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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2014-00136-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2014-00136-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia No. 53 del Cinco (5) de mayo de Dos Mil Quince (2015), emitida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en cuanto condenó en costas de primera instancia a cargo de la parte demandante, conforme a las motivaciones expresadas en la parte motiva de esta providencia. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 28 de mayo de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 73001-23-33-000-2021-00309-01 (0811-2024). 20 En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 15 Número Interno: 2438-2015 Demandante: Silvia María Martínez Blandón Demandada: Departamento del Chocó SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la referida sentencia, de acuerdo con lo explicado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Sin costas en esta instancia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2014-00136-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 27001-23-33-000-2014-00136-01 (2438-2015)
Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandado: Departamento del Chocó
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Cesantías, sanción moratoria y prescripción
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en
contra de la sentencia No. 53 del Cinco (5) de mayo de Dos Mil Quince (2015),
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de la cual, declaró
probada de oficio la excepción de prescripción y, en consecuencia, negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1 Pretensiones1

1. Silvia María Martínez Blandón acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos presuntos de carácter negativo, configurados por el silencio
administrativo de la entidad demandada frente a las peticiones radicadas el 3 de

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Expediente digitalizado del tribunal, índice 12 de Samai.

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Número Interno: 2438-2015
Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

noviembre de 2009, mediante la cual, solicitó el reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas derivadas de la terminación del vínculo laboral ocurrida el 28
de noviembre de 2006 y del 17 de diciembre de 2009, a través de la cual reclamó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó el reconocimiento y pago de: (i) las cesantías definitivas por retiro
del servicio el 28 de noviembre de 2006; (ii) la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías definitivas correspondientes a los años 2004 a 2006, en
razón de un día de salario por cada día de retardo hasta que se materialice en pago
y (iii) la indexación de las sumas reconocidas.

1.2 Los hechos

3. En el escrito de demanda2 se precisó que la demandante laboró para la entidad
demandada como docente de la Institución Educativa de Bojayá, entre el 23 de julio
de 2004 y el 28 de noviembre de 2006. Que al momento de su desvinculación no le
fueron canceladas las cesantías definitivas.

4. Por lo anterior, el 3 de noviembre de 2009 solicitó al ente territorial el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas correspondientes a los periodos
laborados en los años 2004 a 2006 y el 17 de diciembre del mismo año, requirió el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en las leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006, sin que haya recibido respuesta.

1.3 Concepto de la violación

5. Alegó que los actos administrativos presuntos negativos violaron los artículos 53
de la Constitución Política; 99 de la Ley 50 de 1990; la Ley 244 de 1995; la Ley 1071
de 2006; los artículos 83, 138, 189, 192, 193 y 195 de la Ley 1437 de 2011; los
artículos 302, 303 y 307 de la Ley 1564 de 2012 y los decretos 2712 de 1999 y 3118
de 1968.

6. Manifestó que los actos administrativos desconocieron la obligación de resolver

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Expediente digitalizado del tribunal, índice 12 de Samai.

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Número Interno: 2438-2015
Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

oportunamente la solicitud de reconocimiento de las cesantías definitivas y efectuar
su pago dentro de los términos legalmente establecidos.

7. Que, de conformidad con la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, la entidad empleadora dispone de quince (15) días hábiles para expedir el
acto administrativo de reconocimiento de las cesantías y la entidad pagadora de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde la ejecutoria del acto, para
efectuar su pago. El incumplimiento de dichos términos genera el reconocimiento
de la sanción moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo,
sin que la ley contemple excepciones para exonerar a la administración de dicha
obligación.

8. Expresó que la demandada omitió pronunciarse oportunamente sobre las
solicitudes presentadas por la demandante y no efectuó el reconocimiento y pago
de las cesantías definitivas ni de la sanción moratoria, por lo que incumplió los
deberes legales que regulan esta prestación social y vulneró el derecho de petición,
los principios de eficacia y celeridad administrativa, así como los derechos mínimos
e irrenunciables de los trabajadores previstos en el artículo 53 de la Constitución
Política.

9. Fundamentó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que,
cuando la administración omite o retrasa el reconocimiento de las cesantías, la
sanción moratoria se causa desde el vencimiento de los términos legales previstos
para decidir la solicitud y efectuar el pago, sin que la inactividad administrativa
constituya una causal de exoneración.

10. Finalmente, afirmó que el silencio de la administración y el incumplimiento de
las obligaciones legales relativas al reconocimiento y pago oportuno de las
cesantías definitivas, constituyen una vulneración del ordenamiento jurídico, razón
por la cual, los actos administrativos presuntos demandados se encuentran viciados
de nulidad. En consecuencia, procede declarar su nulidad y, como restablecimiento
del derecho, ordenar el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas junto con
la sanción moratoria causada hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, en los
términos previstos en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

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Número Interno: 2438-2015
Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

1.4 Contestación de la demanda3

11. Según se advierte en el acta de la audiencia inicial en la que se profirió la
sentencia apelada y se corrobora en el expediente, la parte demandada,
Departamento del Chocó, guardó silencio en el momento procesal oportuno, por lo
que no contestó el medio de control.

1.5 Sentencia de primera instancia

12. En la audiencia inicial llevada a cabo el Cinco (5) de mayo de Dos Mil Quince
(2015) el Tribunal Administrativo del Chocó emitió la sentencia No. 53, en la que
declaró probada de oficio la excepción de prescripción y, en consecuencia, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Al respecto, en
la parte resolutiva del fallo se dispuso:

“PRIMERO. Declarar probada de oficio, la excepción de prescripción de los
derechos laborales reclamados.

SEGUNDO: Deniéguese las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Costas para la parte demandante, fijase las agencias en derecho en la
suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO para ser incluidas en la liquidación de costas, por Secretaría tásense.

CUARTO: Por Secretaría compúlsense copias para que la Procuraduría General de
la Nación, Seccional Chocó investigue la conducta de los funcionarios responsables
de enviar los antecedentes administrativos.

QUINTO: Por Secretaría, devuélvase a la parte demandante el remanente de los
gastos del proceso, si hay lugar a ello”.

13. Debido a que en el acta de la audiencia inicial en la que se profirió la sentencia
apelada no contenía los argumentos que llevaron al tribunal a la decisión adoptada
y que hoy es objeto de censura por la parte demandante, el consejero ponente debió
requerir al juzgador de primera instancia4 para allegar la grabación de la diligencia
y tener acceso a los argumentos de la sentencia. Es así que de dicha grabación5 se
extrajo lo siguiente:

14. El tribunal hizo un análisis normativo y jurisprudencial relativo a la prescripción

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Expediente digitalizado del tribunal, índice 12 de Samai.
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Autos del 12 de diciembre de 2019, del 13 de diciembre de 2022 y del 21 de marzo de 2025, visibles en:
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/27001233300020140013601/878DE2
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Índice 24 del expediente electrónico de Samai del Tribunal de origen.

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Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

de los derechos laborales, para concluir que los mismos se afectan por tal fenómeno
jurídico cuando pasados tres años de su exigibilidad, no se solicitaron por el
interesado. Descendiendo al caso concreto advirtió que el nombramiento provisional
como docente de la Institución Educativa de Bojayá de la demandante, se dio por
terminado mediante el Decreto 0843 del 28 de noviembre de 2006 y que a partir de
dicha fecha se hizo exigible el derecho al pago de sus cesantías definitivas, por lo
que tenía hasta el 29 de noviembre de 2009 para efectuar su reclamación y, en
atención a que fueron solicitadas el 3 de noviembre de 2009, se interrumpió la
prescripción, de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y del
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

15. Que en la demanda se pretendió la nulidad de los actos fictos negativos
derivados de las peticiones del 9 de noviembre y 17 de diciembre de 2009 con los
cuales se solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías y la sanción moratoria
por su pago inoportuno, respectivamente; peticiones con las que se interrumpió el
término de prescripción por tres (3) años, por lo que el lapso para presentar la
demanda fenecía el Cuatro (4) de noviembre de Dos Mil Doce (2012), respecto a
las cesantías definitivas y el Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Doce (2012) en
lo referente a la sanción moratoria. Sin embargo, la demanda se presentó el Catorce
(14) de julio de Dos Mil Catorce (2014), así que prescribieron los derechos laborales
reclamados, por lo que declaró probada de oficio la excepción de prescripción.

16. Finalmente, condenó en costas, incluidas las agencias en derecho, a la parte
demandante, de conformidad con el artículo 188 del CPACA. Asimismo, compulsó
copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigara la conducta del
funcionario responsable en el Departamento del Chocó de allegar al proceso los
antecedentes administrativos de la actuación.

1.6 Recurso de apelación

17. Mediante memorial radicado el Catorce (14) de mayo de Dos Mil Quince (2015)6,
la parte demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, por
considerar que incurrió en un error al declarar prescritas las pretensiones
relacionadas con el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas y de la
sanción moratoria.

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Expediente digitalizado del tribunal, ííndice 12 de Samai.

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Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

18. Sostuvo que, el asunto tuvo origen en dos actos administrativos presuntos de
carácter negativo, configurados por el silencio de la administración frente a las
solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas y de la sanción
moratoria. En ese sentido, afirmó que el silencio administrativo constituye una
ficción legal destinada únicamente a habilitar el acceso a la jurisdicción, mas no
equivale a una respuesta de fondo ni puede generar efectos adversos para el
administrado en materia de prescripción.

19. Argumentó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y al
condicionamiento efectuado en la Sentencia C-792 de 2006, el agotamiento de la
reclamación administrativa mediante silencio administrativo negativo es una
facultad del administrado y no una obligación. En consecuencia, cuando el
interesado decide esperar una respuesta expresa de la administración, el término
de prescripción no comienza a correr sino desde la notificación de la decisión
definitiva, por lo que no resulta jurídicamente procedente declarar prescritos los
derechos reclamados con fundamento exclusivo en el transcurso del tiempo.

20. Igualmente, advirtió que la omisión de la administración en resolver las
peticiones vulneró los derechos fundamentales de petición, debido proceso
administrativo y acceso efectivo a la administración de justicia, pues, las autoridades
tienen el deber constitucional de emitir respuestas oportunas, claras y de fondo, sin
que el silencio administrativo pueda sustituir dicha obligación.

21. Indicó que las cesantías constituyen una prestación social de carácter legal cuyo
reconocimiento y pago corresponde exclusivamente a la entidad empleadora, razón
por la cual, el incumplimiento de esa obligación no puede trasladarse al trabajador
ni convertirse en una causa para desconocer sus derechos prestacionales.

22. Expuso que, de conformidad con las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, el único
deber del exservidor consiste en presentar la solicitud de reconocimiento de las
cesantías definitivas. A partir de ese momento, surge para la administración la
obligación de expedir el acto administrativo de reconocimiento dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes y efectuar el pago dentro de los cuarenta y cinco (45)
días hábiles posteriores a la ejecutoria del acto. El incumplimiento de estos términos
genera la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso,
sin que la ley contemple excepciones que exoneren a la entidad de dicha obligación.

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Número Interno: 2438-2015
Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

23. Asimismo, invocó la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual, cuando
la administración omite o retrasa el reconocimiento de las cesantías, la sanción
moratoria se causa desde el vencimiento de los términos legales para resolver la
solicitud y efectuar el pago, sin que la expedición tardía del acto administrativo
impida la configuración de la mora.

24. Finalmente, señaló que la sentencia apelada desconoció los principios de
igualdad, equidad, buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y tutela judicial
efectiva, al trasladar al administrado las consecuencias de la inactividad de la
administración y declarar prescritos unos derechos cuya satisfacción dependía
exclusivamente del cumplimiento de las obligaciones legales de la entidad pública.

1.7 Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia

25. Mediante auto del Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Quince (2015)7, el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA
hasta ese entonces sin modificación alguna, admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera instancia. Asimismo,
mediante auto del 22 de septiembre de 20178, corrió traslado para presentar sus
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para emitir su concepto, sin embargo,
las partes y el procurador delegado guardaron silencio.9

26. Posteriormente, al advertirse que el expediente hibrido se encontraba
incompleto, el despacho sustanciador requirió 10 al tribunal de origen para que
aportara la grabación de la audiencia inicial del 5 de mayo de 2015, diligencia en la
que se emitió la sentencia apelada. Dicho requerimiento solo fue atendido por el
tribunal hasta el Doce (12) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025).11

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

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Expediente digitalizado del tribunal, ííndice 12 de Samai.
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Expediente digitalizado del tribunal, índice 12 de Samai.
9
Según constancia secretarial del 2 de febrero de 2018, visible en el expediente digitalizado del tribunal, índice 12 samai.
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Autos del 12 de diciembre de 2019, del 13 de diciembre de 2022 y del 21 de marzo de 2025, visibles en:
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/27001233300020140013601/878DE2
3E88A61DCEE2D7B627CD7DA9DBAC119D8D13F64182206C7E119CDC0482/2
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Índice 00024 del expediente electrónico de Samai del tribunal de origen.

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Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

27. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.

2.2 Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿Al tratarse de nulidad de actos fictos derivados del silencio administrativo
negativo, a partir de cuándo empieza a contabilizarse el término de prescripción de
los derechos laborales?

ii) ¿Se encuentran prescritos los derechos a las cesantías y a la sanción moratoria
consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, reclamados por la señora
Silvia María Martínez Blandón?

iii) ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que declaró prescritos esos
derechos demandados por la actora?

29. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
ítems: 2.3 marco normativo y jurisprudencial; 2.4 hechos probados; 2.5 caso
concreto y 2.6 condena en costas.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1 Sanción moratoria por no pago oportuno de cesantías

30. La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el
pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones», señala el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías

definitivas de todos los servidores públicos y, en el parágrafo del artículo 2 regula la
sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública empleadora
consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de
las mismas..

31. Esta norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006,
con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los
trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación» (art. 1). Igualmente,

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Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

estipuló el término para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y
la procedencia de la sanción moratoria, en los artículos 4 y 5 así:

Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los
peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento
y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos
los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para
el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este.

32. Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible
la sanción por mora, la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 estudió las
distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y oportunidad del
acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso oportuno o
extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de
dicha actuación y determinó las siguientes reglas jurisprudenciales12

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto;
y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término

12
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –
cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a
partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto
administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley
1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984,
artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución”.

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Demandada: Departamento del Chocó

dispuesto en la ley13 para que la entidad intentará notificarlo personalmente, esto es, 5
días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por
este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación
y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno
de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como
computables para sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.

33. Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia en
cuanto al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar
esa base (sin perjuicio de la actualización de la respectiva condena), así:

TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales,
donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al
momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA .

2.3.2 Prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o no pago de
cesantías definitivas de la Ley 244 de 1995

34. El artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, en armonía con el 102 del Decreto 1848
de 1969, disponen que los derechos laborales prescriben en tres años contados
desde que se hayan hecho exigibles y que, el simple reclamo escrito de ellos,
interrumpe la prescripción por un lapso igual y por una sola vez.

35. Por otro lado, en la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de
noviembre de 2023, la Sección Segunda de esta Corporación, estableció las reglas
sobre la prescripción de la sanción moratoria, por pago inoportuno o no pago de
cesantías definitivas, así14

«(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en
el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a
contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo
legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta
después de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción
total.

13
Artículo 69 CPACAA.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado
080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Número Interno: 2438-2015
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Demandada: Departamento del Chocó

(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago
tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la
reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido
como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin que
opere la prescripción.

(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la
sanción moratoria.»

2.4 Medios de prueba

36. Al plenario se allegaron las siguientes pruebas documentales relevantes para la
decisión:

36.1 Según formato de certificación de historia laboral expedido por la Secretaría de
Educación del Chocó, la demandante Silvia María Martínez Blandón, laboró para
esa dependencia en calidad de docente provisional, desde el 23 de julio de 2004
hasta el 28 de noviembre de 200615

36.2 El 3 de noviembre de 2009 presentó reclamación administrativa ante la
Gobernación del Chocó, solicitando las cesantías y sus intereses, por la relación
laboral que la vinculó con ese ente territorial hasta el 28 de noviembre de 2006.16

36.3 El 17 de diciembre de 2009, la actora formuló solicitud de reconocimiento y
pago de sanción moratoria a razón de un día de salario por cada uno de mora, por
el no pago oportuno de las cesantías que había reclamado, conforme a las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006.17

36.4 La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada por la
demandante el día 14 de julio de 2014.18

2.5 Análisis del caso concreto

37. La demandante pretende obtener la declaratoria de nulidad de los actos fictos
negativos, derivados del silencio administrativo de la entidad demandada frente a
las peticiones radicadas el 3 de noviembre de 2009, mediante la cual, solicitó el

15
Samai del tribunal de origen, índice 12, páginas 44 a 47
16
Samai del tribunal, índice 12, páginas 13 a 15
17
Samai del tribunal de origen, índice 12, páginas 13 a 15
18
Samai del tribunal, índice 12, páginas 11 y 32

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Número Interno: 2438-2015
Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

reconocimiento y pago de las cesantías definitivas generadas por la terminación del
vínculo laboral ocurrida el 28 de noviembre de 2006 y el 17 de diciembre de 2009,
a través de la cual reclamó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y, a título de restablecimiento del derecho,
que esta jurisdicción ordene a la entidad demandada el pago de ambas
pretensiones.

38. Por su parte, la entidad demandada no contestó la demanda ni se pronunció
frente al recurso de apelación formulado por la demandante.

39. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Chocó,
declaró prescritos los derechos tanto de las cesantías como de la sanción moratoria.

40. Inconforme con esa decisión, la demandante la recurrió aduciendo que el
término de prescripción solo comienza a correr desde la notificación de la decisión
definitiva, por lo que no resulta jurídicamente procedente declarar prescritos los
derechos reclamados con fundamento exclusivo en el transcurso del tiempo.
Además, adujo que se vulneraron los principios de igualdad, equidad, buena fe,
confianza legítima, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, al trasladar al
administrado las consecuencias de la inactividad de la administración y declarar
prescritos unos derechos cuya satisfacción dependía exclusivamente del
cumplimiento de las obligaciones legales de la entidad pública.

41. Para resolver los cuestionamientos planteados en el problema jurídico, la Sala
encuentra demostrado que la demandante Silvia María Martínez Blandón, laboró
como docente provisional, desde el 23 de julio de 2004 hasta el 28 de noviembre de
2006, en la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó. Presentó petición
de reconocimiento de cesantías derivadas de esa relación laboral, el 3 de noviembre
de 2009 y de pago de los valores por concepto de sanción moratoria, el 17 de
diciembre de esa misma anualidad, invocando las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, tal como se dejó sentado en acápite anterior.

42. Por otro lado, la demanda fue presentada el 14 de julio de 2014, ante el Tribunal
Administrativo del Chocó.

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Número Interno: 2438-2015
Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

43. En aplicación de las normas que consagran la figura jurídica de la prescripción,
esto es, los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969 y
151 del Código de Procedimiento Laboral vigente para la época en que se
contabiliza el término prescriptivo, al igual que la jurisprudencia de esta Sección, los
derechos tanto al reconocimiento de las cesantías como de la sanción moratoria por
no pago oportuno de esa prestación social, se encuentran prescritos.

44. En efecto, tal como lo adujo el tribunal de primera instancia, la petición inicial de
cesantías del 3 de noviembre de 2009 y la del 17 de diciembre del mismo año, esta
última reclamando la sanción moratoria, interrumpieron el término de prescripción,
si se tiene en cuenta que, la relación laboral feneció el 28 de noviembre de 2006,
fecha en que la obligación se hizo exigible, por cuanto se presentaron dentro de los
tres años siguientes; sin embargo, como la demanda fue formulada el 14 de julio de
2014, esto es, después de vencido el nuevo período trienal al que hace alusión las
normas antes enunciadas, operó el mencionado fenómeno extintivo del derecho,
por cuanto la demandante dejó vencer el nuevo lapso interrumpido.

45. Siendo así las cosas, acertó el tribunal al declarar la prescripción trienal tanto
del derecho a las cesantías como de la sanción moratoria, toda vez que, la actora
dejó vencer el nuevo término interrumpido con la formulación de las reclamaciones
administrativas, pues, podía presentar la demanda hasta el 17 de diciembre de
2012, pero solo la formuló el 14 de julio de 2014.

2.6 Condena en costas

46. En la sentencia apelada, el A-quo condenó en costas a cargo de la demandante
y fijó como agencias en derecho la suma de $657.8/75. La sala revocará esta
condena por las siguientes razones:

47. El artículo 188 del CPACA establece que, «salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil» Asimismo, en virtud de la
modificación que introdujo el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al precepto en cita,
se contempló que: «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal».

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Número Interno: 2438-2015
Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

48. Esta Sala, en reciente sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026) 19 , reiteró que la palabra «disponer» a la que hace referencia la
norma en cita, no presupone la causación automática de costas contra la parte que
pierda el litigio. Además, en el evento en que haya lugar a su imposición, se acudirá
a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

49. En dicho pronunciamiento, la Sala resaltó que, a diferencia de lo que acontece
en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-administrativo
elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la condena 20 . Esa ponderación
involucra, entre otros, el análisis de aspectos como la existencia o no de actuaciones
temerarias, desleales o dilatorias que impacten el curso normal del proceso.

50. En el sub judice, no se evidenció que la demandante Silvia María Martínez
Blandón, en calidad de parte vencida, haya actuado con temeridad o mala fe,
sino que, por el contrario, su actuación procesal devela simplemente la defensa de
sus propios intereses, razón por la cual, no se cumplen los presupuestos exigidos
por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y, en tal virtud, se revocará la condena
en costas efectuada en primera instancia.

51. Por las mismas razones, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

52. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia No. 53 del Cinco (5) de
mayo de Dos Mil Quince (2015), emitida por el Tribunal Administrativo del Chocó,
en cuanto condenó en costas de primera instancia a cargo de la parte demandante,
conforme a las motivaciones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 28 de mayo
de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 73001-23-33-000-2021-00309-01 (0811-2024).
20
En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de
diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Silvia María Martínez Blandón
Demandada: Departamento del Chocó

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la referida sentencia, de acuerdo con lo
explicado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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