 33 de 1985 y, en tal
sentido, para la fecha de la reliquidación pensional, estimó que debía darse
aplicación al criterio jurisprudencial vigente para la época, es decir, el contenido en
la sentencia del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), proferida por la Sección
Segunda de esta Corporación. Para sustentar dicho aserto, consideró que: (i) la
actora nació el treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco
(1955) y, para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de
1994), contaba con treinta y ocho (38) años de edad; (ii) laboró al servicio del Estado
(DIAN), en calidad de empleada pública, desde el veintiuno (21) de septiembre de
mil novecientos ochenta y uno (1981), al primero (1º) de junio de dos mil diez (2010),
fecha para la cual ostentaba el cargo de “Gestor II, Código 302, Grado 02”.
47. En ese sentido, concluyó que, al ser destinataria del régimen previsto en la Ley
33 de 1985, debía aplicarse en su integridad lo allí dispuesto, en aras de privilegiar
26
Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 001DemandayAnexos.
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los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la norma. Al realizar un análisis
de los actos enjuiciados -en esa oportunidad-, en los cuales la liquidación se efectuó
tomando como base lo cotizado en los últimos diez (10) años, concluyó que tales
decisiones no se ajustaban a la normatividad llamada a regular el caso concreto,
habida cuenta que, “la prestación se le calculó de conformidad con el párrafo 3º del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, cuando lo correcto era haber aplicado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985,
según el cual sus beneficiarios tienen derecho a que se pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicio”. En el proveído en cita, se resaltó que la entidad no sólo tomó el
promedio de lo devengado en los últimos diez (10) años, sino que, además,
contempló únicamente los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
48. Indicó que, con observancia del principio de igualdad, debían incluirse todos
aquellos factores salariales que fueron devengados por el trabajador (con los
descuentos de ley), “sin importar si los mismos se encuentran o no incluidos en el régimen
aplicable al beneficiario de la pensión”. Siguiendo esa línea, encontró acreditado que,
dentro del último año de servicios, comprendido entre el treinta y uno (31) de mayo
de dos mil nueve (2009), al primero (1º) de junio de dos mil diez (2010), además del
sueldo, la parte actora devengó: incentivo de desempeño de gestión, incentivo de
desempeño grupal, prima técnica, prima de servicios, bonificación por servicios,
prima de navidad, prima de vacaciones, factor salarial de vacaciones, bonificación
por recreación y factor nacional. Empero, puntualizó que la bonificación por
recreación no constituía factor salarial, por lo que debía excluirse de la liquidación.
49. Según la constancia del veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014),
expedida por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, e incorporada
al proceso, la sentencia del doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014) fue
notificada en estrados y quedó ejecutoriada el veintiséis (26) de febrero de la
referida anualidad27. Contra la misma, no se interpusieron los recursos de ley.
50. Valga anotar que, mediante petición radicada el cuatro (4) de septiembre de dos
mil catorce (2014)28, el apoderado de la señora Gloria Amparo Rodríguez Buitrago
le solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones el
27
Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 001DemandayAnexos, pág. 93.
28
Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 001DemandayAnexos, pág. 27.
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cumplimiento de la sentencia del doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014) y,
en virtud de la Resolución Nº. GNR 271074 del tres (3) de septiembre de dos mil
quince (2015) 29 , la entidad, en cumplimiento del fallo judicial base de recaudo,
ordenó reliquidar la pensión de vejez, en cuantía de $4.005.173, a partir del primero
(1º) de junio de dos mil diez (2010). Dicha suma la obtuvo al calcular el 75% del IBL
que, según la tabla visible en el acto en cita, ascendía a $5.340.230,00 pesos.
51. En la sentencia ejecutiva de primera instancia, el A-quo procedió a liquidar la
primera mesada, teniendo en cuenta los elementos de juicio allegados al proceso.
Sobre esa base, determinó que la primera mesada equivalía a $4.110.644. Así las
cosas, advirtió que, entre la liquidación efectuada en sede judicial, y aquella
realizada por la entidad ejecutada, se avizoraba una “diferencia sustancial”, habida
cuenta que la dispuesta por aquella era de $4.005.173, y que, en su criterio, para
dicho cálculo no se contempló al “factor nacional correspondiente al mes de junio de 2009”.
52. Inconforme con la decisión de instancia, la entidad ejecutada interpuso recurso
de apelación, en virtud del cual sostuvo que: (i) efectuó la liquidación de la primera
mesada, así: “IBL: $5,340,230 x 75.00 = $4,005,173 pesos”, con efectividad a partir del
primero (1º) de junio de dos mil diez (2010); (ii) en esa línea, pagó un retroactivo de
$145.513.888.00; y (iii) con tales consideraciones, adujo que cumplió a cabalidad
con la obligación, por lo que estimó configurada la excepción de pago total. En la
alzada, hizo una referencia genérica a la causación de intereses de acuerdo con el
artículo 177 del CCA y 192 del CPACA, sin precisar la norma aplicable al sub judice.
53. Para efectos metodológicos, la Sala de Subsección procederá con el análisis de
los reparos esgrimidos por la entidad apelante, en el orden antes propuesto, con
una aclaración preliminar frente a la norma aplicable al asunto de marras.
2.5.1. Aclaración preliminar sobre la norma aplicable al caso concreto.
54. La Sala estima conveniente precisar que, tanto el fallo apelado, como la
sentencia base de recaudo, se tramitaron bajo la égida de la Ley 1437 de 2011 –
CPACA, que entró en vigor el dos (2) de julio de dos mil doce (2012). Al respecto,
debe recordarse que la sentencia declarativa se profirió el doce (12) de febrero de
29
Índice 00055 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 23_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf)
NroActua 55, 001CuadernoPrincipal, 001DemandayAnexos, pág. 31.
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dos mil catorce (2014), fue notificada en estrados y quedó ejecutoriada el veintiséis
(26) de febrero de dicha anualidad, es decir, en vigencia del CPACA. Sin perjuicio
de lo anterior, la ejecutante invocó como fundamento los artículos “ 176 y 177 del
CAPCA” (sic) y la ejecutada aludió tanto al 177 del CCA, como al 192 del CPACA.
55. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que, para todos los efectos, ha
de entenderse que la liquidación de los intereses derivados del cumplimiento tardío
del fallo que sirve de base para la ejecución, debe atender a los términos del artículo
192 y 195 del CPACA, norma aplicable al asunto bajo examen, puesto que, como
se anticipó, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que concluyó con
la sentencia declarativa, se adelantó bajo las normas de ese estatuto.
56. Sobre este particular, la Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejo de
Estado, en sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)30,
reiterada por esta Subsección en la sentencia del doce (12) de septiembre de dos
mil veinticuatro (2024)31, sostuvo que, al amparo de la teoría de la causación, esta
Colegiatura acogió el criterio según el cual, “debe acudirse a la fecha de instauración de la
demanda ordinaria que dio origen al proceso ejecutivo, para determinar cuál es la normativa aplicable
en dicho sentido, esto es, si fue presentada antes o después de la vigencia del CPACA” . En otros
términos, si la demanda ordinaria se instauró antes de la entrada en vigor del
CPACA, los intereses moratorios que corresponde liquidar en el proceso ejecutivo
son aquellos que el artículo 177 del CCA, pero si ésta fue incoada después de la
entrada en vigor del CPACA, los intereses moratorios son los del artículo 195 del
CPACA. En el caso que ocupa la atención de esta Sala, es claro que el proceso
inicial se tramitó y adelantó al amparo del CPACA, por lo que, se insiste, resulta
aplicable lo dispuesto en los artículos 192 y 195 de ese Código.
2.5.2. Del valor de la primera mesada pensional.
57. La Sala destaca que, a juicio de la entidad ejecutada, para los reconocimientos
efectuados se tuvo en cuenta la liquidación de la primera mesada, así: “IBL:
$5,340,230 x 75.00 = $4,005,173 pesos”, con efectividad a partir del primero (1º) de junio
de dos mil diez (2010). Sobre esa base, procedió con el calculó el retroactivo de las
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 31 de agosto
de 2023, Rad. 25000-23-42-000-2017-01449-02 (3101-2022).
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de
septiembre de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2016-05857-01 (2999-2021).
20
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mesadas y los demás conceptos que fueron reconocidos en virtud de la Resolución
GNR Nº. 271074 del tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015). En criterio del
Tribunal, con la inclusión de los mismos conceptos ordenados en el acto en cita -y
en la sentencia declarativa-, el IBL asciende a la suma de $5.480.858,67 y, a su
turno, el 75% de aquel equivale a $4.110.644,00, en los siguientes términos:
58. Aunque en el recurso de alzada la entidad se limitó a reiterar lo expuesto en el
libelo inicial, para lo cual trajo a colación nuevamente los valores que fueron objeto
de reconocimiento, lo cierto es que, tal y como lo advirtió el Ministerio Público en
esta instancia, no se precisaron las razones por las cuales, a su juicio, la liquidación
del Tribunal develaba alguna inexactitud, error aritmético, o el apartamiento de los
términos en quedó consignada la orden en la sentencia de la cual emanó la orden.
59. Sin embargo, la Sala verificará si, con observancia de los términos antedichos,
le asiste razón a la entidad, al sostener que satisfizo totalmente la obligación. Para
tal fin, acudirá a los criterios fijados en la sentencia base de recaudo, a efectos de
determinar el valor de la primera mesada pensional y, a partir de ello, su
conformidad con la liquidación realizada por la entidad y por el juez de instancia. En
este punto, fuerza iterar que, en la sentencia declarativa, se ordenó la reliquidación
de la pensión de jubilación, con el 75% del salario promedio devengado durante el
último año de servicios, es decir, entre el treinta y uno (31) de mayo de dos mil
nueve (2009), y el primero (1º) de junio de dos mil diez (2010), incluyendo todos los
factores devengados en dicho interregno, al amparo del régimen de la Ley 33 de
1985 y el precedente contenido en la sentencia del cuatro (4) de agosto de dos mil
diez (2010), proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
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60. Conviene precisar que, los valores relacionados ut supra, encuentran sustento
en las certificaciones y constancias obrantes en el expediente administrativo. En
punto a los factores incluidos, aquellos obedecen a los devengados durante el último
año de servicios, los cuales fueron igualmente contemplados en el acto expedido
por Colpensiones para dar cumplimiento a la sentencia declarativa, esto es, en la
Resolución Nº. GNR 271074 del tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015).
61. Al acudir a un parangón entre los valores determinados por el A-quo, y aquellos
observados en esta instancia, se evidencia que el 75% del ingreso base de
liquidación asciende al valor de $4.066.642, siendo inferior al fijado por el Tribunal,
correspondiente a $4.110.644, pero superior al acogido en el acto administrativo en
cita, equivalente a $4.005.173. Lo anterior se explica por varias razones: (i) mientras
el Tribunal incluyó el factor nacional de junio de dos mil nueve (2009), con un valor
de $3.517.716, las certificaciones aportadas dan cuenta que, para esa misma fecha
y concepto, la parte actora devengó $3.385.552; (ii) aunque los valores promedio
presentan mínimas diferencias, para la prima de servicios, el A-quo no la concibió
como una doceava parte, sino que, en su lugar, adoptó la mitad del total devengado
en el último año; (iii) lo propio ocurrió con el factor nacional, que el fallador de primer
grado calculó como una sexta parte del total devengado en el último año; y (iv) a
pesar de haber sido un factor considerado en el fallo cuyo cumplimiento se solicita,
y el acto administrativo expedido por Colpensiones, el operador de instancia omitió
la inclusión de la prima técnica, la cual fue devengada por la ahora ejecutante.
DIFERENCIAS – PRIMERA MESADA
Primera mesada Primera mesada (Tribunal) Primera mesada (segunda
(Colpensiones) instancia)
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IBL $5,340,230 x 75% = IBL $5.480.858 * 75% = IBL $5.422.189 * 75%=
$4.005.173 $4.110.644 $4.066.642
61.1. En este punto, la Sala ha de insistir en que, a pesar de haber sido contemplada
la prima técnica en la sentencia base de recaudo, así como en el acto administrativo
que dio cumplimiento a dicha providencia, esto es, el contenido en la Resolución
GNR Nº. 271074 del tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015), el A-quo omitió
relacionarla como factor al momento de liquidar la primera mesada. Sin embargo,
su consideración en esta instancia no conduce a desconocer el principio de la non
reformatio in pejus, esto es, a hacer más gravosa la situación del apelante único,
pues, justamente, su inclusión permite corroborar los términos en que se calculó la
primera mesada, atendiendo al título ejecutivo y al acto que le dio cumplimiento.
62. Con base en lo expuesto, la Sala observa que, si bien el Tribunal ordenó seguir
adelante con la ejecución, al encontrar acreditado que el “el pago efectuado no se realizó
con apego a la orden judicial”, no es menos cierto que, para dicho propósito, acogió un
valor de la primera mesada pensional que tampoco se acompasa con la sentencia
base de recaudo. Sin perjuicio de lo anterior, el cálculo acá efectuado permite
advertir que el valor también es superior al considerado por la entidad ejecutada, de
lo que se extrae que no se satisfizo a cabalidad la obligación reclamada.
63. Por las razones anotadas, la Sala ordenará seguir adelante con la ejecución,
pero teniendo en cuenta las consideraciones detalladas en esta instancia, por lo
cual, se modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo apelado, en orden
a precisar que la ejecución continuará de conformidad con los criterios expuestos
en el sub-lite, los cuales deberán ser contemplados en la liquidación del crédito.
2.5.2. Del pago total de la obligación.
64. En hilo con lo anterior, en la apelación la entidad insistió en que, a través de la
Resolución GNR Nº. 271074 del tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015), no
sólo procedió a reliquidar la primera mesada pensional, en cuantía de $4.005.173,
sino que, a partir de ello, reconoció un retroactivo de $145.513.888,00. En tal virtud,
sostuvo que se configuró la excepción de pago total de la obligación.
65. La Sala reitera que, para que la excepción de pago promovida en el curso del
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proceso ejecutivo prospere, es necesario que la entidad interesada despliegue las
conductas procesales necesarias, y aporte los medios de convicción conducentes,
pertinentes y útiles, para acreditar que ha cumplido con las obligaciones inherentes
a la ejecución. En tal sentido, resulta claro que, de acuerdo con lo normado por el
artículo 167 del CGP, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” , principio que debe atenderse en la
presente actuación, y sobre la cual esta Sala de Subsección ha establecido 32:
“(…) 87. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla en
su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los intereses
cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil 33.
88. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor debe
aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis que ha
prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de septiembre de
2021, en la cual se consideró lo siguiente 34: «De lo expuesto la Sala no puede concluir nada
distinto a que la deuda sigue pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los
aludidos actos administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales,
no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el pago total, pues
de los argumentos de su apelación no se puede extraer que la obligación esté plenamente
satisfecha ante la liquidación efectuada por el a quo.»
89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la obligación recae
exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del CPACA y 167 del Código
General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen
funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las
cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y, también que «incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.”
66. En el sub judice, el acto administrativo aportado por la entidad ejecutada no
permite colegir que se haya cumplido a cabalidad la sentencia del doce (12) de
febrero de dos mil catorce (2014), habida cuenta que: (i) no se avizora la inclusión
de las vacaciones, por parte de la entidad ejecutada, como sí lo hizo el A-quo en el
marco del presente proceso ejecutivo, en atención a lo dispuesto en la sentencia
base de recaudo; (ii) no se incluyó en debida forma el “factor nacional” devengado por
la beneficiaria de la prestación en junio de dos mil nueve (2009); (iii) no se tuvo en
cuenta el último año de servicios, comprendido entre el treinta y uno (31) de mayo
de dos mil nueve (2009), y el primero (1º) de junio de dos mil diez (2010), sino un
término superior, iniciando desde enero de dos mil nueve (2009); (iv) y el valor del
IBL equivale a una suma inferior a la que correspondería con la inclusión de la
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 30 de mayo de
2024; expediente 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.
33
«Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención
contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda comprende el de los
intereses e indemnizaciones que se deban.»
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).
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totalidad de los factores devengados por la señora Rodríguez Buitrago durante el
último año de servicios, atendiendo a los valores certificados por parte de la entidad,
los cuales obran en el presente trámite.
67. En la sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)35, esta
Sala, en un asunto de similares contornos fácticos y jurídicos, reafirmó que, “la
excepción de pago total de la obligación, exige una prueba plena e inequívoca del cumplimiento
integral del título ejecutivo, lo cual implica demostrar no solo la expedición de actos administrativos
de cumplimiento, sino la efectiva cancelación de todas las sumas ordenadas, conforme a los
parámetros definidos por el juez de conocimiento”. Así pues, la Sala concluye que la
excepción de pago que se invoca, no se encuentra probada y, en esa medida, los
argumentos de la apelación no tienen la aptitud suficiente que conduzca a revocar
el fallo de instancia y, de suyo, para impedir que se siga adelante con la ejecución.
68. Para la Sala, no pasa inadvertido que, a través de la Resolución GNR 271074
del tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015), esto es, antes de iniciado el
proceso ejecutivo, la entidad demandada reconoció sumas cercanas a los
$145.513.888, las cuales, si bien no configuran un pago total, constituyen un pago
parcial que deberá ser tenido en cuenta al momento de liquidarse el crédito.
69. Sobre este particular, se impone recordar que, con arreglo a lo señalado en la
sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), proferida por esta
Sala de Subsección36, las excepciones señaladas en el artículo 442 del CGP sólo
se alegarán cuando se trate de hechos posteriores a la sentencia condenatoria, pero
antes de proferirse el mandamiento ejecutivo. En la providencia en cita, se hicieron
las siguientes precisiones: (i) la excepción de pago procederá cuando la obligación
se cumplió después de haberse proferido la sentencia objeto de recaudo, y antes
de la presentación de la demanda; (ii) cuando se trate de pagos realizados después
de esa etapa procesal, se deberá tomar como un abono; y (iii) nada impide que en
la liquidación del crédito se puedan efectuar los descuentos correspondientes.
70. Vistas así las cosas, es claro que, aunque no se configuró la excepción de pago
total, sí es dable sostener que, previo al mandamiento ejecutivo, la entidad efectuó
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 29 de enero
de 2026, Rad. 73001-2333-000-2021-00322-01 (5285-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 30 de mayo
de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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un pago que deberá tenerse en cuenta al proseguirse con la liquidación del crédito.
71. Como corolario de lo anterior, la Sala modificará el tercero de la parte resolutiva
del fallo de primera instancia y, en lo demás, confirmará la sentencia recurrida.
2.6. Conclusiones.
72. De acuerdo con las pruebas que reposan en el plenario, la Sala concluye que
los argumentos esgrimidos por la entidad accionada en el recurso de apelación no
tienen vocación de prosperidad, comoquiera que: (i) no se acreditó que la
reliquidación de la primera mesa se haya efectuado en debida forma, con sujeción
a los parámetros establecidos en la sentencia base de recaudo; (ii) aunque el
Tribunal ordenó seguir adelante con la ejecución, lo hizo sobre la base de criterios
que tampoco se acompasan con el título ejecutivo; (iii) no se probó el cumplimiento
efectivo de la obligación y, por contera, no se advirtió configurada la excepción de
pago total. Como corolario de lo anterior, la Sala modificará el ordinal tercero de la
sentencia de primera instancia y, en lo demás, confirmará el fallo mediante la cual
se ordenó seguir adelante con la ejecución contra la entidad demandada.
2.7. Condena en costas.
73. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia del diecinueve (19) de
junio de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual, se ordenó seguir adelante con la ejecución, el cual
quedará así: “TERCERO. ORDÉNESE seguir adelante con la ejecución en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, no por el valor señalado en el
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mandamiento de pago, sino atendiendo a los criterios desarrollados en la sentencia base de recaudo,
y expuestos en esta providencia, teniendo en cuenta, en todo caso, el pago parcial efectuado por la
entidad ejecutada, al momento de continuar con la liquidación del crédito”.
SEGUNDO. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia del diecinueve (19) de junio
de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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