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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00104-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00104-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Negar la pretensión de anular el acto de elección del señor Carlos Alberto Cuenca Chaux como representante a la Cámara por el departamento del Guainía para el período constitucional 2026-2030, contenida en el Acta General de Escrutinio E-26 CAM del 15 de marzo de 2026, conforme las consideraciones de la presente providencia. Segundo: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. Tercero: Ejecutoriada esta decisión, archivar el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2026-00104-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00104-00
Demandante: Wilman Aguirre Escobar
Demandado: Carlos Alberto Cuenca Chaux como representante a la
Cámara por el departamento del Guainía, para el período
constitucional 2026-2030

Temas: Aplicación del numeral 1.° del artículo 179 de la Constitución
Política. Inhabilidad por haber sido condenado a pena
privativa de la libertad – presupuestos para su configuración.
Reglas jurisprudenciales sobre la carga de la prueba y el
estándar de acreditación exigido para demostrar la
existencia de una condena a pena privativa de la libertad. La
ejecutoria como requisito para que la sentencia
condenatoria produzca efectos inhabilitantes.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sección Quinta es competente para proferir sentencia de única instancia en el
proceso de la referencia, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación, modificado por el 434 de 2024 y lo establecido
por el numeral 3.º1 del 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante2

1. El señor Wilman Aguirre Escobar promovió el medio de control de nulidad
electoral previsto en el artículo 139 del CPACA, con el fin de que se declare la nulidad
de la elección de Carlos Alberto Cuenca Chaux como representante a la Cámara por
el departamento del Guainía para el período constitucional 2026-2030, contenida en
el Acta General de Escrutinio E-26 CAM del 15 de marzo de 2026.

1 «El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones,

subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá
en única instancia de los siguientes asuntos: […] 3. De la nulidad del acto de elección […] de los representantes
a la Cámara […]».
2 La demanda inicialmente fue inadmitida (índice 6 Samai) y mediante memorial del 5 de mayo de 2026 el

accionante presentó escrito de subsanación (índice 11 Samai). Posteriormente fue admitida mediante auto del
21 de mayo de 2026. Providencia en la que también se negó la medida cautelar (índice 24 Samai).

1

Demandante: Wilman Aguirre Escobar
Demandado: Carlos Alberto Cuenca Chaux
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00104-00

2. Para sustentar su solicitud, afirmó que el elegido había sido condenado en
primera instancia por la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso penal por
el delito de corrupción al sufragante, decisión que incluyó la imposición de una pena
privativa de la libertad.

3. Según la parte demandante, pese a dicha condena, el señor Cuenca Chaux
se inscribió como candidato, participó en las elecciones y resultó elegido congresista,
aun cuando se encontraba incurso en la inhabilidad prevista en el artículo 179 de la
Constitución Política. A su juicio, la conducta por la cual fue condenado corresponde
a un delito doloso y no tiene carácter político ni culposo, por lo que se configuraron
plenamente los supuestos constitucionales para impedir su acceso al cargo.

4. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que se materializó la causal de nulidad
electoral prevista en el numeral 5.º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
Asimismo, argumentó que la Constitución establece como causal de inhabilidad el
haber sido condenado mediante sentencia judicial en cualquier tiempo, sin exigir que
la providencia se encuentre ejecutoriada ni que provenga de una instancia específica.
En ese sentido, consideró que no le corresponde al intérprete introducir requisitos o
distinciones que no fueron previstos expresamente por el constituyente.

5. Finalmente, el demandante señaló que la sola existencia de una sentencia
condenatoria con pena privativa de la libertad resulta suficiente para estructurar la
inhabilidad constitucional invocada y agregó que la finalidad de dicha prohibición es
proteger la moralidad pública, la transparencia electoral y la idoneidad ética de los
integrantes del Congreso.

6. Por ello, estimó que permitir el ejercicio de funciones legislativas por parte de
una persona condenada penalmente, aun sin encontrarse en firme la sentencia,
desconoce tales propósitos, afecta la legitimidad institucional y debilita la confianza
ciudadana, razón por la cual concluyó que las interpretaciones jurisprudenciales que
exigen la ejecutoria de la condena no pueden prevalecer sobre el tenor literal de la
norma constitucional.

7. Mediante auto del 21 de mayo de 20263, se admitió la demanda y se negó la
medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto demandado,
solicitada por la parte actora, por cuanto los documentos aportados en esa etapa
inicial del proceso no permitían acreditar la configuración de la inhabilidad alegada.

B. Posición de la parte demandada

8. Por medio de apoderado judicial, el señor Cuenca Chaux solicitó que se
negaran las pretensiones de nulidad del acto de elección cuestionado 4. Para
sustentar su solicitud, afirmó que en el presente caso no se configura la causal de

3 Índice 24 Samai
4 Índice 33 Samai

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Demandante: Wilman Aguirre Escobar
Demandado: Carlos Alberto Cuenca Chaux
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00104-00

inhabilidad invocada, pues, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.° del
artículo 179 de la Constitución Política y con la jurisprudencia del Consejo de
Estado5, para que dicha inhabilidad se estructure es indispensable que la sentencia
condenatoria se encuentre ejecutoriada al momento de la elección, circunstancia que
no se encuentra acreditada dentro de este proceso.

9. En ese sentido, sostuvo que con la demanda no se aportó prueba alguna que
demostrara la existencia de una sentencia condenatoria en firme a pena privativa de
la libertad por delitos distintos de los políticos o culposos.

10. De igual forma, precisó que, aunque fue condenado por la Sala Especial de
Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia6, interpuso oportunamente el
recurso de apelación contra dicha decisión, el cual, para el momento de su
intervención en el presente proceso electoral, se encontraba pendiente de resolución
por la Sala de Casación Penal de la misma corporación. En consecuencia, alegó que,
en ese momento, la providencia condenatoria no había adquirido firmeza ni había
hecho tránsito a cosa juzgada.

C. Otras intervenciones

11. El Consejo Nacional Electoral7, por conducto de apoderado judicial, solicitó
que, al momento de resolver de fondo la controversia, se tuviera en cuenta que la
demanda no precisó ni acreditó con suficiencia los elementos fácticos y jurídicos
necesarios para concluir que la inhabilidad constitucional invocada se encontraba
configurada al momento de la inscripción y posterior elección del demandado.

12. De igual forma, solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación
en la causa por pasiva. Al respecto, sostuvo que el presente trámite se fundamenta
en una causal de inhabilidad de carácter estrictamente subjetivo, predicable
exclusivamente de la persona elegida y no de la autoridad encargada del escrutinio
electoral.

13. El señor German Ernesto Escobar Higuera8, en su calidad de impugnador y
actuando en nombre propio9, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para
tal efecto, manifestó que, al momento de la elección, el demandado no se encontraba
incurso en la inhabilidad alegada, toda vez que para su configuración se exige, como
presupuesto indispensable («sine qua non»), la existencia de una sentencia
condenatoria ejecutoriada o en firme. Según indicó, dicha circunstancia no se

5 El accionante refirió las siguientes providencias: «-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta; sentencia de 19 de enero de 2023; C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación: 50001-23-33-
000-2022-00027-02»; « -Consejo de Estado, Sección Quinta; Sentencia del 8 de mayo de 2025, Consejero
ponente: Luis Alberto Álvarez Parra, radicación: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal), 27001-23-33-000-
2023-00108-00, 27001-23-33-000-2023-00121-00»; « -Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de
mayo de 2025, Magistrado ponente: Gloria María Gómez Montoya, radicación: 68001-23-33-000-2024-00001-01
(Ppal.), 68001-23-33-000-2024-00029-00».
6
«[D]entro del radicado No. 11001024700020220006801, NI 68470».
7 Índice 34 Samai.
8 Mediante auto del 21 de mayo de 2026 se reconoció como tercero impugnador al señor German Ernesto

Escobar Higuera. Índice 24 Samai
9 Índices 35 y 36 Samai.

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Demandante: Wilman Aguirre Escobar
Demandado: Carlos Alberto Cuenca Chaux
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00104-00

materializa en el presente caso, en razón a que el recurso de apelación interpuesto
oportunamente todavía se encontraba pendiente de decisión por parte de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

D. Trámite de sentencia anticipada

14. En providencia del 16 de julio de 202610, el magistrado ponente ordenó impartir
trámite para dictar sentencia anticipada; se pronunció sobre las pruebas aportadas y
solicitadas por las partes, negó la excepción propuesta por el CNE, fijó el litigio11 y
dispuso correr traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que, de considerarlo, rindiera su concepto.

E. Alegatos de conclusión

15. Durante el término para alegar de conclusión12, la parte demandada13, solicitó
negar las pretensiones de la demanda al considerar que no existía una condena en
firme que lo inhabilitara para ser elegido congresista. En ese sentido, sostuvo que,
en el presente proceso, no se demostró que, al momento de la elección, existiese
una sentencia condenatoria ejecutoriada que le impusiera una pena privativa de la
libertad, razón por la cual no podía predicarse la vulneración del artículo 179 de la
Constitución Política.

16. En ese orden, precisó que el proceso penal adelantado en su contra se
encontraba en trámite de apelación para la fecha de la elección y, por tanto, no existía
una decisión en firme. Agregó que, posteriormente, la Corte Suprema de Justicia, al
resolver el recurso de apelación, lo absolvió mediante decisión ejecutoriada. Con
fundamento en lo anterior, concluyó que la demanda carece de sustento fáctico y
jurídico.

17. El CNE14 señaló que, en el presente asunto, no se encuentra acreditada la
inhabilidad invocada, esto es, la derivada de una condena penal en firme. Lo anterior,
por cuanto la sentencia proferida el 22 de enero de 2025 por la Sala Especial de
Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró
penalmente responsable al señor Cuenca Chaux como autor del delito de corrupción
al sufragante agravado, en la modalidad de delito continuado, fue revocada y
sustituida por una decisión absolutoria.

10 Índice 40 Samai.
11 El litigio se fijó en los siguientes términos: «¿El acto de elección del señor Carlos Alberto Cuenca Chaux como

representante a la Cámara por el departamento del Guainía, para el período constitucional 2026- 2030, contenido
en el acta de Escrutinio General E-26 CAM del 15 de marzo de 2026, proferida por la Comisión Escrutadora
Departamental del Guainía, se ajusta a derecho o, por el contrario, debe ser anulado porque el accionado se
encontraba inhabilitado para ser elegido de conformidad con la prohibición establecida en el numeral 1.° del
artículo 179 de la Constitución Política?
El problema jurídico establecido se examinará a partir de cada uno de los argumentos esbozados por la parte
demandante en el concepto de la violación, junto con las razones de hecho y de derecho propuestas por las
partes. Lo anterior, sin perjuicio de otros asuntos procesales o sustanciales que resulten del debate principal».
12 Entre el 20 agosto y el 2 de septiembre de 2026. índice 53 Samai.
13 Índice 55 Samai.
14 Índice 54 Samai.

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18. La entidad explicó que la prohibición alegada exige la existencia de una
sentencia en firme o ejecutoriada al momento de la inscripción y de la elección del
accionado. De esa forma, señaló que, en este caso, la condena proferida en primera
instancia fue revocada.

19. Asimismo, destacó que el fallo absolutorio dictado en segunda instancia es
«inimpugnable». Por otra parte, precisó que la carga de demostrar la configuración
de la inhabilidad recae en el demandante, quien no aportó prueba suficiente, pues se
limitó a presentar enlaces periodísticos que daban cuenta de las circunstancias
relacionadas con la referida condena del accionado.

20. En ese orden, sostuvo que la inhabilidad no existía al momento de la elección
y que, por tanto, el acto electoral es válido, toda vez que la presunción de legalidad
que lo ampara se mantiene incólume, pues no existe prueba cierta que la desvirtúe.

F. Concepto del Ministerio Público15

21. La procuradora séptima delegada ante la corporación precisó que, en su
concepto, deben negarse las pretensiones de nulidad del acto demandado, por
cuanto las pruebas obrantes en el expediente no acreditan el elemento material
necesario para configurar la inhabilidad alegada.

22. Señaló que, si bien el congresista demandado fue condenado en primera
instancia, posteriormente fue absuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia al resolver el recurso de apelación. En consecuencia, al no
existir una sentencia condenatoria en firme por delito doloso, no puede afirmarse que
se encontrara incurso en una causal que le impidiera acceder al cargo para el cual
fue elegido.

G. Manifestación de impedimento

23. Con escrito del 9 de septiembre de 202616, el magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer del presente asunto. Esto,
con fundamento en la causal del numeral 1 del artículo 141 del Código General del
proceso.

24. Mediante auto del 10 de septiembre de 202617, la Sala declaró infundado el
impedimento presentado, por no encontrar acreditados los elementos para la
configuración de la causal de impedimento invocada.

15 Índice 56 Samai.
16 Índice 58 Samai.
17 Índice 59 Samai.

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II. CONSIDERACIONES

25. La Sala encuentra que, al momento de su elección, respecto del accionado no
existía una sentencia judicial en firme mediante la cual se le hubiera impuesto una
pena privativa de la libertad. En consecuencia, lo procedente será negar las
pretensiones de la demanda, en tanto no se encontraba incurso en la inhabilidad que
le atribuye la parte accionante, como pasa a explicarse.

26. Para efectos de sustentar lo anterior, el problema jurídico a decidir, tal como
se fijó en el auto que ordenó el trámite de sentencia anticipada, corresponde a
determinar lo siguiente:

¿El acto de elección del señor Carlos Alberto Cuenca Chaux como representante a la
Cámara por el departamento del Guainía, para el período constitucional 2026- 2030,
contenido en el acta de Escrutinio General E-26 CAM del 15 de marzo de 2026,
proferida por la Comisión Escrutadora Departamental del Guainía, se ajusta a derecho
o, por el contrario, debe ser anulado porque el accionado se encontraba inhabilitado
para ser elegido de conformidad con la prohibición establecida en el numeral 1.° del
artículo 179 de la Constitución Política?18.

27. En esa medida, y dentro del marco de la cuestión jurídica planteada, la Sala
concentrará su estudio en dos ejes fundamentales. El primero estará dirigido a
establecer i) si la parte demandada fue sujeto de una sanción penal impuesta
mediante sentencia ejecutoriada y ii) determinar si dicha circunstancia podía
acreditarse al momento en que el señor Cuenca Chaux fue elegido congresista para
el período 2026-2030. A partir de estos elementos, se establecerá si el accionado
estaba inhabilitado para ser elegido representante a la Cámara por el departamento
del Guainía, en el referido periodo constitucional.

28. Delimitados en esos términos los aspectos que orientan el presente juicio de
legalidad, corresponde precisar el marco normativo que gobierna la controversia,
como presupuesto necesario para determinar el alcance de la prohibición que la parte
accionante alega. Para tal efecto, la Sala analizará el alcance de la causal de
inhabilidad establecida en el numeral 1.° del artículo 179 de la Constitución Política
y los presupuestos probatorios para su configuración.

29. El numeral 1.º del artículo 179 de la Constitución Política establece que no
podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados, en cualquier época,
mediante sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, con excepción de aquellos
casos en los que la condena haya sido impuesta por la comisión de delitos políticos
o culposos.

30. Por ende, la finalidad de la norma no es otra que excluir del acceso al
Congreso a quienes hayan sido objeto de una sentencia penal definitiva que
comprometa el recto ejercicio de la función legislativa.

18 «El problema jurídico establecido se examinará a partir de cada uno de los argumentos esbozados por el

demandante en el concepto de la violación, junto con las razones de hecho y de derecho propuestas por las
partes. Lo anterior, sin perjuicio de otros asuntos procesales o sustanciales que resulten del debate principal».

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31. Para que se configure dicha causal, la jurisprudencia19 de la Sección Quinta
del Consejo de Estado ha señalado que se requiere la materialización de los
siguientes elementos: (i) material, consistente en que el congresista elegido haya
sido condenado penalmente a pena privativa de la libertad; (ii) de tipicidad
subjetiva, referido a que la condena no se haya impuesto por la comisión de delitos
culposos o políticos; y (iii) temporal, relativo a que la condena penal se hubiere
proferido en cualquier época, circunstancia que evidencia el carácter intemporal de
la inhabilidad objeto de análisis.

32. No obstante, cabe advertir que dicha interpretación debe armonizarse con el
carácter restrictivo de las inhabilidades y con el mandato constitucional según el cual
las limitaciones al derecho de acceso a los cargos de elección popular deben
responder a finalidades constitucionalmente legítimas, como la protección de la
integridad del Congreso y la preservación de la legitimidad del sistema democrático20.

33. Precisado el alcance de la causal de inhabilidad invocada, corresponde ahora
examinar los presupuestos definidos por la jurisprudencia para su configuración,
aspecto que permitirá, en acápite siguiente, determinar si en el presente caso se
encuentra acreditado el supuesto previsto en el numeral 1.º del artículo 179 de la
enunciada norma constitucional.

34. Para tal efecto, se examinarán las reglas jurisprudenciales sobre la carga de
la prueba y el estándar de acreditación exigido para demostrar dicha circunstancia.
Seguidamente, se analizará el alcance del requisito consistente en que la condena
haya adquirido firmeza y se encuentre ejecutoriada y, finalmente, se precisará la
regla aplicable al caso concreto, a fin de determinar si los elementos constitutivos de
la inhabilidad alegada se encuentran debidamente acreditados en el expediente. En
ese orden, se revisarán las reglas jurisprudenciales aplicables al caso concreto:

• Sobre la carga de la prueba para demostrar la inhabilidad objeto de estudio,
la Sala21 ha precisado que corresponde al demandante aportar al expediente
los elementos de convicción que permitan al juez alcanzar certeza sobre la
existencia de una condena a pena privativa de la libertad impuesta al
accionado.

Por dicha razón, ha sostenido que no se configura el elemento material de la
inhabilidad prevista en el numeral 1.º del artículo 179 de la Constitución
Política cuando los medios de prueba allegados no acreditan de manera
fehaciente dicha condena, como ocurre cuando ni el certificado de

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 13 de diciembre de

2018, expediente 11001-03-28-000-2018-00029-00. MP. Alberto Yepes Barreiro.
20 «[N]o puede perderse de vista que, el acto electoral antes que el derecho del elegido es el derecho del elector

y que, por ende, en esta materia el principio pro homine opera a favor del segundo y no del primero, lo que se
traduce en pro hominum (humanidad), pro electoratem (electorado) o pro sufragium (electores)». Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de unificación del 7 de julio de 2016,
radicación 11001-03-28-000-2015-00051-00(SU). MP. Alberto Yepes Barreiro.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 13 de diciembre de

2018, expediente 11001-03-28-000-2018-00029-00. MP. Alberto Yepes Barreiro.

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antecedentes penales y requerimientos judiciales expedido por la Policía
Nacional registra historial criminal, ni las respuestas emitidas por las
autoridades judiciales competentes dan cuenta de la existencia de procesos o
condenas penales en contra del demandado.

• La Sala ha definido un criterio de especial relevancia para la resolución del
presente caso, pues no basta con la existencia de una sentencia judicial que
imponga una pena privativa de la libertad para que se configure la inhabilidad,
además, se requiere que dicha condena sea definitiva y se encuentre
ejecutoriada22. En ese sentido, conviene recordar que, al analizar el elemento
temporal de la inhabilidad prevista en el artículo 122 de la Constitución
Política, la Sala precisó que esta solo se configura a partir de la ejecutoria de
la decisión penal condenatoria, momento desde el cual la sentencia adquiere
firmeza y produce los efectos jurídicos previstos en la norma constitucional23.

• A su vez, la Sección Quinta24, al estudiar la garantía de la doble conformidad
en materia penal, precisó que la primera sentencia condenatoria no adquiere
firmeza cuando es objeto de impugnación. En efecto, la posibilidad de que
dicha decisión sea revisada por una autoridad distinta mediante el ejercicio de
la garantía especial de impugnación implica que, mientras esta se encuentre
en trámite, la condena no queda ejecutoriada, no es definitiva ni produce
efectos de cosa juzgada.

Bajo esa premisa, la Sala concluyó que tampoco es posible tener por
acreditado, en el trámite de nulidad electoral, el elemento temporal de la
inhabilidad prevista en el inciso quinto del artículo 122 de la Constitución
Política y demás disposiciones concordantes, cuando la providencia
condenatoria penal se encuentra sometida a impugnación y, por ende, carece
de firmeza.

• Dicha postura es concordante con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional25, que ha sostenido que una sentencia condenatoria solo
adquiere firmeza una vez se resuelvan los recursos procedentes o cuando ya
no exista posibilidad de impugnación. En consecuencia, mientras la
impugnación se encuentre pendiente de decisión, la condena no se encuentra

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 27 de junio de 2024,

expediente 11001-03-28-000-2023-00134-00 (Principal). MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
23 «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19 de enero de

2023, radicación 50001-23-33-000-2022-00027-02, MP Luis Alberto Álvarez Parra. En este expediente se resolvió
el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que declaró la nulidad de la elección del contralor del
departamento de Guainía (2022-2025)».
24 Ibidem.
25 Sentencia C-551 de 2003. En dicha oportunidad la Corte Constitucional señaló que la configuración de la causal

de inhabilidad como consecuencia de la sentencia condenatoria en un proceso penal adelantado contra el
servidor público exige que dicha decisión haya adquirido firmeza, esto es, que se encuentre debidamente
ejecutoriada. Así mismo en la Sentencia C-641 de 2002, reiterada en la SU-254 de 2013, expuso: «[l]a ejecutoria
consiste en una característica de los efectos jurídicos de las providencias judiciales que se reconocen por la
imperatividad y obligatoriedad, cuando frente a dichas determinaciones: (i) No procede recurso alguno, o (ii) se
omite su interposición dentro del término legal previsto, o (iii) una vez interpuestos se hayan decidido; o (iv)
cuando su titular renuncia expresamente a ellos».

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ejecutoriada ni puede producir los efectos jurídicos propios de una decisión en
firme.

Entonces, de manera análoga, se advierte que el elemento temporal de la
inhabilidad consagrada en el numeral 1.º del artículo 179 de la Constitución
Política exige verificar la existencia de una sentencia condenatoria
ejecutoriada con anterioridad a la elección.

35. En síntesis, la jurisprudencia citada establece que la inhabilidad no se
configura únicamente con la existencia de una condena penal. A su vez, para que
produzca efectos inhabilitantes, la sentencia debe estar ejecutoriada o en firme, es
decir, no debe admitir recursos o estos deben haber sido resueltos definitivamente.
Por ello, una condena que se encuentre impugnada o sometida a algún mecanismo
de revisión pendiente de decisión carece de firmeza y no puede servir como
fundamento para acreditar una causal de inhabilidad en un proceso de nulidad
electoral.

36. Luego del análisis normativo aplicable al presente caso, ahora corresponde
abordar el examen del acervo probatorio que resulta relevante para desatar la
presente controversia. En ese orden, se tiene que al expediente se allegaron las
siguientes probanzas:

Pruebas Ubicación en el expediente
Formulario E-26 CAM Guainía del 15 de marzo de 2026 Aportado como anexo de la
demanda (índice 3 Samai); y como
anexo de la contestación de la
demanda presentada por el CNE
(índice 34 Samai).
Certificación de la credencial E28 como Representante a la Aportado como anexo de la
Cámara expedido por el Consejo Nacional Electoral y la contestación de la demanda
Registraduría Nacional del Estado Civil presentada por el demandado
(índice 33 Samai).
Enlace web: Referido en la demanda (índice 3
https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/constitucional- Samai).
y-derechos-humanos/por-corrupcion-al-sufragante-
condenado.
Enlace web: Referido en la demanda (índice 3
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/corte- Samai).
condena-al-expresidente-de-la-camara-carlos-cuenca-
chaux-por-compra-de-votos-3420356.
Documento de consulta a la página Web de la Rama Aportada como anexo de la
Judicial sobre estado en apelación del radicado No. demanda (índice 3 Samai).
11001024700020220006801, NI 68470 en el que fue
condenado en primera instancia el señor Carlos Alberto
Cuenca Chaux.
Documento de consulta a la página Web de la Rama Aportada como anexo de la
Judicial sobre ubicación actual en la Sala de Casación demanda (índice 3 Samai).
Penal del radicado No. 11001024700020220006801, NI
68470.
Aportada por la Corte Suprema de
Justicia como respuesta al
Copia del expediente del proceso penal con radicado No.
requerimiento probatorio contenido
11001024700020220006801
en el auto del 16 de julio de 2026
(índice 45 Samai)

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Demandante: Wilman Aguirre Escobar
Demandado: Carlos Alberto Cuenca Chaux
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00104-00

Aportados por la Corte Suprema de
Copia del expediente del proceso penal con radicado No.
Justicia como respuesta al
11001024700020220006801 y constancia de ejecutoria
requerimiento probatorio contenido
presentada por la Secretaría de la Sala de Casación Penal
en el auto del 16 de julio de 2026
de la Corte Suprema de Justicia.
(índice 50 Samai)

37. En cuanto a la valoración de dichas probanzas, la Sala encuentra como
acreditado los siguientes supuestos fácticos:

• El señor Carlos Alberto Cuenca Chaux fue elegido representante a la Cámara
por el departamento del Guainía para el período constitucional 2026-2030,
según consta en el Acta General de Escrutinio E-26 CAM del 15 de marzo de
2026 y en la credencial emitida por las autoridades electorales para el efecto.

• En relación con la sanción penal impuesta a Carlos Alberto Cuenca Chaux, la
Sala observa que el accionante no aportó prueba directa de dicha
circunstancia, sino únicamente enlaces electrónicos que contenían noticias
alusivas a ella26.

No obstante, solicitó que se oficiara a la Corte Suprema de Justicia para que
remitiera la información y la documentación correspondiente a la referida
actuación penal.

En ese orden, se observa que, en respuesta al requerimiento probatorio
contenido en el auto del 16 de julio de 202627, la Corte Suprema de Justicia
allegó copia del expediente correspondiente al proceso penal con radicado
1100102470002022000680128. En dicho trámite reposan las piezas
procesales que integraron la actuación penal adelantada ante esa corporación
en las dos instancias en que se surtió el trámite.

• Asimismo, al presente proceso se allegó copia de las providencias proferidas
en el marco de dicho trámite, en particular de la sentencia de primera instancia
SEP 005-2025 del 22 de enero de 202529, por medio de la cual se resolvió lo
siguiente:

PRIMERO: CONDENAR a CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, de
condiciones civiles y personales ya expuestas, como autor del delito de
corrupción de sufragante tipificado en el artículo 390 del Código Penal, con el
incremento punitivo a que alude el inciso 4°, en la modalidad de continuado.

SEGUNDO: IMPONER a CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX la pena de
noventa y dos (92) meses más un (1) día de prisión e inhabilitación en el
ejercicio de derechos y funciones públicas igual al de la principal impuesta y,

26 Para el efecto refirió los siguientes enlaces web: «https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/constitucional-

y-derechos-humanos/por-corrupcion-al-sufragante-condenado» y
«https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/corte-condena-al-expresidente-de-la-camara-carlos-cuenca-
chaux-por-compra-de-votos-3420356.Aportada como anexo de la demanda» (índice 3 Samai).
27 Índice 40 Samai.
28 Índices 45 y 50 Samai
29 Proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso con

Radicación 00614 CUI: 11001024700020220006801. MP Blanca Nélida Barreto Ardila.

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Demandante: Wilman Aguirre Escobar
Demandado: Carlos Alberto Cuenca Chaux
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00104-00

multa de quinientos ochenta y ocho punto noventa (588.90) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

TERCERO: NEGAR al condenado la suspensión condicional de la ejecución
de la pena.

CUARTO: CONCEDER a CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX la prisión
domiciliaria del artículo 38 y 38B del Código Penal, de acuerdo con lo
considerado en la parte motiva.

[…]

OCTAVO: PRECISAR que contra esta decisión procede el recurso de
apelación, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De la providencia referida se advierte que la Sala Especial de Primera
Instancia de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 22 de enero
de 2025, declaró penalmente responsable al señor Carlos Alberto Cuenca
Chaux por el delito de corrupción al sufragante agravado en la modalidad de
delito continuado.

• De igual forma, en el expediente penal se observa que, mediante memorial
presentado el 28 de enero de 2025, el apoderado judicial del señor Cuenca
Chaux enervó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia
emitida por la Sala Especial de Juzgamiento, en los siguientes términos:

JAIME CAMACHO FLÓREZ, defensor de CARLOS ALBERTO CUENCA
CHAUX en el asunto de la referencia, me permito manifestar que mediante el
presente escrito interpongo el recurso de APELACIÓN en contra de la
sentencia SEP 005-2025, proferida por esa Sala el pasado 22 de enero.

• Asimismo, en el expediente penal remitido por la Corte Suprema se encuentra
que, mediante auto del 17 de febrero de 2025, la magistrada ponente del
trámite penal concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación
interpuesto. Dicha decisión se adoptó en los siguientes términos:

Verificados los argumentos expuestos por la parte, estos cumplen con la carga
exigida en tanto se exhiben las razones de inconformidad con la providencia
censurada. En consecuencia, se concederá, en el efecto suspensivo, de
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 193 de la Ley 600 de
2000, estatuto procesal que rige la presente actuación.

• Del expediente allegado, también se extrae que, como consecuencia de lo
anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió la
sentencia SP601-2026 del 24 de junio de 2026, mediante la cual resolvió el
recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Carlos Alberto Cuenca
Chaux contra la mencionada decisión del 22 de enero de 2025. En esta
providencia la Sala de Casación Penal resolvió:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia condenatoria del 22 de enero de 2025
emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte

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Demandante: Wilman Aguirre Escobar
Demandado: Carlos Alberto Cuenca Chaux
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00104-00

Suprema de Justicia, al interior del proceso penal adelantado en contra de
CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX.

SEGUNDO: ABSOLVER, por duda, a CUENCA CHAUX del delito de
corrupción de sufragante agravado que le fue atribuido en la acusación.

• Finalmente, se encuentra que, como respuesta al requerimiento probatorio
contenido en el auto del 16 de julio de 2026, la Secretaría de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la comunicación del 30
de julio de 2026 (Notificación No.84356), precisó lo siguiente respecto de la
constancia de ejecutoria de la sentencia del mencionado trámite penal:

Por otro lado, en cuanto solicita la constancia de ejecutoria de la sentencia de
segunda instancia, me permito informarle que la sentencia SP601-2026 del
24 de junio de 2026 quedó ejecutoriada en la misma fecha de su suscripción,
razón por la cual dicha data corresponde a la constancia de ejecutoria
solicitada […]

38. En síntesis, dentro del proceso se acreditó que Carlos Alberto Cuenca Chaux
fue elegido representante a la Cámara por el departamento del Guainía para el
período 2026-2030. Además, aunque inicialmente el demandante solo aportó
referencias periodísticas sobre una condena penal, la Corte Suprema de Justicia
remitió el expediente correspondiente, en el que consta que, mediante sentencia del
22 de enero de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia lo condenó por el delito
de corrupción al sufragante agravado.

39. Sin embargo, dicha decisión fue oportunamente apelada por su defensa,
recurso que fue concedido en efecto suspensivo. Posteriormente, la Sala de
Casación Penal, mediante sentencia SP601-2026 del 24 de junio de 2026, revocó
íntegramente la condena y absolvió al procesado por duda. Además, la Secretaría
de esa corporación certificó que esta decisión absolutoria quedó ejecutoriada en la
misma fecha de su expedición, por lo que la sentencia condenatoria nunca adquirió
firmeza.

40. Así las cosas, teniendo en cuenta los elementos probatorios aportados al
expediente, así como los criterios hermenéuticos desarrollados previamente por esta
Sala en relación con la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 1.º del
artículo 179 de la Constitución Política, corresponde abordar el análisis del caso
concreto.

2.1. Caso concreto

41. Definido el alcance de las exigencias previstas por el legislador para la
configuración de la inhabilidad establecida en el numeral 1.° del artículo 179
constitucional y el examen del material probatorio que resulta relevante para
responder la cuestión jurídica trazada en el presente caso, se puede indicar, en
primer orden, que el señor Carlos Alberto Cuenca Chaux fue sujeto de una sanción
penal impuesta el 22 de enero de 2025 por la Sala Especial de Primera Instancia de
la Corte Suprema de Justicia.

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42. En la referida providencia, el alto tribunal condenó al señor Cuenca Chaux
como autor del delito de corrupción al sufragante agravado, previsto en el artículo
390 del Código Penal, en la modalidad de delito continuado. Como consecuencia, le
impuso una pena de 92 meses y un día de prisión, inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el mismo término y una multa equivalente a 588,90
salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

43. La decisión se sustentó en que, en su condición de representante a la Cámara
por el departamento del Guainía y candidato a la reelección en 2014, participó el 1.°
de marzo de ese año en una reunión realizada en Inírida, en la que ofreció tejas de
zinc y bultos de cemento a por lo menos veinte asistentes a cambio de su apoyo
electoral en los comicios del 9 de marzo. Tales hechos fueron acreditados mediante
testimonios y material audiovisual que evidenciaron la promesa y entrega de dichos
materiales, los cuales podían reclamarse mediante fichas o vales en
establecimientos comerciales previamente determinados.

44. Con fundamento en el material probatorio recaudado, la Corte Suprema
concluyó que se desarrollaron varias conductas dirigidas a un mismo propósito
criminal, razón por la cual declaró la responsabilidad penal del procesado e impuso
las sanciones antes señaladas. No obstante, contra dicha decisión procedía el
recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.

45. En ese orden, se advierte que el señor Cuenca Chaux, por conducto de
apoderado judicial y en ejercicio del recurso de apelación previsto en el inciso tercero
del artículo 186 de la Constitución Política30, impugnó la referida sentencia
condenatoria.

46. Dicho recurso fue resuelto mediante la sentencia SP601-2026 del 24 de junio
de 2026, por medio de la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia lo absolvió, por duda, del delito de corrupción al sufragante agravado que le
había sido atribuido en la acusación. Asimismo, se observa que esta decisión quedó
ejecutoriada a partir de su suscripción, por cuanto contra ella no procedía recurso
alguno.

47. Así las cosas, dado que contra la sentencia proferida por la Sala Especial de
Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se interpuso el recurso de

30 «ARTICULO 186. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2018. El nuevo texto es el

siguiente:> De los delitos que cometan los Congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de
Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos
y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación.
Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigar y
acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los
delitos cometidos.
Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La primera condena podrá ser impugnada». [Énfasis fuera de texto].

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Radicado: 11001-03-28-000-2026-00104-00

apelación previsto en el artículo 186 de la Constitución Política, concedido en el
efecto suspensivo31, y que la Sala de Casación Penal de esa corporación revocó la
condena impuesta, dicha decisión no adquirió firmeza ni produjo efectos de cosa
juzgada.

48. En consecuencia, se concluye que el señor Cuenca Chaux no se encontraba
inhabilitado para ser elegido, toda vez que fue absuelto en segunda instancia
mediante una decisión definitiva, frente a la cual, según lo dispuesto en la sentencia
del 24 de junio de 2026, no procedía recurso alguno.

49. Por lo anterior, no es posible afirmar siquiera que se configuró el primer
elemento de la causal de inhabilidad invocada, consistente en haber sido condenado
a pena privativa de la libertad mediante sentencia condenatoria en firme. Ello, por
cuanto la decisión proferida en primera instancia fue revocada integralmente por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

50. En consecuencia, resulta innecesario analizar si para la fecha de la elección
existía una sanción penal en firme contra el demandado, pues lo cierto es que la
sentencia condenatoria de primera instancia fue apelada y posteriormente revocada
por la Sala de Casación Penal mediante decisión del 24 de junio de 2026, que
absolvió al señor Carlos Alberto Cuenca Chaux. Por tanto, no se encuentra
acreditado el presupuesto material de la inhabilidad invocada, razón por la cual se
impone negar las pretensiones de la demanda.

2.2. Síntesis del caso

51. El presente caso se circunscribió a establecer si el señor Carlos Alberto
Cuenca Chaux se encontraba inhabilitado para ser elegido representante a la
Cámara por el departamento del Guainía para el período constitucional 2026-2030,
por haber sido condenado mediante sentencia a pena privativa de la libertad.

52. Para resolverlo, la Sala consideró que la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 1.º del artículo 179 de la Constitución se configura cuando concurren tres
elementos: (i) la existencia de una sentencia que imponga pena privativa de la
libertad; (ii) que dicha condena no corresponda a delitos culposos o políticos; y (iii)
que haya sido proferida en cualquier tiempo, dada la naturaleza intemporal de la
inhabilidad. Asimismo, precisó que no basta con acreditar la existencia de una
sentencia condenatoria, sino que es indispensable que esta se encuentre
ejecutoriada y tenga carácter definitivo.

31 Sobre los efectos en los que se puede conceder el recurso de apelación conviene revisar lo señalado por la

Corte Constitucional en la sentencia C-282 de 2017 en la que precisó lo siguiente: «[e]n materia de apelación,
tema sobre el cual gira la demanda, se ha asumido por la doctrina procesal tres modalidades de efectos, cuyo
propósito es fijar las consecuencias procedimentales que genera el uso del recurso y la forma en que se debe
tramitar. Así, en primer lugar, se encuentra el efecto suspensivo, a través del cual se interrumpe la ejecución
de una decisión, hasta tanto se notifique lo resuelto por el superior jerárquico, quien puede confirmar,
revocar o modificar lo decidido en primera instancia. […]». [énfasis fuera de texto]

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53. Aplicados esos parámetros al material probatorio, la Sala encontró que el
señor Carlos Alberto Cuenca Chaux fue condenado en primera instancia por la Sala
Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia
del 22 de enero de 2025, como autor del punible de corrupción al sufragante
agravado en modalidad de delito continuado. Sin embargo, dicha decisión fue
oportunamente apelada por el condenado y, posteriormente, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de la providencia SP601-2026 del
24 de junio de 2026, resolvió el recurso revocando integralmente la condena
impuesta.

54. Por tanto, la sentencia de primera instancia nunca adquirió firmeza como
decisión definitiva susceptible de producir los efectos exigidos para la configuración
de la causal de inhabilidad alegada. Por el contrario, el pronunciamiento definitivo de
la jurisdicción penal fue absolutorio, al dejar sin efectos la sanción inicialmente fijada.

55. En consecuencia, no se configuró la inhabilidad alegada ni, por esa vía, la
causal de nulidad del numeral 5.º del artículo 275 del CPACA, por lo que procede
negar las pretensiones de la demanda.

Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA:

Primero: Negar la pretensión de anular el acto de elección del señor Carlos Alberto
Cuenca Chaux como representante a la Cámara por el departamento del Guainía
para el período constitucional 2026-2030, contenida en el Acta General de Escrutinio
E-26 CAM del 15 de marzo de 2026, conforme las consideraciones de la presente
providencia.

Segundo: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Tercero: Ejecutoriada esta decisión, archivar el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Demandante: Wilman Aguirre Escobar
Demandado: Carlos Alberto Cuenca Chaux
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00104-00

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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