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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2015-00164-01

Fecha
3 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2015-00164-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2019, por el Tribunal Administrativo del Chocó, que denegó las pretensiones de la demanda, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor Felipe Antonio Palacios Palacios, en contra del departamento del Chocó (Dasalud), conforme a lo expuesto en las consideraciones que anteceden. Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2015-00164-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

3 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 27001 23 33 000 2015 00164 01 (2328-20)
Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios
Demandado: Departamento del Chocó - Dasalud (Chocó)

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante, contra la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2019, por el
Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Felipe Antonio Palacios Palacios, por conducto

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 27001 23 33 000 2015 00164 01 (2328-2020)
Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o
presunto negativo que surgió ante la omisión de respuesta, por parte del
departamento del Chocó (Departamento Administrativo de Salud del Chocó1), frente
a la petición radicada el 30 de octubre de 2013, en la cual reclamó el reconocimiento
de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de sus cesantías definitivas.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó reconocer y pagar la sanción
moratoria por el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2012 y el momento
en que se paguen, en su totalidad, sus cesantías; conceder, a su favor, los intereses
de mora y la indexación de las sumas debidas; y dar cumplimiento a la sentencia en
los términos de los artículos 187, 188 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) El demandante laboró al servicio del departamento de Chocó (Dasalud), por
virtud de contratos de prestación de servicios y su empleador le quedó debiendo
diferentes factores salariales y prestacionales correspondientes al «tiempo que duró
la relación laboral» por lo cual decidió reclamar lo pertinente, pero obtuvo una
respuesta adversa a sus intereses.

(ii) En razón de lo anterior, inició proceso judicial en contra de la entidad
demandada, con el objeto de que reconociera las sumas adeudadas, el cual se
tramitó ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, con el
radicado 2007-000520.

(iii) Surtidas todas las etapas procesales, el aludido despacho judicial declaró la

1 En adelante Dasalud.

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Radicado: 27001 23 33 000 2015 00164 01 (2328-2020)
Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

nulidad del acto que allí se demandó y condenó al departamento del Chocó
(Dasalud), a título de reparación del daño, a reconocer «el valor equivalente a las
prestaciones sociales comunes devengadas por los empleados vinculados a dicha
entidad, durante el periodo que prestó sus servicios, liquidadas conforme al valor
pactado en el contrato de prestación de servicios, sumas que serán ajustadas […]»

(iv) Con el objeto de que se cumpliera la sentencia, allegó la cuenta de cobro para
que la parte demandada realizara las gestiones necesarias para ello; sin embargo,
«a la fecha» no ha pagado las cifras ordenadas, de conformidad con la sentencia
238 del 5 de julio de 2011, la cual está debidamente ejecutoriada.

(v) En la sentencia dictada el 19 de febrero de 2009, en el expediente
730012331000200003449-01, número interno 3074-2005, del Consejo de Estado,
Sección Segunda, se señaló que «[e]s a partir de la decisión judicial que desestima
los elementos de la esencia del contrato de prestación de servicios que se hace
exigible la reclamación de derechos laborales tanto salariales como prestacionales,
porque conforme a la doctrina esta es de las denominadas sentencias constitutivas,
ya que el derecho surge a partir de ella, y por ende la morosidad empieza a contarse
a partir de la ejecutoria de esta sentencia».

(vi) Lo anterior sirvió de base para reclamar ante la administración la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, a través de petición del 30 de octubre de
2013, con ocasión de la tardanza en el pago de las cesantías reconocidas a través
de la sentencia mencionada; sin embargo, la entidad ha guardado silencio, lo que
conlleva la configuración del acto ficto negativo, el cual se puede demandar en
cualquier tiempo, en uso de la «acción» de nulidad y restablecimiento del derecho.

(vii) Con la omisión de respuesta, los liquidadores de Dasalud se muestran
renuentes a cumplir con los extremos de la sentencia dictada en su contra, pese a
que la Corte Constitucional, en aplicación de la Convención Americana de Derechos
Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha determinado
que las autoridades públicas y particulares deben acatar los fallos judiciales, como

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Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

una materialización de los derechos fundamentales y el goce pleno de los mismos.

(viii) Los derechos de los trabajadores no se pueden desconocer con ocasión de
procesos liquidatorios, pues los desórdenes administrativos y financieros no eximen
a la administración de reconocer las acreencias de sus trabajadores, en este caso,
del pago oportuno de las cesantías, derecho que nació como consecuencia de la
finalización de su labor, momento en el que necesita con mayor urgencia sus
recursos.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 58, 90, 122,
123, 125 y 211 de la Constitución Política; 1603, 1613 y 1614 del Código Civil; las
Leyes 244 de 1995 y 995 de 2005 y el Decreto 404 de 2006.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se relacionan a continuación:

(i) Las prestaciones sociales se han instituido como formas de preservar la dignidad
humana y la seguridad de las personas que trabajan, para «cubrir los riesgos del
trabajo, de la vida, de la familia y en general de la sociedad» y su propósito consiste
en suplir las deficiencias del salario y cubrir las necesidades del empleado y de su
familia, la cesación en el trabajo y los riesgos de incapacidad laboral por accidente
o enfermedad profesional, el seguro por muerte y la pensión de invalidez o
jubilación, si fuere el caso. Por ello, gozan de especial protección por parte de la
constitución y la ley, de manera que no se permite su abandono o renuncia
voluntaria, comoquiera que son de orden público.

(ii) Para el caso de las cesantías definitivas, estas debieron pagarse en forma
inmediata, más aún cuando la Ley 244 de 1995 estableció términos perentorios para
ese efecto y, en el caso particular, debió atenderse la sentencia dictada el 19 de
febrero de 2009, en el expediente 730012331000200003449-01, número interno

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Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

3074-2005, del Consejo de Estado, Sección Segunda, y, producto de ello, tener en
cuenta que a partir de la sentencia a través de la cual se desestimaron «los
elementos de la esencia del contrato de prestación de servicios» se hacía exigible
la reclamación de sus derechos salariales y prestacionales, respecto de los cuales
no puede operar la prescripción pues la morosidad de la administración en el pago
de estos se causó a partir de la ejecutoria de la providencia.

1.2. Contestación de la demanda

El departamento del Chocó, por conducto de su apoderado, contestó la demanda2
y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual expuso lo siguiente:

(i) El demandante no ha laborado al servicio del departamento del Chocó y, por
tanto, no es viable atribuir ninguna responsabilidad a ese ente territorial frente a las
pretensiones de la demanda, las cuales derivan de Dasalud, en liquidación.

(ii) Lo anterior permite concluir que en el caso analizado se configuran las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la
obligación por parte del departamento del Chocó.

(iii) No sobra agregar que, en el sub lite, se configura la identidad de objeto y de
causa en torno al proceso conocido por el Juzgado Primero Administrativo de
Quibdó, en el que se expidió la sentencia 238 del 5 de julio de 2011, la cual se dice
desconocida por parte del demandante; por lo tanto, debe considerarse que el
medio para hacer efectivo lo allí ordenado es el proceso ejecutivo o, incluso, la
acción de tutela.

1.3. La sentencia apelada

2 Folios 69 a 77.

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Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia proferida el 23 de
septiembre de 2019,3 negó las pretensiones de la demanda. Las razones que lo
llevaron a tal conclusión fueron las siguientes:

(i) Al revisar las pruebas que obran en el proceso, se advierte que a través de
sentencia 238 del 5 de julio de 2011, emanada del Juzgado Primero Administrativo
de Quibdó, además de declarar la nulidad del acto administrativo allí censurado, se
ordenó pagar a favor del demandante las prestaciones sociales, por haber
demostrado que se configuró una relación laboral.

(ii) En las anteriores condiciones, la sanción moratoria que se reclama surge de la
orden de reconocimiento prestacional dispuesta en la aludida providencia, situación
en la que no es viable aplicar dicha penalidad, como lo ha sostenido el Consejo de
Estado, por lo cual se acogen, en su integridad, los argumentos de la sentencia del
21 de abril de 2016, dictada dentro del radicado 19001 23 31 000 2010 00200 01,
número interno 3988-2013, magistrado ponente Gabriel Valbuena Hernández, en la
cual se señaló que el término para cumplir ese tipo de providencias es el previsto
en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

1.4. El recurso de apelación

El señor Felipe Antonio Palacios Palacios, por conducto de su apoderado, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,4 con base en los
argumentos que se enuncian a continuación:

(i) En el caso bajo examen, el tribunal acudió a una sentencia que no es aplicable,
pues no trata sobre el momento a partir del cual procede el reconocimiento de la
sanción moratoria cuando se declara la existencia de un contrato realidad.

(ii) En asuntos relativos a la declaratoria de una relación encubierta ha sido pacífica

3 Folios 130 a 135.
4 Folios 139 a 146.

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Radicado: 27001 23 33 000 2015 00164 01 (2328-2020)
Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

la jurisprudencia en la que se precisa que el reconocimiento y pago de las cesantías
solo surge a partir de la declaratoria de la relación laboral, por ello no podía
reclamarse la sanción moratoria en una fecha anterior.

(iii) Así las cosas, como el reconocimiento y pago de las cesantías se ordenó a
través de la sentencia 238 de 2011, al advertir que la entidad no cumplió
oportunamente lo ordenado en ella, era viable reclamar la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995 y el a quo debió acceder a las pretensiones,
comoquiera que derivaban de la declaración de la existencia de una relación laboral
encubierta.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte demandante descorrió el término para alegar de conclusión5 y reiteró los
argumentos del recurso de apelación.

La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.6

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación, se circunscribe a establecer si procede el

5 Como consta en el memorial que obra en el índice 13 de la plataforma Samai.
6 Folio 162.
7 Folio 162.

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Radicado: 27001 23 33 000 2015 00164 01 (2328-2020)
Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, con ocasión
de la tardanza en el pago de las cesantías definitivas reconocidas a través de una
sentencia judicial, como parte de las prestaciones derivadas de una relación laboral
encubierta o subyacente.

2.2. Marco normativo

La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que
la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente
los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el
acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los

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Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador8.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales9 de los servidores públicos, en sus artículos 4
y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir

8 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
9 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la

administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».

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Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.

Por otro lado, los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo,10 en
materia de cumplimiento de las sentencias dictadas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, preveían lo siguiente:

Artículo 176. Reglamentado por el Decreto Nacional 768 de 1993 Las autoridades a
quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de
treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en
la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.

Artículo 177. Reglamentado por el Decreto Nacional 768 de 1993 Efectividad de
condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad
territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero,
se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer
las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y
dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos
básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir
en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del
presupuesto.

El Congreso, las asambleas, los concejos, el Contralor General de la República, los
contralores departamentales, municipales y distritales, el Consejo de Estado y los
tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán
abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido
partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que
haya relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los
presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más
lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia
ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses
comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios
después de este término. (El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-188 de 1999)

Iniciso. 6º Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga
o liquide de una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los
beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva,
acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de

10 Norma vigente cuando se expidió la sentencia 238 del 5 de julio de 2011, del Juzgado Primero

Administrativo de Quibdó.

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Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal
forma.

Inciso 7º En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro
del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo
disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en
adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

(i) El 5 de julio de 2011,11 el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó expidió
sentencia 238, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por el señor Felipe Antonio Palacios Palacios, en contra del departamento del Chocó
(Dasalud), identificado con el radicado 27001 33 31 001 2007 00520, tendiente al
pago de los salarios y prestaciones sociales derivados de la relación laboral que se
habría sostenido entre las partes, en la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda y, entre otras cosas, se ordenó lo siguiente:

CONDÉNASE al Departamento del Chocó – DASALUD a pagar al actor. A título de
Reparación del Daño, el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes
devengadas por los empleados vinculados a dicha entidad, durante el periodo que
prestó sus servicios, liquidadas conforme al valor pactado en el contrato de prestación
de servicios, sumas que serán ajustadas conforme quedó expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.

En las consideraciones de tal decisión, en torno a las prestaciones sociales a
reconocer, la única manifestación que se hizo fue la siguiente:

Se accede a reconocer las prestaciones sociales, ya que se logró demostrar –con la
declaración obrante dentro del proceso y las pruebas recaudadas- los elementos del
Contrato de trabajo y desvirtuar por completo los elementos del Contrato de
prestación de servicios regido por el art.- 32 de la ley 80 de 1993, o sea, la
desnaturalización que se hizo del mismo.

11 Folios 19 a 43.

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(ii) El 30 de octubre de 2013,12 el demandante formuló reclamación ante el
gobernador del Chocó y el director de Dasalud, encaminada a obtener la «sanción
moratoria que consagra la ley 244 de 1995, por el no pago oportuno de la sentencia
Nro. 238 dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, el 05 de julio de
2011»

(iii) El 27 de noviembre de 2014,13 el demandante, por intermedio de su apoderado,
formuló solicitud ante el director de Dasalud, con miras a obtener el «pago de la
sentencia Nro. 238 dictada por el juzgado Primero Administrativo de Quibdó el 05
de julio de 2011», para tal efecto, reclamó entre otras cosas, las cesantías, los
intereses a las cesantías y la sanción moratoria.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

A efecto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe señalar que lo que
se cuestiona, por parte del demandante, en la alzada, es el hecho de que el tribunal
hubiera negado las pretensiones de la demanda, orientadas a obtener el
reconocimiento de la sanción moratoria producto de la tardanza en el pago de las
cesantías, ordenadas en virtud de la sentencia Nro. 238 emitida por el Juzgado
Primero Administrativo de Quibdó el 05 de julio de 2011, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número 27001 33 31 001
2007 00520.

En torno a lo anterior, el señor Palacios Palacios considera que como la providencia
antes mencionada «es constitutiva de derechos», en concreto, de sus prestaciones
sociales dentro de las cuales están las cesantías, a partir de su ejecutoria y de la
tardanza en el pago de ellas, surgía la posibilidad de reclamar la sanción moratoria
a que alude la Ley 244 de 1995.

Sin embargo, la Sala no comparte tal interpretación pues esta no deriva de lo

12 Folios 50 a 53.
13 Folios 44 y 45.

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Radicado: 27001 23 33 000 2015 00164 01 (2328-2020)
Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

dispuesto en la Ley 244 de 1995, toda vez que la sanción prevista en la norma se
causa con ocasión del incumplimiento en el plazo previsto por el legislador para el
pago de las cesantías definitivas, en el contexto de que el empleador incumpla el
plazo que la ley dispone para ese efecto, contado a partir de la reclamación que
se hace, por parte del empleado, al momento de finalizar la relación laboral,
mientras que lo que pretende el actor es hacerla derivar de la tardanza en el pago
de lo ordenado en una sentencia judicial, de manera que se trata de un supuesto de
hecho distinto. En efecto, esta Corporación ha analizado asuntos de contornos
similares, y ha concluido lo siguiente:

En el asunto bajo estudio los valores que por concepto de cesantías debe pagar la
E.S.E tienen como origen una condena judicial, que declaró la nulidad del acto de
retiro, lo cual implicaba que el empleador asumiera las consecuencias y retornará las
cosas a su estado anterior como si el acto de insubsistencia nunca hubiere existido.

En ese orden, el actor no se encuentra dentro de la hipótesis prevista […] para ser
acreedor de la sanción moratoria, porque en efecto no está en la situación fáctica
descrita en la norma sino que el incumplimiento en que incurrió la entidad, se
predica respecto de la decisión judicial que ordenó el reconocimiento y pago
que por dicho concepto se hubiera causado, durante el tiempo que permaneció
retirado del servicio.

Además, para hacerse efectiva la condena se previó el procedimiento previsto en los
artículos 176 y 177 del C.C.A, en razón a que las sentencias judiciales son un título
ejecutivo.14 [Resalta la Sala]

De la providencia transcrita se infiere que en procesos como el que se analiza, la
Corporación ha considerado que cuando la orden de reconocimiento de
prestaciones sociales deriva de una decisión judicial, lo que procede es exigir el
pago de la condena en los precisos términos de los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo, o, en la actualidad, los artículos 192 y 195 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Valga aclarar que no es de recibo el argumento invocado por el demandante, en el
sentido de indicar que la razón que viabiliza la prosperidad de sus pretensiones
consiste en que la sentencia dictada por el Juzgado Primero Administrativo de

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de agosto de 2013, M.P.

Alfonso Vargas Rincón, radicación: 76001-23-31-000-2008-00636-01, número interno: 0342-12.

13

Radicado: 27001 23 33 000 2015 00164 01 (2328-2020)
Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

Quibdó es constitutiva de derechos, en particular, de sus cesantías, pues lo que se
ordenó en tal providencia15 fue un reconocimiento «a título de Reparación del Daño»
es decir, una compensación económica por los diferentes emolumentos que habría
dejado de recibir durante la «relación laboral»16 que sostuvo con Dasalud, lo que
quiere decir que dicho pago no corresponde propiamente a los conceptos de
salarios y prestaciones sociales. Así se sostuvo por la Subsección B de esta
Corporación en los siguientes términos:

Y a propósito de la manera como fue ordenado el pago de la prenotada prestación
social, valga decir, a título de indemnización17, es claro que la obligación a cargo del
Hospital San Francisco de Asís de Quibdó consiste en el pago de una
compensación económica a favor de la actora en la que se encuentra contenida
diferentes acreencias entre ellas las cesantías e intereses a las cesantías, pero
que la indemnización propiamente dicha no consiste en el pago en sí de los
mismos conceptos de salarios y prestaciones sociales.18 [Resalta la Sala]

En tales condiciones, la Sala considera que la interpretación realizada por el a quo
que llevó a negar las súplicas de la demanda se encuentra acorde con la postura
que ha acogido la Sección Segunda del Consejo de Estado, cuando se reclama la
sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, producto de la tardanza en el
pago de las cesantías que se habrían ordenado a través de una decisión judicial,
esto es, que no procede su reconocimiento porque, en tales casos, la autoridad
condenada debe atender los términos previstos en el ordenamiento legal para el
cumplimiento de las sentencias, razón por la cual se confirmará la decisión
recurrida.

2.5. Condena en costas

15 En la sentencia dictada el 5 de julio de 2011 por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, en

el radicado 27001 33 31 001 2007 00520.
16
Según lo que se concluyó en dicha providencia.
17 Cita propia del texto transcrito: «Respecto de la definición de la acción de indemnizar, la Real

Academia de la Lengua Española 18 ha señalado lo siguiente:
“Resarcir de un daño o perjuicio, generalmente mediante compensación económica”.»
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2020,

radicado: 270012333000201700098-01, número interno: 2437-2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.

14

Radicado: 27001 23 33 000 2015 00164 01 (2328-2020)
Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,19 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio objetivo
valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise si ellas se
causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional realizada
dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la temeridad de las
partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en los numerales 1 y
8 del artículo 365 del Código General del Proceso,20 la Sala se abstendrá de
condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, teniendo en
cuenta que aunque la decisión en torno al recurso de apelación fue desfavorable a
sus intereses, la entidad demandada no actuó en segunda instancia.21

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, y se
abstendrá de condenar en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
20 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
21 La parte demandada no presentó alegatos de conclusión, según consta en el informe secretarial

visible en folio 162.

15

Radicado: 27001 23 33 000 2015 00164 01 (2328-2020)
Demandante: Felipe Antonio Palacios Palacios

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2019, por el
Tribunal Administrativo del Chocó, que denegó las pretensiones de la demanda, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor
Felipe Antonio Palacios Palacios, en contra del departamento del Chocó (Dasalud),
conforme a lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG

16

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