Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2018-00055-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2018-00055-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2018-00055-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 27001-23-33-000-2018-00055-01 (3635-2021)
Demandante: Marcial Figueroa Lozano
Demandado: Hospital San Francisco de Asís de Quibdó
Tema: Mora en el pago de cesantías ordenadas por sentencia que
declaró la existencia de relación laboral encubierta.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la señora Marcial Figueroa Lozano contra la sentencia del 6 de agosto de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
La parte demandante solicitó la nulidad del acto administrativo ficto negativo que
surgió con ocasión de las peticiones de 1° de octubre de 2012, 13 de marzo de
2015 y 9 de enero de 2018 en las que pidió el pago de la sanción moratoria por
el pago tardío de sus cesantías definitivas.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó: i) reconocer la sanción
moratoria por el retardo en el pago de las cesantías reconocidas por orden
judicial, causadas desde el 3 de mayo de 2012 y el momento en que se paguen
en su totalidad la prestación social; ii) pagar sobre la sumas objeto de condena
intereses de mora debidamente indexados y iii) dar cumplimiento a la sentencia
en los términos de los artículos 187, 188 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda2
El señor Marcial Figueroa Lozano fundamentó sus pretensiones en los siguientes
1 Folios 1 y 2 del expediente.
2 Folios 4 a 15, ibidem.
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 27001233300020180005501 (3635-2021)
Demandante: Marcial Figueroa Lozano
hechos:
i) El demandante laboró al servicio del Hospital San Francisco de Asís
mediante contratos de prestación de servicios y su empleador le quedó
debiendo diferentes factores salariales y prestacionales correspondientes al
«tiempo que duró la relación laboral», por ello, reclamó lo pertinente, pero
obtuvo una respuesta desfavorable.
ii) Por lo anterior, inició proceso judicial en contra de la autoridad
administrativa, con el objeto de que reconociera las sumas adeudadas, éste
se tramitó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Quibdó, con el
radicado 2005-00444.
iii) Agotadas todas las etapas procesales, dicho despacho judicial declaró la
existencia una relación laboral en el interregno de 6 de enero de 1999 al 30
de abril de 2005, decisión confirmada parcialmente por el Tribunal Superior
de Quibdó, reconociéndose los siguientes conceptos i) cesantías:
$4.579.582; ii) intereses a las cesantías: $549.550; iii) vacaciones:
$2.289.791; iv) prima de servicios: $2.290.800; v) prima de navidad:
$4.581.596; vi) salarios, $3.550.000; vii) total: $17.841.319.
iv) Con el propósito de que se cumpliera la decisión, allegó la cuenta de cobro
para que la parte demandada realizara las gestiones necesarias para ello;
no obstante, a la fecha no ha pagado las cifras ordenadas, de conformidad
con la sentencia de 1° de febrero de 2012 dictada por el Tribunal Superior
de Superior, la cual está debidamente ejecutoriada.
v) En la sentencia calendada el 19 de febrero de 2009, emanada dentro del
expediente 73001-23-31-000-2000-03449-01, número interno 3074-2005,
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se señaló que «es a partir
de la decisión judicial que desestima los elementos de la esencia del
contrato de prestación de servicios que se hace exigible la reclamación de
derechos laborales tanto salariales como prestacionales, porque conforme
a la doctrina esta es de las denominadas sentencias constitutivas, ya que el
derecho surge a partir de ella, y por ende la morosidad empieza a contarse
a partir de la ejecutoria de esta sentencia».
vi) Teniendo en cuenta lo precedente, se reclamó ante la administración la
sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 a través de peticiones del
1° de octubre de 2012, 13 de marzo de 2015 y 9 de enero de 2018, como
consecuencia de la tardanza en el pago del auxilio de cesantías reconocidas
a través de la sentencia descrita; sin embargo, la entidad ha guardado
silencio, situación que generó la configuración del acto ficto negativo, el cual
se puede demandar en cualquier tiempo, en uso de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
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Demandante: Marcial Figueroa Lozano
vii) Con la falta de respuesta, la liquidadora del Hospital se mostró renuente a
cumplir con los extremos de la sentencia dictada en su contra, pese a que
la Corte Constitucional, en aplicación de la Convención Americana de
Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos ha determinado que las autoridades públicas y particulares deben
acatar los fallos judiciales, como una materialización del derecho
fundamental y el goce pleno de los mismos.
viii) Los derechos de los trabajadores no se pueden desconocer con ocasión de
procesos liquidatarios, ya que, los desórdenes administrativos y financieros
no eximen a la administración de reconocer las acreencias de sus
empleados, en este caso, del pago oportuno de las cesantías, derecho que
nació como consecuencia de la finalización de su labor, momento en el que
necesita con mayor urgencia sus recursos.
1. 3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación3
Se invocó en la demanda la trasgresión de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: artículos 1°, 2°, 4°, 25, 29, 48, 49, 53, 58, 90, 122, 123,
125 y 211 de la Constitución Política; 1603, 1613 y 1614 del Código Civil; las
Leyes 244 de 1995 y 995 de 2005 y el Decreto 404 de 2006.
Como concepto de violación señaló que las prestaciones sociales se han
establecido como formas de preservar la dignidad humana y la seguridad de las
personas que trabajan, para «cubrir los riesgos del trabajo, de la vida, de la familia
y en general de la sociedad» y su propósito consiste en suplir las deficiencias del
salario y cubrir las necesidades del empleado y de su familia, la cesación en el
trabajo y los riesgos de incapacidad laboral por accidente o enfermedad
profesional, el seguro por muerte y la pensión de invalidez o jubilación, si fuere
el caso. En consecuencia, gozan de especial protección por parte de la
constitución y la ley, de manera que no se permite su abandono o renuncia
voluntaria, por ser de orden público.
Indicó que el auxilio de cesantías definitivas debió pagarse en forma inmediata,
máxime que Ley 244 de 1995 estableció términos perentorios para ese efecto y,
en el caso particular, debió atenderse la sentencia dictada el 19 de febrero de
2009, en el expediente 73001-23-31-000-2000-03449-01, número interno 3074-
2005 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y, producto de ello, tener en
cuenta que a partir del fallo que desestimó «los elementos de la esencia del
contrato de prestación de servicios» se hacía exigible la reclamación de sus
derechos salariales y prestacionales, respecto de los cuales no opera la
prescripción, dado que la morosidad de la administración en el pago de estos se
causó a partir de la ejecutoria de la providencia.
3 Folios 15 a 18 del expediente.
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Demandante: Marcial Figueroa Lozano
1.4. Contestación de la demanda
El Hospital San Francisco de Asís no contestó la demanda.
1.5. Sentencia de primera instancia4
El 6 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo del Chocó negó las
pretensiones de la demanda, fundamentándose en el fallo del 21 de abril de 2016
dictado por el Consejo de Estado dentro del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho 19001-23-31-000-2010-00200-01, en ese orden de
ideas, concluyó que no es procedente la sanción moratoria por el no pago del
auxilio de cesantías definitivas cuando fueron reconocidas en sentencia judicial.
1.6. Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión
antes citada, para tal efecto, indicó:
i) La autoridad administrativa no dio cumplimiento a la sentencia, de ahí que,
no era necesario iniciar un nuevo proceso ordinario para obtener la
prestación adeudada, lo procedente era pedir la reactivación del proceso
ejecutivo como en efecto se realizó, ahora bien, respecto a la falta de
respuesta al reconocimiento de la sanción moratoria fue procedente
presentar la demanda ordinaria que declare el derecho, ya que, éste no se
genera automáticamente.
ii) Es relevante determinar el momento a partir del cual procede el
reconocimiento de la sanción moratoria cuando se declara la existencia de
un contrato realidad.
iii) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica en asuntos
relativos a la declaratoria de una relación laboral encubierta, resaltando que
el reconocimiento y pago de las cesantías solo surge a partir de la
declaratoria de la relación laboral, razón por la que la sanción moratoria no
se podía reclamar en una fecha anterior.
iv) Teniendo en cuenta que el reconocimiento y pago de las cesantías se
ordenó mediante sentencia judicial, al advertir que la entidad no cumplió
oportunamente lo ordenado ésta, era viable reclamar la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995 y el a quo debió acceder a las pretensiones,
comoquiera que derivaban de la declaración de la existencia de una relación
laboral encubierta.
4 Folios 137 a 141 del expediente
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Demandante: Marcial Figueroa Lozano
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
El 12 de noviembre de 2021 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría al
despacho para fallo5.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6. De igual manera, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso7,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, como en este caso únicamente una de las partes presentó recurso
de alzada, el análisis se encuentra limitado a los argumentos del respectivo
recurso.
2.2. Problema jurídico.
Corresponde determinar si la señora Marcial Figueroa Lozano tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria originada en el no pago oportuno
de sus cesantías reconocidas en sentencia judicial proferida por la jurisdicción
ordinaria, que declaró la existencia de una relación laboral encubierta.
3. Sanción moratoria por el no pago del auxilio de cesantías definitivas
reconocidas en sentencia judicial.
El artículo 1° de la antedicha Ley 244 de 1995, establece que la entidad
empleadora deberá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la reclamación del
interesado, expedir el acto administrativo correspondiente, sin perjuicio de las
solicitudes incompletas, las cuales deben subsanarse para que inicie el término
de la referencia, tal como se transcribe a continuación:
5 De acuerdo al informe secretarial visto en el folio 165 del expediente, no se presentaron solicitudes de
pruebas.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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Demandante: Marcial Figueroa Lozano
«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por
parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal
deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos
determinados en la Ley.
Parágrafo. - En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta,
deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le
hacen falta anexar.
Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en
los términos señalados en el inciso primero de este artículo».
De igual manera, el artículo 2° ibidem, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto administrativo
que reconoce las cesantías, para cancelar dicha prestación, veamos:
«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme
el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del
servidor público, para cancelar esta prestación social».
Ahora bien, la norma igualmente dispone una sanción moratoria cuando se
incumplen los términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago.
El parágrafo del artículo en comento estipula la sanción mora, de la siguiente
manera:
«Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará
acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin
embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre
que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste».
Posteriormente, con la Ley 1071 de 20068, se introdujo lo atinente al
reconocimiento de las cesantías parciales de los trabajadores y servidores del
Estado, así como su oportuno reconocimiento y cancelación; y se establecieron
los términos para efectuar dicho pago, así:
«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o
8 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se
regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los
servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para
su cancelación.”
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parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que
tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la
resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la
ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos
y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos
pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el
inciso primero de este artículo».
Igualmente, el artículo 5° ibidem, consagró un término para el pago de las
cesantías parciales o definitivas y la correspondiente sanción por el
incumplimiento del mismo, consistente en el pago de un día de salario por cada
día de retraso, así:
«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme
el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora
en el pago se produjo por culpa imputable a este».
4. caso concreto
En el expediente se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:
i) El 9 de mayo de 2011, el Juzgado Segundo Laboral de Quibdó dictó
sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral iniciado por la señora
Marcial Figueroa Lozano en contra del Hospital San Francisco de Asís,
identificado con el radicado 2005-00444-009, tendiente al pago de los
salarios y prestaciones sociales derivados de la relación laboral que se habría
sostenido entre las partes, se accedió a las pretensiones de la demanda y,
por lo tanto, resolvió lo siguiente:
«PRIMERO. DECLARAR la existencia del contrato de trabajo celebrado
entre el demandante señor MARCIAL FIGUEROA LOZANO y el
demandado HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, el cual se
9 Folios 24 a 50 del expediente.
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Demandante: Marcial Figueroa Lozano
desarrollo entre el 06 de enero de 1999 hasta el 30 de abril de 2005 y
terminó por decisión unilateral del empleador, sin justificación alguna,
conforme quedó expuesto.
SEUNDO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de
prescripción propuesta por el demandado, conforme a lo plasmado en
las consideraciones de este proveído.
TERCERO. DECLARAR no probada la excepción de inexistencia de la
obligación, conforme a lo expuesto.
CUARTO. CONDENAR al demandado HOSPITAL SAN FRANCISCO
DE ASIS, a pagar al demandante señor MARCIAL FIGUEROA
LOZANO, las siguientes acreencias:
Cesantías……………………………………………………..$4.741.667.00
Intereses a las cesantías………………………………………$569.000.00
Vacaciones………………………………………………...…$1.618.750.00
Prima de servicios……………………………………………$1.119.792.00
Prima de navidad…………………………………………….$2.239.583.00
Indemnización por despido injusto……………………………$900.000.00
Salarios……………………………………………...………..$6.000.000.00
[…]
SEXTO. ORDENAR la indexación de los valores reconocidos en la
sentencia, desde cuando se causó la obligación, 30 de abril de 2005,
hasta la ejecutoria de la misma.
[…]».
ii) El Tribunal Superior de Quibdó mediante decisión de 1° de febrero de 201210
confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, en ese sentido,
revocó el numeral segundo que declaró probada la excepción de prescripción
y modificó el numeral cuarto de la siguiente forma:
«Condenar al Hospital San Francisco de Asís a pagar al demandante
las prestaciones sociales causadas desde el 6 de enero de 1999 hasta
la fecha de terminación de la relación laboral, es decir, hasta el 30 de
abril de 2005, correspondiente a las siguientes:
Por concepto de cesantías al valor de $4.579.582
Intereses a las cesantías por la suma de $549.550
Vacaciones compensadas en dinero, el valor de $2.289.791
Prima de servicio el valor correspondiente a $2.290.800
Prima de navidad por la suma de $4.581.596
10 Folios 51 a 69 del expediente.
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Demandante: Marcial Figueroa Lozano
Por concepto de salarios la suma de $3.550.000
Sumas que en su totalidad ascienden a $17.841.319 […]».
iii) La demandante solicitó el 19 de febrero de 201211 al Hospital San Francisco
de Asís de Quibdó el cumplimiento y pago de los derechos reconocidos en
las precitadas sentencias, solicitud frente a la cual no obtuvo respuesta.
iv) El 1° de octubre de 201212, formuló reclamación ante el agente liquidador de
la entidad pública, encaminada a obtener la sanción moratoria que consagra
la Ley 244 de 1995, ya que en la sentencia de 9 mayo de 2011 dictada por
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Quibdó y que fue confirmada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó el 01 de febrero de 2012
en el proceso con radicación Nro. 2005-444, le fue reconocido y ordenado el
pago de todas las prestaciones sociales que le quedó adeudando esa
entidad-en especial sus cesantías-y a la fecha, no se ha efectuado el pago
de lo adeudado.
v) Dicha petición fue reiterada los días 13 de marzo de 201513 y 9 de enero de
201814, de igual manera, la parte demandada guardó silencio.
Argumentó la demandante en el recurso de apelación que la pretensión de la
demanda va dirigida a atacar el acto ficto negativo que negó el reconocimiento
de la sanción moratoria producto de la tardanza en el pago de las cesantías
ordenadas mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de
Quibdó el 9 de mayo de 2011, confirmada parcialmente por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Quibdó. Considerando que como la providencia es
constitutiva de derechos, en concreto, de sus prestaciones sociales dentro de las
cuales están las cesantías, a partir de su ejecutoria y de la tardanza en el pago
éstas, surge la posibilidad de reclamar la sanción moratoria de que trata la Ley
244 de 1995.
Sin embargo, la Sala no comparte dicha interpretación, pues la sanción moratoria
de que trata la norma en cita, se constituye cuando finaliza la relación laboral y
el empleador no satisface su obligación de entregar al trabajador los montos
correspondiente a las cesantías causadas hasta ese momento; por lo tanto, la
indemnización por la mora en el pago de las órdenes contenidas en una sentencia
judicial que reconoce al trabajador demandante entre otros emolumentos, las
cesantías, no se constituye en un supuesto de hecho que se contemple en la Ley
244 de 1995.
11 Folios 58 y 59 del expediente.
12 Folios 61 y 62, ibidem.
13 Folio 72, ibidem.
14 Folio 78, ibidem.
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Radicado: 27001233300020180005501 (3635-2021)
Demandante: Marcial Figueroa Lozano
En efecto, de la lectura del artículo 1 ibídem se advierte el señalamiento de un
plazo para la liquidación de las cesantías definitivas, con el fin de salvaguardar
los derechos prestacionales del trabajador cesante, quien ante la falta de su
reconocimiento tiene la posibilidad de reclamar la indemnización ante su
empleador moroso; caso distinto a cuando una obligación se deriva de la
tardanza en el acatamiento de una sentencia judicial.
La tesis anterior ha sido avalada por esta Corporación en la sentencia de 27 de
agosto de 2020, en la que se señaló:
«[…] la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, no resulta
aplicable a la demora en que incurra la administración con ocasión del pago
de cesantías ordenadas por sentencia judicial, no sólo porque el literal de
la norma no permite hacer extensiva la sanción a esas situaciones, sino
porque el cumplimiento de las sentencias judiciales tiene en la ley términos
y sanciones que en forma especial lo rigen. Además, por tratarse de una
sanción que hace parte del derecho sancionatorio, en donde deben ser
expresamente previstas en la ley, no se puede extender o aplicar la
analogía, a supuestos de hecho o de derecho, diferentes a las que la norma
prevé expresamente»15.
De modo que, la sanción moratoria no es aplicable a la tardanza en que incurra
la administración como consecuencia de la falta de pago de las cesantías
reconocidas mediante sentencia judicial.
5. Conclusión
Los supuestos de hecho establecidos en la Ley 244 de 1995 no son extensivos
a los casos en los que la entidad pública incurrió en demora en el pago del auxilio
de cesantías reconocidas en una sentencia judicial, así mismo, el ordenamiento
jurídico cuenta con términos y sanciones para el cumplimiento de las decisiones
judiciales.
6. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
recurrente, comoquiera que, si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no,
lugar a condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de
la conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica,
por lo que en esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo
15 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 27 de agosto de 2020; radicado 27001-23-
33-000-2017-00098-01 (2437-2019); C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez. Criterio reiterado en las siguientes
providencias: i) radicado 27001-23-33-000-2017-00127-01 (1458-2019), C.P. William Hernández Gómez; ii)
radicado 13001-33-33-000-2016-00246-01 (3379-2020), C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez; iii) radicado
27001 23 33 000 2015 00164 01 (2328-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 27001233300020180005501 (3635-2021)
Demandante: Marcial Figueroa Lozano
análisis, de la revisión de la demanda, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
se sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no
se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de agosto de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda instaurada por la señora Marcial Figueroa Lozano contra el Hospital
San Francisco de Asís de Quibdó, por las razones indicadas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen
y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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