Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2016-00108-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2016-00108-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-33-000-2016-00108-02
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 27001-23-33-000-2016-00108-02 (71619)
Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa – CPACA
TEMAS: PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS – Los documentos
públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, se presumen auténticos mientras
no hayan sido tachados de falso o desconocidos. SENTENCIA QUE SE DEJA SIN EFECTOS
EN SEDE DE TUTELA – No corresponde a un evento de responsabilidad extracontractual por
error jurisdiccional, pues no cumple el requisito de firmeza. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Título de imputación residual frente a daños
derivados de la función jurisdiccional. Aplica en las hipótesis en que no procede el error
jurisdiccional ni la privación injusta de la libertad. PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Es un daño
autónomo. Falta de certeza sobre probabilidad de obtener el reconocimiento y pago de una
acreencia. Presupuestos: para acreditar un daño por pérdida de oportunidad, es necesaria la
comprobación: (i) de la certeza de la oportunidad que se reputa perdida; (ii) de la imposibilidad
definitiva de obtener el provecho o evitar el detrimento; y (iii) que la víctima se encuentre en una
situación potencialmente apta para pretender el resultado esperado. ERROR
JURISDICCIONAL – Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional en
el curso de un proceso, que se materializa en una providencia contraria a la ley. No constituye
una instancia adicional para impugnar las decisiones judiciales. No corresponde a una simple
equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, sino que debe enmarcarse
en una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso.
PRESUPUESTOS PARA EL ANÁLISIS DEL ERROR JURISDICCIONAL – (i) El afectado debe
haber agotado los recursos ordinarios contra la decisión que cuestiona; y (ii) La providencia
enjuiciada debe encontrarse en firme. RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS -
No obedece a una facultad discrecional del juez ni puede desvincularse de la mora en el pago
de una obligación dineraria o de la ejecutoria de la providencia que la impone o liquida.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la
sentencia del 22 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 15 de julio de 2013, Alejandro Figueroa Mosquera presentó demanda de
reparación directa contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones EPS –
CAPRECOM - territorial Chocó (en adelante “CAPRECOM”), para obtener el pago
de medicamentos que, según afirmó, suministró a usuarios de esa entidad sin
respaldo contractual. La demanda fue repartida al Juzgado Primero Administrativo
de Quibdó (Radicado No. 27001-33-33-001-2013-00392-00), autoridad judicial que,
mediante sentencia de primera instancia proferida el 25 de noviembre de 2013,
accedió a las pretensiones. Sin embargo, con ocasión del recurso de apelación
interpuesto por CAPRECOM, esa decisión fue revocada por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en sentencia del 16 de septiembre de 2014. Contra esta
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00108-02 (71619)
Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
providencia, el demandante promovió acción de tutela, que fue resuelta por el
Consejo de Estado mediante fallo del 26 de febrero de 2015, en el que dejó sin
efectos la sentencia cuestionada y ordenó dictar una nueva decisión. En
cumplimiento de esa orden, el Tribunal Administrativo del Chocó profirió un fallo en
reemplazo el 24 de julio de 2015, mediante el cual confirmó la decisión de primera
instancia.
En el presente juicio, Alejandro Figueroa Mosquera demanda en reparación directa
a la Nación – Rama Judicial por el error jurisdiccional contenido en: (i) la sentencia
del 16 de septiembre de 2014; y (ii) el fallo en reemplazo del 24 de julio de 2015,
ambos proferidos por el Tribunal Administrativo del Chocó. En primera instancia el
tribunal a quo profirió sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al
constatar que no se acreditaron los presupuestos de la responsabilidad del Estado
por error jurisdiccional. Esta decisión fue apelada por la parte accionante.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 15 de julio de 20161-2, Alejandro Figueroa Mosquera, mediante apoderado
judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
contra la Nación – Rama Judicial, para que fuera declarada patrimonialmente
responsable por los perjuicios que sufrió con ocasión del error jurisdiccional
contenido en: (i) la sentencia del 16 de septiembre de 2014; y (ii) el fallo en
reemplazo del 24 de julio de 2015, ambos proferidos por el Tribunal Administrativo
del Chocó.
En su escrito, la parte accionante formuló expresamente las siguientes pretensiones
declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con posibles errores):
“1. Declárese patrimonialmente responsable a la Nación – Dirección Administrativa
de la Rama Judicial, por los perjuicios materiales y morales causados a mi poderdante
y dejados de percibir por parte del señor Alejandro Figueroa Mosquera, por la falla en
el servicio por error judicial al dictar el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó
su Sentencia N° 167 del 16 de Septiembre de 2014 y su sentencia N° 105 del 24 de
Julio de 2015 en el medio de control de Reparación Directa Radicado 27001-33-33-
001-2013-00392-00.
1 Fl. 11, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
2 El 9 de diciembre de 2016, los magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó se declararon
impedidos para conocer del asunto, por encontrarse incursos en la causal prevista en el artículo
141.1 del CGP, pues habían suscrito la sentencia del 16 de septiembre de 2014 (Fl. 160, archivo
“029ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”); en consecuencia, mediante auto del 20 de septiembre de
2017, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró fundado el impedimento y
ordenó separarlos del conocimiento del proceso (Fl. 167 a 172, archivo
“029ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”). Posteriormente, el 22 de febrero de 2018 y el 3 de mayo de
2019, el Tribunal Administrativo del Chocó realizó el sorteo de los conjueces y del conjuez ponente,
respectivamente (Fl. 175 y 183, archivo “029ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”). Luego, el 10 de julio
de 2019, el conjuez ponente remitió el proceso a otro despacho del Tribunal, en atención al cambio
en la composición de la Sala del Tribunal Administrativo del Chocó (Fl. 184 a 187, archivo
“029ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”). Más adelante, por auto del 8 de octubre de 2019, el Tribunal
Administrativo del Chocó admitió la demanda y ordenó la notificación a la parte demandada (Fl. 188
a 189, archivo “029ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”); finalmente, el 13 de enero de 2020, la Rama
Judicial contestó la demanda (Fl. 199 a 207, archivo “029ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”).
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
2. Como consecuencia de la declaración anterior se condene a la Nación – Dirección
Administrativa de la Rama Judicial, a cancelar la suma de cuatrocientos treinta y
nueve millones trescientos mil trescientos noventa y cuatro pesos ($439.300.394) por
concepto de perjuicios materiales dejados de percibir a la fecha de la presente
solicitud de conciliación discriminados en doscientos cuarenta y siete millones
quinientos ocho mil trescientos cincuenta y cuatro pesos ($247.508.354) por concepto
de capital indexado que debió percibir en razón del fallo de Sentencia 115 de
noviembre de 2013 y tasados a manera de daño emergente, ciento veinte y dos
millones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos ($122.846.640)
por concepto de intereses a la fecha de presente solicitud en razón al fallo de
sentencia 115 de Noviembre de 2013 y tasados a manera de lucro cesante y sesenta
y ocho millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($68.945.400)
por concepto de perjuicios morales causados a mi poderdante a razón de 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente solicitud en favor del
señor Alejandro Figueroa Mosquera en razón a la liquidación de las acreencias que
debieron ser reconocidas y pagadas por CAPRECOM EPS conforme al fallo de
Primera instancia, Sentencia N° 115 del 25 de noviembre de 2013 expedido por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, de haber sido confirmada por
el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó en su providencia,
Sentencia N° 167 de 16 de septiembre de 2014 al desconocer visible y erradamente
lo manifestado en la Sentencia de Unificación Jurisprudencial de 19 de noviembre de
2012, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
3. Condénese a la Nación – Dirección Administrativa De La Rama Judicial al pago de
intereses moratorios de las anteriores sumas hasta cuando efectivamente se efectué
su pago.
4. Condenase a la Nación – Dirección Administrativa De La Rama Judicial al pago de
las costas y agencias en derecho.
5. Las anteriores condenas deberá dársele cumplimiento en la forma prevista por el
artículo 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.”
En sustento de sus pretensiones, la parte demandante narra que, el 15 de julio de
2013, Alejandro Figueroa Mosquera presentó demanda de reparación directa contra
CAPRECOM, con el fin de obtener el pago de unos medicamentos que suministró
a usuarios de esa entidad y no le fueron pagados. Sostuvo que esa situación
configuró un enriquecimiento sin justa causa.
Advierte que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó y se tramitó con el número de radicado 27001-33-33-001-
2013-00392-00.
Indica que, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2013, la citada autoridad
judicial declaró la responsabilidad de CAPRECOM y la condenó a pagar, a favor del
señor Figueroa Mosquera, perjuicios materiales.
Señala que, inconforme con esa decisión, el 10 de diciembre de 2013 CAPRECOM
interpuso recurso de apelación.
Alega que, mediante sentencia del 16 de septiembre de 2014, el Tribunal
Administrativo del Chocó revocó la decisión del a quo y negó las pretensiones, por
estimar que los medicamentos fueron suministrados sin el cumplimiento de los
requisitos del régimen de contratación estatal y el instituto del enriquecimiento sin
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
causa no podía ser usado para desconocer las exigencias de la Ley 80 de 1993 3.
Sostuvo, además, que la situación tampoco se subsumía en alguno de los
supuestos excepcionales reconocidos por la sentencia de unificación del 19 de
noviembre de 2012 de la Sección Tercera del Consejo de Estado4.
Expone que, el 10 de diciembre de 2014, el señor Figueroa Mosquera presentó una
acción de tutela contra la providencia del 16 de septiembre de 2014, alegando una
vulneración al debido proceso por desconocimiento del material probatorio. Sostuvo
que las pruebas daban cuenta que CAPRECOM solicitó el suministro de
medicamentos mientras se formalizaba el contrato y que el caso encuadraba en las
hipótesis excepcionales de procedencia del enriquecimiento sin justa causa
previstas en los literales a) y b) de la sentencia de unificación del 19 de noviembre
de 2012, relativas, respectivamente, al constreñimiento o imposición por parte de la
entidad pública y a la urgencia de adquirir bienes o servicios para evitar una
amenaza o lesión inminente a la salud.
Destaca que, mediante fallo de tutela del 26 de febrero de 2015, la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al
debido proceso del tutelante, al estimar que el Tribunal Administrativo del Chocó
incurrió en un defecto fáctico por desconocer el material probatorio que permitía
encuadrar el caso en el literal b) de la sentencia de unificación del 19 de noviembre
de 2012. En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia de segunda instancia y le
ordenó a esa corporación proferir una nueva decisión.
Afirma que, en cumplimiento de dicha orden, el Tribunal Administrativo del Chocó
profirió fallo de reemplazo el 24 de julio de 2015, mediante el cual confirmó la
condena impuesta a CAPRECOM en primera instancia, al constatar que la entidad
solicitó el suministro de los medicamentos sin formalizar un vínculo contractual
alguno y sin cancelar su valor.
Sostiene que, con fundamento en esa decisión, los días 21 de agosto de 2015 y 19
de febrero de 2016 el señor Figueroa Mosquera solicitó a CAPRECOM el pago de
la acreencia.
Concluye que, sin embargo, en el marco del trámite liquidatorio de CAPRECOM
ordenado por el Decreto 2519 de 20155, la Fiduciaria La Previsora S.A., como
liquidador de CAPRECOM, rechazó la citada acreencia mediante la Resolución No.
AL-03624 del 17 de mayo de 2016, por cuanto las sentencias aportadas con la
reclamación carecían de mérito ejecutivo, debido a la ausencia de copias auténticas,
constancia de ejecutoria y acreditación de apoderado.
La parte demandante considera que la Nación – Rama Judicial es patrimonialmente
responsable por los daños que le fueron causados con ocasión de dos providencias
judiciales proferidas por el Tribunal Administrativo del Chocó. En primer lugar,
cuestiona la sentencia del 16 de septiembre de 2014, por estimar que desconoció
la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, yerro que, a su juicio, le
hizo perder la oportunidad de obtener oportunamente el reconocimiento y pago de
3 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, Rad.:
24897.
5 “Por el cual se suprime la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), EICE, se
ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones”.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
su acreencia ante CAPRECOM. En segundo lugar, cuestiona el fallo de reemplazo
del 24 de julio de 2015, por cuanto, según afirma, omitió pronunciarse sobre el
reconocimiento de los intereses moratorios causados entre la sentencia del 16 de
septiembre de 2014 y dicha providencia.
2. Contestación
La Nación – Rama Judicial6 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda. Sostuvo que las providencias cuestionadas fueron proferidas en ejercicio
del postulado constitucional de autonomía judicial y ajustadas al ordenamiento
jurídico. Agregó que la autoridad judicial concluyó que no procedía el
reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa, pues el suministro de los
medicamentos se ejecutó sin el cumplimiento de las solemnidades exigidas en la
contratación estatal. Alegó, además, la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el
demandante asumió voluntariamente la prestación sin observar los requisitos
exigidos por la Ley 80 de 1993. Finalmente, indicó que no se acreditó la causación
de un daño cierto, porque la obligación de pago recaía directamente sobre
CAPRECOM. Formuló como excepciones las de ausencia de causa petendi,
inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, cosa juzgada, falta de
legitimación en la causa por pasiva y culpa exclusiva de la víctima.
3. Adecuación del trámite para proferir sentencia anticipada
Mediante auto del 4 de mayo de 20217, el Tribunal Administrativo del Chocó adecuó
el trámite del proceso para dictar sentencia anticipada, fijó el objeto del litigio 8,
resolvió sobre el decreto de pruebas9-10 y corrió traslado para alegar de conclusión.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
6 Fl. 199 a 207, archivo “029ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
7 Índice 32, SAMAI, expediente Tribunal Administrativo del Chocó.
8 El Tribunal Administrativo del Chocó fijó el litigio así: “¿Consiste en determinar si se dan los
supuestos facticos para declarar administrativa y patrimonialmente responsables a la entidad
demandada, y si como consecuencia de ello, se les debe condenar por el error judicial al proferir las
providencias judiciales que aparentemente retrasaron el pago y cancelación de la deuda del
demandante por parte de Caprecom?”.
9 La parte demandante aportó pruebas documentales y solicitó que se oficiara al Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó para que remitiera copia del expediente del proceso de reparación directa
promovido por Alejandro Figueroa Mosquera contra CAPRECOM, Radicado No. 27001-001-33-001-
2012-00392-00.
10 En la misma providencia, el tribunal decretó los siguientes medios probatorios: (i) parte
demandante: (a) prueba documental aportada con la demanda; y (ii) la parte demandada solicitó que
oficiara al Juzgado Primero Administrativo de Quibdó con el fin de obtener copia del expediente del
proceso de reparación directa; no obstante, esta fue negada, debido a que la interesada no acreditó
haber desplegado actuación alguna para obtener el expediente judicial mediante derecho de petición,
conforme a lo previsto en el artículo 173 del CGP. Asimismo, el Tribunal indicó que “De conformidad
con lo anterior, teniendo en cuenta que no hay pruebas solicitadas por los sujetos procesales que
deban ser decretadas y al ser suficiente el material probatorio obrante para decidir la controversia
jurídica puesta a consideración de esta Corporación, y los documentos aportados por las partes, es
viable, luego de que se encuentre en firme la presente decisión, disponer como consecuencia de ello
a verificar si es posible dictar sentencia anticipada en el presente medio de control. Así las cosas,
las pruebas y los documentos obrantes en el expediente aportados por las partes, resultan
suficientes para decidir la controversia jurídica puesta a consideración de esta Corporación, sin que
sea necesaria la práctica de ninguna otra prueba”.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
4.1. La parte demandante11 y la Nación – Rama Judicial12 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y en la contestación, respectivamente.
4.2. El Ministerio Público guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia anticipada13 del 22 de abril de 202414, el Tribunal Administrativo
del Chocó negó las pretensiones de la demanda. Señaló, en primer lugar, que la
sentencia del 16 de septiembre de 2014 se dejó sin efectos por el Consejo de Estado
en sede de tutela, por lo que no podía servir de fundamento para estructurar un error
jurisdiccional, ya que la providencia no estaba ejecutoriada.
En segundo lugar, indicó que el análisis debía recaer sobre el fallo de reemplazo
del 24 de julio de 2015 y, respecto de esta decisión, estimó que la demanda no
identificó con precisión el yerro que le atribuía.
Finalmente, “sobre el daño configurado por la pérdida de oportunidad alegada por
el actor para reclamar ante la entidad demanda las sumas reconocidas por el juez
de primera instancia al expedir la sentencia… del 25 de noviembre de 2013, [afirmó
que] no quedó demostrado, en la medida que se evidenció la presentación de la
reclamación oportuna de acreencias ante CAPRECOM el día 29 de febrero de 2016,
cuyo reconocimiento al pago procedería indistintamente del proceso liquidatorio de
la entidad, al tratarse en todo caso de una orden judicial”.
6. Apelación
La parte actora15 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que, pese a que la sentencia
del 16 de septiembre de 2014 estuvo vigente y desconoció de manera “visible y
errada” la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012 del Consejo de
Estado sobre enriquecimiento sin justa causa, el a quo descartó indebidamente el
error jurisdiccional alegado sobre dicha providencia.
Por otra parte, sostuvo que el tribunal no advirtió que el fallo de reemplazo del 24
de julio de 2015 omitió pronunciarse sobre los intereses moratorios causados entre
la sentencia del 16 de septiembre de 2014 y dicha providencia.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del
auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del CPACA16, modificado por el artículo 67 de la Ley
11 Índice 34, SAMAI, expediente Tribunal Administrativo del Chocó.
12 Índice 35, SAMAI, expediente Tribunal Administrativo del Chocó.
13 Se advierte que, al momento en que el Tribunal profirió el auto del 4 de mayo de 2021, en el que
dispuso la adecuación del trámite para dictar sentencia anticipada, el proceso se encontraba en la
etapa previa a la celebración de la audiencia inicial.
14 Índice 46, SAMAI, expediente Tribunal Administrativo del Chocó.
15 Índice 50, SAMAI, expediente Tribunal Administrativo del Chocó.
16 “Artículo 247.5. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará
la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
La Sala anticipa que confirmará la sentencia del 22 de abril de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda, por cuanto advierte que: (i) en relación con la sentencia del 16 de
septiembre de 2014, no es viable abordar el reproche planteado bajo la óptica del
error jurisdiccional, dado que dicha providencia fue dejada sin efectos en sede de
tutela, de manera que, como se fundamentará a continuación, su examen procede
desde la perspectiva del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
escenario en el cual tampoco se acreditó el daño alegado, pues no se probó la
certeza de la pérdida de la oportunidad de obtener el pago de la acreencia ante
CAPRECOM, en tanto no obra prueba de que el demandante hubiera interpuesto el
recurso de reposición contra la Resolución No. AL-03624 del 17 de mayo de 2016
ni del resultado de dicho medio de impugnación; y (ii) en cuanto al error jurisdiccional
alegado frente al fallo de reemplazo del 24 de julio de 2015, proferido por el Tribunal
Administrativo del Chocó, no se configuró yerro alguno, toda vez que el
reconocimiento de intereses moratorios no resulta procedente para el periodo
reclamado.
Para el análisis, a continuación, se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales, (2) problemas jurídicos, (3) hechos probados, (4) título de
imputación aplicable cuando el daño reclamado se atribuye a una providencia
judicial que ha sido revocada, anulada o dejada sin efectos, pero que produjo
efectos mientras estuvo en firme, (5) caso concreto, (6) conclusión, y (7) costas en
segunda instancia.
1. Presupuestos procesales
1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto, según lo previsto en el artículo 10417 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), estatuto vigente a la
fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta aplicable porque se
demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación - Rama Judicial18.
A su vez, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 22 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, dada la vocación de doble instancia del proceso, debido
contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho
para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de
ejecutoria del auto que admite el recurso. […]”.
17 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a
la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen
aplicable […]”.
18 Constitución Política de Colombia de 1991. “Artículo 228. La Administración de Justicia es función
pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento
será desconcentrado y autónomo”.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
a que la cuantía excedió los quinientos (500)19 SMLMV, en concordancia con los
artículos 15020 y 15221 del CPACA.
1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la
ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal
distinta a un contrato o un acto administrativo, en los términos del artículo 14022 de
la Ley 1437 de 2011.
En este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño que la parte actora atribuye a decisiones de la
administración de justicia. En efecto, sostiene que el error jurisdiccional se
materializó, de una parte, en la sentencia de 16 de septiembre de 2014 proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó, la cual posteriormente fue dejada sin
efectos, en sede de tutela, por el Consejo de Estado mediante fallo de 26 de febrero
de 2015; y, de otra, el fallo de reemplazo del 24 de julio de 2015, dictado por el
mismo Tribunal. Por tanto, el medio de control de reparación directa ejercido por la
parte actora es procedente.
Es importante precisar que, en el caso en concreto, no es viable estudiar un “error
jurisdiccional” frente a la sentencia del 16 de septiembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, toda vez que dicha decisión fue dejada sin
efectos por el fallo de tutela del 26 de febrero de 2015 adoptado por el Consejo de
Estado en el trámite constitucional de amparo. Así las cosas, no se cumple uno de
los presupuestos para la configuración del error jurisdiccional, consistente en que la
providencia cuestionada se encuentre en firme23, lo que no sucede en esta
oportunidad.
Así pues, como se expondrá más adelante, resulta procedente encauzar el análisis
del reproche planteado frente a la sentencia de 16 de septiembre de 2014 bajo la
óptica del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez que
se edifica como el título de imputación residual frente a los daños derivados de la
función jurisdiccional que no pueden encuadrarse en las hipótesis de error
jurisdiccional y de privación injusta de la libertad. Ahora bien, frente al fallo de
19 La pretensión mayor de la demanda se estimó en $439.300.394, monto que supera los 500 SMLMV
para el año 2016 – fecha de presentación de la demanda –, cuando el SMLMV era de $689.455
20 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
21 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión
de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. […]”.
22 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma […]”.
23 Ley 270 de 1996: “Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. […] 2. La providencia
contentiva de error deberá estar en firme”.
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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00108-02 (71619)
Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
reemplazo del 24 de julio de 2015, el análisis de responsabilidad sí se abordará bajo
la óptica del error jurisdiccional.
1.3. Al tenor del artículo 164, numeral 2), literal i) del CPACA24, el término para
formular pretensiones en ejercicio del medio de control de reparación directa es de
dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este
si fue en fecha posterior y siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.
La Sección Tercera de esta Corporación ha señalado, de forma reiterada, que
cuando la afectación reclamada deriva de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, el término de caducidad debe contarse a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el
conocimiento del daño por la parte demandante25. Asimismo, ha sostenido que, si
el daño alegado procede de un error jurisdiccional, el plazo de caducidad debe
contarse desde el día siguiente a la firmeza de la decisión judicial que se acusa de
contener el yerro aludido26.
De conformidad con lo anterior, la Sala abordará el análisis de la caducidad de
manera separada respecto de cada una de las providencias que se acusan de haber
sido proferidas contrariando el ordenamiento jurídico, esto es, la sentencia del 16
de septiembre de 2014 y el fallo de reemplazo del 24 de julio de 2015.
En primer lugar, la Sala estima que el medio de control se ejerció en tiempo oportuno
frente al presunto daño derivado de la sentencia del 16 de septiembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, esto es, dentro del término de
dos (2) años previsto en el artículo 164 del CPACA, pues: (a) mediante sentencia
de tutela del 26 de febrero de 2015, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se dejó sin efectos el fallo del 16 de septiembre
de 2014 y se ordenó dictar un fallo en reemplazo (hecho probado 3.6.); (b) mediante
auto del 13 de agosto de 2015, notificado por estado el 24 de agosto de 2015, la
Sala de Selección de Tutelas No. 8 de la Corte Constitucional resolvió excluir para
revisión el fallo de tutela del 26 de febrero de 2015, por lo que a partir de ese
momento la parte demandante tuvo conocimiento cierto del daño originado en el
fallo del 16 de septiembre de 201427 (hecho probado 3.9.); (c) el 17 de mayo de
24 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos
(2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de mayo de 2025, Rad.:
65203; Subsección B, sentencia del 21 de septiembre de 2017, Rad.: 55999; Subsección C,
Sentencia del 18 de junio de 2021, Rad.: 54448; sentencia del 9 de septiembre de 2021, Rad.: 42590;
sentencia del 13 de abril de 2021, Rad.: 57162.; sentencia del 16 de diciembre de 2020, Rad.: 51403,
entre otras.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, Rad.: 17493; Subsección
C, sentencia del 16 de diciembre de 2020, Rad.: 56745; sentencia del 7 de octubre de 2020, Rad.:
53966; Auto del 9 de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012,
Rad.: 22.205, entre otras.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.:
44.369; sentencia del 29 de marzo de 2019, Rad.: 44489. También se pueden consultar, entre otras:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 4 de diciembre de 2019, Rad.: 63.937
y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de mayo de 2020, Rad.: 61414.
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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00108-02 (71619)
Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
2016 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se
declaró fallida el 14 de julio de 201628; y (d) la demanda se presentó el 15 de julio
de 201629.
En segundo lugar, la Sala estima que el medio de control se ejerció en tiempo
oportuno frente al presunto error jurisdiccional derivado del fallo de reemplazo del
24 de julio de 2015, dictado por el Tribunal Administrativo del Chocó, esto es, dentro
del término de dos (2) años previsto en el artículo 164 del CPACA, pues: (a) esa
providencia fue notificada el 27 de julio de 201530 y quedó ejecutoriada el 30 de julio
de 2015, de conformidad con el artículo 30231 del CGP (hechos probados 3.6. y
3.8.); (b) el 17 de mayo de 2016 la parte demandante presentó solicitud de
conciliación extrajudicial, la cual se declaró fallida el 14 de julio de 2016 32; y (c) la
demanda se presentó el 15 de julio de 201633.
1.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto es,
de un lado, Alejandro Figueroa Mosquera, y de otro, la Nación - Rama Judicial, se
advierte lo siguiente:
(i) Alejandro Figueroa Mosquera se encuentra legitimado en la causa por activa, por
cuanto fue la parte demandante en el proceso en el que el Tribunal Administrativo
del Chocó profirió las sentencias del 16 de septiembre de 2014 y 24 de julio de 2015,
que ahora cuestiona como fuente de los daños cuya reparación reclama (hechos
probados 3.1., 3.4. y 3.8.).
(ii) La Nación - Rama Judicial34 está legitimada en la causa por pasiva, por cuanto
la sentencia del 16 de septiembre de 2014 y el fallo de reemplazo del 24 de julio de
2015 -decisiones judiciales respecto de las cuales la parte actora alega la causación
de los daños cuya reparación reclama- fueron proferidas por el Tribunal
Administrativo del Chocó (hechos probados 3.4. y 3.8.).
2. Problemas jurídicos
De conformidad con los cargos formulados en el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora, en primer lugar, corresponde a la Sala determinar si, con ocasión
de la sentencia del 16 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó dentro del proceso promovido por Alejandro Figueroa
Mosquera contra CAPRECOM, se configuró el daño alegado por pérdida de
oportunidad.
En segundo lugar, debe la Sala establecer si, respecto el fallo de reemplazo del 24
de julio de 2015, el mismo tribunal incurrió en error jurisdiccional al no reconocer los
28 Fl. 150 a 156, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
29 Fl. 11, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
30 Fecha obtenida de la consulta de procesos Sistema Nacional Unificado de la Rama Judicial en el
siguiente enlace: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion,
Radicado número: 27001333300120130039201.
31 “Artículo 302. Ejecutoria […] Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas
tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la
providencia que resuelva los interpuestos”.
32 Fl. 150 a 156, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
33 Fl. 11, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
34 Constitución Política de Colombia, artículo 113, inciso 1º, y artículo 116, inciso 1º.
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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00108-02 (71619)
Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
intereses moratorios causados entre la sentencia del 16 de septiembre de 2014 y
dicha providencia.
3. Hechos probados
Antes de relacionar los hechos probados, conviene realizar algunas precisiones
sobre la valoración de los medios de prueba allegados al proceso. En primer lugar,
la Sala pone de presente que otorgará mérito probatorio a las copias simples que
obran en el expediente, de conformidad con el precedente fijado por la Sala Plena
de la Sección Tercera35, según el cual es posible valorarlas cuando hayan obrado a
lo largo del plenario y hayan estado sometidas a los principios de contradicción y
defensa, en armonía con los postulados de lealtad procesal y buena fe que deben
orientar toda actuación judicial.
En segundo término, se advierte que atendiendo el tenor literal del artículo 24436 del
Código General del Proceso, los documentos públicos y privados emanados de las
partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y
los que contengan la reproducción de la voz y de la imagen, se presumirán
auténticos, mientras no sean tachados de falso o desconocidos por las partes o
intervinientes.
En tercer lugar, se observa que las sentencias proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó y por el Tribunal Administrativo del Chocó el 25 de
noviembre de 2013 y el 24 de julio de 2015 (hechos probados 3.2. y 3.8.),
respectivamente, obran de forma incompleta en el expediente. En la primera faltan
las páginas que contienen las consideraciones del juzgado para imponer condena
a CAPRECOM; y en la segunda no fueron allegadas la página inicial –relativa a la
identificación del proceso, las partes, el medio de control ejercido y la fecha de la
providencia, entre otros aspectos– ni la final –correspondiente a las firmas de los
magistrados que integraron la Sala de Decisión–. Pese a ello, dichas piezas serán
valoradas, en tanto su alcance y contenido se desprenden del análisis conjunto de
los demás elementos de prueba. Ello, por un lado, porque la sentencia de primera
instancia del 25 de noviembre de 2013 no es objeto de reproche en este proceso,
de modo que pierde relevancia la ausencia de sus motivaciones; y, por otro, porque
la sentencia del 24 de julio de 2015 puede identificarse y valorarse a partir de su
correspondencia con la providencia del 16 de septiembre de 2014 que, aunque
posteriormente fue dejada sin efectos, permite establecer que aquella fue dictada
en reemplazo suyo, habida cuenta de que ello se narra en los hechos y en su
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad.:
25022.
36 “Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la
persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o
de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados
de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales
presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los
que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se
presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La
parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad
y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma
de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los
procesos y en todas las jurisdicciones”.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
contenido coinciden las partes, el fallo apelado y los argumentos expuestos por el a
quo.
Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:
3.1. El 15 de julio de 2013, Alejandro Figueroa Mosquera presentó demanda 37 de
reparación directa contra CAPRECOM con el propósito de obtener el pago de los
medicamentos suministrados a esa entidad y que no habían sido cancelados. A su
juicio, esa situación configuraba un enriquecimiento sin justa causa38.
3.2. Mediante sentencia del 25 de noviembre de 201339, el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó declaró la responsabilidad patrimonial de CAPRECOM y
la condenó a pagar a Alejandro Figueroa Mosquera, en su condición de propietario
del establecimiento de comercio Droguería y Variedades Cielito, la suma de
$232.637.690, por concepto de perjuicios materiales40. En la decisión, referente al
reconocimiento de los perjuicios, se lee lo siguiente:
“Segundo. - Como consecuencia de la declaración anterior, Condénese a
CAPRECOM a restituir las siguientes sumas de dinero: A favor del señor Alejandro
Figueroa Mosquera, en su condición de propietario del establecimiento de comercio
Droguería y Variedades Cielito, la suma de $232.637.690, por concepto de perjuicios
materiales. […]
Cuarto: Las sumas dinerarias que se liquiden en favor de la demandante,
devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta sentencia” (Se
resalta)
3.3. Inconforme con esa decisión, el 10 de diciembre de 2013, CAPRECOM
interpuso recurso de apelación41.
3.4. Mediante sentencia del 16 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo
del Chocó revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda. Al respecto, sostuvo que no procedía el reconocimiento económico
reclamado por el suministro de medicamentos sin contrato estatal escrito.
Asimismo, concluyó que la figura del enriquecimiento sin causa no resultaba
aplicable, dado que no se encontraba acreditado que la situación se encuadrara en
alguno de los supuestos excepcionales contemplados en la sentencia de unificación
del 19 de noviembre de 2012, proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en especial aquel relativo a que la entidad pública hubiera constreñido o
37 La demanda le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, con Rad.:
27001-33-33-001-2013-00392-00
38 Los antecedentes consignados en la sentencia del 25 de noviembre de 2013, proferida por el
Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, permiten advertir que Alejandro Figueroa Mosquera
presentó una demanda de reparación directa contra CAPRECOM.
39 La copia de la sentencia de primera instancia del 25 de noviembre de 2013 fue allegada
incompleta, dado que no obran las páginas 8 a la 13 de la sentencia, estas son, las páginas que
contienen las consideraciones del juzgado para imponer la condena a CAPRECOM.
40 Fl. 12 a 26, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
41 Fecha obtenida de la consulta de procesos Sistema Nacional Unificado de la Rama Judicial en el
siguiente enlace: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion,
Radicado número 27001333300120130039200.
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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00108-02 (71619)
Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
impuesto al particular la ejecución de prestaciones en su beneficio por fuera del
marco contractual42. El fundamento de la decisión fue el siguiente:
“En la evolución jurisprudencial de la actio in rem verso, se observan una pluralidad
de posiciones sobre estos temas que finalmente se traducen en una situación de
ambigüedad e inseguridad, razón por la cual la Sección Tercera, mediante sentencia
de unificación […].
[R]esultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno, pero,
se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de
interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de
encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que
necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se
mencionó.
Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o
general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre
otros los siguientes:
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado,
la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o
impuso al respective particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes
o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con
prescindencia de este.
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios,
suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una
amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho
este que es fundamental por conexidad con los "derechos a la vida y a la integridad
personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta
como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso
de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes
contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso
contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general
que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir,
verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas
circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente
ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. […]
En efecto en este asunto el demandante ha apoyado sus pretensiones en el hecho
de haber prestado sus servicios suministrando medicamentos de alto costo para la
atención de los afiliados del Departamento del Choco, en atención al oficio del 2 de
enero de 2012, en el que el director territorial de CAPRECOM EPS, le manifestó su
voluntad de contratar y con fundamento en estos construye sus reclamaciones
económicas.
Este petitum así aducido y con tales fundamentos ya lo hacen impróspero puesto que
en términos sencillos el demandante reclama derechos económicos derivados de
contratos que nunca existieron por haberse omitido la solemnidad que la ley
imperativamente exige para su formación o perfeccionamiento, lo que en otros
términos significa que, si no existió el contrato de suministro, tampoco se
produjeron los efectos que se le dan propios y por ende nada puede reclamarse
con base en lo inexistente.
42 Fl. 28 a 39, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
Pero, además, el enriquecimiento sin causa no puede ser admitido en este caso
porque se trata de un evento en que con él se está pretendiendo desconocer el
cumplimiento de una norma imperativa como lo es aquella que exige que los
contratos estatales se celebren por escrito, agotando desde luego los
procedimientos de selección previstos en la ley.
En efecto, el sustento de las pretensiones esta precisamente en que se prestaron
servicios sin contrato alguno o, lo que es lo mismo, inobservando los mandatos
imperatives de la ley, razón por la cual la transgresión de esta no puede traerse ahora
como una causa para reclamar.
Admitir lo contrario argumentando la buena fe subjetiva del demandante significaría
hacer prevalecer el interés individual de este sobre el interés general que envuelve el
mandato imperativo de la ley que exige el escrito para perfeccionar el contrato estatal,
no debemos olvidar que el contrato se rige bajo el principio de la buena fe objetiva
que implica la sujeción a todos los principios y valores propios del ordenamiento
jurídico, tal como atrás se expresó.
Ahora como el asunto que aquí se debate no se encuentra en ninguno de los
casos excepcionales que esta providencia mencionó, ya que no hay medio
probatorio que así lo demuestre, es evidente que el reconocimiento del
enriquecimiento sin causa no resulta procedente en este caso.
Sin embargo, el material probatorio obrante en el plenario no resulta
demostrativo de una conducta propiciada exclusivamente por la entidad
pública, sin participación y sin culpa del hoy actor, que en virtud de su
supremacía, de su autoridad o de su imperium, hubiere constreñido o impuesto
al particular la ejecución de prestaciones en su beneficio, por fuera del marco
de un contrato estatal para que ahora con fundamento en esto pueda admitirse
el enriquecimiento sin causa por quedar comprendida la situación dentro de los
casos excepcionales.
No sobra resaltar, que el reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa en el
marco del proceso Contencioso Administrativo, no tiene la finalidad de recompensar
a las partes que, de manera deliberada o voluntaria han actuado por fuera de la
legalidad o en violación de las normas que rigen la contratación estatal, puesto que
en tales eventos lo que se busca solamente es garantizar el equilibrio de las
relaciones patrimoniales cuando quiera que un particular se pueda encontrar en
alguna de las hipótesis señaladas anteriormente y por ello hubiere ejecutado unas
prestaciones a favor de una entidad pública aun cuando ellas no hubieren tenido un
soporte contractual y, desde otro punto de vista, busca evitar el enriquecimiento
indebido por parte de la administración Pública o el abuso en el ejercicio de sus
derechos y competencias, todo lo anterior en el marco de los Principios Generales
del Derecho y de los artículos 83 y 95 de la Constitución política, pero no podría
prohijar, bajo ningún pretexto, el desconocimiento claro de las normas legales que
integran el régimen de contratación estatal y/o presupuestal. […]” (Énfasis añadido
en negrita y resaltado del original).
3.5. El 10 de diciembre de 201443, Alejandro Figueroa Mosquera presentó una
acción de tutela44 contra la sentencia del 16 de septiembre de 2014 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó. Alegó un defecto fáctico, al considerar que esa
providencia desconoció el material probatorio obrante en el proceso, del cual se
43 Fecha obtenida de la consulta de procesos Sistema Nacional Unificado de la Rama Judicial en el
siguiente enlace: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion,
Radicado número 11001031500020140425100.
44 Proceso con número de radicado nacional No. 11001031500020140425100.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
desprendía que CAPRECOM solicitó el suministro de medicamentos mientras se
formalizaba el contrato. Sostuvo que el caso se enmarcaba en las hipótesis de
procedencia del enriquecimiento sin causa previstas en los literales a) y b) de la
sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado45, relativas a los eventos en los que la entidad pública constriñe
o impone al particular la ejecución de prestaciones por fuera del marco contractual
y a aquellos en los que es urgente y necesario adquirir bienes o solicitar servicios
para evitar una amenaza o lesión inminente e irreversible al derecho a la salud.
3.6. Mediante fallo de tutela del 26 de febrero de 2015, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido
proceso de Alejandro Figueroa Mosquera. En esa oportunidad, estimó que el
Tribunal incurrió en un defecto fáctico, al desconocer pruebas que demostraban que
el caso se enmarcaba en el supuesto excepcional previsto en el literal b) de la
sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, esto es, cuando es urgente y necesario adquirir bienes o
solicitar servicios para evitar una amenaza o lesión inminente e irreversible al
derecho a la salud. En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 16 de
septiembre de 2014 y ordenó proferir una nueva decisión46.
3.7. El 21 de julio de 2015 el expediente de tutela con Rad.: 11001-03-15-000-2014-
04251-00 fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión 47.
3.8. Mediante fallo de reemplazo del 24 de julio de 201548, el Tribunal Administrativo
del Chocó confirmó la sentencia del 25 de noviembre de 2013. Consideró acreditado
que CAPRECOM constriñó e impuso al demandante el suministro de medicamentos
por fuera del marco contractual, mientras se formalizaba el contrato, sin
participación ni culpa del particular, por lo que encontró configurado el
enriquecimiento sin justa causa49. En el texto de la sentencia se lee:
“En estos términos, la Sala encuentra acreditado de manera fehaciente y evidente en
el proceso, que fue exclusivamente Caprecom, sin participación y sin culpa del hoy
afectado, la que en virtud de su supremacía constriñó e impuso al actor el
suministro de bienes en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal.
Lo que hace que en el presente asunto se configure el enriquecimiento de la entidad
demandada y el empobrecimiento de la parte actora, sin que medie justa causa para
ello, razón por la cual a juicio del Tribunal sí había lugar al reembolso reclamado, por
lo anterior se confirmará (sic) [el fallo] apelado.” (Se resalta)
45 Se extrae la información de los antecedentes del fallo de tutela del 26 de febrero de 2015 proferido
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
46 Fl. 40 a 56, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
47 Índice 19 Samai, expediente de la acción de tutela Rad.: 11001031500020140425100.
48 La copia de la sentencia en reemplazo fue allegada al expediente de reparación directa incompleta,
pues no obra su página inicial - que contiene la identificación del proceso, de los sujetos procesales,
del medio de control invocado y de la fecha de la providencia, entre otros datos - ni la página final –
correspondiente a las firmas de los magistrados que integraron la Sala de Decisión –.
49 Fl. 57 a 68, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
3.9. Por auto del 13 de agosto de 2015, la Sala de Selección de Tutelas No. 8 de la
Corte Constitucional excluyó de revisión el expediente de tutela No. T-505955850.
Esta decisión fue notificada el 24 de agosto de 201551.
3.10. El 21 de agosto de 2015, Alejandro Figueroa Mosquera solicitó a CAPRECOM
el cumplimiento de las sentencias del 25 de noviembre de 2013 y del 24 de julio de
2015 y reclamó el pago de $288.691.71052.
3.11. Mediante el Decreto 2519 del 28 de diciembre de 201553, el Gobierno Nacional
ordenó la supresión y liquidación de CAPRECOM y designó como liquidador a la
Fiduciaria La Previsora S.A.54.
3.12. El 19 de febrero de 2016, Alejandro Figueroa Mosquera, como propietario de
la Droguería y Variedades Cielito, presentó el Formulario Único de Reclamación
Oportuna de Acreencias55 ante CAPRECOM por concepto de sentencias judiciales
en firme, por un valor de $325.684.87856.
3.13. Mediante Resolución No. AL-03624 del 17 de mayo de 201657, la Fiduciaria
La Previsora S.A., actuando como liquidadora de CAPRECOM, rechazó la
acreencia presentada por Alejandro Figueroa Mosquera. Sustentó esa decisión en
que las sentencias judiciales allegadas con la reclamación carecían de mérito
ejecutivo, debido a la ausencia de copias auténticas, constancia de ejecutoria y
acreditación de apoderado. La misma Resolución indicó que el único recurso
procedente contra la decisión era el de reposición58.
4. Título de imputación aplicable cuando el daño reclamado se atribuye a una
providencia judicial que ha sido revocada, anulada o dejada sin efectos, pero
que produjo efectos mientras estuvo en firme
4.1. La jurisprudencia de la Sección Tercera no ha sido uniforme al definir el título
de imputación aplicable cuando el daño reclamado se atribuye a una providencia
judicial que produjo efectos durante su vigencia, pero que posteriormente fue
revocada, anulada o dejada sin efectos. La discusión se explica porque el artículo
6759 de la Ley 270 de 1996 exige, como presupuesto del error jurisdiccional, que la
50 Auto del 13 de agosto de 2015 de la Corte Constitucional:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%
20DEL%2013%20DE%20AGOSTO%20DE%202015%20NOTIFICADO%2024%20DE%20AGOST
O%20DE%202015.pdf
51 Notificación por estado del 24 de agosto de 2015 de la Corte Constitucional:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/estadost/ESTADO%20AUTO%20AGOSTO%201
3%20DE%202015.pdf
52 Fl. 50 a 51, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
53 “Por el cual se suprime la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), EICE, se
ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones”.
54 Publicado en el Diario Oficial No. 49.739 del 28 de diciembre de 2015.
55 Radicado A53.00005.
56 Fl. 72, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
57 “Por medio de la cual se califica y gradúa una acreencia oportunamente presentada con cargo a
la mesa del proceso liquidatorio de la caja de previsión social de comunicaciones “CAPRECOM”
EICE en liquidación”.
58 Fl. 119 a 148, archivo “028ED_ACT_INCORPORAEXPEDIE”.
59 “Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes
presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00108-02 (71619)
Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
providencia contentiva del yerro se encuentre en firme. De allí que, en este tipo de
eventos, la jurisprudencia de las distintas Subsecciones de la Sección Tercera haya
oscilado entre dos aproximaciones: una que flexibiliza dicho requisito y permite
estudiar la responsabilidad bajo el título de error jurisdiccional, y otra que, al
considerar insatisfecho ese presupuesto normativo, reconduce el análisis al de la
falla del servicio.
En una primera línea, la Subsección B admitió la posibilidad de examinar estos
casos bajo el título de error jurisdiccional. Así ocurrió en sentencia del 18 de mayo
de 2017, en la que se analizó una demanda de reparación directa promovida por el
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República contra la Nación – Rama
Judicial, con ocasión de los fallos de tutela que ordenaron la reliquidación de una
pensión y el pago de un retroactivo pensional. Aunque dichas providencias fueron
posteriormente revocadas por la Corte Constitucional, en la sentencia T-623 de
2006, la Subsección consideró que ello no impedía estudiar el asunto como error
jurisdiccional, pues las decisiones habían sido ejecutadas y habían producido
efectos patrimoniales durante su vigencia. Para la Sala, tratándose de fallos de
tutela, el requisito de firmeza no podía entenderse en sentido estrictamente formal,
habida consideración de su cumplimiento inmediato y de que la eventual revisión
constitucional no suspendía sus efectos60.
En contraste, la Subsección A asumió una postura distinta y recondujo el análisis al
de la falla del servicio. Así, en sentencia del 12 de octubre de 2017, al estudiar una
demanda fundada en una providencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura que fue posteriormente anulada por la Corte
Constitucional – por sentencia SU-1184 de 200161-, la Subsección consideró que no
era posible estructurar el juicio de responsabilidad bajo el título de error
jurisdiccional, precisamente por la ausencia del presupuesto de firmeza previsto en
el artículo 67 de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, advirtió que la decisión anulada
había producido efectos mientras estuvo vigente, razón por la cual resultaba viable
examinar si esos efectos dañosos podían comprometer la responsabilidad del
Estado bajo el título residual de falla del servicio. Con todo, al analizar el caso
concreto, negó las pretensiones al no encontrar acreditada la certeza del daño 62.
Por su parte, la Subsección C ha sostenido ambas aproximaciones. En una primera
etapa, admitió el estudio de estos supuestos bajo el título de error jurisdiccional,
particularmente frente a fallos de tutela que, pese a haber sido revocados, habían
producido efectos patrimoniales inmediatos. Así lo sostuvo en la sentencia del 28
de febrero de 2022, en la que concluyó que el requisito de firmeza no debía aplicarse
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se
produzca en virtud de una providencia judicial […] 2. La providencia contentiva de error deberá estar
en firme”.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2017, Rad.:
40786. Ver otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de julio de
2017, Rad.: 36986; sentencia del 11 de octubre de 2021, Rad.: 48443; sentencia del 17 de julio de
2025, Rad.: 70944, entre otras.
61 Corte Constitucional, sentencia SU-1184 de 2001. “Segundo. - Declarar la nulidad de la
providencia del 18 de agosto de 1999, mediante la cual la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura resolvió el conflicto de competencias entre […]”
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de octubre de 2017, Rad.:
35337. Ver otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de abril de
2018, Rad.: 44685; sentencia del 8 de mayo de 2019, Rad.:46753; sentencia del 24 de abril de 2020,
Rad.: 57541; sentencia del 7 de diciembre de 2021, Rad.:65415; sentencia del 4 de septiembre de
2023, Rad.:67752; entre otras.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
de manera estricta cuando la providencia cuestionada había sido de obligatorio
cumplimiento y había generado consecuencias lesivas antes de su revocatoria63.
No obstante, en decisiones posteriores la Subsección C ha acogido una línea
distinta, orientada a reconducir el análisis a la falla del servicio. En sentencia del 23
de septiembre de 2024, al estudiar los daños derivados de fallos de tutela
posteriormente revocados por la Corte Constitucional, la Sala sostuvo que, una vez
desaparecida la firmeza de las providencias cuestionadas, no era procedente
encauzar el juicio de responsabilidad bajo el título de error jurisdiccional. En
consecuencia, consideró que el análisis debía adelantarse bajo el título de falla del
servicio, en tanto el reproche no recaía sobre una providencia judicial en firme
contentiva de error, sino sobre los efectos dañosos que una decisión judicial produjo
mientras estuvo vigente64.
De lo anterior se desprende que, frente a los daños derivados de providencias
judiciales que produjeron efectos pero que posteriormente fueron revocadas,
anuladas o dejadas sin efectos, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha
desarrollado dos criterios. Una primera postura ha flexibilizado el requisito legal de
firmeza consagrado en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, y ha permitido estudiar
la responsabilidad bajo el título de error jurisdiccional, especialmente cuando se
trata de decisiones de tutela de cumplimiento inmediato. Una segunda postura
sostiene que la ausencia de una providencia judicial en firme impide estructurar el
error jurisdiccional y conduce a examinar el caso bajo el título de falla del servicio.
4.2. Visto el recuento jurisprudencial que antecede, la Sala estima necesario
precisar el título de imputación bajo el cual debe analizarse la responsabilidad
patrimonial del Estado cuando el daño se atribuye a los efectos producidos por una
providencia judicial que, aunque fue ejecutada o produjo consecuencias durante su
vigencia, posteriormente fue revocada, anulada o dejada sin efectos. En estos
eventos, el problema consiste en establecer si la ausencia de firmeza de la
providencia impide estructurar el juicio bajo el título de error jurisdiccional y, en
consecuencia, si el análisis debe reconducirse a la falla del servicio o al defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, como título residual previsto en la
Ley 270 de 1996.
Para resolver ese interrogante, resulta necesario partir de la cláusula general de
responsabilidad patrimonial del Estado y de su desarrollo estatutario en materia de
administración de justicia. La Constitución Política de 1991 consagró, en el artículo
90, la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las
autoridades públicas. En armonía con ese mandato, el literal b) del artículo 152 65
Superior reservó al legislador estatutario la regulación de la administración de
justicia, dentro de la cual se encuentra comprendido el régimen especial de
responsabilidad derivado del ejercicio de la función jurisdiccional.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2022,
Rad.:57011.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de septiembre de 2024,
Rad.:70018. También: sentencia del 24 de abril de 2024, Rad.:66898; sentencia del 11 de agosto de
2025, Rad.:70495; sentencia del 9 de abril de 2025, Rad.:70224; entre otras.
65 Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes
materias: […] b) Administración de justicia”
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
En desarrollo de ese mandato constitucional, la Ley 270 de 1996 reguló, en el
Capítulo VI, la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados
judiciales. El artículo 6566 estableció la regla general conforme a la cual el Estado
responde patrimonialmente por los daños antijurídicos imputables a la acción u
omisión de sus agentes judiciales. Para tal efecto, la ley estatutaria distinguió tres
hipótesis de responsabilidad: el error jurisdiccional, la privación injusta de la libertad
y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
El artículo 6667 definió el error jurisdiccional como aquel cometido por una autoridad
investida de facultad jurisdiccional, en ejercicio de sus funciones, dentro de un
proceso y materializado en una providencia contraria a la ley. A su turno, el artículo
6768 sujetó la configuración de ese título a dos presupuestos específicos: que el
afectado hubiese interpuesto los recursos de ley, en los eventos previstos en el
artículo 70, y que la providencia contentiva del error se encontrara en firme. Por su
parte, el artículo 6869 reguló la privación injusta de la libertad y, finalmente, el artículo
6970 previó el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como un
título residual, aplicable a todos aquellos casos en que se reclaman daños a
consecuencia de la función jurisdiccional que no enmarquen en los eventos
contemplados en los artículos 66 y 68 de la misma ley.
De esta estructura normativa se desprende que la firmeza de la providencia
reprochada no constituye una exigencia meramente formal, sino un presupuesto
legal de procedencia del error jurisdiccional. En efecto, si el legislador estatutario
condicionó expresamente ese título a la existencia de una providencia judicial en
firme, dicho requisito delimita su ámbito propio de aplicación. Por tanto, cuando el
daño se atribuye a los efectos producidos por una providencia judicial que
posteriormente fue revocada, anulada o dejada sin efectos, el juicio de
responsabilidad no puede estructurarse, en principio, bajo el título de error
jurisdiccional, pues falta uno de los elementos normativos exigidos para su
configuración.
Lo anterior no significa que los daños eventualmente causados durante la vigencia
de esa providencia queden excluidos del régimen de responsabilidad patrimonial
del Estado. Significa, más bien, que su análisis debe ubicarse en el título de
imputación que corresponda dentro del régimen especial previsto por la Ley 270 de
1996. En ese sentido, no resulta necesario flexibilizar el requisito de firmeza del
error jurisdiccional, pues ello implicaría desdibujar una condición expresamente
66 “Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes
judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.”
67 “Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley”.
68 “Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes
presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se
produzca en virtud de una providencia judicial […] 2. La providencia contentiva de error deberá estar
en firme”.
69 “Artículo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad
podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.”
70 “Artículo 69. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos
previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia
de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
prevista por el artículo 67 de la ley estatutaria. Tampoco parece técnicamente
adecuado acudir, sin mayor precisión, a la falla del servicio como categoría general,
cuando el propio legislador previó un título específico y residual para los daños
derivados de la función jurisdiccional que no encajan en el error jurisdiccional ni en
la privación injusta de la libertad: el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia.
Esta precisión resulta relevante porque, aunque el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia ha sido asociado con frecuencia a irregularidades distintas
de la providencia judicial, esto es, a irregularidades in procedendo71, su formulación
legal cumple una función residual dentro del régimen estatutario. Por ello, cuando
el daño se imputa a los efectos producidos por una providencia judicial que no puede
examinarse como error jurisdiccional por ausencia de firmeza, el estudio debe
reconducirse al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, no
porque toda providencia revocada genere responsabilidad, sino porque ese es el
cauce normativo previsto para valorar daños antijurídicos derivados de la función
jurisdiccional que quedan por fuera de los artículos 66 y 68 de la Ley 270 de 1996.
En consecuencia, en los eventos en que una providencia judicial produjo efectos
durante su vigencia, pero posteriormente fue revocada, anulada o dejada sin
efectos, el análisis de la responsabilidad por los daños causados debe partir de tres
precisiones. La primera, que la revocatoria o anulación de la decisión no configura
por sí sola un daño antijurídico indemnizable. La segunda, que la ausencia de
firmeza impide, en principio, estructurar el juicio de atribución bajo el título de error
jurisdiccional. Y la tercera, que el título llamado a orientar el análisis de la
responsabilidad patrimonial del Estado por un daño cierto imputable a la actuación
jurisdiccional desplegada durante la vigencia de la providencia es el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, en su condición de título residual
del régimen estatutario de responsabilidad judicial.
5. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 22 de abril
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que negó las pretensiones de la
demanda, la parte actora solicitó revocar la decisión. Sostuvo, en primer lugar, que
pese a que la sentencia del 16 de septiembre de 2014 estuvo vigente y desconoció
de manera “visible y errada” la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012
del Consejo de Estado sobre enriquecimiento sin justa causa, el a quo descartó
indebidamente el error jurisdiccional alegado sobre dicha providencia. Por otra
parte, señaló que el tribunal omitió advertir que el fallo de reemplazo, dictado el 24
de julio de 2015, guardó silencio sobre los intereses moratorios causados entre la
sentencia del 16 de septiembre de 2014 y esa misma providencia.
Así pues, como sólo el extremo activo apeló la sentencia del Tribunal Administrativo
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2020, Rad.:
45694.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
del Chocó, en los términos de los artículos 32072 y 32873 del CGP, se analizará el
caso teniendo en cuenta únicamente los reparos concretos formulados por la
accionante, que hayan sido propuestos en la demanda y/o que versen directamente
con el fallo apelado.
De conformidad con lo anterior, la Sala procederá a verificar: (i) si, con ocasión de
la sentencia del 16 de septiembre de 2014, se acreditó el daño alegado por pérdida
de oportunidad y, de ser así, si este le es imputable a la Nación - Rama Judicial a
título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; y (ii) si el
Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en error jurisdiccional en el fallo de
reemplazo del 24 de julio de 2015, al no pronunciarse sobre los intereses moratorios
causados entre la sentencia del 16 de septiembre de 2014 y dicho fallo de
reemplazo.
5.1. Análisis del daño, derivado del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en que incurrió el Tribunal Administrativo del Chocó
en la sentencia del 16 de septiembre de 2014, por la pérdida de oportunidad
de obtener oportunamente el reconocimiento y pago de su acreencia ante
CAPRECOM
5.1.1. Según lo expuesto en la demanda, en primer lugar, se cuestiona el fallo del
16 de septiembre de 2014, por estimar que desconoció la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2012, yerro que, a juicio de la parte
actora, le hizo perder la oportunidad de obtener oportunamente el reconocimiento y
pago de su acreencia por parte de CAPRECOM, reconocida en sentencia del 25 de
noviembre de 2013 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó.
Antes de abordar el análisis del daño alegado, la Sala recuerda que el reproche
formulado frente a la sentencia del 16 de septiembre de 2014 no puede examinarse
bajo la óptica del error jurisdiccional, toda vez que dicha providencia fue dejada sin
efectos por el Consejo de Estado en sede de tutela. Por ello, el estudio de este
cargo procede únicamente desde la perspectiva de un eventual defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, en los términos ya precisados
previamente.
5.1.2. Al respecto, conviene anotar que la jurisprudencia de esta Sección ha
reconocido que la oportunidad o probabilidad de obtener una ventaja o evitar un
detrimento, constituye, en sí misma, un bien jurídico tutelado, que, cuando se ha
impedido o perdido definitivamente por la acción u omisión de la entidad
demandada, genera para el afectado el derecho a obtener el correspondiente
resarcimiento74.
72 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a
quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
73 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad.: 18593,
Subsección B, sentencia 3 de abril de 2020, Rad.: 43034 y Subsección C, sentencia del 9 de abril
de 2025, Rad.: 67795.
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En ese mismo sentido, sobre el concepto de pérdida de oportunidad, la
jurisprudencia ha indicado que se trata de un daño autónomo, con identidad propia
e independiente, que consiste en la frustración de una probabilidad real y concreta
de conseguir una ganancia o provecho o de evitar una pérdida. Además, ha
señalado que, para tener acreditado el carácter cierto de este daño, es necesaria
la comprobación de los siguientes requisitos: (i) la certeza de la oportunidad que se
pierde, (ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño
o evitar el detrimento, y (iii) que la víctima se encuentra en una situación
potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado75.
5.1.3. Descendiendo al caso sub examine, la Sala advierte que no se cumple el
primer requisito para acreditar este daño, esto es, la certeza de la oportunidad que
se reputa pérdida, tal como pasa a explicarse:
Obra en el expediente que, el 21 de agosto de 2015, Alejandro Figueroa Mosquera
presentó ante CAPRECOM una solicitud de cumplimiento de las sentencias del 25
de noviembre de 2013 y del 24 de julio de 2015, proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, respectivamente,
y reclamó el pago de la suma de $288.691.710 (hecho probado 3.10.). Asimismo,
se tiene que, mediante Decreto 2519 del 28 de diciembre de 2015, el Gobierno
Nacional ordenó la supresión y liquidación de CAPRECOM y designó como
liquidadora a la Fiduciaria La Previsora S.A. (hecho probado 3.11.). Igualmente, que,
el 19 de febrero de 2016, Alejandro Figueroa Mosquera presentó el Formulario
Único de Reclamación Oportuna de Acreencias ante CAPRECOM por concepto de
sentencias judiciales en firme, por valor de $325.684.878 (hecho probado 3.12.).
A su turno, está demostrado que, mediante Resolución No. AL-03624 del 17 de
mayo de 2016, la Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de liquidadora de
CAPRECOM, rechazó totalmente la acreencia presentada por Alejandro Figueroa
Mosquera. Sustentó esa decisión en que las sentencias judiciales allegadas no
prestaban mérito ejecutivo, por no haber sido aportadas en primera copia ni con
constancia de ejecutoria y porque tampoco se acreditó la calidad de apoderado. En
esa misma resolución se indicó al hoy demandante que contra esa decisión
únicamente procedía el recurso de reposición (hecho probado 3.13.).
En tal contexto, aunque está acreditado que el actor procuró el pago de la acreencia
antes de la entrada en liquidación de CAPRECOM (hecho probado 3.10.) y que,
después, la presentó formalmente dentro del trámite liquidatorio (hecho probado
3.12.), ello no basta para demostrar que perdió de manera cierta una oportunidad
real de obtener su satisfacción. Esos elementos muestran que el crédito fue
reclamado, pero no permiten concluir, por sí solos, que la posibilidad de obtener su
reconocimiento y pago se hubiera frustrado de manera definitiva.
Para arribar a esa conclusión, era necesario acreditar que la Resolución No. AL-
03624 del 17 de mayo de 2016, por medio de la cual se rechazó la acreencia, quedó
en firme tras agotarse el recurso de reposición procedente contra ella o, en todo
caso, que dentro del trámite liquidatorio se definió definitivamente la imposibilidad
de satisfacer el crédito. Como ninguna de esas circunstancias fue demostrada, el
75Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad.: 18593 y
Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad.: 63533.
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daño alegado por pérdida de oportunidad carece de la certeza necesaria y
permanece en el terreno de lo eventual76.
Y aunque en la demanda afirmó que “tuvo que incurrir en gastos adicionales para ir
a presentar el recurso de reposición frente a esta decisión”, en el expediente no
obra prueba que dé cuenta que ese recurso hubiera sido efectivamente interpuesto,
ni de su contenido, ni de la decisión que lo hubiere resuelto. En ese sentido, la sola
afirmación de la parte demandante no basta para tener por acreditado ese hecho,
pues nadie puede constituirse en prueba de su propio dicho77.
Además, el daño, para que sea resarcible, debe ser cierto, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual. La certeza del daño
supone, pues, un conocimiento claro y seguro de su existencia, es decir, que
aparezca como real y efectivamente causado, porque si se trata de una mera
posibilidad de producirse o una hipótesis, no puede erigirse como un daño
indemnizable78.
A la vista de lo anterior, la Sala advierte que no se acreditó la existencia de una
oportunidad cierta que se hubiere perdido, puesto que no se demostró que el actor
hubiera agotado la oportunidad procesal prevista para controvertir el rechazo de su
acreencia, ni que, pese a ello, hubiese quedado privado de manera definitiva de la
posibilidad de obtener su reconocimiento y pago dentro del trámite liquidatorio.
5.1.4. Cabe anotar que, ante la falta de acreditación del daño alegado por pérdida
de oportunidad, no hay lugar a estudiar su eventual imputación a la demandada. En
efecto, la responsabilidad patrimonial del Estado exige la concurrencia de la
totalidad de sus elementos, de manera que solo cuando el daño se encuentra
acreditado tiene sentido examinar si este resulta atribuible a la demandada. En otras
palabras, si el daño no se prueba, el análisis de imputación se torna inane, pues no
habría una lesión cierta que pudiera dar lugar a una obligación resarcitoria en
cabeza de la Administración.
En este caso, como se explicó anteriormente, el demandante no acreditó que la
oportunidad de obtener el reconocimiento y pago de su acreencia ante CAPRECOM
se hubiera frustrado de manera definitiva. Si bien está demostrado que la acreencia
fue reclamada y luego rechazada en una decisión adoptada dentro del trámite
liquidatorio, no se probó el agotamiento del recurso de reposición procedente contra
esa determinación, así como tampoco la definición final del crédito dentro de ese
trámite liquidatorio.
76 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, Rad.: 46003.
“25. Con fundamento en lo anterior y destacando que no obra en el expediente prueba de la
terminación del proceso de liquidación obligatoria iniciado por la Superintendencia de Sociedades a
la sociedad Cofapar Ltda., ni de la forma en la que se hizo efectivo el pago de las acreencias de la
sociedad en liquidación, lo que implica la falta de certeza de la existencia del daño o, dicho de otra
manera, lo que implica que el daño alegado sea eventual […]”.
77 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2026, Rad.:
AG- 2014-00144-01 “[...] Sin embargo, las pruebas obrantes no la tuvieron por demostrada y, se
insiste, la sola referencia de estos hechos por el extremo activo no resulta suficiente para tener por
probado el menoscabo alegado, en tanto no puede la propia parte que afirma un hecho acreditarlo
con su simple dicho”.
78 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de junio de 2025, Rad.:
64133.
23
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
5.1.5. Por lo anterior, en el presente asunto no se acreditó la configuración de un
daño susceptible de ser indemnizado de manera que, ante su ausencia de
acreditación, habrá de confirmarse frente aspecto lo resuelto en la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.
5.2. Análisis del error jurisdiccional contenido en el fallo de reemplazo del 24
de julio de 2015
5.2.1. De conformidad con lo expuesto, la parte demandante solicitó revocar la
sentencia del 22 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó,
al considerar que el fallo de reemplazo del 24 de julio de 2015 incurrió en error
jurisdiccional, por cuanto omitió pronunciarse sobre los intereses moratorios
causados durante el tiempo comprendido entre la sentencia del 16 de septiembre
de 2014 -que fue dejada sin efectos en sede de tutela- y la expedición del fallo de
reemplazo del 24 de julio de 2015.
Como se indicó anteriormente, el error jurisdiccional, regulado en el artículo 6679 de
la Ley 270 de 1996, se define como aquel yerro que comete una autoridad investida
de facultad jurisdiccional, cuando ejerce sus funciones, durante el trámite de un
proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. Este error no
se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia judicial, sino a aquel
que surge de una conducta carente de fundamento objetivo, que vulnera derechos
o intereses subjetivos y que desconoce de manera directa las normas aplicables al
caso concreto80.
Bajo este contexto, a continuación, la Sala examinará, en primer lugar, si la
providencia cuestionada resulta contraria a derecho. Ello, por cuanto se demanda
la responsabilidad de la entidad demandada por error jurisdiccional, de manera que
el análisis del presunto yerro permite responder de manera directa a lo pretendido
en la demanda. En consecuencia, solo si se acredita que la sentencia fue dictada
en contravía del ordenamiento jurídico, habrá lugar a examinar el daño alegado y
su incidencia en el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado81.
5.2.2. Según lo señalado anteriormente, el artículo 6782 de la Ley 270 de 1996
establece que, el análisis del error jurisdiccional está sujeto a los siguientes
presupuestos: (i) que la persona afectada haya agotado los recursos ordinarios de
79 “Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley”.
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Rad.: 13164.
81 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de febrero de 2025, Rad.:
44533. “[D]adas las particularidades del error jurisdiccional, este debe ser analizado como primer
presupuesto de la responsabilidad a este título, pues una vez establecido su acaecimiento también
se encontrará probada la antijuridicidad del daño, en razón a que de ello deriva que el usuario de la
administración de justicia no se encuentre en el deber de soportar los efectos de una decisión
defectuosa”. También consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
23 de febrero de 2026, Rad.: 70588; y sentencia del 24 de marzo de 2026, Rad.: 70462
82 “Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes
presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se
produzca en virtud de una providencia judicial […] 2. La providencia contentiva de error deberá estar
en firme”.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
ley; y (ii) que ésta se encuentre en firme. A su turno, el artículo 7083 ibídem dispone
que el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta
haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley84.
En el caso sub examine, la Sala advierte que es procedente examinar el presunto
yerro contenido en el fallo de reemplazo del 24 de julio de 2015 (hecho probado
3.8.), en tanto cumple los presupuestos normativos exigidos. En efecto, la referida
providencia resolvió de manera definitiva el recurso de apelación interpuesto por
CAPRECOM contra la sentencia de primera instancia y, al no ser susceptible de
ningún otro recurso, adquirió firmeza con su ejecutoria, momento a partir del cual
quedó consolidada la decisión judicial que puso fin al litigio.
Así las cosas, a continuación, la Sala analizará el reparo formulado contra el fallo
de reemplazo del 24 de julio de 2015, por ser la decisión que reúne los presupuestos
establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996.
5.2.3. Frente al reproche formulado contra el fallo de reemplazo proferido el 24 de
julio de 2015 – por cuanto omitió pronunciarse sobre los intereses moratorios
causados durante el tiempo comprendido entre la sentencia del 16 de septiembre
de 2014 y el fallo de reemplazo del 24 de julio de 2015 -, la Sala evidencia que en
el proveído acusado se resolvió lo siguiente:
“[…] En estos términos, la Sala encuentra acreditado de manera fehaciente y evidente
en el proceso, que fue exclusivamente Caprecom, sin participación y sin culpa del
hoy afectado, la que en virtud de su supremacía constriñó e impuso al actor el
suministro de bienes en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal. Lo
que hace que en el presente asunto se configure el enriquecimiento de la entidad
demandada y el empobrecimiento de la parte actora, sin que medie justa causa para
ello, razón por la cual a juicio del Tribunal si había lugar al reembolso reclamado, por
lo anterior se confirmará apelado.
Falla:
Primero: Confírmase la sentencia No. 115 del 25 de noviembre de 2013, dictada por
el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Segundo: Condénese en costas a la parte demandada, fijase como agencias en
derecho la suma de $2.326.376, para que sean incluidas en la liquidación de […]”.
Del contenido del fallo de reemplazo del 24 de julio de 2015 se desprende que este
se limitó a confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 25 de noviembre
de 2013 (hecho probado 3.2.), sin realizar ningún pronunciamiento relativo a los
intereses moratorios causados entre la sentencia del 16 de septiembre de 2014 y
dicha providencia, aspecto que, precisamente, el demandante califica de error
judicial.
83 “Artículo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva
de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos
de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
84 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la
Sección Tercera de esta Corporación manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que
menciona el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los
recursos extraordinarios. También consultar en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, Sentencia 13 de marzo de 2024, Rad.: 65993; sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad.:
63541; y Sentencia del 24 de enero de 2024, Rad.: 67674.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
Ahora bien, la sola ausencia de un pronunciamiento sobre esos intereses no es
suficiente, por sí misma, para tener por configurado el yerro alegado en la demanda.
A efectos de establecer si ese silencio comportó o no una decisión contraria a
derecho, resulta determinante examinar el régimen jurídico aplicable a la causación
de intereses moratorios en materia contencioso administrativo y verificar, en
particular, si entre el 16 de septiembre de 2014 y el 24 de julio siguiente existía
fundamento normativo para su reconocimiento.
5.2.4. En relación con los intereses moratorios, conviene precisar que, por regla
general, estos deben reconocerse cuando existe mora en el pago de una obligación
dineraria. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1608 85 y
161786 del Código Civil, cuando el deudor incurre en mora en los casos previstos
por la ley y la obligación consiste en pagar una suma de dinero, la indemnización
de perjuicios se traduce en el reconocimiento de intereses, sin que el acreedor deba
probar un perjuicio distinto al simple retardo.
Sumado a lo anterior, se tiene que el artículo 19287 del CPACA dispone que también
se reconocen intereses moratorios frente a las cantidades líquidas reconocidas en
providencias que imponen una condena o aprueban una conciliación, a partir de la
ejecutoria de la providencia respectiva.
En ese sentido, el reconocimiento de intereses moratorios no obedece a una
facultad discrecional del juez ni puede desvincularse de la mora en el pago de una
obligación dineraria o de la ejecutoria de la providencia que la impone o liquida. Se
trata, por el contrario, de un efecto legal que se deriva del retardo en el pago de la
obligación o de la ejecutoria de la decisión judicial que establece y reconoce la
obligación pecuniaria.
5.2.5. De acuerdo con lo expuesto, la Sala no comparte el reproche formulado por
la parte demandante, según el cual el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en
error judicial al no pronunciarse sobre los intereses moratorios supuestamente
causados entre la sentencia de segunda instancia del 16 de septiembre de 2014 y
el fallo de reemplazo del 24 de julio de 2015.
En efecto, durante ese lapso no existía fundamento jurídico para el reconocimiento
de tales intereses. La sentencia del 16 de septiembre de 2014 revocó la decisión
condenatoria de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
85 “Artículo 1608. El deudor está en mora: 1. Cuando ando no ha cumplido la obligación dentro del
término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para
constituirlo en mora. 2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto
tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; y 3. En los demás casos, cuando el
deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor.”
86 “Artículo 1617. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios
por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 1. Se siguen debiendo los intereses convencionales,
si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso
contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro
de los intereses corrientes en ciertos casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. 2. El
acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del
retardo. 3. Los intereses atrasados no producen interés; y 4. La regla anterior se aplica a toda especie
de rentas, cánones y pensiones periódicas”.
87 “Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.
[…] Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o
que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código”.
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Demandante: Alejandro Figueroa Mosquera
demanda, de modo que dejó sin sustento la obligación de pagar suma alguna a
cargo de CAPRECOM. Por ello, mientras dicha decisión produjo efectos, no existió
una obligación dineraria exigible y, por ende, tampoco podía configurarse mora en
su pago.
Aunado a ello, tratándose de condenas impuestas a entidades públicas, el artículo
192 del CPACA dispone que las cantidades líquidas reconocidas en providencias
que impongan o liquiden una condena devengan intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia o auto. En el caso concreto, ese presupuesto
tampoco se cumplía durante el período en discusión, pues en ese momento no
existía una providencia en firme que impusiera el pago de una suma líquida a favor
del demandante.
Solo con la ejecutoria del fallo de reemplazo del 24 de julio de 2015, que restableció
la condena inicialmente impuesta, surgieron las condiciones legales para la
causación de intereses moratorios. En consecuencia, estos únicamente podían
generarse a partir de ese momento, sin que resultara procedente su reconocimiento
por el período anterior ni pudiera inferirse de ese silencio la existencia de un error
judicial indemnizable.
Lo anterior impone confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, pues se advierte que no se configuró el error
jurisdiccional atribuido a la sentencia de reemplazo del 24 de julio de 2015. Ello, por
cuanto el tribunal no estaba llamado a reconocer intereses moratorios por el período
comprendido entre el 16 de septiembre de 2014 y el 24 de julio de 2015.
6. Conclusión
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, comoquiera que: (i) no se acreditó la certeza de la oportunidad perdida
de cobrar la acreencia ante CAPRECOM, pues no obra prueba de que el
demandante hubiera interpuesto el recurso de reposición contra la Resolución No.
AL-03624 del 17 de mayo de 2016 ni de su resultado; y (ii) en cuanto al error
jurisdiccional alegado frente al fallo de reemplazo del 24 de julio de 2015, proferido
por el Tribunal Administrativo del Chocó, no se configuró yerro alguno, toda vez que
el reconocimiento de intereses moratorios no era procedente frente a dicho periodo.
7. Costas en segunda instancia
El numeral 1° del artículo 365 del CGP dispone que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación88. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en
costas en segunda instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia.
88 Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […].”.
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En virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP89, las agencias en derecho se
fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, Para esos efectos, deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En el sub-lite, la entidad
demandada no realizó gestión de manera activa en esta instancia. En consecuencia,
no habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo del extremo activo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de abril de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, que negó las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en
consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del CGP. No hay lugar al
pago de agencias en derecho en esta instancia.
TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MGL
89 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
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