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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 27001-23-33-000-2023-00123-03

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 27001-23-33-000-2023-00123-03

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Chocó negó la nulidad del acto de elección del señor Jaime Arturo Herrera Maya como alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó), para el periodo 2024- 2027. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. 36 Consejo de Estado, Sección Quinta. Providencia del 13 de marzo de 2025. Expediente 20001-23-33-000-2024- 00066-01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez. 37 Cita del texto original: «Sobre este asunto se puede consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de septiembre de 2024, expediente 73001-23-33-000-2023-00474-01, magistrado ponente Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 9 de febrero de 2017, expediente 41001-23-33-000-2016-00080-01, magistrada ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez o auto del 19 de julio de 2024, expediente 41001-23-33-000-2024-00026-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó) Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal) TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso. GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Presidente LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ Magistrado PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado «Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx » Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 27001-23-33-000-2023-00123-03

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

8 de mayo de 2025

Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)
27001-23-33-000-2023-00108-00
27001-23-33-000-2023-00121-00
Demandantes: YOSIMAR PALACIOS ALGARÍN, JORGE IVÁN BEDOYA
MONTOYA Y SERGIO ALEXANDER NOVOA URREA
Demandado: JAIME ARTURO HERRERA MAYA – ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE EL CARMEN DE ATRATO (CHOCÓ), PERIODO 2024-2027

Tema: Inhabilidad para ser elegido alcalde por haber sido condenado por
sentencia judicial a pena privativa de la libertad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Alexander Novoa
Urrea, parte demandante del proceso 2023-00121-00, contra la sentencia del 16 de
diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

Los ciudadanos Jorge Iván Bedoya Montoya, Sergio Alexander Novoa Urrea y Yosimar
Palacios Algarín1 presentaron demandas2 en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), tendientes a obtener la nulidad del formulario E-26 ALC del 30
de octubre 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor Jaime Arturo Herrera
Maya como alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó), para el periodo 2024-20273.

1.2. Hechos

Los fundamentos fácticos expuestos por los demandantes coinciden en lo siguiente:

1 Los señores Sergio Novoa y Yosimar Palacios presentaron las demandas, en nombre propio. En tanto, el señor Jorge

Bedoya lo hizo a través de apoderado.
2 Los escritos fueron radicados el 1°, 13 y 14 de diciembre de 2023, respectivamente.
3 Adicionalmente, dentro del proceso 2023-00108-00, se pidió declarar «[…] a elección de JORGE IV[Á]N BEDOYA

MONTOYA identificado con cedula de ciudadanía 4.829.851 de conformidad con el artículo 288 de la ley 1437 numeral
2».

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Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

Manifestaron que el señor Jaime Arturo Herrera Maya se inscribió como candidato a la
Alcaldía de El Carmen de Atrato, con el aval del Partido Liberal Colombiano, para los
comicios del 29 de octubre de 2023; cargo para el cual fue elegido.

Narraron que el accionado estaba inhabilitado, comoquiera que en 2014 fue beneficiado
con el principio de oportunidad previsto en el artículo 323 de la Ley 906 de 2004,
reformado por el artículo 1° de la Ley 1312 de 2009, por cometer delitos contra la
administración pública y el patrimonio del Estado.

Dentro del proceso 2023-00121-00 se indicó, además, que consultado en el «[…] sistema
de información SPOA de la Fiscalía General de la Nación, aparece un registro del 7 de
enero del 2014, que señala que el señor JAIME ARTURO HERRERA MAYA, quien se
identifica con la cedula de ciudadanía Nro. 11.798.625, registra dentro del proceso Nro.
2700160011752014000033, por el delito de Peculado por apropiación (artículo 397 C.P.),
el cual se encuentra en estado vigente e inactivo y en EJECUCION DE PENA» (sic para
toda la cita).

1.3. Concepto de la violación

Invocaron como normas desconocidas los artículos 40, 103 y 265 de la Constitución
Política; numeral 5 del artículo 275 del CPACA; numeral 2 del artículo 288 de la Ley 1437
de 2011; artículos 1 y 2 del Código Electoral; literal «j» del numeral 1° del artículo 8 de la
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 2014 de 2019; y el numeral 1° del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

Adujeron que quienes se hayan sometido al principio de oportunidad se encuentran
inhabilitados para «contratar» con el Estado, como es el caso del accionado, que
transgredió las disposiciones contenidas en el artículo 2° de la Ley 2014 de 2019, que
introdujo los incisos tercero, cuarto y quinto literal «j» del artículo 8.1 de la Ley 80 de
1993, que estableció una causal específica por actos de corrupción.

El señor Sergio Alexander Novoa Urrea (accionante del proceso 2023-00121-00) aclaró
que «[…] el ciudadano JAIME ARTURO HERRERA MAYA, presuntamente se encuentra
inhabilitado para ser designado como Alcalde Municipal al presuntamente estar
condenado por sentencia condenatoria, se hace necesario referirnos puntualmente a la
inhabilidad prevista en el numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 modificado por
el artículo 37 de la Ley 617 de 2000».

Agregó que, una vez proferida la decisión judicial, la persona condenada con pena
privativa de la libertad no podría postularse ni ser elegida. En el caso bajo estudio, el
actor mencionó que la sentencia fue emitida dentro del expediente
«2700160011752014000033».

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Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

1.4. Actuaciones procesales

1.4.1. La admisión

1.4.1.1. Proceso 2023-00108-00

Por medio de auto del 7 de diciembre de 2023, el a quo inadmitió la demanda.

Luego, una vez subsanada, fue admitida con proveído del 18 de diciembre de 2023, que
ordenó las notificaciones correspondientes. En esa misma fecha, el tribunal emitió auto
con el cual corrió traslado de la medida cautelar propuesta por el señor Jorge Bedoya.

El 7 de febrero de 2024, el accionante allegó memorial «persuasivo», en el que señaló
que, una vez revisado el proceso penal con radicado 270016001175201400003, hubo
aceptación de cargos por parte del accionado y la condena impuesta al señor Jaime
Arturo Herrera Maya se encuentra ejecutoriada, lo que configura la inhabilidad propuesta.

Aunado a ello, manifestó que el demandado no cumple el requisito constitucional de la
moralidad pública en el factor personal, porque fue condenado o, en su defecto, se acogió
al principio de oportunidad, condición que «diluye su presunción de inocencia» y
desconoce el contenido del numeral 5° del artículo 275 del CPACA.

Por otra parte, el 17 de enero de 2024, la apoderada del accionado solicitó declarar la
nulidad de todo lo actuado, porque consideró que «[…] el decidir sobre la admisión de la
demanda, sin hacer el estudio necesario sobre la solicitud de una medida cautelar
presentada con ésta, es una notoria violación al debido proceso de ambas partes. Lo
anterior es cierto en tanto que, una vez admitida la demanda, la etapa procesal en la que
la medida cautelar puede ser efectivamente estudiada queda precluida, en tanto que un
pronunciamiento sobre los méritos de la demanda como lo requiere la solicitud de medida
cautelar de suspensión del acto, proferida durante la etapa propiamente procesal no
puede sino entenderse como un prejuzgamiento».

Con proveído de 3 de abril de 2024, la magistrada conductora del proceso precisó que la
nulidad alegada por la parte demandada no se encuentra enmarcada en las causales del
artículo 133 del Código General del Proceso, en consecuencia, rechazó de plano la
solicitud.

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del alcalde demandado interpuso
recurso de apelación, por considerar que, en el presente caso, se configura la causal de
nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP),
esto es, «[c]uando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas».

A través de auto del 3 de abril de 2024, la magistrada sustanciadora se abstuvo de
conceder por improcedente el recurso de apelación formulado.

Contra la aludida providencia, el 19 de abril de 2024, la apoderada de la parte accionada
formuló recurso de reposición y, en subsidio, de queja.

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Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

Mediante proveído del 27 de mayo de 2024, el a quo sostuvo que, en el medio de control
de nulidad electoral, esta decisión no es pasible de recurso alguno. Lo anterior, con
fundamento en lo establecido en el artículo 243 A del CPACA, por tal motivo, estimó que
no era procedente conceder el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 3 de
abril de 2024.

Por consiguiente, resolvió no reponer la decisión recurrida y ordenó remitir el expediente
al Consejo de Estado, para que decidiera el recurso de queja.

Por medio de auto del 22 de agosto de 2024 se resolvió el recurso de queja, en el sentido
de estimar bien denegado el de apelación interpuesto por la apoderada del demandado
contra el auto del 3 de abril del mismo año, proferido por el Tribunal Administrativo del
Chocó.

1.4.1.2. Procesos 2023-00121-00 y 2023-00123-00

Mediante providencias del 15 de diciembre de 20234, el Tribunal Administrativo del Chocó
admitió las demandas y dispuso las notificaciones y comunicaciones pertinentes, entre
ellas al demandado, al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil.

1.4.2. Contestaciones de las demandas

1.4.2.1. Demandado5

Por intermedio de apoderada, manifestó que las inhabilidades son restrictivas y taxativas,
por lo que los incisos 5 y 6 del literal «j» del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de
1993, referentes a la contratación pública, no pueden ser aplicables a la elección de los
alcaldes, comoquiera que, en lo que concierne a esos funcionarios, la norma que regula
la materia es el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley
617 de 2000.

Aclaró que la ley invocada por el accionante establece quiénes son hábiles para contratar
con el Estado, en tanto que, actualmente, los alcaldes en Colombia son de elección
popular.

Explicó que, en gracia de discusión, la Ley 80 de 1993 prevé una inhabilidad para las
personas naturales que quieran contratar con el Estado, que hayan «[…] sido declarados
responsables judicialmente de delitos contra la administración pública. La inhabilidad
derivada del sometimiento al principio de oportunidad se predica específicamente de
personas jurídicas, cuyos representantes legales o miembros de junta directiva se hayan
sometido a esta figura de la ley penal» (sic para la cita).

Comentó que, según el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, el principio de
oportunidad es una figura que regula la suspensión, interrupción o renuncia por parte del
Estado de la acción penal; por ende, implica la ausencia de declaración judicial sobre el

4 En autos separados.
5 La contestación fue presentada únicamente dentro del proceso 2023-00108.

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Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

fondo del asunto, y no puede equipararse en forma alguna a una declaración judicial de
responsabilidad.

Arguyó que «[…] si se interpretara que el demandante pretende la nulidad de la elección
del señor JAIME ARTURO HERRERA MOYA [sic] invocando la causal de inhabilidad
derivada de la responsabilidad penal, y que se trata de un error en la demanda […]», el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
preceptúa que el candidato haya sido condenado, por consiguiente, esa decisión emitida
por autoridad judicial competente es la prueba de ello, pero, no cualquier vinculación a
un proceso penal.

Puntualizó que, aunque la parte actora menciona que el alcalde electo se acogió al
principio de oportunidad, no allegó ni señaló la prueba de lo que fue resuelto y, en todo
caso, no existe una condena en su contra.

1.4.2.2. Consejo Nacional Electoral6

A través de apoderado, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, porque no ha tenido injerencia o intervención directa en los actos electorales de
las comisiones escrutadoras cuyos efectos se solicita anular.

Aunado a lo anterior, expresó que no recibió ninguna queja o petición que buscara la
revocatoria de la inscripción de la candidatura del señor Jaime Arturo Herrera Maya a la
alcaldía del municipio de El Carmen de Atrato, por lo cual no intervino en el proceso de
inscripción ni en las etapas electoral y poselectoral relacionadas con ese candidato, por
lo cual, es el juez de lo contencioso administrativo quien debe resolver sobre la causal de
nulidad invocada.

1.4.2.3. Registraduría Nacional del Estado Civil7

Por intermedio de apoderado, invocó la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva y advirtió que solo se encarga de la organización de las elecciones, no emite
acto administrativo alguno, ni operación que determine si un voto es válido o no.

Realizó un análisis normativo del proceso electoral, estimó que son los partidos políticos
los encargados de verificar que los candidatos no están incursos en causales de
inhabilidad o incompatibilidad, para concluir que no debe permanecer vinculada al
presente asunto.

1.5. Otras actuaciones de la primera instancia

• Por medio de autos del 2 de febrero8 y del 9 de abril de 20249, el Tribunal Administrativo
del Chocó negó la suspensión provisional del acto de elección del señor Jaime Arturo
Herrera Maya como alcalde del municipio de El Carmen de Atrato (Chocó), para el

6 La contestación contenía el mismo sustento en los tres expedientes.
7 Procesos 2023-00123 y 2023-00121.
8 Expediente 2023-00121.
9 Proceso 2023-00108.

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Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

periodo 2024-2027, debido al escaso material probatorio. Decisión que fue confirmada
por esta corporación, con auto del 7 de noviembre de 202410.

• Mediante providencia del 26 de abril de 2024, el a quo ordenó «[…] la acumulación del
proceso de nulidad electoral 27001-23-33-000-2023-00123-00 presentado por el señor
Yosimar Palacios Algarín, con los procesos 27001-23-33-000-2023-00108-00
presentado por Jorge Iván Bedoya Montoya y 27001-23-33-000-2023-00121-00 Sergio
Alexander Novoa Urrea, respectivamente», y tuvo como expediente principal el 2023-
0012311.

• A través de proveído del 2 de octubre de 2024, el tribunal resolvió declarar probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría
Nacional del Estado Civil e infundada respecto del Consejo Nacional Electoral. Además,
dispuso el trámite de sentencia anticipada, incorporó las pruebas allegadas por las partes,
decretó una de oficio12 y negó unas documentales requeridas por el extremo activo de la
litis13, toda vez que no demostró haber pedido las pruebas directamente ante las
entidades y despachos judiciales, en los términos del artículo 173 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión del 306 del CPACA.

De la misma manera, fijó el litigio en los términos que se citan a continuación:

Se debe determinar si se encuentra acreditado en el proceso que, el señor Jaime Arturo
Herrera Maya, elegido como Alcalde del Municipio del Carmen de Atrato- Chocó para el
período constitucional 2024-2027, ha sido condenado por sentencia judicial a pena privativa
de la libertad y por tanto se encuentra inhabilitado para el ejercicio de dicho cargo.

2. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de providencia del 16 de diciembre de
2024, negó las pretensiones, con base en los siguientes argumentos:

Sostuvo que «[…] los cargos de nulidad de las demandas interpuestas por lo señores
Jorge Iván Bedoya Montoya, y Yosimar Palacios Algarín (2023-123 y 2023-108), están
fundamentadas en la inhabilidad para contratar con el Estado, establecida en el literal «j»
del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993», la cual no es aplicable para quienes
resulten elegidos en un cargo de elección popular, como lo estableció el Consejo de
Estado en el auto que resolvió el recurso de apelación contra la decisión que negó la

10 Únicamente fue apelado el auto proferido dentro del expediente 2023-00108.
11 Auto corregido con providencia del 3 de mayo de 2024.
12 «Por Secretaría OFÍCIESE al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó y a los Juzgados

Penales del Circuito Quibdó, para que se sirvan allegar con destino al presente proceso, la sentencia que se haya
proferido en los procesos radicados No. 2700160011752014000033, 270016001175201400003 y
27001600110020140177800, en las cuales se haya Por Secretaría OFÍCIESE al Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Quibdó y a los Juzgados Penales del Circuito Quibdó, para que se sirvan allegar con destino
al presente proceso, la sentencia que se haya proferido en los procesos radicados No. 2700160011752014000033,
270016001175201400003 y 27001600110020140177800, en las cuales se haya impuesto condena de pena privativa
de la libertad, al señor Jaime Arturo Herrera Maya».
13 Los demandantes requirieron oficiar (i) «[…] al juez de control de garantías que legalizo el principio de oportunidad

bajo radicado 27001600117520140000300, envíe con destino al despacho de conocimiento del presente medio de
control, todo lo relacionado con el proceso […]» bajo ese radicado; (ii) «[…] al Juez de Ejecución de Penas, al Juez
Segundo (2) Penal Circuito Quibdó y al Juez Primero Penal Circuito de Quibdó, para que remitan copia de la sentencia
condenatoria dentro del proceso 2700160011752014000033»; y (iii) «[…] la Fiscalía General de la Nación, a la
Administración de la Rama Judicial, y al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, a fin de que remitan
a este proceso copia de los expedientes bajo radicados números 270016001175201400003 y
27001600110020140177800».

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Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

medida provisional.

Por otra parte, dispuso que tampoco se encontraba acreditada la inhabilidad contenida
en el numeral 1° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 37 de
la Ley 617 de 2000, que fundamenta el proceso 2023-00123.

En efecto, explicó que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó adelantó
proceso penal por el delito de peculado por apropiación, bajo el radicado
27001408810120140000300, en contra de los señores Elpidio Asprilla Guerrero, Geyler
Álvarez Cossio, Hernando Rodríguez Sánchez, Jaime Arturo Herrera Maya (demandado),
Jhonny Ibargüen Quinto, José Edilson Mosquera Mosquera, Luz Mary Rojas Garcés y
Luzmila Serna Lemos.

Sin embargo, en ese proceso se dictó sentencia condenatoria el 10 de junio de 2015,
únicamente en contra del señor Elpidio Asprilla. Aunado a ello, el aludido juzgado certificó
que en su despacho no se registra una providencia en ese sentido frente al accionado y
que lo único que encontró en la base de datos fue «[…] el proceso radicado No.
270016001100 2014 01778, que corresponde a una compulsa de copias generada dentro
de la investigación del SPOA Núm. 270016001175201400003, el cual el 15 de diciembre
de 2016 fue devuelto a la Fiscalía de origen, debido a la larga espera en la aprobación
del principio de oportunidad que se tramitaba».

Aclaró que, en el expediente 270016001100201401778 «[…] tramitado en contra del
señor Jaime Arturo Herrera Maya, el Juzgado Penal Municipal de Quibdó con Función de
Garantías, el 25 de junio de 2015, impartió legalidad formal y material al principio de
oportunidad por la causal contemplada en el numeral 5° del artículo 324 del Código de
Procedimiento Penal […]».

En ese orden de ideas, coligió que no fue probado que en contra del demandado se
hubiese proferido sentencia penal condenatoria, sino que, por el contrario, en el proceso
que se adelantó «[…] por el delito de peculado por apropiación, le fue concedida la
interrupción de la acción penal por haberse acogido al principio de oportunidad».

3. El recurso de apelación14

Inconforme con la decisión, el señor Sergio Alexander Novoa Urrea (accionante del
proceso 2023-00121-00) formuló recurso de apelación, porque considera que no existe
dentro del plenario material probatorio suficiente para llegar a la conclusión del tribunal,
esto, teniendo en cuenta que, el principio de oportunidad referido por el a quo no fue
allegado al expediente, por lo tanto, no es dable establecer sus efectos, ni las condiciones
allí estipuladas.

Resaltó que el principio de oportunidad tuvo lugar «[…] en el proceso con radicado No.
270016001100201401778, y no en el […] No. 27001408810120140000300, por lo tanto,
no es procedente que el Despacho afirme que los efectos del principio de oportunidad
aplican en ambos expedientes, especialmente si se tiene en cuenta que, como se indicó
previamente, no se tiene conocimiento del contenido del acuerdo».

14 Concedido por el tribunal, mediante auto del 27 de enero de 2025.

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Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

Recordó que el Tribunal Administrativo del Chocó decretó de oficio una prueba
consistente en requerir «[…] al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Quibdó y a los Juzgados Penales del Circuito Quibdó, para que se sirvan allegar con
destino al presente proceso, la sentencia que se haya proferido en los procesos radicados
No. 2700160011752014000033, 270016001175201400003 y
27001600110020140177800, en las cuales se haya impuesto condena de pena privativa
de la libertad, al señor Jaime Arturo Herrera Maya».

Requerimiento frente al cual solo respondieron los Juzgados Segundo y Tercero Penal
del Circuito de Quibdó; sin embargo, no se pronunciaron los Juzgados Primero, Cuarto y
Quinto Penal del Circuito de Quibdó, ni el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Quibdó.

Debido a ello, estimó que la sentencia de primera instancia se fundamenta en pruebas
insuficientes «[…] para resolver la incertidumbre existente respecto a la inhabilidad del
señor Jaime Arturo Herrera Maya, esto, como quiera que no se tiene certeza sobre la
resolución de la investigación penal en la que está inmerso el demandado, toda vez que
ningún juzgado penal pudo certificar el estado actual del proceso penal referido, ni
tampoco se tiene información sobre el contenido del principio de oportunidad al que
presuntamente se acogió el señor Herrera Maya».

Para finalizar solicitó revocar la sentencia del tribunal y oficiar las pruebas faltantes.

4. Actuaciones en segunda instancia

Por medio de providencia del 6 de marzo de 202515, el despacho del magistrado ponente
admitió el recurso de apelación formulado por el señor Sergio Alexander Novoa Urrea,
parte demandante.

Mediante auto del 14 de marzo de 202516, negó la solicitud del recurrente de decretar
pruebas, por las siguientes razones:

Conforme a lo anterior, se destaca es que el recurrente no sustentó su solicitud de pruebas
en las causales enunciadas en el artículo 212 del CPACA.

Con todo, aunque se entendiera que el a quo dejó de practicar una prueba que decretó,
esta circunstancia tampoco encuadra en ninguna de ellas.

En efecto, nótese que el numeral 2° del artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo
53 de la Ley 2080 de 2021, prevé que, en segunda instancia, es posible decretar pruebas
cuando «[…] no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte
que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos
que les falten para su perfeccionamiento» (se resalta).

Quiere decir lo anterior que uno de los requisitos contenidos en la citada norma es que la
prueba decretada debe haber sido solicitada por alguna de las partes, por consiguiente,
dicho supuesto fáctico no incluye aquellos eventos en los cuales los medios probatorios que
se dejaron de practicar fueron solicitados por el juez, de oficio.

15 Índice 6 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
16 Índice 11 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

Así las cosas, teniendo en cuenta que el recurrente no sustentó su solicitud probatoria en
ninguna de las causales enunciadas en el artículo 212 del CPACA y el despacho tampoco
encuentra que se configure alguna de ellas, no se ordenará librar los oficios requeridos.

Por último, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera su concepto.

5. Alegatos de conclusión del demandado17

Por intermedio de apoderada, sostuvo que no se demostró la existencia de una sentencia
condenatoria en su contra, «[…] habida cuenta que, no ha sido condenado penalmente
por delito alguno, mucho menos, por aquellos que contiene la prohibición y, por lo mismo,
todas las documentales referidas y las consultas de antecedentes en las diferentes bases
de datos; con mayor relevancia, el escrito allegado al expediente por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Quibdó, por medio del cual se certificó que […] Jaime Arturo Herrera
Maya, “NO REGISTRA SENTENCIA PENAL CONDENATORIA ALGUNA COMO
TAMPOCO PROCESO EN CURSO EN ESTE DESPACHO JUDICIAL”, resultan
suficientes para no revocar la decisión de primera instancia».

Adujo que, en consecuencia, cuando se postuló como candidato a la alcaldía y fue elegido
no se encontraba inhabilitado.

Por otra parte, los demandantes guardaron silencio en esta etapa procesal.

6. Concepto del Ministerio Público18

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

Expresó que el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, invocado por la parte
actora, contiene como causal de inhabilidad que el candidato a la alcaldía haya sido
condenado en cualquier época, por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad.

No obstante, en el caso del accionado, «[…] revisados los argumentos de las demandas,
las mismas coinciden en precisar que bajo los radicados 27001600117520140000300 y
27001310900220140177800 se adelantó proceso penal en contra de varias personas,
entre ellas el demandado, por delitos contra la administración pública y el patrimonio del
Estado y se dio legalidad formal y material al principio de oportunidad suscrito por JAIME
ARTURO HERRERA MAYA».

Explicó que dicha institución consiste en la suspensión, interrupción o renuncia de la
acción penal, mas no constituye una sentencia condenatoria; por consiguiente, no se
configura la inhabilidad invocada.

17 Índice 17 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
18 Índice 18 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 15219 numeral 7 literal
(a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 201920, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de diciembre
de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Chocó negó las pretensiones
de la demanda.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la
sentencia recurrida. Sobre el punto, se tendrán en cuenta los límites de la competencia
del juez ad quem, a partir de la fijación del litigio señalada por el tribunal, la providencia
de primer grado y los reparos de la recurrente.

Conforme a lo anterior, se deberá determinar si dentro del expediente obra prueba
suficiente que demuestre que se profirió sentencia condenatoria de pena privativa de la
libertad en contra del accionado antes de su elección y, con ello, incurrió en la inhabilidad
del artículo 95 de la Ley 136 de 199421, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de
2000.

Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) el marco jurídico
y jurisprudencial de la inhabilidad de los alcaldes por condena penal de pena privativa de
la libertad; y (ii) el caso concreto, conforme a los límites indicados en el párrafo anterior.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la inhabilidad de los alcaldes por
condena penal

Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que pueden
recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén en
la función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales22.

En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad examinan
la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que «[…] auscultan en

19 «Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia […] 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso […]
de los alcaldes municipales y distritales […]».
20 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
21 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».
22 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también: Sentencias C-558 de

1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-483 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio profesional y las
actividades lucrativas del interesado»23.

Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de acceso
a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo de su
régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado por parte
de esta Corporación, al establecer, en diferentes oportunidades, que el único facultado
para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido derecho es el
legislador24.

Tratándose de los alcaldes, el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 25, modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000, enunció las causales inhabilitantes de estos servidores
públicos para inscribirse o ser elegidos como tales. En relación con el supuesto de hecho
objeto de estudio, se tiene que este fue dispuesto con el siguiente tenor literal:

ARTÍCULO 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni
elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de
la libertad, excepto por delitos políticos o culposos […].

En lo que concierne a dicha norma, la Corte Constitucional26 la declaró exequible, luego
de llegar a las siguientes conclusiones:

i.) que quien pretenda desempeñarse en el cargo de alcalde, el cual involucra una función
tan delicada e importante nacionalmente como son los destinos de los municipios y distritos,
no puede presentar una tacha en su comportamiento tan reprochable como sucede con las
conductas delictivas, pues no permite garantizar que su gestión pública cuente con la
legitimidad y la respetabilidad exigidas y necesarias por ejercer las funciones y asumir las
responsabilidades del respectivo cargo; ii.) que la inhabilidad acusada, forma parte del
conjunto de requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo de alcalde, a manera
de calidad negativa del candidato; iii.) y que la finalidad de la tantas veces mencionada
causal es otorgar prevalencia a los principios de moralidad e igualdad en el ingreso al cargo
de alcalde y garantizar la idoneidad, moralidad y probidad de la persona durante el
desempeño del mismo, difiere de la sanción de inhabilidad para ejercer funciones públicas
que se impone en el proceso penal para resarcir el daño hecho a la sociedad por la
afectación de un bien jurídico protegido.

5. Para concluir se tiene que, la violación constitucional por la falta de restricción temporal
en la causal de inhabilidad del artículo acusado y el desconocimiento de un presunto
derecho de rehabilitación que se deriva de la temporalidad de la causal de inhabilidad, no
son ciertos. La disposición acusada establece una regulación que persigue asegurar la
transparencia en el ejercicio del cargo de alcalde municipal o distrital, mediante un
mecanismo que es razonable y proporcionado con el fin perseguido, como es asegurar la
idoneidad, moralidad y probidad de quienes lo desempeñen. Lo anterior, no sólo tiene como
norte la generación de un ambiente de confianza y legitimidad con respecto del manejo de
los asuntos de interés de la comunidad, sino que también pretende hacer efectivos los
resultados propuestos en materia de la moralización del Estado colombiano, en términos
que se ajustan a la Constitución y a la jurisprudencia referenciada.

23 OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo Editorial Ibáñez, 2014,

p. 24.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2013. Expedientes
110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00 (acumulado). C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
25 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».
26 Corte Constitucional. Sentencia C-952 de 5 de septiembre de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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La intemporalidad de la causal de inhabilidad contenida en el artículo 37 de la Ley 617 de
2000 no vulnera el principio de prescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad (C.P.,
art. 28), como tampoco el derecho de rehabilitación, pues se trata de figuras distintas con
finalidades diversas. Además, la causal no es ajena a la Constitución, como se pudo
establecer en esta providencia para otros cargos públicos. Tampoco puede concluirse que
la norma acusada quebranta los derechos de participación en política (C.P., art. 40) de los
candidatos a alcaldías municipales o distritales, pues éstos están sometidos a la exigencia
de una calidad personal para acceder a tan alta dignidad en el ámbito local, con una
restricción adicional a sus derechos a la igualdad, al trabajo, y a escoger profesión u oficio
razonable y proporcionada a la prevalencia y defensa de un interés general.

De la misma manera, en la providencia27 con la cual la alta corte declaró exequible el
aparte «en cualquier época», aclaró que la inhabilidad no constituye un castigo adicional
a la pena impuesta, puesto que, su finalidad es diferente, como sigue:

3.2. Tener una inhabilidad, por tanto, es tener una situación fáctica que, en principio, hace
que la persona en cuestión no sea ‘hábil’ para poder desempeñar una determinada función
o labor. Ahora bien, los requisitos que se imponen pueden ser de diverso tipo y pueden
buscar garantizar cierto tipo de competencias o evitar el que se carezca de ellas. En algunos
casos pueden ser circunstancias puramente técnicas o ajenas a las actuaciones de la
persona.28 En otras oportunidades, sin embargo, la inhabilidad puede tener como sustento
una sanción o una pena, sin que pueda decirse que la misma necesariamente tenga el
carácter de un castigo adicional29, sino como un mero parámetro de verificación de una
condición o aptitud personal30. Por ejemplo, que una institución requiera verificar la habilidad
de una persona para ejercer un cargo en el cual se ha de proteger a mujeres violentadas
tenga en cuenta el que el candidato a dicho cargo haya sido condenado por violencia
intrafamiliar, no implica imponerle a dicho candidato una sanción adicional en razón al delito;
se trata de utilizar la decisión penal como un criterio objetivo y cierto para evaluar una
determinada capacidad para adelantar una determinada labor. De hecho, la jurisprudencia
ha enfatizado [en] esta diferencia, por ejemplo, para indicar que la prohibición de imponer
castigos perpetuos y permanentes no es aplicable al régimen de inhabilidades.

27 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 9 de mayo de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
28 Cita del texto original: «Por ejemplo, en la sentencia C-711 de 2002 (MP Alvaro Tafur Galvis) se consideró ajustada

a la Constitución una norma según la cual: “Artículo 136.- No podrán ser designados para un mismo Círculo Notarial
personas que sean entre sí cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil.” (Decreto de 1970)».
29 Cita del texto original: «Como sería el caso de las inhabilidades previstas en los tipos penales relativos a los delitos

contra la administración pública (Código Penal –Ley 599 de 2000-, arts. 397 y ss.)».
30 Cita del texto original: «“Las inhabilidades, como las ha comprendido la jurisprudencia constitucional, corresponden

a condiciones que identifica el legislador, con el propósito de excluir condiciones particulares de las personas, en tanto
presupuestos que se muestran como impedimentos para el ejercicio de la función pública. No configuran un juicio
sancionatorio sobre el sujeto concernido, sino que apuntan a identificar determinadas particularidades del
mismo que le restan idoneidad para el ejercicio de la función. Por ende, no pueden asimilarse a dicho tipo de
sanciones, ni menos a condenas propias del ámbito penal. Para la Corte, las inhabilidades, “entendidas como
impedimentos para acceder a la función pública, no tienen siempre como causa una sanción penal, es decir, no buscan
siempre “castigar por un delito”. Pueden tener diversos orígenes y perseguir otros fines, como por ejemplo,
colocar en pie de igualdad a quienes compiten por la representación política o a quienes buscan acceder a la
función pública. Si bien pueden imponerse como una pena accesoria o principal, v.g. la establecida en los artículos
43-1 y 44 del Código Penal, también pueden ser consecuencia de una sanción disciplinaria o ser autónomas, por
disposición expresa del constituyente o del legislador para garantizar principios de interés general.” (2)
8. Con base en esta precisión conceptual, que distingue entre las inhabilidades y las sanciones penales, la Corte
ha distinguido las inhabilidades en dos grupos, conforme al bien jurídico protegido o a la finalidad de la limitación (3):
Pertenecen a la primera clase aquellas en donde el impedimento para el ejercicio de la función pública se deriva de
conductas del inhabilitado, que fueron objeto de sanción y cuya comisión es considerada por el legislador como
incompatible con el ejercicio del cargo. La segunda clase refiere a aquellas que corresponden a circunstancias objetivas
y que, por ende, no están relacionadas con las conductas anteriores del inhabilitado. En estos casos, lo que se busca
en realidad a través de la inhabilidad es prever “requisitos que persiguen lograr la efectividad de los principios y valores
constitucionales. Dentro de la primera categoría se encuentran, por ejemplo, las inhabilidades por la comisión anterior
de delitos y dentro de la segunda las inhabilidades por vínculos familiares.” (C-634 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas
Silva) (Énfasis fuera de texto)».

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Ahora bien, en cuanto a los elementos estructuradores de la inhabilidad bajo análisis,
esta Sección31 ha destacado los siguientes:

(i) En cuanto al elemento subjetivo, que se trate de una elección de [alcalde], o inscripción
de candidato [para ese cargo].
(ii) Que el referido sujeto haya sido condenado penalmente mediante sentencia en
firme [negrilla del texto original].

(iii) Que en dicha sentencia se le haya impuesto pena privativa de la libertad.

(iv) En cuanto a la tipicidad subjetiva, que no se trate de delitos culposos o políticos.

(v) Que la condena penal se hubiese proferido en cualquier época lo que denota el carácter
intemporal de la inhabilidad.

Esta Sala Electoral ha sido enfática en precisar que el requisito sine qua non para la
configuración del supuesto que prevé el postulado es la sentencia condenatoria en firme
o ejecutoriada, con pena privativa de la libertad, por lo cual, «[…] no toda decisión judicial
tiene la virtualidad de generar como efecto la restricción al derecho político a ser
elegido»32. Criterio reiterado recientemente por esta corporación33.

2.4. Caso concreto

Como viene de explicarse, la Sala deberá resolver si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la decisión del Tribunal Administrativo del Chocó que negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó adelantó
un proceso por el delito de peculado por apropiación, entre otros, en contra del
demandado; sin embargo, el aludido despacho certificó que no registra providencia
condenatoria en su contra. Por el contrario, explicó que el Juzgado Penal Municipal de
Quibdó con Función de Garantías, el 25 de junio de 2015, impartió legalidad formal y
material al principio de oportunidad por la causal prevista en el numeral 5° del artículo
324 del Código de Procedimiento Penal, en consecuencia, no se configura la inhabilidad
invocada.

Por su parte, el recurrente alega que no existe dentro del plenario material probatorio
suficiente para llegar a la conclusión del tribunal, toda vez que, por un lado, el principio
de oportunidad referido por el a quo no fue allegado al expediente y no es dable
establecer sus efectos, ni las condiciones allí estipuladas; y, por el otro, el principio fue
aplicado dentro del expediente 270016001100201401778, y no en el proceso
27001408810120140000300, por lo cual no es dable colegir que ambos litigios
terminaron con el mismo sustento.

Aduce que la sentencia apelada se fundamenta en pruebas insuficientes, comoquiera
que no se tiene certeza sobre la resolución de la investigación penal contra el
demandado.

31 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 6 de mayo de 2021. Expediente 05-001-23-33-000-2019-02938-

01 (acumulado). C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
32 Ibidem.
33 Ver entre otros: Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 1° de febrero de 2024. Expediente 11001-03-28-000-

2023-00134-00. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez; y Sentencia del 27 de junio de 2024. Expediente 11001-03-28-
000-2023-00134-00 (acumulado). C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Al respecto, sea lo primero aclarar que, conforme al artículo 167 del CGP, «[i]ncumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen». De tal suerte que era al actor a quien le correspondía estructurar
probatoriamente y, en las oportunidades señaladas en el artículo 212 del CPACA, su
propósito de anular el acto declaratorio de elección censurado.

En efecto, el recurrente afirma que al expediente no se aportaron pruebas suficientes
para demostrar la aplicación del principio de oportunidad a favor del demandado; no
obstante, nótese que ni el ciudadano Sergio Alexander Novoa Urrea, apelante, ni los
demás accionantes allegaron medio probatorio alguno, dentro de las etapas
correspondientes, que permita determinar que el señor Jaime Arturo Herrera Maya fue
condenado penalmente, por medio de sentencia judicial a pena privativa de la libertad,
antes de su elección.

Para llegar a la anterior conclusión, la Sección Quinta considera imperioso relacionar las
pruebas documentales aportadas al plenario.

Según el informe secretarial del 14 de diciembre de 2016, dentro del proceso
270016001100201401778, tramitado en contra del señor Jaime Arturo Herrera Maya por
el delito de peculado por apropiación, el juez Segundo Penal del Circuito de Quibdó
ordenó el envío de la carpeta correspondiente al fiscal de conocimiento del caso para que
continuara con lo de su cargo, comoquiera que, pese a haber solicitado la aplicación del
principio de oportunidad el ente acusador no «sacó avante» el requerimiento, así:

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Obra una captura de pantalla del reporte obtenido en la página web de la Rama Judicial
– Consulta de Procesos34, referente al proceso 2700131090022014017780035 de la que
se desprende la siguiente información:

[…]

Por su parte, el 15 de enero de 2024, el Fiscal Tercero Seccional de Administración
Pública de Quibdó certificó que el estado del aludido expediente, terminado en 1778, es
activo y se encuentra en etapa de juicio, como sigue:

34 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
35 Se verificó que, a la fecha en que se profiere esta sentencia, se evidencian las mismas anotaciones del proceso en

el aplicativo de consulta de la Rama Judicial. Además, en este número de radicado aparece la actuación surtida el 14
de diciembre de 2016, a la que se hizo referencia: «Orden 653/2016 se dispone devolver la carpeta al fiscal de
conocimiento MAYESTY MESA OBANDO, a través del centro de servicios, informarán de esta decisión a las partes y
por Secretaria del despacho anótese la salida y cancélese su radicación».

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No obstante, el 15 de octubre de 2024, el Juez Segundo Penal del Circuito de Quibdó,
previo requerimiento del tribunal, en el curso de este proceso, informó:

Realizadas las anteriores precisiones, es dable colegir que no existe certeza en cuanto a
la aplicación actual del principio de oportunidad a favor del accionado dentro del proceso
2014-01778, por el delito de peculado por apropiación; pese a ello, esta circunstancia no
conlleva a aseverar que el demandado fue condenado, puesto que, por el contrario, las
anteriores pruebas dan cuenta de que no se ha proferido sentencia que resuelva el fondo
del asunto.

Ahora bien, la parte actora, dentro del proceso 2023-00121-00, también se refirió al
proceso penal 270016001175201400003, frente al cual allegó la siguiente captura de
pantalla, obtenida de la página web de la Fiscalía General de la Nación:

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Sin embargo, conforme al reporte que arrojó el aplicativo de Consulta de Procesos de la
Rama Judicial, aportado por el mismo extremo de la litis, este fue adelantado en contra
de varias personas, y se menciona como condenado al señor Elpidio Asprilla Guerrero:

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Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

La sentencia en contra del señor Elpidio Asprilla Guerrero, dentro del expediente
27001600117520140000300, fue incorporada como prueba, y en ella se observa que el
10 de junio de 2015 se llevó a cabo audiencia en la que se dio su lectura, así:

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En ese orden de ideas, aunque en la captura de pantalla referida en precedencia,
obtenida de página web de la Fiscalía General de la Nación, SPOA, se menciona que el
proceso 2014-00003 se encuentra inactivo y con sentencia condenatoria, no existe
sustento probatorio alguno que dé cuenta de que se trata de una proferida en contra del
accionado; dado que, estas llevan a colegir que la providencia fue emitida en el caso
particular del señor Elpidio Asprilla Guerrero.

Aunado a ello, el señor Sergio Alexander Novoa Urrea aportó una petición radicada por
un ciudadano Alexis Ramírez Mosquera, en el siguiente sentido:

Sobre el particular, los Juzgados Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
y Segundo Penal del Circuito de Quibdó manifestaron:

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Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

Además, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó le respondió al señor Alexis
Ramírez lo siguiente:

Cumpliendo las instrucciones del titular del despacho, en atención a su solicitud, me permito
informarle que revisado los libros radicados […] los archivos del juzgado; y consultadas las
paginas de Consulta de Procesos Nacional Unificada, Justicia XXI WEB y el Tyba no se
observó registro alguno respecto a que en este estrado judicial se haya tramitado el proceso
de la referencia en contra del señor JAIME ARTURO HERRERA MAYA [Sic para toda la
cita].

Luego entonces, se insiste que tampoco se profirió sentencia condenatoria en contra del
señor Jaime Herrera dentro del expediente 2014-00003.

Finalmente, el 7 de octubre de 2024, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Quibdó,
previo requerimiento del a quo, en el trámite de este proceso, informó:

Así las cosas, es evidente que para la fecha en que el demandado se inscribió como
candidato y, luego, cuando fue elegido alcalde del municipio de El Carmen de Atrato no
había sido condenado, en ninguna época, por sentencia a pena privativa de la libertad.
Por consiguiente, contrario a lo sostenido por el apelante, no se configura la inhabilidad
invocada.

Ahora bien, aunque en el recurso de apelación el actor menciona que el tribunal llegó a
la conclusión de que en el caso del demandado se dio aplicación al principio de
oportunidad sin tener pruebas suficientes, lo cierto es que no hizo referencia a aquellas

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Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

que diesen cuenta de la condena privativa de la libertad impuesta al alcalde electo, que
resulta la piedra angular de este litigio, en el entendido que la inhabilidad invocada hace
referencia a esta última circunstancia. Con todo, es palmario que las autoridades
judiciales que fueron requeridas informaron que no existe una sentencia judicial
ejecutoriada en contra del aquí demandado.

Sumado a lo anterior, haber tenido acceso al contenido del acuerdo al que,
aparentemente, se llegó en aplicación al principio de oportunidad, dentro de unos de los
procesos adelantados en contra del accionado, en nada cambia la decisión, porque este
no constituye una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad.

Por último, se recuerda que esta corporación36 ha sido enfática en sostener que la
facultad oficiosa de los jueces no implica que se exime a las partes de cumplir con la
carga de la prueba para demostrar sus pretensiones, así:

[L]a facultad del juez para solicitar una prueba de oficio, en desarrollo del artículo antes
transcrito, no tiene como finalidad eximir a las partes interesadas de presentar las pruebas
necesarias para demostrar sus pretensiones o excepciones, por lo que no puede ser
utilizada para integrar o completar el acervo probatorio ni para que el juez termine
ampliando lo que las partes estaban obligadas a cumplir conforme a la carga probatoria que
les correspondía, en las oportunidades probatorias establecidas por el legislador en el
artículo 212 del CPACA37.

Bajo tales parámetros, la decisión adoptada por el a quo, de negar las pretensiones de la
demanda, es correcta, dado que el cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad; en
consecuencia, se confirmará la providencia del 16 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Chocó negó la nulidad del acto de elección del señor Jaime
Arturo Herrera Maya como alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó), para el periodo 2024-
2027.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

36 Consejo de Estado, Sección Quinta. Providencia del 13 de marzo de 2025. Expediente 20001-23-33-000-2024-

00066-01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
37 Cita del texto original: «Sobre este asunto se puede consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado,

Sección Quinta, sentencia del 26 de septiembre de 2024, expediente 73001-23-33-000-2023-00474-01, magistrado
ponente Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto
del 9 de febrero de 2017, expediente 41001-23-33-000-2016-00080-01, magistrada ponente Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez o auto del 19 de julio de 2024, expediente 41001-23-33-000-2024-00026-01, MP. Pedro Pablo Vanegas
Gil».

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Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún
recurso.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx »

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