Ficha de la providencia
Sentencia SP601-2026(68470)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
Ficha de la providencia
Sentencia SP601-2026(68470)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Sentencia SP601-2026(68470)
24 de junio de 2026
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Magistrado Ponente
SP601-2026
Radicación No. 68470
Acta No. 205
Bogotá D.C, veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiséis (2026).
ASUNTO
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, actual Representante a la Cámara por el departamento de Guainía, en contra de la sentencia proferida el 22 de enero de 2025 por la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación, que declaró penalmente responsable al mencionado Congresista como autor del delito de corrupción de sufragante con el incremento previsto en el inciso 4º del artículo 390 del Código Penal, en la modalidad de delito continuado.
HECHOS
CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, Representante a la Cámara para el período 2010 – 2014 por la circunscripción del Departamento del Guainía, aspiró a su reelección para el período 2014 – 2018.
En ese marco, antes de los comicios que se desarrollarían en el año 2014, en un período comprendido entre el 15 de febrero y el 1º de marzo de ese año, se llevó a cabo una reunión política en la vivienda de Cecilia Pacheco Cabria, ubicada en el barrio La Esperanza de Inírida, al parecer organizada por el hijo de la mencionada, Miller Garrido Pacheco y a la que comparecieron poco más de veinte (20) personas, entre ellos, familiares y vecinos del mencionado.
En los términos de la acusación, Miller Garrido Pacheco denunció que, en aquel mitin, CUENCA CHAUX les ofreció a los asistentes bultos de cemento y tejas de zinc, a cambio de que votaran por él el día de los comicios.
El denunciante aportó fotos y videos que, en su criterio, daban cuenta de que, después de aquella reunión, personas allegadas a la campaña del congresista entregaron a los asistentes esos elementos de construcción, para lo cual se valieron de los establecimientos de comercio, Comercializadora Castillo y Depósito Rivera.
ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
Por los hechos antes expuestos, y en virtud de una denuncia formulada por Miller Garrido Pacheco, una Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal dispuso, mediante auto del 6 de junio de 2014, abrir investigación previa conforme a lo establecido en el artículo 322 de la Ley 600 de 2000. En ese sentido, ordenó la práctica de algunos medios de prueba y la realización de varios actos de investigación.
Mediante oficio n.° 3221 del 2 de junio de 2015, se allegó copia de un memorial suscrito por Arnaldo José Rojas Tomedes, quien denunció hechos relacionados con las conductas investigadas en este asunto y señaló como autor a Edgar Alexander Cipriano Moreno, exrepresentante a la Cámara.
En vista de lo anterior, mediante auto del 4 de marzo de 2018, se dispuso, entre otras cosas, la apertura de investigación previa contra Edgar Alexander Cipriano Moreno.
Posteriormente, con la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2018, el asunto se remitió a la Sala Especial de Instrucción de esta Corporación, la cual, mediante auto AEI00131-2021 del 10 de junio de 2021 dispuso abrir investigación formal contra CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX por los delitos de corrupción de sufragante, con el incremento punitivo antedicho y soborno.
Luego de su vinculación mediante indagatoria, el 19 de mayo de 2022 se resolvió la situación jurídica de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, a quien se le atribuyeron, en calidad de autor, los delitos de corrupción de sufragante agravado, conforme al inciso cuarto del artículo 390 del Código Penal, y soborno en actuación penal. No se le impuso medida de aseguramiento.
En relación con Edgar Alexander Cipriano Moreno, se declaró la prescripción de la acción penal.
Con ocasión de lo anterior, mediante auto del 21 de junio de 2022, se ordenó la ruptura de la unidad procesal, de conformidad con lo señalado en los artículos 89, 90 y 92 de la Ley 600 de 2000, a fin de que, por separado y previa asignación de nuevo radicado, continuara la instrucción formal respecto del aforado CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX.
En firme la anterior determinación, el 13 de octubre de 2022 se profirió la resolución de acusación, en la cual se le atribuyó responsabilidad a CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, como posible autor del punible de corrupción de sufragante con el incremento punitivo previsto en el inciso 4º del artículo 390 del Código Penal, en la modalidad de delito continuado, junto con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 9 y 10 del artículo 58 ejusdem. En ese mismo acto, se precluyó la investigación a su favor por la conducta típica de soborno en actuación penal.
Contra dicha determinación no se promovió ningún recurso, por lo que la resolución de acusación adquirió firmeza el 24 de octubre de 2022.
Remitida la actuación a la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación, mediante providencia AEP00007-23 del 18 de enero de 2023 se resolvieron las solicitudes probatorias y, posteriormente, el 6 de junio de 2024 se adelantó la audiencia pública de juzgamiento.
El 22 de enero de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia. Declaró penalmente responsable a CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX por el delito de corrupción de sufragante, tipificado en el artículo 390 del Código Penal, con el incremento punitivo previsto en el inciso cuarto, en la modalidad de delito continuado.
Como consecuencia de lo anterior, le impuso la pena de 92 meses y un día de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la intramuros. Además, le endilgó la de multa de 588,90 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
Igualmente, se negó al procesado la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero se le concedió la prisión domiciliaria.
En la sentencia no se impuso condena al pago de perjuicios.
Contra esa determinación, el apoderado de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX interpuso recurso de apelación.
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 22 de enero de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dio por probados los hechos contenidos en la resolución de acusación, en relación con el tipo penal de corrupción de sufragante agravado, en la modalidad de delito continuado.
Encontró, tras valorar el material probatorio obrante en el expediente, que CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, Representante a la Cámara por el departamento del Guainía y candidato a ese mismo cargo para las elecciones de 2014, en compañía de terceros, asistió el 1 de marzo de esa anualidad a una reunión en la casa de la señora Cecilia Pacheco Cabria, ubicada en el barrio La Esperanza I del municipio de Inírida.
En dicho encuentro, dijo, prometió entregar tejas de zinc y bultos de cemento al menos a 20 de los asistentes, con la condición de que votaran por él en la contienda electoral que se llevaría a cabo el 9 de marzo siguiente.
Como sustento de lo anterior, el a quo argumentó que la celebración de la reunión antes aludida fue aceptada por el procesado en su indagatoria rendida el 11 de febrero de 2022, aunque refirió que en realidad se había desarrollado aproximadamente quince días antes, y por iniciativa de varios testigos, entre ellos Diana Pineda, Sonia Cayupane, Julio César Ramírez Rodríguez, Luis Eduardo Caldas Echeverry, Yenni Garrido Pacheco, Deisy Milena Pacheco Cabria, María Andaluz Cabrera, Lucio Yavinape y Cecilia Pacheco.
En relación con el ofrecimiento de dádivas a cambio de votos, el fallador de primer grado aclaró que, aunque el denunciante intentó retractarse de su dicho, persisten otras pruebas que soportan la conducta de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, como los relatos de Yenni Garrido Pacheco, Deisy Milena Pacheco Cabria, María Andaluz Cabrera, Lucio Yavinape y Cecilia Pacheco Cabria, quienes manifestaron que el Congresista sí les había prometido y entregado beneficios por participar en el proceso electoral.
En cuanto a la entrega de los bienes ofrecidos, la primera instancia dio por probado que a los electores se les suministraba una «ficha, papelito, recibo, boleta o vale», con el cual podían reclamar los materiales de construcción en los establecimientos Comercializadora Castillo y Depósito Rivera. A esa conclusión llegó luego de aludir a diversos testimonios y de advertir que así podía extraerse de varios videos cuya legalidad fue cuestionada por la defensa, pero bajo reparos que no prosperaron.
Así pues, concluyó que el procesado es penalmente responsable por la conducta punible de corrupción de sufragante, con el incremento punitivo al que se refiere el inciso 4º del artículo 390 del Código Penal y en la modalidad de delito continuado, porque se constataron varias acciones materialmente definidas y ejecutadas de forma completa, conforme lo exige el tipo penal, todas ellas unidas por el mismo propósito criminal.
EL RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión emitida por la Sala Especial de Juzgamiento, el apoderado de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX la apeló.
Adujo que, aunque en la sentencia de primera instancia se determinó que los testigos escuchados en juicio no tenían interés en perjudicar al procesado ni en faltar a la verdad, la realidad del proceso demostraba lo contrario.
En primer lugar, señaló que la intención del denunciante, Miller Garrido, de perjudicar a su representado resulta evidente. Explicó que, en un primer momento, acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa mediante el medio de control de nulidad electoral con el propósito de apartar al procesado del cargo; sin embargo, al no obtener un resultado favorable, recurrió al derecho penal para lograr lo que no consiguió en dicho escenario.
Afirmó que fue el propio denunciante quien seleccionó a los testigos que rindieron declaración en el proceso, y no la Corte ni los investigadores. Por tal motivo, de los asistentes a la reunión política que dio origen al presente asunto, indicó que únicamente declararon seis personas, de las cuales la primera instancia solo valoró el testimonio de cinco, mientras que el restante fue omitido.
El a quo tampoco valoró las manifestaciones de Ciro Alberto Vargas Silva, hermano del candidato perdedor en las elecciones, «quien, después de superar la evidente renuencia a declarar, pretende que se le crea que cualquier día posterior a las elecciones dos personas no conocidas por él, sin más y porque sí, se presentaron en su residencia y le entregaron unos videos y unas fotos que no vio ni examinó, y se limitó a entregarlas a su abogado».
De igual forma, refirió que tampoco se valoró el testimonio de Campo Elías Goyeneche, abogado que adelantó el proceso de nulidad electoral en contra del procesado ante el Consejo de Estado, «a quien tampoco, según su declaración, le llamó la atención el extraño origen de las pruebas que aportó a la demanda».
En línea con lo expuesto, el recurrente sostuvo que, además de su evidente interés en perjudicar al procesado, Miller Garrido mintió, como lo demostrarían su retractación y el testimonio no valorado de José Silverio Dorantes.
Ese testimonio, según el defensor, posee un alto valor probatorio, por tratarse de la única persona sin vínculo de parentesco o vecindad inmediata con el denunciante, pues Cecilia Pacheco es su progenitora, Deysi Milena Pacheco su prima, Lucio Yavinape su abuelo, Jenny Garrido Pacheco su hermana y María Andaluz Cabral Ferreira su vecina.
José Silverio Dorantes, afirmó el abogado, aseguró en la entrevista del 7 de noviembre de 2014 que Miller Garrido lo habría buscado y pagado la suma de $40.000, circunstancia que posteriormente corroboró en su declaración jurada, «porque irían a ser incluidos en la lista de testigos que tendrían que declarar afirmando mentirosamente la asistencia a la reunión política».
Así las cosas, el recurrente concluyó este punto señalando que, contrario a lo afirmado en la sentencia de primer grado, los testigos sí tenían la intención de perjudicar a su poderdante y de faltar a la verdad.
De otra parte, acusó a la sentencia de incurrir en errores de hecho derivados de un falso juicio de existencia por omisión, particularmente en relación con los testimonios de José Silverio Dorantes, Ciro Alberto Vargas Silva, Campo Elías Goyeneche y Héctor Alonso Montenegro. En su criterio, el fallador de primer grado incurrió en omisiones parciales y absolutas.
Omisiones parciales
Adujo que, para tener por probada la existencia de la reunión política, la primera instancia, además de acudir a los testigos de cargo y el procesado, tuvo en consideración el testimonio de Diana Patricia Pineda Arias. Sin embargo, sostuvo que «les otorga plena credibilidad, pero sólo en la parte cortada en la que reconocen la existencia de la reunión y su asistencia, pero [omite] en absoluto, aunque fuese una mínima mención a la descripción que, de los hechos acaecidos en ella, aquellos suministraron».
Así pues, señaló que el fallador de primer grado no efectuó valoración alguna sobre el hecho de que Diana Patricia Pineda Arias fue quien organizó la reunión en la casa de la progenitora del denunciante y que esta se celebró en una fecha distinta a la indicada por él. Tampoco analizó que el encuentro surgió por una coyuntura de apoyo político, motivada porque un sector del Partido Verde no se sentía bien representado, pero que en ningún momento implicó una integración a la campaña de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX ni un proceso de compra pública y conjunta de votos.
Agregó que dicha testigo explicó que la reunión no se llevó a cabo el 1 de marzo de 2014, sino el 15 de febrero de ese mismo año y que, en ella, el procesado manifestó su molestia por la actitud del denunciante «toda vez que él sabía que ese no era el proceder nuestro en los temas políticos y tenía claro, las razones por las cuales apoyábamos a ese candidato».
Así las cosas, la única versión creíble de lo ocurrido en la reunión es la de quien la organizó. Diana Pineda no formaba parte de la campaña del procesado, pertenecía a un partido político distinto al de él y no es pariente suyo. Por tanto, de ella sí puede asegurarse que no existe interés alguno en perjudicar ni en faltar a la verdad.
Aunado a lo anterior, el defensor adujo que la versión suministrada por su poderdante solo fue valorada para dar por probada la reunión, pero se omitió la totalidad del contenido descriptivo que aportó sobre lo ocurrido en ella.
Esas versiones poseen mayor fuerza suasoria que las de los testigos en los que se apoyó la primera instancia y el denunciante es una persona con capacidad de mentir y de inducir a otros a hacerlo, pues de su retractación se desprende que actuó motivado por una remuneración que nunca recibió «porque los [Vargas] le incumplieron».
En conclusión, afirmó que las circunstancias antes anotadas resultan suficientes para desvirtuar la decisión de primer grado, no solo porque se excluyeron pruebas, sino porque, de haber sido valoradas, la conclusión habría sido distinta, ya que, como mínimo, se habrían generado «profundas y obvias dudas acerca de la credibilidad de los testigos inducidos».
Omisiones absolutas
Señala que, en la audiencia de juzgamiento y por iniciativa de la defensa, se escucharon los testimonios de Luis Eduardo Caldas Echeverry, Julio César Ramírez Rodríguez, Feliz Reimundo Bobadilla Rodríguez y Lucero María Forero.
Los dos primeros, indica el recurrente, asistieron a la reunión pero, junto con Diana Patricia Pineda Arias y el procesado, no formaron parte de la lista entregada por el denunciante ni son familiares suyos. Precisa que solo son residentes del barrio donde se ubica la vivienda en la que se realizó el encuentro y que relataron lo allí acontecido, en especial, que no existió oferta alguna de dádivas. No obstante, afirma que sus relatos no aparecen en la decisión censurada, y menos aún fueron siquiera mencionados ni valorados.
Agrega que resulta de vital importancia la declaración de José Silverio Dorantes, quien, pese a no haber estado presente en la reunión, afirmó que el denunciante lo refirió como testigo de los hechos e intentó sobornarlo para que mintiera.
Concluye este apartado señalando que la declaración de Lucero María Forero también fue ignorada por el fallador de primer grado. Explica que ella fue la persona a la que acudió el denunciante para entregar su retractación, por lo que la considera fundamental para demostrar que Miller Garrido «admitió haber calumniado y generado una falsa denuncia» contra el procesado.
La entrega de las tejas de zinc y el cemento
El recurrente recuerda que la primera instancia tuvo por probada la supuesta entrega de tejas de zinc y cemento, con base en los testimonios de los «familiares de Miller Garrido y en los videos aportados por éste, los cuales, además de ilícitos, no tienen capacidad de probar nada».
En consecuencia, aduce que la sentencia apelada resulta insuficiente en el análisis de esos hechos, pues omite elementos probatorios relevantes y no menciona que los propietarios de la Comercializadora El Castillo y del Depósito Rivera negaron haber suministrado tejas de zinc o cemento al procesado o a su campaña. Sostiene que dichas declaraciones no fueron consideradas por el a quo, lo que, a su juicio, configura un error de hecho por omisión.
Adicionalmente, el apoderado echa de menos la valoración de nueve testimonios rendidos por empleados de tres establecimientos de comercio presuntamente involucrados en la entrega de dádivas, quienes afirmaron que las «fichas, boletas o vales» con los que, supuestamente, los votantes reclamaban material de construcción no permitían efectuar entregas, pues su procedimiento interno no lo autorizaba. Añade que, al tratarse de comercios formales, todas las compras y ventas debían reflejarse en los libros contables reportados a la DIAN.
En esa misma línea, sostiene que otro error de la sentencia consistió en dar por probado que se entregaron fichas para reclamar material de construcción en el depósito Villavicencio, bajo el argumento de que el procesado tenía vínculos laborales y de amistad con los propietarios de ese establecimiento, quienes apoyaron su campaña.
En su criterio, la providencia atacada «hizo cómplices del supuesto delito a los integrantes de la familia [Del Vasto], únicamente por ser cercanos al acusado y apoyarlo políticamente, pero omite siquiera mencionar que también son dueños de un depósito de cervezas y gaseosas, mas no de una ferretería de materiales de construcción ni de un depósito de cemento».
En otro orden, afirma que, contrario a lo sostenido en la sentencia, la Misión de Observación Electoral no tuvo participación alguna en las elecciones de 2014. Explica que en el proceso se involucró al señor Iván Rozo, designado como observador por esa entidad, quien en esa condición recibió de Daniel Gámez «una supuesta evidencia» que careció de mérito suficiente para dar lugar a una denuncia formal, por falta de credibilidad.
Refiere que Daniel Gámez le propuso a Iván Rozo acudir al domicilio de la señora Donaira, lugar donde se habría tomado una fotografía que evidenciaría la entrega de mercancía. Una vez allí, sostiene el recurrente, la grabaron sin su consentimiento «hablando de cualquier cosa, hasta cuando se oye nuevamente, esta vez al señor [Gámez] indicándole qué es lo que tenía que decir, y solo entonces recuerda que debía afirmar que hubo una entrega de tejas de zinc».
De otro lado, manifiesta que la decisión de primera instancia tomó como fundamento para condenar a su prohijado lo que denominó «videos extraprocesales aportados con la denuncia», mediante los cuales se pretendía demostrar una negociación de materiales de construcción a cambio del voto.
Al respecto, sostiene que dichas grabaciones son ilícitas, no solo por la ausencia de consentimiento de las personas grabadas, sino porque, aun en el evento de existir, «no se brindó información suficiente sobre la finalidad de la grabación ni sobre su eventual utilización con fines judiciales», lo que impide considerarlo un consentimiento informado, como así lo concluyó el Consejo de Estado en el proceso de nulidad electoral.
Añade que, si la segunda instancia comparte el criterio del a quo sobre la licitud de las grabaciones, de todas maneras el fallo recurrido omitió cualquier referencia al análisis efectuado por el Consejo de Estado, el cual, según afirma, concluyó que «todas las respuestas son inducidas por quien formula las preguntas, las cuales revisten carácter sugestivo, pues insiste en indagar si el parlamentario cumplió lo que ofreció a cambio del voto».
Insiste en que las grabaciones, además de ilegales, carecen de valor probatorio porque «dejan entrever que los entrevistados pudieron haber sido inducidos por un tercero, sin el debido consentimiento». Califica como paradójico que el Consejo de Estado les haya restado todo valor probatorio, mientras que el a quo las utilizó como sustento de su decisión, pese a que la defensa planteó idénticos reparos.
En ese contexto, considera que se configura un error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, en tanto: (i) la primera instancia no mencionó las consideraciones del Consejo de Estado sobre las grabaciones; (ii) no controvirtió los fundamentos de su exclusión por ilicitud; y (iii) omitió referirse a la valoración de su contenido.
Precisa que no pretende reabrir discusiones sobre el valor probatorio de decisiones judiciales proferidas en procesos distintos, sino verificar que la sentencia del Consejo de Estado obra en el expediente, al igual que las grabaciones a las que se refirió, en las cuales esa Corporación identificó, objetivamente, características como preguntas sugestivas, respuestas inducidas, cortes sospechosos en la grabación, ausencia de referencia a hechos concretos y falta de espontaneidad en los relatos, entre otras deficiencias.
Añade que, al analizar los registros fílmicos, se puede concluir que todas las personas grabadas fueron inducidas a responder o a confirmar aquello que pretendía quien elaboró cada video, lo que impide considerar que existieran declaraciones libres y espontáneas.
Por consiguiente, la Sala de Primera Instancia omitió no solo confrontar los testimonios de cargo con múltiples pruebas que apuntan a la inexistencia de la conducta, sino también advertir la evidente falta de espontaneidad y la intervención de terceros en las entrevistas o declaraciones que antecedieron a esos testimonios.
En síntesis, el apoderado recurrente afirma que la primera instancia sustentó su fallo en: (i) la denuncia; (ii) las declaraciones de Jenny Garrido Pacheco, María Andaluz Cabral Ferreira, Deisy Milena Pacheco, Cecilia Pacheco y Lucio Yavinape; y (iii) las grabaciones y una fotografía.
Sostiene que, a diferencia de María Andaluz Cabral, los demás declarantes son parientes consanguíneos del denunciante y todos, excepto Lucio Yavinape, se retractaron en declaraciones que no fueron solicitadas por la defensa, lo cual despierta sospechas, especialmente porque «el único testigo no vinculado por parentesco explica cómo les pagaron y los indujeron a mentir».
Lo anterior, sumado a la retractación del denunciante y a que el Consejo de Estado no anuló la elección del procesado, muestra razones suficientes para revocar el fallo recurrido y, en su lugar, absolver a su prohijado.
TRASLADO A NO RECURRENTES
Mediante auto del 17 de febrero de 2025, el fallador de primer grado señaló que, tras haberse surtido los traslados correspondientes para que los no recurrentes se pronunciaran sobre lo señalado en la apelación, estos guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 235 de la Constitución Política, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX por haber sido promovido en contra de la sentencia proferida el 22 de enero de 2025 por la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación.
Delimitación del debate
La Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación concluyó que, de acuerdo con las pruebas practicadas en el proceso, CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, siendo Representante a la Cámara por el departamento del Guainía, y ante su aspiración a continuar en ese cargo para el periodo 2014-2018, en la campaña electoral desarrollada para tal fin, el 1º de marzo de 2014, previo a los comicios del 9 del mismo mes y año, realizó una reunión en la vivienda de Cecilia Pacheco Cabria, ubicada en el barrio La Esperanza de Inírida, en la que participaron alrededor de veinte personas cercanas o vecinas de la mencionada y de Miller Garrido. Además que, en ese escenario, les ofreció bultos de cemento y tejas de zinc, a cambio de que votaran por él.
Agregó que, con posterioridad a tal reunión, personas cercanas de la campaña del procesado entregaron a los votantes los elementos de construcción prometidos, utilizando los establecimientos de comercio, Comercializadora Castillo y Depósito Rivera.
La defensa, por su parte, afirma que dicho suceso nunca ocurrió y que el denunciante faltó a la verdad. Además, sostiene que tanto él como los demás testigos cuyas declaraciones sirvieron de fundamento para la condena están parcializados, pues, contrario a lo señalado en la sentencia, sí tenían interés en perjudicar a su representado.
En su criterio, existieron falencias en la valoración probatoria, particularmente fundadas en falsos juicios de existencia por omisión y de identidad por cercenamiento que achaca a la primera instancia porque, básicamente, empleó de los testigos los insumos que le servían para condenar, pero nada dijo sobre aquellos que rebatían la prueba de cargo.
En ese contexto, corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conforme a los parámetros que se desprenden del trámite procesal y de lo expuesto en el recurso de apelación, determinar si las conductas atribuidas a CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX configuran el delito de corrupción de sufragante agravado y, en consecuencia, decidir si se mantiene la sentencia condenatoria o si se procede a su revocatoria, de acuerdo con la solicitud formulada.
Para ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 de la Ley 600 del 2000 y, en atención al principio de limitación, la Corte solo puede pronunciarse sobre el tema de la apelación. Por eso, el estudio se concretará en los puntos de inconformidad, sin perjuicio de que el análisis pueda extenderse a temas que estén vinculados directamente al objeto de la censura.
Para tal efecto, la Corte se referirá (i) a la estructura típica del delito por el cual fue declarado penalmente responsable en primera instancia CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX y (ii) a partir de los contenidos probatorios, dará respuesta a los argumentos del recurso de apelación contrastándolos con la prueba recaudada y los razonamientos del fallo de primer nivel.
Estructura típica del delito de corrupción de sufragante
En atención a lo resuelto en la sentencia de primer grado y a la fecha de ocurrencia de los hechos, la normatividad aplicable al presente asunto es el artículo 390 de la Ley 599 del 2000 sin la modificación introducida por la Ley 890 de 2004. Aquel precepto dispone:
El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En igual pena incurrirá quien por los mismos medios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato votación en determinado sentido.
El sufragante que acepte la promesa, el dinero o la dádiva con los fines señalados en el inciso primero, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.
De la lectura de la norma en comento, se extrae que los elementos del tipo penal objetivo son los siguientes:
El sujeto activo es indeterminado, lo que implica que cualquier persona puede incurrir en el comportamiento;
Aun cuando se trata de un tipo penal de encuentro, en el tipo penal, redactado desde la visión del autor de la conducta, puede considerarse como sujeto pasivo al ciudadano o extranjero, habilitado por la ley para sufragar, sobre quien se actualiza cualquiera de los verbos rectores, para que deposite su voto en el sentido requerido por el sujeto activo;
La norma contiene varios verbos rectores o conductas alternativas, como son «prometer», «pagar» o «entregar», con lo cual, basta incurrir en una de las conductas para la consumación del delito.
El objeto material de la descripción típica, lo constituyen el «dinero» o la «dádiva» que se promete, paga o entrega.
Además, es un tipo penal de mera conducta, ya que no se requiere que la promesa se cumpla o que el destinatario de ésta vote en la forma propuesta o deje de hacerlo.
Si bien el tipo penal no exige que lo prometido o entregado tenga un valor económico determinado, una interpretación de la norma, orientada por el bien jurídico, lleva a concluir que la misma debe tener la capacidad de corromper al elector, pues el interés tutelado no es otro que el sufragio libre y autónomo, como pilar fundamental del sistema de gobierno democrático.
Se trata de un delito doloso, cuya configuración exige, además del propósito de determinar la voluntad del elector en un sentido determinado en la votación, «la concurrencia de la conciencia del accionar ilícito, reflejada en sus distintos verbos rectores, y la voluntad consciente de su realización».
La jurisprudencia de la Sala ha precisado sobre esta conducta que:
(…) se tipifica cuando el agente, en cualquiera de las acciones denotadas en sus distintos verbos rectores, promete, paga o entrega dinero o dádiva, para, por esa vía, desnaturalizar la libertad del voto y socavar la autonomía personal del elector, con el propósito de obtener el favorecimiento por determinado candidato, o para que deposite su voto en blanco o se abstenga de hacerlo.
Las hipótesis alternativas plausibles y su incidencia en la verificación del estándar “más allá de duda razonable”.
En decisiones CSJ SP5462 – 2021, Rad. 55659; CSJ SP3221 – 2021, Rad. 58687 y CSJ SP462 – 2023, Rad. 55491, entre otras, se reiteró que:
El procesado comparece al juicio oral amparado por la presunción de inocencia, la que debe ser desvirtuada más allá de duda razonable. Sin ningún ánimo reduccionista, la jurisprudencia ha establecido que existe duda razonable cuando la defensa presenta una hipótesis alternativa, que si bien es cierto no debe ser demostrada en el mismo nivel de la acusación, sí debe encontrar un respaldo razonable en las pruebas, al punto de poder ser catalogada como “verdaderamente plausible” (CSJSP, 12 oct 2016, Rad. 37175. Énfasis agregado).
La solución del caso
Son aspectos que no se discuten dentro del proceso: (i) la condición de representante a la Cámara de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX; (ii) que, previo a las elecciones de Senadores y Representantes a la Cámara del año 2014, se celebró una reunión en la vivienda de la señora Cecilia Pacheco Cabria, ubicada en el barrio La Esperanza de Inírida; y (iii) que en dicho encuentro estuvo presente el aquí procesado, en el cual participaron habitantes de ese sector.
Precisado lo anterior, las temáticas de la apelación se pueden discriminar así:
La credibilidad de los testigos en los que se fundamentó la sentencia. Según el recurrente, contrario a lo afirmado en la providencia, existe un interés en perjudicar a su poderdante y en faltar a la verdad.
La actualización de los verbos rectores contenidos en el tipo penal. El censor afirma que su prohijado no ofreció ni entregó dádivas para que votaran por él. Por ello, sostiene que en la valoración probatoria se presentaron omisiones significativas.
La existencia de las dádivas mencionadas en la acusación y en la sentencia de primera instancia. El apoderado afirma que no es cierto que se haya acudido a establecimientos de comercio para entregar materiales de construcción. En su criterio, el fallador de primer grado erró en la valoración probatoria.
Con base en lo anterior, la Sala verificará si los reproches formulados tienen vocación de prosperidad.
La principal crítica del apelante se fundamenta en la credibilidad que le otorgó la Sala a quo a Miller Garrido, quien formuló la denuncia. Al margen de su retractación, entendió la sentencia que sus dichos iniciales resultaban más plausibles y se corroboraban con los demás declarantes que comparecieron al proceso. Sin embargo, a juicio del censor, él tenía una clara intención de perjudicar a su defendido por una supuesta confabulación con los contradictores políticos de CUENCA CHAUX, particularmente, con Ciro Alberto Vargas Silva y su hermano Iván, de la cual se arrepintió, finalmente, porque aquellos incumplieron los ofrecimientos que le hicieron al impetrar la denuncia.
Ahora bien, en su declaración, Ciro Alberto Vargas Silva se refirió a su actividad política, al proceso de nulidad electoral y a la forma en la que llegaron a su poder los elementos materiales de prueba que tomó como sustento en esa actuación.
Sobre el primer punto, indicó haber participado con su hermano, Iván Vargas, en diferentes campañas electorales. Fue representante a la Cámara por el partido Opción Ciudadana. Luego, en las contiendas en las que se desarrollaron los hechos aquí investigados, adujo que aspiró a su reelección y que tuvo como contendores, entre otros, al procesado y a Alexander Cipriano, quienes finalmente obtuvieron las curules.
En cuanto a los elementos de prueba, manifestó que, con posterioridad al desarrollo de las elecciones, varias personas llegaron a la casa de su hermano para entregarle documentos que daban cuenta de las irregularidades objeto de denuncia en contra de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX. Afirmó no reconocer a todos los individuos, salvo a Miller Garrido, quien le habría indicado que el procesado le incumplió un «compromiso», lo que lo llevó a suministrarle esa información.
Respecto de la acción de nulidad electoral, señaló que contrató los servicios del abogado Campo Elías Vega, a quien le entregó los medios audiovisuales, con el fin de que los analizara y determinara si jurídicamente era viable promover alguna acción judicial, pero, dijo, no verificó el contenido de la información entregada.
Agregó que promovió la acción contenciosa porque, en vísperas de las elecciones, advirtió «mucho movimiento de mercados» y que a sus delegados los retiraron de las mesas electorales. Adujo que puso en conocimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil esas supuestas irregularidades.
Posteriormente, le fueron exhibidos diferentes documentos, tales como el recibo de caja n.º 35217, con membrete de la Comercializadora Castillo, en cuyo texto se consigna: «Cant: 10, Detalle: Láminas de zinc, pendiente por entregar, Nombre: Lucio Yavinape Garrido». Además, se presentaron varios videos en los que se observa a diferentes personas referirse a la supuesta compra de votos. En estos simplemente identificó a algunas personas.
Cabe recordar que, en efecto, Ciro Alberto Vargas Silva, hermano del exgobernador Iván Vargas Silva, condenado por la misma conducta materia de investigación, se enfrentó a CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX como aspirante a la Cámara de Representantes para los comicios del año 2014, en los que fue derrotado por el ahora procesado.
Por los sucesos que originaron este proceso penal, casi de forma paralela, tal como lo reconoció, instauró, a través de su defensor, Campo Elías Vega Goyeneche, un proceso de nulidad electoral con radicado 11001032800020140003000, en el que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de única instancia, el 21 de enero de 2016 negó las pretensiones de la demanda que buscaba invalidar la elección del ahora acusado como representante a la Cámara.
En aquella decisión se advirtió, preliminarmente, que de conformidad con lo previsto en el artículo 288 – 1 del Código de Procedimiento Administrativo, de prosperar la demanda, sería procedente «la realización de un nuevo escrutinio» así como la cancelación de la credencial del elegido.
Teniendo en cuenta esas circunstancias específicas es que la defensa reprocha que la Sala de Primera instancia valorara inadecuadamente la declaración que el 2 de noviembre de 2021 rindió el mencionado Ciro Alberto Vargas Silva. Les dio peso a sus dichos, aunque no pudo explicar cómo fue que Miller Garrido se presentó en su vivienda con unas fotos y videos de los hechos que concitan ahora la atención de la Sala, pero sobre los cuales, según su exposición, no analizó su contenido y simplemente se los entregó a su abogado para que acudiera ante las autoridades.
Por esa vía, aunque podría pensarse que el uso legítimo de los mecanismos judiciales no puede ser concebido como un instrumento de retaliación o venganza, en ese específico contexto, esto es, que (i) el aquí denunciante, Miller Garrido, le entregara unos elementos audiovisuales al contradictor político de CUENCA CHAUX y (ii) que éste acudiera ante las autoridades con ese material, para denunciar la elección de su opositor con la eventual nulidad de ese acto, sí genera, por lo menos, un manto de duda sobre el origen de los medios probatorios que fundamentaron el juicio de responsabilidad.
A esas circunstancias, debe añadir la Sala que la denuncia impetrada por Miller Garrido Pacheco y que originó el proceso penal, es extrañamente similar en su composición a la demanda de nulidad electoral a la que se hizo alusión líneas atrás. De igual manera, debe destacarse que también existen en el plenario sendos memoriales manuscritos del mencionado Garrido Pacheco, algunos incomprensibles de leer y otros con deficiente argumentación, por lo menos alejada de los conceptos que utilizó en la denuncia que sí rubricó.
En otras palabras, es admisible suponer que la denuncia, simplemente firmada por Miller Garrido, pudo ser elaborada por un tercero, posiblemente relacionado con Vargas Silva, si se consideran las coincidencias entre la demanda de nulidad electoral y la denuncia.
En consecuencia, la hipótesis de un supuesto complot orquestado por los contradictores políticos del acusado, al cual se refirió la defensa, no puede descartarse de tajo, máxime si, a los elementos antecedentemente descritos, se añade que, en su retractación, Miller Garrido refirió, sobre la denuncia, que simplemente le habían «puesto a firmar» un documento a cambio de algunas prebendas económicas y en especie.
Sobre la retractación, la Sala Especial de Primera Instancia inicialmente explicó que Miller Garrido había presentado un escrito el 27 de julio de 2014, en el que indicó que había sido objeto de presiones por parte de amigos del procesado para que se retractara de su denuncia. En dicho documento Miller Garrido aseguraba que se le había exigido retractarse a través de una declaración extrajudicial para no ser «demandado» por CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX.
Luego, el a quo adujo que el denunciante, mediante una declaración extraprocesal, manifestó que se había visto afectado con la presentación de la denuncia y que le insistían en su retractación a cambio de ofertas laborales.
Posteriormente, en su ampliación de denuncia del 19 de diciembre de 2017, cambió, de nuevo, su relato. Aseguró que no había sido presionado ni recibido alguna prebenda del procesado, pero sí de Iván Arnulfo Vargas Silva con el específico propósito de afectar a CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX. Ese supuesto lo reiteró el 22 de noviembre de 2021 en su declaración.
La Sala Especial de Primera Instancia consideró que, aunque era evidente una variación en el dicho del denunciante, existían otros medios de prueba que permitían dar por acreditada la tesis acusatoria. Para el efecto, hizo referencia a los relatos de Yenni Garrido Pacheco, Deisy Milena Pacheco Cabria, María Andaluz Cabrera, Lucio Yavinape y Cecilia Pacheco Cabria, quienes afirmaron que el procesado sí les había ofrecido y entregado dádivas por participar en las elecciones.
No obstante, para esta Sala, las notorias ambivalencias en las distintas salidas procesales del denunciante resultan relevantes de cara al juicio de responsabilidad.
En ese sentido, la Corte ha puntualizado que el hecho de que un testigo haya entregado dos versiones diferentes frente a un mismo aspecto obliga a analizar el asunto de manera pormenorizada. Lo anterior, bajo el entendido que:
No puede asumirse a priori que la primera o la última versión merece especial credibilidad bajo el único criterio del factor temporal;
El juez no está obligado a elegir una de las versiones como fundamento de su decisión; es posible que concluya que ninguna de ellas merece credibilidad;
Ante la concurrencia de versiones antagónicas, el juez tiene la obligación de motivar suficientemente por qué le otorga mayor credibilidad a una de ellas u opta por negarles poder suasorio a todas;
Ese análisis debe hacerse a la luz de la sana crítica, lo que no se suple con comentarios genéricos y ambiguos sino con la explicación del raciocinio que lleva al juez a tomar la decisión, pues sólo de esa manera la misma puede ser controlada por las partes e intervinientes a través de los recursos; y
La prueba de corroboración juega un papel determinante cuando se presentan esas situaciones.
Dicho lo anterior, importa resaltar que en el expediente obra copia de la retractación del 19 de diciembre de 2017 en la que el denunciante expuso lo siguiente:
(…) me retracto y desisto de la demanda que interpuse en contra del señor Carlos Cuenca Chaux por compra de votos en las elecciones del periodo pasado y dejando constancia de que he sido presionado (sic) ni he recibido prevenda (sic) alguna por parte de la persona afectada en el cual el señor Iván Vargas Silva sí me presionó y me sobornó con prevendas (sic) para que yo injuriara al señor Carlos Cuenca dañando su imagen y su buen nombre, argumentando que el señor Carlos Cuenca había comprado votos en esa fecha, y que además en varias ocasiones me había amenazado de muerte con pruebas falsas suministradas por el señor Iván Vargas, utilizándome como instrumento para sus objetivos personales aprovechándose de mi condición de necesidad que tenía yo en esos momentos.
Por lo anterior, pido perdón al señor Carlos Cuenca Chaux por el daño causado en su nombre.
Dejo en constancia ante los entes de control (…) que si alguna cosa me sucede a mí, hago responsable al señor Iván Vargas Silva.
Posteriormente, en diligencia del 22 de noviembre de 2021, ante la Sala de Instrucción, Miller Garrido manifestó que instauró la denuncia en contra de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX «bajo la influencia de un señor, que se llama (…) Iván Vargas (…) ex gobernador del Departamento del Guainía. Él fue quien me indujo a esa demanda en contra del señor».
Agregó que lo hizo porque atravesaba por una situación difícil y por ello tomó la decisión de «hacer parte de ese montaje que se hizo contra el señor», porque le prometieron que cambiarían su vida, una casa y dádivas.
Explicó que, a pesar de haber sido quien suscribió la denuncia, no fue él quien la redactó, sino que ello fue obra de «los mismos señores, Iván, Ciro y el abogado que está en Bogotá».
Lo primero que debe advertir la Corte es que Miller Garrido no es un testigo creíble. Sus ambivalencias fueron notorias, tanto al momento de impetrar la denuncia, como las supuestas presiones y, finalmente, cuando decidió retractarse de los hechos.
De ahí que, debe otorgarse eco a uno de los reclamos de la defensa, esto es, que fue Garrido Pacheco quien escogió a los testigos que finalmente fundamentaron la declaración de responsabilidad y no la autoridad instructora, como correspondía. Ese aspecto, en principio, les resta valor a los testigos de cargo.
En efecto, obra al respecto informe de investigador de campo en el que se explicó, no solo que los investigadores recaudarían los testimonios de aquellas personas que Miller Garrido ofreció presentarles, sino que, además, aquel intentó presionarlos para exigirles resultados sobre su labor.
Incluso, coaccionó a los investigadores que, de no obtener avances, llevaría el caso a los medios de comunicación y, finalmente, se presentó en estado de embriaguez con excusas sobre la comparecencia de algunos de los declarantes.
“El señor MILLER se presenta en el hotel a las 5 y 30 de la tarde manifestando que se encontraba en una reunión con unos líderes indígenas y había tomado mucha chicha y se encontraba con licor en su cabeza al comentarle lo que el señor DORANTES, de un momento a otro empezó amenazarnos que se iba para Bogotá a presentarse en CM& a entregarles los videos y que la Corte no estaba haciendo nada para resolver el caso; recibiendo como respuesta de los suscritos investigadores que hemos venido tres veces incluyendo a la Magistrado a Puerto Inírida a oír a las personas. El señor GARRIDO, afirma tener tres testigos que están dispuestos a realizar una entrevista y que los llevaría al hotel. A lo cual, le solicité que estas personas fueran diferentes a las que ya la Magistrada le hubiera realizado declaración o que esa persona fuera a decir algo diferente a lo ya declarado. A las 7 y 30 de la noche se presenta MILLER en estado de embriaguez, con una testigo y vuelvo de nuevo a preguntarle si ella va a decir algo diferente a lo que ya declaro, manifestando MILLER que no; entonces le decimos que no es necesario la diligencia porque ya ella declaro ante la Magistrada. E inmediatamente MILLER en tono amenazante me enseña un escrito que supuestamente va radicar ante la Corte Suprema de Justicia quejándose de los investigadores en especial de la suscrita investigadora porque según él no se ha hecho las respectivas Investigaciones, y vuelve nuevamente a amenazarme con ir a CM& y poner en conocimiento los hechos y que la Corte no ha realizado nada, que todo está demostrado en los videos y que no era necesario las entrevistas y menos las declaraciones”.
Por esa vía, los elementos a los que se refirió la Corte líneas atrás, muestran plausible la hipótesis defensiva que advierte sobre la existencia de un posible «montaje» para incriminar a su representado orquestado, principalmente, por Miller Garrido, aunque no de manera exclusiva por ese individuo sino, al parecer, también por otros indeterminados que, a la postre, solo interesan en punto de verificar los reclamos de la defensa al respecto.
Sobre el punto, cabe destacar que el 18 de noviembre de 2014 se recibió la declaración de José Silverio Dorantes, respecto de la cual la defensa criticó que la Sala a quo había cercenado, pero de la cual se extrae lo siguiente:
Primero, que fue llevado a la diligencia por Miller Garrido. Allí relató que él «nos cogió como testigos sin nosotros saber eso» y que CUENCA nunca estuvo en esa comunidad.
Segundo, que Miller Garrido le había dicho que CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX estaría intercambiando votos por tejas de zinc o bultos de cemento, pero tal suceso no le constaba porque «el doctor Carlos Cuenca nunca se ha llegado por allá por la comunidad de Caranacoa».
Tercero, que no entendía por qué Miller Garrido lo seleccionó como testigo, pues él no tenía nada que ver.
Finalmente, al ser interrogado sobre su conocimiento acerca de la entrega de cemento, tejas o algún elemento de construcción por parte del procesado a cambio de votos en su comunidad, adujo que «allá nunca hemos recibido cualquier cosa de la política, porque los políticos no los sueltan para la comunidad».
En lo demás, advirtió que Miller Garrido le ofreció $40.000 «para que dijera la verdad de que había recibido cemento». Al ser interrogado a qué se refería con esa expresión, dijo: «que según Miller me dijo que la verdad, cuente lo que yo le dije a usted que los bultos de cemento que los había recibido que yo no sé qué, no le voy a decir mentiras, pero yo el bulto de cemento dónde si no tengo nada. Yo soy pobre, doctora, para decirle la verdad».
Al preguntársele si eso mismo que estaba diciendo ahora lo había manifestado en una declaración anterior, adujo que no, pues en esa oportunidad Miller no le había ofrecido dinero. Explicó que, en cambio, para el 7 de noviembre de 2014, le dijeron que le daban «para su gasolina, que necesitaban que llegara a consultar con la doctora» [haciendo alusión a la investigadora del CTI].
Adujo que Miller Garrido le había dicho que en su casa estaban los materiales de construcción, que si era su deseo podía ir a corroborarlo. Pero, según afirmó, le expresó que a él eso no le constaba.
Dijo que no había tenido ninguna relación con CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, pero que «siempre hemos venido mirando en lo departamental cómo trabaja».
Aseguró no haber escuchado a nadie más diferente de Miller Garrido hablar acerca de la supuesta compra de votos a cambio de materiales de construcción.
En esa línea, es diciente lo relatado por el testigo. Reconoce que no estuvo presente en la reunión del 1º de marzo de 2014, y sin embargo, fue Miller Garrido quien lo presentó ante los investigadores del caso y le ofreció dinero para que indicara «que había recibido cemento».
De otro lado, Héctor Alonso Montenegro, en su declaración afirmó haber sido servidor público durante veintitrés años y, para la época en que rindió testimonio, fungía como director de Prosperidad Social en el municipio de Inírida. Indicó, además, haber sido contratista de la Alcaldía de dicho municipio y de la Gobernación del Guainía, así como haber ejercido el cargo de diputado durante tres periodos.
Manifestó que, aproximadamente el 1 de agosto de 2021, se encontraba en un café que frecuentaba habitualmente. Aunque dijo no recordar el nombre del establecimiento, sí identificó a su propietario. En dicho lugar, según relató, se encontraba el señor CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, junto con el dueño del local. Al llegar, se sentó con ellos, y a la mesa se aproximó el señor Daniel Gámez Estupiñán, quien le pidió conversar por unos instantes al procesado.
Según refiere, CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX le indicó que hablaran allí mismo; él respondió que había sido llamado a declarar, pero que no lo había hecho por temor. En respuesta, dice el testigo, el procesado le manifestó que asistiera y dijera la verdad, para que todo pudiera esclarecerse.
Daniel Gámez Estupiñán, según aduce el testigo de la defensa, le expresó que había cometido un error. Al ser interrogado sobre ello, manifestó que había vendido una fotografía de una motocicleta en la que se veía la placa, la cual estaba estacionada frente a una vivienda en la que presuntamente se estaban cometiendo actos irregulares, y que por tal acto un señor Iván le habría pagado $1.400.000.
También obra en el expediente el testimonio de Diana Patricia Pineda, cuya valoración la defensa criticó en el fallo de primer grado por haber sido cercenado.
Ella sostuvo, en su testimonio, que Miller Garrido era cercano a su esposo por razones políticas. Refirió que fue ella quien convocó la reunión, pero el 15 de febrero de 2014 – y no el 1º de marzo como indicaron los testigos de cargo –. Allí, relató que todo se concertó en dos fases, una encaminada a presentar las propuestas de su partido y el candidato al Senado, y otra, en la que socializarían la labor de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX como aspirante a la Cámara.
Relato que aquella reunión se hizo en la vivienda de Cecilia Pacheco (progenitora de Miller Garrido), y asistieron alrededor de 30 personas. Aclaró que, en su intervención, él únicamente se refirió a su programa de campaña, y que fue Miller Garrido quien se acercó al candidato con el fin de que programara otras reuniones; empero, como se negó por motivos de agenda, accedió a atender a las personas que Garrido le indicó, de una vez, para lo cual «el Parlamentario, se sentó en una mesa retirada con su secretaria y el señor MILLER GARRIDO, empezó a llamar uno por uno a las personas que tenía en una lista, en un cuaderno en el que anotaba cosas».
Ella notó que CUENCA CHAUX estaba «molesto e incómodo» y la miraba con frecuencia, pero al final comprendió que Miller Garrido, en ese escenario, era quien alentaba a los asistentes a solicitar prebendas al procesado a cambio de su voto.
Por su parte, CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX sostuvo que, durante su exposición, Miller Garrido, en al menos dos oportunidades, le manifestó que lo que la gente quería era zinc y cemento. Añadió que, una vez finalizada su intervención, salió del lugar y fue alcanzado por el denunciante, quien le entregó un papel y le dijo: «Mire, esto es lo que quiere la gente. ¿A quién le entrego?», a lo que él respondió: «Haga con eso lo que quiera» y se marchó.
Lucero María Forero, dijo a la Sala de Instrucción que militó en el partido político Cambio Radical y en época de las elecciones que aquí interesa colaboró en la campaña de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX. Dijo tener una relación de amistad con el procesado de aproximadamente 20 años.
Adujo que conoce también al señor Miller Garrido Pacheco a quien identificó como una persona que trabaja en el ámbito político y social. Refirió que este, para el año 2016 o 2017, se acercó a su casa y le entregó un documento en el que él se retractaba de la «demanda» que había interpuesto contra el procesado «porque supuestamente el otro grupo no le habían cumplido». Narró que le pareció muy sorpresiva esa aseveración porque era ajena al «problema» que se había suscitado.
Al ser interrogada sobre la razón por la cual Miller Garrido se acercó a ella, manifestó que este le expresó que, al considerarla una persona correcta, confiaba en su criterio y se arrepentía de inculpar a una persona inocente. Agregó que lo reprochó por haberse dejado manipular por «el otro grupo», ante lo cual él le respondió que lo había hecho porque le iban a entregar unas dádivas. Aclaró que el grupo al que hacía referencia era el del contendor político de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, es decir, Ciro Vargas y su hermano Iván.
Todo lo anterior, refuerza la hipótesis alternativa planteada por la defensa sobre un supuesto complot en el que estaba involucrado Miller Garrido, quien, puede decirse, se encargó de desplegar actividades tendientes a hacer ver que CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX había cometido el delito de corrupción de sufragante agravado en la mencionada reunión al ofrecer elementos de construcción.
Ese motivo, sumado al expuesto en los §109 y siguientes, debilita las versiones ofrecidas por los testigos que fundamentaron la condena. Aquellos, no sobra recordarlo, son familiares o allegados del mencionado denunciante y, posiblemente, pudieron ser direccionados para referir el contenido de sus relatos, tal como sucedió con Silverio Dorantes, a quien, cabe recordar, Garrido Pacheco presentó ante los investigadores del caso para que, por dinero, declarara sobre el ofrecimiento de cemento, pero a sabiendas de que él no había estado presente en la reunión, tal y como desinteresadamente lo explicó, justamente, al rendir su testimonio.
En ese contexto y para reforzar el tema antecedente, merece especial atención el hecho de que pudo ser Miller Garrido el encargado de grabar en video a diferentes personas para que se refirieran a la existencia de las dádivas. Así se puede inferir, básicamente, porque se trata de algunos familiares del mencionado.
Así, obra en el expediente una videograbación inicial hecha al abuelo de Miller Garrido, Lucio Yavinape y a otra persona identificada como “Myriam”. Es el entrevistador quien hace las preguntas, de manera sugestiva, y los indagados simplemente responden “si”. Incluso, observa la Sala, Yavinape al parecer no entiende claramente el idioma español, lo que se corrobora porque, con posterioridad, al rendir testimonio ante los investigadores del caso, debió comparecer con un traductor.
Retomando, en ese video inicial, en el que se muestra el recibo de cotización 35217 actualmente adosado al proceso, se observa, cuando el entrevistador le pregunta a Yavinape quién le entregó el “zinc”, que el preguntado duda y, a récord 0’21” se oye de un tercero la palabra “Cuenca”, que inmediatamente Yavinape replica.
En el mismo video, cuando el interlocutor le pregunta a la mujer si “votó por él porque le entregó eso” ella, responde en tono animado, que “siempre yo vengo colaborando”, pero es inmediatamente interrumpida para que continúe respondiendo con monosílabos de manera afirmativa a las preguntas. Incluso, se observa un corte sutil en la grabación, en la que pasa del exterior de la vivienda, al interior, para mostrar el cemento.
Ahora bien, al margen de que, como pretende la defensa, aquellos videos no sean objeto de exclusión como sí sucedió en sede contencioso administrativa y se denegó en un debate que ya fue surtido ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no sobra advertir, tal como también lo entendió la decisión del Consejo de Estado que analizó el mismo punto, que en los videos todas las respuestas son inducidas y en ocasiones pausadas sutilmente para replantear las respuestas, lo que hace sospechosa su credibilidad, de cara al juicio de responsabilidad penal.
De hecho, así se plasmó en el informe policial de fotografía y video 11-92070, en el cual se indicó que «en los archivos de video no se aprecian indicios de que hayan sido sometidos a algún proceso de edición, existen cortes directos entre diferentes escenas que pudieron haberse efectuado al momento de la realización o con posterioridad».
Así pues, si el origen de los videos, posiblemente emanó de Miller Garrido porque se trata de conocidos suyos y los incorporó con la denuncia, la credibilidad de los allí declarantes, posteriores testigos que sirvieron de fundamento para edificar la condena también se debilita.
En efecto, además de tratarse de familiares y allegados de Miller Garrido, de quien actualmente debe cuestionarse su credibilidad frente a los hechos declarados, generan una duda razonable en punto de que no es claro si (i) el acusado fue quien ofreció los elementos de construcción a cambio de votos, o (ii) si fue Garrido Pacheco quien hizo las exigencias e incluso (iii) incentivó a los entrevistados, en el marco de un complot, para rendir las versiones que fundamentaron la condena.
Así, por ejemplo, Lucio Yavinape, abuelo de Garrido, al testificar ante los investigadores del caso, relató que fue CUENCA CHAUX quien le preguntó qué materiales necesitaba, pero a renglón seguido dijo que el acusado «no le pidió nada a cambio de la mercancía».
Cecilia Pacheco, madre de Garrido, indicó que el acusado, el día de la reunión, entró afanado y no quiso hablar con nadie, pero se sentó y le preguntó a la gente «qué necesitaba».
En casi idénticos términos se pronunciaron Yenny Garrido, hermana de Miller y Deisy Pacheco, su prima, bajo el mismo modus operandi, esto es, que la reunión se realizó el 1º de marzo de 2014, que el acusado entró de afán y que les preguntó qué materiales necesitaban, tras lo cual recibieron un papelito con el que iban al Depósito Villavicencio a entregarlo y, posteriormente, reclamar los insumos (zinc y cemento) en el depósito Castillo o la Comercializadora Rivera.
Así pues, aunque en principio los testimonios puedan resultar creíbles, como lo comprendió la decisión de primera instancia, existen elementos que, vistos de manera convergente y concordante, reducen el crédito que les otorgó el fallo controvertido. Particularmente, se recuerda, la manera en que se originaron tanto las declaraciones, como la evidente mendacidad de quien las recaudó.
En lo demás, está probado que el promotor de la denuncia, Miller Garrido Pacheco, accedió a prebendas para incriminar a un tercero, según el contenido de la retractación antes transcrita. También que el mencionado ofreció dádivas a otros individuos, particularmente, a Silverio Dorantes, una suma de dinero para que declarara una mentira y, así, reforzara su visión. Por lo tanto, para la Sala ese escenario genera, al menos, una sospecha de que ese procedimiento irregular pudo extenderse a los demás testigos incriminatorios.
En contraste, como lo refiere la defensa, existen medios probatorios sobre los que nada se dijo en la sentencia de primer grado, pero que permiten reforzar el escenario de incertidumbre sobre la existencia del ofrecimiento y las dádivas.
En ese sentido, Luis Eduardo Caldas Echeverry y Julio Cesar Ramírez, quienes asistieron a la reunión de marras, aseguraron que no advirtieron ningún ofrecimiento de parte del procesado.
Caldas Echeverry expresó que en la reunión CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX habló «del departamento, del IVA, que nos los iban a quitar, se habló de los muchachos de la universidad porque él colabora mucho con ese tema, sobre los albergues (…) pero él en ningún momento dijo que iba a dar tejas, que iba a dar zinc».
Julio Cesar Ramírez en su declaración precisó que, en la reunión, CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX se refirió a su plan de gobierno y allí hizo alusión al plan de electrificación, al presupuesto de las comunidades indígenas, al acceso a la universidad y a la supresión del IVA. Explicó que ese encuentro se hizo con la familia de Miller Garrido y que toda la exposición fue «abierta al público» y que CUENCA CHAUX «en esa reunión, siempre habló (…) de su plan de gobierno».
Tales relatos no pasan inadvertidos. No solo coinciden en los temas que fueron puestos de presente en la reunión, sino que, además, contrario a todos aquellos declarantes con alguna cercanía a Miller Garrido, detallaron los temas tratados, esto es, el plan de gobierno y algunas propuestas específicas, sin hacer mención de algún ofrecimiento de tejas o cemento atribuible al procesado.
De otro lado, también le asiste razón a la defensa cuando reclama que los relatos de los dueños de los establecimientos que se habrían utilizado para llevar a cabo la entrega de los materiales de construcción, no se consignaron en la sentencia.
El reproche busca evidenciar que tanto los dueños de los establecimientos como sus trabajadores, aseguraron que no hicieron ninguna entrega de materiales a la campaña del procesado. Además, que sería imposible que con un papel que «cualquiera pudiera tener» suministraran tales implementos.
En ese sentido, Fabio Cadir Castillo, propietario de la “Comercializadora Castillo”, reconoció que su empresa almacena materiales de construcción, entre otros, zinc, pero negó que de allí se “obsequiaran” materiales de construcción, pues para todas las entregas, incluso en la época de los hechos, «se le piden los datos al cliente, como el nombre, número de cédula y dirección y se emite la factura».
Se refirió al recibo 35217 incorporado al expediente. Reconoció que sí era el formato de su compañía «pero que hayamos escrito eso, no me consta, para ese momento nosotros hacíamos un formato de cotización y en el mostrador, dejábamos el talonario». Indicó que, al ser simples cotizaciones, «no se tenía un control estricto sobre el documento como tal», como sí sucedía con las facturas. De hecho, reconoció que se «perdieron varias, se extraviaban, los vendedores se las llevaban para la casa». Agregó, sobre el punto, que «no investigué quien pudo habérselos llevado, porque es un documento que no tiene ningún valor, ya que es simplemente informativo, con él no me pueden reclamar nada».
Aris Andrea Mejía Muñoz, encargada de compras de la “ferretería Castillo”, indicó que esa compañía manejaba, para el tiempo de los hechos, solo materiales de zinc y era el “Depósito Rivera” el encargado de suministrar cemento. Sobre los hechos indicó «que yo sepa no se entregó material con ese objetivo, yo no entregué nada, no vi ningún movimiento extraño, yo era la administradora entre comillas, y todo sale facturado con una orden». Refrendó que las cotizaciones no llevan ningún control y sobre la número 35217 indicó que «no tiene fecha, no especifica el producto ni el valor que se supone es lo que debe registra en la cotización».
Marcela Gutiérrez Martínez, indicó que ella era la cajera del lugar «y si no pagaban la descuadrada iba a ser yo (…) podía facturar cualquiera de los empleados y no se entregaba si no estaba pago, se utilizaban códigos, y la factura se le entregaba al cliente de forma sistematizada». Reconoció el recibo de cotización como de la empresa y aclaró, además, que se perdieron algunos talonarios, así como el «sello de pendientes».
Arnulfo Rivera Naranjo indicó que tenía un depósito de cemento. Negó ostentar algún tipo de relación comercial con el acusado y aseveró que es «una mentira» lo dicho por Miller Garrido en punto de que se entregaba ese insumo en el «depósito de los Riveras».
María Elena Cruz Monroy, administradora de ese local, también negó las aseveraciones de Garrido Pacheco y precisó que el cemento «se vende es al detal, pues se hace con factura, y se hace un control todos los días, por parte de antinarcóticos, señalando para dónde va, el cemento se debe justificar».
Como bien se ve, la incorporación al debate del “recibo de cotización” de la Comercializadora Castillo, no respalda el juicio de responsabilidad penal. Los testigos de descargo expresaron (i) que aquellos no tenían valor comercial alguno; (ii) que los materiales de construcción solo se podían entregar con factura de venta y precio; (iii) que al parecer se perdió un talonario completo, sin que generara algún interés para la empresa y (iv) que elementos como el cemento exigían controles estrictos para su suministro, sobre todo, de la Policía Antinarcóticos.
De ahí que un solo recibo adosado a la actuación, en el que aparecía un nombre cuyo testimonio no ofreció claridad sobre los hechos jurídicamente relevantes, esto es, el de Lucio Yavinape, no resulta suficiente para refrendar la condena si se confronta con la prueba de descargo antecedente, que, como se ve, debilita el valor probatorio de la de cargo.
En adición, si bien pueden existir declaraciones de descargo sobre las cuales podría dudarse de su credibilidad por comprometer sus propios intereses, lo cierto es que, también cuenta el acervo probatorio con los dichos de varios trabajadores de las empresas involucradas, de quienes no se aprecian razones que los lleven a favorecer al procesado y que, por consiguiente, hacen creíble lo que relataron en punto de que esos depósitos de materiales no entregaron materiales de construcción, por lo menos, en los términos que la primera instancia dio por probados.
Así pues, aunque los hechos jurídicamente relevantes partieron de la premisa de que CUENCA CHAUX se valió de tres establecimientos de comercio para suministrar zinc y cemento a potenciales electores, esto es, el Depósito Villavicencio, la Comercializadora Castillo y el Depósito Rivera, no existe prueba dentro del plenario que demuestre que esos elementos fueron extraídos de aquellos lugares.
Primero, porque el Depósito Villavicencio se dedica al suministro de «alimentos, bebidas o tabaco».
Segundo, porque distintos trabajadores de la Comercializadora Castillo afirmaron que no podían entregarse láminas de zinc con documentos como el que se adosó a la actuación, esto es, una cotización sobre la cual, añadieron, tampoco existía alguna clase de control cuando en realidad todos los insumos debían ser facturados debidamente antes de ser entregados.
Tercero, porque el depósito Rivera, aunque sí ofrecía cemento al detal, no lo regalaba y debía expedir facturas, por temas de control de antinarcóticos, sin que una posición contraria, distinta a la de Miller Garrido y sus familiares, se exhibiera en el plenario.
De otro lado, con la denuncia se aportaron unos registros fotográficos que “daban cuenta” de la entrega de aquellos materiales de construcción.
La Corte, sin embargo, advierte que aquellas fotografías no acreditan, más allá de duda razonable, que CUENCA CHAUX entregó materiales a cambio de votos, según lo planteó la pretensión acusatoria.
En efecto, el informe policial por cuyo medio se incorporó esa información al plenario muestra lo siguiente:
De aquellas imágenes, como con facilidad se advierte, nada puede corroborarse de cara a los hechos materia del proceso penal. En efecto, aunque la “fecha de creación” de aquellos archivos, el 27/02/2014, fue realizada con anterioridad a la reunión que, según el relato de los testigos de cargo, tuvo lugar el 1º de marzo de ese mismo año y se acercan a la que refirieron Diana Pineda y el acusado (15 de febrero de 2014), esos medios audiovisuales, por sí solos, no dan cuenta que sea el acusado quien esté entregando material de construcción; tampoco está acreditado el origen de esas encomiendas cuando, como se explicó líneas atrás, los depósitos de materiales que suministran esos insumos en Inírida a los que se atribuyó la conducta, negaron haberlo hecho y ni siquiera se pudo constatar la placa del vehículo para, por lo menos, relacionarla con esas empresas.
Con todo y aunque la primera instancia consideró algunas declaraciones de cargo que referían que los miembros del equipo de campaña de CUENCA CHAUX utilizaban la camiseta de la selección Colombia y en la primera imagen se observa a una persona con esa indumentaria, ese solo hecho resulta insuficiente para ratificar la condena, pues aquella prenda no es exclusiva de una u otra campaña política, ni de difícil comercialización, por lo que ese factor tampoco se opone a la duda que, la adecuada valoración de las pruebas, subsiste frente a los medios de convicción que soportaron la condena.
Las anteriores circunstancias abren espacio a la existencia de duda razonable sobre la responsabilidad penal del procesado, pues la base para que esta se edificara, se reitera, es el relato de un denunciante – Miller Garrido – a quien resulta inverosímil otorgarle credibilidad.
En adición, si simplemente se desechara su dicho, lo cierto es que lo que en primera medida relató solo encuentra eco en familiares del testigo que, como se explicó líneas atrás, particularmente en los §109 y §137, pudieron ser aleccionados por este para que apoyaran la inicial versión incriminatoria.
Así las cosas, como la adecuada valoración de todos los medios probatorios recaudados enseña que la credibilidad de aquellos testigos se reduce a un estándar inferior al que verificó la primera instancia, la hipótesis de cargo incumple el estándar de conocimiento necesario para declarar responsable al procesado.
En contraste, la existencia de un «montaje» en contra del procesado, tampoco puede ser tajantemente desacreditado, pues la prueba de descargo enseña dudas sobre quien suministró los materiales de construcción, qué se trató en la reunión del 1º de marzo de 2014 e incluso, cuándo fue que ésta verdaderamente ocurrió.
Así las cosas, la hipótesis alternativa propuesta por la defensa, que se refiere al contexto de corrupción que rodea al testigo, hace proclive la hipótesis alternativa, no en un estado de suficiencia pleno, pero si, por lo menos, de duda razonable que posibilita infirmar la condena.
En consecuencia, ante la imposibilidad de advertir satisfecho el estándar de conocimiento para condenar, la Sala concluye que CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX no puede ser considerado como autor del delito de corrupción de sufragante agravado, en la modalidad continuada por el que fue acusado.
Por esa razón, la sentencia recurrida debe ser revocada.
En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia condenatoria del 22 de enero de 2025 emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al interior del proceso penal adelantado en contra de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX.
SEGUNDO: ABSOLVER, por duda, a CUENCA CHAUX del delito de corrupción de sufragante agravado que le fue atribuido en la acusación.
TERCERO: Devolver el expediente al fallador de primer grado para que emita las órdenes correspondientes para cancelar la orden de captura que se hubiese librado en contra de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, así como los requerimientos judiciales y pendientes derivados de este asunto.
CUARTO: Contra esta decisión no proceden recursos.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Presidente
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
GERARDO BARBOSA CASTILLO
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
HUGO QUINTERO BERNATE
JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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