Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00492-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00492-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-31-000-2011-00492-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
11 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2022
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00492-01 (55.817)
Actor: Arbey de Jesús Guapacha Mejía
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta
de la libertad (Ley 522 de 1999) – medida legal- daño especial
Síntesis del caso: El demandante fue vinculado a la investigación penal por la presunta comisión
de la conducta de ataque a inferior. La fiscalía le impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva y profirió resolución de acusación. Posteriormente, en etapa de juicio, se
dictó sentencia absolutoria al resolver el recurso de apelación formulado por la defensa técnica
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional en contra de la Sentencia proferida el 3 de junio de
2015 por el Tribunal Administrativo de Huila, Sala 6 de decisión escritural,
despacho de descongestión, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas
en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270
de 19961.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente
11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00492-01 (55.817)
Actor: Arbey de Jesús Guapacha Mejía
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica Sentencia que accede
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1.1. Posición de la parte demandante
1. El 5 de julio de 2007, Arbey de Jesús Guapacha Mejía presentó demanda
de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con
la privación injusta de su libertad2. La medida de aseguramiento de detención
preventiva se le impuso dentro del proceso penal adelantado en su contra por
el delito de ataque al inferior.
2. En la demanda se presentó la siguiente pretensión declarativa (se
trascribe):
“PRIMERA: La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional son
administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados
al señor ARBEY DE JESÚS GUAAPACHA MEJÍA por falla o falta del servicio o de la
administración de justicia, al haber sido injustamente privado de la libertad por el
lapso de cuatro (4) meses, a partir del 2 de diciembre de 2002, hasta el 2 de abril
de 2003, mediante detención preventiva emitida por el Juzgado ciento ochenta
de Instrucción Penal Militar, adscrito al departamento del Policía Huila, después
de lo cual se dictó Sentencia Absolutoria, por parte del Honorable Tribunal Superior
Militar, en providencia de fecha siete (7) de abril de dos mil seis (2006), de la que
fue Magistrada ponente la Mayor IMELDA TREVIÑO LOPERA”.
3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitó que se
condenara a las entidades demandadas al pago de los siguientes perjuicios:
Perjuicio Demandante Calidad Monto
Perjuicios Arbey de Jesús Guapacha Mejía Víctima directa 100 SMLMV
morales
Perjuicios Arbey de Jesús Guapacha Mejía Víctima directa
$17.400.0003
materiales
4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:
5. 1) El 27 de abril de 2002, en el puesto de control vehicular localizado en
la vía que conduce de Neiva al municipio de Campoalegre, el subintendente
Ever Aroca Santos resultó herido en su rostro, al parecer, por un golpe
propinado por su superior, el Sargento Arbey de Jesús Guapacha Mejía. Por
estos hechos se inició la investigación a cargo del Juzgado 180 de Instrucción
Penal Militar.
2Folios 1 a 21 Cuaderno del Tribunal No. 1.
3Valor que discriminó de la siguiente manera: 1) la suma de $9.000.000 por los gastos incurridos para su defensa dentro
del proceso penal; 2) la suma de $2.000.000 por “los viáticos por los diferentes desplazamientos de mi poderdante para
atender los requerimientos judiciales”; 3) la suma de $2.000.000 “correspondiente al valor que debió suministrarle a su
señora madre (…) para su subsistencia y la de sus nietos”; y 4) la suma de $4.400.000 “por los haberes dejados de percibir
desde el 2 de diciembre de 2002, hasta el 2 de abril de 2003, como resultado de su actividad laboral en el grado de
Sargento Segundo de la Policía Nacional”.
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Actor: Arbey de Jesús Guapacha Mejía
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica Sentencia que accede
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6. 2) El 19 de julio de 2002, Arbey de Jesús Guapacha Mejía rindió su
diligencia de indagatoria y, el 28 de noviembre del mismo año, al definir su
situación jurídica, el Juzgado impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva en su contra por la presunta comisión del delito ataque a inferior.
7. 3) El 19 de febrero de 2004, la Fiscalía 142 penal militar delegada ante el
Juzgado de 1 instancia de la Inspección General profirió Resolución de
cesación de procedimiento a favor del procesado, y revocó la medida de
aseguramiento previamente impuesta. El 5 de julio de 2005, al desatar el
recurso de apelación formulado por el ministerio público, la Fiscalía 5 delegada
ante el Tribunal Superior Militar, revocó la aludida decisión y formuló acusación
en contra de Arbey de Jesús Guapacha Mejía.
8. 4) El 19 de diciembre de 2005, el Juzgado 141 de primera Instancia de la
Policía Metropolitana de Bogotá dictó fallo condenatorio e impuso al acusado
una pena de prisión de 27 meses y una multa por el equivalente a 15 SMLMV.
Esta decisión fue apelada por la defensa técnica y mediante Sentencia de 7
de abril de 2006, el Tribunal Superior Militar absolvió a Arbey de Jesús Guapacha
Mejía del cargo formulado.
1.2. Posición de la parte demandada
9. El 17 de mayo de 2012, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
presentó contestación a la demanda, en la que se opuso a las pretensiones allí
formuladas4. En su escrito indicó que la totalidad del proceso penal, así como
la restricción de la libertad del ahora demandante, fueron tramitados bajo las
previsiones de la Justicia Penal Militar y debido a que dichas actuaciones
resultaban ajenas a las encargadas legalmente a la Policía Nacional, propuso
su falta de legitimación pasiva en la causa. En todo caso, resaltó la debida
valoración probatoria que el juez a cargo de la investigación elaboró en cada
una de las etapas, por lo que tampoco podía predicarse falla alguna en la
prestación del servicio.
10. Respecto del lucro cesante solicitado, adujo que la entidad realizó el
pago al demandante de los haberes que en su momento fueron retenidos por
cuenta del adelantamiento del proceso penal y la medida de aseguramiento
impuesta.
1.3. Sentencia de primera instancia
11. El 3 de junio de 2015, el Tribunal Administrativo de Huila, Sala 6 de decisión
escritural, despacho de descongestión, dictó Sentencia de primera instancia
4 Folios 190 a 195 del Cuaderno del Tribunal No. 1.
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que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda5. En la decisión,
se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional al pago de
perjuicios morales a favor de Arbey de Jesús Guapacha Mejía por el
equivalente a 50 SMLMV. Como argumentos de fondo sostuvo que, al margen
de la actuación inicialmente legítima del Juez 180 de Instrucción Penal Militar
al imponer la medida de aseguramiento en contra del ahora demandante,
ante la imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia dentro del
proceso penal se causó un daño antijurídico que debía ser reparado.
1.4. Recurso de apelación
12. El 6 de agosto de 2015, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia,
en el cual solicitó esta sea recovada y, en su lugar, se nieguen las pretensiones
formuladas6. Para el efecto, reiteró su falta de legitimación pasiva pues el
Decreto 1512 de 2000 modificó la estructura del Ministerio de Defensa Nacional
y estableció a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar como
dependencia interna de este Ministerio, por lo que era evidente que se trataba
de un organismo independiente a la Policía Nacional.
13. Enseguida, advirtió que los elementos de la responsabilidad estatal no se
encontraban configurados porque la relación de causalidad entre el daño y
las actuaciones de la entidad no estaba probada. Sostuvo la inexistencia de
una falla en la prestación del servicio o un defectuoso funcionamiento en la
administración de justicia pues la restricción de la libertad de Arbey de Jesús
Guapacha Mejía “obedeció a razones jurídicamente atendibles en su momento”.
Además, el trámite del proceso y las decisiones adoptadas en el mismo,
observaron las exigencias legales, fueron debidamente sustentadas en los
elementos probatorios recaudados y se garantizó el derecho de defensa y el
debido proceso del implicado.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del
daño; 2.3. Costas
5 Folios 269 a 280 del Cuaderno del Consejo de Estado. En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente: “PRIMERO:
DECLARAR que la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL es patrimonialmente responsable
por los perjuicios morales causados a ARBEY DE JESÚS GUAPACHA MEJÍA quien fue injustamente privado de la libertad.
// SEGUNDO: con consecuencia de la anterior declaración, condenar a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
POLICÍA NACIONAL, con cargo al presupuesta de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, a pagarle al
demandante ARBEY DE JESÚA GUAPACHA MEJÍA por concepto de perjuicios morales el equivalente a CINCUENTA (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago de la condena. // TERCERO: DENEGAR las demás
pretensiones (…)”.
6 Folios 282 a 288 del Cuaderno del Consejo de Estado.
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2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
14. La Sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas por la privación injusta de la libertad de Arbey de Jesús
Guapacha Mejía. En esta instancia, la Policía Nacional alegó la falta de
legitimación pasiva en la causa. Al tiempo, señaló que el procedimiento penal
se adelantó de conformidad con las exigencias legales y constitucionales, por
lo que la actuación desplegada por la Justicia Penal Militar fue legítima.
15. La Sala decidirá el fondo del asunto porque encuentra reunidos los
presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la
presentación de la demanda. La Sala advierte que la decisión que finalizó el
proceso penal, de acuerdo con las normas procesales, debió quedar
ejecutoriada el 25 de abril de 20067 y la demanda fue presentada el 5 de julio
de 2007. Es decir, la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo
136, numeral 8, del C.C.A.
16. En el expediente se encuentra probado que, mediante Auto de 25 de
noviembre de 2002, el Juzgado 180 de Instrucción Penal Militar dictó medida
de aseguramiento de detención preventiva en contra de Arbey de Jesús
Guapacha Mejía, para ser cumplida “en la base del departamento de Policía a
donde esté suscrita la unidad de Antinarcóticos donde labore actualmente ”, sin que
se tenga constancia del momento en que esta se materializó y que, por Auto
de 1 de abril de 2003, le fue concedida su libertad de manera provisional 8.
Asimismo se constató que el demandante principal fue absuelto mediante
Sentencia de 7 de abril de 2006 proferida por el Tribunal Superior Militar9, que
revocó el fallo condenatorio de 19 de diciembre de 2005 dictado por el Juez
141 de primera instancia de la Policía Metropolitana de Bogotá 10.
17. De acuerdo con lo anterior, en esta providencia, la Sala modificará la
Sentencia de primera instancia. Por una parte, declarará la responsabilidad de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional por la privación injusta de la libertad
de Arbey de Jesús Guapacha Mejía, pues si bien no está acreditada la
existencia de una falla en el servicio de la entidad demandada, lo cierto es que
7 De conformidad con los artículo 341 de la Ley 522 de 1999 –Código Penal Militar-, “Las notificaciones al procesado
que no estuviere detenido, a los defensores y al apoderado de la parte civil, se harán personalmente si se presentaren
a la secretaría dentro de los dos (2) días siguientes al de la fecha de la providencia; pasado este término sin que se
haya hecho la notificación personal, habiéndose realizado las diligencias para ello, las sentencias, las resoluciones
acusatorias y los autos de cesación de procedimiento se notificarán por edicto”. Además, el edicto debía fijarse por 5
días hábiles, a partir del cual se entendería surtida la notificación –art. 343-. De manera que, al no obrar constancia de
ejecutoria, inicialmente, la notificación personal debió ocurrir los días 17 y 18 de abril y la fijación por edicto del 19 de
abril, al 25 de abril de 2006. Además, de acuerdo con el artículo 368 de la misma norma, el recurso extraordinario de
casación no resultaba procedente.
8 Según se constata a partir del Oficio No. 228 CIA ANTIN NEIVA de 4 de abril de 2003. Folio 156 del Cuaderno del Tribunal
No. 1
9 Según se informó mediante Oficio No. 393 MD-COMAN-ZODOS de 1 de junio de 2009, en el cual la dirección de
Antinarcóticos, comando 2. Folios 155 a 156 del Cuaderno del Tribunal No. 1
10 Folios 79 a 105 del Cuaderno del Tribunal No. 1
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el actor sufrió un daño especial que no se encontraban en el deber jurídico de
soportar. En consecuencia, ajustará los perjuicios reconocidos al demandante
y ordenará al ministerio restablecer el buen nombre de la víctima directa. De
otra parte, no se pronunciará respecto de los perjuicios materiales porque
fueron negados por el a quo y este aspecto no fue objeto de recurso de
apelación.
18. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero,
identificará que se acreditó un daño consistente en la afectación del derecho
a la libertad. Luego, analizará la legalidad de la privación de la libertad y, en
seguida, profundizará en las razones anunciadas por las cuales se causó un
daño especial. Posteriormente, dado que en este caso no se evidenció la culpa
de la víctima como causal eximente de responsabilidad posible en casos de
privación injusta de la libertad, atribuirá el daño al Ministerio de Defensa
Nacional. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará
improcedente la condena en costas.
2.2. Identificación del daño
19. No se cuenta con elementos que permitan comprobar que Arbey de
Jesús Guapacha Mejía permaneció privado de la libertad durante el tiempo
indicado en la demanda -e incluso el establecido por el tribunal en primera
instancia-. No obstante, la Sala constata que el demandante estuvo detenido
por el espacio de, al menos, 2 días. Esto, debido a que el Auto de 1 de abril de
2003 otorgó la libertad al procesado “con fundamento en lo dispuesto en el artículo
539, numeral 2 del Código Penal Militar11” y, mediante Oficio de 2 de abril de 2003,
fue dejado en libertad12.
2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad
20. De acuerdo con la norma procesal vigente (Ley 522 de 1999, artículo 522
y ss.), para imponer medida de aseguramiento de detención preventiva se
exigían los siguientes requisitos: 1) se tratara de un delito con pena mínima igual
o superior a 2 años de prisión; fuera un delito que atentara contra el servicio o
la disciplina; hubiera realizado la captura en flagrancia por delito doloso o
preterintencional que tenga prevista pena de prisión; el procesado,
injustificadamente, se abstuviera de otorgar la caución prendaria o juratoria, o
cuando se incumpliera alguna de las obligaciones establecidas en el acta de
11 Aunque no se cuenta con la decisión que confirió la libertad del demandante, el Oficio No. 228 CIA ANTIN NEIVA de
4 de abril de 2003 dio cuenta de su expedición. El sustento de la decisión se extrae conforme lo expuso la parte
demandante en el numeral 6 de los fundamentos fácticos de la demanda. Folio 3 y156 del Cuaderno del Tribunal No.
1.
12 Mediante Oficio No. 228 CIA ANTIN NEIVA de 4 de abril de 2003, el comandante de la Compañía Antinarcóticos de
Neiva informó al comandante del departamento de Policía de Huila que “la Fiscalía 142 Penal Militar, teniendo en
cuenta el auto interlocutorio de fecha 010403 resolvió dejar en libertad provisional al señor SS. ARVEY GUAPACHA MEJÍA,
quien se encontraba en detención preventiva dentro de estas instalaciones”. Folio 156 del Cuaderno del Tribunal No. 1
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caución; y 2) la existencia de, por lo menos, un indicio grave de
responsabilidad. En este caso se encontraron satisfechos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico, como pasa a explicarse:
21. Mediante Resolución de 25 de noviembre de 2002, el Juzgado 180 de
Instrucción Penal Militar definió la situación jurídica de Arbey de Jesús
Guapacha Mejía dentro de la investigación que era seguida en su contra por
la conducta de ataque a inferior, por tratarse de un delito que transgredía el
servicio y la disciplina policial (requisito objetivo). Según se explicó, la actuación
tuvo origen en la denuncia del subintendente Ever Aroca Santos quien aseguró
haber recibió un golpe en su rostro por parte del sargento Arbey de Jesús
Guapacha Mejía. Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2002,
aproximadamente a las “23.55 horas”, en un control vehicular antinarcóticos
dispuesto en la vía Neiva- Campoalegre, Huila, cuando el subintendente
adelantaba el registro del vehículo de placas CRE-463, procedente de
Florencia, Caquetá.
22. Del material probatorio recaudado, se puedo establecer: 1) la
incapacidad médica definitiva de 25 días “con perturbación funcional de
carácter permanente en el órgano de la respiración ”, dictaminada al
subintendente; 2) el 27 de abril de 2002, en el horario de las “19:00 a las 01:00
horas”, una patrulla conformada por 11 hombres al mando del Sargento Arbey
de Jesús Guapacha Mejía fue asignado al puesto de control vehicular en la vía
Neiva- Campoalegre, entre los subalternos se encontraba el subintendente Ever
Aroca; 3) en desarrollo del procedimiento de registro adelantado por el
subintendente sobre un vehículo, se presentó una fuerte discusión entre los dos
uniformados; 4) enseguida, el subintendente “resultó sangrando por la nariz” y fue
llevado a un centro de atención médica para su valoración.
23. Las versiones de los 2 uniformados, junto con el testimonio propietario del
vehículo y su acompañante, coincidieron en afirmar que la discusión se
presentó luego de que estos últimos presentaran una queja ante sargento
debido a que el subintendente le “estaba dañando algunas piezas del carro al
desbaratar el aire acondicionado” y se había comportado de manera agresiva
con su acompañante. Asimismo, las declaraciones de algunos de los policías
presentes en la zona dieron cuenta de la disputa verbal ocurrida entre el
sargento y el subintendente, sin embargo ninguno de ellos proporcionó
información precisa acerca de la causa de la lesión.
24. A partir de lo anterior, el juzgado estableció el indicio grave de
responsabilidad necesario para dictar la medida de aseguramiento (requisito
subjetivo) y además aseguró que “la experiencia permite concluir como posible
elemento contundente para la lesión sufrida por el ofendido, un puño; porque
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difícilmente podría golpearse con otro elemento, como la lámina o material duro de
un vehículo y no quedar con huella externa, digamos una abrasión o herida abierta”.
2.4. Análisis de la existencia de un daño especial
25. Mediante la Sentencia de unificación de 5 de julio de 2018 13, la Corte
Constitucional precisó que los artículos 90 de la Constitución Política de
Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título específico de
imputación, sino que, por el contrario, prevén la posibilidad de que el juez
adecúe la situación específica al título pertinente. Además, recordó que la falla
en el servicio es el título de imputación preferente y que los títulos de
responsabilidad objetiva son residuales, reservados para aquellos casos en que
el régimen subjetivo es insuficiente para resolver la situación determinada14.
26. La Corte Constitucional también señaló que, “la posibilidad que tienen los
administrados de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un daño que no
estaban en el deber de soportar en el marco de la privación injusta de la libertad es
un derecho que se deriva de la efectividad de los derechos, la igualdad y la libertad,
al paso de estar previsto en el artículo 90 de la Constitución y, en tal virtud, el criterio
de sostenibilidad fiscal no se erige en una barrera para ofrecer la protección efectiva
de tales derechos”.
27. A partir de las consideraciones anteriores y como lo ha definido la Sala
en pronunciamientos anteriores, el juez de la responsabilidad tiene el deber de
analizar, en primera medida, si el Estado actuó o no conforme a derecho. Por
tanto, si su actuación no estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, el caso
deberá abordarse bajo la óptica de la falla del servicio. En caso contrario, el
juzgador deberá determinar si el perjuicio que sufre la víctima debe ser
reparado bajo la consideración de que es un daño especial -no lo sufre la
generalidad de la población- y, por su gravedad, no podría considerarse que
debe soportarlo o tolerarlo por el solo hecho de vivir en sociedad. Bajo este
título de imputación denominado por la jurisprudencia como “daño especial”,
debe considerarse que, a partir de la gravedad y anormalidad del daño, debe
establecerse el derecho a la indemnización.
28. En efecto, es posible que el Estado, con su actuar legítimo, inflija daños a
particulares, lo que conlleva, por razones de igualdad -frente a las cargas
públicas- y de equidad, que la persona no deba soportarlo, como en este caso
se predica respecto del demandante principal. Este análisis, como se
13Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018.
14 En la providencia se afirmó: “Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial- del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le
exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los
criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos
los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del
principio iura novit curia14, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será
el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante”.
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mencionó, resulta acorde con el mandato del artículo 90 de la Constitución
Política y lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-072 de
201815.
29. En efecto, resulta desproporcionada la privación de la libertad del
procesado que fue exonerado de toda responsabilidad penal, al no
demostrarse su injerencia en la comisión de un determinado comportamiento
punible. Por ello, la afectación del derecho a la libertad, el cual ha sido
considerado una garantía básica del ser humano, no puede considerarse
como una carga que deba soportar un ciudadano como contraprestación
propia de vivir en sociedad, dado que, al mantenerse vigente su presunción de
inocencia frente a los cargos que le fueron imputados, no se justifica dicha
restricción durante el tiempo que finalmente se prolongó. Entonces, ante la
posibilidad de que haya ocurrido un daño especial, se analizará el caso bajo
un régimen objetivo de responsabilidad.
30. Para el Tribunal Superior Militar aunque, en principio, la versión del
subintendente no ofreció contradicciones evidentes, a partir de la recolección
de nuevos elementos, y en particular los testimonios de otros uniformados,
concluyó que su declaración incurrió en imprecisiones. Estableció que el
subintendente le había manifestado a uno de sus compañeros de alojamiento
que las heridas le habían sido ocasionadas accidentalmente y, al mismo
tiempo, le solicitó su colaboración para incriminar al Sargento con su
declaración. El Tribunal indicó (se trascribe):
“(…) estas pruebas son elementos de juicio que nos permiten colegir que le asiste
razón a la Defensa y al Delegado ante el Ad quem, en el sentido de que la versión
del SI. EVER AROCA SANTOS no merece credibilidad, y que existen una serie de
contradicciones, y que en el presente caso se debe tener en cuenta la versión
de los otros policiales que de una u otra forma tuvieron conocimiento de los
hechos aquí investigados, pues el cargo de responsabilidad, aparece
desvirtuado con la versión del PT. SERGIO ALFONSO FRANCO, cuando a folio 27,
nos ilustra como es el mismo AROCA, quien le comenta que la lesión se le causó
por accidente, y le pide colaboración para que declare en contra de SS.
GUAPACHA.
31. De otra parte, no fue posible establecer la causa cierta de las lesiones
padecidas por el subintendente. Para el Tribunal esto pudo obedecer a un
accidente ocasionado por el uso indebido de la herramienta utilizada durante
el procedimiento de requisa o, incluso, al estado de alteración en el cual se
encontraba Ever Roca. La decisión sostuvo (se trascribe):
“ La persuasión racional, de estas circunstancias temporoespaciales, nos permite
colegir que el PT.FRANCO ORTEGA y el SS. GUAPACHA MEJÍA ARVEY, admiten
15Al respecto ver, entre otras, las providencias de esta Subsección: Sentencia de 6 de febrero de 2020, Exp. 42.409,
Sentencia de 13 de febrero de 2020, Exp. 43.482, Sentencia de 13 de noviembre de 2020, Exp: 51.049; Sentencia de 13
de noviembre de 2020, Exp: 50.394; Sentencia de 6 de noviembre de 2020, Exp: 45.161, entre otras.
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Radicación: 41001-23-31-000-2011-00492-01 (55.817)
Actor: Arbey de Jesús Guapacha Mejía
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Referencia: Acción de Reparación Directa
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credibilidad, en el sentido que el SI AROCA se lesionó accidentalmente la nariz,
pues no hay que olvidar que las reglas de la experiencia y la lógica de las
versiones de los uniformados que vieron a AROCA desbaratando la cabina de la
TOYOTA que lo hacía con un destornillador, que no contaba con los elementos
de protección y las normas de seguridad industrial que consagran las profesiones
de mecánica y talleres, nos enseñan que esa profesión se corre un riesgo el
operar sin dichos elementos de protección, y que nos permite colegir que en el
momento de que se encontraba lesionado desarmando la cabina en el puesto
del conductor en un espacio muy reducido, y que además estaba altamente
alterado, y que su superior le exigía el máximo de cuidado para no perjudicar a
los civiles que se quejaban de forma chambona y arbitraria para sacar las piezas
del automotor que quería inspeccionar, son circunstancias que muy
posiblemente le llevaron a maniobrar en forma irregular dichos elementos y
lesionarse la nariz.
(…)
Otra circunstancia que llama la atención, y se pregunta la Sala, es que si es cierto
que estuviera alegando frente a frente lo más lógico es que el SI AROCA, quien
según los deponente era el que alegaba y manoteaba, muy seguramente con
el destornillador en la mano al superior, lo más lógico es que con esa herramienta
se hubiera podido defender, es lo obvio, en los momentos de ataque y reacción
de protección, según pretender hacer creer a los dispensadores que entre ellos
el llamado de atención, desató un alto grado de alteración interpartes.
(…)
La prueba testimonial en cita [subintendente Beltrán Duque que condujo al
herido al centro asistencial], nos permite colegir que la ocurrencia de la lesión
del SI AROCA no guarda absoluta certeza de que el elemento contundente con
que se causó dicho daño, y que en el ambiente si queda la premisa legal que la
lesión se la pudo haber causado AROCA en forma accidental, porque no hay
certeza cuál fue el origen real de la causal”.
32. Como puede observarse, en el proceso penal no se probó, con el grado
de certeza necesario para proferir sentencia condenatoria, la responsabilidad
del ahora demandante en los hechos investigados, razón por la cual se dictó
sentencia absolutoria a su favor con fundamento en el principio de in dubio
pro reo. El Tribunal concluyó (se trascribe):
“Al observarse esa serie de dudas en el estudio del acervo probatorio que permiten
la aplicación, y como consecuencia de la misma, absolverse al SARGENTO
GUAPACHA MEJÍA, en aplicabilidad del in dubio pro reo (…) como se dejará
consignado en precedencia, la defensa se encuentra centrada en la falta de
certeza que en su prohijado actuó, al no estar comprobado la causa real de la
lesión que le fuera reconocida al SI. EVER AROCA SANTOS y consecuente con ello
la falta de estructuración de los cargos de ATAQUE A INFERIOR”
33. Así las cosas, se encuentra que el entonces procesado estuvo privado de
la libertad debido a una investigación penal en la que el Estado no pudo
desvirtuar su presunción de inocencia, ante las importantes dudas que existían
acerca de su participación en las conductas investigadas. Por lo anterior, al no
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa-Policía Nacional
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existir ningún título jurídico que pueda justificar, de manera definitiva, la
privación provisional de su libertad, se le generó un daño anormal, especial y
grave, que deberá ser indemnizado.
34. La afectación del derecho a la libertad, el cual ha sido considerado una
garantía básica del ser humano, por tratarse de un atributo propio de la
persona, no puede considerarse como una carga que deba soportar un
ciudadano como contraprestación propia de vivir en sociedad y encontrarse
en un determinado territorio. En consecuencia, resulta desproporcionada la
privación de la libertad del procesado que fue exonerado de toda
responsabilidad penal, al no demostrarse su injerencia en la comisión de un
determinado comportamiento punible. Por las anteriores razones, procede la
reparación del daño antijurídico alegado, como así se ordenará.
2.5. Entidad a la que se le imputa el daño
35. En este caso, la Sala no advierte la configuración de una culpa exclusiva
de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en materia de
privaciones injustas de la libertad. El demandante principal, en efecto, no
desplegó ninguna actuación dentro del proceso penal, de la cual se pudiese
predicar su incidencia en la causación del daño. Por el contrario, sus
intervenciones se circunscribieron a presentar los argumentos y las respectivas
justificaciones, tendientes a demostrar su inocencia en el comportamiento
investigado.
36. Por otra parte, la Sala advierte que la demanda se interpuso contra la
Nación - Ministerio de Defensa-Policía Nacional. En el presente caso, el daño
antijurídico devino del ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de la
Justicia Penal Militar, que como lo ha sostenido la Corte Constitucional “lo hace
de manera restringida, no sólo por los sujetos llamada a juzgar, sino por los asuntos de
los cuales conoce”16.
37. Por su parte, los Decretos 1512 de 2000 y 49 de 2003 disponen que la
Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar debe “[a]dministrar, de
conformidad con las normas vigentes, los bienes y recursos destinados para el
funcionamiento de la Justicia Penal Militar y responder por su correcta aplicación o
utilización (…) [y] (…) [a]ctuar, previa delegación del Ministro de Defensa, como
ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan”17. La misma normativa señala que dicha dependencia hace
parte de la estructura interna del Ministerio de Defensa Nacional, la cual,
además, cuenta con autonomía administrativa y financiera, lo que lleva a
concluir que esta sería la llamada a responder.
16 Corte Constitucional. Auto No 12 de 1994 y Sentencia C-037 de 1996.
17 Artículo 26 del Decreto 1512 de 2000.
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38. Sin embargo, como la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar hace
parte de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa y esta última entidad
actuó en el proceso a través de la Policía Nacional, se condenará a la Nación
• Ministerio de Defensa por los perjuicios causados con la privación injusta de la
libertad que padeció el demandante principal.
2.4. Liquidación de perjuicios
2.5.1. Perjuicios inmateriales
39. De acuerdo con las reglas de la experiencia, la privación de la libertad
causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia,
zozobra e incertidumbre, entre otros, tanto en la persona que sufre la
detención, como en su núcleo familiar y afectivo.
40. Con el fin de unificar las reglas sobre la prueba y cuantificación de los
perjuicios morales en casos de responsabilidad del Estado por privación injusta
de la libertad, la Sección Tercera de esta corporación, en Sentencia de 29 de
noviembre de 202118, mantuvo la presunción de la afectación moral respecto
de la víctima directa y estableció los topes máximos para ser observados en la
tasación de su indemnización. Esto último, en función del tiempo de la
detención (cuyo incremento es progresivo) y en consideración a la
proporcionalidad respecto de los topes fijados para otro tipo de daños (v.gr. en
caso de muerte).
41. En la misma decisión se determinó que la prueba del parentesco dentro
del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero
o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral para ellos,
para lo cual estableció como monto máximo, el reconocimiento del 50% de la
suma que le correspondería a la víctima directa. Adicionalmente precisó que
para las demás demandantes, en caso de acreditar los perjuicios morales, el
máximo que se aplicaría sería del 30%. No obstante, indicó que para la
determinación del monto final de la indemnización de las victimas indirectas “la
cuantificación deberá estar fundamentada en las pruebas que obren en el
expediente y ella deberá ser motivada según lo probado en cada caso”.
42. Por último, la Sección Tercera precisó la forma en que debían
implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29 de
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial
de 29 de noviembre de 2021, Exp. 46681. Según esta providencia, si la privación de la libertad tuvo una duración igual
o inferior a un mes, una suma fija equivalente a 5 SMLMV. Si la privación tuvo una duración superior a un mes, por cada
mes adicional transcurrido, se adicionan 5 SMLMV; y además, por cada día adicional al último mes transcurrido, una
fracción equivalente a 0,166 SMLMV. En todo caso, la indemnización no podrá superar los 100 SMLMV, salvo que se
acrediten circunstancia que evidencien una gravedad e intensidad excepcional en el perjuicio moral padecido; en
dicho evento el tope máximo será de 300 SMLMV.
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noviembre de 2021, según lo cual, en las demandas presentadas a partir de la
ejecutoria de la Sentencia de unificación, la aplicación de las reglas para el
reconocimiento y la liquidación del perjuicio moral será inmediata, al igual que
para las demandas presentadas antes del 28 de agosto de 2013, como ocurre
en este caso.
18. Por lo anterior, dado que se estableció que Arbey de Jesús Guapacha
Mejía permaneció privado de la libertad por al menos 2 días, la Sala reconocerá
a su favor la suma equivalente a 5 SMLMV.
43. Adicionalmente, se advierte la violación de un bien constitucionalmente
protegido. La Sala considera que toda privación injusta de la libertad trae
consigo una intensa vulneración del derecho al buen nombre de quien la
padeció. En efecto, el ejercicio del ius puniendi del Estado se sustenta en la
confianza legítima de toda la población, que lo acata porque presume su
corrección. Por tanto, cuando la sociedad tiene conocimiento de la detención
preventiva de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y razonables
indicios de su responsabilidad y que dicha persona no podía defenderse de los
cargos estando en libertad. Así las cosas, esta Subsección estima que una
medida de este tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción
del derecho a la libertad, conlleva necesariamente un menoscabo en la
reputación de quien la soporta.
44. En estos casos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Sala
encuentra que de la vulneración al buen nombre se deriva siempre y
necesariamente un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona
tenían los demás19, un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la
conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad20. Este
asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido considerado en la
jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe
ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad21. De ahí la gravedad del
perjuicio que debe repararse con ocasión del daño al buen nombre de Arbey
de Jesús Guapacha Mejía.
45. En relación con este último reconocimiento, pese a que no fue propuesto
en la apelación, la Sala considera que la adopción de una medida de
restablecimiento del derecho al buen nombre del demandante es una
expresión propia de la justicia restaurativa impuesta a todo funcionario judicial
–el cual procede aun de oficio-, con la que se busca volver las cosas al estado
anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo menos, limitar sus
19 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
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consecuencias nocivas. Por tanto, en este caso procede la reparación de los
derechos efectivamente vulnerados o amenazados, como así se ordenará22.
46. Por tal motivo, se ordenará al Ministerio de Defensa Nacional que emita un
comunicado en el que se disculpe con la víctima por el perjuicio causado y
reconozca que adelantó un proceso penal que implicó su detención por una
conducta por la que finalmente fue absuelto. De acuerdo con el principio
según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la
víctima, el demandante le informará a la parte demandada, dentro del mes
siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le
será entregado en físico o si, además, desea que se publique en las plataformas
de comunicación y difusión de la entidad, y a ello se procederá una vez le sea
indicado. De no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se
entenderá que la víctima opta porque las disculpas se expresen de forma
privada, por lo que así lo cumplirá el ministerio de manera inmediata.
2.5.2 Costas
47. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, la Sentencia proferida el 3 de junio de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Huila, Sala 6 de decisión escritural, despacho de
descongestión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y, en su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
22Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial
de 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, en la que se señaló: “se reconocerá, aun de oficio, la afectación o vulneración
relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. Procederá siempre y cuando se
encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la
compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar
más cercano (…)” (subrayas fuera del texto).
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de los perjuicios ocasionados a Arbey de Jesús Guapacha Mejía, con ocasión
de la privación de su libertad.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional a pagar a
favor de Arbey de Jesús Guapacha Mejía, por concepto de perjuicios morales,
el equivalente en pesos de 5 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la presente
providencia.
CUARTO: ORDENAR que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional emita un
comunicado en el cual ofrezca disculpas a Arbey de Jesús Guapacha Mejía
por los perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de su libertad, en
los términos indicados en esta decisión.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: NO CONDENAR en costas.
SÉPTIMO: EJECUTAR esta sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.
OCTAVO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la
Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del
C.G.P. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá las previsiones del
artículo 329 del C.G.P
NOVENO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclara voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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